Publicado en El Sur de Acapulco
Todavía no hay conciencia en quienes
toman las decisiones en los ayuntamientos de Guerrero de lo que significa la
transparencia para la gestión pública municipal, ni de las obligaciones normativas
que deben cumplir, ni mucho menos de su obligación ética de informar a la
ciudadanía; en los hechos, este último compromiso es el más descuidado, pero paradójicamente
es de los más abundantes en los discursos en periodos de campañas
político-electorales.
La actual política de
transparencia -cuyo alcance se decidió fuera nacional, dados los niveles desiguales
de cumplimiento y los pobres resultados en la mayoría de las entidades
federativas-, no tiene marcha atrás. Las modificaciones al sexto constitucional
de junio de 2014 y las leyes reglamentaria y especialmente la Ley General de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, fueron
el inicio de esta política que en el fondo busca modificar la relación de las
entidades gubernamentales con la ciudadanía con base en la difusión pública de
las acciones, decisiones y resultados de quienes fueron electos.
Sin embargo, la emisión de
leyes no cambia de manera mecánica ni en lo inmediato una realidad de opacidad
que ha prevalecido en la administración pública estatal y municipal durante
décadas. Nos encontramos en una etapa de transición en que las dependencias
públicas súbitamente amanecen con numerosas obligaciones legales relacionadas
con la información de su quehacer gubernamental y donde aún persiste una
inercial forma de gobernar unipersonal, discrecional, con pocos o nulos
resultados y además sin transparencia.
¿Cómo modificar esta
situación? Lo evidente es que la aprobación de leyes no es suficiente, es el sólo
un primer paso. Aquí ensayamos algunas ideas.
Magros
resultados
Es poco alentador el
panorama. Guerrero siempre ocupó los últimos lugares en los diferentes
monitoreos que miden transparencia y rendición de cuentas gubernamentales. Pero
hoy, en esta coyuntura, no lo están haciendo mejor. La transformación de las
estructuras gubernamentales es lenta, particularmente en los ayuntamientos, de
quienes es muy difícil esperar respuestas homogéneas a la nueva política de
transparencia. No sucede lo mismo, por ejemplo, en el Ejecutivo del estado,
cuyo titular tiene la posibilidad de dictar políticas generales que más o menos
serán cumplidas por las entidades y dependencias con cierta uniformidad. Pero a
los 81 gobiernos municipales, que en este caso sí navegan con la bandera de la
“autonomía”, ha sido cuesta arriba lograr que cumplan con la ley.
De acuerdo con cifras del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del estado de Guerrero, en la entidad están registrados 208 sujetos
obligados, y de éstos 76 todavía no cumplen con su obligación de subir
información a la Plataforma Nacional de Transparencia, como lo exige la ley.
Esto es muy grave sobre todo considerando que el Consejo Nacional de
Transparencia prorrogó en dos ocasiones el plazo para que las dependencias
públicas cumplan con esta obligación.
En el caso de los
ayuntamientos, con datos del 16 de junio de 2017, sólo 46 habían subido
información y 35 eran omisos. Lo realmente grave es que 14 de éstos últimos ni
siquiera estaban registrados en la PNT y es muy probable que no sepan que
tienen obligaciones de transparencia.
Y de los 46 que sí tienen
registros en la plataforma, los niveles de cumplimiento son muy disparejos: hay
ayuntamiento que han subido una cantidad importante de formatos (en el caso de
los ayuntamientos son poco más de 50), pero algunos otros apenas han subido uno
solo.
Esta falta de datos certeros
se debe a que ninguna institución ha realizado un diagnóstico profundo y en
forma sobre el nivel de cumplimiento de los ayuntamientos, pues es muy reciente
la obligación.
10
municipios
Realizamos una rápida
revisión sobre el nivel de cumplimiento en la publicación de la información de
oficio en la plataforma nacional de transparencia y en sus portales
electrónicos de los diez municipios guerrerenses más poblados, que en teoría
son los que tienen más recursos y condiciones para cumplir con la ley.
