Problemas graves en los comités de transparencia

El Sur, Periódico de Guerrero

Los comités de transparencia de las dependencias públicas son instrumentos estratégicos para el fortalecimiento de la política de transparencia en Guerrero, pero no están dando los resultados que se esperaban, por diferentes motivos. El problema más común es que la mayoría de las dependencias gubernamentales o no han formado sus comités -por indiferencia de alcaldes y otros servidores públicos- o su integración fue meramente formal para evitar sanciones.

Sin embargo, hay otro grupo de comités de transparencia, especialmente de entidades públicas importantes como la Secretaría de Finanzas y Administración o el Tribunal Superior de Justicia del estado que están emitiendo resoluciones que en nada favorecen a la transparencia, pues sus decisiones están dirigidas a clasificar la información de interés público como reservada o confidencial, o de plano, declararla inexistente.

Los comités de transparencia tienen una función relevante dentro del andamiaje institucional de la rendición de cuentas, estrenado hace un par de años. Son una especie de autoridad y dirección o guía en las actividades de transparencia y acceso a la información dentro de las dependencias públicas.

Su integración está considerada en el artículo 56 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado, por lo que las 208 dependencias públicas o sujetos obligados registrados en la entidad deben integrar su propio comité, como una instancia colegiada que coadyuve al cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Los integrantes del comité son nombrados por el titular del propio sujeto obligado y éstos “deberán tener un nivel jerárquico directivo o de toma de decisiones dentro de la estructura o integración” de la dependencia de que se trate.

Específicamente tienen la función de supervisar el riguroso cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ley y llevar a cabo la debida organización y conservación de archivos, así como el fortalecimiento de las acciones necesarias para garantizar que los procedimientos inherentes al ejercicio de acceso a la información pública se realicen de manera escrupulosa. Su importancia reside en sus funciones de análisis y toma de decisiones debidamente fundadas y motivadas sobre diversos aspectos del proceso de acceso a la información pública y del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la ley.

La simulación en la integración de los comités, el desafío a la ley de los titulares de las dependencias que no han designado a sus integrantes, y el uso de estas figuras para ocultar información, son temas urgentes que requieren la intervención del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro), a efecto de dilucidar lo que consideramos una estratagema para ocultar datos importantes que debe saber la ciudadanía. Si estas prácticas se generalizan y no hay respuesta del Itaigro, tendremos en Guerrero una “opacidad legalizada”, pues el ocultamiento de datos se decidirá en los propios comités de transparencia.

El comité de la Sefina
Revisamos al azar la información de varias dependencias del estado en la plataforma nacional de transparencia para conocer más sobre sus comités de transparencia, y estos fueron los resultados.

Las resoluciones del comité de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Héctor Astudillo Flores son las más polémicas porque ponen en entredicho todos los pronunciamientos y la política de transparencia del Ejecutivo del estado. Como se sabe, la Sefina es la dependencia que maneja las finanzas del gobierno estatal de manera centralizada, por lo que las decisiones de su comité de transparencia repercuten prácticamente en todo el estado.

Por medio del acuerdo del 30 de junio de 2016 de su comité de transparencia, la Sefina clasificó como asuntos reservados las estrategias de fiscalización para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; los procedimientos de cobro y cancelación de multas; la contenida en los juicios, recursos y procedimientos administrativos que se encuentren en trámite; la información preliminar sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos.

También clasificaron como reservada la información y documentos de trabajo correspondientes a la integración de los Informes del ejercicio del presupuesto y Cuenta Pública; la información relativa a la configuración, análisis, diseño y programación de las redes, servidores computadoras, equipos personales, equipos de comunicación de voz y datos, sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y sistemas, entre otros; la contenida en las revisiones y auditorías aplicadas a la Sefina, así como la derivada de los procesos de solventación de observaciones y señalamientos; la concerniente a los bienes muebles e inmuebles que sean relacionados con la seguridad pública.

En el mismo acuerdo, decidió clasificar como confidencial “los contratos de trabajo, los expedientes laborales y médicos, así como las percepciones del personal de la Secretaría”.

El argumento del comité de transparencia de la Sefina para clasificar toda esta información es que en los últimos años se han documentado en la prensa agresiones (amenazas, extorsiones, privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio) “en perjuicio de servidoras y servidores públicos (…) cuya responsabilidad estaba vinculada al manejo de información financiera, fiscal o de recursos humanos, dando cuenta de la vulnerabilidad de aquellos cuya identidad es reconocida y ubicable por el desempeño propio de sus funciones”.

