El derecho a saber a 100 días

El Sur de Acapulco

A 100 días de que entró en funciones, la nueva administración estatal aún nos debe una política gubernamental de transparencia y rendición de cuentas efectiva y convincente que mejore significativamente lo que se hizo en el sexenio anterior.

Las muchas declaraciones respecto de las deficiencias contables, administrativas y de rendición de cuentas que se le atribuyen al gobierno anterior –sobre todo en los ramos de salud y educación que manejan presupuestos millonarios-, no significan que la actuación y el quehacer gubernamental de la actual gestión sea transparente ni mucho menos que haya un trabajo sistemático para lograrlo, por lo menos que hayan hecho público.

1. En más de tres meses, el gobierno de Ángel Aguirre todavía no publica la información de oficio de cada una de las 55 dependencias de la administración central y el sector paraestatal, lo que en estricto significa la inobservancia de la ley en la materia.

Durante las primeras semanas retiró toda la información de oficio que había publicado el gobierno de Zeferino Torreblanca, pero hasta la fecha no ha sido remplazada. Esto incluye un apartado denominado de Transparencia Fiscal, que fue retirado durante varias semanas, y lo publicaron nuevamente con varias modificaciones. Pero esto no es suficiente para hablar propiamente de una política de transparencia.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no señala en ningún apartado dar tregua en las transiciones entre un gobierno y otro para cumplir con las obligaciones; no, ésta se debe cumplir de manera permanente, y la actual administración nunca previó esta situación.

2. En materia de acceso a la información, en la actual administración se han observado contratiempos en la entrega de información a quienes la solicitan. No obstante que funciona con regularidad el sistema electrónico Info-Guerrero, que debería facilitar los procedimientos para solicitar y entregar información, la realidad es que no ha sido así.

El relevo de los responsables de las unidades de transparencia de cada dependencia (antes denominados enlaces) y la inexperiencia de los cuadros medios y superiores sobre esta materia, explica en gran parte los retrasos y la no entrega de información. No se aprovechó la experiencia acumulada de estos enlaces, que durante el gobierno anterior recibieron capacitación sobre los procedimientos que han de realizarse.

Hoy se paga sea decisión con un retroceso importante en materia de acceso a la información.

3. El gobierno del sexenio pasado nunca diseñó e instrumentó ninguna política de promoción del derecho a saber entre las y los guerrerenses; tampoco lo hizo el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, y por eso tenemos estadísticas tan pobres en el ejercicio ciudadano de este derecho. Parte de la tarea de los gobiernos es también promover y crear las condiciones para que la ciudadanía ejerza sus derechos.

Se espera que la administración actual desarrolle acciones para promover el derecho a saber, no sólo con mensajes en los medios de comunicación y declaraciones, sino con actividades más eficaces como talleres en las comunidades, foros, mesas redondas, publicaciones. Eso sí que marcaría diferencia con sus antecesores.

4. Sigue pendiente también la oferta que hizo el gobernador Ángel Aguirre en campaña, más precisamente durante el debate que sostuvo con sus contrincantes. Se trata de la integración de una Contraloría Ciudadana para la vigilancia del presupuesto y la obra pública, que también es muy indispensable en los sectores salud y educativo.

No sabemos si ya se está cocinando dicha contraloría, pero en principio, para que funcione, debe tener las siguientes características: autonomía, pluralidad y que sus decisiones sean vinculatorias, es decir que tengan alguna repercusión en los procesos que está vigilando. Si no cumple con alguna de ellas, sólo será un organismo decorativo.

5. El balance de los 100 días no es optimista. Esperemos que pronto se anuncien acciones efectivas.

No a las mineras en la Costa-Montaña

El Sur de Acapulco

Otra vez en pie de lucha. En estos meses, miles de habitantes de las regiones Costa Chica y Montaña, sobre todo de los pueblos originarios, se encuentran en estado de alerta y se organizan para defender su territorio y los recursos naturales que en él existen, esta vez en contra de la decisión del gobierno federal de otorgar concesiones a empresas extranjeras para la exploración y explotación de las riquezas minerales de la región.
Como ha sucedido en otras ocasiones, esta delicada decisión del gobierno federal no consideró la opinión de las comunidades que resultarían afectadas, lo que significa que todavía hay un descomunal menosprecio por lo que piensa la sociedad sobre temas específicos y en torno a las decisiones que la afectan.
La discrecionalidad e incluso la imposición de las obras, proyectos, programas o leyes en los que hay como componente una fuerte intervención de la iniciativa privada, (La Parota, el muelle de la bahía de Zihuatanejo, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la Supervía en el Distrito Federal) busca garantizar el beneficio de unos pocos (inversionistas privados coludidos con políticos de todos los niveles) en detrimento de poblaciones completas (afectados negativamente por estos proyectos en sus territorios, recursos naturales, trabajo o formas de vida).
El caso de las concesiones a compañías mineras, aunque fue una decisión tomada en el gobierno federal, en Guerrero el gobierno no ha dado muestras de defender o siquiera de cuestionar la acción federal, por los efectos negativos que acarreará en las comunidades guerrerenses (por ejemplo, mostrar esa fiereza con que se opusieron a la decisión de llevarse de Guerrero el Tianguis Turístico).
Hay varias experiencias, incluso en el propio estado, que muestran cómo la explotación de minerales tiene impactos en la destrucción del paisaje, en el deterioro ambiental y en la contaminación del territorio. No es cierto que con la introducción de las empresas mineras se vaya a generar desarrollo para las comunidades. Sí, habrá para las compañías muy buenas condiciones de rentabilidad, pero sin desarrollo al interior del territorio explotado, ni mejoría en los condiciones de vida de sus habitantes.
Sin duda, hay en juego cuantiosas inversiones de capital privado esperando ser aplicadas en esta región; de ese tamaño será también la fuerza con que los gobiernos de los tres órdenes y muchos aliados (partidos políticos, diputados, medios de comunicación, organizaciones sociales) tratarán de imponer el proyecto con las más variadas estrategias, tal y como se hizo con el proyecto hidroeléctrico de La Parota.
Con la misma o mayor fuerza, los habitantes de esta región y sus organizaciones tendrán que hacer frente a la embestida. Habrá que estar pendientes, pues existen otras formas de desarrollo más justas para las comunidades indígenas de la región y menos depredadoras de los recursos naturales con que cuentan; pero nunca nadie les ha preguntado nada.
De todo. En las últimas semanas, el periódico el Faro de la Costa está publicando con insistencia información sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Si alguien revisa algunas de estas “notas” que más bien son textos editorializados, observará que, en el mejor de los casos, hay una manifiesta falta de profesionalismo y compromiso con la ética periodística, por lo menos en este asunto. La CRAC sin duda debe tener muchos errores y defectos en su funcionamiento, estructura, representación –entendibles porque es un movimiento social que funciona a contracorriente del Estado–, pero nadie puede negar las aportaciones que ha hecho a la región, entre otras, en materia de seguridad y justicia en los pueblos donde tiene influencia, algo que los tres órdenes de gobierno no han podido hacer en ningún lado. Denostar todo este movimiento a partir de la desacreditación permanente de la trayectoria personal de algunos de sus dirigentes, no es el camino que debe seguir un periódico serio.