Una iniciativa ciudadana para promover la participación

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

La Universidad Campesina del Sur y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron en días pasados un portal electrónico destinado a ciudadanos para la vigilancia de la transparencia y la rendición de cuentas del ayuntamiento de Acapulco (http://mimunicipio.org/). Se trata de una herramienta tecnológica que puede ser útil para propiciar la participación ciudadana y buscar la incidencia en el ayuntamiento hacia una mejor eficiencia y eficacia de la gestión pública municipal.
La singularidad de la iniciativa no es el uso de la tecnología para promover la participación ciudadana, pues ya hay muchas experiencias de este tipo en el país; sino el hecho de que se desarrolle en Guerrero y que detrás de ella haya grupos ciudadanos interesados y preocupados por lo que sucede en su municipio. Guerrero cuenta con escasísimos ejercicios ciudadanos, serios y apartidistas, que busquen la vigilancia y acompañamiento al gobierno sea estatal o municipal; de ahí que Mi Municipio Acapulco, iniciativa ciudadana para un mejor Acapulco sea un proyecto destacable.
Según un comunicado de prensa de las organizaciones promotoras del proyecto, “esta iniciativa ciudadana busca visibilizar información en tres temas fundamentales: Plan Municipal de Desarrollo (PMD), Presupuesto público y Funcionamiento del Cabildo. La información que se maneja en el micrositio es pública, útil y oficial”.
Efectivamente, son tres bloques de información estratégicos que la ciudadanía debe conocer. El Plan Municipal de Desarrollo, por ejemplo, es un documento en el que debe haber una participación activa de la ciudadanía, desde su construcción hasta su evaluación. No hay pretexto de las autoridades municipales para no permitir la intervención ciudadana, pues las leyes de planeación federal y estatal son claras en cuanto a que dichos procesos de planeación deben ser participativos.
Tradicionalmente los planes municipales han sido documentos que sirven sólo para cumplir un requisito exigido por la ley, y por ello se redactan desde un escritorio y sin el componente participativo. Por ello es un acierto de las organizaciones incluir el seguimiento al plan municipal de desarrollo, pues es saludable y necesario que la ciudadanía observe con cierto detalle lo que hace su ayuntamiento. El plan contiene, por fortuna, una serie de indicadores (de estrategias, de líneas de acción; y de instrumentación, control y evaluación) y hacia su evaluación debe enfocarse la atención ciudadana.
El análisis del plan en reuniones por colonia, gremio u otros grupos específicos será un excelente ejercicio pedagógico para la construcción de ciudadanía, pero la vinculación con las autoridades del ayuntamiento para la evaluación conjunta del nivel de cumplimiento de los indicadores, permitirá también la incidencia hacia aquellas acciones y proyectos gubernamentales que se rezaguen.
El seguimiento al presupuesto es otro de los rubros incluidos en el portal. Por ejemplo, ya tienen el dato de que en el ejercicio 2019 el ayuntamiento se gastará 3 mil 483.5 millones de pesos, y según su clasificación funcional, en el rubro Gobierno se ejercerán mil 572.6 millones, en Desarrollo Social mil 675.2 millones, en Desarrollo Económico 119.3 millones y en otros rubros 116.2 millones de pesos.
Cabe mencionar que uno de los rubros de mayor interés para la ciudadanía es el gasto destinado a obra pública y que corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33. De acuerdo con el periódico oficial del estado del 29 de enero de 2019, donde se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, entre los municipios del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2019, al municipio de Acapulco le correspondieron 646.9 millones de pesos.
El portal aún no cuenta con la propuesta de inversión de este monto del FISM, es decir, el documento donde se informa sobre las obras que serán construidas, la comunidad o colonia donde se realizarán, el monto de cada una, el número de beneficiarios, entre otros datos. Es importantísimo divulgar esta información clave porque es un generador directo de participación, es decir, donde la ciudadanía realmente participa de manera directa en la vigilancia de las obras. Se espera que, a diferencia de otras administraciones, la de Adela Román Ocampo sí dé a conocer estos datos a la brevedad y de manera completa.
Finalmente, otro de los rubros de información que busca difundir Mi Municipio Acapulco es la relativa al cabildo, especialmente datos relativos a las funciones de regidores y síndicos, las convocatorias y reuniones de ese órgano colegiado, además de la programación de las sesiones abiertas a la ciudadanía, la publicación de las actas y su transmisión en vivo. Estos datos permiten saber a la ciudadanía qué hacen y qué decisiones toman sus representantes populares en el ayuntamiento.
