Finanzas municipales: lo que les espera a los ayuntamientos

El Sur de Acapulco

El desastre financiero que dejaron las anteriores administraciones municipales tendrá consecuencias de largo plazo. En 2013 apenas comienza el via crucis con el que deberán cargar no pocos alcaldes para responder a las enormes carencias y rezagos sociales de sus demarcaciones con recursos muy disminuidos, ya que parte del dinero se destinará a cubrir las deudas adquiridas por las administraciones anteriores con diferentes acreedores.
El de las deudas municipales no es un problema exclusivo de los municipios de Guerrero, sino que es un fenómeno relativamente reciente y que afecta a cientos de gobiernos locales en todo el país.
Sin embargo, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), los municipios de Guerrero se encuentran entre los que incrementaron su deuda de manera significativa en números relativos durante el periodo 2005-2012, ya que se reportó un aumento de ¡9 mil 704! por ciento y ocupan en este rubro el segundo lugar nacional, solo después de Hidalgo.
Este alto porcentaje de endeudamiento se debe a que al 31 de diciembre de 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no reportaba ningún adeudo entre los municipios de Guerrero; los primeros registros de la dependencia federal corresponden a diciembre de 2009, es decir, un año después de que asumieron el cargo las autoridades municipales anteriores.
Pero en números absolutos, los municipios guerrerenses no se ubican en los primeros lugares del país, pues su deuda registrada ante la SHCP en conjunto sumaba 515 millones de pesos al 30 de junio de 2012, muy por debajo de la deuda conjunta de municipios de estados como Jalisco, que alcanzó 8 mil 130 millones de pesos, México con 5 mil 627 millones y Nuevo León cuyos municipios deben 5 mil 237 millones de pesos.
El Imco también identificó en su investigación que las deudas de  10 municipios (Guadalajara, Tijuana Monterrey, Zapopan, Benito Juárez, Nuevo Laredo, León Mexicali, San Nicolás de los Garza y Tlaquepaque) representaron 33.5 por ciento del total de pasivos municipales del país.
Sorprende que a Acapulco no se le considere dentro de la lista de los 20 municipios más endeudados, pero esto se explica porque la mayor parte de lo que debe este ayuntamiento –cuyos cálculos van de 2 mil a 2 mil 500 millones de pesos– no fue registrado ante la SHCP, pues los estados y municipios sólo están obligados a registrar financiamiento vinculados con sus participaciones federales.
Al respecto, el Consejo de Estabilización del Sistema Financiero explica que en algunas entidades federativas, la deuda real de estados y municipios es hasta tres veces mayor al monto de la registrada en la SHCP.
Los municipios han disminuido su deuda reportada a lo largo del año. Al 30 de junio, como señala el Imco, ésta sumaba 515 millones y 45 los municipios de Guerrero endeudados destacando Acapulco, Zihuatanejo, Atoyac, Chilpancingo y Ayutla. Sólo 29 municipios tenían pasivos menores a un millón de pesos, según la página electrónica de la SHCP.
Pero al 30 de septiembre, ya sólo tres municipios registraron deuda (Acapulco, Zihuatanejo y Atoyac), y al 30 de diciembre, sólo dos (Acapulco y Zihuatanejo). Sin duda los ayuntamientos dejaron las arcas vacías en el último trimestre de 2012 para cumplir las deudas que adquirieron.
Los ingresos de los municipios
Para el ejercicio 2013, los ayuntamientos de Guerrero no tendrán incremento en sus ingresos, salvo las actualizaciones por la inflación.
Todos los municipios reciben recursos provenientes de las transferencias federales (participaciones y aportaciones, principalmente) y de la recaudación de ingresos propios (cobro de impuestos, derechos, aprovechamientos, etc.). Excepto municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, la mayoría de demarcaciones locales del estado tiene ingresos propios muy disminuidos, por lo que dependen mucho de los recursos federales.
De acuerdo con su ley de ingresos, se estima que el municipio de Acapulco tendrá ingresos en el ejercicio 2013 por un total de 2 mil 273 millones de pesos. De este total, las transferencias federales suman mil 536.7 millones de pesos y los ingresos propios del puerto se calculan en 736.3 millones, la mayoría de los cuales (65.5 por ciento) provendrán del cobro de impuestos por 483 millones.
