La elección de consejeros del Itaig, un mal inicio

El Sur de Acapulco

 

El proceso de selección de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaig), actualmente en curso, es una muestra de lo que sólo sucede en Guerrero: la aspiración a repetir en el cargo, por tercera ocasión consecutiva, de dos consejeros en funciones, y la inscripción de varios funcionarios a sabiendas de que no son elegibles; además de un Congreso del Estado, órgano responsable de tomar la decisión sobre el relevo de los consejeros, que informa a cuenta gotas los pasos que se siguen, lo que da pie a que este proceso se perciba que se están cocinando oscuros acuerdos en detrimento de una elección pulcra y abierta a la ciudadanía.

Los aspirantes del Itaig
El Itaig es el organismo del que salieron el mayor número de aspirantes para el actual proceso de selección de consejeros.
María Antonia Cárcamo Cortez y Marcos Ignacio Cuevas González son consejeros en funciones, y aunque ya fueron ratificados o reelectos en 2010 y además son actualmente funcionarios (o servidores públicos como se autodefinen en su página electrónica), su apuesta es buscar resquicios en la ley que les permitan ocupar por tercera ocasión el puesto, lo que sería un caso único en el país.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero prohíbe una segunda relección de los consejeros y además pone límites a la inscripción de funcionarios que no hayan renunciado a sus cargos públicos en un periodo de entre dos y tres años. 
Otro ex funcionario que trabajó en el Itaig y que se inscribió para participar en el proceso es   Roberto Rodríguez Saldaña, quien fue secretario ejecutivo de ese organismo y actualmente es director de la Facultad de Derecho, es decir, funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Asimismo, Hipólito Mendoza Urbano fue coordinador jurídico y titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Itaig, y actualmente es el coordinador ejecutivo de ese organismo con los actuales consejeros.
Estos funcionarios, junto con los actuales consejeros, son o fueron parte de un organismo que durante ocho años funcionó con muchas deficiencias en su operación, pues se tiene documentada la pasividad de su desempeño en prácticamente todos los ámbitos en los que tenía facultades para actuar, como la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información, el apoyo a los ayuntamientos, su vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y la aplicación de sanciones ejemplares para quienes no cumplieran con la ley.
Salvo que haya un acuerdo político para que en el estado continúe la opacidad y la falta de promoción del derecho a saber, los pobres resultados del organismo en ocho años ponen contra la pared a los consejeros y funcionarios y ex funcionarios ligados al Itaig, y no se les auguran muchas posibilidades de ser electos o reelectos por tercera ocasión.
Otros funcionarios
En la lista de 35 aspirantes que publicó el Congreso del estado en los medios aparecen nombres de funcionarios que no renunciaron en los dos o tres años que establece la ley para ser elegibles.
Es el caso de Fernando Hinterholzer Diestel, ex delegado federal del trabajo en Guerrero, quien de acuerdo con la página electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tomó posesión de ese cargo el primero de agosto de 2011, y aunque la información oficial no dice cuándo renunció, se sabe que no han transcurrido dos años desde su dimisión.
Otro de los candidatos que aparece en los directorios gubernamentales es Florencio Leguizamo Herrera, que en el portal electrónico de la Secretaría de Finanzas y Administración se menciona que se desempeña como jefe de departamento de coordinación fiscal federal.
Octavio Armando Domínguez Torres es otro servidor público, en este caso de la Auditoría General del Estado, que se inscribió para ser consejero del Itaig. En la página electrónica de la AGE aparece en el directorio como coordinador de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de esa institución.
Asimismo, Nayeli Valdovinos Ventura también tiene un empleo en una dependencia pública. Se desempeña como jefa de la unidad técnica del servicio profesional electoral del Instituto Electoral del estado de Guerrero.
En diversos documentos en la red, también aparece Ramón Mercado Mendiola como coordinador del programa  "guerreros por la alfabetización", que es parte de la dirección municipal de educación del ayuntamiento de Chilpancingo.
Cresencio Almazán Tolentino fue funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, cuando era titular David Jiménez Rumbo, específicamente como jefe de la unidad de asuntos jurídicos. Sin embargo, al parecer no renunció dentro de los dos años previos que exigen la ley de transparencia, ya que se encontraron documentos firmados por él en su calidad de funcionario público –acuerdos para la emisión de reglas de operación de los programas que opera la Sedesol- con fecha de 26 de enero de 2012.
Otro caso es el de Xavier Epigmenio Carreto Arredondo, quien en el directorio de servidores públicos  de  la Secretaría de Educación Guerrero aparece como jefe del departamento de fomento a la investigación.
Estos son sólo algunos ejemplos de aspirantes que se inscribieron para participar en el proceso de selección de consejeros del Itaig, no obstante que trabajan o trabajaron como funcionarios en los últimos dos años en alguna dependencia pública y que no los hace elegibles para ser considerados en la terna.
Observatorio ciudadano
Las malas decisiones de los diputados de la LVIII y LIX legislaturas del Congreso del estado de Guerrero, respecto de la elección y ratificación de los actuales consejeros, fue el motivo para que un grupo de ciudadanos, periodistas y representantes de organizaciones civiles y sociales expresaron su interés por la vigilancia del proceso de renovación de los consejeros del Itaig, ya que del perfil que tengan los designados y su compromiso social, así como la forma en que se lleve el proceso, dependerá en gran medida el futuro del organismo.
A principios de diciembre pasado, días después de que se emitió la convocatoria para seleccionar a los consejeros, varias organizaciones no gubernamentales, periodistas y ciudadanos preocupados por los “bajos niveles de transparencia y acceso a la información pública que presentan las instituciones gubernamentales de Guerrero” se integraron en un observatorio ciudadano para la vigilancia del proceso de selección de los consejeros del Itaig, así como del desempeño que tendrá ese organismos en los próximos meses.
Entre las organizaciones que se adhirieron al observatorio están Comunicación para el Desarrollo Comunitario, Ciudadanos y Ciudadanas por el Mejoramiento de la Gestión Pública, Colectivo Trinchera, la Universidad Campesina del Sur, Ciudadanos Solidarios para el Desarrollo, Guerrero Transparente, Colores, Ciudadanos por Municipios Transparentes y México Infórmate.
Hasta hoy, el observatorio ciudadano está en espera de que se publique la lista depurada de aspirantes que serán entrevistados por la comisión de gobierno del Congreso del Estado, a efecto de conocer el perfil de cada participante.
La experiencia de Puebla
La tentación de imponer en los órganos garantes locales a consejeros con criterios políticos por encima del perfil profesional y el compromiso con la ciudadanía de los aspirantes, no es sólo un asunto del estado de Guerrero, sino de las legislaturas de muchos estados del país.
En Puebla, recientemente se tuvo una experiencia similar, cuando organizaciones y ciudadanos de ese estado se organizaron en un observatorio para dar seguimiento al proceso de selección vigilando que se cumplieran los procedimientos y etapas que señalaba la ley de transparencia poblana.
De acuerdo con Lilia Vélez Iglesias, que participó activamente en la vigilancia del proceso de renovación de los consejeros poblanos, su estrategia fue la de revisar y analizar lo que establecía la ley y contrastarla con lo que hacían los legisladores poblanos.
Asimismo, crearon una cuenta de tuiter y un blog para difundir cada una de las acciones que realizaban los integrantes del observatorio ciudadano.
