El ITAIG, entre la simulación y la opacidad

El ITAIG, entre la simulación y la opacidad

Marcos Méndez Lara, el Sur de Acapulco

A seis años de que fue creado, el organismo que nació para garantizar la transparencia y el acceso a la información en Guerrero no ha cumplido su cometido, pues los indicadores en materia de transparencia ubican al estado entre los más bajos del país, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero (ITAIG) no ha sido un factor que contribuya a mejorarlos.
Al contrario, en sus cinco informes de labores (al 14 de mayo, el sexto no había sido publicado) y en muchas de las declaraciones públicas emitidas por sus tres comisionados se observa un discurso de simulación, casi cómplice con las más de 150 dependencias y entidades públicas o sujetos obligados del estado que no han cumplido con sus obligaciones de transparencia.
Y no obstante el abierto desacato tanto de los ayuntamientos del trienio anterior como los actuales, y del gobierno de Zeferino Torreblanca como del de Ángel Aguirre Rivero, y de las últimas dos Legislaturas del Congreso, no se observa firmeza en la aplicación de la ley por parte del ITAIG para amonestar o sancionar a servidores públicos que abiertamente niegan, retardan y manipulan dolosamente la información que están obligados a difundir o entregar a los ciudadanos que la soliciten.
Igualmente, se observan muy pocas acciones efectivas, con impactos probados, que promuevan una cultura de transparencia y de rendición de cuentas entre la ciudadanía y los sujetos obligados más allá de cursos aislados, firma de convenios o repartición limitada de folletería.
Incluso, al igual que los demás sujetos obligados del estado, el órgano garante de la transparencia no cumple con su obligación de publicar la información pública de oficio, ya que, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información dice que debe hacer público un catálogo de 22 rubros de información de oficio más nueve adicionales. Sin embargo, lejos de ser un ejemplo para las dependencias públicas del estado, el ITAIG tiene nueve temas de información en los que no publica nada; seis en los que publica información incompleta; y uno con información que no corresponde.
Como parte de sus funciones para garantizar que se cumpla la ley, el ITAIG debe revisar y evaluar cada cuatro meses que las dependencias gubernamentales publiquen su información de oficio.
Pero a la fecha, no ha realizado ninguna evaluación, no obstante el evidente desacato generalizado que hay en esta materia y que ha sido documentada por agrupaciones de la sociedad civil como la Unicam-Sur, Comunica AC y el colectivo Cimtra.
Al respecto, el consejero presidente del ITAIG, Marco Cueva, aseguró que ya están realizando monitoreos a las páginas electrónicas de los sujetos obligados, “ahorita llevaremos un 60 por ciento de avance”, y el primer reporte –que debieron realizar en marzo de 2011- dijo que estaría listo en octubre o noviembre de 2011, lo cual no sucedió, o por lo menos no se ha hecho público.
Cueva González reconoció que “de los 152 sujetos obligados que tenemos, desafortunadamente nadie cumple al 100 por ciento con la información de oficio tal como aparece en la ley”, pero no se refirió a alguna sanción, sino que “en principio exhortamos para que cumplan con la ley. Nosotros hemos practicado el exhorto, la buena fe, voluntad, para que cumplan con la ley”. Pero ya son seis años de tolerar la opacidad.
El ITAIG tampoco ha elaborado los lineamientos para presentar toda la información de oficio en formatos sencillos, como lo mandata el artículo 14 de la ley, y que contribuiría en mucho a tener portales electrónicos con información útil, accesible y ordenada, y no información chatarra, con ligas rotas, archivos pesados, como ha sido hasta hoy.
También ha sido omiso para elaborar, junto con el Consejo Estatal de Archivos, los criterios para la organización, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como para la organización de los archivos públicos.

La simulación

Desde su primer informe de actividades en 2006, el Instituto falseó las cifras de las solicitudes de información presentadas en el estado al sumar todas aquellas que le enviaban los ayuntamientos sin ningún criterio de distinción. Se tienen documentos emitidos por el propio ITAIG en donde se aprecia que muchos oficios se hicieron pasar por solicitudes de información pero realmente correspondían a demandas de obras, servicios, empleo, proyectos que hacían los ciudadanos a sus respectivos gobiernos municipales, lo que disparó las cifras que han presentado públicamente.
En un recuento de solicitudes de información registradas por el Instituto, se tienen comportamientos atípicos de municipios como Azoyú, que en un solo año recibió 1,719 solicitudes, Zirándaro (1,321), Tecoanapa (480 en dos años) e Ilatenco (291 peticiones), que representan respectivamente 16, 12, 4 y 3% del total de solicitudes presentadas en el estado, es decir, solo en estos cuatro municipios se presentaron más de un tercio de solicitudes de información en Guerrero en seis años.
Al hacer un comparativo con sujetos obligados que llevan un control más estricto de sus solicitudes, basta mencionar que todas las dependencias del Ejecutivo del estado juntas hasta 2010 recibieron un promedio de 221 solicitudes por año, mientras que en el Congreso estatal ese número total promedio por año apenas fue de 55 solicitudes.
Al respecto, el comisionado presidente del ITAIG señala que “lo que recabamos es lo que nos envían los sujetos obligados, especialmente los municipios, desafortunadamente a veces no mandan los soportes. Con todos esos errores tendremos más cuidado, poder analizar con cuidado lo que son solicitudes de información y las que no lo son”.
Sin embargo, los comisionados sabían que de las 291 solicitudes supuestamente presentadas ante el ayuntamiento de Iliatenco en 2010, 289 fueron peticiones verbales sobre fechas de pago de programas sociales, y que de las 654 registradas por el ITAIG en el ayuntamiento de Chilpancingo, solo 138 fueron peticiones formales presentadas ante la unidad de transparencia de ese gobierno municipal. Aun así, las dieron por buenas y las incluyeron en su informe público.

Más presupuesto, igual opacidad

En 2011, el ITAIG incrementó de manera sustancial su presupuesto, en casi 50 por ciento, al pasar de 6.4 a 9.4 millones de pesos. En 2012, el presupuesto que ejercerá el instituto es del orden de 9.6 millones de pesos.
Al respecto, Marco Cueva comentó que con “el 50 % adicional se está viendo la posibilidad de comprar equipo para que el ITAIG opere directamente el (sistema automatizado) Info Guerrero. También para abrir más espacios para la gente que está laborando, tenemos un solo vehículo, y también prestaciones para los empleados”.
Sin embargo, no hay evidencias de que este incremento se haya traducido en resultados palpables en materia de transparencia y rendición de cuentas. De hecho, el órgano garante no cuenta con indicadores de gestión ni de desempeño, como lo ordena la ley de transparencia, con los que podría evaluar el trabajo realizado.
Son muchos los pendientes que tiene el ITAIG y muchas las actividades que le ordena la ley que ni siquiera ha iniciado, por ejemplo, la revisión cuatrimestral de las información de oficio y aplicar las sanciones que correspondan, apoyar a los ayuntamientos con medidas eficaces para que cumplan plenamente con la ley; e implementar mecanismos de observación y contraloría ciudadana que permitan a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados.