Programa 3×1 para migrantes: una experiencia exitosa en Guerrero

El Sur de Acapulco

El programa 3×1 para migrantes en el estado de Guerrero ha tenido resultados sobresalientes incluso en el ámbito nacional. Es quizá el único programa gubernamental dentro del estado en el que la participación ciudadana –migrantes y habitantes de sus comunidades de origen– ha logrado ser parte de la toma de las decisiones estratégicas e involucrarse en la operación del programa.
El 3×1 es un programa adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social federal que promueve la aportación económica de los tres órdenes de gobierno y los migrantes guerrerenses para la construcción de obras de infraestructura básica o la puesta en marcha de proyectos productivos. En el estado, esta corresponsabilidad ha tenido impactos positivos para la eficacia del programa, para su transparencia y la rendición de cuentas, pues los migrantes –gracias al poder de negociación adquirido  como consecuencia de su posición de aportantes– han logrado que un porcentaje importante de las obras se ejecuten y vigilen por los ciudadanos de las localidades de origen de los migrantes.
En los últimos años se tienen experiencias exitosas de localidades que ejecutaron la obra directamente y esto se tradujo en la ampliación de metas, ya que con esta forma de trabajo hay un uso más controlado de los recursos, y la rentabilidad económica que obtiene tradicionalmente una empresa por realizar estas obras, es invertida directamente en más beneficios para la localidad.
Pero también la ejecución directa ha permitido un manejo más transparente de los recursos, ya que a diferencia de muchos otros programas sociales, hay una verdadera rendición de cuentas a través de informar y justificar ante las asambleas comunitarias el ejercicio de los recursos; esta práctica se complementa con la obligación que tienen los comités de obra de comprobar documentalmente cada uno de los gastos ante la dependencia normativa correspondiente.

Buenos resultados, pocos recursos
No obstante los buenos resultados del programa 3×1 para migrantes en Guerrero, los recursos financieros que se invierten son escasos.  De acuerdo con los antecedentes del programa en Guerrero, de 2002 a 2004 se invirtieron sólo 67.1 millones de pesos en la construcción de 120 obras sociales.
En el periodo de 2005 a 2011 el monto de la inversión fue por 262.9 millones de pesos para construir 403 obras, destacando el año de 2011 porque se invirtieron 62.2 millones, que hasta hoy se considera la mayor inversión que se ha hecho en el estado dentro del programa 3×1.
Cabe recordar que de 2002 a 2004 el programa funcionó de manera irregular en el estado por problemas con la aportación de los ayuntamientos, considerándose el peor ejercicio fiscal el de 2004 cuando el gobierno de René Juárez Cisneros dejó de aportar al programa.
Y no obstante que en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se tuvieron las mayores inversiones, éstas no tienen comparación con otros programas como el del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que en 2011 ejerció recursos por 3,149.2 millones de pesos en el estado de Guerrero, muy por encima de los 62.2 millones que se invirtieron en el 3×1 en el mismo año.
Con la administración de Ángel Aguirre Rivero, la aportación estatal al programa disminuyó sensiblemente al pasar de 13.6 millones de pesos en 2011 a 6.4 millones en el ejercicio 2012; mientras que la aportación de la Sedesol federal será en este mismo año de 12 millones de pesos, misma cantidad que se estima también aportarán los migrantes.
La encargada del programa en la delegación estatal de la Sedesol, Amalia Esther Morales Bárcenas, lamentó la disminución de la aportación estatal porque muchas localidades se quedarán sin obra, aunque es una “situación que sale de nuestro ámbito de competencia”.
Agregó que con el gobierno del estado se firmó un convenio por 6.4 millones de pesos, pero además la Sedesol “establecerá convenios con los migrantes y con los presidentes municipales, o en su caso sólo con los migrantes porque tenemos el problema de que los presidentes municipales ya se fueron. La Sedesol no puede entrar a una obra aportando el total de recursos, por normativa tiene que haber por lo menos uno”.

Participación en la toma de decisiones
El Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam) es el órgano colegiado para la toma de decisiones importantes del programa 3×1 para migrantes. Participan en él representantes de cada una de las partes que aporten recursos con voz y voto. En el Covam se dictaminan los proyectos de obras que presentan los paisanos radicados en Estados Unidos, organizados en clubes de migrantes; ahí también se decide a la entidad que ejecutará la obra.
El Covam en Guerrero se ha convertido en un espacio de deliberación en el que las federaciones que agrupan a los clubes de migrantes han hecho valer su participación económica en el programa –regularmente de 25 por ciento del costo de las obras– en la toma de decisiones; una de ellas ha sido que los habitantes de las comunidades beneficiarias sean los ejecutores de las obras.
De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del Covam del ejercicio fiscal 2011, de 96 obras realizadas en 2011, un total de 63 obras que representan el 65.6 por ciento, fueron realizadas o administradas por los comités de obra de las localidades. Por el número de obras realizadas bajo esta modalidad destacan Taxco con 26, Iguala 8, Cuetzala 5, Ixcateopan 3, Pilcaya 3, Cocula 1 y Huitzuco 1; en total de la región Norte, 47 obras fueron ejecutadas por los comités de obra.
Las otras regiones que ejecutaron sus obras con esta modalidad son Centro (Chilpancingo 4, Leonardo Bravo 2 y Tixtla 1); Costa Grande (Atoyac 4); Costa Chica (Cuajinicuilapa 1, Cuautepec 1, Juchitán 1); Tierra Caliente (Ajuchitlán 1, Coyuca de Catalán 1); Montaña (Huamuxtitlán 1); Acapulco 1.
La mayor parte de las obras ejecutadas por los comités se construyeron en localidades donde los migrantes están agrupados en los Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, ya que esta organización de migrantes con sede en Chicago está impulsando prácticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana a través de una bien coordinada relación entre clubes de migrantes, los comités de obra y la población de sus comunidades de origen.
Una de las consecuencias de que los ejecutores de la obra sean los comités de obras es que se rebasan las metas originalmente programadas.
José Betancourt Villa, quien fue director de la oficina de atención a migrantes en el gobierno anterior, expresó que “cuando los comités hacen su obra, muchas veces hacen más, ellos administran mejor la lana, porque finalmente es de ellos. Muchos comités tienen la experiencia y el conocimiento para ejecutar las obras, y excedían las metas, si el expediente decía que se iban a pavimentar 10 metros lineales, ellos pavimentaban 13, eficientaban el recurso”.
Estas prácticas comunitarias están haciendo diferencia con las de otros programas sociales. Las obras del FAISM del Ramo 33, no obstante que hay una aportación de los beneficiarios, son decididas casi exclusivamente por los alcaldes, y los ayuntamientos no promueven la participación de las comunidades en la ejecución ni en la vigilancia de las obras.
Al respecto, Morales Bárcenas comentó que “la diferencia principal es la participación de la localidad, aquí los clubes espejo (comités de obra) están realmente comprometidos con lo que hacen, ya que el recurso proviene del migrante, de sus familiares en Estados Unidos, y esto hace la diferencia con otros programas”.

Un año desastroso para el 3×1
Durante el primer año del gobierno de Ángel Aguirre Rivero hubo muy poco interés de los funcionarios recién nombrados por el programa para migrantes. Incluso, el coordinador de la organización Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado, declaró en la prensa que a 45 días de que asumió el nuevo gobierno “no haya existido el más mínimo acercamiento con la comunidad migrante en este lado de la frontera”.
En los primeros meses de la nueva administración, el entonces titular de la Sedesol estatal, David Jiménez Rumbo, fue acusado de tratar de usar políticamente el programa con la imposición de “sus” proyectos en el Covam y de confrontarse con los dirigentes de las federaciones de migrantes.
En octubre de 2011, el gobernador Ángel Aguirre anunció que el programa se separaba de la Sedesol y pasaba a la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, pero días más tarde se publicó el decreto que creaba la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, y ahí se envió el programa 3×1.
Sin embargo, en diciembre de 2011 no había certeza de que el gobierno del estado aportaría los recursos del ejercicio 2011; incluso la Sedesol federal convocó a una sesión extraordinaria del Covam el 28 de diciembre de 2011 para dejar constancia de que la parte estatal no se depositó en la cuenta del programa.
En enero de 2012, el gobierno del estado hizo su aportación, por lo que las obras comenzaron a construirse hasta enero y febrero de 2012.
Pero 2004 y 2011 han sido los peores años del programa 3×1 para migrantes por diversas fallas de los gobiernos locales.
Las experiencias exitosas en la operación del programa reclaman un mayor compromiso y recursos de las administraciones estatales y municipales de Guerrero.