Algunos de los aspectos que vigilaron fueron: la publicación de los expedientes de cada uno de los aspirantes, los resultados de las comparecencias de éstos ante los diputados, así como las razones por las que se seleccionaron a cada uno de los aspirantes.
Otra acción del observatorio fue solicitar al Congreso la posibilidad de participar en la evaluación de los perfiles de los aspirantes a través de la formulación de preguntas y estar presentes en la sesión en la que hicieron las entrevistas (la ley de transparencia de Puebla establece que las entrevistas a los candidatos no son abiertas al público).
También solicitaron el apoyo de organizaciones locales y nacionales como el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y Fundar, Centro de Análisis e Información.
Aunque finalmente, pese a la vigilancia del observatorio ciudadano, eligieron a un comisionado cercano al gobernador Rafael Moreno Valle, y que no era el mejor perfil, el seguimiento del observatorio lo que hizo fue justo poner en evidencia esta situación. 
En un comunicado expresaron que “con la decisión tomada por la mayoría de las y los diputados del Congreso de Puebla se pone en riesgo la independencia de la CAIP. El C. Federico González
Magaña apoyó en 2010 la candidatura del hoy titular del Ejecutivo estatal”.
Agregaron que “con su decisión, la mayoría de las y los diputados del Congreso de Puebla perdió una oportunidad para contribuir al fortalecimiento de la CAIP a través de un perfil capaz e independiente. Optaron, en cambio, por un candidato cuestionado por sus vínculos con el Ejecutivo estatal.
Y advirtieron que “las organizaciones de la sociedad civil que vigilamos el proceso y participamos en él estaremos atentas al desempeño del C. Federico González Magaña, así como pendientes de sus posiciones a la hora de resolver los recursos de revisión que sean analizados por la CAIP”.
Tardía, la vigilancia de obra pública
Ya pasaron casi tres años de que tomó posesión el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y apenas les tomó protesta, el 16 de enero, a los ciudadanos que integrarán el Consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, organismo que fue una de las propuestas más sonadas en la campaña del entonces candidato a la gubernatura para prevenir y combatir la corrupción gubernamental. Concretamente la propuesta de creación del consejo la hizo durante el debate entre candidatos a la gubernatura, realizado el 18 de enero de 2011.
Pero fue hasta finales de octubre de 2011 cuando Aguirre Rivero envió la iniciativa de decreto de creación del consejo al Congreso del estado para su análisis y aprobación.
Los diputados locales aprobaron el decreto hasta el 7 de febrero de 2012, y su publicación se realizó el 17 de febrero del mismo año. Durante casi dos años, el organismo ciudadano no entró en funciones porque el gobernador estatal no envió la terna al Congreso del estado para elegir a los integrantes, no obstante que el artículo segundo transitorio de ese documento jurídico ordena que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Y fue hasta el miércoles 16 de enero, que los diputados aprobaron la terna, y al día siguiente, el gobernador les tomó posesión.
El consejo ciudadano está integrado por José Luis Sánchez Ortiz, presidente del Grupo ACA; Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Coparmex Acapulco; Fernando Meléndez Cortés, ex presidente de la Coparmex Chilpancingo; Marco Antonio Aguileta Flores, director general de Grupo Fórmula Acapulco; Héctor Iglesias Aragón, director general de Televisa Acapulco; Sergio Salmerón Salmerón, integrante del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado y gerente general del Hotel Playa Suites; Ezequiel Larumbe Radilla, presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Colegio de Abogados, AC, y Luis Enrique Herrera Pérez, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, AC.
No se augura un desempeño exitoso del consejo, pues el decreto no le da facultades relevantes en la toma de decisiones; ni tampoco le garantiza su autonomía en su funcionamiento, por lo que estará a merced del  presupuesto público. No sería extraño que fuera un organismo decorativo más.