Sin embargo, parte de estos recursos tendrán que destinarse al pago de las deudas adquiridas por la administración municipal anterior, ya que la propia Ley de Ingresos de Acapulco autoriza al ayuntamiento  “a realizar las operaciones y actos jurídicos necesarios para reestructurar y/o refinanciar y/o sustituir los créditos constitutivos de deuda pública contraídos previamente con autorización expresa del Congreso del Estado”.
Y agrega que estas acciones de refinanciamiento o reestructura podrán ser por un monto de hasta 460 millones de pesos.
Y en el mismo documento, el Congreso del Estado autoriza al ayuntamiento de Acapulco para la contratación de nuevos financiamientos “hasta por un monto equivalente a 30 por ciento del total de los ingresos autorizados en la presente ley de ingresos”.
Lo anterior significa que el municipio de Acapulco se seguirá endeudando para pagar sus pasivos actuales y para la operación normal del ayuntamiento, y lo podrá hacer hasta por 681.9 millones de pesos en el presente año.
La situación financiera de Acapulco es tan grave que el presidente municipal Luis Walton Aburto solicitó en varias ocasiones al gobierno federal el “rescate” del puerto ante la grave falta de recursos.
Incluso el Congreso del Estado emitió un acuerdo parlamentario, en noviembre pasado, en donde exhorta a los legisladores federales de las dos cámaras “para que aprueben una partida extraordinaria en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013 y apoyen con recursos extraordinarios para la recuperación del H. ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez” por mil 300 millones de pesos.
En la exposición de motivos se argumenta que “nuestros ayuntamientos se encuentran en situación de crisis heredadas por administraciones pasadas, laudos laborales, pago de aguinaldos, deudas pendientes con proveedores”.
Continúa la exposición que el municipio de Acapulco “hoy sufre una crisis económica, este quebranto económico le llevará mucho tiempo para reponerse y muy probablemente sean varias las administraciones que en lo futuro tendrán que sufrir las consecuencias.”
Sin embargo, en ningún momento el acuerdo parlamentario se pronuncia por sancionar a quienes dejaron en esta situación vulnerable al ayuntamiento ni tampoco por establecer medidas de control y vigilancia que las eviten en el futuro. Solo piden más recursos.
Pero ni el exhorto del Congreso local ni los pedidos de Luis Walton surtieron efecto, y el presupuesto de ingresos del municipio de Acapulco para 2013 quedó prácticamente inalterado.
Los más perjudicados con esta disminución de recursos son los habitantes del municipio que verán restringidos significativamente los servicios públicos, la construcción de obras, los programas sociales y otras acciones del gobierno municipal.
Los ingresos de municipios “grandes”
La capital del estado tendrá ingresos durante el ejercicio 2013 por un total de 538.5 millones de pesos,  de los cuales 426.9 millones provienen de las transferencias federales y 66.9 millones por concepto de ingresos propios (12.3 por ciento); adicionalmente tendrá 44.5 millones por convenios firmados con el gobierno federal.
El ayuntamiento que preside Mario Moreno Arcos solicitó autorización al Congreso para contratar un crédito “por un monto equivalente a 30 por ciento del total de los ingresos ordinarios autorizados en la presente ley de ingreso”, pero la petición no fue autorizada.
Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad para que el ayuntamiento presente solicitudes de autorización de endeudamiento cuando lo considere necesario.
En el caso del municipio de Iguala, su ley de ingresos establece que durante 2013 recibirá recursos por 367.3 millones de pesos, de los que 261.1 son transferencias federales (participaciones y aportaciones) y 71.7 millones ingresos propios (19.5 por ciento del total). De manera adicional, Iguala tendrá recursos por 34.4 millones de pesos de ingresos extraordinarios, sin especificar su origen.
Por su parte, el municipio de José Azueta podrá disponer de recursos que suman 430.5 millones de pesos, de los cuales 265.1 millones serán recursos provenientes de la federación, 158 de recursos propios (36.8 por ciento)  y 6.7 de recursos extraordinarios.
Finalmente, en la revisión de la ley de ingresos del municipio de Taxco se identificó que en 2013 obtendrá recursos por 291.7 millones de pesos, de éstos 226.6 millones corresponden a participaciones y aportaciones federales, 26.1 millones a ingresos propios (8.9 por ciento) y 38.7 a recursos extraordinarios.
