Transparencia al 100%, engaño de la CAPACH

Marcos Méndez Lara

  Hace unas semanas la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) anunció por sus redes sociales que había logrado el total cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, establecidas en el artículo 81 de la Ley 207 de transparencia del estado, y agregó que esto fue avalado por el Instituto de Transparencia local. La noticia llamó la atención porque, en el supuesto de que fuese cierto, sería la primera entidad gubernamental que logra esa proeza en el estado y me atrevería a decir que en todo el país.
Pero hay varias consideraciones a tomar en cuenta sobre el anuncio de la paramunicipal. La certeza de haber logrado el 100 por ciento de cumplimiento es por lo menos cuestionable, ya que los lineamientos y la metodología propuestas por el Instituto Nacional de Transparencia -base para la evaluación de la CAPACH- tienen aún temas que están sujetos a la interpretación de quien evalúa y esto abre márgenes de subjetividad en las revisiones, como es el caso. Adicionalmente, se observan inconsistencias entre diferentes datos, que deberían guardar alguna congruencia y articulación entre ellos. Pero, sobre todo, al hacer la revisión y análisis de la información publicada con un ojo de vigilancia ciudadana, ésta muestra que hay un gran desorden administrativo, controles inexistentes, y una serie de gastos onerosos que explican en gran parte por qué el problema de agua potable es tan grave en Chilpancingo. Cualquier ciudadano puede continuar o profundizar la revisión de los datos en el sitio http://www.capach.guerrero.gob.mx/transparencia/.
Finalmente hay que reconocer lo que sí se ha logrado. Con el análisis que presentamos en esta edición se muestra que no hay un 100 por ciento de cumplimiento, sin embargo, es plausible que ya pueda encontrarse información relevante en su portal, sobre todo porque en revisiones anteriores la CAPACH aparecía en los últimos lugares del ranking estatal en esta materia.
Un 100 por ciento engañoso
Hay varias deficiencias en la información publicada por la CAPACH, que echan por tierra su pretensión de haber logrado el cumplimiento de 100 por ciento de sus obligaciones de transparencia. Aquí presentamos sólo unos ejemplos.
Por ejemplo, la paramunicipal clasificó como reservados o confidenciales varios rubros de información de manera indebida e irregular, ya que para clasificar una información es necesario que el comité de transparencia de la realice sesiones y elabore las respectivas actas para “confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de (…) clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados”, de acuerdo con lo que establece la ley de transparencia. Al revisar la información, desde el 1 de enero de 2018 y hasta la fecha, no se encontraron reuniones del comité y sólo existe un acta, la de instalación del comité de transparencia, pero ninguna que respalde todas las clasificaciones de información que se registran en el portal de la CAPACH. Hay pues un uso irregular de las clasificaciones que repercute directamente en el derecho a la información de los ciudadanos.
Independientemente del procedimiento descrito en la ley, que no efectuaron para hacer la clasificación, hay temas que obtuvieron esta calidad utilizando criterios bastante dudosos. Por ejemplo, sobre los “indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados” (fracción VI, artículo 81), la CAPACH considera que es “información reservada” porque, argumenta, “se está analizando por parte del Órgano de Control de la Capach”.
Otra información que increíblemente clasifican es el de los padrones de beneficiarios (fracción XV, inciso q) con el argumento de que “La información relativa a los nombres de los beneficiarios, es información clasificada como confidencial por tratarse de personas cuyo estado de salud puede ser revelado y no se tiene la autorización para ese efecto”.
También clasifican el tema de la “información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto (fracción VII). Sin considerar en todo caso que pueden elaborarse versiones públicas de estos documentos, la paramunicipal coloca un vínculo electrónico engañoso que no lleva a los documentos sobre la trayectoria de los servidores públicos, y sin más pone un anota de “que a petición de los servidores públicos de la estructura orgánica de éste Organismo Operador, la información de la trayectoria se clasifica como información confidencial, ello, debido a que la mayoría de ellos han recibido llamadas telefónicas de extorsionadores, y difundir ésta información revelaría su situación económica presente y futura, lo que se actualiza en la especie lo previsto en el artículo 3 fracción VIII de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, por lo que se ha determinado conservar la confidencialidad de ésta información”. Es decir, nadie puede conocer si en la CAPACH están las personas más aptas para trabajar en esa institución.