Lo que le falta
Como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero asistí a la presentación del portal Mi Municipio Acapulco, ya que se trata de una iniciativa ciudadana de la que no deberíamos estar desvinculados como CPC. Propuse ese día que había tres rubros de información que afectaban las finanzas del ayuntamiento porteño y en general el ejercicio de los recursos públicos y que no estaban consideradas dentro de esta iniciativa ciudadana.
El primero es la deuda del municipio, pues este tema, por la opacidad y discrecionalidad con que se ha manejado en Acapulco, ha propiciado muchos problemas financieros en el ayuntamiento. El documento Estado analítico de la deuda y otros pasivos al 30 de septiembre de 2018 dice que es de 2 mil 225.2 millones de pesos, un monto significativo respecto de lo que recibe anualmente el gobierno. El manejo que le da el ayuntamiento a la deuda sin duda es un tema de interés para los ciudadanos y que podría monitorearse de manera continua.
Otro de los temas que propuse para ser abordados en el portal ciudadano es el de los Gastos de Gestoría de los regidores y síndicos del ayuntamiento de Acapulco. Se esperaba que el actual cabildo, considerando que el tema de la corrupción había sido uno de los más señalados en las elecciones pasadas, ejercería de manera distinta este fondo que les otorga el gobierno municipal con recursos propios.
Pero no. 140 mil pesos mensuales son entregados a cada uno a efecto de ser ejercidos sin reglas de operación, regularmente con fines clientelares, con dudosa comprobación y de manera discrecional. Los regidores tienen que rendir cuentas de estos recursos ante la ciudadanía, pues es uno de los gastos más opacos.
Y el último rubro de información que propuse fue el de la plantilla de personal y la nómina del ayuntamiento. Para nadie es un secreto que el presupuesto destinado a los trabajadores y funcionarios, la ampliación regular o irregular de la plantilla cada tres años y el pago de laudos laborales tienen repercusiones directas en el gasto total del gobierno. En días pasados la presidenta municipal afirmó que hay “casi 10 mil trabajadores” en el ayuntamiento, según una nota de Novedades Acapulco; en tanto que en su portal de transparencia sólo registran a 114 funcionarios de mandos medios y superiores.
El abultado gasto en nómina puede paralizar a un ayuntamiento, como en el caso de Chilpancingo, donde el mayor problema que enfrentan actualmente es cómo pagar la quincena de aproximadamente 3 mil 500 trabajadores, sin tener fuentes de ingresos adicionales; es un déficit que los ahoga.
Aunque es importante publicar esta información –a través de los sitios institucionales del ayuntamiento o de manera más focalizada, como es el caso de Mi Municipio Acapulco– también se requiere analizar y evaluar estos datos a través de mesas de trabajo o foros abiertos en colonias, barrios, comunidades u otros espacios o con otros mecanismos, si el propósito es construir ciudadanía. La información publicada –si es “digerida”, focalizada, mejor– es sólo el primer paso, pues su discusión colectiva y las acciones que la ciudadanía pueda tomar para contribuir a hacer eficiente la administración municipal deben ser uno de los grandes objetivos de las organizaciones que promueven esta herramienta tecnológica.
En efecto, el proyecto debe incluir también un propósito de incidencia hacia el ayuntamiento por medio de mecanismos de monitoreo y vigilancia ciudadanos y de diálogo con los funcionarios y autoridades del gobierno, a efecto de señalar y denunciar las irregularidades que se detecten. Lo anterior implica construir un espacio de diálogo-negociación con el gobierno municipal.
Plataforma nacional
Desde 2014 tenemos en México una política nacional de transparencia, uno de cuyos objetivos esenciales es la gestión de un catálogo de temas de información pública gubernamental a través del diseño y la puesta en operación de una plataforma nacional de transparencia. A cinco años, hay una cantidad considerable de dependencias públicas que no suben su información o lo hacen parcialmente. Pero también ya está disponible mucha información relevante de aquellos sujetos obligados que sí han cumplido con sus obligaciones de transparencia.
Hemos comentado en este espacio que la modalidad, ordenada por la Ley General de Transparencia, para que las dependencias públicas concreten su transparencia mediante la utilización de una plataforma electrónica excluye de su derecho a la información a miles de guerrerenses que no tienen acceso a un dispositivo electrónico, o viven en sitios que carecen de conectividad o simplemente porque desconocen tanto el funcionamiento de estos medios digitales como de las estructuras gubernamentales que les permitirían “navegar” y dar sin dificultades con la información que requieren.
Muchos nos hemos referido, ya no a las fallas técnicas que desde sus inicios ha presentado la plataforma, sino al formato poco “amigable” o intuitivo que tenía la primera versión de la PNT que comenzó a funcionar en 2016. La versión 2.0 de la plataforma, cuyo lanzamiento fue el 8 de abril de este año, resuelve en parte el confuso formato de la plataforma inicial porque “incluye mejoras que harán más fácil su uso y posibilitarán el despliegue de gráficos y comparativos”, según el comisionado del Inai, Óscar Guerra Ford.
No descalificamos el esfuerzo del órgano garante para tener en un solo dispositivo la información de todas las dependencias y que además la forma de presentarla pretenda cumplir con las expectativas de los habitantes de todo el país. Sin embargo, deja muchos vacíos en el caso de Guerrero.
El proyecto de la Unicam Sur tiene como uno de sus propósitos precisamente poner a disposición de la ciudadanía aquella información útil y en lenguaje ciudadano que genera el ayuntamiento de Acapulco. Si uno entra a la plataforma nacional de transparencia, incluso a la versión 2.0 “mejorada”, es fácil perderse entre muchos datos. El valor agregado de Mi Municipio Acapulco es que busca facilitar el acceso a la información a las personas publicando los datos de más interés para los ciudadanos, aquellos que le pueden ser útiles en su vida cotidiana y de los que puede obtener un beneficio ya sea individual o para los colectivos en que participa.
Las organizaciones locales que impulsan esta iniciativa ciudadana son Movimiento Identidad Acapulqueña, Eco Incluyente, Universidad Campesina del Sur y Ciudadano 2.0. Y para la alimentación, operación y mejora del portal cuentan con el acompañamiento tecnológico de las organizaciones Coalición Pro Municipio que trabaja temas de transparencia en seis entidades del país; y el apoyo técnico de SocialTIC, organismo especializado en tecnologías de información; y del programa CCiudadano del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Regidor 19
Tal vez la experiencia más cercana a Mi Municipio Acapulco sea la de Regidor 19, un proyecto exitoso puesto en marcha hace algunos años para la vigilancia de las actividades del cabildo en Ciudad Juárez, Chihuahua, con la idea de abonar a la democratización de los espacios de toma de decisiones en esa ciudad fronteriza. Algunos de sus logros fueron la realización de cabildos abiertos, documentaron y dieron seguimiento a las actividades del cabildo (sueldos, sesiones, asistencia de los regidores, los temas a votar en sesión, el sentido del voto emitido por cada regidor).
Asimismo, lograron el uso de redes y la publicación de un boletín para mantener informada a su comunidad sobre las actividades del cabildo y efectuar reuniones para capacitar a los ciudadanos voluntarios sobre cómo participar en el proyecto Regidor 19.
Esperemos que Mi Municipio Acapulco también tenga buenos resultados.

¿Qué se logra con la transparencia y el acceso a la información?

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El 11 de junio se cumplen 17 años de que se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La fecha es importante porque fue un referente y el punto de arranque para que los congresos locales –excepto en Sinaloa, donde tuvieron poco antes su propia ley– legislaran el derecho de acceso a la información y las obligaciones de transparencia.
¿Qué se ha logrado en la vida cotidiana de los mexicanos y en la democracia del país con la legislación y aplicación de estas leyes? Difíciles respuestas porque no es fácil cuantificar el ejercicio de este derecho como mecanismo de empoderamiento social, ni tampoco su función de contrapeso al poder que puede fortalecer la democracia y el Estado de derecho en el país.
Los datos cuantitativos sobre el acceso a la información sí están asequibles y se pueden conseguir sin dificultad; son un indicador relevante de lo que ha sucedido en estos 17 años de vida de la legislación de transparencia y acceso a la información. El Instituto Nacional de Transparencia (antes IFAI) cada año da a conocer estas cifras, por ejemplo, en el primer año de vigencia de la ley se presentaron 36 mil 744 solicitudes de información –3 mil 150 mensuales en promedio– en el periodo del 12 de junio de 2002 al 15 de mayo de 2003. Diez años después, en el décimo informe de labores del Instituto, la cifra se había incrementado significativamente a 131 mil 154 solicitudes de información.
En el más reciente informe del INAI, correspondiente al periodo de septiembre de 2017 a octubre de 2018, ese organismo reporta que se presentaron 228 mil 133 requerimientos de información en el nivel federal. Es decir, de 2002 a 2018 se han presentado un total de un millón 703 solicitudes de información y 369 mil 177 solicitudes de datos personales.
En Guerrero, aunque no se tienen datos precisos, por la manipulación de que fueron objeto las cifras por el propio órgano garante local antes de 2011, también se observa una mayor disposición de la ciudadanía. De 300 solicitudes anuales que calculamos se presentaban en los primeros años luego de la entrada en vigor de la ley estatal de transparencia en 2006, hoy tenemos registros más fidedignos y las solicitudes se dispararon hasta 7 mil 818 en el ejercicio 2018.
Estos datos duros reflejan el creciente interés por la información pública por parte de los ciudadanos y la saludable práctica de utilizar los mecanismos que establece la ley para tal fin. Sin embargo, no conocemos con precisión qué repercusiones tiene el ejercicio de este derecho en el mejoramiento de la vida cotidiana de las personas, salvo aquellas experiencias exitosas en donde la información ha sido útil para que algunos grupos de población tomen las mejores decisiones ante problemas colectivos.
Tal vez estén mejor documentados aquellos casos en donde la información que sale a la luz pública mediante este tipo de procedimientos propicia la polémica y el análisis de temas de interés general que tienen que ver con las decisiones y acciones de los gobiernos en sus tres órdenes. Este tipo de prácticas sin duda fortalecen la democracia en el país, pero son más difíciles de medir.
Una pista de lo que sucede en este ámbito es el trabajo del gremio periodístico y los resultados que han obtenido al publicar trabajos de análisis y denuncia a partir del ejercicio de este derecho. Hay en existencia muchos reportajes que emplearon como uno de sus componentes fundamentales los datos obtenidos por medio de solicitudes de información. Algunos de los casos recientes con más impacto fueron La Casa Blanca de Peña Nieto y La Estafa Maestra, que cimbraron al gobierno federal e influyeron en las decisiones del expresidente y de su gabinete, y sin duda modificaron la percepción de la ciudadanía hacia ese equipo de gobierno.
Como en estos casos, hay numerosas piezas periodísticas que tuvieron impactos más localizados en algunas dependencias específicas o en estados o municipios, aunque es difícil medir en qué medida cambiaron el curso de las acciones y decisiones públicas gubernamentales.
Casos del INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el órgano garante que tiene más casos documentados sobre experiencias de acceso a la información que tuvieron una repercusión pública importante.
En febrero pasado, por ejemplo, el órgano garante nacional presentó el libro INAI. Resoluciones relevantes y polémicas (12 casos líderes), que analiza y comenta casos en donde el INAI tuvo un papel relevante en la difusión de información de interés público, como es el caso de las desapariciones de la escuela normal de Ayotzinapa, en donde se ordenó la apertura de la información con una averiguación previa en curso, hecho que no se había realizado antes. El órgano garante logró que se abrieran los expedientes de Ayotzinapa, a pesar del argumento de que debían reservarse por existir una averiguación previa. Esto se concretó gracias a la salvedad de que, cuando se trata de investigaciones que vulneran los derechos fundamentales o de delitos de lesa humanidad, estos deben ser públicos.
Otro caso relevante de los que se publican en el libro es el de la matanza de San Fernando, donde el entonces IFAI (2014) determinó que la Procuraduría General de la República debía hacer públicos los documentos relacionados con la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Otro caso con resonancia nacional es el que se relaciona con la operación de la empresa Odebrecht. En octubre de 2018, el INAI ordenó dar a conocer la averiguación previa del caso Odebrecht, por ser de interés público y desde entonces ha emitido resoluciones para hacer pública información sobre este caso, como dar a conocer la lista de quien ha declarado o las actas ministeriales, pero la Fiscalía General se ha negado porque argumenta que se vulneraría el debido proceso. El INAI sostiene que la difusión de la versión pública del expediente no viola el debido proceso, ya que sólo se va a dar información sobre las actuaciones del Ministerio Público. “No hay un ejemplo, a nivel internacional, que un juicio o un proceso seguido en forma de juicio o del Ministerio Público, se haya caído por un asunto de información pública” dijo el comisionado del INAI que llevó el caso, Óscar Guerra Ford.
Casos actuales
En las semanas recientes se han dado a conocer casos relevantes donde el INAI ordena la entrega de información a los ciudadanos, luego del trámite de un recurso de revisión. Los casos que comentamos más adelante abordan temas que están en boga en la opinión pública. Uno de los más recientes es el de la resolución que emitió el INAI para que la Oficina de la Presidencia de la República entregara a un particular los nombres de las personas físicas y morales de medios de comunicación contratados por concepto de publicidad, entre el 1 de enero de 2012 y el 21 de enero de 2019.