Los otros municipios
El gobierno del estado envió al Congreso local una ley de ingresos para respaldar a 15 municipios que no enviaron su propia ley para el ejercicio 2013. En conjunto, los 15 municipios (Ahuacuotzingo, Atlamajalcingo, Coahuayutla, Copanatoyac, Cualac, Cuetzala, José Joaquín de Herrera, Metlatónoc, Mochitlán, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zapotitlán) recibirán recursos por 671.2 millones de pesos.
Destaca de este grupo el municipio de Xochistlahuaca, que recibirá del orden de 105.5 millones, Ahuacuotzingo, con 73.5 millones, Metlatónoc 70.1 millones, José Joaquín Herrera, 61.7 millones y Copanatoyac, con 57.2 millones de pesos.
Finanzas estatales
El Imco informó que de 2008 a 2010 la calidad de la información presupuestal que presentaron los estados fue cada vez peor. Con base en el índice de información presupuestal estatal –un parámetro diseñado por el Imco–, ese instituto encontró que en el periodo de tres años, en 18 estados la calificación disminuyó significativamente como en Baja California y Michoacán (22 por ciento de decremento), Campeche (19 por ciento), Guerrero (19) y Distrito Federal (17 por ciento); mientras que otras entidades, como Colima y Yucatán incrementaron sus índices.
El caso de Guerrero es singular porque en 2008 tuvo la segunda mejor posición del país y luego bajó al lugar 10 en 2010. En 2008, por ejemplo, tuvo una calificación de 71.4 por ciento y al año siguiente disminuyó drásticamente a 48.8 por ciento para ocupar la posición 17. En el siguiente ejercicio fiscal (2010) el estado se recuperó y obtuvo 58.1 por ciento para desplazarse a la posición 10.
Lo anterior significa que en un solo gobierno, el de Zeferino Torreblanca Galindo, hubo diferentes criterios y disposición para transparentar la información presupuestal.
El estado volvió a los primeros lugares en 2012, ya con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, al registrar el quinto lugar, con 68 por ciento, en la lista del Imco.
Esta posición, que por sí misma tiene su propio valor, hay que matizarla sin embargo, pues está muy lejos de la pretensión de varios funcionarios del gobierno del estado que quieren ver en este reconocimiento del Imco, un gobierno con plena transparencia.
La evaluación que realiza cada año el Imco se refiere a la presentación y difusión de la información presupuestal, pero éste es sólo uno de los numerosos aspectos del ejercicio de gobierno que deben transparentarse.
De manera particular, los criterios que se evaluaron para obtener el quinto lugar fueron la calidad y cantidad de información incluida en un documento: el presupuesto de egresos del estado del año 2012, que satisficieron los parámetros propuestos por el Imco.
Pero el ejercicio de estos recursos es otra cosa, y ahí no hay nada claro.

Claroscuros del derecho de acceso a la infromación en 2012

El Sur de Acapulco

Desde que los guerrerenses comenzaron a ejercer su derecho a la información, amparados por la Ley de Acceso a la Información de 2006, el Ejecutivo del estado ha obstaculizado este derecho ciudadano por medio del cobro excesivo de la reproducción de documentos y de la venta de soportes de información como los discos compactos.
Tanto el gobierno de Zeferino Torreblanca como el de Ángel Aguirre, a través de las políticas que aplica la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, ha dificultado que los ciudadanos tengan acceso a documentos en poder del gobierno del estado.
Haciendo caso omiso al artículo sexto de la Constitución federal, y al 2, 122 y 123 de la Ley de Transparencia del estado, que garantizan la gratuidad de la información, la Sefina estableció para 2013 un costo de 4.30 pesos por una fotocopia simple, 43 pesos por un disco compacto (para el traslado electrónico de información) y 32 pesos por una copia certificada.
Ante esta irregularidad que lleva practicándose más de seis años (dos en la actual administración estatal), el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, una de cuyas funciones es garantizar que se cumpla lo que dicta la ley en la materia, a la fecha no se ha pronunciado ni mucho menos intervenido.
La gratuidad en el sexto constitucional
La reforma del artículo sexto de la Constitución federal tuvo su origen en los criterios desiguales que manejaban las leyes de transparencia y acceso a la información de los estados; uno de estos principios poco homogéneos era precisamente el cobro diferenciado que hacía cada entidad por el derecho de acceso a la información.
