martes, 24 de septiembre de 2019

¿Dónde están los informes de gobiernos municipales?


Marcos Méndez Lara
  Existen dos disposiciones legales que exigen a los gobiernos municipales de Guerrero, respectivamente, la presentación del informe de gobierno en un acto protocolario, y la difusión pública de su contenido. En el primer caso se trata de una obligación señalada en la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado; textualmente dice el artículo 73, fracción II de esa ley que los gobiernos municipales deben “Rendir al pueblo en Sesión Solemne, en la primera quincena del mes de septiembre, el informe anual pormenorizado sobre el estado que guarda la administración municipal del cual enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado; en el último año del mandato podrá rendirlo en la Sesión Solemne en que el Ayuntamiento entrante rinda protesta o en Sesión Solemne anterior a la fecha de celebración de ésta”.
Si bien es importante hacer llegar este informe al Ejecutivo y al Congreso, también lo es presentarlo en sesión solemne ante la ciudadanía, y entre más personas sean convocadas –no solo las afines al gobierno– y más datos del quehacer gubernamental se emitan de manera objetiva, mayor información se le estará dando a las y los ciudadanos y mayor será el impacto entre la población.
La difusión profusa del contenido de estos informes de gobierno municipales se vuelve relevante en la medida en que es una de las pocas oportunidades que tiene la ciudadanía para conocer información sobre lo que hacen sus gobernantes. Si este mecanismo de difusión no funciona o es deficiente, difícilmente puede hablarse de una rendición de cuentas plena, o por lo menos de una rendición de cuentas eficaz hacia la ciudadanía, que debiera ser un objetivo primordial de los ayuntamientos, y no sólo rendir informes de manera institucional ante los órganos de control o fiscalizadores.
La Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información es complementaria de la Orgánica del Municipio Libre porque establece como una obligación de los ayuntamientos la transparencia de “Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados” (artículo 81, fracción XXIX). Es decir, también es obligatorio que los informes de labores se difundan, y no sólo que se presenten un acto protocolario o se entreguen a otras entidades gubernamentales.
Hace tres años hicimos un ejercicio para tener una percepción sobre la disposición de los presidentes municipales de dar a conocer su informe de gobierno. Presentamos solicitudes de información a los ayuntamientos municipales –entre el 11 y 17 de octubre de 2016– precisamente para requerirles una copia de su primer informe de gobierno en el trienio pasado. Informamos en ese entonces que 13 municipios ni siquiera habían habilitado el mecanismo correspondiente en la plataforma Info Guerrero. También dijimos que “de las 68 solicitudes de información presentadas, sólo 37 ayuntamientos respondieron, en tanto que 31 gobiernos municipales no contestaron el requerimiento de información”.
Efectivamente, el resultado fue desalentador porque la mayoría ni siquiera contestó la solicitud –45 por ciento de los 68 ayuntamientos requeridos–, por lo que se presentaron los respectivos recursos de revisión, y esto significó que en varios casos recibimos el primer informe ya casi al concluir su mandato.
Lo anterior corroboró la gran resistencia de autoridades y funcionarios municipales para entregar la información pública que generan, incluyendo documentos evidentemente básicos como es el caso de los informes de gobierno.
Hoy, a casi 20 años de la primera ley de transparencia en el país, hay una gran opacidad respecto de la publicación de los informes de labores de los ayuntamientos. Pareciera que se ha avanzado muy poco en este sentido, pues casi ningún ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía el documento que contiene el informe de gobierno, más allá de notas escuetas o de los mensajes políticos de los alcaldes publicados o transmitidos en sus redes sociales.
En esta edición de Monitor de Guerrero presentamos un balance, no como resultado de solicitudes de información, sino de la revisión de los portales electrónicos y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). No revisamos los 81 ayuntamientos, sino sólo unos cuantos al azar, suficientes para indicar lo que pasa en Guerrero.
Como se desprende de los hallazgos, los informes de gobierno que deberían convertirse en un mecanismo mínimo de interacción con la ciudadanía, siguen siendo una suerte de información tabú, que los ayuntamientos preocupantemente en su mayoría todavía se resisten a publicar. Y en este tema no hay diferencias de partidos, todos comparten esa inercia de no informar a la gente, no obstante que en julio pasado, en la jornada electoral, fue evidente el mensaje enviado por la ciudadanía, que mostró su hartazgo por la corrupción y las malas gestiones gubernamentales. Hoy, parece que en los ayuntamientos no se ha leído bien ese mandato, por lo que ya no se percibe diferencia entre los ayuntamientos anteriores y los actuales en materia de transparencia: tan opacos unos como los otros.
