La reconstrucción de Guerrero, en la opacidad

El Sur de Acapulco
La falta de transparencia del Plan Nuevo Guerrero involucra a varias dependencias del gobierno federal. En las entregas anteriores destacamos la opacidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, una de las principales involucradas en la “reconstrucción”, por el monto de recursos que ha ejercido en la construcción de vivienda; pero la intención de opacidad también se presenta en otras oficinas gubernamentales como la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que en el ejercicio que realizamos para verificar la transparencia del Plan Nuevo Guerrero, sin motivo demoraron la entrega de información, declararon injustificadamente datos parcialmente clasificados y además los datos los entregaron en formatos en los que no es posible reutilizarlos.
La opacidad del Plan Nuevo Guerrero contradice la promesa presidencial, de noviembre de 2013, de que los recursos de este programa se ejercerían con transparencia; de hecho, es uno de los cuatro principios rectores del plan, pero realmente se han ejercido con opacidad.
La mayor parte de los recursos anunciados han sido ejecutados por el gobierno de la república, dejando al margen al gobierno del estado, con el argumento no expreso de que no se confiaba en la autoridad local. Es cierto, el gobierno de Ángel Aguirre sin duda hubiera depredado los recursos destinados a la reconstrucción del estado, pero la federación, con su opacidad, no da señales de esté haciendo las cosas de manera diferente.
La sociedad es la gran perdedora porque no hay forma de dar seguimiento a cerca de 40 mil millones de pesos, que según el gobierno federal se han invertido en este plan, pues los mecanismos de transparencia del programa son muy limitados y se reducen a un portal electrónico con información aislada y parcial y a las declaraciones de funcionarios o boletines de prensa oficiales. Cuando no hay un ejercicio honesto y transparente, se construye un menor número de obras y acciones.
Es cierto, desde la ciudadanía tampoco ha habido capacidad para vigilar los cuantiosos recursos anunciados y ejercidos del Plan Nuevo Guerrero, y el gobierno de Enrique Peña Nieto se aprovecha de esta debilidad para no rendir cuentas de las actividades que se realizan.

Qué es el Plan Nuevo Guerrero

Es un programa creado para la reconstrucción del estado, luego de las graves afectaciones de las tormentas de septiembre de 2013. Según anunció el gobierno de la república, con tan inusitada publicidad que parecía tener propósitos electoreros, se invertirían cuantiosos recursos financieros para obras de infraestructura, vivienda, proyectos productivos, empleo temporal, apoyo en enseres domésticos y otros beneficios para la población del estado.
El plan considera cuatro principios rectores: construir un nuevo Guerrero (las acciones no serán sólo de reconstrucción, sino que fomentarán el crecimiento económico y el desarrollo social); proyectos sociales para la productividad (“las acciones buscarán desarrollar el capital humano mediante educación, salud, igualdad de género, desarrollo de comunidades indígenas y capacitación para el trabajo).
Asimismo incluye el eje de transparencia (“los recursos deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, siendo proactivos en informar a los ciudadanos sobre las acciones emprendidas”), y participación ciudadana (se promoverá que los guerrerenses participen directamente en las acciones comprometidas).
En el portal electrónico se describe el monto a invertir: 39,437 millones de pesos, de los cuales se han pagado 24,895.2 millones. Pero hay que tomarse con reserva estas cifras, porque se modifican con mucha frecuencia.
Por ejemplo, cuando se anunció el plan, en noviembre de 2013, el presidente de la república mencionó que se invertirían 60 mil millones de pesos, la mitad se gastarían en 2014 y el resto en el periodo de 2015 a 2018. Meses después, en marzo de 2014, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, corrigió las cifras y dijo que en 2014 se invertirían 37 mil 425 millones de pesos.
En abril de 2014, mediante un comunicado, el gobierno de la república anunció que está autorizada una inversión de 67,800 millones de pesos para el Plan Nuevo Guerrero, a ejercerse en los próximos cinco años. Agregó que en 2014 se ejercerían ejercerán 37,425 millones de pesos, y del 2015 al 2018 los otros 30 mil 410 millones de pesos.
En septiembre de 2014, el subsecretario de Egresos de Hacienda, Fernando Galindo, cambió nuevamente la cifra y dijo que este año se invertirán 41,031 millones de pesos,

Los proyectos de la SE

Al igual que en varias dependencias involucradas en el Plan Nuevo Guerrero, en la Secretaría de Economía no coinciden las cifras sobre el ejercicio de los recursos. Cuando se trata de proporcionar información destallada y específica de las acciones, las dependencias trastabillan para entregarla.
Por diversos medios (declaraciones de funcionarios, boletines de prensa), esa dependencia ha anunciado recursos financieros entregados a los afectados de septiembre de 2013, pero no existe ninguna claridad sobre su distribución.
Por ejemplo, en diciembre de 2014, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), anunció que “ha comprometido 130 millones de pesos para beneficiar a 11 mil empresas inscritas en el padrón de beneficiarios del programa Impulso Pyme Nuevo Guerrero”. Según la dependencia, el dinero fue entregado al gobierno del estado con el objetivo de apoyar y atender de manera inmediata a las pequeñas empresas en riesgo de quiebra en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.
De acuerdo con el comunicado de la SE, “el apoyo se ha otorgado y se otorgará de forma directa a los empresarios que lo han solicitado para el pago de pasivos relacionados con su negocio; como la renta, los servicios de luz y agua potable, teléfono, internet y sueldos”. Asimismo, el apoyo podrá ser utilizado para la adquisición de bienes, de tal manera que esto permita que las micro y pequeñas empresas en riesgo de quiebra, puedan continuar con sus actividades comerciales.
Se realizó una búsqueda detallada de los recursos en la base de datos más reciente que publica el portal oficial del plan, pero no se encontró nada que sugiera que la SE haya ejercido o entregado recursos. Es una de las dependencias que no aparece en el portal, no obstante que el gobierno de la república señaló el apoyo de micro y medianos empresarios afectados.
Ante estos resultados, presentamos una solicitud de información folio 1000185614 ante la SE, el 9 de diciembre de 2014, requiriendo los siguientes datos: Descripción de cada uno de los 31 proyectos estratégicos anunciados en el marco del Plan Nuevo Guerrero. Esta información desglosada por: Descripción de cada proyecto, dónde se localiza, quiénes serán beneficiarios, recursos que se destinan a cada proyecto. Perfil de cada uno de los proyectos.
Y en tanto los funcionarios federales, incluyendo al presidente de la república, se esfuerzan por publicitar la supuesta transparencia del Plan Nuevo Guerrero, la SE respondió el 23 de enero de 2015 que turnaría la solicitud de información al comité de información de la dependencia para proponerle la clasificación de los datos. Es decir, buscaban clasificarla como información reservada o confidencial para no hacerla pública.  
En sesión extraordinaria del 16 de febrero de 2015, el comité de información de la SE informó que “por unanimidad se confirma la clasificación de la información como parcialmente confidencial manifestada por el Instituto Nacional del Emprendedor (…) y se aprueba la entrega de la versión pública de 3 proyectos bajo el rubro de Plan Nuevo Guerrero en el Sistema Emprendedor por contender datos personales”.
Esta respuesta simplemente es un ocultamiento de información. Todos los beneficiarios apoyados con recursos públicos deben darse a conocer, de acuerdo con la normatividad. La mayor parte de los programas sociales hace públicos los padrones de sus beneficiarios, y la SE no tiene justificación para no hacerlo.
Asimismo, pone en evidencia al conjunto del gobierno federal, que anuncia 31 supuestos proyectos estratégicos, y resulta que las dependencias responsables de operarlos no los conocen, o como es el caso, sólo sabe de tres.

Los tres proyectos

Uno de los proyectos entregados es parte del programa emergente de apoyo a Mipymes de los municipios de Coyuca de Benítez y Técpan de Galeana, y tiene un presupuesto de 890 mil pesos. Agrega la ficha del proyecto que está destinado a 89 empresas y con él, se podrán conservar 160 empleos.
Otro proyecto es el programa de impulso para Mipymes estado de Guerrero, con valor de 55 millones de pesos. No se describen las acciones del proyecto, como se requirió en la solicitud de información, ni tampoco hay beneficiarios ni a qué se destinará.
El tercer proyecto tiene el mismo título que el anterior, pero éste cuenta con un presupuesto de 75 millones de pesos. Tampoco cuenta con ningún otro dato. Eso es todo lo que entregó la SE.
Ésta es la transparencia que prometió Peña Nieto para el Plan Nuevo Guerrero.

El caso Inifed

En el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa también se esmeró en ocultar parcialmente la información.
En diciembre de 2014, se presentó la solicitud de información número de folio 1114000007914, para requerir: “Descripción de cada una de las 390 acciones en 360 planteles educativos de Guerrero, en el marco del Plan Nuevo Guerrero. Desglosar la información de cada una de las acciones realizadas en: acción, nombre de la escuela, localidad, municipio, costo, fecha de inicio y terminación”.
El 15 de enero de 2015, el Inifed finalmente entregó la información como se le solicitó, pero lo hizo en in formato en donde los datos no pueden reutilizarse y ni siquiera era posible imprimirlos. Esta es una de las prácticas más extendidas de las dependencias públicas en la entrega de su información, a efecto de que los solicitantes no puedan comparar, sumar, analizar los datos.
No hay ninguna explicación por la que no entreguen estos datos en formatos Excel, y en cambio, lo hagan con formato de imágenes cuya información no puede ser reutilizada y además ilegible. A esto se le llama opacidad.
Fue necesario acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales para obligar al Inifed a entregar un formato que por lo menos pudiera imprimirse.
Posteriormente, se solicitó al Inifed información más específica. Se solicitó mediante el folio 1114000001315 los expedientes técnicos de las siguientes obras: Reubicación del jardín de niños Francisco Larroyo, y de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, de la localidad de Salsipuedes, municipio de Acapulco.
El Inifed respondió a este requerimiento con una petición de que se le especificara qué es un expediente técnico. Parece inverosímil que una dependencia normativa en la construcción de infraestructura educativa como el Inifed no tenga información sobre lo que es un expediente técnico. De cualquier manera, se le envió la información solicitada en los siguientes términos:
“un expediente técnico es aquel que contiene entre muchos otros datos de la obra, la siguiente información: monto de la obra, modalidad de licitación, empresa que la construye, ubicación de la obra, número de beneficiarios, características técnicas de la obra, en qué consiste la obra (dimensiones, material utilizado, características constructivas), fecha de inicio y terminación”.
La dependencia nuevamente solicitó información sobre los expedientes técnicos y decidimos enviar un oficio comunicado que ante la negativa, presentaríamos un recurso de revisión ante el IFAI.
Finalmente, el Inifed el día de ayer respondió con información parcial (no envió los expedientes técnicos), por lo que continuaremos con el recurso de revisión ante el órgano garante federal.

Buenas noticias

La semana pasada se aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que será aplicable en todo el país y sin duda tendrá un impacto muy positivo en el estado de Guerrero. Los transitorios consideran un plazo de un año para que las legislaturas estatales homologuen su ley local a la ley general.
Así es que hay que revisarla y sobre todo a presionar para que los diputados de esta legislatura la aprueben y se retiren con por lo menos un punto en su haber.

Sedatu opaca: Las cifras de vivienda en Guerrero no cuadran

El Sur de Acapulco
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno de la república ha sido una dependencia poca transparente en el Plan Nuevo Guerrero, del que el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se manejaría con total transparencia. Específicamente de la información sobre la construcción de viviendas en Guerrero, la dependencia federal mantiene un gran desorden y parcialidad en sus datos, de tal manera que no coinciden la información que difunden sus funcionarios en declaraciones a la prensa, ni los que publica el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ni los que entrega como resultado de solicitudes de información.
Esta anarquía en la información no permite hacer un balance certero del ejercicio de los recursos del publicitado Plan Nuevo Guerrero, pues no hay información básica congruente, y lo que encontramos deja entrever o una total ineficiencia para establecer controles efectivos al dinero público en la construcción de viviendas o una gran negligencia y un claro propósito de ocultar información con fines no declarados.
La Sedatu es una de las dependencias que ha tenido un gran peso en la reconstrucción del estado, luego de las afectaciones por las lluvias torrenciales de septiembre de 2013, a partir de las cuales el presidente Peña Nieto constituyó el Plan Nuevo Guerrero, con cuantiosos recursos del erario.
Sin embargo, el trabajo de la dependencia deja muchas dudas, y a esta fecha no hay certeza de cuántas viviendas se construyeron, y cuántas más se edificarán, a cuánto asciende lo ejercido, qué empresas han participado en estas obras, y quiénes son los beneficiarios y en qué localidades y municipios.
En esta entrega se documenta la comprobada intención de ocultar información de la Sedatu que contrasta con el discurso presidencial que prometió transparencia, y también con las todavía numerosas muestras de inconformidad de grupos de damnificados que se quejan de la desatención de la Sedatu.

Anarquía de cifras

A un año de la tragedia, en septiembre de 2014, el gobierno de la república anunció un avance de 60 por ciento en la reconstrucción y un gasto de 41 mil millones de pesos. En esa ocasión, tocó a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, encabezar la ceremonia donde anunció que “tengan la plena seguridad, todas las casas, los puentes, las clínicas, los hospitales, todo, absolutamente todo se va a cumplir en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.
En su intervención, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó que la dependencia a su cargo tenía 10, 776 acciones, de las cuales 5,672 correspondían a la construcción de viviendas, y de éstas, ya se habían entregado 2,654. Detalló el ex funcionario que en 74 localidades se construirán más de 20 viviendas, en 354 localidades se construirán 5 viviendas y en 298 localidades se construirá al menos una vivienda.
Sin embargo, a diferencia de estos datos y como respuesta a una solicitud de información presentada en julio de 2014, la Sedatu comunicó que al mes de septiembre de ese año, se habían construido 6,281 viviendas con una erogación de 753.7 millones de pesos en beneficio de 24,495 habitantes.
Es decir, hay una diferencia abismal en el número de viviendas construidas reportadas por el ex secretario y lo que respondió la dependencia ante una solicitud de información de 3,627 viviendas.
Peor aún: en una segunda petición de información donde se solicitó “Número total de viviendas que se tienen proyectadas construir para atender a los afectados”, la dependencia escuetamente respondió que “más de 6 mil.” ¿Cuál es la información correcta?
En cuanto a los recursos ejercidos, los números tampoco cuadran. A lo largo de 18 meses, el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ha modificado frecuentemente las metas y los recursos gastados en los diferentes rubros.
Por ejemplo, en los datos abiertos más recientes publicados en la página web, en el rubro de vivienda rural y como parte de los programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Hábitat y Fonhapo, se gastaron 188.6 millones de pesos en la localidad de El Capricho; y en la Pintada y “otras localidades”, 64 millones de pesos. No se especifica cuántas viviendas en cada caso, aunque según datos obtenidos de la prensa, se edificaron 134 viviendas en El Nuevo Capricho, municipio de Ometepec; y 190 en la Nueva Pintada, municipio de Atoyac.
Por cierto, personas que conocen La Pintada afirmaron que no fueron 190 viviendas, sino 125 las que se construyeron; parcialmente tienen servicios y el día de la inauguración hubo gran hermetismo para evitar protestas durante el acto. Eso sí, las viviendas por fuera lucían muy bien pintadas con colores pastel, pues La Pintada fue la comunidad emblema en la construcción de vivienda del gobierno de Peña Nieto. 
A través de la Comisión Nacional de Vivienda, se presupuestaron subsidios hasta por 22,500 por vivienda para reparación, con un monto global de 50 millones de pesos. En el caso del programa Vivienda Digna de Fonhapo, los datos indican que invirtieron 43.6 millones de pesos.
Asimismo, en Vivienda, la Sedatu tiene autorizados 600 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, y 948.3 millones de pesos del Fondo Guerrero.
En total, sólo en materia de vivienda se autorizaron al 15 de febrero 1,893.5 millones de pesos, de los cuales se han gastado a esa misma fecha 1,229.5 millones, sin que haya datos precisos sobre el número de viviendas construidas.

Las cuentas alegres

Los comunicados y declaraciones de funcionarios de la Sedatu son demasiado optimistas, dice uno de ellos: “En la víspera de Navidad, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó 73 viviendas y llevó alegría a familias guerrerenses afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel”.
Antes, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmaba en el mes de septiembre de 2014 que “ya no habrá ninguna persona en albergues; todas las comunidades estarán atendidas, y que Sedatu no se retirará de Guerrero, hasta que no se haya terminado la última de las viviendas comprometidas”, dice un boletín de prensa.
Durante la asignación de 52 viviendas en Petaquillas del municipio de Chilpancingo, el comunicado de prensa de la Sedatu del 5 de febrero de 2015 reseñó el acto de entrega: “En un ambiente de algarabía y de emoción, una de las beneficiadas, de nombre Gloria Ríos Bernal, agradeció profundamente al presidente de México, Enrique Peña Nieto y al titular de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, por su solidaridad y apoyo para la realización de sus nuevos hogares”.
Otra de las beneficiadas, la señora Andrea Marino García, expresó que la asignación de su nueva vivienda, la hace sentir muy contenta, ya que ahora, su familia podrá tener un patrimonio.
“Estamos orgullosos, contentos porque con sacrificio, anduve luchando, vueltas para allá y por aquí. Yo les daría muchas gracias y que Dios lo bendiga, a Sedatu y a Peña Nieto, porque estoy orgullosa de que por ellos, estoy logrando lo que yo he pedido”, dijo.
Estos testimonios contrastan con la cantidad de inconformidades de colonias y poblados guerrerenses que evidencian la desatención de la Sedatu.
Apenas en marzo, el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña consideró una burla que ningún representante de esa dependencia llegara a la reunión programada para atender el problema de sus casas, por lo que la emplazaron a concretar la reunión en esa semana o iniciarán movilizaciones. Y así como ésta, en todo el estado la gente protesta porque no se siente atendida. Esta incertidumbre se acentúa cuando la dependencia no proporciona información fidedigna.

Para documentar la opacidad

El 3 de septiembre de 2014 presentamos ante la Sedatu la solicitud de información folio 1500062114, pidiendo entre otros datos, el número total de viviendas que se tiene proyectadas construir para atender a los afectados; criterios técnicos y sociales que se emplearon para decidir dónde construir las viviendas; expedientes técnicos de los diferentes tipos de vivienda; monto total de la inversión aplicada en las viviendas; costo individual de cada tipo de vivienda; criterios utilizados para decidir a los beneficiarios; nombres y localidades de los beneficiarios de vivienda.
Esta información, que una dependencia eficiente tendría en sus archivos sin ningún problema, a la Sedatu se le complicó mucho darla a conocer, pues el 2 de octubre de ese mismo año pidió una prórroga argumentando que “con el fin de continuar con la búsqueda de la información solicitada, es necesario ampliar el plazo”.
Fue hasta el 30 de octubre de 2014 cuando la Sedatu respondió, aunque lo hizo de manera parcial. En un escueto oficio, contestó que se tenía proyectada la construcción de “más de 6,000” viviendas. Asimismo, informó el “costo individual de cada tipo de vivienda”: reparación de daños menores, hasta 5,500 pesos; reparación de daños parciales, hasta 28,000 pesos; reparación de daños totales, hasta por 120 mil pesos. “En caso de reubicación de vivienda, los beneficiarios reciben un lote y un paquete de obra con valor de hasta 120 mil pesos”.
El problema fue cuando la Sedatu informó que entregaría los expedientes técnicos de las viviendas y el listado de nombres y localidades de los beneficiarios de las viviendas hasta que se pagaran los derechos correspondientes. Sin embargo, la dependencia no dijo el importe que se debería cubrir y los datos bancarios para realizar el depósito. Hicimos varias llamadas a la unidad de transparencia para solicitar los datos, pero no los conseguimos.
Presentamos entonces un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI), pero con mucho cinismo, la Sedatu aseguró que me había enviado un correo electrónico con los datos del costo y bancarios para el depósito.
“mediante correo electrónico, de fecha 03 de diciembre de 2014, esta Unidad de Enlace, emitió al hoy recurrente un alcance a su solicitud de información en la que se le comunicó que la información requerida se encuentra disponible”.
Ese correo nunca fue recibido y el IFAI dio por bueno el alegato de la Sedatu y nunca se comunicó con el recurrente para aportar las pruebas en contrario. El recurso de revisión fue sobreseído por el órgano garante mediante la resolución RDA 4954/14.

El padrón de beneficiarios

Luego de pagar 320 pesos, la Sedatu nos hizo llegar copia de los expedientes técnicos y el listado de beneficiarios de vivienda en el estado de Guerrero. Aunque es evidente que el listado enviado fue impreso desde un archivo electrónico (formato Word), la dependencia se negó a entregarlo vía electrónica y obligó al solicitante a pagar las fotocopias, si quería tener la información.
Las desventajas son varias y no es fortuito que hayan decidido hacerlo así, congruente con la orientación que la dependencia ha mostrado hacia la opacidad. Con este formato, no se puede reutilizar la información, es decir, no hay posibilidad de cruzar nombres de los beneficiarios, buscar repeticiones, no se puede hacer un conteo automático por localidad y municipio, etc. La Sedatu no quiere que se procese la información.
Sin embargo, no obstante las dificultades técnicas, hicimos una conteo general de los beneficiarios a partir de las copias que envío la Sedatu. Por ejemplo, el total de beneficiarios es de 10,378, y no las 24,495 personas que la dependencia difunde por otras fuentes.
Asimismo, hay irregularidades que se detectan a simple vista: un total de 659 personas incluidas en el listado no tienen apellidos, es decir, sólo aparece el nombre. La relación no tiene ninguna lógica ni orden, pues los beneficiarios no está agrupados ni por comunidad, ni por municipio, sino que están en completo desorden. No hay ningún dato que indique la modalidad de apoyo que recibió cada beneficiario ni cuántos de ellos están en espera de recibir sus viviendas. Es un padrón muy dudoso.
En general, son 74 los municipios considerados dentro del listado de la Sedatu. Acapulco es el municipio que aparece con más beneficiarios con 1,289, le sigue Tixtla con 1,254 y Chilpancingo con 899 beneficiarios. Los municipios con menos acciones de vivienda son Tlalchapa, con 3, Buenavista de Cuéllar con 2 e Iguala con 1.
Así están trabajando las dependencias federales en Guerrero en el Plan Nuevo Guerrero. Uno de los argumentos para que el gobierno de la república ejecutara las obras fue que lo harían con más transparencia, pero se confirma que sólo querían controlar los recursos financieros y gastarlos discrecionalmente.