Se implementa el sistema anticorrupción en Guerrero

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

En unos días comenzará la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Su puesta en marcha es un proceso que no resultará fácil, como toda política pública nueva, y entre sus desafíos importantes estará convencer a la sociedad de que el sistema es un instrumento que efectivamente puede contribuir a prevenir, indagar y sancionar los actos de corrupción y las faltas administrativas. Mucho dependerá de la entrega de buenos resultados y de la capacidad de comunicarlos que pueda superarse la incredulidad actual en este tipo de acciones que percibe buena parte de la sociedad.
El otro gran reto es remover las inercias que seguramente se presentarán en el proceso, resistencias a cambiar prácticas de parte de servidores públicos y autoridades gubernamentales, pero también de particulares que participan en estos actos, y es este punto donde probablemente se aletargue la consecución de resultados de corto y mediano plazos. Todo dependerá de la disposición a aceptar los cambios.
A nivel nacional, el sistema anticorrupción generó enormes expectativas desde el inicio de su implementación en abril de 2018, incluso antes, cuando en 2015 se aprobaron los cambios constitucionales y de varias leyes para hacerlo posible. Sin embargo, la conformación del sistema se ha tropezado con distintos problemas, entre ellos, la falta de designación de todos los titulares de las dependencias considerados en el sistema, que incluso hoy, algunos aún no se designan. Pero también se encontraron problemas como no contar con recursos ni infraestructura básica para la operación.
En las entidades federativas se han encontrado otro tipo de problemas. Primero, el retraso de las legislaturas locales para homologar las leyes locales a lo que dicta la Constitución de la república y las diferentes leyes generales que se aprobaron para el efecto. Pero también la confección de dichas normas, que en varios de los casos no cumplían con los estándares mínimos y requirieron ajustes o complementos.
En el caso del estado de Guerrero, la reforma a la constitución local y la hechura de las leyes satisfizo las bases que se requerían para estar a tono con la Constitución y las leyes generales; también, el proceso de aprobación se dio dentro del plazo límite que tenían las legislaturas estatales, que fue el 18 de julio de 2017.
La integración de los comités de participación ciudadana (CPC) –uno de los siete componentes institucionales que integran los sistemas anticorrupción nacional y estatales–, también se vieron empañados. En el caso de la selección del CPC nacional no hubo prácticamente inconformidades, y el primer año fue presidido por Jaqueline Peschard, y el segundo, hasta febrero de 2019, está a cargo de Mariclaire Acosta Urquidi. Tal vez contribuyó mucho que los procesos de selección han sido impecables, lejos de todo “sospechosísmo”.
Sin embargo, en los estados no siempre fue así. En la prensa se registraron numerosas denuncias de grupos o personas que expresaron su inconformidad por la “captura” de los comités de participación ciudadana por los gobernadores o por los legislativos estatales. Cada estado gestionó estas inconformidades de manera distinta.
En el caso de Guerrero no opinaré sobre cómo fuimos electos los miembros del comité de participación ciudadana porque me convertiría en juez y parte. Lo que sí expresaré es que el proceso se retrasó varios meses –la LXI Legislatura del Congreso del estado debió elegir una comisión de selección del CPC en los tres primeros tres meses de 2018 y lo hizo hasta agosto. Después de una serie de requisitos y entrevistas, el 4 de diciembre de 2018 recibimos nuestro nombramiento como integrantes del comité de participación ciudadana.
Descripción del sistema
El sistema estatal anticorrupción es un mecanismo de coordinación complejo que merece una breve descripción. Forma parte de una política nacional que normativamente comenzó a gestarse en mayo de 2015, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
En particular, el artículo 113 fue modificado con el objetivo de crear el nuevo sistema anticorrupción, establecer su integración básica y sus principales funciones, así como incluir a los sistemas estatales anticorrupción. Meses después se aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción donde se describen los nuevos cambios.
En el estado de Guerrero, ordenado por la Constitución de la República y las leyes generales creadas o modificadas, también se adecuaron las normas locales para dar origen al sistema estatal anticorrupción, que se compone, de acuerdo con la Ley 462 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, por los integrantes de un comité coordinador, un comité de participación ciudadana, el comité rector del Sistema de Fiscalización en el estado; y los municipios del Estado, quienes concurrirán a través de sus representantes.
Visto así, tal vez parezca una estructura simple, pero si se observa con más detalle, el mecanismo se hace más complicado. Trataré de describir los componentes más importantes.
Las decisiones importantes del sistema estatal anticorrupción serán tomadas por un comité coordinador integrado por los titulares de las siguientes instituciones: Auditoría Superior del Estado, Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Tribunal de Justicia Administrativa (antes de lo Contencioso Administrativo), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Judicatura del Poder Judicial.
El comité coordinador será encabezado por el presidente del comité de participación ciudadana que, como se mencionó antes, nació formalmente el 4 de diciembre de 2018, luego de un proceso de selección a cargo de una comisión de ciudadanos.
El sistema estatal anticorrupción, como lo establece la ley respectiva, tiene el propósito de “establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del estado y sus municipios en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”. En pocas palabras, es su misión establecer, articular y evaluar la política anticorrupción en el estado.
