Nóminas colapsan finanzas de ayuntamientos

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Las abultadas nóminas que se pagan en las administraciones municipales de Guerrero son ya uno de los factores que ponen en jaque las finanzas de los ayuntamientos. Cada tres años, los alcaldes entrantes se enfrentan a esta problemática que paraliza, aletarga o hace ineficientes las funciones esenciales de este orden de gobierno -prestación de servicios con calidad, construcción de obra pública, operación de programas sociales-, ante la urgencia de pagar a cientos o miles de trabajadores, que no necesariamente son indispensables para cumplir los objetivos de los gobiernos municipales.
Para salir al paso, los ediles hacen malabares con rescates financieros solicitados a la federación, préstamos a cuenta de las participaciones futuras, uso de fondos federalizados no etiquetados para nómina y endeudamiento con fuentes financieras públicas o privadas, esto a consecuencia de decisiones irresponsables que trienio tras trienio toman las autoridades municipales para colocar a sus empleados.
Inmediatamente después de que las nuevas autoridades asumen sus encargos, se conoce el tamaño del problema porque los alcaldes entrantes dan a conocer la crítica situación financiera con que reciben la administración y donde las abultadas nóminas son uno de los factores que originan la crisis. Paradójicamente, después de estos descubrimientos, los alcaldes y funcionarios municipales esconden durante tres años los movimientos que hacen en la plantilla de trabajadores, iniciando desde muy temprano el problema que dejarán a su sucesor.
Es un fenómeno que debe controlarse y erradicarse; la viabilidad de los ayuntamientos como un orden de gobierno que contribuye a resolver problemas específicos de la población está en entredicho, y esto se agravará más si continúa la tendencia de ingresar a trabajadores sin ningún control a la nómina, casi todos ellos relacionados con prácticas de compadrazgo, compromisos políticos y de campaña, amiguismos, y muy rara vez con objetivos de eficiencia y calidad de la administración pública.
Es urgente repensar en cómo fortalecer los controles institucionales y ciudadanos del ejercicio de los recursos públicos y de la toma de decisiones. Si no se hace así, comenzaremos a observar con mayor intensidad endeudamientos impagables de los gobiernos municipales, préstamos anticipados que de manera global entorpecen el desarrollo de los municipios, y éste debe ser el propósito, y no otro, de los gobiernos municipales.
Chilpancingo
Chilpancingo es uno de los ayuntamientos más golpeados por este fenómeno. El problema es tan grande que a principios de diciembre el presidente municipal, Antonio Gaspar Beltrán, reconoció que en el primer mes de gobierno utilizó indebidamente recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del Ramo 33 por 15 millones de pesos para pagar la nómina del gobierno municipal.
También advirtió en otra oportunidad que en 2019 continuará la crisis financiera en el ayuntamiento si la federación no incrementa las participaciones federales del Ramo 28 -fondo del cual sí pueden emplearse recursos para el pago de trabajadores-, pues de lo contrario no habrá dinero para el pago de salarios.
De acuerdo con una nota de Marcial Campuzano, que reseñó una conferencia de prensa reciente del alcalde de Chilpancingo, al iniciar la actual administración se tenía una nómina quincenal de 17 millones 140 mil 911 pesos, la cual fue reducida por Gaspar Beltrán a 16 millones 146 mil pesos durante los dos primeros meses, es decir, por ajustes y reducción de salarios se tuvo una disminución de casi un millón de pesos.
Explicó el alcalde que el gasto en octubre fue de 37.3 millones de pesos, de los cuales para el pago de nómina se destinaron 28.8 millones, aunque advirtió que no se incluyen en esta cifra “los pagos que tienen que ver con el ISSSTE, el ISSSPEG y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en ese mismo periodo se erogaron en papelería y materiales de limpieza 3 millones 413 mil pesos; y en alumbrado público, internet y apoyos sociales la comuna pagó 5 millones 773 mil pesos”.
También informó que con los ajustes realizados en los dos primeros meses, el sueldo quincenal del presidente municipal es de 20 mil pesos, los síndicos ganan 17 mil 500 y los regidores 15 mil pesos. Respecto a los funcionarios, los secretarios obtienen 12 mil 500 pesos quincenales, los subsecretarios 10 mil pesos; los directores generales reciben 9 mil 500 pesos; los directores de área 7 mil 500 pesos; los subdirectores 6 mil pesos; y los jefes de departamento ganan 5 mil pesos quincenales.
De acuerdo con declaraciones de Antonio Gaspar Beltrán en octubre pasado, publicadas en el portal de noticias Agencia Quadratín, en el ayuntamiento trabajan 3 mil 300 empleados con lo que “se puede decir que existe una saturación de empleados,” dijo el presidente municipal. (https://guerrero.quadratin.com.mx/hay-saturacion-de-empleados-en-ayuntamiento-de-chilpancingo-alcalde/).
Sin embargo, en la plataforma nacional de transparencia, el ayuntamiento de Chilpancingo tiene registrados sólo 755 trabajadores de base y 173 de confianza, y como empleados contratados bajo el régimen de honorarios, sólo cuatro. En total, 932 trabajadores registrados, una cifra muy contrastante con los 3 mil 330 reportados por el alcalde.
Acapulco
El 8 de diciembre de 2018, el cabildo de Acapulco aprobó que el ayuntamiento puede solicitar un crédito bancario para el pago de la nómina del mes de diciembre y las prestaciones de fin de año de los trabajadores, por un monto de 180 millones de pesos. “No contamos con el dinero suficiente para cubrir las dos quincenas de diciembre, la prima vacacional y el aguinaldo, hay una cantidad ofrecida por el jefe del ejecutivo estatal en apoyo a varios Ayuntamientos y de manera especial a Acapulco, pero con los ingresos propios no alcanzamos a cubrir todas las necesidades para poder salir diciembre”, dijo la presidente municipal, Adela Román Ocampo, en una reseña del sitio de noticias SNRP.Acapulco.
Este acuerdo de cabildo es una de las consecuencias de la enorme nómina que existe en el ayuntamiento de Acapulco, pues este gobierno municipal también enfrenta una grave crisis financiera, en parte por el alto número de trabajadores que ahí laboran.
La atención del gobierno municipal se enfoca cada vez más, no a satisfacer las necesidades de la población, sino en cumplir compromisos contraídos con la plantilla de trabajadores. Ha sido una bola de nieve imparable que ha crecido trienio tras trienio, sin que nadie la pueda frenar.
Sin embargo, desde hace varios años, los sucesivos alcaldes han omitido dar a conocer cifras precisas sobre el número de trabajadores que laboran en el gobierno municipal, es un dato que permanentemente se ha escondido, incluso la actual presidente municipal no ha dado una cifra precisa. El síndico Javier Solorio Almazán señaló en octubre de 2018 que “en el puerto hay alrededor de siete mil, más los de lista de raya y supernumerarios, quienes se siguen verificando”, según información captada por Novedades Acapulco. En ese mismo medio, Solorio Almazán dio un dato interesante: en el ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, “tienen más habitantes y funcionan con tres mil trabajadores”.
El reportero de El Sur, Daniel Velázquez, ha sido persistente en buscar esta información durante varios meses a través de mecanismos formales e informales, y a la fecha no ha conseguido los datos completos, no obstante que es uno de los temas que por ley deben difundirse de manera obligatoria.
En una nota del mes de julio, Velázquez publicó el monto de los salarios de sólo 111 funcionarios del ayuntamiento, que incluye siete secretarios, diez subsecretarios, cinco coordinadores, nueve directores generales, 74 directores de área, un contralor, un procurador de la inversión, tres secretarios al servicio de la Presidencia y el secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Pero la información no considera lo que cada uno de estos funcionarios gana en “especie, apoyos económicos, estímulos, bonos, comisiones, primas, gratificaciones y compensaciones, todos esos apartados aparecen en carpetas clasificadas como ‘hidden (oculto)’ que al abrirlas no tienen información”, y regularmente estos datos son una parte muy significativa de los salarios.
En el trienio de Evodio Velázquez, el ayuntamiento de Acapulco dejó mucho que desear en cuanto a transparencia proactiva. En la plataforma nacional de transparencia publicó que en el ayuntamiento sólo trabajan 114 empleados de base y fundamenta su publicación en que “Se publica la información de la estructura orgánica prevista en el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Acapulco de Juárez, ello, para dar cumplimiento a la fracción X del Anexo I de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de las obligaciones de transparencia”. Una gran trampa para evitar difundir el número real de trabajadores.
Acapulco siempre estará en constante observación de la población del estado, por el número de habitantes, por su presupuesto, por la actividad turística, y es de interés público saber cuántas personas trabajan realmente en el ayuntamiento. A la fecha, esa cifra pocos la conocen.
Iguala
El 8 de diciembre se informó sobre el despido de más de 350 empleados del ayuntamiento de Iguala desde que inició la nueva administración porque “no hay dinero, las arcas están vacías y no se puede pagar la nómina tan alta, así que hacemos convenios para ir dándoles su liquidación”, dijo Moisés Daniel Nuño, oficial mayor del ayuntamiento de Iguala, quien agregó que la nómina era de 16 millones de pesos mensuales, según nota de Ricardo Almazán de La Jornada Guerrero.
Abundó que la estrategia del gobierno de Antonio Jaimes es despedir a los empleados que fueron contratados entre 2015 y 2018, pues al ser reciente su ingreso al gobierno municipal, la liquidación es menor en relación con los que tienen 10 años trabajando.
De acuerdo con datos del oficial mayor de Iguala, al gobierno entrante le dejaron una nómina de mil 650 empleados y el propósito de la actual administración es que sea de mil 100 trabajadores. Esta información es congruente con la encontrada en la plataforma nacional de transparencia, donde el ayuntamiento anterior reportó que contaba con 195 empleados de base y mil 421 de confianza.
Otros ayuntamientos
En Zihuatanejo, el presidente municipal Jorge Sánchez Allec, recién asumido su nuevo encargo, declaró que tenía una nómina de más de 2 mil trabajadores. Y con datos de la plataforma nacional de transparencia, algunos ayuntamientos estaban en la siguiente situación antes de que concluyera el trienio anterior: Taxco registró 248 plazas de base y 665 de confianza; Atoyac 40 de base y 40 de confianza; Ayutla, 151 base y 358 de confianza; Chilapa, 211 base y 904 de confianza; Coyuca de Benítez no reportó plazas de base, pero de confianza fueron 732; Eduardo Neri, 54 base y 680 de confianza.
Se revisaron también los ayuntamientos de Marquelia, que no reportó trabajadores de base y sí 166 plazas de confianza; Metlatónoc no tiene plazas de base, pero reportó que tenía 56 de confianza, de las que sólo 20 estaban ocupadas; Mártir de Cuilapan, nueve de base y 112 de confianza; Quechultenango, con nueve de base y 106 de confianza; San Marcos, 55 de base y 391 confianza; y Tixtla, con 138 de base y 60 de confianza.
Rescate
El 11 de diciembre, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, informó que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el adelanto de participaciones por un monto de mil millones de pesos, en los que se incluye un préstamo para 24 ayuntamientos, de acuerdo con una nota de Anarsis Pacheco, reportera de El Sur.
El funcionario agregó que entre los ayuntamientos que recibirán los préstamos están Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Ometepec e Ixcateopan, aunque dijo que a ninguno se les otorgará el monto total que solicitaron, ya que, por ejemplo, el gobierno municipal de Chilpancingo solicitó 67 millones y se le prestarán 27, y en el caso de Acapulco se le darán 100 millones de los 180 que requieren.