La información se entregó al solicitante y se hizo pública parcialmente a través del diario Reforma provocando un intenso revuelo mediático, ya que era la primera vez que se publicaban los nombres de periodistas y medios que recibían recursos del erario por el pago de publicidad. Amén de las justificaciones de la mayoría de los periodistas y medios que venían en la lista para argumentar que el dinero recibido era legítimo, lo cierto es que se trata de un ejercicio saludable, pues contribuye a presionar hacia una más justa distribución de los recursos de comunicación social, a un ejercicio profesional e imparcial del periodismo y al establecimiento de criterios y políticas para la asignación del gasto destinado a publicidad oficial. También es útil para que la ciudadanía pueda ejercer su escrutinio sobre quienes reciben dinero de comunicación social.
Hay otros casos recientes donde se solicitó información acerca de las decisiones tomadas por el actual gobierno de la república respecto de programas sociales u obras públicas polémicas. Hay que decir que la rendición de cuentas no sólo implica brindar y transparentar información, sino también explicar y justificar por qué se tomaron esas decisiones.
El INAI ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República entregar información sobre los 70 hospitales inconclusos a los que se refirió el presidente de la República en el mensaje de sus primeros cien días de gobierno. La resolución dice que los datos a entregar deberán incluir la ubicación, el monto de la obra y la etapa en que se encuentran. Y es que el particular que presentó la solicitud interpuso un recurso de revisión ante el INAI porque la Oficina de la Presidencia se había declarado incompetente para conocer los documentos y lo “orientó” a presentar su solicitud ante la Secretaría de Salud. Sin embargo, en el análisis del caso, a cargo del comisionado Joel Salas Suárez, se determinó que sí cuenta con atribuciones para conocer la información solicitada.
Otro caso también polémico es el de la refinería de Dos Bocas. En su resolución, el INAI instruyó a Petróleos Mexicanos para que informara sobre el estudio de impacto ambiental y presupuesto del proyecto para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov explicó que un particular solicitó la información y en respuesta, Pemex informó que la información solicitada no fue localizada porque la Gerencia de Desarrollo de Proyectos no es la responsable del proyecto y de la construcción de la refinería Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. “Desde la perspectiva de un servidor, el proyecto de Dos Bocas es de gran envergadura por el nuevo gobierno y es de suma trascendencia e interés para la ciudadanía”, puntualizó Monterrey Chepov.
El caso de las estancias infantiles también fue abordado por el INAI, luego de recursos de revisión presentados por particulares. Para este programa social tan controvertido en el nuevo gobierno federal, el órgano garante federal instruyó a la Secretaría de Bienestar para que informara sobre las anomalías en las instancias infantiles, copias de las denuncias, la documentación de dichas irregularidades y sanciones a funcionarios.
Le correspondió a la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena analizar el caso, y al respecto informó que un particular se inconformó con la respuesta de la Secretaría de Bienestar, pues ésta había indicado que era incompetente para conocer de lo solicitado, toda vez que esa dependencia tenía como propósito fortalecer el desarrollo, inclusión y la cohesión social en el país. En su respuesta, y al aclarar que la dependencia no es la responsable de dicha información, pidió al particular presentar su requerimiento a la Secretaría de la Función Pública.
También hay casos donde la ciudadanía presenta solicitudes para conocer información que afecta a sus comunidades, como en la resolución donde el INAI ordena a la Comisión Nacional del Agua dar a conocer los resultados del estudio microbiológico realizado a la Cuenca del Valle del Jovel, en el acuífero San Cristóbal de las Casas 0712, en el estado de Chiapas. En esa ocasión, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que el acceso adecuado a los servicios de provisión y saneamiento del agua es crucial para la reducción de la mortalidad y morbilidad entre la población, la disminución de enfermedades de transmisión hídrica, como la hepatitis viral, la fiebre tifoidea, cólera, disentería y otras causantes de diarrea, así como de otras afecciones a consecuencia del consumo de componentes químicos.
Otro caso similar es el de la instrucción para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregara una versión pública de la Cédula de Operación Anual 2016 y 2017 de una empresa dedicada al manejo, acopio, tratamiento y transporte de residuos peligrosos. La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó la importancia de generar sinergias y acuerdos entre las organizaciones sociales, las autoridades, los expertos y el sector privado para materializar acciones concretas enfocadas a proteger y prevenir efectos negativos del entorno ambiental que dañen a los individuos y a la colectividad.
“Dar acceso a la información relacionada con el manejo de residuos peligroso o tóxicos, además de ser de interés público, brinda elementos informativos a la sociedad para que pueda conocer más sobre el uso de los recursos naturales que tiene a su alcance, los niveles de contaminación que se generan diariamente y el destino final de estos materiales contaminantes para fomentar así una conciencia ambiental nacional”, indicó la comisionada.
Y aunque no se hayan elaborado indicadores ni metodologías para medir los impactos de la transparencia y el acceso a la información, debemos festejar esta andanza de 17 años de ejercicio sistemático del derecho a saber.