Discrecionalidad en la aplicación de sanciones en el estado

El Sur de Acapulco

La credibilidad en las instituciones pasa por el respeto a las leyes y por una efectiva y rigurosa aplicación de sanciones a quienes no las cumplen. Esto es especialmente cierto en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues son temas muy sensibles para la ciudadanía porque se relacionan directamente con la información sobre el ejercicio de los recursos públicos. En un estado como Guerrero, la transparencia y efectividad en la aplicación del gasto hacen la diferencia entre seguir o no siendo una entidad eternamente pobre.
Si las dependencias que tienen facultades para revisar, vigilar y aplicar sanciones para que el dinero público se gaste de acuerdo con las normas, no son transparentes y no hay claridad en su exigencia de rendición de cuentas, evidentemente no generarán credibilidad.
La Contraloría del estado, la Auditoría General del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal (Itaig) son organismos con facultados para aplicar sanciones en sus respectivos ámbitos, pero la información que dan a conocer públicamente al respecto siempre es muy parcial y no es posible saber con pocos datos si están aplicando la ley.
El Itaig
Una de las dependencias que tiene facultades para aplicar sanciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información de las dependencias públicas es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado.
El Itaig puede imponer apercibimientos públicos y privados, y multas económicas a aquellas dependencias que no cumplen con los mínimos para difundir datos e información y para las que impidan el derecho de acceso a la información de las personas.
Sin embargo, la historia de este organismo muestra tibieza en la aplicación de sanciones, cuando no una franca omisión para asumir esta responsabilidad. Hay un testimonio publicado que describe la percepción ciudadana hacia este organismo.
“La Caipegro (como antes se denominaba al Itaig) no funciona, es una mentira, y da tristeza porque manejan muchísimo presupuesto; los funcionarios de la Caipegro no tienen autoridad, piden las cosas por favor a los funcionarios, cuando lo que deben hacer es exigir, ‘sabes qué, presidente municipal, te exijo que le des la información a este ciudadano’. Pero no, más bien nos recomiendan que la pidamos por favor, que no nos confrontemos. Pero uno no va a pelear, sólo queremos que nos den información porque la solicitamos por escrito, así queremos que nos la den, también por escrito. Pero la Caipegro tiene miedo, no funciona”. http://transparenciaguerrero.blogspot.mx/p/monitor-de-guerrero-.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información presentada ante el Itaig, de junio de 2006 a julio de 2014, el organismo impuso apenas 113 sanciones, un número sin duda muy bajo si se considera la poca disposición que se ha observado históricamente en las dependencias del sector público para cumplir con lo que mandata la ley de transparencia. Sin duda, es apenas la punta del iceberg debido a que la mayoría de las personas a las que se les niega su derecho de acceso a la información, no presentan queja ante el ITAIG.
Los sujetos obligados que han recibido el mayor número de sanciones son los ayuntamientos, con 67.5 por ciento de los casos; las dependencias del gobierno del estado han sido sancionados en 28.3 por ciento del total; el Congreso del estado con 1.7 por ciento; y otras dependencias, 2.4 por ciento. Esto es congruente con las irregularidades que cometen los ayuntamientos en otros campos, como la falta de transparencia y el bloqueo a la información que derivan en un elevado número de quejas presentadas en contra de ellos ante el Itaig.
El ayuntamiento de Chilpancingo encabeza la lista de los sujetos obligados que han recibido mayor número de sanciones, con el 7.9 por ciento del total estatal, le siguen el gobierno municipal de Tixtla con 6.1 por ciento, Coyuca de Benítez con 4.4 por ciento y Tecoanapa con 3.5 por ciento de todos los casos en el estado.
En el caso de las dependencias del Ejecutivo del estado, es la Secretaría de Desarrollo Rural la que ha recibido un mayor número de sanciones, con 5.3 por ciento del total; en segundo lugar están las secretarías de Educación y de Salud, con 3.5 por ciento cada una, y en tercero la Secretaría de la Mujer, con 2.6 por ciento del total.
Si se observa el tipo de infracción por el que recibieron la sanción, destaca que en el 46 por ciento de los casos, las dependencias públicas no rindieron el informe que les exige el Itaig para conocer sus argumentos de por qué no entregaron la información a los ciudadanos, motivo de la queja.
En segundo lugar se encuentran las infracciones por no rendir su informe anual al que están obligados, con datos sobre número de solicitudes recibidas, respondidas y en trámite. Este concepto alcanzó el 21.2 por ciento de los casos.
También se registraron 8.8 por ciento de casos en los que el personal de las dependencias no orientó al ciudadano sobre su derecho de acceso a la información, lo cual es su obligación según la ley de transparencia.
Otros casos por los que se sancionó a las dependencias son porque no respondieron a las solicitudes de información en los plazos establecidos y porque no rindieron su informe pormenorizado (6.1 por ciento en cada uno de los casos).
Destaca que haya sanciones por el incumplimiento de las resoluciones del Itaig (3.5 por ciento de los casos), lo cual es un abierto desafío a la Ley. En este caso se encuentran los ayuntamientos de Chilpancingo y Mártir de Cuilapan, y la Secretaría de Salud.
También sobresale la sanción aplicada al Congreso del estado por no tener publicada toda su información de oficio. Y destaca porque sin excepción, ninguna dependencia pública de Guerrero cumple con la publicación en 100 por ciento de su información obligatoria, por lo que en todo caso, también tuvieron que ser sancionadas prácticamente desde hace ocho años que no cumplen con esta obligación.
