Publicado en El Sur de Acapulco
Hoy concluye el plazo para que las legislaturas
de los estados tengan listo el marco jurídico que dará sustento a sus
respectivos sistemas locales de combate a la corrupción; y aunque en Guerrero dichas
normas se aprobaron en tiempo y forma, el 11 de julio, hay detalles que es pertinente
destacar.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), del
que se derivan los sistemas locales, se ha construido con el acompañamiento
puntual de la sociedad civil por medio de organizaciones ciudadanas
especializadas en los temas de transparencia y rendición de cuentas. A veces a
contracorriente de las inercias y resistencias de actores gubernamentales, en
el plano nacional las organizaciones de la sociedad civil han incidido en
varios de los procesos del SNA, sea a través de la proposición de ajustes a las
leyes para mejorarlas, sea para señalar a los mejores candidatos a ocupar los
puestos clave del sistema.
Por tratarse de una iniciativa nacional, se
procuró que este acompañamiento ciudadano se concretara también en las
entidades federativas en los sistemas locales anticorrupción (SLA). Pero las
evidencias muestran que ha habido retrasos en la aprobación de las leyes en varios
estados y en muchos casos, procesos desaseados en la designación de quienes
formarán parte de estos sistemas locales. Incluso a nivel nacional, aún está
pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción y la ratificación de
ministros del tribunal administrativo
En el caso de Guerrero se ha cumplido con los
plazos estipulados para la legislación de las normas, y en este proceso ha prevalecido
una visión exclusivamente gubernamental; pero esto no sólo es propiciado por el
propósito de funcionarios y servidores públicos de no compartir opiniones y
decisiones, sino que hay una gran carencia de ciudadanos informados y
organizados para opinar, presionar, proponer y exigir que el sistema estatal de
combate a la corrupción realmente sea un instrumento que vigile y controle el
ejercicio de los recursos públicos para que se cumplan los derechos sociales de
la población.
Sin duda, la construcción del SNA es una de
las medidas de mayor trascendencia en los últimos años; pero no será de mucha
utilidad si la ciudadanía no cumple la función que le toca y cumple sus
obligaciones y ejerce plenamente sus derechos.
Las
ocho leyes
Aunque el 20 de junio el gobernador Héctor
Astudillo envió un paquete de ocho propuestas de nuevas leyes o reformas al
Congreso del estado, relativos al sistema estatal anticorrupción, los
documentos nunca se dieron a conocer públicamente. Los diputados de la LXI
Legislatura aprobaron las leyes el 11 de julio, con los votos en contra de los
partidos Movimiento Ciudadano y Morena. Prácticamente nadie, fuera del ámbito
gubernamental y los diputados, conoció las iniciativas.
Guillermo Ávila, investigador
del Imco señaló que no sólo es importante que los congresos modifiquen sus
constituciones considerando el SNA como un estándar en el que deben guiarse,
sino que la legislación en la materia cuente con la calidad necesaria para que
realmente los beneficios de las leyes anticorrupción puedan ser percibidos por
la sociedad.
“Por ejemplo, en
algunos casos no se cumplió con los estándares de parlamento abierto, que
implicaba la participación ciudadana y el aseguramiento de transparencia en los
procesos de elaboración de la legislación anticorrupción. A nivel local hubo
congresos que trabajaron a puertas cerradas, disminuyendo la legitimidad y
profundidad de lo que salió de ahí”, mencionó Guillermo Ávila.
Por canales informales conseguimos la
iniciativa de la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción de Guerrero, pues ésta no
fue pública. Consideramos que hay dos asuntos clave que tendrán una repercusión
directa y mostrarán el talante del naciente sistema: uno de ellos es la
formación del Comité Coordinador del SLA, y el segundo, la constitución del
Comité de Participación Ciudadana.
La ley considera “la composición,
atribuciones y objetivos del Comité Coordinador del Sistema, que se constituye
como una instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre
los integrantes del Sistema Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el diseño,
promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción”.
El comité coordinador será la instancia más
importante del SLA, por lo que es pertinente mencionar quienes formarán parte
de él: un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo
presidirá; el titular de la Auditoría Superior del estado (denominación que
adquirirá la actual AGE); el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado
(que hoy se denomina Tribunal de lo Contencioso Administrativo); el comisionado
presidente del Itaigro; y un representante del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del estado.
Otro de los puntos relevantes de la ley es el
de la constitución del Comité de Participación Ciudadana; la ley establece que
su “objetivo principal es vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y
faltas administrativas, así como coordinar y encausar los esfuerzos de la
sociedad civil en el combate a la corrupción”.
En estados como Guerrero, donde
tradicionalmente ha habido una concentración y discrecionalidad en la toma de
decisiones, una figura ciudadana con estas facultades es inusitada. De hecho,
la iniciativa de ley aprobada por los diputados incluye planteamientos en este
sentido. Por ejemplo, “La corrupción se combate no sólo con el esfuerzo de las
autoridades, es indispensable la participación ciudadana como el mecanismo más
importante para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción. Cuanto más
participen los ciudadanos en los asuntos públicos Guerrero será más incluyente,
ordenado y democrático”.
Se agrega en la iniciativa que “se pretende
encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate contra la corrupción
a través del Comité de Participación Ciudadana creado por mandato
constitucional”.
Será fundamental la función del CPC en el
sistema estatal anticorrupción, por lo que será prioritario vigilar que los
cinco miembros que lo conformarán realmente tengan una visión ciudadana, y
evitar en lo posible que esta figura sea capturada por las entidades
gubernamentales y achaten su potencial.
La elección de los integrantes del CPC no la
hará directamente el Congreso del Estado; se realizará a través de una comisión
de selección de siete miembros -ésta sí, nombrada por el órgano legislativo- (cinco
de instituciones de educación superior y de investigación; y dos de
organizaciones de la sociedad civil), quienes realizarán una amplia consulta
pública en el estado para que la sociedad presente candidatos a ocupar los
cinco puestos del CPC.
La comisión de selección deberá diseñar y
hacer públicos la metodología, plazos y criterios de selección de los miembros
del CPC, entre los más importantes, el método de registro y evaluación, la
lista de los aspirantes, hacer públicos los documentos que hayan sido
entregados para su inscripción, en versión públicas.
La nueva ley del sistema estatal anticorrupción entrará
en vigor el primero de enero de 2018. El Congreso del estado designará a la
comisión de selección dentro de los noventa días posteriores a la entrada en
vigor de la ley; y el Comité Coordinador del sistema se integrará dentro de los
60 días después de seleccionados los miembros del CPC. Es decir, en el mejor de
los casos, el sistema de Guerrero comenzará a funcionar en el segundo semestre
de 2018.
Un
foro a destiempo
El pasado 7 de julio se llevó a cabo el foro Sistema
Anticorrupción, Perspectivas y Retos en Guerrero 2017. Se trató de un acto inusual,
pues aunque por definición un foro debe ser abierto y accesible, extrañamente a
éste sólo se pudo asistir mediante invitación expresa, y además se celebró en
uno de los salones (de la República) de Casa Guerrero, cuyo acceso de por sí es
restringido e inhibitorio para el grueso de la población.
No obstante que en el foro se escucharon las
ideas de algunos de los actores que formarán parte del SLA y de activistas que
han tenido una participación importante en la construcción del sistema
nacional, la prensa no fue convocada, ni el acto fue difundido en los medios de
comunicación (salvo tal vez un par de casos), aun cuando se trata de un tema
que por su relevancia requiere de una difusión masiva. Sólo en redes sociales,
algunos de los participantes dieron cuenta parcial de sus intervenciones.
Y también fue inusual porque, como lo expresó
Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas y
ponente invitada, el foro se realizó fuera de tiempo, ya que estaba próximo el
vencimiento del plazo para aprobar la legislación correspondiente para la integración
del sistema en el estado, y “tuvieron un año para debatir de manera pública”
los contenidos importantes de dichas leyes y no se hizo. Y efectivamente, cuatro
días después, los diputados locales aprobaron el paquete de leyes, evidentemente
sin tomar en cuenta ninguno de los señalamientos del foro.
Al respecto, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia
Mexicana, consultado por la Revista R, de Excélsior, mencionó que llevar al
límite la homologación de las leyes locales con el SNA, es una estrategia de
los congresos locales para evitar las prácticas de parlamento abierto que
caracterizaron la aprobación del sistema nacional.
“Creo que lo que
están tratando es de llevar al límite los plazos para aprobarlo sin una
discusión apropiada con la comunidad y sin proceso abierto donde nos informemos
y nos enteremos de qué cambio están haciendo alrededor de estos temas”, sostuvo
Bohórquez, quien agregó que en el tema de parlamento abierto es donde hay más
reticencia de los congresos locales, pues implica transparentar sus
discusiones, deliberaciones y decisiones; una práctica a la que no están
acostumbrados y que consideran riesgosa.
Los sistemas, en riesgo
Por diferentes motivos, los sistemas nacional
y estatales anticorrupción están enfrentando dificultades para su integración u
operación. En el primero, el Senado de la República aún no designa al fiscal
anticorrupción del SNA, luego de que desde noviembre de 2014 ha tenido tiempo
para hacerlo. La Fiscalía Anticorrupción se instituyó
mediante reforma constitucional de febrero de 2014. Su objetivo es erigirse en
pieza clave para la persecución de delitos de corrupción, pero a la fecha sigue
acéfala. Incluso, el grupo de ciudadanos
que daban seguimiento al proceso de selección del primer fiscal anticorrupción (Comité
de Acompañamiento
Ciudadano) rompieron con los senadores, pues se dijeron “decepcionados” de la
manera en que los legisladores atascan decisiones fundamentales para el país
por motivos políticos y de esa manera muestra un menosprecio hacia el SNA.
El Senado tampoco
ha ratificado a los magistrados de la Sala Especializada en combate a la
corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En el ámbito
local, hay dos estados que no han hecho la reforma constitucional requerida
para implementar el sistema a nivel local, y otras 11 entidades aún no cuentan
con las leyes secundarias para el funcionamiento de dicho mecanismo. Y en
cuanto a los nombramientos claves del proceso de implementación de los SLA, la
mayoría de éstos han sido objetadas por organizaciones civiles nacionales y
locales, por tratarse de personajes cercanos al gobernador en turno, militantes
activos de partidos políticos e incluso personas relacionadas con actos de
corrupción; son los casos de Puebla, Nayarit, Morelos, Sonora, Estado de México
y Querétaro.
Sobre este asunto,
Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del
SNA, comentó que el común denominador en la conformación de los sistemas
estatales ha sido el intento de los gobiernos locales de capturar dichos
mecanismos mediante nombramientos a modo.
“Es la tónica; en
términos generales, se puede decir que los sistemas locales anticorrupción
quieren ser capturados por los gobernadores de los estados vía los
nombramientos de funcionarios públicos que carecen de autonomía, y también
mediante la exclusión de una participación social efectiva”, informó Pérez de
Acha, también entrevistado por Revista R.
Y aunque en
Guerrero se cumplió con el primer paso referente a la aprobación de las normas
que dan sustento al SLA, habrá que estar pendientes con los nombramientos que
vienen.
