martes, 24 de septiembre de 2019

¿Dónde están los informes de gobiernos municipales?


Marcos Méndez Lara
  Existen dos disposiciones legales que exigen a los gobiernos municipales de Guerrero, respectivamente, la presentación del informe de gobierno en un acto protocolario, y la difusión pública de su contenido. En el primer caso se trata de una obligación señalada en la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado; textualmente dice el artículo 73, fracción II de esa ley que los gobiernos municipales deben “Rendir al pueblo en Sesión Solemne, en la primera quincena del mes de septiembre, el informe anual pormenorizado sobre el estado que guarda la administración municipal del cual enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado; en el último año del mandato podrá rendirlo en la Sesión Solemne en que el Ayuntamiento entrante rinda protesta o en Sesión Solemne anterior a la fecha de celebración de ésta”.
Si bien es importante hacer llegar este informe al Ejecutivo y al Congreso, también lo es presentarlo en sesión solemne ante la ciudadanía, y entre más personas sean convocadas –no solo las afines al gobierno– y más datos del quehacer gubernamental se emitan de manera objetiva, mayor información se le estará dando a las y los ciudadanos y mayor será el impacto entre la población.
La difusión profusa del contenido de estos informes de gobierno municipales se vuelve relevante en la medida en que es una de las pocas oportunidades que tiene la ciudadanía para conocer información sobre lo que hacen sus gobernantes. Si este mecanismo de difusión no funciona o es deficiente, difícilmente puede hablarse de una rendición de cuentas plena, o por lo menos de una rendición de cuentas eficaz hacia la ciudadanía, que debiera ser un objetivo primordial de los ayuntamientos, y no sólo rendir informes de manera institucional ante los órganos de control o fiscalizadores.
La Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información es complementaria de la Orgánica del Municipio Libre porque establece como una obligación de los ayuntamientos la transparencia de “Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados” (artículo 81, fracción XXIX). Es decir, también es obligatorio que los informes de labores se difundan, y no sólo que se presenten un acto protocolario o se entreguen a otras entidades gubernamentales.
Hace tres años hicimos un ejercicio para tener una percepción sobre la disposición de los presidentes municipales de dar a conocer su informe de gobierno. Presentamos solicitudes de información a los ayuntamientos municipales –entre el 11 y 17 de octubre de 2016– precisamente para requerirles una copia de su primer informe de gobierno en el trienio pasado. Informamos en ese entonces que 13 municipios ni siquiera habían habilitado el mecanismo correspondiente en la plataforma Info Guerrero. También dijimos que “de las 68 solicitudes de información presentadas, sólo 37 ayuntamientos respondieron, en tanto que 31 gobiernos municipales no contestaron el requerimiento de información”.
Efectivamente, el resultado fue desalentador porque la mayoría ni siquiera contestó la solicitud –45 por ciento de los 68 ayuntamientos requeridos–, por lo que se presentaron los respectivos recursos de revisión, y esto significó que en varios casos recibimos el primer informe ya casi al concluir su mandato.
Lo anterior corroboró la gran resistencia de autoridades y funcionarios municipales para entregar la información pública que generan, incluyendo documentos evidentemente básicos como es el caso de los informes de gobierno.
Hoy, a casi 20 años de la primera ley de transparencia en el país, hay una gran opacidad respecto de la publicación de los informes de labores de los ayuntamientos. Pareciera que se ha avanzado muy poco en este sentido, pues casi ningún ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía el documento que contiene el informe de gobierno, más allá de notas escuetas o de los mensajes políticos de los alcaldes publicados o transmitidos en sus redes sociales.
En esta edición de Monitor de Guerrero presentamos un balance, no como resultado de solicitudes de información, sino de la revisión de los portales electrónicos y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). No revisamos los 81 ayuntamientos, sino sólo unos cuantos al azar, suficientes para indicar lo que pasa en Guerrero.