“Hemos hablado con los presidentes municipales y con los secretarios de finanzas, a efecto de que focalicen su requerimiento, porque lo que vamos a resolver son las urgencias de las prestaciones salariales de fin de año y los adeudos a proveedores, que lo histórico se tendrá que resolver con los recursos del presupuesto”, agregó.
De este tamaño son los boquetes financieros que cada tres años los nuevos alcaldes deben enfrentar. Aunque son visibles para todos, hasta hoy nadie ha buscado soluciones para prevenirlos y sancionar a los responsables.

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La verificación del Itaigro, poco útil

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Lejos de que los resultados de la verificación a las obligaciones de transparencia sirvieran de base para sancionar a las dependencias públicas incumplidas y aportaran información sobre lo que sucede en materia de transparencia en el estado, el ejercicio de revisión realizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro) sólo sembró dudas sobre los reales propósitos de esta verificación.
En la edición anterior de Monitor de Guerrero dimos cuenta sobre cómo el órgano garante ocultó las calificaciones numéricas finales de los 190 sujetos obligados evaluados en el estado y las encuadró en categorías (no satisfactorio, parcialmente satisfactorio y satisfactorio) con la intención de diluir la real situación de la transparencia en el estado. En esta entrega se comentarán dos aspectos de esa verificación de las obligaciones de transparencia que realizó el Itaigro: la metodología empleada y algunas de sus argucias para retrasar la entrega información que se le requirió mediante nueve solicitudes los días 15 y 16 de septiembre.
Metodología
En un comunicado del 9 de agosto, el comisionado presidente del Itaigro afirmó que ese instituto era el único facultado para evaluar las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el estado. Incluso, en aquella ocasión descalificó los ejercicios de evaluación que pudieran hacer las organizaciones civiles, refiriéndose específicamente al que realiza desde 2012 el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes.
También en esa ocasión, el pleno del órgano garante aprobó “de manera unánime, la verificación de 190 sujetos obligados de un total de 212 que contempla el catálogo de entes públicos, resultado que ‘permite visualizar el nivel de Transparencia en que se encuentra el estado de Guerrero en esta materia’”.
Pero como hemos tratado de documentar desde la entrega anterior, los resultados no son útiles para conocer el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el estado, pues la metodología está mal diseñada de origen y no pueden obtenerse resultados objetivos con ella, con lo que se pone en entredicho su credibilidad.
Una revisión a modo
Los Lineamientos para la Verificación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia establecen, en el punto noveno del capítulo II, que “La verificación del cumplimiento de Obligaciones de Transparencia podrá realizarse a la totalidad de los sujetos obligados registrados en el catálogo (verificación censal) o bien, seleccionando una muestra aleatoria por estratos de acuerdo al tipo de institución (…)”. Estos lineamientos fueron aprobados por el pleno del Itaigro mediante acuerdo 10/2018 del 20 de febrero de 2018, y como se observa, no dice en ningún momento que el muestreo deberá aplicarse a los temas de transparencia que serán revisados, sino a los sujetos obligados, es decir, a las dependencias públicas.
Sin embargo, pasando por alto estos lineamientos, el órgano garante emitió un Manual de procedimientos y metodología de evaluación donde propone un procedimiento diferente, es decir que la revisión de las obligaciones de transparencia se realice con base en un muestreo, pero no a los sujetos obligados, sino a los 48 temas de información obligatoria que establece la ley.
Esto se incluye en el punto IV.3 del mencionado manual, que a la letra dice: “La Verificación podrá ser el 100% de las obligaciones comunes y específicas de acuerdo con la tabla de aplicabilidad, o en su caso de forma muestral que represente un mínimo del 25% de las obligaciones comunes y específicas del universo total a cumplir”. Los comisionados, sin justificar esta decisión, trabajaron con una muestra de 33 por ciento de las obligaciones, es decir, la revisión de sólo 16 temas de transparencia de los 48 que todas las dependencias están obligadas a publicar.