Otros documentos que clasifican indebidamente son los informes de auditoría. Argumenta la paramunicipal que la “la información relativa a las auditorías se clasifica como información reservada, ello, a efecto de no obstruir las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes”. Sin embargo, de las revisiones recientes no especifica ni siquiera que se estén realizando ni proporciona sus características generales, y de las realizadas hace tres años, de las cuales ya deberían tenerse los resultados, tampoco publica nada con el mismo pretexto.
Otras inconsistencias
Se detectaron muchas incongruencias en lo que publica el organismo operador de agua potable de la capital. Por ejemplo, en la fracción XXII, la CAPACH asegura que “no tiene Deuda Pública, ello es así, debido a que durante el mes que se informa (junio 2019), no contrajo obligaciones o empréstitos que se constituyan en Deuda Pública”; lo mismo informa en meses previos. Sin embargo, si se revisa el documento “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” hay un capítulo donde la paramunicipal informa sobre una deuda de 5.3 millones de pesos.
Asimismo, durante los seis primeros meses de 2019, la CAPACH afirma que “no celebró contratos de servicios de publicidad oficial” ni tampoco registra cifra alguna en gastos de publicidad oficial, pero al revisar el Estado Analítico, en el concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad, se encontró el dato que fueron pagados 93 mil pesos al 30 de junio. Y para rematar, la CAPACH anota que “no cuenta con la imposición legal de establecer un programa anual de comunicación social”, y en efecto, diseñar una estrategia de comunicación podría no ser una obligación legal, pero si una necesidad prioritaria, especialmente en un organismo que requiere informar de manera permanente, amplia y sistemática a los usuarios del servicio de agua potable. Gran deficiencia del organismo operador.
Los informes de actividades son documentos básicos para la rendición de cuentas. Durante los años de 2017, 2018 y el primer semestre de 2019, la paramunicipal no generó informes de actividades, o por lo menos éstos nos son públicos. De hecho, el organismo acepta esta gran deficiencia cuando dice que “no generó informes que den cumplimiento a la presente obligación de transparencia, no obstante, ha cumplido con los informes financieros, contables y presupuestales”. Sin embargo, entre las funciones del director general, descritas en el reglamento interior de la CAPACH, sí está presente esta obligación en los siguientes términos: “Rendir al Consejo de Administración, un informe anual de actividades, así como del estado
general y sobre las cuentas de su gestión dentro de los treinta días siguientes al término del
ejercicio anterior. así como los informes sobre el cumplimiento de acuerdos, los resultados
financieros, el avance en las metas establecidas en el Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal”.
Cabe mencionar que según publicó la CAPACH en sus redes sociales, la evaluación donde obtuvieron el 100 por ciento de cumplimiento es avalado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información del estado. Si esto es cierto, el órgano garante deberá afinar sus metodologías de evaluación, pues como aquí comentamos, la ausencia de información, los criterios para decidir si cumple con una obligación, las interpretaciones erróneas y las inconsistencias son frecuentes dan como resultado verificaciones poco confiables y datos erróneos sobre lo que sucede en el estado.
Información relevante
Entre lo destacable de este ejercicio de la CAPACH es que inauguró la publicación de información en su portal y en la plataforma nacional de transparencia, lo que nunca había hecho. Ahora, toca a la ciudadanía escrutar esa información para acercarse a las entrañas de un organismo operador que siempre ha estado en el ojo del huracán.
El documento denominado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación por Objeto del Gasto”, publicado por la paramunicipal, permite observar y deducir por qué la capital de Guerrero tiene graves problemas con el abastecimiento de agua potable.