Revisamos sólo cuatro de los
temas, del catálogo de 48 que deben transparentar, como obligaciones comunes
(artículo 81 de la ley 207), a saber: los indicadores que permitan
rendir cuenta de sus objetivos y resultados; el número total de las plazas y del
personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel
de puesto, para cada unidad administrativa; los montos destinados a gastos
relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de
medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; y los mecanismos
de participación ciudadana. Cabe destacar que no se revisó la calidad de la
información, solamente que hayan publicado total o parcialmente el tema
correspondiente.
Acapulco es de los municipios
con un nivel de avance aceptable en el registro de su información, como puede
observarse en su página electrónica. Otro de los ayuntamientos que tiene muy
buenos avances es Iguala de la Independencia, y se puede considerar que es de
los que tiene más registros entre los municipios de Guerrero. También publican
de manera parcial información, especialmente en el sipot los municipios de Chilapa,
Zihuatanejo y Coyuca de Benítez
Los ayuntamientos que no
reportan ningún avance ni en su portal ni en el sipot son Chilpancingo, Ayutla
de los Libres, Taxco, Ometepec, Tlapa y Técpan de Galeana.
Respecto a los temas
seleccionados para su revisión, el que corresponde a la publicación de los
indicadores para medir objetivos y resultados, sólo seis municipios presentan
información: Acapulco, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Coyuca de Benítez y Chilapa.
Cabe señalar que en la mayoría de los casos, los indicadores no están bien
construidos y no reflejan los logros de los ayuntamientos; por ejemplo, el
ayuntamiento de Coyuca de Benítez presenta su programa operativo anual como el
único indicador del ayuntamiento.
En el caso del número total
de plazas y del personal de base y confianza, sólo cuatro ayuntamientos
registraron información. Acapulco, que difunde datos únicamente de los niveles
directivos; Iguala, cuyo ayuntamiento afirma que trabajan ahí 6 mil 190
empleados; Taxco, que informa que cuenta con 248 trabajadores de base y 793 de
confianza; y Chilapa, con 201 trabajadores de base y 904 de confianza. Zihuatanejo
sólo registró el dato de que no cuenta con vacantes.
Y respecto a los montos
destinados a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de
medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, la opacidad es
todavía mayor porque sólo tres ayuntamientos informaron sobre lo que gastan en
este concepto. Destaca Acapulco, que en sus registros informa sobre un monto de
71 millones 671 mil 648 pesos como “presupuesto ejercido por partida” en el
2016; Iguala, que en el mismo año gastó 9 millones 481 mil 395 pesos; y
Zihuatanejo, cuyo ayuntamiento informa que gastó 8 millones 142 mil 424 pesos
en 2016 en el concepto de comunicación social. Los otros siete ayuntamientos
con mayor población del estado no transparentan este concepto.
Finalmente, en el tema de
mecanismos de participación ciudadana, sólo tres ayuntamientos informaron que
cuentan con este tipo de canales hacia la sociedad. Acapulco destaca su
programa Lupa Ciudadana, Taxco menciona la formación de comités por comunidad y
barrios; y Coyuca de Benítez con la creación tres consejos consultivos. Cabe
destacar que en este rubro la legislación de los tres ámbitos de gobierno propone
la formación de diferentes figuras de participación ciudadana en los
ayuntamientos, entre los más comunes, los comités de planeación para el
desarrollo municipal, los consejos comunitarios de desarrollo y los comités de
obra, además de consejos consultivos en distintas materias; y sorprende que los
ayuntamientos no informen sobre estas formas de participación.
Diagnóstico
La razón de mayor peso que
decide que un ayuntamiento sea transparente o no es la voluntad y disposición
políticas de los alcaldes; pero más allá de eso, es difícil saber con certeza
qué está sucediendo en los municipios respecto de la adopción del nuevo marco
normativo y en el procesamiento de las obligaciones de transparencia,
simplemente porque no hay un estudio sobre este asunto.