En suma, la clasificación de la información es resultado entonces de la ineficacia del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos en general y a la burocracia en particular. No es responsabilidad de los ciudadanos ni de quienes requerimos información pública esta situación, y en todo caso el comité de transparencia debió argumentar también el fracaso de la política de seguridad del gobierno del estado como una de las causales para la clasificación.

El Tribunal Superior

La opacidad también se fragua en el comité de transparencia del Tribunal Superior de Justicia del estado. En una de las actas públicas, los integrantes del comité clasifican como reservada la información sobre “los sueldos netos de: Magistrado presidente, Magistrado de sala y juez de primera instancia”. El argumento es que “la fracción V del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 114, fracción I, de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, establecen como información reservada aquella que ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.

Este mismo argumento se empleó en varias ocasiones por el comité de transparencia del Tribunal para ocultar información que le solicitaron diferentes ciudadanos, como los datos “sobre los aguinaldos que perciben los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, por categorías o nombramientos otorgados, desde archivista judicial hasta juez de primera instancia, respecto del año 2016”.

También se envió a la opacidad la información “sobre el otorgamiento de plazas de base o basificación a trabajadores administrativos del Poder Judicial del Estado en los años 2015 y 2016”; y datos sobre “el directorio de trabajadores de base y confianza, así como la remuneración bruta de todos los servidores públicos, de todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos y sistemas de compensación” de 2017.

Otras solicitudes de información que el comité de transparencia del Tribunal no quiso responder son “la cifra total de cédulas profesionales (o títulos) que tengan registradas en todo el Poder Judicial del Estado de Guerrero de los Licenciados en la carrera de Derecho”; tampoco la solicitud relativa a “Los cuatro últimos informes anuales sobre los ingresos, inversiones y de egreso del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero (…)”, y otra sobre “cuántas quejas se han presentado en el periodo del año 2017, contra jueces, magistrados por alguna falta administrativa, por corrupción…”

Éstas son algunas resoluciones del comité de transparencia del Tribunal Superior de Justicia del estado en donde prevaleció el creterio de enviar la información a la opacidad. Curiosamente el comité clasificó información diversa sobre remuneraciones y aguinaldos como reservada y confidencial, aparentemente para proteger a empleados y funcionarios, pero olvidaron cuidar la privacidad de varios de los solicitantes de información, ya que hicieron público su nombre y hoy están expuestos en la plataforma nacional de transparencia.

Por cierto, todas las resoluciones son firmadas por Adela Román Ocampo, que fungía como presidenta del comité de transparencia y “Magistrado Numerario del Tribunal Superior del Poder Judicial”. Hoy es candidata a la presidencia municipal de Acapulco por el partido de Morena, y no es bueno este antecedente en materia de transparencia.

Otras dependencias

Otra dependencia que revisamos es la Secretaría de Educación de Guerrero, por la cantidad de recursos que se invierten en este sector. Lo que encontramos es que su comité de transparencia no ha realizado ninguna sesión y sólo publica que “hasta el momento el comité no ha realizado ninguna resolución, por la toma de oficinas” y también “por el temblor del mes de septiembre, no se han realizado resoluciones en virtud de que se están realizando visita a las escuelas dañadas por los sismos”.

El comité de transparencia de la Secretaría de Salud, no obstante que es también un sector estratégico en el que se invierten muchos recursos, tampoco ha realizado ninguna sesión.

El comité de la Secretaría General de Gobierno sí ha realizado sesiones, algunas para declarar la inexistencia de información. Por cierto, como parte del comité de transparencia en 2017, el recién designado fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, y la actual comisionada del Itaigro, Mariana Contreras Soto, eran presidente y secretaria técnica, respectivamente, del comité de transparencia de esta dependencia.

El Congreso del estado realizó sólo una sesión de su comité de transparencia, donde puso a consideración sus tablas de aplicabilidad y un reglamento de funcionamiento interno para el procesamiento de solicitudes de información. Esta única reunión fue el 11 de julio de 2017, es decir, a más de un año de la aprobación de la ley 207 de transparencia del estado.

El comité de transparencia de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, registró sesiones, pero sus vínculos electrónicos no llevan a ninguna parte. En tanto que la Universidad Autónoma de Guerrero realizó tres sesiones donde exhorta a sus áreas a facilitar información, espacios equipo y un secretario técnico y para proponer un proyecto de lineamientos de protección de datos personales de la UAG.

