Se rezaga el Sistema Anticorrupción en Guerrero

El Sur, Periódico de Guerrero

El Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero tiene ya su primer pero significativo rezago: el Congreso del estado no atendió la designación de un comité de selección, encargado a su vez de elegir al Comité Participación Ciudadana, es decir, a uno de los órganos que componen el sistema anticorrupción y sin el cual no puede comenzar a funcionar.

En Guerrero, sobre todo el Ejecutivo, había sido cuidadoso para que la reforma constitucional y la creación o reforma de algunas leyes para dar viabilidad al sistema anticorrupción se aprobaran en tiempo y forma; pero en la implementación de esta política ya aparecieron los primeros obstáculos, que pueden derivar en el empantanamiento del sistema local, como ya sucedió en el orden federal.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, publicada el 18 de julio de 2017 y que entró en vigor el 1 de enero de 2018, establece los pasos necesarios para designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), uno de cuyos cinco integrantes presidirá al órgano que coordinará el mencionado sistema. Esto significa que sin este procedimiento no puede iniciar sus funciones el sistema anticorrupción.

Hay una etapa previa a la elección del CPC, y es que los diputados deben nombrar primero a una comisión de selección, integrada por personalidades de los sectores académico, investigación y de las organizaciones de la sociedad civil, que se encargará de designar a los miembros del CPC.

El problema es que el Congreso del estado no cumplió con los tiempos establecidos en la ley que ellos mismos aprobaron para nombrar a la comisión de selección. El plazo se venció en los primeros días de abril de 2018 y dicha comisión aún no existe, es más, ni siquiera se conoce alguna convocatoria. El artículo segundo transitorio de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción dice a la letra: “Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley [lo cual sucedió el 1 de enero de 2018], el Congreso del Estado, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección”. No hubo tal y su omisión repercutirá de manera significativa en los tiempos de construcción del sistema.

En esta entrega abordaremos el estado que guardan los sistemas anticorrupción en los estados y las dificultades que han presentado en su construcción, de manera particular cómo se han designado los CPC, como una de las piezas clave del sistema.

 Paréntesis

 Antes de avanzar sobre el sistema anticorrupción, me permito llamar la atención sobre un tema diferente, pero que ejemplifica las resistencias y lo que piensan todavía muchos funcionarios respecto de la rendición de cuentas en el estado de Guerrero.

Hace algunos meses, un funcionario del actual ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, le dijo a uno de nuestros compañeros de Cimtra-Guerrero, que realizaba la evaluación de transparencia en ese municipio: “para qué quieren que se transparente la información, eso sólo trae problemas; mejor impartan talleres para enseñarnos cómo esconder la información”.

Esto viene a cuento porque nos enteramos que una funcionaria que trabaja en la Dirección General de Transparencia de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental “recomendó” a servidores públicos, en un taller sobre el tema, que tuvieran “cuidado” con un servidor (“un periodista de El Sur”) porque, comentó, me dedicaba a solicitar información gubernamental sólo para “evidenciar” públicamente a las dependencias.

La anécdota no tendría importancia si no viniera del área que precisamente tiene la misión de promover el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y el acceso a la información en el Ejecutivo del estado y además emitida por una servidora pública. El hecho me parece muy grave y sólo espero que esta posición de la funcionaria no sea parte de una política deliberada de esa secretaría.

Por otra parte, puedo comentar que, efectivamente, me dedico a solicitar información para conocer, analizar, escudriñar, comparar y tratar de agregarle valor a la información respecto de las actividades que realizan no sólo el gobierno del estado, sino los demás poderes, los ayuntamientos, los organismos autónomos y en general todas las dependencias públicas, a efecto de que los lectores tengan una perspectiva diferente y mejor sustentada. Nuestro trabajo no tiene como fuente principal las declaraciones de los actores públicos y sus actividades, sino que en Monitor de Guerrero regularmente la información proviene de las respuestas a solicitudes de información. Me parece que es una buena forma de documentar con evidencias lo que sucede en el sector público para tratar de explicar acontecimientos que difícilmente serán narrados por los políticos y funcionarios, quienes casi siempre esconden en sus dichos lo que realmente sucede en sus gestiones.

 Los avances en el país

Regresando al tema principal, la construcción de los sistemas anticorrupción (nacional y estatales) ha sido un proceso cuesta arriba porque ha encontrado todo tipo de resistencias. El propio sistema nacional tiene hoy varios de sus integrantes ausentes, lo que no le han permitido operar plenamente; no se han nombrado los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni al fiscal anticorrupción, tampoco varios de los sistemas estatales se han operativizado, como el de Guerrero.

Considerando que el CPC nacional tiene la facultad de establecer coordinación con sus similares a nivel estatal, ha realizado un monitoreo sobre la adecuada constitución de los sistemas locales anticorrupción.

De acuerdo con información del CPC nacional y con datos al 22 de febrero, faltan aún seis Congresos estatales para que nombren a su comisión de selección del CPC, éstos son Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero y Tlaxcala. En el caso de las entidades que ya nombraron comité de selección, pero que aún no cuentan con CPC están Baja California Sur, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. A esa fecha, sólo 20 estados cuentan con CPC, lo cual representa el 62.5 por ciento del total de entidades.

