Desbocada la corrupción en México

El Sur, Periódico de Guerrero

La corrupción en México está sin control, así lo destacan las principales organismos e instituciones que analizan su comportamiento y cuantificación. La organización Transparencia Internacional, por ejemplo, recién dio a conocer su Índice de Percepción de la Corrupción 2017, donde México cayó seis lugares respecto al año pasado al pasar del sitio 129 al 135, de un total de 180 países evaluados. Nuestro país obtuvo una calificación de 29 puntos, en una escala que va de 0 a 100, y a nivel regional se ubicó entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil (en el lugar 96), Argentina (85) o Colombia (96).

Pero hay otros indicadores que observan directamente el desempeño de la administración pública y cuyos resultados negativos pueden relacionarse con la corrupción, éstos son las revisiones a las cuentas publicas de las entidades gubernamentales, que cada año practica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su entrega más reciente, la del 20 de febrero de 2017, la ASF encontró que “en 2016, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -que encabeza Rosario Robles- desvió 1,747 millones de recursos públicos (…) Y lo hizo usando universidades públicas y televisoras públicas”, según reseña el portal de noticias Animal Político, que también recuerda que el mecanismo empleado para consumar este desvío -conocido como La Estafa Maestra- no había sido utilizado por la Sedatu, pero sí por la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente cuando la misma Rosario Robles estuvo al frente.

Esa fuente de noticias también explicó que el desvío de recursos se produce al entregarle contratos millonarios a dependencias públicas aprovechando una excepción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios al Sector establecida en el artículo 1, las cuales a su vez le dan el dinero a empresas privadas, seleccionadas sin licitación. Entre las empresas incluso hay algunas fantasma, ya denunciadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por no tener oficinas ni empleados.

En el caso de las entidades federativas, los probables desvíos alcanzan a entidades como Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo. Pero ¿qué encontró la ASF en el caso del estado de Guerrero respecto de los recursos federalizados? Aquí algunos de sus resultados.

Recursos federalizados

Las cuentas públicas que revisó la ASF son del ejercicio 2016, es decir, corresponden enteramente al gobierno de Héctor Astudillo y a las actuales administraciones municipales. Por la cantidad de entidades fiscalizables, la ASF revisa sólo una muestra de dependencias públicas de cada estado y los resultados de la fiscalización se realizaron en tres etapas (junio, octubre y febrero). En esta entrega nos referiremos a las más destacadas de las tres fases.

De acuerdo con el informe ejecutivo de la ASF, en la partida de recursos federalizados programables (Ramo 33, Ramo 25, convenios de descentralización y Subsidios), en el indicador monto observado/muestra auditada, la ASF ubicó a Guerrero en el lugar 14 con 9.0 por ciento (en la revisión integral), es decir, por cada peso transferido por este concepto, se observaron nueve centavos. Hay estados que tienen más observaciones a su gasto como Veracruz con 20.7 por ciento, Morelos (15.6), Baja California Sur (14.7), Michoacán (14.2) y Nuevo León (12.8).

En el caso del ejercicio de las participaciones (recursos no etiquetados, Ramo 28), la muestra auditada fue de 4,960.2 millones de pesos y las observaciones fueron de 390.3 millones de pesos, para un porcentaje de 7.9 por ciento, es decir, de cada peso enviado a Guerrero por concepto de participaciones, fueron observados ocho centavos. Comparado con otros estados, Veracruz tiene 35.7 por ciento, Nuevo León 31, Quintana Roo 63.5 y Zacatecas 28.4.

Sí bien, las cuentas públicas del estado ya no se encuentran entre las que más observaciones tienen en el país, según las comparaciones de la ASF, sí persisten prácticas y omisiones que no han podido desterrarse desde gobiernos anteriores.

Salud, educación e infraestructura

El sector salud continúa siendo uno de los más observados por las revisiones de la ASF; de hecho, el órgano fiscalizador determinó que el gobierno del estado no realizó “una gestión eficiente y transparente de los recursos” de este fondo. Del ejercicio 2016 se revisó el 96 por ciento de los 4,372.4 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y se detectaron 851.6 millones de pesos como probable daño a la hacienda pública federal, de los cuales 609.3 millones corresponden a impuestos sobre la renta por sueldos y salarios no enterados al SAT; 211.4 millones por no pagar en su totalidad los enteros del SAR y Fovissste, así como 27 millones de préstamos realizados a otros programas, entre otras irregularidades.

Éste ha sido un problema recurrente durante varias administraciones estatales. La Secretaría de Salud nunca ha explicado pública y satisfactoriamente a qué se destinan los recursos –en 2016, más de 800 millones de pesos– que se desvían al no pagarse diversos impuestos de los trabajadores, y esto es particularmente grave cuando hay denuncias constantes por la falta de medicamentos y equipo en casi todos los hospitales y centros de salud del estado.

Lo mismo sucede con el programa Seguro Popular. En este caso, la ASF encontró un probable daño por 49.4 millones de pesos que corresponden al no pagarse los enteros del ISR y Fovissste y SAR. Y del programa Prospera, componente de salud, el gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, que generaron un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 63 millones de pesos. También se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 142.6 millones de pesos, de las cuales la entidad fiscalizada no acreditó que fueran aplicadas en los objetivos del programa.

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del Ramo 33 es el más cuantioso en el estado, ya que en 2016 recibió 16,542.3 millones de pesos. Durante la revisión de la ASF se determinaron cuantificaciones monetarias por 387.4 millones de pesos, que corresponde a recuperaciones probables, integradas por el pago de 180.7 millones a personal adscrito a centros de trabajo bolsa o personal por reubicar, los cuales no son financiables con el fondo; un millón 200 mil pesos para pagar personal adscrito a centros de trabajo en Guerrero, así como en los estados de Hidalgo y México, los cuales no son compatibles geográficamente; también se determinó la falta de documentación soporte de pagos realizados con recursos de Gasto de Operación por 57 millones de pesos y 148.4 millones, con lo que se pagó personal que no fue localizado durante la verificación física de los centros de trabajo, pero que estuvieron adscritos durante 2016 a los centros de trabajo financiados con el FONE.

En el caso de Fondo de Infraestructura Social para las entidades (FISE), aunque la ASF encontró que el gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, y además incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia, ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos, las obras y acciones y sus costo, ubicación, metas y beneficiarios, el órgano fiscalizador federal determinó que el gobierno del estado realizó “una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa”.

Pero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la ASF encontró que la administración de Astudillo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos. Al revisar el 98.5 por ciento de los 1,233.8 millones de pesos transferidos por este fondo, se observó que al 31 de diciembre de 2016, el estado gastó el sólo 47.8 por ciento de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (28 de febrero de 2017) el 64.2 por ciento, lo cual generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.

Asimismo, se determinaron posibles daños a la hacienda pública federal por un importe de 4,843.3 miles de pesos, al destinarse a conceptos que no están relacionados con la supervisión y control de las obras realizadas, al pago de gastos indirectos que le corresponden a otros fondos.

Otro fondo que presentó subejercicios es el Fondo de Aportaciones Múltiples, del que se revisó el 59.8 por ciento de los 890.6 millones de pesos recibidos en el estado. Al 31 de diciembre de 2016, el gobierno estatal no había ejercido el 52.8 por ciento de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2017, aún no se ejercía el 22.5 por ciento, lo que propició que no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas.

De los recursos ejercidos en el rubro de Infraestructura Educativa, el 1.3 por ciento (11.7 millones de pesos) se destinó al pago de obras de infraestructura básica que no están beneficiando a la población objetivo, ya que no se encuentran terminadas ni en operación; asimismo, se omitió aplicar penas convencionales por incumplimiento de los plazos de ejecución por 2.3 millones, y hacer efectivas las garantías de anticipo y de cumplimiento por un millón de pesos.

Obra pública municipal

Respecto de los recursos transferidos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en general, la ASF concluyó que los ayuntamientos guerrerenses evaluados no disponen de un adecuado sistema de control interno que les permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas. Igualmente, las revisiones determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que los municipios no proporcionaron a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.

Su conclusión es que los ayuntamientos revisados no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF. A todos los ayuntamientos les observaron la adquisición de fertilizante con recursos de este fondo, aunque nunca lo menciona por su nombre, sino que los denomina “proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la Sedesol y no cuentan con la opinión favorable de esta dependencia federal para considerarse como proyectos especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”.