Los que sí
De la revisión, sólo encontramos tres ayuntamientos que publican el primer informe de gobierno completo en su portal electrónico: Acapulco, Chilpancingo y Atoyac. En el primer municipio, además de transmitir el acto de presentación en redes sociales, también publicó el boletín número 1829, que da cuenta de la reseña del evento. En el informe se destaca que a lo largo de un año se recibieron 395 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se resolvieron 390; informa también que desde diciembre de 2018 cuenta con su Comité de Transparencia y se han realizado tres sesiones; y en el mes de marzo efectuaron el primer curso de capacitación sobre obligaciones de transparencia y el uso y manejo del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.
También, reseñado en el boletín, la presidenta municipal comentó que encontró una administración en quiebra “con faltantes inexplicables” en mobiliario y equipo y con una “enorme deuda que nos obliga aún hoy a funcionar presupuestalmente de manera deficitaria y con números rojos”. Pero advirtió que se impulsan acciones legales para fincar las responsabilidades y sanciones generadas por un quebranto público de más de 450 millones al erario público causados por la anterior administración encabezada por el ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre.
Es el caso de Chilpancingo, recientemente activó un portal electrónico y ahí publica el informe completo del alcalde Antonio Gaspar, pero no en la plataforma nacional de transparencia. Uno de los vínculos con la ciudadanía es un sitio en redes sociales, y fue ahí donde se difundió la presentación de su informe. Un pie de foto publicado en Facebook mencionó que “con la presencia de un gran número de ciudadanos y funcionarios públicos, Toño Gaspar, como en el pueblo lo conocen, rindió su informe de labores donde dio a conocer cada uno de los ejes que han sido fundamentales en su administración, teniendo como base la transparencia y rendición de cuentas de manera puntual y oportuna”.
En su discurso advirtió que el ayuntamiento enfrentará un déficit presupuestal de 240 millones de pesos; recibió ingresos extraordinarios por 30 millones de pesos por parte del gobierno del estado” y pidió perdón a aquellos que lo apoyaron en su campaña, pero que no pudo incluirlos en la nómina. “Ya no se puede, porque la nómina municipal está sellada. También a los medios que esperaban firmar un contrato con el ayuntamiento municipal”.
También el ayuntamiento de Atoyac publicó el informe completo de la presidenta municipal Yanelli Hernández Martínez, en su portal electrónico, aunque no en la PNT.
A medias
La gran mayoría de los ayuntamientos de Guerrero no tienen a la vista el primer informe de labores de la administración municipal; unos cuantos difundieron, a través de boletines o en inserciones pagadas en la prensa o con notas escuetas en redes sociales, la noticia de la sesión solemne donde presentaron un resumen del documento. Fueron contados los que transmitieron en vivo a través de las redes sociales el mensaje del presidente municipal.
Es el caso de Coyuca de Benítez, que no cuenta con portal electrónico y tampoco ha publicado el primer informe de gobierno en la PNT, aunque sí trasmitió el mensaje de Alberto de los Santos Díaz en redes sociales, quien afirmó que en Coyuca se implementa un gobierno abierto y participativo y que el ayuntamiento presenta un nivel de apertura y transparencia no visto antes (“audiencias públicas, el día del comisario, de la creación del OIC, de la plataforma digital, del programa un día en tu comunidad, y de las sesiones de cabildo abierto”).
Iguala tampoco publicó nada en su portal ni en la PNT, aunque sí hubo un acto de presentación del informe, reseñado por los diarios locales. El alcalde agradeció al presidente de la República por su apoyo con políticas públicas dirigidas a este municipio, mediante las que se lograron ahorros de casi 30 millones de pesos en la compra del fertilizante, que antes se destinaban del Ramo 33 e impactaba en una reducción de la obra pública.
El ayuntamiento de Eduardo Neri difunde en su portal una nota que reseña el acto de presentación del informe, pero el documento no está ni en el portal ni en la PNT. Mártir de Cuilapan publicó en redes sociales escuetas notas, pero no el documento completo ni en su portal ni en la PNT, mientras que Tecoanapa, aunque trasmitió la presentación del informe y difundió algunas notas en redes sociales, el documento no fue publicado en ningún sitio oficial. Acatepec por su parte, publicó una breve nota sobre la presentación del informe en su portal electrónico.
