El estado con los peores indicadores

El Sur de Acapulco

La Auditoría Superior de la Federación publicó un interesante documento titulado Perfil de México a través de Indicadores Clave 2016, que es una compilación de estudios e investigaciones de opinión difundidos por organismos nacionales e internacionales especializados en medir el desempeño de las naciones. Algunos de los indicadores están desglosados a nivel subnacional, por lo que en este especio comentaremos algunos que se refieren al estado de Guerrero.
El documento incluye 130 indicadores, agrupados en cuatro materias: transparencia gubernamental, buen gobierno, economía, finanzas y competitividad, y desarrollo humano.
El Índice de Transparencia de la Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas, 2015, estudio realizado por Aregional, es un instrumento estadístico que mide la disponibilidad y calidad de la información fiscal que emiten los gobiernos estatales en sus páginas electrónicas.
Con datos de 2015, el documento señala que en un nivel de transparencia alto se ubicaron 19 entidades, encabezando la lista el Estado de México, Puebla, Jalisco y Nayarit; mientras que Guerrero, Sonora y Tlaxcala presentaron un nivel de transparencia bajo de menos de 70 puntos. El ITDIF 2015 obtuvo un promedio nacional de 81.21 puntos.
Asimismo, el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano para la Competitividad efectuaron un estudio sobre las Auditorías Superiores Locales en México, específicamente para evaluar su normativa, prácticas y transparencia.
La investigación realizada en 2013, señala que Colima, Quintana Roo y Guerrero presentaron la mayor calificación, en tanto que Tamaulipas, Baja California Sur y el Distrito Federal, la menor. Cabe destacar que de acuerdo con los indicadores, la Auditoría General del Estado de Guerrero obtuvo baja calificación en el rubro de autonomía del órgano fiscalizador.
El Índice de Información Presupuestal Estatal 2015 fue calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco); con éste evalúa la calidad de la información presupuestal de los estados sobre la base de un catálogo de buenas prácticas y las normas de contabilidad gubernamental. Guerrero se encuentra entre los últimos lugares, sólo arriba del Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán y Quintana Roo.
Por cierto, este es el conjunto de indicadores al que se refirió el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental cuando informó que Guerrero pasó del lugar 28 al 20 (segundo estado que tuvo más avances); sin embargo, como lo señala el Imco, su transparencia en este rubro continúa clasificada como baja, por lo que cualquier presunción debe ser todavía muy moderada y cuidadosa.
Por su parte, el Índice Global de Impunidad México 2016, elaborado por el Centro de Estudios sobre la Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, es un indicador que se refiere al análisis cuantitativo de los datos oficiales que reportan las instituciones de seguridad y justicia de las entidades federativas al INEGI.
Guerrero se encuentra entre el grupo de 13 entidades que tienen un muy alto grado de impunidad. De hecho, se encuentra en el lugar número seis entre los estados de mayor impunidad en México, según la universidad poblana, para quien la impunidad significa “la incapacidad del estado de cumplir con las medidas mínimas que garanticen la sanción de las violaciones a la ley”.

Indicadores de corrupción

Otro de los indicadores que publica el Auditoría Superior de la Federación es el de Percepción de la Corrupción en el Sector Público de México, 2013, obtenida de la Segunda Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del Inegi. Esta encuesta presenta datos referentes a la satisfacción de los servicios públicos, así como la percepción de la población acerca de la corrupción en pagos de servicios públicos, trámites, solicitudes de servicio y contacto con autoridades.
En el ámbito nacional, 88.3 por ciento de la población considera como frecuente o muy frecuente las prácticas corruptas, y señala que los principales sectores donde se producen este tipo de conductas son policías, partidos políticos, ministerio público y gobiernos estatales.
El Estado de México, Distrito Federal y Nuevo León registraron la mayor porcentaje en percepción de corrupción; Baja California, Zacatecas e Hidalgo, la menor. Guerrero ocupó la posición número 16 en este rubro.

Indicadores de Gobernabilidad y Simplificación Administrativa

El Índice Delictivo 2015, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC) presenta el impacto que provoca cada delito en la percepción de la inseguridad por parte de los ciudadanos. Además, considera que es una forma de medir el crimen a partir de la información que el individuo percibió en la entidad federativa donde reside, sobre la victimización personal y familiar, y los crímenes con violencia y sin ella.
Se estima de gran importancia la percepción que tiene la población sobre la inseguridad, ya que toma en cuenta la información sobre crímenes pasados y genera una expectativa de riesgo que modifica sus decisiones en el presente y en el futuro. La persona evalúa el impacto de un delito futuro en su vida y lo pondera respecto a otros delitos. Tlaxcala, Querétaro y Aguascalientes fueron los tres estados con el menor índice delictivo; Guerrero, Morelos y Sinaloa, los que tuvieron el mayor índice. Veinte entidades y el Distrito Federal se ubicaron por encima del promedio.
El CIDAC consideró los 33 tipos de delitos del catálogo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y bajo su metodología se construyó el índice, que identificó 8 delitos como los de mayor impacto en la percepción de la inseguridad.
Guerrero presenta los peores índices del país en los siguientes delitos: homicidio doloso, secuestro, lesión dolosa con arma blanca, extorsión, robo con violencia de vehículo y robo sin violencia de vehículo.

Ramos 28 y 33

Uno de los indicadores importantes para Guerrero es el que mide el desempeño de la gestión de los recursos federales que llegan al estado. Éstos representan la mayor parte del ingreso estatal, y especialmente los que corresponden al Ramo 33 se destinan a combatir los grados de marginación del estado; de ahí su importancia estratégica.
La Auditoría Superior de la Federación elabora cada año un informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Del ejercicio 2014, la ASF calculó el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado (IDGGF), que es una evaluación de la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y permite apreciar la calidad de gestión de las entidades federativas. El IDGGF se limita a medir el desempeño con base en las auditorías realizadas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2014. La medición del desempeño del gasto federalizado consideró variables derivadas de los resultados de las auditorías realizadas por la ASF a los Fondos FAEB, FASSA, FISE, FAM, FAETA, FASP, FAFEF, y el Seguro Popular.
Durango, Puebla y Yucatán ocuparon las primeras posiciones en el IDGGF 2014; Veracruz, Michoacán y Baja California Sur, las últimas. El promedio nacional fue de 76.2 puntos, 10.8 puntos por arriba de lo reportado en 2013.
Guerrero ocupa el lugar 27 dentro de este índice, con 71.7 por ciento, es decir, por debajo del promedio nacional. Los fondos que observaron más bajo desempeño de gestión en el estado son Seguro Popular, con 38.2 por ciento; el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con 49.6 por ciento; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con 66.9 por ciento; y el Fondo de Aportaciones Múltiples, con 68.5 por ciento. El resto de los fondos del Ramo 33 están por arriba del 70 por ciento.
Estos bajos porcentajes son particularmente graves considerando que dichos fondos, que en Guerrero representaron en 2015 la cantidad de 30,279.8 millones de pesos y que están etiquetados para erradicar rezagos sociales, en Guerrero no se están ejerciendo con eficiencia y eficacia.

Dependencia del gasto federal

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC (CIEP) presentó un estudio para analizar la situación financiera de las entidades federativas 2015, esto con el propósito de conocer el impacto de una posible caída de sus ingresos en razón de los menores ingresos petroleros.
El organismo señala que las principales fuentes de ingresos de las entidades federativas son las participaciones (ramo 28) y las aportaciones federales (ramo 33); las primeras son los recursos que los estados pueden gastar libremente, en tanto que las segundas tienen un destino específico, es decir, están etiquetadas para el cumplimiento de objetivos y para atender demandas en materia de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa.
El Estado de México y el Distrito Federal son las entidades que reciben el mayor porcentaje de los recursos totales de los Ramos 28 y 33, con 11.4 y 10.8 por ciento, respectivamente. Guerrero se ubica en el lugar 12, ya que recibe 3.1 por ciento de los recursos totales de ambos ramos.
El centro de investigación concluye que aunque las participaciones y aportaciones federales de las 32 entidades federativas se incrementaron en los últimos años, éstas enfrentarán un gran reto financiero en un contexto de menores transferencias federales, debido al desplome de los precios del petróleo y a una menor producción. El presupuesto de egresos del estado de Guerrero del ejercicio 2017 recién aprobado por el Congreso del estado corrobora lo que concluye el CIEP.
El Índice de Desarrollo Institucional Municipal, 2013, también fue elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, para tener una visión general las capacidades institucionales de los municipios. Los aspectos que mide la ASF son capacidad financiera, cobertura en la prestación de servicios públicos, desarrollo administrativo y transparencia y rendición de cuentas.
Los resultados para el estado de Guerrero indican que cuenta únicamente con un municipio con un grado de desarrollo municipal muy alto, nueve con medio-alto, 22 con un grado de desarrollo medio, 34 con grado bajo, y 15 con muy bajo.

Competitividad

El documento publica también dos indicadores relacionados con la competitividad en las entidades federativas. El primero de ellos se refiere a la competitividad sistémica y fue elaborado por Aregional con información de 2013.
Ese organismo define la competitividad sistémica como el desarrollo industrial exitoso, el cual no depende sólo de los factores productivos o de condiciones macroeconómicas estables, sino de medidas específicas del gobierno y del sector privado, orientados a fortalecer la competitividad de las empresas. Agregan que temas como la falta de seguridad, orden público, baja calidad del marco regulatorio y de una política fiscal impiden el avance hacia niveles de competitividad más altos.
El Distrito Federal, Nuevo León y Coahuila reportaron la mayor competitividad sistémica en 2013; Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la menor. La competitividad promedio fue de 43.34 puntos. De hecho, el estado de Guerrero ocupa la última posición en este índice con apenas 20 puntos.
El otro indicador es el de competitividad económica 2015, también elaborado por Aregional.
Los estados que encabezan la lista son Distrito Federal, Nuevo León y Sonora, ya que obtuvieron puntuaciones de 73.7, 72.7 y 62.8 puntos, respectivamente. El estado de Guerrero ocupa el último lugar con sólo 27.5 puntos.
Si se observa por subindicadores, en acceso tecnológico e innovación Guerrero sólo tiene ocho puntos, en emprendimiento e impulso empresarial, 16.2 puntos; en financiamiento empresarial y sectorial, 22.6; en calidad del empleo 25.2; y en impulso a la educación superior, 26.9 puntos.
Este tipo de información coloca al estado en su real dimensión, más objetiva; aunque ésta se decore con discursos floridos, siempre habrá este tipo de datos para desmentirlos. Por lo pronto, este documento puede descargarse en http://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/Perfil_de_Mexico_a_traves_de_Indicadores_Clave_2016.pdf
Felices fiestas para todos y todas; ojalá que 2017 sea un año más transparente, justo y seguro para los guerrerenses.

Persisten dudas en transparencia en el primer año de Astudillo

El Sur de Acapulco

Un descuido y varios pendientes dejó el gobernador Héctor Astudillo Flores, a propósito de su primer informe de gobierno. El descuido es que en ningún sitio de la página electrónica del gobierno del estado aparece el documento que da cuenta de su primer año de actividades –no su mensaje político, pues ése sí se difunde–. Para conseguirlo, fue necesario presentar la solicitud de información No. 00338816 ante la “Secretaría Particular del C. Gobernador”, el 30 de octubre de 2016, requiriendo precisamente el “Primer informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores, completo, incluyendo anexos”.
No es un buen mensaje para los guerrerenses saber que el informe de actividades del gobernador se debe conseguir por medio de una solicitud de información; es un documento que debe ser profusamente difundido porque se trata de un acto de rendición de cuentas a la ciudadanía. Entre más detallada y accesible sea la información –especialmente la relativa al ejercicio de los recursos financieros–, de mayor calidad serán los actos de rendición de cuentas.
Pero también dejó varios pendientes, entre ellos, que las actividades presentadas en el primer informe no pueden ser cuantificadas ni comparadas contra metas establecidas, y esto es así porque no hay indicadores. Los informes de gobierno son un mecanismo para mostrar los resultados alcanzados por una administración gubernamental, y el referente ineludible, cuando se habla de una buena y ordenada gestión, es la planeación; es el espejo para medir los logros.
El 18 de noviembre de 2015, al comenzar el proceso de consulta para elaborar el plan estatal de gobierno, el gobernador expresó que es urgente la necesidad “de que el estado de Guerrero salga del conflicto para pasar a la planeación transparente, para atender y resolver las demandas y encaminar al estado por la ruta del desarrollo en beneficio de la población.”
En el mismo acto, el secretario de planeación y desarrollo regional, “por instrucciones del gobernador”, dijo que “por primera vez se incluirán indicadores para medir la eficacia de las acciones” del documento en proceso denominado plan estatal de desarrollo.
A casi un año, no se conocen los indicadores –que en efecto, es la única forma de medir objetivamente el logro de resultados– ni se sabe si se están elaborado; tampoco se sabe si las actividades presentadas en el informe se apegaron a la planeación largamente anunciada.
Sin información, es muy legítimo tener dudas y suspicacias. Sólo esperamos que la intención de apegarse a un plan de gobierno y estar sujeto a una evaluación por medio de indicadores sean realmente compromisos que se cumplirán en el corto plazo, pues no sirve de mucho tener las herramientas para evaluar un gobierno cuando ya esté de salida; si no lo hace, en nada se diferenciará de gobiernos anteriores.
Qué nos dio en el informe

En materia de transparencia y rendición de cuentas, hay que recordar que el Ejecutivo estableció en el plan estatal de desarrollo 2015-2021 un eje temático específico denominado Guerrero con gobierno abierto y transparente.
En la introducción, el gobernador hace un par de definiciones: “La transparencia en el ejercicio del poder es la piedra angular para dotar de credibilidad al Gobierno y generar confianza en las Instituciones políticas. La transparencia será bandera de la presente Administración. No habrá cabida para la opacidad. El primer paso será instalar apertura y transparencia en el Gobierno del Estado”.
Más adelante agrega que “En la presente Administración, el combate a la corrupción será prioridad del Gobierno. La crisis financiera pública que hoy se padece es producto de la irresponsabilidad y el mal manejo de gobiernos anteriores. En este no habrá cabida para actos de corrupción, desvío de fondos, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias”.
Para ello propone una serie de objetivos y estrategias, entre las que destacan: Promover la transparencia gubernamental con la creación de mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer el ejercicio y el desempeño público de los funcionarios. Y la segunda: Generar un marco de legalidad e institucionalidad para el combate frontal a la corrupción.
En su informe de gobierno, Astudillo dedica mucho espacio a describir la situación de las finanzas públicas en el momento en que toma posesión. Explica que “gran parte de los esfuerzos se orientaron a ordenar y sanear las finanzas públicas, por el desorden financiero de la administración anterior, lo que puso en riesgo al gobierno del Estado por la situación de insolvencia económica para hacer frente a compromisos laborales con los trabajadores en diciembre de 2015”, ya que las arcas del gobierno estaban vacías.
Asimismo, Héctor Astudillo se refirió a dos estrategias en particular destacando como uno de sus avances el anuncio del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción. Al respecto, informó que se presentó un nuevo código de ética “al que deberán sujetarse los servidores de la administración pública estatal” y se elaboró el dictamen para que el Congreso del estado aprobara la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. También se refirió a la entrega de la cuenta pública, a la transferencia del sistema Info Guerrero al Itaigro y a la realización de cursos y talleres de capacitación para servidores públicos estatales y municipales.
En su mensaje político, dijo el mandatario que “recuperar al gobierno ha significado librar una lucha frontal contra la corrupción. En abril pasado, presentamos el Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. Este Programa nos convirtió en la primera Entidad Federativa que inicia una agenda integral, colectiva y responsable de combate a la corrupción. Queremos que Guerrero sea punta de lanza en la promoción de gobiernos íntegros y honestos”.
Para colocar en su justa dimensión el anuncio del mandatario es preciso decir que el programa estatal de ética se deriva de dos políticas nacionales que las entidades federativas sin distinción deberán acatar y promover en sus jurisdicciones: los sistemas nacionales de transparencia y de combate a la corrupción, ambos derivados de reformas constitucionales y de la legislación de leyes generales.
Lo anterior significa que con o sin programa de ética, el estado de Guerrero deberá ser parte integrante de esos sistemas nacionales en plazos perentorios, por lo que está obligado constitucionalmente a realizar las acciones legislativas y administrativas necesarias para adecuarse a las nuevas disposiciones.
No se trata entonces, de propuestas audaces concebidas por la actual gestión gubernamental, sino de una inercia derivada de las obligaciones que provienen del texto constitucional federal y que todos los estados deberán cumplir.
Otra de las vertientes del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción es precisamente la creación del sistema estatal anticorrupción. Quizás lo más importante de este componente, lo dijo el gobernador en su mensaje político: “hace dos semanas mi gobierno publicó el decreto para la creación de una Comisión Interinstitucional para la Armonización de las Leyes Estatales en materia de promoción en contra de la corrupción y en favor de la transparencia”.
Explicó que la comisión tendrá la responsabilidad de armonizar las leyes locales con las reformas nacionales de combate a la corrupción y rendición de cuentas; el primer paso, dijo, será la conformación de mesas de trabajo en las que participen los poderes públicos, órganos autónomos y organismos con autonomía técnica en el Estado, para diseñar la legislación anticorrupción local. Se comprometió a que en próximos meses, presentará ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
Algo muy cierto que dijo el gobernador fue que se requiere: “ahora tenemos el enorme reto de recuperar la confianza de la ciudadanía. Confianza que debe estar basada en la transparencia, la rendición de cuentas, la presencia del gobierno y también la disposición permanente para el diálogo”.

Lo que hace falta del PED

El Plan Estatal de Desarrollo establece muchas líneas de acción de las que se desconocen sus avances. Por ejemplo, el mandatario no mencionó en su informe lo que ha hecho para “mejorar los mecanismos de transparencia en los procesos de licitación para la contratación de obra pública y adquisición de bienes y servicios” o para “mejorar el portal de transparencia y actualizar de manera permanente la información gubernamental y traducirla a las diferentes lenguas maternas del Estado, garantizando así que la comunidad indígena pueda también estar informada”.
Tampoco se informó nada sobre las acciones que ha realizado el gobierno del estado para “garantizar el acceso efectivo a la información” ni lo que harán para dotar al Itaigro de mayores facultades en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En materia de participación ciudadana, el gobernador no informó ni se conocen acciones para dar cumplimiento a las propuestas del plan estatal como “promover la creación de observatorios ciudadanos en los que la denuncia sea la principal herramienta para identificar violaciones a la ley y, en su caso, se sancione a quienes tengan responsabilidad legal” o como “promover la creación de Comités Técnicos Ciudadanos de Transparencia y Rendición de Cuentas, integrados por destacados y honorables ciudadanos”.
Son algunos de los pendientes que requieren de una respuesta, simplemente porque el propio Ejecutivo los incluyó en su plan estatal de desarrollo.

Qué dijeron los diputados

No sorprende la posición que asumieron los diputados locales en la presentación del informe de actividades de Héctor Astudillo. Jugaron un papel no de contrapeso, sino de comparsas. Como si fuera un dictado, los representantes populares sólo se refirieron al programa de ética, transparencia y combate a la corrupción; nunca preguntaron ni mucho menos cuestionaron por qué no ha habido acciones en otros ámbitos de la transparencia y la rendición de cuentas.
El diputado Jesús Martínez Martínez, del Partido del Trabajo, dijo por ejemplo, que “hay acciones en su Gobierno [de Astudillo] que debemos reconocer: (…) La constitución del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. Hacemos votos, para que su trabajo recupere la confianza de la sociedad hacia el gobierno”.
La legisladora Carmen Iliana Castillo Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, fue más allá y hasta cree que la corrupción y la opacidad ya no existen en el estado: “Algo que lastimaba y laceraba la credibilidad de un Gobierno, era las falta de transparencia y de rendición de cuentas, y a iniciativa suya [de Astudillo], hoy Guerrero cuenta con una Secretaría de Transparencia y Contraloría, así como con una Ley de Transparencia en armonía con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la implementación de la Ley Tres de Tres, que obliga a los funcionarios de la Administración Pública Estatal a presentar sus Declaraciones Patrimonial, de intereses y fiscal, de forma periódica y pública”.
Ociel Hugar García Trujillo, del Partido de la Revolución Democrática, no se refirió al tema, sólo dijo que “uno de los grandes males que se ha hecho endémico en nuestra sociedad es la corrupción y la violencia”.
El diputado priista Samuel Reséndiz Peñaloza aseguró que “a un año de su toma de posesión, notamos avances innegables en la tarea de la Administración Pública (…), los resultados más significativos en materia de justicia y seguridad son la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal y la conformación del primer batallón de la Policía Estatal Acreditable, para recuperar la confianza de la sociedad con el gobierno se constituyó el comité rector del Programa Estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción”.
Finalmente, la diputada Magdalena Camacho Díaz, respondió el informe de Astudillo Flores en nombre de la LXI Legislatura del Congreso del Estado. Sobre el tema dijo que “la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, son principios y obligaciones que deben imperar en todo gobierno, la sociedad no acepta la opacidad y debe saber en qué se gastan los recursos públicos, en esta Legislatura le reconocemos señor Gobernador las acciones que se han tomado desde su gobierno para elevar los niveles de transparencia, para fortalecer la cultura de la legalidad en el marco del programa Estatal de Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas”.