Con cifras al 30 de junio, la CAPACH tiene un presupuesto aprobado de 133.6 millones de pesos para el ejercicio 2019, y sólo en el capítulo de servicios personales se gastarán a final de año poco más de 90 millones de pesos, es decir, el 67.3 por ciento del total del presupuesto. De este total se destinan a las remuneraciones al personal de carácter permanente 62.3 millones de pesos, y al rubro de “remuneraciones adicionales y especiales” 16.9 millones de pesos en dónde destacan 12.6 millones a gratificaciones de fin de año y primas vacacionales por 2.3 millones. También sobresale el pago de horas extraordinarias por más de 1.2 millones de pesos.
En el mismo capítulo de servicios personales está el concepto de “otras prestaciones sociales y económicas” con 7.6 millones que incluye despensas (1.2 millones), ayuda de transporte (1 millón), bonos (3.3 millones) y otras prestaciones sociales y económicas (1.1 millones de pesos).
Por cierto, la CAPACH, no obstante este enorme gasto en servicios personales, difunde el dato de que ahí trabajan sólo 31 servidores públicos de confianza y cero de base, y argumenta que es la “estructura orgánica autorizada de la CAPACH”. Esto refleja el gran desorden al interior de la paramunicipal, ya que se sabe que ahí trabajan más de 300 o más empleados, y en todo caso debería prevalecer el criterio de la máxima publicidad, como los establece la Ley 207 de transparencia, sobre el inflexible criterio de considerar sólo la plantilla “autorizada”, pues eso no aporta nada a la transparencia.
En el capítulo de servicios generales también se gasta una buena cantidad de recursos, 32.6 millones de pesos; el principal concepto es para el pago de energía eléctrica (19.1 millones de pesos), y muy atrás aparece Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación con 3.1 millones de pesos, en donde sobresale la Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte, con 2 millones, e Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas con sólo 1 millón de pesos. Cabe mencionar el escaso gasto que se destina a estos últimos conceptos, ya que son básicos para la operación de una red de distribución de agua tan antigua como la de Chilpancingo.
Finalmente, el otro capítulo importante es el Materiales y suministros, donde se ejercerán a final de año 4.3 millones de pesos. Destacan en este capítulo los conceptos de Combustibles, lubricantes y aditivos con 2.1 millones de pesos, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores con 735 mil 648 pesos, Materiales y Artículos de Construcción y Reparación con 629 mil 829 pesos, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales con 552 mil 624.
Al cierre
Nos enteramos que este lunes los trabajadores de la CAPACH realizaron un paro de labores debido a que varios de ellos no han recibido el pago de sus salarios. Así como éste, son constantes los conflictos en la paramunicipal, regularmente de carácter laboral, aunque también son frecuentes por deudas con la Comisión Federal Electoral o por la falta de recursos para el mantenimiento y rehabilitación de la red.
El escrutinio detallado de los documentos que publica la CAPACH es útil para tener evidencia de la problemática, pero también para documentar propuestas y presionar hacia un mejor servicio de agua potable. Si no se le da una utilidad social a la información, de poco sirve la transparencia.

Transparentan información sobre privilegios fiscales

Marcos Méndez Lara
  Hace unos días se dio a conocer una lista con más de siete mil personas físicas y morales que se beneficiaron gracias a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les canceló o condonó adeudos fiscales en el periodo 2007-2015. Era un secreto a voces, todo mundo conocía de esta práctica, pero recurrentemente los sucesivos gobiernos, a través de la Secretaría de Hacienda, ocultaron la identidad de los beneficiarios y los montos perdonados con el argumento de que esta información era parte del secreto fiscal.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación es la organización que logró “arrancar” la información sobre condonaciones y cancelaciones al SAT, luego de cuatro años de un litigio estratégico con esta oficina de la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con un comunicado de esa agrupación fechado el 30 de septiembre, “la información fue entregada en cumplimiento de la sentencia 191/2016 dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. En dicha sentencia, el Juez ordenó al SAT cumplir con la resolución RDA 5354/15 dictada por el INAI. En su resolución, el INAI ordenó entregar a Fundar la información sobre los contribuyentes que recibieron condonaciones y cancelaciones de impuestos y otros créditos fiscales en el periodo 2007-2015”.