10 años de buscar la transparencia
En 2003, junto con otros compañeros y compañeras periodistas, académicos y activistas de organizaciones sociales y civiles comenzamos a promover una ley de transparencia –que no la había en Guerrero, como sí en otros estados– y desde entonces también se iniciaron los desencuentros con quienes han estado el frente de muchas de las dependencias y entidades de los tres poderes, organismos autónomos, ayuntamientos, para quienes la transparencia resulta una obligación incómoda.
Estos desencuentros se hicieron más fuertes cuando, una vez que entró en vigor la ley de acceso a la información del estado en junio de 2006, comenzamos a solicitar información a los sujetos obligados. Compañeros y compañeros sufrieron maltrato, enojo de funcionarios y hasta amenazas, simplemente por hacer valer su derecho de acceso a la información, con el que buscábamos construir esquemas de rendición de cuentas en los colectivos donde estábamos vinculados.
Esto fue una llamada de alerta; la mayoría de nosotros buscamos entonces insertarnos en redes y tener relación estrecha con organizaciones nacionales e internacionales y personalidades que también promueven la transparencia y la rendición de cuentas para que conocieran cómo está la situación en Guerrero.
Hoy, el ocultamiento de la información sigue siendo una constante en el estado; y también sabemos que las amenazas continuarán mientras exista en Guerrero una persona –aunque por fortuna, cada vez somos más– que monitoree, observe, vigile o solicite información sobre lo que realiza el gobierno.
Joyas de la opacidad. Hace unas semanas solicitamos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas información de la construcción del polideportivo de Chilpancingo; ésta respondió que era información reservada, por lo que presentamos un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo dictamen final fue que se entregara la información solicitada.
Acatando la resolución, la dependencia nos comunicó que el paquete de información contenía 350 hojas, por lo que procedimos a pagar ese número de copias en la Sefina para recibir la información, pero resulta que el costo de cada copia es de 3.20 pesos, para un total de 1,120 pesos.
El artículo 2 de la ley de transparencia es claro: el acceso a la información pública es gratuito, y sólo se deberá pagar el costo del material de las copias o reproducciones documentales, “exento de toda contribución fiscal estatal o municipal”.
Creímos que en el gobierno de Zeferino Torreblanca se había superado este asunto de la gratuidad.

El sistema educativo en Guerrero: mucha inversión, pésimos resultados

El Sur de Acapulco

En Guerrero, el sector educativo es ya un ente incontrolable que retrasa la posibilidad de que el estado supere sus históricos rezagos. Si bien a la educación se le considera como el motor que puede contribuir enormemente al desarrollo de un país, y en Guerrero es el sector al que se le destina la mayor parte del presupuesto del estado (más de un tercio del total en los últimos cinco años), sin embargo los resultados son pobres, ya que la cobertura y sobre todo la calidad de la educación que se brinda a los niños y jóvenes guerrerenses se ubica en los últimos lugares del país.
En las entrañas del sistema educativo nadie se responsabiliza del desastre, ni las autoridades educativas ni los maestros y trabajadores agrupados en dos organizaciones sindicales, que todos los días son noticia por los permanentes conflictos y luchas por ganar espacios en la disputa por los recursos.
Ante este panorama, los únicos que pierden son los miles de educandos que concluyen su educación del nivel básico con graves deficiencias de aprendizaje, y que los colocan en gran desventaja en los mercados de trabajo o en su intención de ingresar a la educación media superior y superior.
Pero también pierde la población en situación de pobreza, que le apuesta a la educación de sus hijos como el único factor de movilidad social, amén de los crecientes recursos que absorbe el sistema educativo de Guerrero en detrimento de amplios sectores de campesinos e indígenas guerrerenses que durante años no han recibido recursos de inversión en sus pueblos y comunidades.
“La educación en Guerrero, debe ser de excelencia, más comprometida, participativa, eficiente y de mejor calidad para enfrentar los rezagos existentes en la prestación del servicio y satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad”, reza el manual de organización que publica la Secretaría de Educación de Guerrero en su portal electrónico, pero nada más lejos de lo que hoy sucede en Guerrero.