Procesos cuestionados

Las leyes de nueva generación, relacionadas con la rendición de cuentas (Ley general de transparencia, ley general del sistema anticorrupción) contemplan que los procesos de designación de integrantes de los nuevos organismos (órganos garantes de la transparencia, comisiones de selección, comisiones de participación ciudadana) se realicen de manera abierta, transparente y con la observación de los ciudadanos.

Incluso, organizaciones de la sociedad civil han logrado que algunas normas se legislen bajo el principio de parlamento abierto, que es una modalidad con activa participación ciudadana, y han exigido que en los nombramientos de los titulares de dependencias relacionadas (auditor superior de la federación, magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fiscal federal anticorrupción) haya reglas claras y transparentes, con procesos abiertos, a efecto de que se garantice el arribo de los mejores candidatos a esos puestos.

Pero esta tendencia de apertura y transparencia no se ha reflejado en los estados, donde se deben construir a nivel local las instituciones necesarias para estar en condiciones de formar parte de los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización, transparencia y anticorrupción.

En Guerrero, la integración de este tipo de organismos ciudadanos o con autonomía respecto de los poderes, no ha sido la más pulcra ni transparente; sólo hay que recordar el proceso reciente de elección de los comisionados del Instituto de Transparencia del estado para concluir que persiste la intromisión de actores externos.

Las designaciones en puerta, tanto de la comisión de selección como del CPC del sistema estatal anticorrupción, están en riesgo de correr la misma suerte. Y esta opacidad y simulación no es privativa de Guerrero, sino que ha proliferado en varios estados de la república.

En Oaxaca, por ejemplo, la organización Nosotrxs denunció que el proceso de integración del CPC estatal fue sido opaco, tendencioso y apresurado, ya que “A destiempo y con opacidad, se designaron a los integrantes de esta Comisión de Selección, en la cual se puede advertir que, salvo un par de excepciones, no se cumplen las reglas de tener personajes destacados de la academia o la sociedad civil. Esto pone en duda la adecuada instalación del Comité de Participación Ciudadana, para la cual personajes destacados que cumplían con las condiciones requeridas han sido desestimados”.

En Sonora “hubo parcialidad y manoseo para favorecer al PRI”, según denunció uno de los candidatos a ocupar un sitio en el CPC estatal, Juan José Duarte Bravo, quien agregó que “la deliberación sobre los participantes seleccionados no fue pública, sino que se hizo mediante cédulas a puerta cerrada y el procedimiento no se apegó a los estándares de transparencia”.

También en Zacatecas hubo denuncias en el sentido de que una de las designadas no cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria. La denuncia la realizó la diputada local Lorena Oropeza Muñoz.

En Aguascalientes, cuatro aspirantes que participaron en la convocatoria para integrar el CPC del estado manifestaron irregularidades en el proceso de selección de consejeros y promovieron un amparo contra la conformación de dicho comité. El Juzgado Quinto de Distrito ya admitió el recurso legal y actualmente está en proceso.

En Guerrero

La construcción del sistema estatal anticorrupción en Guerrero será un proceso complejo, ya que se trata de una institución nueva que involucra en su operación a varias dependencias, pero sobre todo, que implica la generación de políticas y procedimientos novedosos que deberán remover numerosas inercias y vicios vigentes en la administración pública del estado. El sistema tendrá en el comité coordinador a su componente directriz y más importante y estará integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero; el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Prácticamente todos los integrantes están en espera de sumarse al sistema, sólo falta el CPC, y antes, la integración de la comisión de selección del CPC, que deberá ser nombrada por el Congreso del estado. En el caso de los cinco integrantes del CPC, la ley establece que deberán ser ciudadanos “de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción en el Estado”.

Este el punto ha provocado numerosas inconformidades en los procesos de integración de los CPC en otros estados, ya que se denuncia que se eligen personas “a modo” y cercanas a funcionarios y políticos. En Guerrero esperamos que las autoridades gubernamentales que regularmente deciden o influyen en nombramientos detrás de bambalinas, se apeguen a lo que dice la norma y sean congruentes con todo lo que se dice en los antecedentes y considerandos de la Ley Estatal Anticorrupción.

Tan importante como la designación de los miembros del CPC es el proceso de nombramiento de los cinco ciudadanos de la comisión de selección. Este proceso también debe ser lo más pulcro y transparente posible. La mecánica es que el Congreso del estado convoque a instituciones de educación superior y de investigación del estado, para proponer a tres candidatos que integren dicha comisión de selección. Éstos deberán destacarse “por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción”.

Pero los legisladores también convocarán a organizaciones de la sociedad civil e investigadores especializados en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a dos miembros.

Sin embargo, los diputados guerrerenses atendiendo primero los asuntos relativos a sus próximos cargos, no convocaron ni designaron a la comisión de selección, no obstante que la ley estatal anticorrupción establece que este proceso tendría que ocurrir dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la ley, es decir, el 1 de enero de 2018.

Comenzó mal la implementación del sistema anticorrupción de Guerrero. ¿Habrá en el sector público quien esté interesado en echar a caminar el sistema, más allá de que sea una obligación dictada por la Constitución?