Ayuntamientos

En los municipios se presenta un panorama pobre en la integración y funcionamiento de comités de transparencia, no obstante que es en este orden de gobierno, donde más se requiere una toma de decisiones colegiada que haga contrapeso a las casi siempre inapelables decisiones de los alcaldes.

De los ayuntamientos que revisamos en la plataforma nacional de transparencia, sólo en Acapulco, Iguala y Coyuca de Benítez funciona con regularidad su comité de transparencia integrado por servidores públicos, regidores y ciudadanos. Independientemente de los temas que aborden y las decisiones que tomen actualmente, se requiere urgentemente institucionalizar y hacer regulares este tipo las instancias y las prácticas para la gestión de la información.

El comité de transparencia de Chilpancingo sólo ha sesionado en una ocasión, y en la integración del comité participa únicamente un ciudadano; su reunión fue informativa y no se tomaron decisiones significativas.

Otros ayuntamientos sólo realizaron la sesión de instalación, seguramente para evadir la multa del Itaigro. Es el caso del municipio de Eduardo Neri y Cuautepec.

En Zihuatanejo no se ha llevado ninguna sesión, y en el ayuntamiento de Taxco argumentan que “por lo de los sismos y afectaciones se cancelan las sesiones” y a la fecha no han realizado ninguna.

Tlapa no tiene registrada ninguna información y Chilapa tampoco informa sobre ninguna reunión. El ayuntamiento de Ometepec no tiene ninguna información, así como tampoco Juan R. Escudero, Ayutla, Tlacoachistlahuaca, Huamuxtitlán y Benito Juárez.

El comité ciudadano de ética y transparencia, sin resultados

El Sur, Periódico de Guerrero

El Sur, periódico de Guerrero, cumplió 25 años de vida, un acontecimiento que vale la pena ponderar y dimensionar cuando el oficio periodístico se ejerce en un estado como Guerrero, complejo, pobre, todavía caciquil, inseguro, y con permanente riesgo para quienes se dedican a informar. Hay detrás de estos años muchas vivencias, experiencias, sinsabores y éxitos, pero me quedo con su aspiración, que comparto, de que puede haber un Guerrero mejor; mientras ésta persista, que siga El Sur cumpliendo años.

No tenemos todavía en Guerrero ninguna experiencia exitosa de organismos ciudadanos de consulta o creados para colaborar y opinar sobre diferentes temas de la gestión pública. Y aunque el fracaso o la ineficacia de estos comités o consejos consultivos no son exclusivos del actual gobierno, sí tienen en común el propósito institucional de influir en su constitución y actividades por medio de la elección de personas “a modo”, acríticas o complacientes con las decisiones y acciones gubernamentales, pero de esa manera poco ayudan a mejorar los programas y proyectos públicos. A nada le viene mejor el adjetivo de decorativos, como a estos consejos ciudadanos.

En Guerrero todavía no se ha creado un organismo ciudadano que realmente tenga peso e influencia en la consulta, toma de decisiones o en la operación gubernamental, y esto es de lamentar porque son mecanismos que permiten sopesar, más allá de su colaboración en la mejora de alguna acción pública, la disposición y la apertura de un gobierno hacia la ciudadanía, más allá de declaraciones mediáticas.

Hay un caso emblemático de este tipo de organismos en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, se trata del Comité consultivo del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, constituido en octubre de 2016 para acompañar dicho programa. Pero todo parece indicar que el comité consultivo no está funcionando, pues a más de 18 meses de su creación, no ha influido en ninguna decisión gubernamental, no se conectó con la ciudadanía, se observan problemas internos o por lo menos hay ausencias constantes de sus miembros, y no se conoce quién lo preside en su segundo año de funcionamiento.

Aunque son varios los temas en los que pueden intervenir, los miembros del comité consultivo se han concentrado en la creación del sistema estatal anticorrupción, pero lejos de influir en el proceso o por lo menos contribuir a la difusión masiva de lo que se está haciendo, la presencia del comité consultivo más bien fue testimonial, porque en estricto, el gobierno del estado, por medio de una comisión intersecretarial, y el Congreso fueron los únicos responsables de las modificaciones a la constitución local, así como de las reformas o creación de las leyes correspondientes para la creación del sistema.