Es el caso de Acatepec, que invirtió 16.6 millones de pesos (11.5% del FISMDF) al programa de fertilizante; Ayutla, con 50.3 millones de pesos (33.6% de lo asignado); Chilapa, con 40.1 millones (17.2% de lo asignado); Ometepec, que invirtió 19.7 millones de pesos (17.4%); y Chilpancingo, que gastó 13.6 millones de pesos en la compra de fertilizante (8.7% del FISMDF), y San Luis Acatlán (29.9 millones).

En particular, de Acapulco indicó que al 31 de diciembre de 2016 gastó sólo el 70.7 por ciento de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2017) el 94.5 por ciento, y esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. Asimismo, se le determinaron cuantificaciones monetarias por 15.1 millones de pesos que corresponde a recuperaciones probables, integradas por 10.5 millones de transferencias a otras cuentas del municipio, las cuales no fueron reintegradas a la cuenta del fondo, el pago de un millón y medio con recursos del FISMDF que se debieron pagar con recursos del Fortamundf 2017, y el pago de 3 millones por concepto de copias, impresiones, escaneos de expedientes de obra y servicios de integración de expedientes, acciones que no están comprendidas dentro del catálogo del fondo.

Revisión ciudadana

Son numerosas las revisiones realizadas por la ASF a las entidades gubernamentales en el ejercicio 2016 en sus tres etapas, que sería imposible resumir en este espacio. Queda, sin embargo, la sensación de que detrás de cada observación del órgano fiscalizador federal hay una presunción de corrupción, y en el mejor de los casos, de ineficiencias e incapacidades de las entidades gubernamentales para hacer un ejercicio eficiente de los recursos públicos.

La ciudadanía debe aprender a analizar los resultados de estas revisiones, porque para la exigencia de una gestión pública sin corrupción, ya no sólo es necesaria la buena fe y la confianza en los gobernantes; hace falta una actuación más activa.

Nuevos comisionados en el Itaigro

El Sur, Periódico de Guerrero

En un lapso de 17 días, dos acontecimientos exhibieron el estado en que se encuentra la transparencia y el acceso a la información en Guerrero, así como los procedimientos poco cuidados con los que se designan cargos tan importantes como los de comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro).

Hace 10 días, el órgano garante, en voz de su presidenta, Elizabeth Osorio Patrón, presentó el doceavo informe de actividades del instituto, correspondiente al ejercicio 2017; aunque es posible destacar algunos avances, lo realmente sobresaliente del informe es la férrea resistencia de muchas dependencias públicas a cumplir las obligaciones que establecen las leyes en la materia, pero también la inacción, omisión o lentitud de las instituciones involucradas para garantizar el derecho de acceso a la información.

Uno de los indicadores que destaca es la presentación de 7 mil 547 solicitudes de información durante 2017, casi siete veces más que en 2011, cuando entró en funcionamiento la plataforma electrónica de gestión de solicitudes Info Guerrero, y 21 veces más que en los primeros años de vigencia de la primera ley de transparencia, cuando se registraban un promedio de 350 solicitudes anuales.

Detrás de esta cifra hay un dato alentador: el creciente interés de la ciudadanía por conocer lo que hace su gobierno y la utilización de los mecanismos que permiten tener acceso a ese tipo de información. Aun cuando Guerrero es un estado con rezagos en el acceso a la tecnología de amplios sectores de la población, la mayor parte de las solicitudes (98 por ciento) fueron por vía correo electrónico y a través de la plataforma nacional de transparencia.

Hay, sin embargo, muchos datos que desalientan porque dejan ver la dimensión de las resistencias que persisten en las dependencias públicas. Por ejemplo, 58 sujetos obligados no cumplieron con la obligación de presentar su recuento anual de las solicitudes de información que recibieron en 2017. Esto equivale a 27.8 del total de dependencias obligadas a hacerlo; entre éstas se cuentan 11 oficinas del Ejecutivo, 21 ayuntamientos, siete sindicatos, dos universidades y el poder judicial del estado, y de acuerdo con el Itaigro, no entregar el informe anual de solicitudes de información es una falta grave que puede ser sancionada con una multa económica.

Hay también otros incumplimientos como no integrar su comité de transparencia o no designar al titular de la unidad de transparencia. En el primer caso, son 30 los incumplidos y en el segundo, 41. Esta irregularidad también es muy grave porque denota el nulo interés de los titulares de las dependencias por instalar la infraestructura básica para la gestión de información. Aunque el Itaigro no publicó en su informe cuáles son las dependencias que se encuentran en estos dos casos, sin duda coinciden con los que no responden solicitudes de información y tampoco entregan informes.