El comunicado indica que la información involucra a 7 mil 885 personas físicas y morales, que en total recibieron 172 mil 335 millones de pesos en descuentos. La organización advierte que en esta lista no se encuentran 201 contribuyentes que presentaron un amparo para impedir que su información fuera revelada, a los cuales les fueron condonados cerca de 102 mil millones de pesos, es decir, en este reducido grupo de contribuyentes amparados se acumula 37 por ciento del total de recursos que fueron condonados.
Más allá de la legitimidad o no del secreto fiscal, lo cierto es que en la condonación y cancelación de adeudos fiscales había una enorme discrecionalidad y opacidad, que levantó enormes sospechas de que los beneficios se concentraban en pocos contribuyentes. Hoy, publicada ya una lista parcial, se sabe que el monto que dejó de ingresar a las arcas públicas en ese periodo es de más de 274 mil millones de pesos -incluidos los descuentos a los contribuyentes amparados. Es una cantidad importante de pesos que no ingresaron al fisco, y para dar una idea de la dimensión, es el equivalente al presupuesto del estado de Guerrero durante tres años y medio.
De acuerdo con una nota del portal Aristegui Noticias, que indagó en la lista los montos más cuantiosos, 50 entidades públicas y privadas concentraron 73 mil 114 millones de pesos en condonaciones durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El primer lugar de la lista es la Comisión Federal de Electricidad, a la que se le perdonaron un total de 14 mil 21 millones de pesos en 2008 y 2013. En segundo lugar, aparece la Secretaría de Educación Pública, a la que se le condonaron 8 mil 230 millones de pesos en 2011 y en 2013. Detrás de ésta se encuentra Luz y Fuerza del Centro, la cual, durante sus últimos años de vida, recibió beneficios por 3 mil 344 millones en 2007, 2008 y 2009.
Según la misma fuente, enseguida aparecen dos empresas privadas: Productos Roche SA de CV, con 2 mil 891 millones de pesos y Grupo Lala SA de CV, cuya condonación en el periodo fue por 2 mil 429 millones. Luego está el gobierno de Michoacán se ubica en la posición número seis con dos condonaciones que dan un total de 2 mil 193 millones de pesos (en los gobiernos de Jesús Reyna y Silvano Aureoles).
Los siguientes cuatro lugares, por el monto de lo condonado, son Servicios y Asesoría para Proyectos SA de CV, con 2 mil 179.6 millones; Acerus SA de CV, con mil 554.3 millones; el Banco Nacional de Comercio Exterior, con mil 543.2 millones y Sabritas S de RL DE CV, que recibió una condonación de mil 491.2 millones de pesos en 2013.
Condonaciones en Guerrero
Fundar difundió tres bases de datos de personas físicas y morales, públicas y privadas, que se beneficiaron con condonaciones o cancelaciones fiscales, las cuales pueden consultarse en https://privilegiosfiscales.fundar.org.mx/. Y aunque la información no está desglosada por entidad federativa, las bases incluyen a contribuyentes de Guerrero que fueron beneficiados.
Según esa organización, las condonaciones aplican en dos casos: cuando el Estado perdona impuestos y adeudos fiscales para apoyar económicamente a las personas, o para buscar que los contribuyentes incumplidos se regularicen. En el primer caso, los beneficios fiscales se otorgan cuando ocurre un desastre natural; en el segundo, las condonaciones buscan regularizar a los contribuyentes a efecto de que el gobierno recupere una parte de lo que deben. Lo más común es que se perdonen multas a cambio de que las personas paguen sus adeudos más grandes, aunque también suelen condonarse impuestos cuando el gobierno implementa una amnistía fiscal.
Hicimos una muy rápida revisión a las bases de datos y muchas personas físicas y morales de Guerrero aparecieron en la relación.