Como se desprende de los hallazgos, los informes de gobierno que deberían convertirse en un mecanismo mínimo de interacción con la ciudadanía, siguen siendo una suerte de información tabú, que los ayuntamientos preocupantemente en su mayoría todavía se resisten a publicar. Y en este tema no hay diferencias de partidos, todos comparten esa inercia de no informar a la gente, no obstante que en julio pasado, en la jornada electoral, fue evidente el mensaje enviado por la ciudadanía, que mostró su hartazgo por la corrupción y las malas gestiones gubernamentales. Hoy, parece que en los ayuntamientos no se ha leído bien ese mandato, por lo que ya no se percibe diferencia entre los ayuntamientos anteriores y los actuales en materia de transparencia: tan opacos unos como los otros.
Los que sí
De la revisión, sólo encontramos tres ayuntamientos que publican el primer informe de gobierno completo en su portal electrónico: Acapulco, Chilpancingo y Atoyac. En el primer municipio, además de transmitir el acto de presentación en redes sociales, también publicó el boletín número 1829, que da cuenta de la reseña del evento. En el informe se destaca que a lo largo de un año se recibieron 395 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se resolvieron 390; informa también que desde diciembre de 2018 cuenta con su Comité de Transparencia y se han realizado tres sesiones; y en el mes de marzo efectuaron el primer curso de capacitación sobre obligaciones de transparencia y el uso y manejo del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.
También, reseñado en el boletín, la presidenta municipal comentó que encontró una administración en quiebra “con faltantes inexplicables” en mobiliario y equipo y con una “enorme deuda que nos obliga aún hoy a funcionar presupuestalmente de manera deficitaria y con números rojos”. Pero advirtió que se impulsan acciones legales para fincar las responsabilidades y sanciones generadas por un quebranto público de más de 450 millones al erario público causados por la anterior administración encabezada por el ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre.
Es el caso de Chilpancingo, recientemente activó un portal electrónico y ahí publica el informe completo del alcalde Antonio Gaspar, pero no en la plataforma nacional de transparencia. Uno de los vínculos con la ciudadanía es un sitio en redes sociales, y fue ahí donde se difundió la presentación de su informe. Un pie de foto publicado en Facebook mencionó que “con la presencia de un gran número de ciudadanos y funcionarios públicos, Toño Gaspar, como en el pueblo lo conocen, rindió su informe de labores donde dio a conocer cada uno de los ejes que han sido fundamentales en su administración, teniendo como base la transparencia y rendición de cuentas de manera puntual y oportuna”.
En su discurso advirtió que el ayuntamiento enfrentará un déficit presupuestal de 240 millones de pesos; recibió ingresos extraordinarios por 30 millones de pesos por parte del gobierno del estado” y pidió perdón a aquellos que lo apoyaron en su campaña, pero que no pudo incluirlos en la nómina. “Ya no se puede, porque la nómina municipal está sellada. También a los medios que esperaban firmar un contrato con el ayuntamiento municipal”.
También el ayuntamiento de Atoyac publicó el informe completo de la presidenta municipal Yanelli Hernández Martínez, en su portal electrónico, aunque no en la PNT.
A medias
La gran mayoría de los ayuntamientos de Guerrero no tienen a la vista el primer informe de labores de la administración municipal; unos cuantos difundieron, a través de boletines o en inserciones pagadas en la prensa o con notas escuetas en redes sociales, la noticia de la sesión solemne donde presentaron un resumen del documento. Fueron contados los que transmitieron en vivo a través de las redes sociales el mensaje del presidente municipal.
Es el caso de Coyuca de Benítez, que no cuenta con portal electrónico y tampoco ha publicado el primer informe de gobierno en la PNT, aunque sí trasmitió el mensaje de Alberto de los Santos Díaz en redes sociales, quien afirmó que en Coyuca se implementa un gobierno abierto y participativo y que el ayuntamiento presenta un nivel de apertura y transparencia no visto antes (“audiencias públicas, el día del comisario, de la creación del OIC, de la plataforma digital, del programa un día en tu comunidad, y de las sesiones de cabildo abierto”).