En este proceso de preparación y legislación de leyes, no hubo parlamento abierto, no hubo consultas a la ciudadanía, tampoco foros –sólo uno, a escasos días de la aprobación del paquete de leyes–, ni acercamientos con la sociedad civil, todas ellas funciones que debió gestionar el comité consultivo ciudadano, pero no lo hizo.

El día que les tomó protesta a los integrantes del comité consultivo, el 17 de octubre de 2016, el gobernador expresó “su “interés” en incluir a la sociedad civil organizada, organismos empresariales y medios de comunicación en el comité, porque “el combate a la corrupción no es tarea de uno, es tarea de todos”. Y en nombre de los integrantes del comité, habló Aleida Alarcón, del Grupo ACA, quien dijo que Guerrero ocupa los primeros lugares en ineficiencia y en opacidad, y ofreció que harían un trabajo puntual de evaluación y seguimiento de la ética y la transparencia “como lo marcan las leyes de la administración pública del estado de Guerrero. “Ya no queremos más corrupción, ya no queremos más ineficiencia en nuestro sistema gubernamental”, dijo en aquella ocasión.

 Los asegunes

A mediados de enero de 2017, escribimos en este espacio sobre la integración del comité consultivo, y las dudas saltaron por la falta de especialización de la mayoría de sus integrantes en los temas de transparencia y rendición de cuentas, pero también por las posiciones poco imparciales que habían mostrado algunos de los designados por el Ejecutivo del estado.

Las personas seleccionadas para integrar el comité fueron Aleida Monserrat Alarcón Domínguez, de la Asociación Civil Acapulco AC (Grupo ACA); César González Arcos, del Centro Empresarial Chilpancingo; Julián Urióstegui Carbajal, propuesto por la Concamingro; Arely Adriana Almazán Adame, de la Universidad Autónoma de Guerrero; y Silvia Galeana Valente, de la Fundación de Bloque de Mujeres al Poder AC.

Por lo menos dos integrantes del comité ciudadano mostraron que no eran tan imparciales como establecía la convocatoria. Julián Urióstegui Carbajal, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales y Empresariales del estado de Guerrero, se ha caracterizado por su incondicional apoyo al gobernador Héctor Astudillo; por ejemplo, publica desplegados para felicitar al mandatario por su informe de gobierno, o lo apoya en conflictos tan delicados y de los que no existen datos concluyentes como el de la balacera de La Concepción, en la zona rural de Acapulco, entre otros.

Arely Adriana Almazán Adame, otra de las integrantes del comité consultivo, fue propuesta por la Universidad Autónoma de Guerrero, es decir, labora en una de las dependencias que tienen obligaciones de transparencia y de establecer mecanismos de acceso a la información. Esto la convirtió en juez y parte. Pero lo más cuestionable es que el rector de la universidad descubrió la militancia partidista de Almazán Adame. El 7 de febrero, los medios de comunicación dieron a conocer la nominación de la funcionaria a una diputación plurinominal por el PRI, candidatura que la postre rechazaría, pero el rector “confirmó que la también directora de Planeación y Evaluación Institucional de la UAG hace muchos años tiene militancia priista”.

Esta confesión del rector pone en predicamento al comité consultivo, pues aunque la convocatoria no negaba la inscripción de militantes partidistas –aunque sí de los representantes de partidos– su militancia no es sana para un organismo ciudadanizado.

Informes y minutas

Para documentar las actividades del comité consultivo presentamos un paquete de solicitudes de información ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, como dependencia del Ejecutivo que coordina las sesiones del comité rector y del comité consultivo del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción.

Los pocos y dispersos documentos obtenidos por esta vía no reflejan las actividades y los avances que, en su caso, ha logrado el comité consultivo. Lo que se alcanza a deducir de las minutas y los informes es una atención casi exclusiva hacia el tema del sistema estatal anticorrupción en Guerrero. Por ejemplo, aunque algunos integrantes del comité consultivo asistieron a las mesas de trabajo donde se preparaba el paquete de leyes del sistema estatal anticorrupción, su incidencia fue nula, en parte porque no había especialistas en el comité, en parte porque se concentró toda la representación en su presidente, y también porque el comité no buscó legitimarse entre las organizaciones de la sociedad civil para adquirir la fuerza necesaria que les permitiera influir. Por eso llama la atención que en su primer informe, el comité diga que “es y será el representante de la Sociedad Civil, que vigilará la adecuada implementación del Sistema (estatal anticorrupción)”, pues no hay que olvidar que el comité es un organismo creado desde el gobierno y que requería el aval o la legitimación de la ciudadanía, lo cual no ha sucedido.