La SEG, un barril sin fondo
La Secretaría de Educación de Guerrero es la dependencia que recibe el mayor porcentaje de recursos en el estado. En los últimos cinco años, se le han asignado entre 37.2 y 42 por ciento del presupuesto total para el estado de Guerrero. En 2008, por ejemplo, según el presupuesto de egresos del estado, se le transfirieron 11,918.3 millones de pesos de un presupuesto global estatal que alcanzó en ese año 28, 429 millones de pesos. También en 2008, las dependencias del Ejecutivo estatal tuvieron un presupuesto de 18,030.5 millones de pesos, es decir, la SEG por sí sola se llevó 66.1% de los recursos totales destinados a todas las dependencias del gobierno del estado.
En los años siguientes la proporción de recursos asignados a la SEG se mantuvo constante. Para 2012, el presupuesto total del estado es por 38,985.8 millones de pesos, de los cuales al ejecutivo se le asignaron 23,932. 9. A la SEG se le destinaron 15,100.3 millones de pesos en este mismo año, lo que significa 38.7 por ciento del presupuesto global del estado y 63 por ciento del que se asignó al Ejecutivo.
Todos estos recursos financieros que cada año se gastan en la educación no han contribuido sin embargo a mejorar la calidad de este servicio tan indispensable para los guerrerenses, pues los principales indicadores de educación colocan a Guerrero entre los últimos lugares del país.

Algunos indicadores
De acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (Enlace) correspondientes a 2011, la mayor parte de los alumnos de primaria (62 por ciento) de las escuelas guerrerenses en promedio tuvieron un nivel “insuficiente y elemental” en la materia de matemáticas, acentuándose los pobres resultados en la modalidad indígena y de Conafe, ya que en ese nivel se encontraron 75.4 y 89.3 por ciento, respectivamente.
En el caso de la materia de español, 63.3 por ciento de los estudiantes de primaria estuvieron dentro del nivel insuficiente y elemental, repitiéndose los peores resultados en las modalidades indígena y de Conafe, con 79.5 y 91.5 por ciento de alumnos con nivel insuficiente y elemental.
Respecto de los alumnos de secundaria, el porcentaje de jóvenes que obtuvieron niveles de insuficiente y elemental en matemáticas fue de 82.2 por ciento; pero en el caso de la materia de español, fue de 86 por ciento el porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel de insuficiente y elemental.
Estos porcentajes de 2011 son mejores de los que se obtenían hace algunos años en la prueba Enlace; pero no dejan de revelar el nivel de la educación en el estado.
En 2012, los resultados de la prueba Enlace en Guerrero serán inconsistentes porque una parte del magisterio impidió la aplicación de la prueba en muchas escuelas del estado. “Es una imposición del gobierno federal, que no toma en cuenta ni las condiciones en que viven los pueblos pobres ni la diversidad cultural” del estado, argumentaron.

Todos los recursos, a pago de salarios
La mayor parte de los recursos destinados al sector educativo –que por cierto, provienen de la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del ramo 33– son para el pago de salarios de la nómina de la SEG.
En los últimos seis años, a este concepto se destinaron en promedio 96.2 por ciento de los recursos del FAEB, mientras que a la operación de la Secretaría se le asignaron solo 3.2 por ciento del total.
La distribución de los recursos es totalmente desproporcionada, ya que al concepto de inversión (construcción, mantenimiento, rehabilitación de planteles escolares) se le destinó menos del uno por ciento del FAEB, y seguramente por esta razón las escuelas no tienen agua corriente ni drenaje, ni áreas deportivas ni el equipamiento mínimo necesario, y para el mantenimiento de los planteles, los padres de familia deben subsidiar esta obligación del Estado mediante el pago de “cuotas de cooperación” que no siempre se aplican con transparencia.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, del nivel preescolar al superior hay en Guerrero cerca de 65 mil docentes, aunque la SEG informó a mediados de agosto que en esta dependencia laboran 81 mil trabajadores, sin precisar el número de maestros, administrativos, técnicos, etc.
Ser maestro se ha convertido en una profesión muy “atractiva” para los jóvenes guerrerenses –aun para aquellos sin vocación para el magisterio–, pues se trata de uno de los pocos empleos que asegura cierta estabilidad económica y hasta alguna rentabilidad al tener la posibilidad de heredar o vender “su plaza”.
Pero para tener acceso a un lugar ya no es suficiente demostrar aptitudes y competencias, sino involucrarse o pertenecer a los grupos de presión que actualmente se disputan las plazas para sus agremiados o conocidos (SNTE, CETEG, Escuela Normal de Ayotzinapa, funcionarios), lo cual también repercute negativamente en la calidad de la educación.

