Discrecionalidad en la publicación de salarios

Publicado en El Sur de Acapulco

La renuncia de la consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, se comenzó a fraguar desde que dio a conocer que recibía la remuneración formal más cuantiosa del estado de Guerrero. Más allá de que se le reconozca una aceptable gestión dentro de la institución que hoy todavía preside, Marisela Reyes tal vez no calculó que un salario de la magnitud como el que ganaba sería percibido como una “grosería” en un contexto en el que la mayoría de la población obtiene ingresos miserables, y además sería utilizado en su contra por quienes se sentían incómodos por su forma de administrar el IEPC.

Puede decirse que pagó un precio muy alto por transparentar sus emolumentos, por eso muchos servidores públicos del estado prefieren no dar a conocer cuánto ganan en la nómina ni mucho menos los beneficios que obtienen de manera informal, pues correrían la misma suerte que la consejera presidente, o por lo menos serían estigmatizados por la opinión pública.

Hasta hace unos años, saber el monto de las remuneraciones de los funcionarios públicos era un misterio, y sólo muy recientemente –luego de que las leyes de transparencia hicieron obligatoria la publicación de los salarios– algunas dependencias comenzaron a abrir sus nóminas. Quienes mantienen en la opacidad sus salarios en estos tiempos argumentan que lo hacen por la inseguridad que se vive en el estado, como si no fuera un riesgo generalizado de la población abierta. Pero en el fondo de estos pretextos subyace la idea de que la población automáticamente pensará que hay una incongruencia si se comparan los altos salarios de funcionarios y los pobres o nulos resultados que se observan en la gestión pública.

Y precisamente para esconder este tipo de información, se han inventado varias fórmulas como descomponer el salario en varias denominaciones como sueldo base, prestaciones, compensaciones ordinarias y extraordinarias, gratificaciones, etc.; o la de dar a conocer sólo los “tabuladores”, donde no se dice con precisión cuánto gana un funcionario, pero sí el rango en el que se ubica; o definitivamente clasificarla como información reservada o confidencial.

Las leyes de transparencia

Con la primera oleada de leyes de transparencia de hace15 años, la publicación de salarios se convirtió en uno de los temas regularmente considerados como información pública obligatoria o de oficio. Una de las primeras leyes, la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental estableció en su artículo 7, fracción IV, la obligación de publicar “la remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes” de todos los empleados federales.

En el caso de Guerrero, la ley 568 de acceso a la información pública, vigente de junio de 2006 a julio de 2010, no consideraba los salarios de los funcionarios entre los temas de información obligatoria. Información tan simple como ésta, así como muchos otros rubros de información importantes para someterlos al escrutinio público, simplemente no merecieron atención de la LVII Legislatura. No en balde, esa ley fue considerada entre las peores que se legislaron en las entidades federativas en aquellos años.

La ley 374 de transparencia que rigió de agosto de 2010 a abril de 2016, incluyó un punto específico sobre el tema de los salarios. Al respecto el artículo 13 establecía que “Los sujetos obligados, con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, deberán tener disponible en su portal electrónico de manera permanente y actualizada, por lo menos la información siguiente: (…) VI. La remuneración mensual por puesto de los servidores públicos, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes”.

La ley 374 estuvo vigente para los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega y parte del de Héctor Astudillo. De acuerdo con los monitoreos de aquellos años, muy pocas instituciones hicieron caso a esta obligación.

Finalmente, la Ley 207 de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que actualmente nos rige -aprobada el 5 de mayo de 2016- retoma en el artículo 81 esta misma obligación en el artículo 81: “Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: (…) “VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”.

Precisamente para evitar la elusión de publicar este tipo de datos, la ley incluyó los diferentes componentes de un salario, ya que es casi regla general que se den a conocer sólo los sueldos base, pero no todos los elementos complementarios, que regularmente son mucho más cuantiosos.

Inexplicable opacidad de la Sefina

Si se revisa la fracción VIII del artículo 81 de la Ley 207 de transparencia del estado, relativa a la publicación de los salarios de los servidores públicos, prácticamente todas las dependencias del Ejecutivo estatal remiten al portal de la Secretaría de Finanzas y Administración porque es la oficina que concentra ese tipo de información. Sin embargo, al hacer esta consulta, las remuneraciones de los funcionarios y empleados de la administración pública estatal simplemente no aparecen.

