En qué se invierten los recursos públicos

El Sur de Acapulco

En Guerrero no existe un organismo público o privado que de manera objetiva evalúe los resultados de los recursos que ejercen los gobiernos estatal y municipales. No sabemos si con el dinero público que se ejerce en el estado realmente se están cumpliendo los objetivos para los que fue presupuestado, como disminuir los índices de marginación que padece la mayoría de la población guerrerense.
Sabemos, eso sí, que los recursos públicos ejercidos por lo regular son comprobados documentalmente ante la Auditoría General del Estado por medio de la presentación de las cuentas públicas e informes financieros cuatrimestrales, aunque con muchos asegunes, porque sólo hay que revisar la página electrónica de la AGE, donde se señala que 38 ayuntamientos no han presentado su cuenta pública de 2010 y otros 22 lo hicieron fuera de tiempo.
Sin embargo, no es lo mismo comprobar que cumplir objetivos, ya que los recursos públicos pueden ser gastados en cualquier cosa y ser comprobados conforme los lineamientos de los organismos fiscalizadores, pero no cumplir las metas de los programas.
En este sentido, se observa un enorme vacío que impide tener una percepción más o menos objetiva de los resultados que están arrojando los gobiernos estatal y municipales, el Congreso del Estado, el poder judicial, los organismos autónomos y todas aquellas entidades que ejercen recursos públicos.
Y esto es muy grave en un estado como Guerrero, donde la mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza, pues no hay ninguna certeza de que el dinero público se esté invirtiendo realmente en revertir esa condición de los guerrerenses.
Hay que ser claros, no podemos creer ya en lo que dicen los políticos, y menos confiar en que el dinero que ejercen las dependencias públicas se está empleando en el desarrollo del estado.
Hace falta de manera urgente crear una serie de condiciones (instituciones, actitudes diferentes, un marco normativo estatal) para evaluar los resultados de lo que está haciendo el gobierno.
De hecho, es una obligación que desde mayo de 2008, fecha en que se publicó el decreto que modifica el artículo 134 de la Constitución federal, deberían estar cumpliendo los gobiernos: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal (...) se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. (…) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal”.
Sin embargo, han transcurrido tres años de esa reforma y en Guerrero todavía no se hace nada. Los recursos públicos no necesariamente se aplican a los programas sociales y a las tareas sustantivas de los gobiernos, sino también, aunque no tengo forma de comprobarlo, a las campañas políticas, y en no pocos casos, al patrimonio personal de los gobernantes.
Es predecible que la evaluación de la función pública en Guerrero será una realidad hasta que actúe la presión ciudadana. Será una tarea difícil, especialmente porque la actuación de los grupos organizados no siempre es ajena al clientelismo que todo lo desactiva.
En principio, el gobierno del estado deberá crear una instancia técnica estatal (unidad estatal de evaluación) que realice este trabajo, cuyas funciones son diferentes a las que realiza la AGE, ya que se encargaría de corroborar que los objetivos de los programas y acciones para los que se presupuesta dinero público, realmente se alcancen.
La importancia de esta actividad evaluadora es fundamental, pues no basta con que haya una adecuada (en tiempo y forma) presentación de la cuenta pública, sino que debe haber cumplido los objetivos con el ejercicio de esos recursos.
De todo. Es muy desalentador e indignante saber que en Guerrero se puede “extraviar”, sin más, un expediente relevante para la vida pública del estado como la averiguación previa del asesinato del político Armando Chavarría. Creíamos que en el documental Presunto culpable habíamos visto el límite superior de la impunidad y la corrupción, pero este tipo de noticias lo supera.

Transparencia en retroceso

El Sur de Acapulco

Este es un apretado balance a nueve meses de que entró en vigor la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

1. Hay claros retrocesos en materia de transparencia. No se observa por parte de las dependencias públicas ninguna disposición para diseñar y ejecutar acciones que permitan mostrar a la ciudadanía y de manera abierta lo que hace cada una de ellas.

Lo que están haciendo unas pocas dependencias es cumplir a medias con las obligaciones que establece la ley, pero la mayoría ni siquiera llega a eso. Sin embargo, todas expresan en sus declaraciones públicas que son entidades abiertas, democráticas y que rinden cuentas, pero lo cierto es que hasta hoy ninguna ha puesto en marcha una política de transparencia que concilie el discurso con los hechos.

Hay muchísimos casos que ejemplifican esta transparencia opaca. Los portales electrónicos, que podrían utilizarse como el espacio privilegiado –por su bajo costo y múltiples posibilidades- para la difusión de los asuntos públicos que interesan a las y los ciudadanos, también han servido para hacer trampas, para engañar a quienes los consultan.

Solo hay que revisar, por ejemplo, la página electrónica del Instituto Estatal Electoral, que tiene una liga para vincular al usuario con la transparencia de la institución, pero desde hace muchos meses no tiene nada (http://www.ieegro.org.mx/index.html). O la página del Congreso del Estado, que aunque esté recién renovada, sólo difunde ocho de los 30 temas que lo obliga la ley (http://www.congresogro.gob.mx/html/transparencia.php). También está el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero (http://utai.uagro.org.mx/node/21)  que no informa sobre los temas que la obliga la ley,  y los que tiene, vinculan al usuario con información diferente a la que anuncian.

Casos extremos son los ayuntamientos, que ni siquiera mencionan que tienen obligaciones con la ley de transparencia, y aunque algunos tienen en sus páginas el vínculo de transparencia, éste siempre están “en construcción” o con los vínculos rotos o de plano no tienen nada, como el de Coyuca de Benítez  (http://www.coyucadebenitez.guerrero.gob.mx/)

El gobierno de estado ni siquiera está cumpliendo con esta obligación, pues, como se acostumbra cuando hay cambio de administración, desaparecen todo lo de la gestión anterior, sea o no rescatable. Serán muchos los  meses que habrá que esperar para que haya un acuerdo sobre la nueva política de transparencia y acceso a la información del gobierno del estado, y otros tantos para ponerla a funcionar.

Si las obligaciones de transparencia están claramente indicadas en la ley, ¿quién debe cuidar su cumplimiento? La propia ley dice que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, pero la experiencia de años anteriores indica que no se puede esperar mucho del instituto, porque éste ni siquiera cumple con la difusión de todos los temas que le corresponden por ley, tampoco ha elaborado los lineamientos ni criterios para que las dependencias presenten sus información pública de oficio ni se conoce ninguna evaluación de las obligaciones de transparencia que cada cuatro meses debe realizar el instituto.

2. El acceso a la información de las y los ciudadanos. Una de las buenas notas que contiene la actual ley de transparencia es que permite que las solicitudes de información se efectúen por vía electrónica. Sin embargo, esta nueva disposición no ha removido en nada la situación que vivíamos hace cinco años, cuando entró en vigor la anterior ley.

Salvo el sistema Infomex que utiliza el gobierno del estado para la recepción y respuesta de solicitudes de información, ninguna otra dependencia se ha tomado en serio esta disposición de la ley.

Hoy que hacemos este corte a nueve meses de que entró en vigor la ley de transparencia reformada, vale hacer una buena reflexión sobre lo se está haciendo mal, porque no se perciben avances ni en la transparencia de las dependencias ni en el ejercicio de acceso a la información, y sí, en algunos casos, retrocesos.

Tercera evaluación de CIMTRA

El Sur de Acapulco

En este primer trimestre de 2011, la iniciativa Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), capítulo Guerrero, por tercera ocasión evalúa el nivel de transparencia de los ayuntamientos guerrerenses; en las dos anteriores ediciones, los resultados indican que los gobiernos municipales no consideran a la transparencia y la rendición de cuentas como una política relevante ni como práctica cotidiana de su quehacer.

CIMTRA es una iniciativa nacional en la que participan organizaciones civiles, universidades, ciudadanos y otros organismos no gubernamentales en la evaluación de la transparencia de los ayuntamientos. Básicamente se basa en la observación-investigación directa en las oficinas gubernamentales y en la revisión de páginas electrónicas y publicaciones municipales, para registrar sistemáticamente qué informa el ayuntamiento sobre sus actividades, pues hay que recordar que transparencia es colocar a la vista de todos, información pública relevante del gobierno municipal.

En 2009, la Universidad Iberoamericana de Puebla realizó la primera evaluación en el estado a cinco municipios (Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, y Taxco). En el ranking estatal, Acapulco fue el mejor evaluado con 35% de transparencia, le siguieron Taxco y Zihuatanejo con 28%, y al final, Chilpancingo con 25% e Iguala un 11%.

En la segunda edición, la evaluación fue realizada por actores locales. La Universidad Loyola del Pacífico en colaboración con Colores AC, Comunica AC, y algunos ciudadanos voluntarios, evaluaron 15 municipios cuyos resultados alcanzaron apenas un promedio de 5.7% de transparencia.

Los ayuntamientos evaluados en 2010 fueron Acapulco, Atoyac, Chilpancingo, Florencio Villarreal, Coyuca de Benítez, Iguala, Juan R. Escudero, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Marcos, Taxco, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo, y todos salieron reprobados.

Si bien la falta de transparencia en los municipios es un cuello de botella nacional, en Guerrero esa situación es crítica, porque en esa segunda edición, de los 75 municipios evaluados, a Guerrero correspondieron 12 de los últimos 15 lugares.

Si se observan los extremos, el ayuntamiento de Chilpancingo fue el mejor evaluado con 30.8% y el peor Atoyac, con 0, pero también otros ayuntamientos obtuvieron bajas calificaciones como Juan R. Escudero, Florencio Villarreal y Marquelia con 0.9%.

Comparados estos resultados con los que se obtienen en ayuntamientos de otros estados, como Puebla y Chihuahua, que lideraron el ranking nacional por sus calificaciones por arriba de 90%, las diferencias sí son notables.

En la tercera edición que está en curso, el propósito es evaluar a un tercio de los ayuntamientos del estado. Se han incorporado otras organizaciones a realizar la observación de gobiernos municipales, como la asociación civil Jóvenes con Compromiso, y la Pastoral Social, además de más ciudadanas y ciudadanos interesados.

La experiencia de CIMTRA es relevante por varias razones, la más destacada es que se trata de una forma de participación ciudadana para la observación y vigilancia de lo que hacen los ayuntamientos de Guerrero.  Tal vez hasta hoy no se haya logrado incidir para que los gobiernos municipales modifiquen sus políticas de transparencia –o más bien las creen-, pero sin duda, son antecedentes que permitirán acumular fuerzas y en el corto plazo poder generar estrategias que sí incidan en el espacio municipal.

Además, este ejercicio articula la acción de varias organizaciones y ciudadanos para la observación del quehacer municipal. No es fácil que varias agrupaciones se incorporen voluntariamente para hacer un trabajo común, pues es más frecuente que cada una trabaje por su lado.

La presentación de resultados de la tercera evaluación CIMTRA a los ayuntamientos de Guerrero se realizará en la semana del 9 al 13 de mayo.

PD. Enviamos un saludo a Juan Angulo y a todos los compañeros y compañeras de El Sur, con quienes nos solidarizamos frente a las amenazas de que fueron objeto la semana anterior.