En qué se invierten los recursos públicos

El Sur de Acapulco

En Guerrero no existe un organismo público o privado que de manera objetiva evalúe los resultados de los recursos que ejercen los gobiernos estatal y municipales. No sabemos si con el dinero público que se ejerce en el estado realmente se están cumpliendo los objetivos para los que fue presupuestado, como disminuir los índices de marginación que padece la mayoría de la población guerrerense.
Sabemos, eso sí, que los recursos públicos ejercidos por lo regular son comprobados documentalmente ante la Auditoría General del Estado por medio de la presentación de las cuentas públicas e informes financieros cuatrimestrales, aunque con muchos asegunes, porque sólo hay que revisar la página electrónica de la AGE, donde se señala que 38 ayuntamientos no han presentado su cuenta pública de 2010 y otros 22 lo hicieron fuera de tiempo.
Sin embargo, no es lo mismo comprobar que cumplir objetivos, ya que los recursos públicos pueden ser gastados en cualquier cosa y ser comprobados conforme los lineamientos de los organismos fiscalizadores, pero no cumplir las metas de los programas.
En este sentido, se observa un enorme vacío que impide tener una percepción más o menos objetiva de los resultados que están arrojando los gobiernos estatal y municipales, el Congreso del Estado, el poder judicial, los organismos autónomos y todas aquellas entidades que ejercen recursos públicos.
Y esto es muy grave en un estado como Guerrero, donde la mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza, pues no hay ninguna certeza de que el dinero público se esté invirtiendo realmente en revertir esa condición de los guerrerenses.
Hay que ser claros, no podemos creer ya en lo que dicen los políticos, y menos confiar en que el dinero que ejercen las dependencias públicas se está empleando en el desarrollo del estado.
Hace falta de manera urgente crear una serie de condiciones (instituciones, actitudes diferentes, un marco normativo estatal) para evaluar los resultados de lo que está haciendo el gobierno.
De hecho, es una obligación que desde mayo de 2008, fecha en que se publicó el decreto que modifica el artículo 134 de la Constitución federal, deberían estar cumpliendo los gobiernos: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal (...) se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. (…) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal”.
Sin embargo, han transcurrido tres años de esa reforma y en Guerrero todavía no se hace nada. Los recursos públicos no necesariamente se aplican a los programas sociales y a las tareas sustantivas de los gobiernos, sino también, aunque no tengo forma de comprobarlo, a las campañas políticas, y en no pocos casos, al patrimonio personal de los gobernantes.
Es predecible que la evaluación de la función pública en Guerrero será una realidad hasta que actúe la presión ciudadana. Será una tarea difícil, especialmente porque la actuación de los grupos organizados no siempre es ajena al clientelismo que todo lo desactiva.
En principio, el gobierno del estado deberá crear una instancia técnica estatal (unidad estatal de evaluación) que realice este trabajo, cuyas funciones son diferentes a las que realiza la AGE, ya que se encargaría de corroborar que los objetivos de los programas y acciones para los que se presupuesta dinero público, realmente se alcancen.
La importancia de esta actividad evaluadora es fundamental, pues no basta con que haya una adecuada (en tiempo y forma) presentación de la cuenta pública, sino que debe haber cumplido los objetivos con el ejercicio de esos recursos.
De todo. Es muy desalentador e indignante saber que en Guerrero se puede “extraviar”, sin más, un expediente relevante para la vida pública del estado como la averiguación previa del asesinato del político Armando Chavarría. Creíamos que en el documental Presunto culpable habíamos visto el límite superior de la impunidad y la corrupción, pero este tipo de noticias lo supera.