El déficit millonario
Aunque haya planeación educativa, ésta no es importante en el funcionamiento del sector en Guerrero; prevalecen sobre cualquier otro factor, los criterios políticos para el ejercicio del gasto y especialmente para la asignación y administración de plazas docentes, arena de las disputas más frecuentes entre las autoridades, las organizaciones sindicales y egresados de diferentes normales.
Las feroces pugnas por las plazas en la SEG han presionado cada año la creación de nuevos puestos –que bajo la óptica de una verdadera planeación no se necesitan– pero que se han creado incluso sin tener los recursos para financiarlas por decisiones políticas de los diferentes gobernantes.
Entre la escasa información útil que presenta la SEG en su portal electrónico, la dependencia publica el seguimiento al gasto del FAEB del segundo y tercer trimestres de 2011. En el primer caso, en el apartado de observaciones se reconoce un déficit de 874 millones de pesos “el cual se origina de diez mil plazas sin techo presupuestal, incluyendo sus prestaciones sociales”.  Para el tercer trimestre de 2011, el déficit se había incrementado a mil 359 millones de pesos.
¿De qué partida se pagan estas 10 mil plazas que no tienen techo presupuestal y cuyo déficit, según algunos funcionarios, es hoy de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos? ¿Qué programas sociales o estratégicos ven disminuido su presupuesto para cubrir el déficit de la SEG?

En la opacidad, el gasto en educación
El sector educativo es el que más recursos públicos ejerce, pero también es uno de los que más opacidad presenta, ya que la información relevante sobre el ejercicio de los recursos no se localiza en ningún sitio para ser consultada por los ciudadanos.
Tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado como los Decretos de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero de cada ejercicio establecen obligaciones a todas las dependencias para transparentar la información estratégica que permita a los ciudadanos conocer cómo se ejercen los recursos. Pero la SEG no cumple ninguno de estas normas.
En el portal electrónico de la dependencia se publica de manera dispersa e incompleta la información de oficio a la que está obligada; no se observa una línea articulada para presentar los datos, y sólo hay acumulación de información que no es útil.
Por ejemplo, respecto de las funciones más relevantes de la dependencia y los indicadores de gestión para evaluar el desempeño, la SEG no publica las primeras, y sólo presenta tres indicadores: índice de cobertura de educación básica, tasa de terminación de educación básica e índice de variación del logro educativo, pero incluso éstos corresponden a 2010.
Sobre la remuneración mensual por puesto, presentan una tabla que corresponde al sector central del Ejecutivo, pero nada publican sobre los sueldos a docentes y sus diferentes categorías; tampoco publican su programa sectorial con indicadores y metas, para conocer el avance físico y financiero de éstas.
Tampoco se publica el presupuesto asignado a la SEG en lo general y por programa ni los informes cuatrimestrales sobre su ejecución; no hay ningún informe sobre auditorías ni sobre la cuenta pública de la dependencia.
Y sobre la relación de servidores públicos comisionados, la liga electrónica está convenientemente rota en el portal para no proporcionar esta información.
En general, se observa una intención de no presentar información relevante sobre el funcionamiento de la SEG, opacidad que es congruente con las decisiones que se toman en el interior de la dependencia (influenciadas por los grupos de presión) y que no necesariamente se apegan a las diferentes normas del sector.
El estado de Guerrero no logrará superar sus rezagos si no resuelve este dilema en la educación: muchos recursos y mala educación.