Esta evasión se basa en un acuerdo del comité de transparencia de la Sefina que clasifica como confidencial o reservada una parte importante de la información que ahí se genera. Si se revisa el acuerdo, localizado en el sitio http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/08/ACUERDO-SEFINA-GUERRERO-INFORMACIÓN-RESERVADA.pdf, todos los argumentos que ahí se leen contravienen el discurso de transparencia que el gobernador Héctor Astudillo ha manejado durante todo su gobierno, incluso antes, en campaña. No es sano que la principal información financiera que produce el Ejecutivo del estado se mantenga en la opacidad, por lo que ese acuerdo debe ser revisado de manera urgente por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro).

La no publicación de las remuneraciones de los funcionarios de la administración pública estatal también se incluye dentro de dicho acuerdo, uno de cuyos considerandos dice que “derivado de la situación que se vive en el estado existe un riesgo latente sobre el derecho a la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, el cual se incrementaría si se permite a los particulares tener acceso a esos datos, tomando en cuenta que los servidores públicos de la Secretaría se reconocen antes como persona humana y es obligación de las autoridades garantizar a los mismos la protección más amplia (…)”.

En efecto, son las autoridades del poder Ejecutivo las que deben garantizar la seguridad no sólo de los funcionarios públicos, sino de toda la población guerrerense porque también son “personas humanas”.

Otro de los considerandos establece que en los “últimos años se han documentado a través de los medios de información una gran cantidad de agresiones que van desde las amenazas, extorsiones, privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio en perjuicio de servidoras y servidores públicos en el estado de Guerrero, cuya responsabilidad pública estaba vinculada al manejo de información financiera, fiscal o de recursos humanos, dando cuenta de la vulnerabilidad de aquellos cuya identidad es reconocida y ubicable por el desempeño propio de sus funciones”.

Y remata: “las cifras arrojadas por los estudios (…) confirman que la inseguridad en el Estado no constituye un supuesto. Esta realidad estadística se robustece con hechos específicos de los cuales se infiere que los servidores públicos, principalmente aquellos vinculados con el manejo de recursos públicos, o quienes se podría presuponer que cuentan con ingresos fijos y consistentes, representan un mayor atractivo para las personas o grupos que se dedican a actividades delictivas”.

Y entre sus conclusiones ordenan clasificar como información confidencial “los contratos de trabajo, los expedientes laborales y médicos, así como las percepciones del personal de la Secretaría”.

Este acuerdo es inaceptable por varias razones. Los servidores públicos no están más expuestos que la población en general, y en todo caso, si las políticas de seguridad no están funcionando, ellos tienen a la mano exigir al gobernador o a quien corresponda que se les brinde mayor seguridad para ellos mismos. La “inferencia” de quienes tramaron este acuerdo no es ninguna evidencia de que son más vulnerables. En todo caso, si hay temor a publicar sus remuneraciones, hay otros empleos en los que sus emolumentos pueden permanecer en el anonimato. El ejercicio de los recursos públicos debe ser transparente.

La publicación de sueldos es necesaria para evitar “aviadores” y situaciones que mucho se dieron en los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, sobre empleados que formalmente en la nómina ganaban una cantidad, pero en realidad recibían sólo la mitad; ¿es uno de los temores de esta administración?

Doble rasero

Hay dos posiciones dentro del Ejecutivo del estado respecto de la publicación de las remuneraciones. Como ya se observó, la Sefina decidió ocultar los salarios de los trabajadores de la administración pública estatal, supuestamente por razones de “seguridad”, pero no es congruente y deja descobijados a otros empleados públicos guerrerenses.

Las secretarías de Salud y Educación dan a conocer los salarios de sus empleados (ver http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ y http://www.seg.gob.mx/unidad_de_transparencia/viii-remuneracion-bruta-y-neta/ . La primera, difunde información de mil de sus trabajadores, mientras que la SEG publica los salarios de todos sus empleados, incluyendo maestros.

Tal vez se argumente que a estos empleados se les paga con recursos que provienen de los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud, y para la Nómina Educativa Gastos de Operación (FASSA y Fone), ambos del Ramo 33, es decir, partidas presupuestales federales. Sin embargo, quienes de ahí son remunerados no dejan de ser guerrerenses por ese hecho y también están expuestos a la inseguridad, como todos los demás. ¿Por qué sus salarios sí se publican y los del gobierno del estado no?

Salarios nominales en Guerrero

De acuerdo con el tabulador de sueldos del poder Ejecutivo del estado, el gobernador gana 102 mil 841 pesos y los secretarios están en un rango de entre 60 mil 841 y 114 mil 394 pesos, esta última cifra por arriba de lo que gana el mandatario estatal. Los empleados de apoyo general tienen sueldos de entre 4 mil 69 y 4 mil 407 pesos mensuales.