 

2013: avances insignificantes en transparencia

El Sur de Acapulco

2013 fue un año de avances desiguales en los ámbitos local y nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas. Mientras en el plano nacional destacó la aprobación de las reformas a la constitución federal que se prevé fortalecerán los mecanismos de transparencia y acceso a la información, en Guerrero los avances se limitaron a un mínimo e insuficiente avance en el cumplimiento de la información de oficio de algunas dependencias, especialmente de una decena de ayuntamientos ubicados en regiones marginadas.

En el ámbito local también destacaron una inusitada actividad del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero, -a unos meses de que sean relevados los actuales consejeros y a ocho años de que fueron electos, tiempo en el que observaron una pasmosa inactividad-; una tibia respuesta del gobierno del estado a las exigencias de transparencia del gobierno federal, luego de la tormenta tropical Manuel y la llegada de recursos; y la eterna opacidad del Congreso del estado, que en 2013 siguió destacando como una de las entidades públicas más opacas del estado, sin que en el corto plazo se vislumbre una mínima perspectiva de cambio.
Cloroscuros en los municipios
En el nivel municipal, 2013 fue un año de contrastes, ya que mientras unos cuantos  ayuntamientos realizaron esfuerzos por cumplir con sus obligaciones de transparencia, la mayoría se mantuvo en los umbrales de la opacidad.
En el año anterior, llamó la atención el trabajo que realizaron 10 ayuntamientos localizados en las regiones más pobres del estado para incrementar sus niveles de transparencia. Auspiciados por un programa de la Auditoría General del Estado, estos municipios recibieron capacitación y asesoría para elevar sus niveles de transparencia y los colocó entre lo más destacable en el estado de Guerrero en la materia.
Fue la primera vez, desde que se aprobó la ley de transparencia en el estado de Guerrero, hace ocho  años, que un grupo de municipios sobresalía no por su opacidad, sino por difundir información que le exige la ley. 
De acuerdo con la evaluación del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), en el segundo semestre de 2013, los dos municipios más pobres del estado encabezaron el ranking de la transparencia. Cochoapa el Grande fue el mejor posicionado, ya que en relación con la evaluación de 2012, avanzó 44 puntos porcentuales. Le siguieron el municipio de Metlatónoc con 43 por ciento, y el de Copalillo, que registró un incremento de 30 puntos.
Sin embargo, de manera global, los ayuntamientos guerrerenses se ubicaron en el umbral de la opacidad, pues aunque algunos observaron avances que no se habían registrado en los últimos cuatro años, ningún gobierno municipal de Guerrero alcanzó siquiera 50 puntos porcentuales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, y la mayoría obtuvo pésimas calificaciones de menos de diez puntos.
Otro dato desalentador de 2013 es que cuatro ayuntamientos guerrerenses (Chilpancingo, Acapulco, Atoyac e Iguala) firmaron el Acuerdo por la Transparencia Municipal, que no era otra cosa que asumir el compromiso de cumplir con la ley de transparencia. No obstante la suscripción pública de este acuerdo, -excepto el ayuntamiento de Acapulco, que avanzó parcialmente- los otros tres municipios nada hicieron por mejorar los niveles de transparencia de sus demarcaciones, y lo que se observó fue más bien lo contrario, decrementos en sus niveles de transparencia durante 2013.
Otros sujetos obligados
El monitoreo realizado a mediados de 2013 por la organización Comunicación para el Desarrollo Comunitario AC corroboró que los ayuntamientos no eran las únicas dependencias opacas en Guerrero, sino que sujetos obligados como el Congreso del estado y los tribunales Superior de Justicia y Electoral del estado y muchas dependencias del Ejecutivo local presentaron muy bajos niveles de transparencia.
En 2013, ninguna de las dependencias públicas que tienen la obligación de difundir información, cumplió cabalmente con lo que ordena el marco jurídico. Desde 2006 han pasado dos gobiernos estatales, tres legislaturas en el Congreso, tres administraciones municipales y numerosos funcionarios, pero hasta hoy ninguna dependencia puede jactarse de cumplir cabalmente con el artículo 13 de la ley de transparencia.
Durante el primer trimestre de 2013, se revisaron los portales electrónicos de una muestra de 30 dependencias públicas, de las 150 que se registran en el estado, para certificar que cumplieran con el catálogo de 22 temas de información que están obligadas a difundir. Los resultados mostraron que no sólo los ayuntamientos se encuentran a la vanguardia de la opacidad, sino que la mayoría de las dependencias públicas del estado presentaron altos niveles de opacidad.
Los resultados indicaron que sólo siete de las 30 dependencias de la muestra registraron más de 50 por ciento de cumplimiento, pero ninguna alcanzó 70 por ciento. Otras 10 instituciones se ubicaron entre 20 y 50 por ciento, y 13 no alcanzaron ni siquiera 20 por ciento de cumplimiento al artículo 13 de la ley de transparencia.
Entre las peores calificaciones generales, destacaron las que obtuvieron el Congreso del estado que sólo alcanzó 9.6 por ciento, el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, con apenas 6.5 por ciento de cumplimiento, y el Tribunal Electoral del estado, con sólo tres por ciento. Es decir, porcentaje más bajos que algunos ayuntamientos guerrerenses.
Cabe resaltar que el organismo que tiene la función de garantizar que se cumplan la ley de transparencia, el ITAIG, en ese periodo no cumplió ni siquiera con la mitad (48 por ciento) de sus obligaciones de información pública de oficio.
En el caso de las dependencias del Ejecutivo estatal, hacia finales de año comenzaron a subir información a sus portales electrónicos, en buena medida por la presión del gobierno federal que canalizó recursos financieros y en especie hacia el estado de Guerrero, luego de los desastres provocados por la tormenta tropical Manuel.