Respecto de las penas aplicadas, la más frecuente fue el apercibimiento de los sujetos obligados, lo cual sucedió en el 53 por ciento de los casos. El apercibimiento es una forma de advertencia de la autoridad, en este caso del Itaig, para que las dependencias públicas cumplan con la ley.
El siguiente tipo de sanción fue económico, es decir, multas equivalentes a 50 salarios mínimos de la región (28.3 por ciento de los casos), la amonestación pública (8.8 por ciento) y la amonestación privada (7 por ciento).
Si se observan las sanciones por el año en que fueron aplicadas, en lo que va de 2014 se aplicaron el 36.2 por ciento del total; en 2013, se aplicaron 16 sanciones; en 2012, 17; en 2011 sólo hubo siete sanciones, y en 2010 seis sanciones.
En 2009 fueron nueve las sanciones aplicadas; en 2008, siete; en 2007, 11, y de junio a diciembre de 2006 sólo una sanción.
Sanciones fuertes
De acuerdo con un diario de Jalisco, en abril de 2014 la alcaldesa de San Martín de Hidalgo, Juana Ceballos Guzmán, fue notificada que sería encarcelada por negarse a entregar información.
Dice el periódico El Semanario sin límites, que “el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei) pidió el arresto administrativo por doce horas, debido a que Ceballos no cumplió la determinación emitida en 2013, en donde se le exigía la publicación de información fundamental en el sitio web de esa localidad”.
La resolución considera que la sanción se tramitará ante la Dirección de Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, y dicha dependencia deberá “informar al Instituto sobre la ejecución del arresto dentro de los dos días hábiles en que se haya compurgado éste y en caso de que no pueda ejecutar el arresto en el domicilio señalado se deberá informar de tal circunstancia dentro de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución”, citó el documento del Instituto.
Cabe mencionar que el Itei emitió una primera sanción por la negativa de la alcaldesa a entregar información en 2013, ésta fue una amonestación al municipio por incumplir la orden, pero no modificaron su conducta y hubo una segunda sanción equivalente a una multa de 20 días de salario mínimo.
Pasó el tercer plazo para que publicaran la información y volvieron a incumplir, por lo que finalmente se ordenó el arresto de la alcaldesa.
“No se cumplimentó en ninguna de las tres ocasiones la solventación de la información por parte del ayuntamiento, lo que hace apercibir que no hubo voluntad para cumplir con la resolución independientemente de que la ponencia, además de lo establecido en la ley fue de sobre cooperante con el sujeto obligado incluso para auxiliarlos en que la información estuviera publicada”, agregó uno de los consejeros del Itei.
La AGE
La Auditoría General del Estado es un organismo clave para el correcto ejercicio de los recursos públicos del estado de Guerrero y para el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sociales. De su actuación depende mucho la credibilidad del sistema de revisión y fiscalización de las cuentas públicas.
Durante muchos años, la AGE no informó sobre el cumplimiento de sus funciones como órgano técnico del Congreso del Estado. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado ha obligado a este organismo a publicar información sobre su quehacer, aun cuando en algunos rubros esa apertura es parcial, como es el caso de la aplicación de sanciones a las dependencias y entidades fiscalizables que se salen de la normatividad.
Actualmente, la AGE publica una relación de 43 ex servidores públicos de ayuntamientos que se encuentran inhabilitados. Son ex presidentes municipales, ex tesoreros, ex directores de obra pública que la AGE encontró como responsables de diferentes irregularidades, sin precisar cuáles.
Asimismo, publica una relación numérica de sanciones económicas emitidas por este órgano fiscalizador de los años 2010 a 2013, pero no difunde los nombres de funcionarios ni identifica las dependencias sancionadas.
En otro apartado, publica las entidades fiscalizables que no entregaron su cuenta pública, así como aquellas que, aunque las presentaron, éstas no fueron aprobadas por el Congreso del estado.
Destaca en este punto el alto índice de cuentas públicas no aprobadas, lo que indica una falta de capacidades de los ayuntamientos para integrar estos documentos, o el desvío y la comisión de numerosas irregularidades.
Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, en 2008 fueron 55 las cuentas públicas reprobadas, mientras que en 2009 se registraron 52, en 2010 los informes de cuenta pública no aprobados disminuyeron a 33, y en 2011, último año que publica la AGE, las reprobadas sumaron 42.
Contraloría del estado
No existe en el portal electrónico del gobierno del estado un apartado específico que publique las sanciones aplicadas por el órgano de control del Ejecutivo del estado; ni siquiera se dan a conocer la programación de revisiones a las dependencias ni el trabajo que realizan.
Sólo en un apartado escondido aparece una “relación de servidores públicos inhabilitados por sanciones impuestas por la Contraloría General del Estado”, que se publicó en el periódico oficial el 1 de marzo de 2011. Pero no hay más información.
El gobierno del estado, en este rubro privilegia el anuncio discrecional y político de los resultados de sus revisiones más que la publicación sistemática de esta información. Es decir, los hallazgos de estas revisiones los emplea como un instrumento de presión política.
Tal es el caso de dos intervenciones recientes, primero el escándalo de las despensas destinadas a damnificados almacenadas en el DIF, cuya investigación y resultados nunca se ha dado a conocer y se ha buscado minimizar su impacto mediático, y segundo, la adquisición irregular de un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del Estado “por parte de funcionarios públicos de la administración pasada”, que precisamente por tratarse de otra administración, se emplea la información a discreción para estigmatizar a funcionarios.

En qué se gastan los recursos del Fonden

El Sur de Acapulco
Guerrero es uno de los estados que recibe de manera constante una gran cantidad de recursos financieros provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues es una entidad que conjuga su ancestral condición de pobreza con una gran exposición a las afectaciones por fenómenos naturales como sismos, huracanes y tormentas tropicales, incendios, heladas, etc.
Sin embargo, hay todavía una gran opacidad y discrecionalidad en la aplicación de estos recursos, pues aunque la Secretaría de Gobernación hace públicos de manera global la cantidad de recursos que son asignados a los estados que cada año presentan afectaciones, la aplicación de este dinero es discrecional y no hay información publicada sobre los municipios, comunidades y personas específicas que reciben o se benefician con estos recursos. Tampoco sobre las empresas que construyen las obras o que proveen los bienes y servicios.
Las lluvias torrenciales de septiembre y octubre de 2013 en Guerrero detonaron un incremento significativo de los recursos financieros provenientes del Fonden, y a la vez, una gran preocupación por la manera en que se aplicarían.
No en balde, el Congreso del estado emitió un acuerdo parlamentario en donde exhorta “al Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a quien corresponda la aplicación honesta y transparente de los recursos del Fonden, destinados al estado de Guerrero, así como difunda en una página web, la aplicación de los recursos y saber en qué rubros se está gastando el recurso”. 
En el mismo acuerdo los diputados guerrerenses solicitaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero para que "instruya a quien corresponda realizar las investigaciones pertinentes y se finquen las responsabilidades correspondientes en su caso de las autoridades del nivel de que se trate que hayan otorgado licencias de cambio de uso de suelo y de construcción de asentamientos humanos en los municipios afectados, así como también se rinda un informe pormenorizado a esta Soberanía, sobre la instrumentación de los protocolos y alertamiento por el Sistema Nacional y estatal de Protección Civil en los casos de los meteoros Ingrid y Manuel”.
Pero una vez que pasaron los días difíciles de la emergencia, los recursos no se transparentaron y todavía nadie sabe con precisión dónde se aplicaron; tampoco se investigó la corrupción que hizo más dramáticos los daños a la población.

El Fonden

El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento interinstitucional que tiene por objetivo proporcionar de manera rápida recursos financieros para responder a los efectos de los desastres naturales, a efecto de que no se vean afectados los presupuestos existentes ni los programas públicos aprobados.
El Fondo se estableció para apoyar la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales; fue creado inicialmente en 1996 como un programa del Ramo 23, y en 1999 se emitieron sus primeras reglas de operación.
Al principio, los recursos del Fonden se destinaban sólo a actividades de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública, vivienda de la población de bajos ingresos y ciertos elementos del medio ambiente, tales como selvas, áreas naturales protegidas, ríos y lagunas.
Actualmente el Fonden se compone de dos instrumentos presupuestarios: el programa Fonden para la reconstrucción y el programa fondo para la prevención de desastres naturales Fopreden. El primero es el principal instrumento presupuestario, y en caso de ocurrencia de un desastre, los fondos autorizados a los programas de reconstrucción son transferidos a subcuentas específicas dentro del fideicomiso Fonden para ser ejercidos.
El Fonden también transfiere recursos a un Fondo de Atención de Emergencias a efecto de brindar auxilio con víveres, materiales de abrigo y protección, herramientas y medicamentos a la población que resulte afectada como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador. Dichos apoyos se detonan a través de la emisión de una declaratoria de emergencia.
Para obtener recursos financieros del Fonden, las dependencias y entidades del gobierno federal o de las entidades federativas deben mostrar que la magnitud de los daños exceden sus capacidades financieras y deben presentar una solicitud en donde detallen las necesidades de reconstrucción y sus costos estimados.
El Fonden no proporciona apoyo directo a los municipios, son los gobiernos estatales quienes solicitan recursos financieros con el objetivo de restaurar activos municipales para, posteriormente, proporcionar asistencia a los municipios para que ejerzan dichos recursos financieros.
La Secretaría de Gobernación es la responsable del procedimiento de acceso a los recursos del Fonden y de la emisión de las declaratorias de desastre natural, mientras que la Secretaría de Hacienda se encarga de los recursos; éstos financian 100 por ciento los costos de reconstrucción de activos federales y 50 por ciento de los activos locales.

Muchos recursos para Guerrero

Guerrero es uno de los estados que de manera continua ha recibido recursos de este fondo. Por ejemplo, en 2008, se asignaron al estado 8.3 millones de pesos para acciones de vivienda, como resultado del sismo del 6 de noviembre de 2007.
En el siguiente año, se le autorizaron al estado recursos por 26.5 millones de pesos, de los cuales 25.1 millones se destinaron a acciones de restauración de vivienda, y el resto a acciones en el sector educativo. Este dinero se ejerció en el estado como respuesta a las afectaciones del sismo del 27 de abril de 2009.
En 2010, los recursos del Fonden para Guerrero se incrementaron sustancialmente hasta alcanzar 169.5 millones de pesos. Esto, por los estragos de las lluvias severas del 3, 4 y 5 de febrero de 2010 y del 30 de agosto del mismo año.
En las afectaciones de febrero se invirtieron 130.5 millones de pesos en los rubros de carreteras infraestructura hidráulica y en vivienda; por las lluvias de agosto se destinaron recursos por 38.9 millones de pesos para los sectores carretero, educativo, hidráulico y vivienda.
2011 fue un año en que no se presentaron afectaciones por fenómenos naturales y por lo tanto no se registran recursos.
En 2012 se invirtieron en el estado 45.9 millones de pesos para acciones en los sectores educativo, de salud y vivienda, por el sismo del 10 de diciembre de 2011.
En 2013 se asignaron cuantiosos recursos al estado por diversos fenómenos naturales. La mayor cantidad, fue por las lluvias torrenciales de septiembre, pero antes se habían destinado recursos para el sismo del 15 de noviembre de 2012 (21.9 millones de pesos), en tanto que para las lluvias torrenciales del 10 de agosto de 2012 por el ciclón tropical Ernesto se presupuestó una partida adicional de 19.5 millones de pesos. Otro de los rubros que fue atendido es el sismo del 20 de marzo de 2012, que recibió 68.2 millones de pesos.

Declaratorias de emergencia

El 16 de septiembre de 2013, la Secretaría de Gobernación declaró emergencia extraordinaria en 49 municipios del estado por la presencia de lluvias severas ocurridas el día 14 de septiembre. Con esta acción, se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias.
La Segob dio cuenta del tipo de apoyos que se prestaron a la población afectada, que según esa dependencia, alcanzó a 238 mil 28 personas.
Por ejemplo, informó que entregó 216 mil 521 despensas, además de 238 mil 28 cobertores y colchonetas. Asimismo, distribuyó 2 mil impermeables e igual número guantes de carnaza y 150 rollos de hule.
La dependencia también entregó 200 mil costales, 59 mil 507 kits de limpieza y otros tantos de aseo personal. Fueron 914 mil 224 litros de agua entregados, 24 mil toallas sanitarias femeninas y 47 mil pañales de distintas etapas.
La Segob también informó sobre 20 servicios de arrendamiento de potabilizadoras de agua, 3 mil fletes, 200 bolsas para cadáver y 406 mil láminas “tipo b”.
El 21 de septiembre de 2013, la Secretaría de Gobernación emitió una segunda declaratoria de emergencia para 24 municipios del estado, a fin de atender a una población afectada de 76 mil 408 personas.
En esta ocasión, la dependencia repartió 34 mil 204 despensas, y 75 mil 408 cobertores e igual número de colchonetas. Igualmente, 400 impermeables y guantes de carnaza, así como 70 rollos de hule y 100 bolsas para cadáver.
Se entregaron también 10 mil costales, 19,102 kits de limpieza y otros tantos para el aseo personal, además de 15 mil litros de agua, 56 mil 50 pañales de diferentes etapas y 90 mil láminas tipo b.
En cuanto a herramientas de trabajo, la Segob informó que distribuyó 344 marros, 337 barretas, 765 carretillas, mil 500 palas, 800 zapapicos y 800 hachas.
Una tercera declaración de emergencia fue emitida el 22 de octubre por la Segob, en esta ocasión para un solo municipio por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 19, 20 y 21 de octubre de 2013.
Al día siguiente se dio otra declaración de emergencia para 10 municipios por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 19, 20 y 21 de octubre de 2013.
El 29 de octubre se emitió la cuarta declaratoria de emergencia para siete municipios por la presencia de inundaciones pluviales y fluviales ocurridas los días 22 y 23 de octubre de 2013.

Los recursos financieros 2013

De acuerdo con información del documento “Gasto federal autorizado con cargo al
Ramo 23 y fideicomiso Fonden (por entidad federativa)”, en 2013 se le autorizaron recursos a Guerrero por 3,598.7 millones de pesos, cifra sin precedente en el estado. De hecho, es la segunda entidad que recibía más recursos, sólo detrás de Veracruz que obtuvo 5,718.4 millones de pesos.
Pero en otro documento, la Segob informa que en 2013 se autorizaron los siguientes presupuestos:
109.7 millones de pesos por “desastres de 2012 autorizados en 2013” (sismo del 15 de noviembre, ciclón “Ernesto” del 10 de agosto y sismo del 20 de marzo).
En el apartado “desastres de 2013 autorizados en 2013”, se enumera la lluvia severa del 18 de agosto con una autorización de recursos Fonden de 14.9 millones de pesos.
Asimismo, se incluye la atención a daños por el sismo del 21 de agosto, para lo cual se asignaron 57.1 millones de pesos.
Para atender las afectaciones de las lluvias torrenciales del 14 de septiembre se autorizaron recursos por 9,211.9 millones de pesos.
Y también se incluyen “lluvias severas del 15 y 16 de septiembre”, al que se le asignaron 1,327.4 millones de pesos.
En total, se autorizaron recursos por 10,611.4 millones de pesos. Para dar una idea de la magnitud de los recursos que se invirtieron en Guerrero provenientes del Fonden, el total a nivel nacional fue de 25,814.9 millones de pesos, es decir, a Guerrero se le autorizaron el 41.1 de los recursos totales para afectaciones de desastres en 2013.
Y si se suma una aportación estatal por 6,232.5 millones de pesos y 280.7 millones de diversas dependencias federales, se tiene un gran total, según el documento consultado, de 17,124.7 millones de pesos, que equivale a poco menos de la mitad del presupuesto total del estado de Guerrero durante un año.
Hay también un rubro denominado “desastres de 2013 autorizados en 2014”. En este punto, se han autorizado a la fecha en total 4,001.6 millones de pesos del Fonden para los siguientes fenómenos: a la “inundación fluvial del 22 al 23 de octubre 2013” se destinaron 277.5 millones, “lluvia severa del 14 de septiembre”, 3,177.2 millones, a la “lluvia severa del 15 y 16 de septiembre”, 507.7 millones y al “sismo del 21 de agosto”, 39.1 millones de pesos.
Si se suma sólo los recursos autorizados por el Fonden en 2013 y 2014 para el estado de Guerrero, se tiene un total de 14,613 millones de pesos.
¿Dónde se invirtieron estos recursos?, ¿qué comunidades y personas se han beneficiado?, ¿cuáles y dónde se construyen las obras con estos recursos?, ¿cuáles son las empresas que las construyen?
Estas son preguntas que la información publicada por el gobierno federal no responde.
Se trata de cuantiosos recursos destinados a una población que además de su alto grado de marginación resultó severamente afectada por los fenómenos naturales.
Si no hay transparencia, ningún discurso podrá convencer de que este dinero se está aplicando con honestidad y con eficacia.