 Más datos

Hay 11 dependencias que concentran casi el 50 por ciento de los recursos de revisión o quejas presentados por la ciudadanía ante el Itaigro. Entre ellas están la Secretaría de Educación de Guerrero con 19 quejas, el Congreso del estado con 13, la Fiscalía General del estado (11), Secretaría General de Gobierno (10), ayuntamiento de Acapulco (10) y el Tribunal Superior de Justicia del estado (8).

También están el ayuntamiento de Chilpancingo (7), la Secretaría de Finanzas y Administración (6), la Secretaría de Salud (6), el Itaigro (6) y la Universidad Autónoma de Guerrero (6). El número de recursos presentados en 2017 representa el 2.7 por ciento del total de solicitudes registradas, según la información del Itaigro. Sin embargo, y si tener datos duros a la mano, tenemos la presunción -por la experiencia en estas lides- que hay un subregistro de recursos de revisión, es decir, son más las ocasiones en que el ciudadano recibe negativas o le retrasan la entrega de información o le proporciona información que no corresponde, de lo que registra la información oficial. Los ciudadanos no confían aún en los procedimientos o les parecen muy engorrosos y tardados, por lo que prefieren no presentar sus recursos.

Otros cuellos de botella, que el Itaigro no aborda en su doceavo informe de actividades, es el que se refiere al incumplimiento de sus resoluciones. La consejera presidente del órgano garante informó sobre 266 recursos de revisión resueltos, 112 del ejercicio 2016 y 154 de 2017; de estos últimos, en 59 casos “se instruyó al Sujeto Obligado a entregar la información”. El problema es que en la gran mayoría de los casos, las dependencias públicas hacen caso omiso a las resoluciones del Itaigro y continúan con la negativa a entregar información; así, no hay manera ni legal ni extra legal de hacer valer el derecho de acceso a la información. No sabemos cuántas resoluciones están en este caso porque el Itaigro no tiene datos sobre el asunto o no los ha publicado.

Finalmente, una de las situaciones más preocupantes es la omisión en la aplicación de sanciones económicas. La pelota está en la cancha de la Secretaría de Finanzas y Administración, que desde hace ya muchos meses no ha establecido el procedimiento apropiado para hacer efectivas las multas. Sin este importante eslabón, queda trunco el ejercicio de acceso a la información y abre la puerta a la impunidad.

En general, 2017 tuvo sus mejores avances en la institucionalización del órgano garante con el establecimiento de normas internas y organización del trabajo, además de la rendición de cuentas institucional. Sin embargo, los grandes pendientes están fuera del instituto y si no hay una inteligente y estratégica intervención, difícilmente veremos avances significativos en los próximos meses.

 Los nuevos comisionados

En las diferentes ocasiones en que se emitieron convocatorias para designar a las y los comisionados del Itaigro -2006, 2010, 2014- hubo expectación sobre la manera en que se integraría el órgano garante de la transparencia en el estado. Por la naturaleza de sus funciones, la expectativa natural siempre ha sido que los procedimientos de la elección de los integrantes sean transparentes, abiertos, impecables; sin embargo, regularmente no ha sido así porque en las diferentes legislaturas han predominado las asignaciones por cuotas de partidos y de personas inelegibles; incluso, las torpezas del legislativo de Guerrero propiciaron que hace dos años y medio un tribunal colegiado enmendara la plana a los legisladores y se vieran obligados a sustituir a un consejero que no era elegible.

Pero el proceso de 2018 no tiene precedente, ya que como en ningún otro se observó un proceso de designación de candidatos apresurado, opaco y en el que no hay evidencia de una elección con base en la experiencia y especialización en la materia.

Quien esto escribe se presentó en el mes de enero por lo menos tres veces en las oficinas del Congreso del estado para preguntar por la calendarización de las entrevistas públicas de las y los candidatos a comisionados del Itaigro, pero nunca nadie supo dar esa información; tampoco en estrados publicaron los nombres de los aspirantes, ni las versiones públicas de sus currículos, ni sus propuestas de trabajo, datos básicos para que cualquier ciudadano interesado pudiera conocer los perfiles de los candidatos.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en su artículo 38, establece claramente que “en los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad”. Y en la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, en su artículo 36, fracción II, inciso a) dice: “La Junta de Coordinación Política realizará una evaluación de los aspirantes. A su vez revisará los perfiles, celebrará las entrevistas que requiera con los aspirantes, las cuales serán públicas y, en su caso, realizará las demás evaluaciones que considere pertinentes”.