Otro de los puntos cuestionables de la metodología es propiamente la “muestra” utilizada para la verificación de las obligaciones transparencia. Explica el Itaigro en los documentos que nos entregaron cuáles fueron sus criterios para obtener la muestra: primero, “Que a todos los sujetos obligados o en su caso la mayoría les aplique las obligaciones de transparencia a evaluar”; y segundo, “Obligaciones de Transparencia donde la ciudadanía solicita información recurrentemente a los sujetos obligados”.
Este tipo de criterios invalidan la supuesta “muestra”, ya que una de las características de una muestra aleatoria, como la que propone el Itaigro, es seleccionar al azar el número específico de elementos de la población, en este caso de los temas a revisar, y el procedimiento empleado por el Itiagro no cumple con esta característica porque impone dos criterios, y por lo tanto, su muestra no es representativa.
Otro argumento que echa por tierra la supuesta “muestra” de la verificación es que los 16 temas de transparencia que supuestamente fueron muestreados casualmente recayeron en rubros que para los sujetos obligados no significa ningún esfuerzo y voluntad cumplirlos.
Entre los 16 temas de la “muestra”, destacan: I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado; II. Su estructura orgánica completa; III. Las facultades de cada área; VII. El directorio de servidores públicos; XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; XII. El domicilio de la unidad de transparencia; XVII. La información curricular de los funcionarios; XXXIX. Las actas y resoluciones del comité de transparencia; y XLVIII. Cualquier información que se considere de utilidad o sea relevante.
Estos nueve temas, que representan 56.2 por ciento del total de la “muestra”, no representan ninguna dificultad para su cumplimiento por parte de los sujetos obligados.
Hay otros tres temas con un grado de dificultad medio: VIII. La remuneración bruta y neta de los servidores públicos; IX. Los gastos de representación y viáticos; y XXXIV. El inventario de muebles e inmuebles.
Y tres más pueden considerarse con alto grado de dificultad para su cumplimiento, debido a que regularmente los titulares de los sujetos obligados se resisten a publicarlos y a entregar este tipo de información cuando alguien la solicita: XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas; y XXXI. Informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.
Para el escrutinio ciudadano y el seguimiento de la información significativa del quehacer gubernamental, consideramos que éstos son los únicos tres temas de utilidad para ese fin.
Portal o PNT
El Itaigro es incongruente con los propios documentos que aprueba. En el numeral sexto de sus Lineamientos para la Verificación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia expone que “Las verificaciones se realizarán a los portales de internet de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional (…)”, y también en el numeral décimo primero de esos Lineamientos afirma que “Las acciones de vigilancia se realizarán mediante la verificación de los portales de internet y de la Plataforma Nacional (…).
Sin embargo, cuando solicitamos una relación de dependencias verificadas con una u otra modalidad, el Itaigro respondió que la verificación fue realizada sólo en la plataforma nacional, y al respecto aludió al artículo100 de la Ley 2017 de Transparencia del estado donde se estipula que la revisión puede efectuarse con cualquiera de las dos modalidades, pero no prohíbe que se realice al mismo tiempo tanto en los portales como en la plataforma nacional, como expresamente se comprometen los comisionados del Itaigro en sus Lineamientos. Pero por falta de tiempo o recursos no lo hicieron así y tendrán que aceptar su equivocación y modificar sus Lineamientos para dar claridad y transparencia a las verificaciones.
La prórroga arbitraria
Los días 15 y 16 de septiembre de 2018 presentamos varias solicitudes de información ante el Itaigro sobre el proceso y los resultados de la verificación 2018 para que fueran respondidas en el plazo de 20 días hábiles que establece la ley. No fue así, pues no sólo no respondieron en ese plazo, sino que hicieron uso de una prórroga de 10 días de manera arbitraria: en total fueron 30 días hábiles que llevaron a prolongar la entrega de información hasta por 45 días naturales.
