Distribuyen ayuntamientos fertilizante adulterado

Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco
Primera parte

Cuarenta por ciento del fertilizante que reciben los campesinos guerrerenses está adulterado y no cumple con la composición que establecen las reglas de operación del programa de fertilizante subsidiado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural  (SDR) obtenidos a partir de 32 muestras aplicadas por la Contraloría General del Estado en 16 municipios del estado.

Lo más grave es que en 18 por ciento del total muestreado se descubrió que el producto analizado no es fertilizante, mientras que en 24 por ciento, lo que distribuyen los ayuntamientos es algo que se asemeja al insumo.
Desde que nació en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, el programa de fertilizante ha sido manipulado y objeto de varias formas de corrupción que se expresan en los procesos de licitación para la adquisición del insumo donde no se cumple con la norma, padrones de productores y superficie cultivable inflados, exclusión de beneficiarios de nuevo ingreso, la reventa del insumo en Guerrero y otros estados y la distribución de fertilizante de dudosa calidad.
En 18 años de operación, ningún gobierno estatal ni municipal ni el Congreso del Estado han aplicado medidas para corregir estas irregularidades, por lo que buena parte de los casi 800 millones de pesos que se invierten cada año se aplican o desvían a objetivos diferentes del apoyo de los productores de granos básicos de menores recursos.

Fertilizante que no es

Desde hace varios años, los campesinos han denunciado la adulteración de la composición del fertilizante que recomiendan las reglas de operación y también el menor peso que contiene cada saco.
Sobre este asunto, el ex Secretario de Desarrollo Rural, Sofío Ramírez reconoció ante la prensa “que se está engañando a los campesinos con el programa de fertilizante, pues el químico que se entrega en algunos municipios no cuenta con la fórmula correcta”. Sin embargo, cuando fue titular de la dependencia no aplicó ninguna medida correctiva.
Gerardo León Hurtado, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-Roja) opinó que el fertilizante que distribuyen los ayuntamientos, es pobre, y esto porque “hay acuerdos que hacen con las fábricas procesadoras, es tierra lo que están dando, y nadie cuida nada, simplemente porque hay grandes complicidades. Los presidentes municipales, de todos los colores, ahí encuentran su cajita de ahorro”.
Por su parte, Celerino Tlacotempa Zapoteco, coordinador estatal de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, destacó que “tenemos conocimiento de que el fertilizante que están entregando los ayuntamientos está adulterado; se han realizado estudios, y donde mejor les va, les dan tierrita, y donde peor les va, le agregan alguna sustancia química que tiene colorante”.
Al respecto, la SDR presentó los datos de un análisis realizado a las muestras recolectadas en el 2010 por la Contraloría General del Estado a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos. Se analizaron 32 muestras en 16 municipios de seis regiones del estado. Esta información fue publicada  durante unas semanas en el portal de la dependencia, pero luego desapareció y hoy se encuentran en la opacidad.
Los resultados analizados por región indican que de las cuatro muestras tomadas en dos municipios de la zona Centro, una no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y las otras dos sí son el producto. En la Costa Chica se obtuvieron seis muestras en tres municipios, de las cuales tres muestras se asemejan al producto, una muestra no es fertilizante y las dos restantes si corresponden al producto.
En dos municipios de la Costa Grande se obtuvieron cuatro muestras con los siguientes resultados: una muestra no es fertilizante, otra se asemeja al producto, y dos sí son fertilizante. En el caso de la Montaña, cuatro municipios fueron elegidos para ocho muestras; de éstas, tres no son fertilizante, una se asemeja al producto y las cuatro restantes si son fertilizante.
En las regiones Norte y Tierra Caliente se obtuvieron los resultados menos irregulares. En el primer caso, se tomaron cuatro muestras en dos municipios obteniéndose que una muestra se asemejaba al producto y las otras tres restantes sí correspondían al producto. En Tierra Caliente, de las seis muestras en tres municipios se obtuvo que una muestra se asemejó al producto y las otras cinco sí eran fertilizante.

Ninguna sanción
Para conocer la versión de la Contraloría General del Estado sobre este fraude a los campesinos guerrerenses y al erario público por la adulteración del fertilizante, se presentó una solicitud de información acerca de los resultados de los análisis realizados a las muestras recolectadas en 2010 y 2011 a los fertilizantes distribuidos por los ayuntamientos.
Al respecto, la dependencia no quiso dar ninguna información porque los resultados “se encuentran clasificados como reservados, debido a que contienen información que forma parte de un proceso de verificación y su publicación pudiera afectar la adecuada toma de decisiones para las instituciones correspondientes”.
Se solicitó entonces información sobre los casos jurídicamente concluidos, pues el argumento de la Contraloría General para negar la información es que los de 2010 y 2011 estaban en proceso de verificación.
Los datos que se solicitaron a la Contraloría fueron el nombre de las empresas, los ayuntamientos, el motivo y la sanción que han recibido quienes resultaron responsables de fabricar, vender o distribuir fertilizante adulterado de casos concluidos. Asimismo, se solicitaron copias o versiones públicas de los documentos que describen los procedimientos que se siguen a esas empresas o ayuntamientos.
La respuesta de la Contraloría fue escueta: “en los archivos de la Contraloría General no existe documento alguno”.
Es decir, no obstante que es una práctica que tiene varios años, hasta hoy la adulteración del fertilizante que reciben casi 300 mil campesinos en el estado y en el que se gastan casi 800 millones de pesos, sigue impune.

La reventa

Aunque miles de productores encuentran en el fertilizante una opción para producir los alimentos que consumen, muchos otros también tienen esta alternativa para obtener ingresos, pero sin sembrar.
Sobre este problema, según versiones de prensa, el ex titular de la SDR, Sofío Ramírez, afirmó que más de la mitad del fertilizante subsidiado a los productores guerrerenses es revendido a campesinos de otras entidades como Oaxaca y Puebla.
En municipios como Cutzamala, de acuerdo con Martín Mora, ex Director del Programa de Fertilizante, “los que están inscritos en el programa, no son los que siembran, sino los que ya no trabajan el campo y son el papá, la mamá, la hija, y toda la familia adquiere un paquete. Hay familias que tienen hasta 12 paquetes y los pueden vender en 60 mil, y ellos solo pagan 12 mil, entonces dicen, para qué siembro si me voy a ganar 48 mil pesos”.
La SDR hizo un ejercicio de comparación entre las superficies agrícolas cultivables de granos básicos registradas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera; Procampo, INEGI, y las que reportan los ayuntamientos dentro del programa de fertilizante.
Según estas cifras del ciclo primavera-verano 2010, la superficie que registra el INEGI en todo el estado es de 468,154 hectáreas, que comparada con las 504,328 hectáreas que reportan los ayuntamientos, hay una diferencia de 36,174 hectáreas, que aparentemente corresponden al fertilizante adicional que se entrega a personas que no siembran. Si este comparativo se hace entre la superficie que tiene registrada el Procampo y lo que reportan los ayuntamientos, la diferencia se amplía considerablemente a 112,675 hectárea adicionales.
Nadie duda pues de que un  gran porcentaje del fertilizante subsidiado con recursos públicos se destina a la reventa, y hoy es día que las autoridades no aplican medidas para evitarlo.

El ITAIG, entre la simulación y la opacidad

El ITAIG, entre la simulación y la opacidad

Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

A seis años de que fue creado, el organismo que nació para garantizar la transparencia y el acceso a la información en Guerrero no ha cumplido su cometido, pues los indicadores en materia de transparencia ubican al estado entre los más bajos del país, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (ITAIG) no ha sido un factor que contribuya a mejorarlos.
Al contrario, en sus cinco informes de labores (al 14 de mayo, el sexto no había sido publicado) y en muchas de las declaraciones públicas emitidas por sus tres comisionados se observa un discurso de simulación, casi cómplice con las más de 150 dependencias y entidades públicas o sujetos obligados del estado que no han cumplido con sus obligaciones de transparencia.
Y no obstante el abierto desacato tanto de los ayuntamientos del trienio anterior como los actuales, y del gobierno de Zeferino Torreblanca como del de Ángel Aguirre Rivero, y de las últimas dos Legislaturas del Congreso, no se observa firmeza en la aplicación de la ley por parte del ITAIG para amonestar o sancionar a servidores públicos que abiertamente niegan, retardan y manipulan dolosamente la información que están obligados a difundir o entregar a los ciudadanos que la soliciten.
Igualmente, se observan muy pocas acciones efectivas, con impactos probados, que promuevan una cultura de transparencia y de rendición de cuentas entre la ciudadanía y los sujetos obligados más allá de cursos aislados, firma de convenios o repartición limitada de folletería.
Incluso, al igual que los demás sujetos obligados del estado, el órgano garante de la transparencia no cumple con su obligación de publicar la información pública de oficio, ya que, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información dice que debe hacer público un catálogo de 22 rubros de información de oficio más nueve adicionales. Sin embargo, lejos de ser un ejemplo para las dependencias públicas del estado, el ITAIG tiene nueve temas de información en los que no publica nada; seis en los que publica información incompleta; y uno con información que no corresponde.
Como parte de sus funciones para garantizar que se cumpla la ley, el ITAIG debe revisar y evaluar cada cuatro meses que las dependencias gubernamentales publiquen su información de oficio.
Pero a la fecha, no ha realizado ninguna evaluación, no obstante el evidente desacato generalizado que hay en esta materia y que ha sido documentada por agrupaciones de la sociedad civil como la Unicam-Sur, Comunica AC y el colectivo Cimtra.
Al respecto, el consejero presidente del ITAIG, Marco Cueva, aseguró que ya están realizando monitoreos a las páginas electrónicas de los sujetos obligados, “ahorita llevaremos un 60 por ciento de avance”, y el primer reporte –que debieron realizar en marzo de 2011- dijo que estaría listo en octubre o noviembre de 2011, lo cual no sucedió, o por lo menos no se ha hecho público.
Cueva González reconoció que “de los 152 sujetos obligados que tenemos, desafortunadamente nadie cumple al 100 por ciento con la información de oficio tal como aparece en la ley”, pero no se refirió a alguna sanción, sino que “en principio exhortamos para que cumplan con la ley. Nosotros hemos practicado el exhorto, la buena fe, voluntad, para que cumplan con la ley”. Pero ya son seis años de tolerar la opacidad.
El ITAIG tampoco ha elaborado los lineamientos para presentar toda la información de oficio en formatos sencillos, como lo mandata el artículo 14 de la ley, y que contribuiría en mucho a tener portales electrónicos con información útil, accesible y ordenada, y no información chatarra, con ligas rotas, archivos pesados, como ha sido hasta hoy.
También ha sido omiso para elaborar, junto con el Consejo Estatal de Archivos, los criterios para la organización, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como para la organización de los archivos públicos.

La simulación

Desde su primer informe de actividades en 2006, el Instituto falseó las cifras de las solicitudes de información presentadas en el estado al sumar todas aquellas que le enviaban los ayuntamientos sin ningún criterio de distinción. Se tienen documentos emitidos por el propio ITAIG en donde se aprecia que muchos oficios se hicieron pasar por solicitudes de información pero realmente correspondían a demandas de obras, servicios, empleo, proyectos que hacían los ciudadanos a sus respectivos gobiernos municipales, lo que disparó las cifras que han presentado públicamente.
En un recuento de solicitudes de información registradas por el Instituto, se tienen comportamientos atípicos de municipios como Azoyú, que en un solo año recibió 1,719 solicitudes, Zirándaro (1,321), Tecoanapa (480 en dos años) e Ilatenco (291 peticiones), que representan respectivamente 16, 12, 4 y 3% del total de solicitudes presentadas en el estado, es decir, solo en estos cuatro municipios se presentaron más de un tercio de solicitudes de información en Guerrero en seis años.
Al hacer un comparativo con sujetos obligados que llevan un control más estricto de sus solicitudes, basta mencionar que todas las dependencias del Ejecutivo del estado juntas hasta 2010 recibieron un promedio de 221 solicitudes por año, mientras que en el Congreso estatal ese número total promedio por año apenas fue de 55 solicitudes.
Al respecto, el comisionado presidente del ITAIG señala que “lo que recabamos es lo que nos envían los sujetos obligados, especialmente los municipios, desafortunadamente a veces no mandan los soportes. Con todos esos errores tendremos más cuidado, poder analizar con cuidado lo que son solicitudes de información y las que no lo son”.
Sin embargo, los comisionados sabían que de las 291 solicitudes supuestamente presentadas ante el ayuntamiento de Iliatenco en 2010, 289 fueron peticiones verbales sobre fechas de pago de programas sociales, y que de las 654 registradas por el ITAIG en el ayuntamiento de Chilpancingo, solo 138 fueron peticiones formales presentadas ante la unidad de transparencia de ese gobierno municipal. Aun así, las dieron por buenas y las incluyeron en su informe público.

Más presupuesto, igual opacidad

En 2011, el ITAIG incrementó de manera sustancial su presupuesto, en casi 50 por ciento, al pasar de 6.4 a 9.4 millones de pesos. En 2012, el presupuesto que ejercerá el instituto es del orden de 9.6 millones de pesos.
Al respecto, Marco Cueva comentó que con “el 50 % adicional se está viendo la posibilidad de comprar equipo para que el ITAIG opere directamente el (sistema automatizado) Info Guerrero. También para abrir más espacios para la gente que está laborando, tenemos un solo vehículo, y también prestaciones para los empleados”.
Sin embargo, no hay evidencias de que este incremento se haya traducido en resultados palpables en materia de transparencia y rendición de cuentas. De hecho, el órgano garante no cuenta con indicadores de gestión ni de desempeño, como lo ordena la ley de transparencia, con los que podría evaluar el trabajo realizado.
Son muchos los pendientes que tiene el ITAIG y muchas las actividades que le ordena la ley que ni siquiera ha iniciado, por ejemplo, la revisión cuatrimestral de las información de oficio y aplicar las sanciones que correspondan, apoyar a los ayuntamientos con medidas eficaces para que cumplan plenamente con la ley; e implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permitan a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados.