El 14 de junio se cumplieron 10 años de que entró en vigor la primera ley de transparencia en el estado. En ese tiempo no se aplicó ni una sola multa a los infractores de la ley de transparencia y acceso a la información del estado de Guerrero. Fue una década de impunidad en la que prevaleció no sólo la ausencia de políticas públicas en materia de transparencia, sino una gran complacencia para que cualquier dependencia gubernamental pudiera infringir la ley sin que nadie le dijera nada.
Esto explica por qué todas las oficinas gubernamentales de los tres órdenes y los tres poderes, además de todos los órganos autónomos, desafiaron abiertamente la norma, y el conjunto de todas las omisiones fueron también la fuente de los bajísimos niveles de transparencia en el estado.
En esta historia, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Itaigro) no fue capaz de garantizar el cumplimiento de la ley, ya que hasta hoy no ha cubierto plenamente las funciones esenciales de la normatividad, tampoco nunca hubo certeza de que sus resoluciones se cumplieran, ya que no existe ningún registro, y él mismo, como el organismo que moralmente más obligación tenía, nunca cumplió ni siquiera al 80 por ciento con sus obligaciones de transparencia que le marcaba la ley.
Pero también fue permisivo en la aplicación de multas y otras sanciones, y en estas irregularidades, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado (Sefina) fue cómplice ya que su inacción contribuyó de manera directa a concretar 10 años de impunidad en el estado en materia de transparencia para que no se cobrara una sola multa.
En esta entrega documentaremos algunos pasajes sobre cómo el Itaigro y la Sefina no sólo incumplieron con la ley como sujetos obligados, sino que también fueron piezas clave para que en 10 años no se aplicara una sola multa en el estado a las dependencias gubernamentales por su incumplimiento a la ley de transparencia.
Esto explica por qué todas las oficinas gubernamentales de los tres órdenes y los tres poderes, además de todos los órganos autónomos, desafiaron abiertamente la norma, y el conjunto de todas las omisiones fueron también la fuente de los bajísimos niveles de transparencia en el estado.
En esta historia, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Itaigro) no fue capaz de garantizar el cumplimiento de la ley, ya que hasta hoy no ha cubierto plenamente las funciones esenciales de la normatividad, tampoco nunca hubo certeza de que sus resoluciones se cumplieran, ya que no existe ningún registro, y él mismo, como el organismo que moralmente más obligación tenía, nunca cumplió ni siquiera al 80 por ciento con sus obligaciones de transparencia que le marcaba la ley.
Pero también fue permisivo en la aplicación de multas y otras sanciones, y en estas irregularidades, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado (Sefina) fue cómplice ya que su inacción contribuyó de manera directa a concretar 10 años de impunidad en el estado en materia de transparencia para que no se cobrara una sola multa.
En esta entrega documentaremos algunos pasajes sobre cómo el Itaigro y la Sefina no sólo incumplieron con la ley como sujetos obligados, sino que también fueron piezas clave para que en 10 años no se aplicara una sola multa en el estado a las dependencias gubernamentales por su incumplimiento a la ley de transparencia.
Los números de la impunidad
Los primeros consejeros del órgano garante de la transparencia, entonces denominada Comisión de Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Caipegro) tuvieron mano “blanda” para la aplicación de sanciones, no obstante las numerosas y evidentes irregularidades cometidas por todas las dependencias gubernamentales, sin distingo.
En este periodo (de febrero de 2006 a febrero de 2014) predominaron, casi como única forma de presión para garantizar que se cumpliera la ley, los apercibimientos, y en menor medida, las amonestaciones privadas. Durante los ocho años que ocuparon el cargo, los primeros consejeros nunca aplicaron una sola multa económica o sanción más fuerte, no obstante que año tras año había infractores que incluso reincidían en los incumplimientos.
Por ejemplo, en 2006 el órgano garante aplicó un solo apercibimiento –advertencia o información de obligaciones que impone la ley a las dependencias públicas- al ayuntamiento de Mochitlán. Al siguiente año, se aplicaron 10 apercibimientos especialmente a ayuntamientos, por no rendir un informe anual de solicitudes de información al que están obligados.
En 2008 fueron siete los apercibimientos aplicados, en su mayoría también a ayuntamientos municipales; la razón también fue por no rendir su informe anual de solicitudes que establecía la ley. En 2009, la Caipegro impuso nueve apercibimientos, y en 2010, siete.