Joyas de la opacidad
En la prensa apareció una nota sobre el alcalde de Chilapa, Francisco Javier García, que repartió cargos públicos como recompensa a quienes lo apoyaron en su campaña política, creando incluso nuevas carteras. Esto no es nuevo ni extraño, pero es el primer paso para que los ayuntamientos tengan nóminas abultadas y al final de cada año se endeuden para cubrir sueldos y prestaciones. Y al final de los trienios son ya tradicionales las numerosos demandas laborales de estos empleados amigos de los alcaldes, con lo que se deterioran las de ya por sí endebles finanzas de los ayuntamientos.
Relacionado con esto, el nuevo alcalde de Atoyac, Edilberto Tabares Cisneros revisará las 24 “basificaciones” otorgadas a otros tantos empleados del gobierno anterior, ya que encontraron irregularidades en su otorgamiento. De seguir así la tendencia, los gobiernos municipales serán agencias de colocación de empleos y no entidades de servicio a la ciudadanía.
El hoy diputado local Héctor Astudillo exhortó al actual alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno, para que denunciara ante los órganos de fiscalización las irregularidades encontradas en la administración capitalina, en vez de denunciarlas en la prensa. En los hechos, el llamado de Astudillo fue como una invitación a ser opaco como él y su sucesor Tulio Samuel Pérez Calvo.

Nada que celebrar en el Día Internacional del Derecho a Saber

Marcos Méndez Lara
El Sur de Acapulco

A unos días de que se conmemoró el Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre), el balance de la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental en Guerrero es muy desalentador, pues los ayuntamientos municipales, que fueron relevados hace dos días, dejan una secuela oprobiosa de opacidad y crisis financiera, mientras en el gobierno del estado poco se ha avanzado en la materia, y los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Congreso del Estado nunca promovieron la transparencia ni siquiera dentro de su propio recinto, a pesar de que ellos aprobaron la ley de transparencia y acceso a la información del estado, pero no la cumplieron.

Tres años y medio de opacidad

La opacidad en los ayuntamientos es una práctica congénita de la corrupción. Las autoridades municipales, si acaso en el discurso, nunca tuvieron la intención de transparentar su quehacer, pues sus administraciones hicieron uso de los recursos públicos muy alejados del logro de los objetivos sociales a que estaban destinados.
Sin contar las declaraciones pagadas para ensalzar su “proclividad” a la transparencia, la ciudadanía de Guerrero nunca contó en los hechos con mecanismos que le permitieran conocer lo que hacían sus gobiernos municipales, excepto por la utilización de mecanismos tradicionales, pero muy limitados.
Según el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, 48 ayuntamientos de los salientes contaron con portales electrónicos; sin embargo, la mayoría de éstos no fueron útiles para informar, pues fueron promovidos por la administración estatal anterior, pero los formatos que les proporcionaron nunca fueron llenados de contenido por los ayuntamientos.
Algunos gobiernos municipales como el de Acapulco, Taxco, Chilpancingo, Tlapa, si bien tuvieron su página propia, nunca cumplieron a cabalidad con las obligaciones de transparencia. Las páginas electrónicas, pues, no fueron una herramienta útil a la transparencia de los municipios.
Los informes de gobierno que cada año deben presentar los alcaldes no fueron prácticas efectivas para la rendición de cuentas, pues los actos en que se presentaban tenían un formato que no permitía el diálogo con los ciudadanos, y por lo general sólo se invitaba a simpatizantes del presidente municipal. El contenido de los informes de los gobiernos municipales sólo fue conocido por un reducido grupo de ciudadanos, por lo que tampoco se considera como un mecanismo de transparencia o rendición de cuentas.
Las gacetas, periódicos murales y otros medios utilizados por los ayuntamientos también fueron muy limitados porque la información que presentaban era muy parcial y además sólo llegaban a un grupo muy reducido de ciudadanos.
Detrás de este control de la información y la opacidad de los ayuntamientos existen actos de corrupción y desvío de recursos, malas administraciones, incumplimiento de derechos sociales de la población y la eternización de la pobreza. No es una práctica exclusiva de los más recientes ayuntamientos, pero sí acrecentada en los últimos trienios.
De continuar esta tendencia, se consolidará una forma de gobierno –y ya no importa el partido del que provenga- cuyos rasgos serán la inversión de cuantiosos recursos para la compra de votos, el pago de esa inversión a costa de los recursos públicos, la desatención de las necesidades sociales, y más recientemente, el endeudamiento y el saqueo de las oficinas públicas al final de los trienios.