Los diputados, por su parte, obtienen un ingreso de 61 mil 399 pesos; los sueldos más bajos del poder Legislativo corresponden a las secretarías, con 7 mil 57 pesos, y a los empleados de seguridad, con 8 mil 939 pesos.

En el poder Judicial, el magistrado presidente gana 103 mil 890 pesos; y el resto de los magistrados y algunos consejeros 97 mil 554 pesos. Los jueces obtienen salarios netos de 46 mil 761 pesos.

En el caso de los ayuntamientos con más población, el presidente municipal de Chilpancingo prefirió omitir los sueldos de él y de todo el ayuntamiento; igualmente el de Taxco no informa sobre los salarios ni tampoco el de Zihuatanejo. El ayuntamiento de Chilapa tampoco publica los sueldos, ni el de Coyuca de Benítez, Tlapa hace caso omiso a esta obligación, y también Ayutla -que no tiene portal electrónico-.

Técpan de Galeana publica información muy escueta, donde el alcalde gana 45 mil pesos y los regidores 22 mil 500 pesos mensuales. Iguala registra 4 mil 828 trabajadores pagados por el ayuntamiento; su presidente municipal aparece con una remuneración de 90 mil pesos mensuales netos y los regidores 50 mil pesos.

Finalmente, el ayuntamiento de Acapulco difunde sólo 136 registros, aparentemente sólo de los mandos medios y superiores. Según esta lista, el presidente municipal gana 53 mil 812 pesos netos, la sindicatura administrativa 60 mil 713 pesos y la sindicatura de gobernación 18 mil 713. Cada uno de los regidores gana desde 51 mil 726 pesos hasta 54 mil 846 pesos. Muy disparejos las remuneraciones.

Conflictos de interés en el Consejo de Políticas Públicas

Publicado en El Sur de Acapulco

El Consejo de Políticas Públicas es una de las entidades públicas del estado de las que se tienen muy pocas noticias. Aunque la integración de este órgano se incluyó como parte de las reformas a la Constitución del estado, aprobadas en abril de 2014, fue la actual Legislatura del Congreso del estado la que convocó y designó a cuatro de sus cinco integrantes, el 12 de mayo de 2016. Días después, el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó la instalación de este Consejo el 2 de junio de 2016, ya incorporado su quinto integrante, designado por el mandatario y que desde entonces es presidente del organismo, que entre sus funciones principales está la “planificación de las políticas públicas para el desarrollo social del estado y de los municipios”, según establece la Constitución en su artículo 154.

Definido como un órgano con autonomía técnica, adscrito y dependiente del poder Ejecutivo del estado, el Consejo de Políticas Públicas ha tenido a la fecha una actividad muy marginal, debido a que el gobierno del estado no le ha asignado ningún presupuesto formal. Pero más allá de la desatención del Ejecutivo, las actividades del organismo deben hacerse públicas y sujetas al escrutinio público para evitar que se convierta en una oficina “cascarón”, que regularmente son útiles sólo para dar empleo a allegados del gobernador, de los grupos de poder o de diputados influyentes.

A excepción de algunos eventos, este órgano no ha realizado actividades sustantivas ni emitido recomendaciones relevantes que permitan mejorar el funcionamiento del Ejecutivo estatal, especialmente necesarias en un estado donde en la gestión pública predomina la falta de planeación, la improvisación en la puesta en marcha de las acciones, programas y proyectos, y donde prácticamente no existe la evaluación de resultados.
El Consejo no tiene página electrónica y para conocer la situación que guarda el Consejo de Políticas Públicas presentamos un paquete de solicitudes de información referentes a sus actividades y financiamiento. Las respuestas reconocen una manifiesta inacción del organismo, no obstante la urgencia de que las acciones y decisiones no sólo del Ejecutivo, sino de cualquier dependencia pública en Guerrero, se realicen desde un enfoque de política pública.

Pero también indagamos las actividades públicas de los integrantes del Consejo y descubrimos irregularidades en algunos de ellos, que los colocan en claros conflictos de interés y ponen en entredicho su permanencia en este naciente organismo.

