Publicado en el Sur de Acapulco
De 2008 a 2015, la Auditoría General del Estado de Guerrero inhabilitó a un total de 154 servidores públicos de diferentes ayuntamientos de la entidad. Destacan en el registro, por el número de funcionarios sancionados, Atlamajalcingo, con 14 servidores inhabilitados en el periodo, Zapotitlán Tablas y Copalillo, con diez cada uno; Atlixtac, que tiene nueve sancionados, y los ayuntamientos de Ajuchitlán, Ahuacuotzingo, Coyuca de Catalán y Pedro Ascencio Alquisiras, con cinco.
Los funcionarios inhabilitados son ex presidentes municipales, ex síndicos, ex tesoreros y ex directores de obras públicas. Los motivos por los que recibieron la sanción fueron el incumplimiento en la entrega de informes financieros cuatrimestrales, semestrales o la cuenta pública anual, que de acuerdo con la ley de fiscalización tienen la obligación de entregar en tiempo y forma.
En esta segunda parte nos referiremos a los resultados del control y la fiscalización que se ha realizado en los últimos años en Guerrero, a propósito de que ya está en puerta el sistema estatal anticorrupción que entrará en vigor en 2018 y modificará de manera importante el trabajo tanto de la Auditoria Superior del Estado -como se denominará a la AGE a partir del 1 de enero- como de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado (SCTG).
La información que se presenta en esta edición se deriva de las respuestas de estas dos dependencias a solicitudes de información presentadas a finales de agosto de 2017; también de la revisión de sus portales electrónicos, así como de revisiones a distintos periódicos que en su momento publicaron información sobre los funcionarios sancionados.
De acuerdo con los datos de la AGE, actualmente hay 10 funcionarios municipales inhabilitados por periodos que van de los 3 años y tres meses a cinco años y seis meses. Destacan, entre los inhabilitados, los ex presidentes municipales de Taxco, Abraham Ponce Guadarrama; Tetipac, Serafín Ayala Ramos; y Pedro Ascencio Alquisiras, Eustorgio Sánchez Beltrán. Cabe mencionar que de estos mismos municipios también fueron inhabilitados el síndico y los tesoreros, y en el caso de Pedro Ascencio Alquisiras, el secretario de obras públicas.
Los motivos por los que fueron sancionados son “daños ocasionados a la hacienda pública municipal” en los ejercicios 2003 y 2009. Algunos recién cumplieron su periodo de inhabilitación y otros lo harán en 2018, ya que sus sanciones se emitieron en 2013 y 2014.
Asimismo, el órgano fiscalizador estatal registra un total de 14 denuncias penales en contra de funcionarios municipales y de organismos públicos descentralizados paramuniciales, por el delito de “ejercicio indebido del servicio público, peculado y lo que resulte”, de los ejercicios 2013 a 2016. No identifica a los municipios ni a los servidores públicos porque las denuncias están en proceso.
Respecto de las medidas de apremio, del ejercicio fiscal 2014, la AGE emitió multas a 57 funcionarios de 19 ayuntamientos porque incumplieron con el requerimiento de información para la presentación del informe financiero semestral julio-diciembre y cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. En este caso sí identifica a los ayuntamientos, pero no los nombres de los funcionarios multados.
En el periodo enero-septiembre del ejercicio 2015, fueron 28 los funcionarios multados de 14 municipios; en tanto que de octubre a diciembre del mismo año, es decir, de las administraciones municipales actuales, se multaron a presidentes y tesoreros de los ayuntamientos de Alpoyeca, Eduardo Neri, Pungarabato y Tlalchapa, también por incumplimiento en los requerimientos de información del órgano fiscalizador.
En el caso del ejercicio fiscal 2016, sólo se registran multas al presidente y tesorero del ayuntamiento de Leonardo Bravo, al director general de los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Tixtla, y al director general del Instituto del Deporte de Guerrero.