Los que no
En el caso de Tlapa, lo primero que aparece en el buscador es una foto de gran tamaño que dice: “Un año trabajando para la gente. Dionicio Merced Pichardo García. Primer informe de la esperanza”. Pero del documento del primer informe nada. Ometepec, aun cuando tiene redes sociales no publicó nada sobre su primer informe de gobierno; Chilapa tampoco tiene ninguna mención ni en su portal ni en la PNT. Lo mismo sucede con Ayutla, cuyo consejo de autoridades no tiene ningún registro de su informe de gobierno.
El ayuntamiento de Zihuatanejo no publicó nada ni el su portal ni en la plataforma. El gobierno de Quechultenango curiosamente publica los informes de gobierno de los tres años previos, correspondientes al anterior presidente municipal, pero del actual nada. Teloloapan sólo anunció la presentación del acto, pero no hay registro ni acceso al informe de gobierno.
Tixtla, aun cuando cuenta con portal, no publica nada; sólo en sus redes da cuenta de una nota donde la presidenta municipal Erika Alcaraz Sosa entregó ante el Congreso del Estado su primer informe de labores y en la que remata: “la rendición de cuentas es un ejercicio que fortalece la transparencia y la democracia en Tixtla”.
Ayuntamientos con portal electrónico, pero que no tienen ninguna mención sobre el primer informe de labores son Alcozauca, San Marcos, San Luis Acatlán, Taxco y Petatlán.
Otros ayuntamientos que no tienen portal electrónico ni publicaron nada en la PNT, y por lo tanto, no se sabe nada en esos sitios oficiales sobre el informe de gobierno son Juan R. Escudero y Zirándaro.
Rendición de cuentas
Aunque la revisión no fue exhaustiva, sí permite tener el pulso de lo que sucede en los ayuntamientos guerrerenses en materia de transparencia. Más allá de la obligación legal, elaborar, entregar y publicar ampliamente sus informes de gobierno es una buena práctica que todos los ayuntamientos deberían tener. Sin embargo, todavía se observan grandes resistencias para dar a conocer este documento que, de acuerdo con la ley, da cuenta del estado que guarda la administración municipal. Predominan todavía los actos protocolarios de presentación de informes, más como una actividad política que de rendición de cuentas e información a la población.
Los informes de gobierno son uno de los pocos mecanismos de interacción entre el gobierno municipal y la ciudadanía, ya que a través de la revisión y análisis de estos documentos, ésta puede hacer las observaciones y críticas necesarias de manera informada, a efecto de contribuir a mejorar la gestión pública y de esta manera cerrar el círculo de una real rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Los resultados obtenidos en Guerrero indican que hace falta mucho por hacer. Ya se observó que no es suficiente un ordenamiento legal para poner a disposición de la población este tipo de información, por lo que será necesaria una mayor exigencia ciudadana y la presión de las entidades normativas para que los ayuntamientos cumplan con la ley.

martes, 10 de septiembre de 2019

Transparencia, acceso a la información y vinculación con la sociedad



Marcos Méndez Lara
  El ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública es todavía una buena intención en Guerrero. A más de 13 años de que existe un procedimiento formal establecido en la ley para que las y los guerrerenses puedan tener acceso a datos, estadísticas, documentos y en general a toda la información que se genera en el ámbito gubernamental, todavía existen graves obstáculos que impiden que este derecho se cumpla en plenitud.
Así se desprende del balance que hicieron organizaciones sociales y ciudadanas durante dos actividades de análisis sobre la transparencia y el acceso a la información en Guerrero, la semana anterior. Incumplimiento en la publicación de información relevante tanto en la plataforma nacional de transparencia como en los portales de los sujetos obligados para hacer posible el seguimiento ciudadano; la persistencia de argumentos, trabas y trampas para evadir la entrega satisfactoria y completa de información, y la falta de sanciones a quienes incumplen con la ley de transparencia, fueron algunos de los problemas graves que se plantearon durante las actividades en mención.
Pero también se reconoció que las organizaciones y muchos ciudadanos y ciudadanas, a diferencia de cuando se inauguraron los procedimientos formales para ejercer este derecho en 2006, hoy buscan apoyarse en la información pública gubernamental para realizar ejercicios sistemáticos de monitoreo y vigilancia a las políticas públicas, programas, proyectos o acciones específicas diseñadas y operadas por las entidades gubernamentales, con el fin de incidir en su mejoramiento y disminuir en alguna medida las posibilidades de corrupción.
Y también, más allá de la consecución de este fin, de suyo importantísimo, detrás de cada ejercicio de exigencia de rendición de cuentas está también el involucramiento de muchos ciudadanos y ciudadanas que paralelamente están aprendiendo a ejercer su derecho de acceso a la información, lo cual puede llevar como consecuencia al ejercicio de otros derechos.