En el concepto de condonaciones, varios ayuntamientos guerrerenses están en la lista, como el Ayuntamiento de Acapulco, que fue beneficiado con 32.2 millones de pesos en tres años distintos, el mayor monto durante el trienio de Añorve Baños (que tuvo dos interinos en 2010), y en menor medida en el periodo de Félix Salgado Macedonio (2008) y Luis Walton Aburto (2013).
También el gobierno municipal de Iguala tiene dos condonaciones, las dos en 2013 por casi 4 millones de pesos, es decir, en la gestión de José Luis Abarca Velázquez. Asimismo, el Ayuntamiento de Taxco, en el gobierno de Salomón Majul González en 2013, recibió beneficios por 4.7 millones de pesos. El gobierno de Ometepec, también en 2013, cuando estaba en la presidencia municipal Antonio Atenógenes Vázquez Rodríguez, tuvo condonaciones por 2.7 millones de pesos.
Otros ayuntamientos que encontramos en el registro de condonaciones fueron el de Coyuca de Benítez (2013) con 2.7 millones de pesos, y el de Cuajinicuilapa, en dos ocasiones (2008 y 2013) ambos por un total de 1.6 millones de pesos. La lista incluyó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, cuya condonación fue por 11.9 millones de pesos en 2011 y otra en 2013 por 16.3 millones; y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala, que dejó de pagar al fisco 5 millones de pesos en el ejercicio 2013.
El gobierno del estado también participó en estos descuentos. En el ejercicio 2014, la Secretaría de Finanzas y Administración dejó de pagar impuestos por 2.8 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Educación Guerrero obtuvo descuentos en 2010 y 2013 por 1.6 millones en total. Al Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco le disminuyeron 5.4 millones de deuda en 2007.
Pero también empresas privadas fueron beneficiadas por esta política, entre ellas, Distribuidora de Acapulco, que en 2013 obtuvo condonaciones por 31 millones de pesos. En el mismo año, Operadora de Hoteles Alba de Acapulco alcanzó descuentos por 17.6 millones y Tres Vidas, en la playa de Acapulco, 14.2 millones en 2008. Gas Mundial, en 2011 y 2013 obtuvo descuentos por 12.6 millones de pesos. En los mismos ejercicios fiscales, Tableros y Chapas de Guerrero consiguió rebajas en sus impuestos por 9.3 millones mientras que en 2013, a Servicios Modernos de Acapulco le condonaron 6.7 millones; a Servicio Acapulco Diamante 6.4 millones y al Colegio Español Juan Ruiz de Alarcón 5.6 millones de pesos.
Pavimentos y Construcciones de Guerrero obtuvo beneficios en 2007 y 2011 por un total de poco más de 5 millones de pesos y Tracto Guerrero lo consiguió en 2013 por 3.1 millones de pesos. También en ese año, a Industria Farmacéutica de Guerrero se le perdonaron impuestos por 1.4 millones de pesos.
Otros beneficiados son Operación Guerrero Azteca en 2008 (un millón), Autos Acapulco en 2013 (1.4 millones), Hotel Aristos Acapulco en 2013 (1.2 millones), Club Acapulco Tortuga en 2007 (1.2 millones), Astrollantas de Acapulco en 2014 (1.1 millones).
En la lista de condonaciones posteriores a 2015, que fue obtenida en la plataforma nacional de transparencia del SAT, encontramos al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero, al Instituto de la Policía Auxiliar y al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. También aparecen varios ayuntamientos como Cocula, Eduardo Neri, Iguala, Tlapa y Tepecoacuilco, además de Radio y Televisión de Guerrero.
Cancelados
A diferencia de las condonaciones, en las cancelaciones de adeudos fiscales se suspenden todos los intentos por cobrarlas. Esto puede suceder si las autoridades tributarias determinan que el monto de la deuda es menor al costo de cobrarla, o si los deudores simplemente no pueden pagar, según Fundar. También en la lista de cancelaciones aparecen contribuyentes guerrerenses.