Conflictos de interés

La consejera Rosalba Marcelo Pani no se ha presentado públicamente como consejera –por lo menos no la registra la prensa–, pero sí como dirigente de un grupo de mujeres. Esto no es irregular, pues su calidad de ciudadana y su derecho a organizarse no los pierde, aun cuando sea servidora pública.
Hace unos meses, en una conferencia de prensa realizada el 27 de abril de 2017, encabezando a un grupo denominado Mujeres de éxito y liderazgo, se pronunció en contra de declarar la alerta de violencia de género en el estado, una posición muy similar a la que tuvo el gobierno del estado durante muchos meses, hasta que la Secretaría de Gobernación la emitió en junio del mismo año. Y aunque la consejera aseguró que su organización no buscaba espacios políticos, “en reiteradas ocasiones agradecieron al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, por el apoyo brindado”, según publicó El Sur en su edición del 28 de abril.

El colectivo Mujeres de éxito y liderazgo también fue nombrado durante el acto de entrega de 400 viviendas del programa “Un cuarto más”. El gobernador, acompañado de su esposa, destacó que se han invertido más de 90 millones en el programa y mencionó que “en la construcción de los cuartos en zonas de alta y muy alta marginación participaron empresas guerrerenses aglutinadas a organizaciones como la CMIC, Coparmex y la organización de Mujeres de Éxito y Liderazgo, generando empleos y fortaleciendo la economía local”, según el comunicado de prensa del gobierno del estado del 4 de julio de 2017. El gobernador no mencionó cómo ejercieron los recursos los tres organismos, uno de los cuales es liderado por Marcelo Pani, y en este caso sí podría haber conflicto de intereses.

Pero además, el nombre de la consejera Rosalba Marcelo Pani aparece en el padrón de proveedores del gobierno del estado del periodo enero-marzo de 2017, a nombre o en representación del Grupo Altruista de Servicios Sustentables AC, con el número 194, clave 42776.

Aun cuando se trate de una asociación sin fines de lucro –de la cual no se sabe públicamente si tuvo o tiene contratos con el Ejecutivo–, Marcelo Pani se encuentra en una franca posición de conflicto de interés, ya que por ser integrante del Consejo de Políticas Públicas, un organismo público gubernamental, no debía aparecer como proveedora del gobierno del estado ni tampoco liderar una organización de mujeres que recibe recursos públicos estatales.

Otro caso es el de la consejera Verónica Olimpia Sevilla Muñoz, ya que su nombre aparece en el directorio que publica la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el cargo de subdirectora administrativa y de Control Escolar. Cabe destacar que aunque es un puesto dentro de la casa de estudios, no es un cargo docente, y del que seguramente obtiene una remuneración. Esto no lo pudimos corroborar documentalmente por la opacidad que caracteriza a la universidad, institución que nunca ha publicado las remuneraciones de su personal, como lo exige la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en su artículo 81, fracción VIII.
Si la funcionaria Sevilla Muñoz desempeña un cargo en la Uagro con un salario se encuentra también en una irregularidad, ya que no puede obtener dos remuneraciones. El artículo 114 de la Constitución del estado, que también aplica a los órganos con autonomía técnica, como es el caso del Consejo de Políticas Públicas, en el numeral 3 dice que sus integrantes “recibirán una remuneración digna y adecuada, acorde con la naturaleza de su encargo”. Ese mismo artículo, en el numeral 4, también advierte: “Durante el ejercicio de su encargo, los integrantes de los Órganos Autónomos: (…) II. No podrán desempeñar un empleo, encargo, comisión o actividad remunerada que pueda implicar conflicto de intereses. Quedan exceptuadas las actividades docentes y los cargos honoríficos en asociaciones científicas, culturales o de beneficencia, siempre y cuando no sean remuneradas y no comprometan su imparcialidad o su desempeño profesional”.

Un año de inactividad

A más de un año de que fue instalado por el gobernador del estado, el Consejo de Políticas Púbicas no ha tenido actividades sustantivas. A una solicitud de información sobre su presupuesto, el Consejo respondió que en el presente ejercicio fiscal no cuentan con una partida presupuestal y, para verificar su dicho, remiten al presupuesto de egresos del estado, donde efectivamente no existe la asignación de recursos al Consejo en este año.
Sin embargo evaden el tema de la remuneración de los consejeros y consejeras, ya que, indican, es la Secretaría de Finanzas y Administración la que cuenta con dicha información, y, por cierto, esa dependencia de manera indebida clasificó esta información como “reservada y confidencial”. En su respuesta, el Consejo no niega que actualmente los consejeros perciben un salario, aun cuando formalmente no cuentan con recursos para su operación. Actualmente el Consejo opera, además de los cinco consejeros, con una plantilla de personal técnico y administrativo de cuatro empleados.

