Marcos Méndez Lara
El Sur, Periódico de Guerrero
El Sur, Periódico de Guerrero
Con qué adjetivo pasarán a la historia los diputados y diputadas de
la LXI Legislatura del Congreso del estado de Guerrero? ¿Fueron
contrapeso o comparsa de los otros poderes? ¿Especialmente con el
Ejecutivo cómo fue su desempeño?
En los dos últimos meses de la Legislatura, los diputados trabajaron a marchas forzadas, tal vez como nunca en todo el trienio (2015-2018), pero con una carga de cuestionamientos y dudas, que muy probablemente marcarán sus trayectorias. Su desempeño legislativo en materia de transparencia y rendición de cuentas es ilustrativo.
Habían tenido un mediano desempeño cuando aprobaron las leyes de transparencia (mayo de 2016) y las que permitirán la construcción del sistema estatal anticorrupción (julio de 2017), todas en tiempo y con la ausencia de cuestionamientos significativos en su forma. La conducción de este proceso por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, hay que decirlo, fue clave para que fuera aceptable, pues difícilmente el Congreso, por sí solo, lo hubiese logrado, como se desprende de las experiencias anteriores, en donde Guerrero estaba siempre a la zaga en materia normativa relativa a la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero algo sucedió después de las elecciones del 1 de julio, una suerte de pánico, que llevó a los Congresos de varios estados, no sólo al de Guerrero, a improvisar una serie de acciones, cuyas motivaciones al fin de cuentas son explicables: un partido diferente del del gobernador sería mayoría en la LXII Legislatura del Congreso del estado; y por si fuera poco, un candidato, también proveniente de un partido distinto, llegaría a la presidencia de la república, sin contar que habría una Cámara de Diputados y un Senado en las mismas condiciones.
Todo ello propició una campaña orquestada para “blindar” a gobernadores, tal vez pensando que habría revanchas políticas o un endurecimiento de los sistemas de control y fiscalización para ellos.
La citada campaña orquestada -no podría definirse con otro adjetivo, después de que “coincidentemente” varios Congresos hicieron lo mismo- consistió en aprobar todo lo que fuera útil al blindaje, y los diputados de las entidades, disciplinados la mayoría, aprobaron temas que van desde el nombramiento de fiscales anticorrupción “carnales” hasta la entrega de facultades al Ejecutivo estatal para vetar leyes aprobadas por el Legislativo. En estos procesos locales, llama la atención que participaron como comparsas diputados de distintos partidos, y la pregunta de botepronto no puede ser otra que ¿a cambio de qué? En un régimen donde imperase la obligación de rendir cuentas, todos los diputados aliados a esas causas tendrían que explicar a sus electores el sentido de su voto; pero se irán sin justificar nada.
En Guerrero, aun cuando los legisladores digan que simplemente hicieron ejercicio de sus facultades y que no renunciarían a ellas, como declaró Héctor Vicario Castrejón cada que lo cuestionaban sobre las prisas por legislar, la intención de blindar al Ejecutivo no se puede ocultar. Éstas son algunas muestras de lo que aprobaron de manera apresurada y en no pocas ocasiones pasando por alto procedimientos que los colocan en una posición muy cuestionada.
Procesos dudosos y opacos
En el caso de los temas de transparencia, los procedimientos legislativos de los diputados guerrerenses se hicieron paradójicamente en la oscuridad o de manera simulada. Los términos de las convocatorias expedidas por ellos, por ejemplo, no se cumplieron, o las sesiones donde aprobaron normas se realizaron fast track, sin suficiente discusión y análisis, predominando la prisa sobre la reflexión.
Así fueron los casos -comenzando por el más reciente- de las designaciones de la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del sistema estatal anticorrupción, del consejo consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), del nombramiento del fiscal especializado anticorrupción, de la aprobación de la cuenta pública del gobierno del estado y de las reformas a la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del estado.
La mayor parte de los temas mencionados son parte de la construcción de los sistemas nacionales de transparencia y del sistema estatal anticorrupción, cuyos órganos y designaciones fueron concretados en el ámbito nacional mediante procesos abiertos, transparentes, con amplia participación de la sociedad. No sucedió lo mismo en Guerrero.
Cuarenta días intensos
La manera en que actuó el Congreso de Guerrero del estado no es nueva. Ya nos había enseñado el cobre cuando en febrero de 2018 designaron a los comisionados del Itaigro en un proceso apresurado, opaco y en el que nunca hubo evidencia de una elección con base en la experiencia y especialización en la materia. Fue una decisión que ni siquiera se tomó en el órgano legislativo y que fue impuesta desde fuera (ver Monitor de Guerrero del 13 de febrero).
El 27 de julio, el pleno del Congreso local aprobó una serie de reformas en materia de fiscalización para otorgar más autonomía a la Auditoría Superior del Estado (ASE). De manera resumida, los cambios apuntan a que el auditor Superior del Estado tendrá la posibilidad de repetir en el cargo un periodo y se le dota además de atribuciones para designar a los cuatro auditores especiales y determinar cuánto tiempo estarán en el cargo. Otro de los temas aprobados es la exoneración que tendrán los auditores de ser juzgados por responsabilidad política y esto se traduce en que el Congreso del estado ya no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Antes de esta reforma el auditor superior era nombrado por las dos terceras partes del Congreso del estado por un periodo de sólo siete años, pero ahora podrá ser reelecto por un periodo más. Por su parte, los auditores especiales eran propuestos por la Junta de Coordinación Política y elegidos por el pleno, también con el voto de dos terceras partes y por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser reelectos por un periodo adicional.
Cabe recordar que hace poco más de un año hubo un periodo intensivo de trabajo para confeccionar las leyes o los cambios a las normas -incluyendo la Ley 468 de fiscalización superior- que requería el sistema estatal anticorrupción, en el que participaron varias instituciones autónomas y del Ejecutivo. El resultado de este trabajo se presentó ante el Congreso para su aprobación, es decir, los diputados tuvieron en sus manos el proceso de crear y reformar leyes, incluidas modificaciones a la Constitución, para construir el sistema estatal anticorrupción. Aprobaron muchos cambios, pero nunca consideraron los diputados ni el gobernador en sus iniciativas incluir entre las modificaciones dar una “mayor autonomía” a la ASE, seguramente porque nunca imaginaron lo que pasaría el 1 de julio.
El 17 de agosto, el Congreso del estado se llevó “carro completo”. Primero, con el nombramiento de tres integrantes del Consejo Consultivo del Itaigro (Isela Concepción Cueva Guevara, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Mario Alberto Rodríguez Bello). En un proceso en el que no hubo entrevistas públicas ni se dio a conocer la lista de candidatos y sus trayectorias, como lo establecía la convocatoria, el 17 de agosto se aprobó por unanimidad esta designación.
¿Qué implicaciones tendrá esta designación al vapor? En principio, una larga curva de aprendizaje, ya que no hay evidencias de que los seleccionados sean especialistas en transparencia y acceso a la información. Y dos, el Itaigro requiere un contrapeso real y urgente que contribuya a ordenar y jerarquizar lo que efectivamente necesita el estado en la materia, y si no cuenta con un consejo que se encargue de sugerirlo, se corre el riesgo de que éste sea capturado y decorativo.
Fiscal carnal
El mismo 17 de agosto, los diputados guerrerenses aprobaron el nombramiento por mayoría de votos de Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, como fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Guerrero. Cabe destacar que este funcionario ocupará uno de los siete asientos del comité coordinador del sistema estatal anticorrupción y por lo tanto será pieza clave de los avances o retrocesos que observe el sistema.
No nos toca juzgar si son reales o no los antecedentes de corrupción que se le imputan, pero ¿realmente no había otro guerrerense que no tuviera una trayectoria tan cuestionada como la de Murguía Gutiérrez, sobre todo para ocupar un cargo destinado a combatir la corrupción? Ignacio Javier Murguía ocupó previamente la presidencia del Consejo de Políticas Públicas –nombrado por el gobernador Héctor Astudillo–, organismo del que no se sabe públicamente cuáles han sido sus actividades desde el 2 de junio de 2016, fecha en que se instaló (ver Monitor de Guerrero del 12 de septiembre de 2017).
Otro asunto que no mereció discusión en el Congreso fue el tema de la cuenta pública. En dos días, la Comisión de Presu-puesto y Cuenta Pública de la 61 Legislatura “analizó” los informes de los tres poderes enviados por la Auditoría Superior del Estado, y bastaron unos minutos para que sin discusión fueran aprobados
Para Héctor Vicario Castrejón esta aprobación al vapor no tuvo nada de extraño. Dijo que “son asuntos que tienen que desahogarse en la temporalidad que van encontrando puntos de coincidencia, de acuerdos. La ley no dice si es en un día, en un mes o en un año, la revisión es puntual”, según una nota de El Sur. Señaló que los integrantes de la comisión consideraron “aceptable el informe del ejercicio de los recursos públicos, porque aprobaron los dictámenes por unanimidad”.
Sin razón, el diputado Vicario Castrejón disminuye la importancia de la aprobación de un informe que refleja la manera en cómo se ejercieron los recursos públicos en el estado. De hecho, es el único mecanismo de rendición de cuentas al que están obligados los poderes, y los diputados no pueden pasar por alto esta relevancia y ser una comparsa, en lugar de un contrapeso a los otros poderes.
El 23 de agosto, el pleno designó como integrantes de la comisión encargada de emitir la convocatoria, seleccionar y designar a los integrantes del comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción a César Guerrero Rojas, Mario Alejandro Mendoza Castañeda, Francisco Javier Curtidor Méndez, Saúl Alberto Rangel Cabañas y Jaime Badillo Escamilla.
Como antecedente, esta comisión que seleccionará al órgano ciudadano de donde saldrá el que coordine los trabajos del sistema anticorrupción en Guerrero, debió haberse designado durante los tres primeros meses del año, según la ley respectiva que los diputados habían aprobado apenas en julio de 2017. No lo hicieron y los legisladores prefirieron hacer un proceso poco cuidadoso y opaco a ocho días de que dejen sus cargos.
Si se leen los resúmenes curriculares de los designados, no se observa experiencia en materia de combate a la corrupción en ninguno de ellos, y de ahí se deriva el riesgo de que nombren un comité de participación ciudadana con personas que no tengan una opinión libre y crítica de los que vive el estado en materia de combate a la corrupción.
Miscelánea
De acuerdo con un documento del CPC del sistema nacional anticorrupción, al 31 de julio faltaban tres estados de nombrar su comisión de selección del CPC local; a siete les falta su CPC local, entre ellos a Guerrero; ocho entidades no habían nombrado a su fiscal especializado en el combate a la corrupción -Guerrero recién lo hizo-. Asimismo, 11 estados aún no integran el comité coordinador de su sistema estatal anticorrupción y 14 a su secretario técnico, en ambos casos, el estado de Guerrero no lo ha hecho.
Hay en las redes una disputa por defender o denostar al director de comunicación social del Congreso del estado, a propósito de una presunta asignación de recursos públicos a un medio de su propiedad. La honorabilidad o no de esta persona no es el problema, el real problema es la falta de criterios claros, equitativos, justos y públicos sobre cómo y a que medios se distribuye el dinero destinado a comunicación social, cuya fórmula hoy es discrecional y arbitraria. Es un tema para la agenda de la próxima Legislatura.
Por cierto, los invitamos a escuchar Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas. Todos los miércoles, a las 10:00 horas, por Digital 106.3 de FM.
En los dos últimos meses de la Legislatura, los diputados trabajaron a marchas forzadas, tal vez como nunca en todo el trienio (2015-2018), pero con una carga de cuestionamientos y dudas, que muy probablemente marcarán sus trayectorias. Su desempeño legislativo en materia de transparencia y rendición de cuentas es ilustrativo.
Habían tenido un mediano desempeño cuando aprobaron las leyes de transparencia (mayo de 2016) y las que permitirán la construcción del sistema estatal anticorrupción (julio de 2017), todas en tiempo y con la ausencia de cuestionamientos significativos en su forma. La conducción de este proceso por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, hay que decirlo, fue clave para que fuera aceptable, pues difícilmente el Congreso, por sí solo, lo hubiese logrado, como se desprende de las experiencias anteriores, en donde Guerrero estaba siempre a la zaga en materia normativa relativa a la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero algo sucedió después de las elecciones del 1 de julio, una suerte de pánico, que llevó a los Congresos de varios estados, no sólo al de Guerrero, a improvisar una serie de acciones, cuyas motivaciones al fin de cuentas son explicables: un partido diferente del del gobernador sería mayoría en la LXII Legislatura del Congreso del estado; y por si fuera poco, un candidato, también proveniente de un partido distinto, llegaría a la presidencia de la república, sin contar que habría una Cámara de Diputados y un Senado en las mismas condiciones.
Todo ello propició una campaña orquestada para “blindar” a gobernadores, tal vez pensando que habría revanchas políticas o un endurecimiento de los sistemas de control y fiscalización para ellos.
La citada campaña orquestada -no podría definirse con otro adjetivo, después de que “coincidentemente” varios Congresos hicieron lo mismo- consistió en aprobar todo lo que fuera útil al blindaje, y los diputados de las entidades, disciplinados la mayoría, aprobaron temas que van desde el nombramiento de fiscales anticorrupción “carnales” hasta la entrega de facultades al Ejecutivo estatal para vetar leyes aprobadas por el Legislativo. En estos procesos locales, llama la atención que participaron como comparsas diputados de distintos partidos, y la pregunta de botepronto no puede ser otra que ¿a cambio de qué? En un régimen donde imperase la obligación de rendir cuentas, todos los diputados aliados a esas causas tendrían que explicar a sus electores el sentido de su voto; pero se irán sin justificar nada.
En Guerrero, aun cuando los legisladores digan que simplemente hicieron ejercicio de sus facultades y que no renunciarían a ellas, como declaró Héctor Vicario Castrejón cada que lo cuestionaban sobre las prisas por legislar, la intención de blindar al Ejecutivo no se puede ocultar. Éstas son algunas muestras de lo que aprobaron de manera apresurada y en no pocas ocasiones pasando por alto procedimientos que los colocan en una posición muy cuestionada.
Procesos dudosos y opacos
En el caso de los temas de transparencia, los procedimientos legislativos de los diputados guerrerenses se hicieron paradójicamente en la oscuridad o de manera simulada. Los términos de las convocatorias expedidas por ellos, por ejemplo, no se cumplieron, o las sesiones donde aprobaron normas se realizaron fast track, sin suficiente discusión y análisis, predominando la prisa sobre la reflexión.
Así fueron los casos -comenzando por el más reciente- de las designaciones de la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del sistema estatal anticorrupción, del consejo consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), del nombramiento del fiscal especializado anticorrupción, de la aprobación de la cuenta pública del gobierno del estado y de las reformas a la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del estado.
La mayor parte de los temas mencionados son parte de la construcción de los sistemas nacionales de transparencia y del sistema estatal anticorrupción, cuyos órganos y designaciones fueron concretados en el ámbito nacional mediante procesos abiertos, transparentes, con amplia participación de la sociedad. No sucedió lo mismo en Guerrero.
Cuarenta días intensos
La manera en que actuó el Congreso de Guerrero del estado no es nueva. Ya nos había enseñado el cobre cuando en febrero de 2018 designaron a los comisionados del Itaigro en un proceso apresurado, opaco y en el que nunca hubo evidencia de una elección con base en la experiencia y especialización en la materia. Fue una decisión que ni siquiera se tomó en el órgano legislativo y que fue impuesta desde fuera (ver Monitor de Guerrero del 13 de febrero).
El 27 de julio, el pleno del Congreso local aprobó una serie de reformas en materia de fiscalización para otorgar más autonomía a la Auditoría Superior del Estado (ASE). De manera resumida, los cambios apuntan a que el auditor Superior del Estado tendrá la posibilidad de repetir en el cargo un periodo y se le dota además de atribuciones para designar a los cuatro auditores especiales y determinar cuánto tiempo estarán en el cargo. Otro de los temas aprobados es la exoneración que tendrán los auditores de ser juzgados por responsabilidad política y esto se traduce en que el Congreso del estado ya no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Antes de esta reforma el auditor superior era nombrado por las dos terceras partes del Congreso del estado por un periodo de sólo siete años, pero ahora podrá ser reelecto por un periodo más. Por su parte, los auditores especiales eran propuestos por la Junta de Coordinación Política y elegidos por el pleno, también con el voto de dos terceras partes y por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser reelectos por un periodo adicional.
Cabe recordar que hace poco más de un año hubo un periodo intensivo de trabajo para confeccionar las leyes o los cambios a las normas -incluyendo la Ley 468 de fiscalización superior- que requería el sistema estatal anticorrupción, en el que participaron varias instituciones autónomas y del Ejecutivo. El resultado de este trabajo se presentó ante el Congreso para su aprobación, es decir, los diputados tuvieron en sus manos el proceso de crear y reformar leyes, incluidas modificaciones a la Constitución, para construir el sistema estatal anticorrupción. Aprobaron muchos cambios, pero nunca consideraron los diputados ni el gobernador en sus iniciativas incluir entre las modificaciones dar una “mayor autonomía” a la ASE, seguramente porque nunca imaginaron lo que pasaría el 1 de julio.
El 17 de agosto, el Congreso del estado se llevó “carro completo”. Primero, con el nombramiento de tres integrantes del Consejo Consultivo del Itaigro (Isela Concepción Cueva Guevara, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Mario Alberto Rodríguez Bello). En un proceso en el que no hubo entrevistas públicas ni se dio a conocer la lista de candidatos y sus trayectorias, como lo establecía la convocatoria, el 17 de agosto se aprobó por unanimidad esta designación.
¿Qué implicaciones tendrá esta designación al vapor? En principio, una larga curva de aprendizaje, ya que no hay evidencias de que los seleccionados sean especialistas en transparencia y acceso a la información. Y dos, el Itaigro requiere un contrapeso real y urgente que contribuya a ordenar y jerarquizar lo que efectivamente necesita el estado en la materia, y si no cuenta con un consejo que se encargue de sugerirlo, se corre el riesgo de que éste sea capturado y decorativo.
Fiscal carnal
El mismo 17 de agosto, los diputados guerrerenses aprobaron el nombramiento por mayoría de votos de Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, como fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Guerrero. Cabe destacar que este funcionario ocupará uno de los siete asientos del comité coordinador del sistema estatal anticorrupción y por lo tanto será pieza clave de los avances o retrocesos que observe el sistema.
No nos toca juzgar si son reales o no los antecedentes de corrupción que se le imputan, pero ¿realmente no había otro guerrerense que no tuviera una trayectoria tan cuestionada como la de Murguía Gutiérrez, sobre todo para ocupar un cargo destinado a combatir la corrupción? Ignacio Javier Murguía ocupó previamente la presidencia del Consejo de Políticas Públicas –nombrado por el gobernador Héctor Astudillo–, organismo del que no se sabe públicamente cuáles han sido sus actividades desde el 2 de junio de 2016, fecha en que se instaló (ver Monitor de Guerrero del 12 de septiembre de 2017).
Otro asunto que no mereció discusión en el Congreso fue el tema de la cuenta pública. En dos días, la Comisión de Presu-puesto y Cuenta Pública de la 61 Legislatura “analizó” los informes de los tres poderes enviados por la Auditoría Superior del Estado, y bastaron unos minutos para que sin discusión fueran aprobados
Para Héctor Vicario Castrejón esta aprobación al vapor no tuvo nada de extraño. Dijo que “son asuntos que tienen que desahogarse en la temporalidad que van encontrando puntos de coincidencia, de acuerdos. La ley no dice si es en un día, en un mes o en un año, la revisión es puntual”, según una nota de El Sur. Señaló que los integrantes de la comisión consideraron “aceptable el informe del ejercicio de los recursos públicos, porque aprobaron los dictámenes por unanimidad”.
Sin razón, el diputado Vicario Castrejón disminuye la importancia de la aprobación de un informe que refleja la manera en cómo se ejercieron los recursos públicos en el estado. De hecho, es el único mecanismo de rendición de cuentas al que están obligados los poderes, y los diputados no pueden pasar por alto esta relevancia y ser una comparsa, en lugar de un contrapeso a los otros poderes.
El 23 de agosto, el pleno designó como integrantes de la comisión encargada de emitir la convocatoria, seleccionar y designar a los integrantes del comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción a César Guerrero Rojas, Mario Alejandro Mendoza Castañeda, Francisco Javier Curtidor Méndez, Saúl Alberto Rangel Cabañas y Jaime Badillo Escamilla.
Como antecedente, esta comisión que seleccionará al órgano ciudadano de donde saldrá el que coordine los trabajos del sistema anticorrupción en Guerrero, debió haberse designado durante los tres primeros meses del año, según la ley respectiva que los diputados habían aprobado apenas en julio de 2017. No lo hicieron y los legisladores prefirieron hacer un proceso poco cuidadoso y opaco a ocho días de que dejen sus cargos.
Si se leen los resúmenes curriculares de los designados, no se observa experiencia en materia de combate a la corrupción en ninguno de ellos, y de ahí se deriva el riesgo de que nombren un comité de participación ciudadana con personas que no tengan una opinión libre y crítica de los que vive el estado en materia de combate a la corrupción.
Miscelánea
De acuerdo con un documento del CPC del sistema nacional anticorrupción, al 31 de julio faltaban tres estados de nombrar su comisión de selección del CPC local; a siete les falta su CPC local, entre ellos a Guerrero; ocho entidades no habían nombrado a su fiscal especializado en el combate a la corrupción -Guerrero recién lo hizo-. Asimismo, 11 estados aún no integran el comité coordinador de su sistema estatal anticorrupción y 14 a su secretario técnico, en ambos casos, el estado de Guerrero no lo ha hecho.
Hay en las redes una disputa por defender o denostar al director de comunicación social del Congreso del estado, a propósito de una presunta asignación de recursos públicos a un medio de su propiedad. La honorabilidad o no de esta persona no es el problema, el real problema es la falta de criterios claros, equitativos, justos y públicos sobre cómo y a que medios se distribuye el dinero destinado a comunicación social, cuya fórmula hoy es discrecional y arbitraria. Es un tema para la agenda de la próxima Legislatura.
Por cierto, los invitamos a escuchar Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas. Todos los miércoles, a las 10:00 horas, por Digital 106.3 de FM.
