El Sur de Acapulco
Desde que los guerrerenses comenzaron a ejercer su derecho a la información, amparados por la Ley de Acceso a la Información de 2006, el Ejecutivo del estado ha obstaculizado este derecho ciudadano por medio del cobro excesivo de la reproducción de documentos y de la venta de soportes de información como los discos compactos.
Tanto el gobierno de Zeferino Torreblanca como el de Ángel Aguirre, a través de las políticas que aplica la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, ha dificultado que los ciudadanos tengan acceso a documentos en poder del gobierno del estado.
Haciendo caso omiso al artículo sexto de la Constitución federal, y al 2, 122 y 123 de la Ley de Transparencia del estado, que garantizan la gratuidad de la información, la Sefina estableció para 2013 un costo de 4.30 pesos por una fotocopia simple, 43 pesos por un disco compacto (para el traslado electrónico de información) y 32 pesos por una copia certificada.
Ante esta irregularidad que lleva practicándose más de seis años (dos en la actual administración estatal), el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, una de cuyas funciones es garantizar que se cumpla lo que dicta la ley en la materia, a la fecha no se ha pronunciado ni mucho menos intervenido.
La gratuidad en el sexto constitucional
La reforma del artículo sexto de la Constitución federal tuvo su origen en los criterios desiguales que manejaban las leyes de transparencia y acceso a la información de los estados; uno de estos principios poco homogéneos era precisamente el cobro diferenciado que hacía cada entidad por el derecho de acceso a la información.
En el estado de Guerrero, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública de 2006, en su artículo 47, establecía que “los costos por obtener la información pública” incluían el pago de los derechos establecidos en las leyes respectivas, el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información y el costo de envío.
En el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, para tener acceso a la información se tenían que desembolsar 3.50 pesos por cada fotocopia simple y 34 pesos por un disco compacto. En el año siguiente, lo redujo apenas a 3.20 pesos por una fotocopia.
La base normativa de estos cobros se establecía en la Ley de Hacienda del estado, que en diciembre de 2006, mediante una modificación, añadió el artículo 102 bis el cobro de “derechos por reproducción y envío de materiales que contengan información pública del gobierno del estado de Guerrero y de sus entidades públicas”.
En este artículo se estableció que adicional a los “derechos por acceso a la información”, de por sí caros, se harían cobros por “fomento educativo y asistencia”, “construcción de caminos”, “fomento a la actividad turística” y “recuperación ecológica”.
Estos cobros fueron legales, aunque injustos, hasta julio de 2007, fecha en que se aprobó la reforma al sexto constitucional y que contenía principios con los que se buscaba homologar las leyes estatales. Se incluyó en el texto constitucional que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos”.
Para hacer congruente la ley local de transparencia (que de acuerdo con varios estudios era una de las peores leyes del país) a los principios del sexto constitucional, en 2010 entró en vigor una nueva norma en Guerrero que incluyó de manera expresa la gratuidad de la información en los artículos 2, 122 y 123 como lo mandataba la Constitución federal.
En dichos artículos se menciona que “las solicitudes de acceso a la información serán gratuitas” y que los solicitantes sólo cubrirán “el costo de los materiales utilizados para la reproducción de la información”, “el costo de su envío” y “la certificación de documentos, cuando proceda”.
Sin embargo, todavía hoy, varias dependencias del gobierno exigen a los solicitantes de información acudir a la Sefina a pagar un costo que es inconstitucional, que al no poderse cubrir, restringe el derecho de acceso a la información.
Tal fue el caso reciente de una solicitud de información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para pedir el expediente de la obra del Polideportivo de Chilpancingo. Al principio la dependencia negó la información argumentando que estaba clasificada como “reservada”, y luego de una queja ante el ITAIG, que obligó a la dependencia a entregarla, la Seduop dijo que no contaba con la información en versión electrónica y remitió al solicitante a pagar a la Sefina por un expediente de 350 hojas, lo cual significaba cubrir un costo de mil 516.6 pesos. Ante el alto costo, la información no fue reclamada y se dejó de ejercer este derecho.
Solicitudes vía electrónica
En contraste con los altos costos del gobierno del estado, fue un acierto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la promoción que hizo entre los estados para que instalaran una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
Luego de una disputa estéril entre el gobierno del estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero en 2010, sobre quién operaría el sistema promovido por el IFAI, el 1 de febrero de 2011 comenzó a funcionar la plataforma InfoGro que desde el primer año fue muy útil debido a que los guerrerenses que habitaban en los municipios más alejados no tendrían que trasladarse a la capital del estado para presentar una solicitud de información.
De 2006 a 2010, el promedio anual de solicitudes presentadas ante el Ejecutivo del estado fue de poco más de 200. Sin embargo, en el primer año de funcionamiento del Info Gro, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó hasta llegar a mil 61 solicitudes por vía electrónica.
En este año, las dependencias que recibieron más solicitudes fueron la Secretaría de Salud, con 21.4 por ciento de las peticiones; la Sefina, con 9.5 por ciento, Seguridad Pública y Protección Civil, con 9 por ciento y la Procuraduría General de Justicia del estado con 5 por ciento de las solicitudes.