Fue una decisión inexplicable de los comisionados, pues la mayor parte de esta información es de oficio, es decir, información que de acuerdo con la ley debe estar publicada y no es necesario que los ciudadanos la soliciten para conocerla. El artículo 86 de la Ley 207 de Transparencia, referente a la información adicional que debe publicar el órgano garante (fracción III) dice que el Itaigro “deberá poner a disposición del público y actualizar la información siguiente: (…) 4. Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos obligados”.
De acuerdo con su programa de verificación 2018, firmado por los actuales comisionados, este ejercicio de revisión del Itaigro concluiría la “primera semana de septiembre” con la publicación de los resultados, y las solicitudes que presentamos requiriendo información sobre el tema fueron del 15 y 16 de septiembre, es decir, cuando ya habían concluido el proceso, según su programa de verificación.
Incluso, el 9 de agosto, el comisionado presidente del instituto hizo declaraciones sobre los resultados de esa verificación vinculatoria, lo que significa que ya tenían esos datos y que no publicaron con oportunidad ni los entregaron en el plazo de 20 días como respuesta a solicitudes de información.
Para justificar la ampliación del plazo por 10 días adicionales, el Itaigro publicó en la plataforma nacional de transparencia un oficio con explicaciones poco claras. La ley, en su artículo 150, dice que para solicitar una prórroga en la entrega de la información debe haber un motivo suficientemente justificado que la soporte. Francamente, el oficio del órgano garante carece de dicha motivación, especialmente porque la mayoría de la información ya la tenían en su poder en la fecha que se presentaron las solicitudes, por ejemplo: el programa anual de verificación, la metodología y el procedimiento para obtener la muestra, los tenían desde el 20 de febrero de 2018. Asimismo, los acuerdos por los que el pleno aprueba medidas de apremio, amonestaciones públicas y los acuerdos de cumplimiento, así como los datos de la revisión en portales web o en la plataforma nacional, el órgano garante los tenía desde el 9 de agosto de 2018. ¿Qué finalidad tuvo retrasar de manera arbitraria la información?
Pero lo más grave, es que el instituto decidió la ampliación del plazo antes de que su comité de transparencia resolviera sobre el asunto, ya que el oficio que me hicieron llegar está dirigido a dicho comité precisamente solicitando extender el plazo, pero no es una resolución, como dice la ley, donde el comité autorice y justifique la prórroga.
La ley es clara respecto de las prórrogas, pues el artículo 150 dice que “Excepcionalmente, el plazo (…) [normal de 20 días hábiles] podrá ampliarse hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento”. A la fecha, desconozco si hay resolución del comité de transparencia del Itaigro, si el comité se reunió para abordar estos temas o de plano se tomaron de manera irregular la atribución de darse 10 días de plazo adicionales. Por lo menos, desconozco la resolución del comité y la ley dice que debieron notificármela para hacer efectivo la ampliación del plazo.
Respuesta
Respondió el Itaigro por medio de uno de sus funcionarios al cuestionamiento que hicimos a la metodología de su verificación 2018 en Monitor de Guerrero anterior, pero parece que hablamos idiomas diferentes porque las dudas no las resuelven ni argumentan suficientemente. Sólo dos comentarios: el hecho de que la metodología esté publicada, que haya sido aprobada por los comisionados y que sea atribución de un órgano autónomo no la hace infalible ni exenta de errores.
Respecto del número de verificaciones que el órgano garante realizaría en 2018, tengo copia del acuerdo 07/2018, de fecha 20 de febrero de 2018, con el que se aprueba la modificación al programa anual de verificación 2018. En dicho acuerdo se calendarizan dos verificaciones en el año y está firmado por los actuales comisionados del órgano garante. Si los comisionados tuvieron la oportunidad en este acuerdo de programar una solo verificación ¿por qué no lo hicieron?