En el estado de Guerrero, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública de 2006, en su artículo 47, establecía que “los costos por obtener la información pública” incluían el pago de los derechos establecidos en las leyes respectivas, el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información y el costo de envío.
En el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, para tener acceso a la información se tenían que desembolsar 3.50 pesos por cada fotocopia simple y 34 pesos por un disco compacto. En el año siguiente, lo redujo apenas a 3.20 pesos por una fotocopia.
La base normativa de estos cobros se establecía en la Ley de Hacienda del estado, que en diciembre de 2006, mediante una modificación, añadió el artículo 102 bis el cobro de “derechos por reproducción y envío de materiales que contengan información pública del gobierno del estado de Guerrero y de sus entidades públicas”.
En este artículo se estableció que adicional a los “derechos por acceso a la información”, de por sí caros, se harían cobros por “fomento educativo y asistencia”, “construcción de caminos”, “fomento a la actividad turística” y “recuperación ecológica”.
Estos cobros fueron legales, aunque injustos, hasta julio de 2007, fecha en que se aprobó la reforma al sexto constitucional y que contenía principios con los que se buscaba homologar las leyes estatales. Se incluyó en el texto constitucional que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos”.
Para hacer congruente la ley local de transparencia (que de acuerdo con varios estudios era una de las peores leyes del país) a los principios del sexto constitucional, en 2010 entró en vigor una nueva norma en Guerrero que incluyó de manera expresa la gratuidad de la información en los artículos 2, 122 y 123 como lo mandataba la Constitución federal.
En dichos artículos se menciona que “las solicitudes de acceso a la información serán gratuitas” y que los solicitantes sólo cubrirán “el costo de los materiales utilizados para la reproducción de la información”,  “el costo de su envío” y “la certificación de documentos, cuando proceda”.
Sin embargo, todavía hoy, varias dependencias del gobierno exigen a los solicitantes de información acudir a la Sefina a pagar un costo que es inconstitucional, que al no poderse cubrir, restringe el derecho de acceso a la información.
Tal fue el caso reciente de una solicitud de información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para pedir el expediente de la obra del Polideportivo de Chilpancingo. Al principio la dependencia negó la información argumentando que estaba clasificada como “reservada”, y luego de una queja ante el ITAIG, que obligó a la dependencia a entregarla, la Seduop dijo que no contaba con la información en versión electrónica  y remitió al solicitante a pagar a la Sefina por un expediente de 350 hojas, lo cual significaba cubrir un costo de mil 516.6 pesos. Ante el alto costo, la información no fue reclamada y se dejó de ejercer este derecho.
Solicitudes vía electrónica
En contraste con los altos costos del gobierno del estado, fue un acierto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la promoción que hizo entre los estados para que instalaran una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
Luego de una disputa estéril entre el gobierno del estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero en 2010, sobre quién operaría el sistema promovido por el IFAI, el 1 de febrero de 2011 comenzó a funcionar la plataforma InfoGro que desde el primer año fue muy útil debido a que los guerrerenses que habitaban en los municipios más alejados no tendrían que trasladarse a la capital del estado para presentar una solicitud de información.
De 2006 a 2010, el promedio anual de solicitudes presentadas ante el Ejecutivo del estado fue de poco más de 200. Sin embargo, en el primer año de funcionamiento del Info Gro, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó hasta llegar a mil 61 solicitudes por vía electrónica.
En este año, las dependencias que recibieron más solicitudes fueron la Secretaría de Salud, con 21.4 por ciento de las peticiones; la Sefina, con 9.5 por ciento, Seguridad Pública y Protección Civil, con 9 por ciento y la Procuraduría General de Justicia del estado con 5 por ciento de las solicitudes.
En 2012, el número se incrementó en poco más de 50 por ciento, pues las solicitudes registradas fueron mil 572. En este año fue la Procuraduría General de Justicia la dependencia que tuvo el mayor número de solicitudes con 17.1 por ciento, le siguieron la Secretaría de Salud con 16 por ciento, la Sefina registró 11 por ciento y Seguridad Pública y Protección Civil tuvo 8 por ciento de las solicitudes.
En el nivel federal, también se incrementó el número de solicitudes. De acuerdo con el IFAI, en 2012 se recibieron un total de 131 mil 154 peticiones, mientras que el año anterior fueron 123 mil 293.