Operación de Inmuebles de Acapulco fue beneficiada en 2007 y 2009 con poco más de 100 millones de pesos de cancelaciones, mientras que a Beneficiadora de Coco Acapulco se le cancelaron 51 millones en 2007 y 2011, y a Club Internacional Acapulco 20 millones de pesos en 2007.
Otras empresas que recibieron cancelaciones durante dos años fueron Acapulco Dolphins Vacaciones y Club de Playa, que se benefició en 2007 y 2009 con un total de 5.5 millones; y Marina Interamericana de Acapulco, que en 2007 y 2012 obtuvo 2.8 millones de pesos de apoyos.
Le siguen Habitaciones Horizontales de Acapulco con 15.8 millones y Los Socios de Acapulco con 11.9 millones, ambos descuentos en 2011. La Flor de Acapulco tuvo cancelaciones por 7.2 millones en 2007 y Barrio Acapulco por 4.5 millones en 2010. Asimismo, Constructora Urbanas de Acapulco (4.3 millones), Promociones Jai Alai Acapulco (4.2 millones), Multiplásticos de Acapulco (3.6 millones), Inmobiliaria Brisas de Acapulco (3.3), Climas y Servicios de Acapulco (1.7) y Restaurante Nuevo Acapulco (1.7 millones de pesos). Al gobierno del estado, en 2012, le cancelaron 12.3 millones de pesos de impuestos.
Fundar también hace pública una relación de contribuyentes con montos cancelados, obtenida de la plataforma nacional de transparencia del SAT, y cuya fecha de actualización es octubre de 2019. En ésta aparecen empresas privadas, ayuntamientos y personas físicas como Operación Guerrero Azteca (775 mil 762 pesos) y muchas otras con montos que no rebasan los 50 mil pesos, como la Asociación Agrícola Local de Productores de Maíz del Municipio de Cuajinicuilapa, Asociación de Empresas e Industrias Limpias del Estado de Guerrero, Asociación Ganadera Local General Ganaderos Unidos de Xochistlahuaca, Centro de Estudios Técnicos en Informática de Guerrero, Esfuerzo y Lucha por la Pesca de Guerrero, Fertilizantes Biológicos y Orgánicos de Guerrero.
El origen
Luego de que asumió la presidencia en el año 2000, el ex presidente Vicente Fox envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Miscelánea Fiscal donde proponía la condonación de impuestos, la cual fue aprobada por los diputados de todos los partidos. En esa oportunidad, los diputados del PRI y del PAN promovieron la aprobación del Código Fiscal de la Federación para que a los contribuyentes que declararan correctamente sus impuestos de 2000 no se les obligara a corregir los cuatro años anteriores, según informa un trabajo periodístico de Carina García, de El Universal. Era una medida que buscaba regularizar la situación fiscal de los contribuyentes de manera temporal, que luego se volvió permanente.
La reportera destaca que varios funcionarios y legisladores de la Cuarta Transformación votaron a favor de su aprobación. Menciona entre ellos a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, actual procurador Federal del Consumidor y Manuel Espino Barrientos, propuesto para ser el superdelegado en Durango. Otros actores que respaldaron la propuesta son Rosalinda López, actual administradora general de Auditoría Fiscal Federal; Félix Salgado Macedonio, actual senador por Morena, y Miguel Barbosa Huerta, gobernador en funciones de Puebla, por el mismo partido. También votaron a favor de la iniciativa foxista el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y el actual senador José Narro.
Conclusión
Es saludable conocer la identidad y los montos de quienes se beneficiaron con esta política selectiva de descuentos, y en este logro hay que reconocer el trabajo de una organización de la sociedad civil como Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El anuncio de la cancelación de esta práctica será el inicio del desmantelamiento de una red de complicidades que tanto daño hicieron al erario. Es un ejemplo de cómo la transparencia sí puede contribuir a mejorar la gestión pública y a disminuir la corrupción.