Cuando ambas intenciones se combinan, la exigencia de rendición de cuentas y el ejercicio de acceso a la información, comienza una verdadera construcción de ciudadanía.
Conversatorio en Acapulco
En Acapulco realizamos un encuentro de organizaciones que tienen en la exigencia de rendición de cuentas, una de sus principales demandas. Los impulsores del proyecto Mi Municipio Acapulco –una plataforma electrónica para publicar con lenguaje ciudadano información relevante sobre ese Ayuntamiento–, plantearon problemas sobre la carencia de información sustantiva tanto en la página electrónica del gobierno municipal como en las respuestas a las solicitudes de información. La información específica del ayuntamiento de Acapulco que no aparece se refiere al presupuesto, el Ramo 33 y el seguimiento a los indicadores del plan municipal de desarrollo.
En este punto se expuso también la pregunta sobre qué hacer para que a los habitantes de las zonas rurales se les garantice su derecho de acceso a la información, cuando regularmente no tiene acceso a internet o no cuentan con el equipo necesario y se les dificulta la comprensión de datos técnicos como los que publican las dependencias; esto sin contar que hay un desconocimiento muy grande sobre los procedimientos para presentar una solicitud de información.
La información sobre los gastos de comunicación social fue otro de los temas que se expusieron, ya que esta información no la publican ni en el gobierno del estado ni en los ayuntamientos, por lo que se debe buscar algún mecanismo de presión para que sí publiquen estos datos.
Igualmente, los participantes cuestionaron la falta de información sobre la asignación y el ejercicio de los recursos destinados al proyecto Línea Rosa, del Ayuntamiento de Acapulco, con el que se buscaba financiar transporte para mujeres, pues precisamente por la falta de claridad, se estima que el recurso ya fue desviado a otras actividades, sin ninguna explicación.
Otros temas que se abordaron fueron la inactividad institucional para iniciar ejercicios locales de gobierno abierto, la falta de información (cuántos son, dónde están, cuáles son sus atribuciones) sobre los comités de salud y los avales ciudadanos, así como la publicación de información para el seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia ambiental.
En la reunión con las organizaciones de Acapulco también se abordaron problemas relativos a los tiempos para resolver un recurso de revisión, el seguimiento de las resoluciones del órgano garante local, así como la falta de sanciones económicas a los sujetos obligados que infringen la ley.
En esta reunión participó el enlace en Guerrero de la Red por la Utilidad Social de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Red USOC), Emilio del Carmen López, quien visitó Guerrero para impulsar la colaboración de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad Civil del INAI con las organizaciones “para el conocimiento, uso y apropiación de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales como instrumentos de utilidad social que permitan fortalecer el ejercicio de otros derechos humanos y la transparencia proactiva”.
Establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil para promover la utilidad de la información pública como una herramienta para atender problemáticas relativas al medio ambiente, obra pública, violencia contra las mujeres y seguridad, entre otras muchas, es un acierto del órgano garante nacional.
En Guerrero, el enlace de la Red USOC se llevó el compromiso de dar seguimiento a las solicitudes de información que presenten las organizaciones, especialmente aquellas que no sean respondidas por los sujetos obligados; asesorar la presentación de recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia local y el INAI, proporcionar material impreso de promoción de la transparencia y el acceso a la información, organizar talleres de capacitación sobre acceso de información y el uso de la plataforma nacional de transparencia, y promover un foro con el tema de la utilidad social de la información, en la que participe un comisionado del INAI.
Contraloría feminista
El 7 de septiembre realizamos un taller de Contraloría Social dirigido a grupos de mujeres feministas y a organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, con el objetivo de analizar información sobre esta práctica ciudadana con miras a integrar una Red de Contraloría Feminista y Ciudadana de Políticas Públicas para la Igualdad Sustantiva en Guerrero.
Además de revisar los antecedentes y el marco jurídico, las participantes expusieron sus experiencias acerca de esta práctica ciudadana, para la cual, la información y la transparencia son componentes esenciales. Durante el taller se comentaron las dificultades del acceso a la información, como la frecuente práctica de los sujetos obligados de no entregar información a quien lo solicita o entregarla de manera parcial o con datos que no corresponden.