Año y medio sin avances

El 28 de septiembre tampoco fue para celebrarse en el gobierno del estado. Su política de transparencia y acceso a la información no es clara y el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia de las diferentes dependencias es a cuenta gotas.
A 17 meses de que asumió la administración de Ángel Aguirre Rivero, ni siquiera se ha superado lo que hizo en la materia el gobierno estatal anterior, pues, por ejemplo, las páginas electrónicas se observan con escasa información o la que publican está desactualizada o no es útil para el monitoreo y seguimiento ciudadano de las acciones gubernamentales.
Todavía hay dependencias que no cuentan con información de oficio, como la Secretaría de Educación de Guerrero –que por cierto, es la dependencia de Guerrero que más recursos recibe-, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Algunas, como el Instituto del Deporte de Guerrero, en el apartado de información “relativa a sus funciones más relevantes que deberá incluir los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño”, abiertamente reconoce que esta obligación “no aplica porque no se cuenta con un sistema o un programa de evaluación de gestión”. Sin embargo, nadie les ha comentado que la evaluación de la función pública es una obligación establecida incluso en la Constitución y en diferentes leyes y no depende de si cuentan o no con un sistema de evaluación.
En general, el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia es desigual entre las diferentes dependencias del gobierno del estado, destacando que hay temas importantes para hacer posible el seguimiento ciudadano (indicadores de gestión, presupuesto y ejecución cuatrimestral por dependencia, auditorías realizadas, entre otros) que simplemente no se están publicando o la información corresponde a ejercicios de la administración anterior.

De la información reservada

Hace unos años, entre las dependencias federales se hizo frecuente responder a los solicitantes de información que los datos que requerían estaban reservados o eran inexistentes. En Guerrero, estas respuestas se dieron en los primeros meses después de que entró en vigor la ley de acceso a la información de 2006. Hoy resurgen estos recursos, sobre todo en las páginas electrónicas, donde las dependencias clasifican como reservados documentos que evidentemente son públicos.
El Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa, por ejemplo, registró como reservados documentos como el programa de ejecución de obras, un diagnóstico de infraestructura física educativa, los convenios de colaboración con los ayuntamientos o los avances de las obras, información que evidentemente es pública. La reserva es por seis años y el Igife argumenta que “se aplica debido a que [dar esta información] puede causar perjuicio al cumplimiento de leyes y menoscabe seriamente el patrimonio de una entidad pública”.
Igualmente la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple tiene clasificados como reservados por un periodo indefinido de tiempo los “Expedientes de beneficiarios de los programas sociales” con el argumento de hacer “la guarda y custodia de los documentos personales de los beneficiarios”. Sin embargo, todas las leyes federales y de los estados establecen que los padrones de beneficiarios deben ser públicos. Incluso la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado establece que las dependencias públicas deberán difundir “el nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas a quienes, por cualquier motivo, se les entreguen recursos públicos federales, estatales o municipales. En su caso, así como el monto correspondiente”; por lo que no hay ninguna justificación para reservar esa información.
Caso extremos es el de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, que tiene clasificados “los proyectos de investigación”, aunque no mencionan por cuanto tiempo, porque alegan que dar este tipo de información “se pone en riesgo la seguridad de las personas”.
Por su parte, Radio y Televisión de Guerrero tienen entre sus documentos reservados el acta de la primera sesión del Consejo de Administración del RTG, Boletines, Barra programática del canal 7 y convenios con empresas privadas y ayuntamientos, según argumentan, “para un control estricto de la información y constancia de hechos”. La reserva que hace de estos expedientes es hasta por 12 años
Por su parte, el Instituto Tecnológico de la Montaña clasifica como reservados (aunque no señala periodo ni motivación) documentos como las actas y acuerdos de la junta directiva, la distribución de carga horaria para el personal docente, los horarios de grupos y de docentes, las minutas de comité académico subdirección académica, documentos que deberían estar a disposición del público.

El congreso

Otro de los terrenos privilegiados de la opacidad en Guerrero es el Congreso del estado. Mientras estuvieron en el cargo, la opacidad con que se condujeron los diputados de la LIX Legislatura solo fue comparable con la de los municipios de Guerrero, ya que nunca dieron a conocer información estratégica sobre el presupuesto, el ejercicio de los recursos, comisiones, gastos de gestión y representación, entre otras.
Y con esta poca autoridad moral, tampoco intervinieron en contra de autoridades municipales que antes de concluir sus periodos era evidente que desviaban recursos.