Ya con una nueva ley de transparencia, la número 374, los consejeros aplicaron en 2011 un total de siete apercibimientos, y en el año siguiente fueron 16 apercibimientos y una amonestación privada.
En el último año de los anteriores consejeros, 2013, se aplicaron nueve apercibimientos y siete amonestaciones privadas.
En total, los consejeros de la Caipegro aplicaron 66 apercibimientos y ocho amonestaciones privadas, una cantidad incipiente para el cúmulo de irregularidades que se observaron en las dependencias públicas.
Los actuales consejeros que comenzaron su encargo el 14 de febrero de 2014, llegaron con la espada desenvainada. No habían transcurrido ni tres meses de que asumieron el cargo y ya habían multado a 23 ayuntamientos y a un organismo público descentralizado por no entregar su informe de solicitudes de información correspondiente al ejercicio 2013.
Sobre el asunto, el entonces presidente del Itaigro, Crescensio Almazán Tolentino –hoy defenestrado consejero-, explicó que era la primera ocasión, desde la creación del órgano garante en 2006, que se aplicaban este tipo de medidas.
En 2014 se aplicaron nueve amonestaciones públicas, y por vez primera, multas económicas: 32 multas equivalentes a 50 días de salarios mínimos de la región. Sin embargo, las cifras que presentó el Itaigro por diferentes medios no cuadran. Por ejemplo, en respuesta a dos solicitudes presentadas en diferentes oportunidades, el órgano garante dio versiones distintas: en una de ellas, dijo que en 2014 se aplicaron 32 multas; en la otra solicitud, solo registró 21. Y por otro lado, en su informe anual de labores de ese año publicó 20 multas.
Respecto al ejercicio 2015, en su sesión extraordinaria Itaig/09/2015, celebrada el 20 de abril de 2015, el pleno del Itaigro aprobó la aplicación de multas económicas a 72 dependencias gubernamentales y partidistas, equivalentes a 983 mil 232 pesos. A la fecha, ni las multas de 2014 ni de 2015 se han cobrado.
No sabemos cuándo los consejeros del Itaigro se dieron cuenta del vacío legal que impedía cobrar las multas, pero ellos continuaron aplicando ese tipo de sanciones, sin informar nada de manera pública.
Hace unas semanas, ya en 2016, uno de los consejeros del Itaigro reconoció que en Guerrero no se había cobrado ninguna multa a infractores de la ley de transparencia, esto no obstante que casi desde su llegada al organismo comenzaron a “aplicar” este tipo de sanciones a sabiendas de que serían incobrables.
En efecto, el 27 de abril de 2016 el consejero Joaquín Morales Sánchez dijo que ninguna de las instituciones multadas por el órgano garante habían pagado una sanción porque la ley no establece el mecanismo de cobro, por lo que no se han hecho efectivas 300 multas aprobadas por el pleno en los últimos años.
“Hay una laguna legal, la Ley 374 (de transparencia) no contempla un procedimiento concreto de cómo hacer efectivas las multas. Nos da la atribución de multar, imponer medidas de apremio, pero no nos establece el mecanismo (de cobro)”, dijo al periódico El Sur.
Agregó que en para realizar su informe de labores, 39 dependencias públicas no entregaron su informe de solicitudes de información que les fueron requeridas, y para esos casos la ley establece una multa de 14 mil pesos, por lo que en total 546 mil pesos de sanciones no serán pagados, afirmó el consejero.
En este periodo (de febrero de 2006 a febrero de 2014) predominaron, casi como única forma de presión para garantizar que se cumpliera la ley, los apercibimientos, y en menor medida, las amonestaciones privadas. Durante los ocho años que ocuparon el cargo, los primeros consejeros nunca aplicaron una sola multa económica o sanción más fuerte, no obstante que año tras año había infractores que incluso reincidían en los incumplimientos.
Por ejemplo, en 2006 el órgano garante aplicó un solo apercibimiento –advertencia o información de obligaciones que impone la ley a las dependencias públicas- al ayuntamiento de Mochitlán. Al siguiente año, se aplicaron 10 apercibimientos especialmente a ayuntamientos, por no rendir un informe anual de solicitudes de información al que están obligados.
En 2008 fueron siete los apercibimientos aplicados, en su mayoría también a ayuntamientos municipales; la razón también fue por no rendir su informe anual de solicitudes que establecía la ley. En 2009, la Caipegro impuso nueve apercibimientos, y en 2010, siete.
Ya con una nueva ley de transparencia, la número 374, los consejeros aplicaron en 2011 un total de siete apercibimientos, y en el año siguiente fueron 16 apercibimientos y una amonestación privada.
En el último año de los anteriores consejeros, 2013, se aplicaron nueve apercibimientos y siete amonestaciones privadas.
En total, los consejeros de la Caipegro aplicaron 66 apercibimientos y ocho amonestaciones privadas, una cantidad incipiente para el cúmulo de irregularidades que se observaron en las dependencias públicas.
Los actuales consejeros que comenzaron su encargo el 14 de febrero de 2014, llegaron con la espada desenvainada. No habían transcurrido ni tres meses de que asumieron el cargo y ya habían multado a 23 ayuntamientos y a un organismo público descentralizado por no entregar su informe de solicitudes de información correspondiente al ejercicio 2013.
Sobre el asunto, el entonces presidente del Itaigro, Crescensio Almazán Tolentino –hoy defenestrado consejero-, explicó que era la primera ocasión, desde la creación del órgano garante en 2006, que se aplicaban este tipo de medidas.
En 2014 se aplicaron nueve amonestaciones públicas, y por vez primera, multas económicas: 32 multas equivalentes a 50 días de salarios mínimos de la región. Sin embargo, las cifras que presentó el Itaigro por diferentes medios no cuadran. Por ejemplo, en respuesta a dos solicitudes presentadas en diferentes oportunidades, el órgano garante dio versiones distintas: en una de ellas, dijo que en 2014 se aplicaron 32 multas; en la otra solicitud, solo registró 21. Y por otro lado, en su informe anual de labores de ese año publicó 20 multas.
Respecto al ejercicio 2015, en su sesión extraordinaria Itaig/09/2015, celebrada el 20 de abril de 2015, el pleno del Itaigro aprobó la aplicación de multas económicas a 72 dependencias gubernamentales y partidistas, equivalentes a 983 mil 232 pesos. A la fecha, ni las multas de 2014 ni de 2015 se han cobrado.
No sabemos cuándo los consejeros del Itaigro se dieron cuenta del vacío legal que impedía cobrar las multas, pero ellos continuaron aplicando ese tipo de sanciones, sin informar nada de manera pública.
Hace unas semanas, ya en 2016, uno de los consejeros del Itaigro reconoció que en Guerrero no se había cobrado ninguna multa a infractores de la ley de transparencia, esto no obstante que casi desde su llegada al organismo comenzaron a “aplicar” este tipo de sanciones a sabiendas de que serían incobrables.
En efecto, el 27 de abril de 2016 el consejero Joaquín Morales Sánchez dijo que ninguna de las instituciones multadas por el órgano garante habían pagado una sanción porque la ley no establece el mecanismo de cobro, por lo que no se han hecho efectivas 300 multas aprobadas por el pleno en los últimos años.
“Hay una laguna legal, la Ley 374 (de transparencia) no contempla un procedimiento concreto de cómo hacer efectivas las multas. Nos da la atribución de multar, imponer medidas de apremio, pero no nos establece el mecanismo (de cobro)”, dijo al periódico El Sur.
Agregó que en para realizar su informe de labores, 39 dependencias públicas no entregaron su informe de solicitudes de información que les fueron requeridas, y para esos casos la ley establece una multa de 14 mil pesos, por lo que en total 546 mil pesos de sanciones no serán pagados, afirmó el consejero.
Intentos de cobro
El 3 de julio de 2015, se publicaron en el periódico oficial del estado dos acuerdos para el cobro de multas relacionadas con la opacidad o la falta de cumplimiento de la ley de transparencia.
El primero es el Acuerdo mediante el cual se crea el fondo auxiliar del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. Dicho fondo tendría la finalidad de administrar los recursos obtenidos por concepto de multas impuestas a los sujetos obligados, donaciones, entre otros; para ello, la Secretaría de Finanzas y Administración sería la encargada de hacer efectivo el cobro de las multas económicas impuestas por el Instituto sujetándose al procedimiento legal correspondiente, posteriormente, depositará los recursos a la cuenta concentradora del Fondo.
En la misma fecha, se publicó en el periódico oficial el Acuerdo por el que se aprueba el tabulador para la imposición de multas económicas por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. En ese documento, el Itaigro propuso sancionar los siguientes incumplimientos: por no rendir los informes relativos a los recursos de revisión tramitados en el Instituto; por no rendir los informes anuales de solicitudes de información; y por el incumplimiento a las resoluciones definitivas dictadas en los recursos de revisión.
Cabe destacar que una de las multas incluidas en este Acuerdo es “por la omisión de difundir la información pública de oficio en los portales de internet oficiales de manera permanente y actualizada”, las cuales tendrían una multa hasta por 200 salarios mínimos.
Al respecto hay que comentar que ninguno de los más de 180 dependencias públicas del estado, que estaban obligadas a difundir su información de oficio, cumplió con esta obligación, por lo cual todos ellos, incluyendo al Itaigro, debieron ser multados a lo largo de seis años que tuvo vigencia la Ley 374 de Transparencia. Pero todos gozaron de impunidad.
El primero es el Acuerdo mediante el cual se crea el fondo auxiliar del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. Dicho fondo tendría la finalidad de administrar los recursos obtenidos por concepto de multas impuestas a los sujetos obligados, donaciones, entre otros; para ello, la Secretaría de Finanzas y Administración sería la encargada de hacer efectivo el cobro de las multas económicas impuestas por el Instituto sujetándose al procedimiento legal correspondiente, posteriormente, depositará los recursos a la cuenta concentradora del Fondo.
En la misma fecha, se publicó en el periódico oficial el Acuerdo por el que se aprueba el tabulador para la imposición de multas económicas por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. En ese documento, el Itaigro propuso sancionar los siguientes incumplimientos: por no rendir los informes relativos a los recursos de revisión tramitados en el Instituto; por no rendir los informes anuales de solicitudes de información; y por el incumplimiento a las resoluciones definitivas dictadas en los recursos de revisión.
Cabe destacar que una de las multas incluidas en este Acuerdo es “por la omisión de difundir la información pública de oficio en los portales de internet oficiales de manera permanente y actualizada”, las cuales tendrían una multa hasta por 200 salarios mínimos.
Al respecto hay que comentar que ninguno de los más de 180 dependencias públicas del estado, que estaban obligadas a difundir su información de oficio, cumplió con esta obligación, por lo cual todos ellos, incluyendo al Itaigro, debieron ser multados a lo largo de seis años que tuvo vigencia la Ley 374 de Transparencia. Pero todos gozaron de impunidad.
Sefina, cómplice de la impunidad
Mucho tuvo que ver la Secretaría de Finanzas y Administración con la impunidad en el estado en materia de transparencia. La ley 374 de transparencia (derogada el 5 de mayo de 2016) en su artículo 96, fracción IV, dice claramente que “El cobro de la multa se efectuará por la Secretaría de Finanzas y Administración a través del procedimiento económico coactivo”.
Pero ni en la administración de Zeferino Torreblanca, ni en la de Ángel Aguirre ni de Rogelio Ortega y tampoco en la de Héctor Astudillo se establecieron los procedimientos correspondientes para contribuir a hacer respetar la ley de transparencia.
Para corroborar lo anterior, el 12 de diciembre de 2015 se presentó en el Info Guerrero la solicitud de información folio 155715 donde se requirió la Sefina las “Multas aplicadas a dependencias públicas, por no acatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado, con base en las resoluciones que el Itaigro envía a la Sefina. Esta información, desglosada por nombre de la dependencia, concepto de la multa, monto y fecha de aplicación”.
La respuesta provino del director general de recaudación, cuyo titular Jorge Arrieta Jiménez, indicó “que a la fecha en esta Dirección General de Recaudación a mi cargo, no se ha recibido ninguna multa” proveniente de infracciones a la ley de transparencia.
En la misma fecha, se solicitó a la Sefina con el folio 155815 la descripción del “Procedimiento que sigue la Sefina para la aplicación de las multas en materia de transparencia. [Además] Copia de los recibos pagados por las dependencias públicas por no acatar la ley de transparencia”.
La Sefina respondió exactamente lo mismo que en el requerimiento anterior, sin explicar si contaba con algún procedimiento.
Al Itaigro también se le solicitó que explicara el procedimiento para gestionar cada una de las medidas de apremio. El 9 de febrero de 2016, respondió que “hasta el momento no existe un procedimiento específico para gestionar dichas medidas de apremio”.
Agregó que “si bien es cierto que el artículo 96 de la ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, en su último párrafo señala que ‘El cobro de la multa se efectuará por la Secretaría de Finanzas y Administración a través del procedimiento económico coactivo’, también lo es, que la misma ley no establece el mecanismo que deba seguirse para el cobro de las multas ante la Sefina”.
Y concluye: “En consecuencia, las multas que hasta el momento se han impuesto a los sujetos obligados (…) no han sido ejecutadas”.
Evidentemente, tampoco exhibió los oficios enviados a la Sefina para informar sobre el cobro de las multas, como se le requirió en una solicitud de información.
Pero ni en la administración de Zeferino Torreblanca, ni en la de Ángel Aguirre ni de Rogelio Ortega y tampoco en la de Héctor Astudillo se establecieron los procedimientos correspondientes para contribuir a hacer respetar la ley de transparencia.
Para corroborar lo anterior, el 12 de diciembre de 2015 se presentó en el Info Guerrero la solicitud de información folio 155715 donde se requirió la Sefina las “Multas aplicadas a dependencias públicas, por no acatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado, con base en las resoluciones que el Itaigro envía a la Sefina. Esta información, desglosada por nombre de la dependencia, concepto de la multa, monto y fecha de aplicación”.
La respuesta provino del director general de recaudación, cuyo titular Jorge Arrieta Jiménez, indicó “que a la fecha en esta Dirección General de Recaudación a mi cargo, no se ha recibido ninguna multa” proveniente de infracciones a la ley de transparencia.
En la misma fecha, se solicitó a la Sefina con el folio 155815 la descripción del “Procedimiento que sigue la Sefina para la aplicación de las multas en materia de transparencia. [Además] Copia de los recibos pagados por las dependencias públicas por no acatar la ley de transparencia”.
La Sefina respondió exactamente lo mismo que en el requerimiento anterior, sin explicar si contaba con algún procedimiento.
Al Itaigro también se le solicitó que explicara el procedimiento para gestionar cada una de las medidas de apremio. El 9 de febrero de 2016, respondió que “hasta el momento no existe un procedimiento específico para gestionar dichas medidas de apremio”.
Agregó que “si bien es cierto que el artículo 96 de la ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, en su último párrafo señala que ‘El cobro de la multa se efectuará por la Secretaría de Finanzas y Administración a través del procedimiento económico coactivo’, también lo es, que la misma ley no establece el mecanismo que deba seguirse para el cobro de las multas ante la Sefina”.
Y concluye: “En consecuencia, las multas que hasta el momento se han impuesto a los sujetos obligados (…) no han sido ejecutadas”.
Evidentemente, tampoco exhibió los oficios enviados a la Sefina para informar sobre el cobro de las multas, como se le requirió en una solicitud de información.
Un convenio que no se firmó
En los primeros meses de 2015, el Itaigro le propuso a la administración de Rogelio Ortega Martínez la firma de un convenio entre el órgano garante y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, que serviría para establecer el procedimiento de aplicación de sanciones.
En la primera cláusula del convenio se proponía que la Sefina “asumiera las funciones operativas de administración y cobro de las multas impuestas por el ‘ITAIG’ a los Sujetos Obligados en el ejercicio de la atribución señalada en la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero V, 96 de la Lev Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, por la inobservancia a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, o, en aquellos casos que incumplan con las determinaciones y/o resoluciones de dicho órgano autónomo”.
Pero nunca se concretó.
Con el gobierno de Héctor Astudillo tampoco se firmó nada, y con el pretexto de que en 2016 la ley de transparencia local se armonizaría con la Ley General de Transparencia, los actores institucionales que deben promover y garantizar la transparencia y el acceso a la información en Guerrero sepultaron cualquier posibilidad de sancionar a los infractores.
Así fue la historia de 10 años de impunidad.
En la primera cláusula del convenio se proponía que la Sefina “asumiera las funciones operativas de administración y cobro de las multas impuestas por el ‘ITAIG’ a los Sujetos Obligados en el ejercicio de la atribución señalada en la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero V, 96 de la Lev Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, por la inobservancia a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, o, en aquellos casos que incumplan con las determinaciones y/o resoluciones de dicho órgano autónomo”.
Pero nunca se concretó.
Con el gobierno de Héctor Astudillo tampoco se firmó nada, y con el pretexto de que en 2016 la ley de transparencia local se armonizaría con la Ley General de Transparencia, los actores institucionales que deben promover y garantizar la transparencia y el acceso a la información en Guerrero sepultaron cualquier posibilidad de sancionar a los infractores.
Así fue la historia de 10 años de impunidad.