En transparencia también se ubicaron muchos problemas, especialmente porque no se publica información relevante para el escrutinio ciudadano, o bien, ésta se difunde en formatos que no permiten su reutilización o son ilegibles, o porque no es fácil el manejo de la plataforma nacional de transparencia. Sin embargo, con los ejercicios que se efectuaron durante esta actividad quedó claro que en la búsqueda de información pública es necesario combinar la revisión de las obligaciones de transparencia de las dependencias con la presentación de solicitudes de información donde se requieran datos específicos. De hecho, la información publicada en la plataforma es “el hilo para seguir la madeja”, es decir, da la pauta y es el referente para investigar temas con mayor detalle utilizando el mecanismo de las solicitudes de información.
También se concluyó que si bien hay un reconocimiento en el marco legal del derecho de la ciudadanía a vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la calidad de los servicios que ofrecen las dependencias (contraloría social institucionalizada), éste tiene alcances limitados para incidir de manera efectiva en el mejoramiento de las políticas públicas o los programas gubernamentales, pues aún hay vacíos en los lineamientos y reglas de operación oficiales que no permiten ni promueven una participación ciudadana más amplia, ni abren espacios para que su acción colectiva tenga consecuencias en la gestión pública.
Comentaron entonces, que las experiencias exitosas de contraloría social han recurrido a estos mecanismos formales de vigilancia, pero también a otras formas de participación como movilizaciones (plantones, marchas), alianzas con universidades, colegios de profesionales y otras organizaciones, y a la asesoría de actores independientes sobre temas específicos.
Función del CPC
Las actividades que aquí describimos se realizan en cumplimiento de la función que tiene el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero de vincularse con diversos actores de la sociedad. Se trata de una estrategia en la que se busca apoyar a las organizaciones o grupos de ciudadanos en su exigencia de rendición de cuentas a los servidores públicos o dependencias gubernamentales, particularmente promoviendo el acercamiento de instituciones que pueden ser aliadas en su labor o directamente con reuniones de capacitación y análisis sobre diversos temas que interesan a las organizaciones.
Priorizamos esta forma de vinculación porque creemos que puede ser más útil a las y los ciudadanos, por encima de firma de convenios de colaboración u otras formas de interrelación. La intención es tratar de generar confianza en el CPC y en general en el Sistema, ya que es de conocimiento público el déficit de participación ciudadana en los asuntos públicos, debido en gran parte a la desconfianza en las instituciones gubernamentales.
La quincena más reciente, el CPC realizó varias actividades con la sociedad civil. El 21 de agosto se organizó un encuentro con rectores y directores de escuelas de educación media superior y superior, públicas y privadas, a efecto de proponerles un modelo de estándar ético para universitarios. Independientemente de que la mayoría de las instituciones asistentes cuentan con su propio código de ética o conducta, la propuesta es que suscriban un documento de compromiso ético en una plataforma pública que estará a la vista de todos, eso es lo que hace diferente a este mecanismo de los códigos de conducta tradicionales.
Ese mismo día, y con la participación del presidente del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa, se buscó promover un esquema similar (la firma de un estándar ético) entre los profesionales de la abogacía. Se invitó a varios colegios y organizaciones de abogados, y aunque en general la mayoría encontró importante el compromiso, varios abogados denostaron este ejercicio ciudadano con el argumento de que nadie les iba a imponer como debían conducirse. López Presa comentó al final del evento que había asistido a presentaciones de esta plataforma en 20 entidades federativas y en ningún estado había encontrado resistencia, sólo en Guerrero. Afirmó que algunos firmarán el compromiso de manera voluntaria, pero otros se sentirán amenazados porque “el estándar ético compromete a seguir una actuación impecable, recta, y en algunos casos no se va a dar”, dijo el presidente del CPC nacional en entrevista con este diario.
Sin duda, hay mucho que hacer pues este tipo de percepciones denotaron un gran desconocimiento sobre el sistema estatal anticorrupción y además que debe cambiar la forma de pensar y actuar, no sólo de quienes realizan una actividad pública, sino de cualquier mexicano.
Las actividades del conversatorio de la transparencia con organizaciones y el INAI, y el taller de reflexión y análisis para construir una contraloría ciudadana feminista también se inscriben en esa ruta de buscar vínculos con organizaciones sociales y de la sociedad civil.
Invitación
Hacemos una atenta invitación para que nos escuchen en Monitor de Guerrero Radio. Sintonícenos por el 106.3 de FM en esta capital, o bien, por medio del sitio www.consentidosocialac.com. También estamos transmitiendo a través de la página de Facebook de Comunicación para el Desarrollo Comunitario AC. Los esperamos todos los miércoles a las 10:00 horas para analizar y comentar temas de transparencia y rendición de cuentas.