martes, 8 de julio de 2014

Los espacios oscuros de las dependencias públicas

Publicado en el Sur de Acapulco
Aun cuando en el primer semestre de 2014 las dependencias públicas de Guerrero incrementaron su nivel de cumplimiento de la ley de transparencia, en las páginas electrónicas oficiales todavía no se observa información clave y relevante para conocer lo que hacen y sucede en las dependencias, reduciéndose con esto la posibilidad de que la ciudadanía vigile el funcionamiento del sector público.
En esta entrega se revisan los casos de los temas de sueldos y salarios, los gastos de comunicación social, los informes de cuenta pública y los contratos con proveedores.
Sueldos y salarios
Las dependencias públicas comienzan a publicar información sobre los sueldos de su personal; en la revisión de las páginas electrónicas se encontraron datos inconsistentes y en casi todos los casos, parciales. Por ejemplo, una constante fue que ningún titular gana menos de 30 mil pesos mensuales, y en los casos más afortunados, la remuneración es cercana a los 100 mil pesos. En el lado opuesto, los salarios más bajos a veces no alcanzan ni los 2 mil 500 pesos.
Uno de los puestos mejor pagados en el estado es el del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, cuyo sueldo base es de hasta 62 mil 756 pesos más una compensación de hasta 23 mil 589 pesos, es decir, en total 86 mil 345 pesos mensuales.
En el otro extremo, los administrativos de esa misma dependencia ganan de 2 mil 363 a 5 mil 838 pesos con compensaciones adicionales de entre 500 y mil 586 pesos.
Otros cargos bien pagados son los de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo tabulador salarial indica que éstos perciben desde 44 mil 055 pesos hasta 67 mil 949 y una compensación de 10 mil pesos mensuales. En suma, los consejeros del ITAIG tienen una remuneración de 77 mil 949 pesos cada mes.
Los intendentes, choferes y vigilantes del ITAIG son las categorías laborales más bajas, pues perciben entre 4 mil 100 y 5 mil 184 pesos mensuales.
Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado publica el tabulador de sueldos de sus funcionarios, y ahí se puede observar que los magistrados reciben un salario neto mensual que va de 50 mil 943 a 63 mil 679 pesos mensuales. Agrega la página electrónica del TEE que adicionalmente los magistrados reciben una compensación de 10 mil pesos, lo que equivale a una remuneración mensual de 73 mil 679 pesos.
Por otra parte, el sueldo más bajo que se publica en la página del TEE es de los jardineros e intendentes, que reciben entre 4 mil 332 y 5 mil 415 pesos, es decir, apenas cerca de la mitad de lo que reciben sólo de compensación mensual los magistrados.
Todas las dependencias del gobierno del estado se basan en un solo tabulador que se publica en el presupuesto de egresos del estado. Según éste, el gobernador gana 86 mil 130 pesos mensuales, los secretarios de estado tienen una remuneración de 76 mil 052 pesos, los subsecretarios de 45 mil 346, y los directores generales 32 mil 382 pesos.
En el caso del Instituto Electoral del Estado, prácticamente en extinción, la información que se publica es que el consejero presidente gana 47 mil 152 pesos cada mes, y el resto de los consejeros 39 mil 607 pesos. A estas cantidades hay que sumarles una compensación de 5 mil 000 pesos mensuales, lo que equivale en total a 52 mil 152 y 44 mil 607 pesos, respectivamente.
Los sueldos más bajos del IEE corresponden a las categorías de capturista y chofer, con sueldos de 3 ml 249 pesos, e intendente, con 2 mil 487 pesos mensuales.
El tabulador de sueldos publicado por el Congreso del Estado es interesante. Por ejemplo, un chofer gana entre 5 mil y 12 mil pesos mensuales, casi la misma cantidad que una secretaria de esa misma institución. Un asesor puede ganar desde 8 mil hasta 22 mil pesos y un director de 15 mil a 33 mil pesos.
Lo más relevante es que un diputado, según su página de internet, gana 51 mil 400 pesos, y hasta publican un comparativo de los ingresos que los legisladores obtienen en otros estados. Así, por ejemplo, los de Guanajuato ganan más de 138 mil pesos, y los de menos salario son los de Jalisco, con 10 mil 723 pesos mensuales. De acuerdo con estos datos, los diputados guerrerenses se ubican en el lugar 19 en nivel salarial.
En cuanto a los ayuntamientos, la página electrónica de Chilpancingo publica que Mario Moreno Arcos tiene una remuneración de 11 mil 964 pesos más 24 mil 144 adicionales de compensación, es decir, en total 36 mil 108 pesos mensuales.
Del mismo municipio, los síndicos ganan 7 mil 398 pesos más 21 mil 115 pesos de compensación, y los regidores 6 ml 528 pesos de sueldo base, más 51 mil pesos de compensación, es decir, los regidores ganan poco menos del doble que el presidente municipal y los síndicos, lo cual no es explicado por la información del sitio web.
Por su parte, el alcalde de Acapulco tiene un sueldo de 70 mil 267 pesos, en tanto que los síndicos perciben 59 mil 938 pesos y los regidores, 54 mil 430 pesos mensuales.
En el caso del gobierno municipal de Chilapa, los secretarios ganan entre 18 y 26 mil pesos, los directores de área, entre 8 y 18 mil pesos, y un operativo tiene una remuneración de entre 2 mil 994 y 7 mil 587 pesos mensuales. Curiosamente, los sueldos del presidente municipal, del síndico y los regidores no están publicados.
Hay otras muchas dependencias, como el Poder Judicial del Rstado de Guerrero que no publican nada o simulan que hay un problema técnico con la página.
La publicación de este tipo de información no es para poner en riesgo, por la inseguridad, a las personas que perciben estos salarios, sino para que la ciudadanía conozca cuánto de sus impuestos se emplean en pagar salarios y así tenga argumentos para exigir que el personal de las dependencias funcione y su trabajo tenga impacto entre la población.
Gastos en comunicación social
Uno de los rubros de información de mayor opacidad es el que se refiere a los gastos de comunicación social de las dependencias, ya que aún son pocas las instituciones que los publican, y las que lo hacen, difunden datos muy generales y no publican, por ejemplo, los convenios que cada institución celebra con los medios de comunicación.
Por ejemplo, la Codehum informa que sus gastos de comunicación fueron por 641 mil 618 pesos de enero a junio de 2013, pero en años anteriores gastó cantidades mayores de casi 800 mil pesos en 2012 y 971 mil 547 pesos en 2011.
Por su parte, el IEEG manifiesta en su portal electrónico que en 2013 erogó un total de 961 mil 500 pesos en el concepto de comunicación social, y desglosa esta cifra en 600 mil pesos en convenios con medios impresos estatales y 200 mil en convenios con medios impresos nacionales, aunque no especifica cuáles fueron esos medios.
En su página, el TEE da a conocer que el monto ejercido para difusión e información del ejercicio fiscal 2011, fue por 280 mil 383 pesos, en tanto que en 2012 se incrementó a 304 mil 259 pesos y en el ejercicio fiscal 2013 fue por la cantidad de 100 mil 099 pesos.
El Poder Judicial del Estado, si bien no presenta un espacio específico para el rubro de gastos de comunicación social, dentro del presupuesto desglosa los conceptos de “publicaciones oficiales” y “publicaciones oficiales para difusión e información”.
De estos rubros, en 2012 gastó poco más de un millón de pesos, en 2013 ejerció casi 1.4 millones y esa misma cantidad tienen programada ejercerla en 2014.
El ITAIG tiene desactualizada su información, y menciona que en 2012 se gastaron 212 mil 555 pesos en el rubro de comunicación social, mientras que en el primer semestre de 2013, el egreso fue de 122 mil 615 en este rubro.
Aunque no es un dato que esté muy visible, el Ayuntamiento de Chilpancingo publica un rubro denominado “Gastos de comunicación social y publicidad”, el cual en 2012 ascendió a 4.1 millones de pesos y en 2013 se incrementó significativamente a 10.9 millones de pesos.
El gobierno del estado gasta una buena cantidad de recursos en comunicación social. En la página electrónica de la Secretaría de Finanzas y Administración se difunde un total de 2,029.6 millones de pesos en el primer año de la administración de Ángel Aguirre, en tanto que en 2012 se incrementó a 3,137.1 millones y en 2013 reportan la misma cantidad.
El Ayuntamiento de Acapulco reportó en 2013 un monto de 31.6 millones de pesos, y lo desglosa por trimestre y en medios impresos, televisión, radio y otros.
El Congreso del Estado no publica sus gastos de comunicación social y el Ayuntamiento de Chilapa anuncia que su página está en proceso de construcción.
Es en los gastos de comunicación social donde más discrecionalidad se percibe. Las dependencias, además de publicar montos globales de sus gastos en este rubro, requieren difundir los criterios con que asignan los montos y seleccionan a los medios, y los convenios con las empresas periodísticas.
Cuentas públicas
En el caso de la publicación de las cuentas públicas, las dependencias de Guerrero han encontrado vericuetos para evadir la difusión de estos datos, ya que se trata de la información del ejercicio fiscal de los tres poderes del estado y de los órganos constitucionalmente autónomos. Un informe de cuenta pública presenta la contabilidad, las finanzas y el ejercicio del gasto de los programas públicos.
La mayor parte de las dependencias, para “cumplir” con la obligación de la ley de transparencia de publicar un informe de su cuenta pública, sólo difunden las fechas en que presentaron sus informes ante la Auditoría General del Estado, pero no difunden el documento.
En este caso están la Codehum, el TEE, el IEE y el ITAIG. El Poder Judicial simplemente pone página en construcción, como subterfugio para no publicar nada, y el Congreso del Estado coloca “en proceso” el apartado correspondiente a esta información.
Otros, como el Ayuntamiento de Acapulco, presentan el acuse con el que presentaron el informe, y el de Chilapa, el acta de la reunión con la AGE donde también presentaron su cuenta pública.
El Ayuntamiento de Chilpancingo sí publica su cuenta pública y también lo hace, aunque de manera muy parcial, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.
Cabe mencionar que la Sefina es la encargada de reunir toda la información correspondiente a las dependencias del Ejecutivo estatal y procesarla para el informe de cuenta pública. Lo anterior significa que no hay información desglosada por cada una de las dependencias, sino un informe global que elabora la Sefina para presentarlo en la AGE.
Lo anterior no permite que se haga un seguimiento detallado del ejercicio de los recursos en cada una de las dependencias, y por lo tanto no puede haber vigilancia ciudadana sin información.
Relación de contratos
Otro de los rubros de mayor opacidad es el que se refiere a la fracción XV del artículo 13 de la Ley de Transparencia, el cual establece que deberán difundirse “los contratos o convenios celebrados, mediante un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón del contratante o proveedor, el servicio contratado y el monto del valor total de la contratación”.
Llama la atención que el TEE, argumentando que “realiza adquisiciones menores por los cuales no se celebra contrato alguno”, no publique ni siquiera la lista de proveedores, el producto o servicios adquirido y el monto de sus adquisiciones, como lo establece la Ley de Transparencia, cuyo espíritu es el de conocer lo que compra y en qué condiciones.
En el caso del IEE, publican los contratos que celebran con el IFE, pero evaden hacer públicas la relación de proveedores.
Igualmente, el ITAIG publica los convenios que ha celebrado con las dependencias públicas, pero omite los que se refieren a los proveedores de bienes y servicios y que en todo caso son los que más interesan a la ciudadanía.
El Congreso del Estado prefiere colocar este apartado “en proceso” para no publicar nada.
El Ayuntamiento de Chilpancingo publica un convenio con el ITAIG y un formato de convenio para regularizar el servicio de agua potable con particulares, pero de los proveedores nada.
La Codehum, el Ayuntamiento de Chilapa y algunas dependencias del gobierno del estado publican una relación parcial de sus proveedores, ya que tienen información sobre la fecha, el bien o servicio prestado y el monto que pagan, pero no publican el nombre del proveedor.
La única dependencia en Guerrero que publica de manera completa sobre sus contratos con proveedores –incluso con información adicional de la que exige la ley de transparencia– es el Ayuntamiento de Acapulco.

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