Las consecuencias del fenómeno metereológico fueron tan impactantes, que los reflectores estuvieron puestos en Guerrero, por lo que el presidente de la república buscó que el gobierno estatal no repitiera las experiencias de desastres anteriores donde se denunciaron desvíos en los recursos.
Incluso en el marco de la presentación del Plan Nuevo Guerrero, mediante el que se canalizarían recursos por 30 mil millones de pesos al estado, Enrique Peña Nieto anunció la creación de un Consejo Estatal de Restauración de Guerrero como un mecanismo de participación y vigilancia ciudadana que permitiría a la ciudadanía verificar el costo y avance de las obras.
La composición del consejo estatal dejó mucho que desear, pues predominan personajes ligados a la empresa privada, amén de que las reuniones que realizaron en 2013, fueron prácticamente herméticas y sin información a la ciudadanía.
Otro dato relevante de 2013 fue que las solicitudes de información presentadas ante dependencias del Ejecutivo estatal disminuyeron sensiblemente de 1,612 registradas en 2012 a 1,251 en el año anterior, para una caída de 22.3 por ciento. Sin duda es un dato desalentador y grave para el estado.  
Órgano garante
Durante ocho años, fue evidente la pasividad del ITAIG en tareas sustanciales como la de promover la transparencia y el acceso a la información y ser un verdadero órgano garante de la ley. Pero a unos meses de que los actuales consejeros concluyan su encargo –en febrero de 2014-, la institución comenzó a realizar algunas de las actividades que no se hicieron durante ocho años.
Por ejemplo, si se revisa el portal electrónico del ITAIG, se observará que es el más completo en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en todo el estado; también, que en los últimos meses de 2013, el órgano garante inició la revisión de la información de oficio de las dependencias y hasta las emplazó a cumplir o de los contrario serían sancionadas.
Esto no sería criticable si los consejeros hubieran realizado éstas y otras muchas actividades a lo largo de ocho años que estuvieron en el cargo, y no a tres meses de que ya se van.
El Congreso, el eterno opaco
Las vicisitudes de un ciudadano ejemplifican claramente la cara opaca que ha mostrado el Congreso del estado a lo largo de muchos años. En julio de 2013 solicitó al órgano legislativo publicar en su portal de internet y recibir en su correo “la información pública de oficio establecida en el artículo 13 de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública  del Estado de Guerrero”, es decir, la solicitud era un exhorto a los legisladores para que cumplieran una ley vigente.
El Congreso respondió a este requerimiento que “la información de oficio que señala el artículo 13 de la ley (…), se encuentra disponible en la página de este H. Congreso del Estado de Guerrero, en el portal de transparencia".
Evidentemente, dicha información no está publicada en el portal del Congreso, incluso hoy, cualquier persona que revise la página electrónica observará una falta importante de información, sin que haya un mecanismo que obligue al Congreso a publicarla.
En agosto de 2013, el ciudadano presentó un recurso de revisión ante el ITAIG, y éste resolvió en su favor el 12 de noviembre: “se ordena al H. Congreso del Estado de Guerrero, que publique en su portal electrónico oficial, la información pública de oficio faltante (…) del artículo 13 de la Ley”.
Agregó el ITAIG que para cumplir con la resolución “se le confiere un plazo de diez días hábiles (…) debiendo comunicar a este instituto de transparencia, por escrito, una vez que haya cumplido con dicha obligación, apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor a las sanciones subsecuentes establecidas en la Ley respectiva”.
Transcurrieron los 10 días hábiles y el portal electrónico del Congreso permanece inalterable, sin información. Desconocemos si hay una sanción de por medio, pero es muy probable que en este caso también haya impunidad (incluida la inacción del ITAIG) y que los ciudadanos tengamos la certeza de que el órgano legislativo del que emanan las leyes, sea el más reacio a cumplir con la ley de transparencia.
Ámbito nacional
Entre los acontecimientos relevantes en el plano nacional, se tiene la reforma a la Constitución federal mediante la que se homogenizan algunos requisitos mínimos entre los estados en materia de transparencia.
Asimismo, se fortalece a los órganos garantes federal y de los estados, a los cuales se les deberá dar autonomía constitucional (en Guerrero, le ley de transparencia le otorga autonomía al ITAIG, pero se requiere que se incorpore en la constitución local).
En el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información (ITAIG), la reforma le permite que tenga plena autonomía, aun cuando por ejemplo, la Consejería Jurídica de la Presidencia puede impugnar las resoluciones del IFAI por cuestiones de seguridad nacional).
Igualmente, el IFAI podrá atraer casos en los que ciudadanos sientan que en sus estados no les respondieron adecuadamente.
Otro reforma importante es que el IFAI será la autoridad en materia de transparencia para los entidades y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y especialmente para los órganos autónomos. Y además los partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y personas físicas y morales que reciban recursos públicos serán sujetos obligados directos de la Ley de Transparencia.
La nota mala es que estas reformas constitucionales, para entrar en vigor, deben ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas estatales.
A diferencia de la reforma energética, que también requería el aval de los congresos locales y que en un santiamén fue aprobada, las reformas a la ley de transparencia cerraron el 2013 con la aprobación de sólo ocho legislaturas de los estados.