Las dependencias que más solicitudes recibieron son el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 53 mil 156, la Secretaría de Educación Pública con 38 mil 967 y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que registró 27 mil 565 solicitudes.
Destaca que mientras en el nivel federal sólo hubo un incremento de 6.3 por ciento en el número de solicitudes de 2011 a 2012, en el estado de Guerrero el aumento fue de 48.1 por ciento, lo que significa que hay un creciente interés de los ciudadanos por conocer lo que se hace en el gobierno.
Entre los pendientes en esta materia está que el sistema Info Gro se amplíe a todas las dependencias públicas, como el Congreso local, el Poder Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos.
Lecciones del movimiento de autodefensa
1. Las y los guerrerenses han aguantado durante décadas la marginación, el hambre, la carencia o los pésimos servicios públicos, la represión, el abandono, la exclusión, derivados en gran parte de malos y pésimos gobiernos. Pero atentar contra su vida, su integridad, su patrimonio, su familia, ya no pudieron soportarlo, y le apostaron a la autoprotección organizada desde sus comunidades, sin saber que eso también significaba, paradójicamente, un desafío a las instituciones que no fueron ni son todavía capaces de garantizar la seguridad de la población en el estado.
Hoy muchas voces indignadas, sobre todo de aquellos que se sienten cuestionados con estas prácticas como diputados, funcionarios estatales y federales, alcaldes, magistrados y hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reprueban tajantemente los movimientos de autoprotección invocando un  maltrecho “Estado de derecho”.
Y cabe preguntarse dónde estuvieron los 10 años anteriores, por qué nunca se indignaron frente a la violencia desmesurada del crimen organizado, que se fue extendiendo de las ciudades hasta las zonas rurales y los poblados más apartados, ni tampoco ante la inacción gubernamental y la impunidad.
Estos movimientos ciudadanos simplemente evidenciaron la inoperancia y la ineficacia de las autoridades locales, estatales y federales para brindar un mínimo de seguridad a las y los ciudadanos de los municipios guerrerenses.
2. La primera reacción gubernamental no pudo ser más tibia. Al principio, fue el pasmo y solo atinaron a enviar al Ejército y a las fuerzas policiacas del estado, más para generar el efecto mediático de que tienen el control de la situación que para responder de manera apropiada a esta sentida demanda ciudadana.
Pero hoy se observa ya una contraofensiva –de diferentes intensidades– en contra de los pueblos que se atrevieron a cuestionar en la práctica la ineficacia gubernamental.
Además de que ha comenzado una campaña de desprestigio del movimiento –con ultimátum a los alzados–, se anunciaron demandas en contra de personas que integran los grupos de autodefensa y está en puerta también  una iniciativa jurídica para regular el funcionamiento de estos grupos comunitarios, con lo que se busca subordinarlos y replegar este poder comunitario.
La contraofensiva también incluye la integración de una comisión para la armonía y el desarrollo de los pueblos indígenas, con la que se buscarán mecanismos para desalentar movimientos similares en otros municipios –pues el gobierno no ha propuesto una estrategia real de seguridad y contra la delincuencia en el estado–; y el anuncio de programas sociales, que supuestamente se pondrán en marcha en la región, programas que ya es costumbre llevar sólo en épocas de crisis, aun cuando la marginación y las necesidades son permanentes.
Lo peor de la contraofensiva es la desarticulación de las diferentes expresiones del movimiento en los distintos municipios del estado dividiéndolas y enfrentándolas entre sí o con otras organizaciones, como es el caso de la UPOEG y la CRAC, en la Costa Chica, y la Policía Ciudadana y Popular del municipio de Olinalá y la dirigencia de Antorcha Campesina.
3. Lo que viene es sumamente preocupante. Se están tomando medidas pero no para replantear o diseñar una estrategia que dé seguridad a los habitantes de la región, sino para desarticular el movimiento y demostrar (mediáticamente) que el gobierno tiene el control de la situación.
Pero lo peor será que el crimen organizado, aprovechando la desactivación del movimiento que intentará el gobierno del estado, buscará “dar una lección” a los habitantes de estas comunidades que se levantaron (no es capricho que se embocen, como los han descalificado muchos, sino que saben los riesgos de asumir una actividad de protección como ésta) poniendo en serio riesgo a los habitantes de estas regiones.
Y entonces, poco o nada habrá cambiado en materia de seguridad.