Iguala tampoco publicó nada en su portal ni en la PNT, aunque sí hubo un acto de presentación del informe, reseñado por los diarios locales. El alcalde agradeció al presidente de la República por su apoyo con políticas públicas dirigidas a este municipio, mediante las que se lograron ahorros de casi 30 millones de pesos en la compra del fertilizante, que antes se destinaban del Ramo 33 e impactaba en una reducción de la obra pública.
El ayuntamiento de Eduardo Neri difunde en su portal una nota que reseña el acto de presentación del informe, pero el documento no está ni en el portal ni en la PNT. Mártir de Cuilapan publicó en redes sociales escuetas notas, pero no el documento completo ni en su portal ni en la PNT, mientras que Tecoanapa, aunque trasmitió la presentación del informe y difundió algunas notas en redes sociales, el documento no fue publicado en ningún sitio oficial. Acatepec por su parte, publicó una breve nota sobre la presentación del informe en su portal electrónico.
Los que no
En el caso de Tlapa, lo primero que aparece en el buscador es una foto de gran tamaño que dice: “Un año trabajando para la gente. Dionicio Merced Pichardo García. Primer informe de la esperanza”. Pero del documento del primer informe nada. Ometepec, aun cuando tiene redes sociales no publicó nada sobre su primer informe de gobierno; Chilapa tampoco tiene ninguna mención ni en su portal ni en la PNT. Lo mismo sucede con Ayutla, cuyo consejo de autoridades no tiene ningún registro de su informe de gobierno.
El ayuntamiento de Zihuatanejo no publicó nada ni el su portal ni en la plataforma. El gobierno de Quechultenango curiosamente publica los informes de gobierno de los tres años previos, correspondientes al anterior presidente municipal, pero del actual nada. Teloloapan sólo anunció la presentación del acto, pero no hay registro ni acceso al informe de gobierno.
Tixtla, aun cuando cuenta con portal, no publica nada; sólo en sus redes da cuenta de una nota donde la presidenta municipal Erika Alcaraz Sosa entregó ante el Congreso del Estado su primer informe de labores y en la que remata: “la rendición de cuentas es un ejercicio que fortalece la transparencia y la democracia en Tixtla”.
Ayuntamientos con portal electrónico, pero que no tienen ninguna mención sobre el primer informe de labores son Alcozauca, San Marcos, San Luis Acatlán, Taxco y Petatlán.
Otros ayuntamientos que no tienen portal electrónico ni publicaron nada en la PNT, y por lo tanto, no se sabe nada en esos sitios oficiales sobre el informe de gobierno son Juan R. Escudero y Zirándaro.
Rendición de cuentas
Aunque la revisión no fue exhaustiva, sí permite tener el pulso de lo que sucede en los ayuntamientos guerrerenses en materia de transparencia. Más allá de la obligación legal, elaborar, entregar y publicar ampliamente sus informes de gobierno es una buena práctica que todos los ayuntamientos deberían tener. Sin embargo, todavía se observan grandes resistencias para dar a conocer este documento que, de acuerdo con la ley, da cuenta del estado que guarda la administración municipal. Predominan todavía los actos protocolarios de presentación de informes, más como una actividad política que de rendición de cuentas e información a la población.
Los informes de gobierno son uno de los pocos mecanismos de interacción entre el gobierno municipal y la ciudadanía, ya que a través de la revisión y análisis de estos documentos, ésta puede hacer las observaciones y críticas necesarias de manera informada, a efecto de contribuir a mejorar la gestión pública y de esta manera cerrar el círculo de una real rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Los resultados obtenidos en Guerrero indican que hace falta mucho por hacer. Ya se observó que no es suficiente un ordenamiento legal para poner a disposición de la población este tipo de información, por lo que será necesaria una mayor exigencia ciudadana y la presión de las entidades normativas para que los ayuntamientos cumplan con la ley.

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