Claramente el Congreso del estado no se apegó a los principios de garantizar la transparencia y la participación de la sociedad del proceso, al contrario, los procedimientos de revisión y designación fueron apresurados -todos en 24 horas, el 15 de enero- y se omitió realizar entrevistas públicas con las y los aspirantes a comisionados, como lo exigen las leyes y como se estableció en la convocatoria que los propios legisladores emitieron para la designación.

Por la opacidad con que se llevó a cabo el proceso, se desconoce incluso el perfil profesional de quienes fueron designados; escuetamente el Congreso informó que Mariana Contreras Soto es licenciada en derecho por el ITAM, asesora de la titular de la unidad de transparencia de la Secretaría General de Gobierno; enlace del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción y encargada de trámite de solicitudes de información.

De Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez se dijo que fue asesor del Congreso del estado, del Instituto Estatal Electoral y de la unidad de transparencia del municipio de la Unión, además de secretario técnico del consejo de administración del Congreso del estado. Y de Pedro Delfino Arzeta García dijeron que cuenta con cursos, talleres coloquios en la materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y experiencia profesional en la rama periodística. Como puede observarse, es pírrica su trayectoria en transparencia, acceso a la información y en rendición de cuentas.

Al respecto, el artículo 38 de la Ley General de Transparencia dice que en la conformación de los órganos garantes de los estados se procurará privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. Lo mismo establece la Ley 207 de transparencia del estado en su artículo 36, fracción III, inciso a).

Simulación

Es lamentable que el Congreso haya organizado un remedo de designación de los consejeros. Las y los aspirantes fueron convocados apresuradamente el 15 de enero para ser entrevistados, pero era claro que era una simulación porque la decisión ya estaba tomada fuera del Congreso del estado. En una jornada maratónica, en donde desahogaron numerosos asuntos, se designaron a los tres consejeros pasada la media noche. La táctica de hacer la selección en la madrugada funcionó porque los medios de comunicación ni se enteraron de la designación de los nuevos consejeros y de la burda manera como se llevó a cabo.

Incluso en las redes sociales circuló, específicamente en la página de “Notisur Guerrero”, por lo menos tres horas antes de que las y los diputados “eligieran” a los comisionados, una nota donde se daban los nombres de los designados. Una burla monumental, no hubo seriedad en el proceso.

Los nuevos comisionados nacen con un déficit de legitimidad. Sus primeras decisiones deberán remontar la incredulidad y opiniones adversas del proceso mediante el que fueron electos. Los retos que hay por delante son difíciles y complicados, porque deberán resolverse en el corto plazo (el tema de las multas, los incumplimientos de subir información a la plataforma nacional de transparencia, los sujetos obligados sin unidades ni titulares de transparencia, el rezago de recursos de revisión y más recientemente, las presiones de un potencial conflicto laboral, si deciden cambiar de personal), todo con un bajísimo presupuesto.

La curva de aprendizaje de los comisionados será lenta porque la normatividad del ejercicio del derecho de acceso a la información se ha complejizado, y mientras tanto se acumularán rezagos que se sumarán a los ya existentes.

El gobernador Héctor Astudillo colocó a Mariana Contreras Soto en el Itaigro como una de sus piezas. Se espera que esa posición signifique mucho más que tener una chamba, es decir, que a través de ella se puedan operar acciones que superen rezagos e inercias y se dé un nuevo impulso a la transparencia en el estado. Haber pertenecido al equipo del gobernador puede acercarle recursos adicionales al Itaigro para resolver muchos de los retos, también puede ser muy útil para conformar un verdadero equipo profesional y especialmente para que el pleno funcione como un organismo colegiado, y no fragmentado como lo hizo hasta el 8 de febrero de 2018.

Creemos que lo que pase en el Itaigro de aquí en adelante, será un reflejo de la política de transparencia y acceso a la información que quiere el gobernador para el estado, pues ningún mandatario se había involucrado tanto en el proceso de designación del órgano garante.