Para auxiliarse en sus tareas sustantivas, el Consejo, de acuerdo con la Constitución del estado, debe contar con órganos asesores. Según su primer informe de actividades, el organismo firmó un convenio de coordinación con la Uagro, mediante el que se formaron seis grupos de trabajo “integrados por miembros del sistema nacional de investigadores y académicos, quienes han diseñado programas de investigación para la adopción de políticas públicas en cada materia”. Agrega el informe que también se firmaron acuerdos con la Universidad Americana de Acapulco, con la Universidad Loyola del Pacífico y con la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC) delegación Guerrero, aunque en estos casos no explica en qué actividades han avanzado.

Sin embargo, el Consejo deberá hacer partícipes a muchos otros sectores que, sin duda, pueden aportar al diseño e implementación de políticas públicas, más allá de estas instituciones que, por cierto, en Guerrero regularmente son, junto con los empresarios, los actores no gubernamentales que siempre son llamados por el gobierno para la conformación de sus órganos consultivos o de participación ciudadana. No es que sea equivocada su convocatoria, sino que sólo prevalece su visión y deja fuera la pluralidad que existe en el estado.

Las minutas

También solicitamos las minutas de trabajo de todas las sesiones realizadas por el Consejo. Nos entregaron 14, correspondientes al periodo junio-diciembre de 2016; de 2017, nada. Se observa en ellas improvisación y poca información que dé luz sobre las acciones de este organismo. En algunos casos, por ejemplo, se reunieron para aprobar el logo y el eslogan institucionales; en cuatro ocasiones, para aprobar sendos convenios con la Uagro, Universidad Americana, Loyola del Pacífico y la CMIC. Destacan las reuniones para aprobar “el análisis y propuesta de proyectos” de ley o de reforma de las leyes de Concesiones para la Infraestructura Pública, de Obra Pública y de Participación Ciudadana, para lo que emplearon sólo dos horas en cada caso, según las minutas. Y utilizaron otras tantas reuniones para aprobar dichos proyectos.

En otra de sus respuestas, el Consejo proporcionó su primer informe de actividades realizadas en un año de trabajo. Entre ellas destaca la realización de talleres dirigidos a parteras tradicionales, que se llevaron a cabo en los municipios de Chilapa, Ometepec y Tlapa, con la temática de hemorragias y factores de riesgo. Según reseñaron en los resultados, se logró la participación de más de 150 parteras tradicionales localizadas en las zonas de mayor mortandad materna.

Por otra parte, se elaboró el programa Acoso Callejero, Una Realidad de Mujeres y Hombres, el cual se reconoce como una práctica de agresión sexual ejercida por una persona desconocida, en espacios públicos. Con la difusión de este programa, dice el Consejo, se pretende abatir el acoso callejero y con ello dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Igualmente se realizó el primer foro de movilidad sustentable Chilpancingo-Acapulco, a propósito del primer año de su instalación.

En otro tema, se convocó al órgano asesor de la Uagro, integrado por académicos en grado de doctorado en diversas profesiones de acuerdo con su perfil y especialidad que dominan. Se definió la primera revisión de trabajo en el que en conjunto el órgano asesor y el Consejo de Políticas Públicas establecieron los temas que se han de desarrollar: Educación, salud, Administración de la justicia, Gobernanza, Turismo, Desarrollo urbano y Ordenamiento territorial.

¿Es prioritario el Consejo?

Es plausible el propósito constitucional de que la gestión pública del Ejecutivo estatal y de los municipios se base en políticas públicas. El gobierno de Héctor Astudillo ya dio el primer paso con la instalación del Consejo, pero lamentablemente lo condenó a la inactividad al no asignarle recursos financieros para su operación. Se espera que en el siguiente ejercicio tenga presupuesto, pero antes deben resolverse los conflictos de interés que ya afloraron entre sus miembros; es un organismo que requiere de mucha credibilidad.

Vista en perspectiva, la tarea de un organismo como el Consejo de Políticas Públicas parece titánica, pues la administración pública en el estado, como ninguna, arrastra vicios e inercias de todo tipo que se observan como uno de los orígenes del desperdicio de recursos. Y no obstante que el actual gobierno quiere asignarle alguna importancia a este tema al instalar el Consejo y “rearmar” a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional con “funciones de planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y las acciones de gobierno”, lo cierto es que son acciones insuficientes y de baja intensidad. Un Consejo sin recursos financieros y una Seplade que ni siquiera ha publicado los indicadores correspondientes al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, no son buena señal.