Desairan el Info Guerrero. Pleito en el ITAIG. Nuevo auditor

Publicado en el Sur de Acapulco

Para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información en el estado, sólo ha habido una decisión acertada en muchos años. Se trata del establecimiento del sistema Info Gro, que es una plataforma electrónica para sistematizar la recepción y respuesta a las solicitudes de información que presentan las y los ciudadanos. http://info.guerrero.gob.mx/

Con la puesta en marcha de este instrumento en febrero de 2011, el número de peticiones de información se incrementó notablemente y prosigue hasta la fecha.
Sin embargo, es todavía un sistema limitado porque hasta hoy solo se emplea para procesar las solicitudes del Ejecutivo del estado, cuyas entidades y dependencias en total no alcanzan ni la mitad de los oficinas públicas que hay en el estado, es decir, no están incluidos los ayuntamientos, que son los sujetos obligados que más deficiencias tienen en materia de transparencia y acceso a la información.
También este sistema tiene la desventaja de que no se puede presentar un recurso de revisión o queja a través de este medio.
Así pues, el Info Gro modificó sustancialmente el panorama para el ejercicio de acceso a la información de Guerrero, pero no se ha aprovechado todo su potencial, que sería de mucha utilidad para los ciudadanos guerrerenses.

Info Gro, no es relevante para el ITAIG

No obstante que el Info Gro es un mecanismo estratégico para impulsar significativamente el derecho de acceso a la información en Guerrero, el Instituto Transparencia y Acceso a la Información del estado no lo considera relevante y lo menciona solo de manera tangencial en su programa anual de trabajo 2014 en los siguientes términos: “Gestionar la transferencia al Instituto de Transparencia del sistema Infomex Guerrero” http://www.itaig.org.mx/sipoeg/.
Si bien es conveniente que el Info Gro sea operado por el ITAIG –actualmente en manos del gobierno del estado- tampoco es prioritario que así sea.
Lo realmente importante es gestionar con urgencia que a este sistema electrónico de recepción y respuesta a solicitudes de información se incluyan otras dependencias del sector público, como los ayuntamientos, el Congreso del estado, el poder judicial y los organismos autónomos.
Actualmente algunas de estas oficinas gubernamentales cuentan con un formato electrónico para recibir solicitudes de información a la ciudadanía, pero casi ninguno tiene un mecanismo de acuse que garantice al solicitante mediante un comprobante que la dependencia recibió la información.
Es frecuente que las dependencias hagan caso omiso a las solicitudes, y los ciudadanos no tengan forma de probar que la enviaron. 
Los ayuntamientos –otro de los temas que ni siquiera se menciona en el programa de trabajo del ITAIG- son los que más requieren ser incorporados al Info Gro, ya que son los más omisos para entregar información a los ciudadanos que los requieren. La mayor parte de los gobiernos municipales no cuentan con página web, y tampoco hasta hoy han procurado tener un mecanismo –aunque sea una dirección de correo electrónico- para la recepción de solicitudes de información.

El caso Oaxaqueño

Oaxaca terminó con el mito de que los ayuntamientos que gobiernan municipios de alta marginación deben tener muchas consideraciones porque supuestamente no tienen los recursos necesarios que les permitan tener acceso a la tecnología para facilitar el acceso a la información de su quehacer gubernamental. La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Estado de Oaxaca informó que en el primer semestre de 2013 se incorporaron 30 ayuntamientos al Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública –el equivalente del Info Gro-, lo que da un total de 235 municipios –de 470 que tiene el estado- que ya atienden solicitudes de información por esta vía.
Hay que recordar que en el artículo 6 de la Constitución federal, se establece en los transitorios que los municipios con población de más de 70 mil habitantes, además de tener y poner a disposición la documentación que avale su gestión y resultados, están obligados a hacer pública su información a través de medios electrónicos, así como facilitar el procedimiento de acceso a la información pública a través de esta vía.
En Oaxaca solo cinco demarcaciones superan los 70 mil habitantes, pero son 235 municipios los que han tenido la voluntad de incorporarse al SIEAIP, para recibir y contestar solicitudes de información vía electrónica. Es decir, el solicitante de información tiene la posibilidad de dirigir sus preguntas a 235 municipios, y esperar las respuestas por el mismo medio, sin la necesidad de trasladarse por la complicada orografía del estado, ni cumplir con horarios de oficina.
Esto no sucede en Guerrero ni se contempla que en el corto plazo sean incorporados los ayuntamientos al sistema Info Gro, porque el ITAIG no lo tiene entre sus prioridades.

El convenio

Fue un acierto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la promoción que hizo entre los estados para que instalaran una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
En Guerrero, el IFAI firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado y la ex Comisión de Acceso a la Información de Guerrero en marzo de 2008. El documento tenía el propósito de establecer las “bases y mecanismos operativos para que "EL IFAI" otorgue el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, acceso y corrección de datos personales, sus respuestas, así como la presentación y resolución en su caso, de los recursos de queja, y reconsideración, denominado "Sistema Infomex" a "el poder ejecutivo" y "la Caipegro".
Sin embargo, fue hasta el 1 de febrero de 2011, tres largos años después de firmado el convenio con el IFAI, cuando comenzó a funcionar la plataforma Info Gro que desde el primer año de funcionamiento se vio su gran utilidad, ya que de 2006 a 2010, el promedio anual de solicitudes presentadas ante el Ejecutivo del estado fue de poco más de 200. Sin embargo, en el primer año del del Info Gro, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó hasta llegar a 1,061 solicitudes por vía electrónica y al siguiente año rebasó las 1,500 solicitudes.

Omisiones del órgano garante

El desaire al sistema Info Gro por el órgano garante de la transparencia en Guerrero no es reciente. La ex Caipegro omitió realizar muchas actividades clave para potenciar el derecho de acceso a la información que suscribió y se comprometió a efectuar en el convenio con el IFAI.
Po ejemplo, en la cláusula quinta, inciso d), los ex comisionados se comprometieron a “Impulsar, facilitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todos los entes públicos obligados que integran el gobierno y los municipios del estado de Guerrero, a través de la implementación del Sistema Infomex".
Sin embargo, actualmente más de la mitad de las dependencias públicas del estado, entre ellas los 81 ayuntamientos, no están incorporados al sistema.
Otra de las omisiones graves de la ex Caipegro fue que nunca emitió “los criterios y lineamientos para el diseño y adecuación del sistema Infomex para la gestión de las solicitudes de información pública y de acceso, corrección de datos personales, las respuestas por parte de los sujetos obligados y la presentación y atención de recursos”.
Cabe recordar también que en 2011, el ITAIG incrementó de manera sustancial su presupuesto, en casi 50 por ciento, al pasar de 6.4 a 9.4 millones de pesos. En ese año, el ex consejero Marco Cueva comentó que con “el 50 % adicional se está viendo la posibilidad de comprar equipo para que el ITAIG opere directamente el (sistema automatizado) Info Guerrero. También para abrir más espacios para la gente que está laborando, tenemos un solo vehículo, y también prestaciones para los empleados”.
Sin embargo, ese incremento nunca se tradujo en la operación del Info Gro por el ITAIG ni tampoco en resultados palpables en materia de transparencia y rendición de cuentas. Más recursos igual opacidad.
El Info Gro no es la panacea del derecho de acceso a la información en el estado, pero ayuda mucho. Queda sin embargo una deuda pendiente con miles de guerrerenses que aún no tienen acceso a una computadora ni a internet, por lo que tendrán que diseñarse estrategias específicas que contribuyan a cerrar esta brecha digital, a efecto de que estos sectores también puedan ejercer su derecho de acceso a la información.

El ITAIG no necesita más desprestigio

La semana anterior, los todavía impugnados consejeros del ITAIG escenificaron una grotesca disputa entre ellos, como si el organismo garante de la trasparencia en Guerrero requiriera de este tipo de espectáculos para sumar mayor desprestigio.
Pugnas que tienen su origen precisamente en la manera en que fueron designados por los diputados de la presente legislatura, es decir, por cuotas partidistas, hoy cada consejero reclama su derecho a incorporar al trabajo a sus propios recomendados, dejando de lado el interés general.
Con estas actitudes, se avecina una crisis financiera en el ITAIG, ya que la nómina ha crecido, aunque la opacidad en el estado sigue igual. No será extraño que los encargados soliciten un préstamo a cuenta del presupuesto del año siguiente, para cubrir todos los compromisos que adquirieron.
Hay en este zafarrancho una gran responsabilidad de los diputados, pues ellos designaron a los consejeros y deben corresponsabilizarse de sus actos y conductas. Ojalá hagan un exhorto al orden al órgano garante.
Luego de que un juez emita su resolución para ratificar o rectificar la designación de los que despachan en el órgano garante, el ITAIG deberá trabajar mucho para construir credibilidad entre la ciudadanía, hoy tan mermada por los anteriores y actuales consejeros.

La elección del nuevo auditor

La Auditoría General del Estado de Guerrero es una institución que siempre ha estado capturada por intereses políticos y ha sido empleada como instrumento de presión, muy lejos de su función técnica que establece la ley para la fiscalización superior de las dependencias gubernamentales que ejercen recursos públicos.
A la fecha, no hay un contrapeso efectivo (el Congreso no ha servido como tal, sino al contrario, también la utiliza para sus intereses al igual que el ejecutivo del estado) que garantice que la AGE sea realmente un órgano para exigir la rendición de cuentas.
En el actual proceso, el Congreso ha enviado un pésimo mensaje a la sociedad con la designación de una persona que no era elegible, por ser funcionario público.
En el proceso de fiscalización, la ciudadanía organizada nunca ha participado y por ello será necesario buscar los mecanismos que garanticen el funcionamiento de la AGE como un organismo técnico profesional para la rendición de cuentas.
Otro paso que deberá tomarse en cuenta es modificar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Guerrero para incorporar la participación ciudadana en la vigilancia y en algunas de las etapas de la fiscalización, como ya sucede en varios países sudamericanos.
La modificación de la ley también deberá establecer la obligación de dar un mayor énfasis hacia la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, y no sólo en el nivel institucional.
Asimismo, la publicación sin restricciones de todos los informes de cuenta pública y los resultados de las revisiones que realiza la AGE, como ya lo establecen las leyes de transparencia, fiscalización superior y los decretos del presupuesto de egresos del estado, y que a la fecha permanecen en la opacidad.
Finalmente será necesario priorizar en la fiscalización superior, la revisión del cumplimiento de metas y objetivos (impactos del ejercicio de los recursos) y no sólo la revisión de documentos y facturas.

Los espacios oscuros de las dependencias públicas

Publicado en el Sur de Acapulco
Aun cuando en el primer semestre de 2014 las dependencias públicas de Guerrero incrementaron su nivel de cumplimiento de la ley de transparencia, en las páginas electrónicas oficiales todavía no se observa información clave y relevante para conocer lo que hacen y sucede en las dependencias, reduciéndose con esto la posibilidad de que la ciudadanía vigile el funcionamiento del sector público.
En esta entrega se revisan los casos de los temas de sueldos y salarios, los gastos de comunicación social, los informes de cuenta pública y los contratos con proveedores.
Sueldos y salarios
Las dependencias públicas comienzan a publicar información sobre los sueldos de su personal; en la revisión de las páginas electrónicas se encontraron datos inconsistentes y en casi todos los casos, parciales. Por ejemplo, una constante fue que ningún titular gana menos de 30 mil pesos mensuales, y en los casos más afortunados, la remuneración es cercana a los 100 mil pesos. En el lado opuesto, los salarios más bajos a veces no alcanzan ni los 2 mil 500 pesos.
Uno de los puestos mejor pagados en el estado es el del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, cuyo sueldo base es de hasta 62 mil 756 pesos más una compensación de hasta 23 mil 589 pesos, es decir, en total 86 mil 345 pesos mensuales.
En el otro extremo, los administrativos de esa misma dependencia ganan de 2 mil 363 a 5 mil 838 pesos con compensaciones adicionales de entre 500 y mil 586 pesos.
Otros cargos bien pagados son los de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo tabulador salarial indica que éstos perciben desde 44 mil 055 pesos hasta 67 mil 949 y una compensación de 10 mil pesos mensuales. En suma, los consejeros del ITAIG tienen una remuneración de 77 mil 949 pesos cada mes.
Los intendentes, choferes y vigilantes del ITAIG son las categorías laborales más bajas, pues perciben entre 4 mil 100 y 5 mil 184 pesos mensuales.
Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado publica el tabulador de sueldos de sus funcionarios, y ahí se puede observar que los magistrados reciben un salario neto mensual que va de 50 mil 943 a 63 mil 679 pesos mensuales. Agrega la página electrónica del TEE que adicionalmente los magistrados reciben una compensación de 10 mil pesos, lo que equivale a una remuneración mensual de 73 mil 679 pesos.
Por otra parte, el sueldo más bajo que se publica en la página del TEE es de los jardineros e intendentes, que reciben entre 4 mil 332 y 5 mil 415 pesos, es decir, apenas cerca de la mitad de lo que reciben sólo de compensación mensual los magistrados.
Todas las dependencias del gobierno del estado se basan en un solo tabulador que se publica en el presupuesto de egresos del estado. Según éste, el gobernador gana 86 mil 130 pesos mensuales, los secretarios de estado tienen una remuneración de 76 mil 052 pesos, los subsecretarios de 45 mil 346, y los directores generales 32 mil 382 pesos.
En el caso del Instituto Electoral del Estado, prácticamente en extinción, la información que se publica es que el consejero presidente gana 47 mil 152 pesos cada mes, y el resto de los consejeros 39 mil 607 pesos. A estas cantidades hay que sumarles una compensación de 5 mil 000 pesos mensuales, lo que equivale en total a 52 mil 152 y 44 mil 607 pesos, respectivamente.
Los sueldos más bajos del IEE corresponden a las categorías de capturista y chofer, con sueldos de 3 ml 249 pesos, e intendente, con 2 mil 487 pesos mensuales.
El tabulador de sueldos publicado por el Congreso del Estado es interesante. Por ejemplo, un chofer gana entre 5 mil y 12 mil pesos mensuales, casi la misma cantidad que una secretaria de esa misma institución. Un asesor puede ganar desde 8 mil hasta 22 mil pesos y un director de 15 mil a 33 mil pesos.
Lo más relevante es que un diputado, según su página de internet, gana 51 mil 400 pesos, y hasta publican un comparativo de los ingresos que los legisladores obtienen en otros estados. Así, por ejemplo, los de Guanajuato ganan más de 138 mil pesos, y los de menos salario son los de Jalisco, con 10 mil 723 pesos mensuales. De acuerdo con estos datos, los diputados guerrerenses se ubican en el lugar 19 en nivel salarial.
En cuanto a los ayuntamientos, la página electrónica de Chilpancingo publica que Mario Moreno Arcos tiene una remuneración de 11 mil 964 pesos más 24 mil 144 adicionales de compensación, es decir, en total 36 mil 108 pesos mensuales.
Del mismo municipio, los síndicos ganan 7 mil 398 pesos más 21 mil 115 pesos de compensación, y los regidores 6 ml 528 pesos de sueldo base, más 51 mil pesos de compensación, es decir, los regidores ganan poco menos del doble que el presidente municipal y los síndicos, lo cual no es explicado por la información del sitio web.
Por su parte, el alcalde de Acapulco tiene un sueldo de 70 mil 267 pesos, en tanto que los síndicos perciben 59 mil 938 pesos y los regidores, 54 mil 430 pesos mensuales.
En el caso del gobierno municipal de Chilapa, los secretarios ganan entre 18 y 26 mil pesos, los directores de área, entre 8 y 18 mil pesos, y un operativo tiene una remuneración de entre 2 mil 994 y 7 mil 587 pesos mensuales. Curiosamente, los sueldos del presidente municipal, del síndico y los regidores no están publicados.
Hay otras muchas dependencias, como el Poder Judicial del Rstado de Guerrero que no publican nada o simulan que hay un problema técnico con la página.
La publicación de este tipo de información no es para poner en riesgo, por la inseguridad, a las personas que perciben estos salarios, sino para que la ciudadanía conozca cuánto de sus impuestos se emplean en pagar salarios y así tenga argumentos para exigir que el personal de las dependencias funcione y su trabajo tenga impacto entre la población.
Gastos en comunicación social
Uno de los rubros de información de mayor opacidad es el que se refiere a los gastos de comunicación social de las dependencias, ya que aún son pocas las instituciones que los publican, y las que lo hacen, difunden datos muy generales y no publican, por ejemplo, los convenios que cada institución celebra con los medios de comunicación.
Por ejemplo, la Codehum informa que sus gastos de comunicación fueron por 641 mil 618 pesos de enero a junio de 2013, pero en años anteriores gastó cantidades mayores de casi 800 mil pesos en 2012 y 971 mil 547 pesos en 2011.
Por su parte, el IEEG manifiesta en su portal electrónico que en 2013 erogó un total de 961 mil 500 pesos en el concepto de comunicación social, y desglosa esta cifra en 600 mil pesos en convenios con medios impresos estatales y 200 mil en convenios con medios impresos nacionales, aunque no especifica cuáles fueron esos medios.
En su página, el TEE da a conocer que el monto ejercido para difusión e información del ejercicio fiscal 2011, fue por 280 mil 383 pesos, en tanto que en 2012 se incrementó a 304 mil 259 pesos y en el ejercicio fiscal 2013 fue por la cantidad de 100 mil 099 pesos.
El Poder Judicial del Estado, si bien no presenta un espacio específico para el rubro de gastos de comunicación social, dentro del presupuesto desglosa los conceptos de “publicaciones oficiales” y “publicaciones oficiales para difusión e información”.
De estos rubros, en 2012 gastó poco más de un millón de pesos, en 2013 ejerció casi 1.4 millones y esa misma cantidad tienen programada ejercerla en 2014.
El ITAIG tiene desactualizada su información, y menciona que en 2012 se gastaron 212 mil 555 pesos en el rubro de comunicación social, mientras que en el primer semestre de 2013, el egreso fue de 122 mil 615 en este rubro.
Aunque no es un dato que esté muy visible, el Ayuntamiento de Chilpancingo publica un rubro denominado “Gastos de comunicación social y publicidad”, el cual en 2012 ascendió a 4.1 millones de pesos y en 2013 se incrementó significativamente a 10.9 millones de pesos.
El gobierno del estado gasta una buena cantidad de recursos en comunicación social. En la página electrónica de la Secretaría de Finanzas y Administración se difunde un total de 2,029.6 millones de pesos en el primer año de la administración de Ángel Aguirre, en tanto que en 2012 se incrementó a 3,137.1 millones y en 2013 reportan la misma cantidad.
El Ayuntamiento de Acapulco reportó en 2013 un monto de 31.6 millones de pesos, y lo desglosa por trimestre y en medios impresos, televisión, radio y otros.
El Congreso del Estado no publica sus gastos de comunicación social y el Ayuntamiento de Chilapa anuncia que su página está en proceso de construcción.
Es en los gastos de comunicación social donde más discrecionalidad se percibe. Las dependencias, además de publicar montos globales de sus gastos en este rubro, requieren difundir los criterios con que asignan los montos y seleccionan a los medios, y los convenios con las empresas periodísticas.
Cuentas públicas
En el caso de la publicación de las cuentas públicas, las dependencias de Guerrero han encontrado vericuetos para evadir la difusión de estos datos, ya que se trata de la información del ejercicio fiscal de los tres poderes del estado y de los órganos constitucionalmente autónomos. Un informe de cuenta pública presenta la contabilidad, las finanzas y el ejercicio del gasto de los programas públicos.
La mayor parte de las dependencias, para “cumplir” con la obligación de la ley de transparencia de publicar un informe de su cuenta pública, sólo difunden las fechas en que presentaron sus informes ante la Auditoría General del Estado, pero no difunden el documento.
En este caso están la Codehum, el TEE, el IEE y el ITAIG. El Poder Judicial simplemente pone página en construcción, como subterfugio para no publicar nada, y el Congreso del Estado coloca “en proceso” el apartado correspondiente a esta información.
Otros, como el Ayuntamiento de Acapulco, presentan el acuse con el que presentaron el informe, y el de Chilapa, el acta de la reunión con la AGE donde también presentaron su cuenta pública.
El Ayuntamiento de Chilpancingo sí publica su cuenta pública y también lo hace, aunque de manera muy parcial, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.
Cabe mencionar que la Sefina es la encargada de reunir toda la información correspondiente a las dependencias del Ejecutivo estatal y procesarla para el informe de cuenta pública. Lo anterior significa que no hay información desglosada por cada una de las dependencias, sino un informe global que elabora la Sefina para presentarlo en la AGE.
Lo anterior no permite que se haga un seguimiento detallado del ejercicio de los recursos en cada una de las dependencias, y por lo tanto no puede haber vigilancia ciudadana sin información.
Relación de contratos
Otro de los rubros de mayor opacidad es el que se refiere a la fracción XV del artículo 13 de la Ley de Transparencia, el cual establece que deberán difundirse “los contratos o convenios celebrados, mediante un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón del contratante o proveedor, el servicio contratado y el monto del valor total de la contratación”.
Llama la atención que el TEE, argumentando que “realiza adquisiciones menores por los cuales no se celebra contrato alguno”, no publique ni siquiera la lista de proveedores, el producto o servicios adquirido y el monto de sus adquisiciones, como lo establece la Ley de Transparencia, cuyo espíritu es el de conocer lo que compra y en qué condiciones.
En el caso del IEE, publican los contratos que celebran con el IFE, pero evaden hacer públicas la relación de proveedores.
Igualmente, el ITAIG publica los convenios que ha celebrado con las dependencias públicas, pero omite los que se refieren a los proveedores de bienes y servicios y que en todo caso son los que más interesan a la ciudadanía.
El Congreso del Estado prefiere colocar este apartado “en proceso” para no publicar nada.
El Ayuntamiento de Chilpancingo publica un convenio con el ITAIG y un formato de convenio para regularizar el servicio de agua potable con particulares, pero de los proveedores nada.
La Codehum, el Ayuntamiento de Chilapa y algunas dependencias del gobierno del estado publican una relación parcial de sus proveedores, ya que tienen información sobre la fecha, el bien o servicio prestado y el monto que pagan, pero no publican el nombre del proveedor.
La única dependencia en Guerrero que publica de manera completa sobre sus contratos con proveedores –incluso con información adicional de la que exige la ley de transparencia– es el Ayuntamiento de Acapulco.