El Comité de Participación Ciudadana
El diseño institucional del sistema anticorrupción tiene una peculiaridad: como parte de la estructura del sistema se incluyó una representación ciudadana. Esto no había sucedido en el diseño de políticas anteriores, ya que los mecanismos de participación ciudadana habían tenido un carácter de consultivos, en el mejor de los casos, pero difícilmente podrían encontrarse casos de acciones gubernamentales donde se incluyera a la ciudadanía en la toma de decisiones.
El presidente del comité ciudadano tendrá a su cargo también la presidencia del comité coordinador del sistema, aunque esto no quiere decir que sus opiniones y propuestas sean las que prevalecerán, sino que será un voto entre los siete posibles.
Pero el comité de participación ciudadana también tiene un compromiso legal e ineludible con la ciudadanía. El 9 de enero, fecha en que se instaló el CPC, dije que este organismo ciudadano “debe convertirse en la correa de transmisión entre la ciudadanía y este sistema anticorrupción”, y agregué que no buscábamos erigirnos en representantes de la sociedad, sino que aspirábamos “a servir de puente, a llevar las demandas, las propuestas, las inquietudes de las personas, de las organizaciones, de la academia, los profesionales, de los empresarios que tengan que aportar para erradicar y disminuir la corrupción, llevarlas y darlas a conocer ante las instituciones gubernamentales encargadas de su combate”.
En efecto, la ley exige que el CPC tenga una interacción constante con diferentes grupos de la sociedad civil precisamente para la emisión de propuestas, su análisis y reflexión y su posterior presentación ante el comité coordinador. Es una función que el CPC debe realizar obligado por la ley y que las y los guerrerenses deben cuidar y alimentar constantemente.
Secretaría ejecutiva
El comité coordinador se apoyará en un organismo técnico denominado Secretaría Ejecutiva; ésta se integrará por personal especializado que se encargará no sólo de la gestión administrativa, sino de proporcionar los insumos necesarios para la elaboración, seguimiento y evaluación de la política pública anticorrupción en el estado.
La secretaría técnica se creará como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión. El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, estará integrado por los miembros del comité coordinador y será presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana.
Finalmente, también se creará una comisión ejecutiva, la cual elaborará también insumos técnicos destinados al comité coordinador a efecto de que éste realice sus funciones. Ésta se integra por los miembros del comité de participación ciudadana, excepto su presidente, y el secretario técnico.
Como se observa, el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción será complejo. La creación de las nuevas áreas técnicas y administrativas, así como de los procedimientos para la coordinación y funcionamiento será pausado, y evidentemente los resultados de este sistema no podrán palparse en el corto plazo. Ojalá que no sea éste un factor para el desaliento y la incredulidad de la sociedad.
Los planes
Fui seleccionado presidente del comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción y estaré en este organismo sólo un año. Por tratarse de un organismo ciudadano, tendré la oportunidad, sin ningún conflicto de interés, de continuar escribiendo esta columna, conducir el programa de radio también llamado Monitor de Guerrero y estar en la asociación civil y en las redes de organizaciones a las que estamos afiliados como Comunica y Ciudadanos por Municipios Transparentes.
En este corto tiempo, tengo el propósito de impulsar tres temas que tienen que ver con la fase de prevención de la corrupción en el estado: la transparencia, la contraloría social o ciudadana y acciones de control en los ayuntamientos.
En este espacio lo hemos abordado, el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de parte de las dependencias públicas del estado es muy bajo, y al respecto se pueden promover diversas medidas como la profesionalización de los titulares de las unidades de transparencia, particularmente entre los ayuntamientos; la puesta en marcha del consejo consultivo del Itaigro, el fortalecimiento de sus metodologías de monitoreo, y de manera especial, la resolución de aquellos factores que propician la impunidad por no cobrarse multas a los infractores de la ley de transparencia. También propondremos un esquema de transparencia que sea útil en los ayuntamientos pequeños y medianos basado, no en plataformas electrónicas, sino más en sus usos y costumbres.
En contraloría social también buscaremos esquemas apropiados que permitan una verdadera vigilancia ciudadana de los recursos públicos y de la calidad de los servicios, con el apoyo de las organizaciones sociales y civiles que se están integrando a una red, hoy en construcción. Al respecto, promoveremos que las contralorías “institucionales” tengan dientes para que haya consecuencias cuando los ciudadanos denuncien irregularidades; pero también la creación de otros mecanismos de participación ciudadana no explorados suficientemente hasta hoy en el estado, como observatorios ciudadanos, testigos sociales en los procesos de licitación, consejos ciudadanos, etc., apoyados por instituciones como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la Subsecretaría de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal.
Finalmente, en la rendición de cuentas de los ayuntamientos hace falta mucho por hacer. Actualmente ese orden de gobierno en numerosos casos enfrenta problemas financieros muy fuertes que impiden su operación regular y en beneficio de la ciudadanía. Sus controles son muy laxos y la participación ciudadana, insípida, y por ello cada tres años enfrentan los mismos problemas como nóminas abultadas, laudos laborales, deudas, saqueo de los bienes muebles y otros muchos problemas. Algo hay que proponer urgentemente, y abriremos foros para presentar propuestas sobre este tema en el comité coordinador.