En 2012, el número se incrementó en poco más de 50 por ciento, pues las solicitudes registradas fueron mil 572. En este año fue la Procuraduría General de Justicia la dependencia que tuvo el mayor número de solicitudes con 17.1 por ciento, le siguieron la Secretaría de Salud con 16 por ciento, la Sefina registró 11 por ciento y Seguridad Pública y Protección Civil tuvo 8 por ciento de las solicitudes.
En el nivel federal, también se incrementó el número de solicitudes. De acuerdo con el IFAI, en 2012 se recibieron un total de 131 mil 154 peticiones, mientras que el año anterior fueron 123 mil 293.
Las dependencias que más solicitudes recibieron son el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 53 mil 156, la Secretaría de Educación Pública con 38 mil 967 y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que registró 27 mil 565 solicitudes.
Destaca que mientras en el nivel federal sólo hubo un incremento de 6.3 por ciento en el número de solicitudes de 2011 a 2012, en el estado de Guerrero el aumento fue de 48.1 por ciento, lo que significa que hay un creciente interés de los ciudadanos por conocer lo que se hace en el gobierno.
Entre los pendientes en esta materia está que el sistema Info Gro se amplíe a todas las dependencias públicas, como el Congreso local, el Poder Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos.
Lecciones del movimiento de autodefensa
1. Las y los guerrerenses han aguantado durante décadas la marginación, el hambre, la carencia o los pésimos servicios públicos, la represión, el abandono, la exclusión, derivados en gran parte de malos y pésimos gobiernos. Pero atentar contra su vida, su integridad, su patrimonio, su familia, ya no pudieron soportarlo, y le apostaron a la autoprotección organizada desde sus comunidades, sin saber que eso también significaba, paradójicamente, un desafío a las instituciones que no fueron ni son todavía capaces de garantizar la seguridad de la población en el estado.
Hoy muchas voces indignadas, sobre todo de aquellos que se sienten cuestionados con estas prácticas como diputados, funcionarios estatales y federales, alcaldes, magistrados y hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reprueban tajantemente los movimientos de autoprotección invocando un maltrecho “Estado de derecho”.
Y cabe preguntarse dónde estuvieron los 10 años anteriores, por qué nunca se indignaron frente a la violencia desmesurada del crimen organizado, que se fue extendiendo de las ciudades hasta las zonas rurales y los poblados más apartados, ni tampoco ante la inacción gubernamental y la impunidad.
Estos movimientos ciudadanos simplemente evidenciaron la inoperancia y la ineficacia de las autoridades locales, estatales y federales para brindar un mínimo de seguridad a las y los ciudadanos de los municipios guerrerenses.
2. La primera reacción gubernamental no pudo ser más tibia. Al principio, fue el pasmo y solo atinaron a enviar al Ejército y a las fuerzas policiacas del estado, más para generar el efecto mediático de que tienen el control de la situación que para responder de manera apropiada a esta sentida demanda ciudadana.
Pero hoy se observa ya una contraofensiva –de diferentes intensidades– en contra de los pueblos que se atrevieron a cuestionar en la práctica la ineficacia gubernamental.
Además de que ha comenzado una campaña de desprestigio del movimiento –con ultimátum a los alzados–, se anunciaron demandas en contra de personas que integran los grupos de autodefensa y está en puerta también una iniciativa jurídica para regular el funcionamiento de estos grupos comunitarios, con lo que se busca subordinarlos y replegar este poder comunitario.
La contraofensiva también incluye la integración de una comisión para la armonía y el desarrollo de los pueblos indígenas, con la que se buscarán mecanismos para desalentar movimientos similares en otros municipios –pues el gobierno no ha propuesto una estrategia real de seguridad y contra la delincuencia en el estado–; y el anuncio de programas sociales, que supuestamente se pondrán en marcha en la región, programas que ya es costumbre llevar sólo en épocas de crisis, aun cuando la marginación y las necesidades son permanentes.
Lo peor de la contraofensiva es la desarticulación de las diferentes expresiones del movimiento en los distintos municipios del estado dividiéndolas y enfrentándolas entre sí o con otras organizaciones, como es el caso de la UPOEG y la CRAC, en la Costa Chica, y la Policía Ciudadana y Popular del municipio de Olinalá y la dirigencia de Antorcha Campesina.
3. Lo que viene es sumamente preocupante. Se están tomando medidas pero no para replantear o diseñar una estrategia que dé seguridad a los habitantes de la región, sino para desarticular el movimiento y demostrar (mediáticamente) que el gobierno tiene el control de la situación.
Pero lo peor será que el crimen organizado, aprovechando la desactivación del movimiento que intentará el gobierno del estado, buscará “dar una lección” a los habitantes de estas comunidades que se levantaron (no es capricho que se embocen, como los han descalificado muchos, sino que saben los riesgos de asumir una actividad de protección como ésta) poniendo en serio riesgo a los habitantes de estas regiones.
Y entonces, poco o nada habrá cambiado en materia de seguridad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario