Cinco años de transparencia opaca

El Sur de Acapulco

Hace poco más de cinco años entró en vigor en Guerrero la primera Ley de Acceso a la Información del Estado. Desde aquel junio de 2006, muchas cosas han cambiado, pero no hemos encontrado en este periodo avances sustanciales en materia de transparencia y rendición de cuentas más allá de la legislación de dos leyes.

La semana anterior asistí a un acto organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (organismo encargado de garantizar el cumplimiento de la ley) y la Contraloría General del Estado (dependencia que diseña y opera la política de transparencia entre las oficinas del ejecutivo estatal), a propósito de los cinco años de de la primera ley, y a un año de entrada en vigor de la que nos rige actualmente.

No esperaba escuchar mensajes autocríticos, la verdad, pero por lo menos sí el reconocimiento de la situación real por la que atraviesa la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, en donde, por cierto, no se ha avanzado prácticamente en nada; es más, en muchos aspectos pueden observarse retrocesos, como es el caso de la no publicación de información de oficio.

Alguien en el evento mencionó la cifra de catorce mil solicitudes de información presentadas ante los diferentes dependencias a lo largo de cinco años, cantidad que el ITAIG tiene en sus registros; y aunque no fue mencionado en el acto, revisamos los informes del ITAIG en su página electrónica y en esos mismos cinco años solamente se presentaron 181 recursos de revisión por ciudadanos inconformes que no recibieron la información completa, se las negaron o no les satisfizo la que les entregaron.

Si estos dos indicadores los traducimos a números relativos, significa que únicamente 1.2% de los ciudadanos que presentaron solicitudes se inconformaron con las dependencias públicas a quienes les solicitaron, según el ITAIG.

Estos datos sorprenden mucho, ya que ni siquiera en el ámbito federal se tiene un porcentaje tan bajo de quejas. Los registros del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) indican que en los años que lleva funcionando se han presentado 5.4% de quejas respecto del total de solicitudes de información presentadas (687,944 peticiones en el periodo de 2003 a la fecha).

La interpretación que dejan estos datos del órgano garante guerrerense es que las dependencias públicas tienen una enorme disposición para entregar información, pero cualquier persona que haya presentado una solicitud en Guerrero conoce las trabas que deben sortearse antes de conseguir datos públicos, si es que los consigue.

Por eso sorprende que sea tan bajo el número de quejas en un estado donde los sujetos obligados o dependencias públicas no se caracterizan precisamente por su disposición ni por seguir las obligaciones que les marca la ley en esta materia.

El otro asunto que tampoco se abordó con rigor en el acto organizado por el ITAIG y la Contraloría General del Estado fue el de la transparencia, y más específicamente el de la publicación de la información de oficio que marca el artículo 13 de la ley de transparencia.

A 13 meses de que entró en vigor la nueva ley, ningún sujeto obligado del estado ha sido capaz de hacer públicos los 22 bloques de información que le señala la ley. Ni el gobierno del estado, ni los ayuntamientos, ni los órganos autónomos, ni el Congreso del Estado, es más, ni el propio ITAIG, que es el encargado de garantizar que ésta y otras disposiciones de la ley se lleven a cabo, han cumplido con esta obligación.

En el quinto aniversario de que entró en vigor la primera ley de transparencia no hay nada que celebrar; hace falta, eso sí,  más reflexión, análisis, autocrítica y mucho trabajo para enmendar lo que está fallando.

Si no hay avances aunque sean mínimos en estos dos asuntos básicos (transparencia y acceso a la información) estamos todavía lejos de hablar de una verdadera rendición de cuentas en el estado.

La evaluación de las políticas públicas

Las cifras sobre la pobreza difundidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en días pasados nos dieron numerosas lecciones. Para quienes gobiernan, los resultados de la evaluación fueron como una bofetada en pleno rostro, mientras que a las y los ciudadanos nos permiten analizar y emitir juicios sobre el desarrollo de las políticas públicas específicas y sobre quienes las diseñan y ejecutan.
1. El incremento en el número de pobres en los dos últimos años da al traste con todos los argumentos que la clase política en el poder había construido para apuntalar sus discursos. Durante muchos años sólo escuchamos los parabienes y la parte positiva de las políticas aplicadas por los gobiernos en turno respecto de la disminución de la pobreza.
Hoy existe un organismo evaluador como el Coneval que emite información seria sobre los impactos de esas políticas y todos podemos tener acceso a ella (http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/index.es.do) colocándonos ante la posibilidad de analizarla, emitir juicios respecto de esos datos y calificar la actuación de un gobierno (dicho sea de paso, poner al alcance de todos esta información, es un ejemplo muy claro de la utilidad de la transparencia de la información).
2. La investigación del Coneval pone de manifiesto la importancia y utilidad de evaluar las políticas públicas y todas las actividades que realizan los gobiernos, pero también de hacer públicos los resultados.
En México, la evaluación del quehacer gubernamental se convirtió en una obligación establecida en la Constitución federal desde mayo de 2008, fecha en que se publicó el decreto que modifica el artículo 134 en este tenor: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal (...) se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.(…) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal”.
El artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social también se refiere a este proceso de evaluación: “Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley…”.
El artículo sexto constitucional, fracción V, también establece la obligatoriedad de publicar información sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos, como una forma de evaluación ciudadana de las acciones que realiza el gobierno.
Evidentemente, estamos en pañales en materia de evaluación, no obstante que ya existe la normatividad necesaria para que todas las dependencias públicas se apeguen a este tipo de procesos.
3. En el caso de Guerrero, de acuerdo con los resultados del Coneval, se incrementó el número de personas que viven en condiciones de pobreza; pero la mayor parte de los programas y proyectos para el desarrollo social aplicados en el estado son financiados y en algunos casos operados directamente por la federación, es decir, las políticas para reducir la pobreza no son diseñadas dentro de la entidad.
No obstante esta limitante, en el estado hemos aprendido a desvirtuar las políticas federales ya diseñadas, como es el caso de la desviación de recursos que se hace del Fondo de Infraestructura Social Municipal (destinados sobre todo a obra pública) para subsidiar la adquisición de fertilizante.
Pero lo más grave se encuentra precisamente en los procesos de evaluación y rendición de cuentas, que brillan por su ausencia. Ni el gobierno del estado ni los ayuntamientos cuentan con un organismo profesional para la evaluación de sus acciones (ni siquiera cumplen con los mínimos de transparencia, es decir, por lo menos con el piso básico para que la ciudadanía pueda evaluar el quehacer de gobierno). Y de la rendición de cuentas, ni qué decir, porque simplemente no existe.
Es urgente que los gobiernos tengan en su agenda la evaluación de sus acciones, y difundir los resultados para que la participación ciudadana también contribuya a mejorar lo que se hace en el gobierno.