En el segundo informe trimestral resalta la realización del Foro anticorrupción, perspectivas y retos en Guerrero, cuyos aspectos relevantes los reseñamos en este espacio (18 de julio de 2017) y se resumen en una abrumadora presencia de funcionarios públicos, escasa asistencia de representantes de la sociedad civil, no se invitó a la prensa y se realizó en un sitio de acceso restringido (Casa Guerrero). Incluso el reclamo de algunos de los ponentes invitados fue que el foro se hubiera realizado a destiempo, sólo cuatro días antes de que se aprobaran las nueve leyes del sistema local anticorrupción.

En su plan de trabajo, presentado ante el Comité rector del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, el comité consultivo se plantea el ambicioso objetivo de “supervisar que se implemente en tiempo y forma el Sistema Local Anticorrupción” y vigilar que éste “no tenga un marco legal de menor alcance o contrario al Sistema Nacional Anticorrupción”. Asimismo, se plantearon realizar dos foros para “servir de puente de comunicación con organismos de la sociedad civil para implementar el SLA”.

Otras actividades que no cumplieron son “Difundir las actividades en las que participa el Comité Consultivo”, “Convocar a los integrantes del Comité a que incentibemos (sic) a la sociedad civil, a participar de propuestas que mejoren el programa”, además de “Establecer acercamiento con organizaciones civiles que tienen actividad en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción”.

Pendientes

Hay una serie de temas que realmente son importantes para la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, y de los cuales el comité consultivo debería ocuparse. Uno de ellos es la designación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema estatal anticorrupción; sin éste, no podrá comenzar a funcionar el sistema. Hasta la fecha, el Congreso del estado ni siquiera ha publicado la convocatoria para la elección de las cinco personas que harán la designación del CPC, y ya se venció el plazo que establece la ley. El comité consultivo en este caso se debe pronunciar y exigir al Congreso que emita la convocatoria y sobre todo vigilar que haya un proceso adecuado aseado para que se seleccionen personas con el perfil y la especialización requeridas.

Por cierto, Digna Marroquín Cisneros, presidenta del Grupo ACA, en su toma de protesta de enero pasado, solicitó al gobernador apoyo para tener uno de los cinco lugares del CPC. Nada más incongruente, porque el CPC debe integrarse mediante un escrupuloso y transparente proceso que garantice la llegada de las personas más aptas, y esto no sea por contubernio o complicidad.
Otro de los asuntos en los que se debe concentrar el comité consultivo es en el seguimiento del programa especial de gobierno abierto y transparente 2016-2021, principal instrumento del Ejecutivo del estado para el tema. A la fecha, el comité consultivo no ha dicho ni una palabra sobre este programa.

Sobre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, el comité consultivo tiene mucha tela de donde cortar. Por ejemplo, el Congreso del estado no ha entregado resultados sobre quiénes integrarán el Consejo Consultivo del órgano garante, pues aunque se emitió la convocatoria, nada se conoce al respecto. La función del comité consultivo es buscar la información para ponerla a disposición del público, y en su caso, exigir a los diputados que concluyan o repongan el proceso.

También deben hacer un fuerte pronunciamiento sobre los bajos niveles en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ya que a esta fecha los 208 sujetos obligados del estado deben tener el 100 por ciento de su información publicada en la plataforma nacional de transparencia, y ninguno lo ha hecho.

Otro asunto es el de las multas a los infractores de la ley de transparencia, pues a la fecha no se han aplicado a ningún sujeto obligado, con lo que se genera una cultura de la impunidad en esta materia. El comité consultivo debería gestionar y hacer un pronunciamiento respecto a este cuello de botella que ya lleva varios años en Guerrero, y que el gobierno de Héctor Astudillo tampoco ha destrabado.

Finalmente, el comité consultivo debe acercarse a las organizaciones y los ciudadanos -el presidente del comité ha estado presente en reuniones abiertas del CPC del sistema nacional anticorrupción y ha observado cómo éstas sirven para tender puentes con la sociedad civil- para que no parezca un organismo gubernamental antes que ciudadano.

Todos estos asuntos podrían ser incómodos al Ejecutivo, al Congreso o a los ayuntamientos, pero gestionarlos y emitir posicionamientos claros es lo mínimo que se espera de un organismo consultivo de carácter ciudadano. Todavía hay tiempo para que el comité consultivo deje de ser decorativo.