Una explicación inicial, útil
para diagnosticar la situación, es que las unidades de transparencia de los
ayuntamientos no están funcionando. Al respecto, cabe recordar que estas
unidades nacen como una obligación legal (derivada de los artículos 52 a 55 de
la Ley 207 de Transparencia), por lo que su creación es muy reciente, y cuyas
funciones son esenciales para organizar y operar las acciones de transparencia dentro
del ayuntamiento y para gestionar las solicitudes de información que presenta
la ciudadanía.
En este marco, se observa que
los alcaldes están relevando con frecuencia a los titulares de las unidades y
con esto se diluye la capacitación recibida y la acumulación de experiencia; igualmente
la rotación no permite que los procedimientos y trámites administrativos y de
gestión, que apenas se están diseñando y probando, se consoliden y se
conviertan en rutinas al interior de los gobiernos municipales.
Otra deficiencia observada es
que los titulares de las unidades no cuentan con el perfil y la experiencia
necesarios para realizar esta tarea, pues los alcaldes optan por colocar ahí a
personas sin privilegiar las aptitudes profesionales; de hecho, la ley señala
que deben contar con título profesional a nivel de licenciatura y con
experiencia mínima de un año en materias de transparencia y acceso a la
información. Esta deficiencia, que parece menor, está propiciando que los
titulares de las unidades no logren solventar y operar, por ejemplo, la gran
cantidad de información que se requiere subir a la PNT y a los portales
electrónicos; mucho menos estarán en posibilidades de proponer políticas y
procedimientos que faciliten la fluidez de la gestión en el interior de los
ayuntamientos, como lo dicta la norma.
Pero una de las razones
contundentes es que los alcaldes no proporcionan a los titulares de las
unidades de transparencia las facultades y la “fuerza” política que se requieren
para operar y en ocasiones lidiar en escenarios resistentes a este tipo de
políticas de transparencia y rendición de cuentas. De hecho, la ley previó este
tema y estableció que “El titular [de la unidad de
transparencia] deberá tener un
nivel jerárquico directivo o de toma de decisiones dentro de la estructura o
integración del sujeto obligado de que se trate”. Pero se conocen muchos
ejemplos de cómo directores, regidores u otros funcionarios de los
ayuntamientos simplemente niegan o retrasan la información que les solicitan
los titulares para alimentar los portales y la PNT.
Las estructuras operativas y
administrativas de los ayuntamientos no funcionan de manera uniforme -sobre
todo en los municipios medianos y grandes- pues se entrelazan intereses de todo
tipo y actitudes y valores de quienes ahí trabajan. Una unidad de
transparencia, cuyo titular no tiene el respaldo del presidente municipal, del
cabildo y de los actores que toman las decisiones en el ayuntamiento, se
enfrentará invariablemente a funcionarios y empleados que en el mejor de los
casos retardarán la adopción de estas políticas.
Otro de los problemas
observados se relaciona con la información. Buena parte de los ayuntamientos
contratan despachos y consultorías para que realicen sus operaciones contables;
no hay impedimento legal para que así lo hagan, el problema es que les otorgan “facultades”
para registrar, procesar y almacenar toda la información financiera del
ayuntamiento, sin ninguna restricción ni control o supervisión; son estas
consultorías incluso las que elaboran y presentan la cuenta pública.
Parte de esta información
financiera debe ser publicada por los ayuntamientos, de acuerdo con la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (artículos 56 a 59) y la propia Ley 207
de Transparencia del estado. Sin embargo, los ayuntamientos no la están
difundiendo porque está en manos de las consultorías y éstas desconocen los
términos en que debe publicarse o simplemente aconsejan a los ayuntamientos
cómo evadir la obligación legal.
La tendencia en los próximos
meses será que los ayuntamientos continúen estas prácticas de omisión de sus
obligaciones o retardar su cumplimiento. Sin embargo, está ya en puerta la
aplicación de sanciones y esto comenzará a mover el engranaje con un ritmo más
acelerado. Cada vez se estrecha más la posibilidad de evadir estas
responsabilidades.
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