En materia de procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria, la AGE tiene 16 expedientes abiertos, los más antiguos datan del ejercicio 2003. Por ejemplo, de ese año se tienen cinco procedimientos de “Indemnización solidaria resarcitoria” a ex presidentes, ex síndicos y ex tesoreros de los ayuntamientos de Heliodoro Castillo (4.2 millones de pesos), Azoyú (1.8 millones), Cuetzala (820 mil), San Marcos (398 mil) y Petatlán (103 mil pesos)
En 2004, por el mismo concepto, se emitieron sanciones en contra de seis ex funcionarios de los ayuntamientos de Huamuxtitlán para resarcir 1.7 millones de pesos, y Tlalchapa (201 mil pesos).
Finalmente, de la cuenta pública de 2009 se expidieron procedimientos resarcitorios en contra de 34 funcionarios municipales de nueve ayuntamientos; destacan Alpoyeca, cuyos servidores deberán resarcir 440 mil pesos; Huitzuco, con 267 mil pesos, Cochoapa, 232 mil y Mochitlán, que deberá cubrir 110 mil pesos.
Gobierno del estado
La Secretaría de la Función Pública publica los registros de personas inhabilitadas por los gobiernos de los estados a través de sus contralorías locales. En el caso de Guerrero, la dependencia federal despliega 17 registros de inhabilitaciones, todavía vigentes, correspondientes a 16 servidores públicos, que van de septiembre de 2008 a junio de 2014, la mayoría con sanciones que consisten en la prohibición para ocupar puestos públicos en un lapso de 10 años. De acuerdo con estos registros, el motivo es la “negligencia administrativa”, sin que se explique con detalle a qué se refieren con ese concepto.
Esta base de datos de la SFP no coincide del todo con el reporte de funcionarios inhabilitados del gobierno del estado, el cual se pidió mediante la solicitud de información folio 00501517 a la SCTG, y que cuenta con nueve registros. Sólo hay siete servidores públicos que coinciden en las publicaciones de ambas dependencias.
La ex subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, Clara Judith González Fagoaga fue inhabilitada para ocupar cargos en la administración pública hasta 2024. De acuerdo con el seguimiento que hicimos en la prensa –ya que ni la contraloría estatal ni la SFP abundan sobre el tema– quien fue funcionaria en la gestión de Zeferino Torreblanca Galindo fue acusada de otorgar compensaciones discrecionales (bonos) y recursos de fin de año a funcionarios públicos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) “sin que existiera sustento normativo que lo autorice”.
Otra ex funcionaria de la Secretaría de Salud es Brenda Ivonne Morales Benítez, que se desempeñaba como subdirectora de Recursos Financieros; es la única que aparece con dos expedientes, y también permanecerá inhabilitada hasta 2024. Según las notas de prensa, la funcionaria solicitó recursos para entregarlos de manera irregular a servidores públicos “con cargo a los recursos de cuota social para vigilancia, lavandería, limpieza, higiene y fumigación en lugares distintos a las unidades médicas”. A la misma funcionaria se le señala, en el Pliego de Observaciones R341/2012, de que autorizó el desvío de recursos del Seguro Popular para las aportaciones patronales de seguridad social (aportaciones al ISSSTE), por 13 millones 835 mil 660.67 pesos, de enero a diciembre del 2010.
Otro ex funcionario que aparece en los registros de la SCTG y de la SPF es Ramón Sotres Núñez, ex director del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano del gobierno del estado, está inhabilitado por 10 años y su sanción vence en 2020. Por cierto, de acuerdo con denuncias publicadas en la prensa, Sotres Núñez previamente enfrentaba procedimientos administrativos disciplinarios antes de llegar al Invisur, derivados de irregularidades en su paso por la delegación Gustavo A. Madero en la ciudad de México. El titular del Invisur fue destituido a mediados de 2009, luego de que alcaldes de varios ayuntamientos denunciaron malos manejos de los recursos que envió el gobierno federal para el Programa de Mejoramiento de Vivienda.
Los registros federal y estatal de sancionados también incluyen a Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal, inhabilitado por diez años en 2008, por lo que está a punto de concluir su sanción. De este ex servidor público se sabe que en febrero de 2015 asumió la diputación federal, por el distrito federal 07 de Chilpancingo, ante la renuncia del Jorge Salgado Parra. Es decir, asumió un cargo de elección popular estando inhabilitado para ocupar puestos en la administración pública, y aunque la ley no lo impide, su proceder no se ajusta a la ética de la función pública que tanto se pregona. Marroquín Cristóbal era coordinador de Enlace entre la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la de Administración y Finanzas del gobierno del estado (Sefina).
Otros ex funcionarios son Luis Manzanedo Figueroa, quien desde 2010 cumple un periodo de inhabilitación por diez años, pero se desempeñó como director de planeación en la administración de Luis Walton Aburto. María Hortensia Galeana Ortiz, ex jefa de departamento en la dirección general de administración y desarrollo de personal de la Sefina, con una inhabilitación de diez años, que concluye también en el 2018. Por cierto, a esta ex servidora pública también se le abrió un expediente de carácter penal ante la entonces Procuraduría General de Justicia del estado por el desvío de ocho millones de pesos.
Asimismo, aparecen en el registro de sancionados Juan Carlos Estrada Reyes, ex director general del DIF-Guerrero, inhabilitado con seis años y seis meses, y Octavio López Gómez, ex director de Administración y Finanzas de la misma dependencia, con el mismo lapso de sanción.
Otros ex servidores públicos inhabilitados son Ricardo Ernesto Cabrera Morín, ex titular de la Sefina, con una inhabilitación de tres años; por cierto, aun con la sanción, Cabrera Morín fue nombrado subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. También José Imer Moreno López, ex titular de la agencia fiscal de la Sefina, sobre quien pesa una sanción de ocho años de inhabilitación.
Inhabilitados municipales
Entre los inhabilitados que difunde la SFP hay cinco ex servidores públicos municipales, a saber: Genaro Vázquez Solís -hijo del ex guerrillero Genaro Vázquez Rojas-, sancionado por no comprobar recursos del ayuntamiento de San Luis Acatlán; por el mismo motivo, Antonio Vidulfo Morales Iglesias, ex alcalde de Mártir de Cuilapan, así como el ex tesorero de ese ayuntamiento, Fidel Celino Miranda. También está en la lista Serafín Ayala Ramos, ex presidente municipal de Tetipac y su ex tesorero Eric Fortanell Rodríguez. Todos ellos inhabilitados por 10 años, que por cierto cumplirán en 2018.
El también titular de la Secretaría de Finanzas del ayuntamiento de Acapulco, Fernando Aragón Gómez, fue sancionado con diez años de inhabilitación -que concluyen en 2020- por irregularidades en la cuenta pública durante la administración de Alberto López Rosas, quien por cierto, actualmente también tiene un expediente abierto para el resarcimiento de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Otro ex funcionario de ese ayuntamiento sobre el cual pesan 10 años de inhabilitación es Fernando Serna Gómez, quien se desempeñaba como director de Catastro.
Desapariciones no explicadas
A mediados de octubre de 2017 revisamos el Reporte de Servidores Públicos Sancionados de la SFP, en la sección de sanciones impuestas por los gobiernos de los estados. Los volvimos a hacer el 17 de noviembre y ya no aparecieron dos nombres, el primero es José Antonio Bajos Valverde, cercano funcionario del ex gobernador Torreblanca Galindo, que con el expediente QD/PA/002/2012, tenía inhabilitación por 10 años, es decir, hasta 2022, y ya no está en el registro.
Otro que desapareció del registro es Rubén Padilla Fierro, ex secretario de Salud, también en la administración de Zeferino Torreblanca, tenía el número de expediente RS/PA/002/2012-II y estaba inhabilitado hasta 2022.
Confianza ciudadana
La efectiva rendición de cuentas requiere de información gubernamental suficiente y de calidad hacia la población y que los funcionarios expliquen y justifiquen las acciones y decisiones que toman. Sin embargo, este proceso no está completo si no hay acciones efectivas de detección y sanción a los servidores públicos que cometen irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos. Sin este último componente -el de la sanción- la gestión pública difícilmente mejorará y la confianza ciudadana en sus gobiernos nunca será remontada.
