El Sur de Acapulco
Chilpancingo no resolverá en este 2013 su problema de abastecimiento de agua potable, no obstante que a principios de 2012, en una visita a esta ciudad capital, el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto empeñó su palabra con los chilpancingueños de dar solución al histórico problema de falta de agua para uso doméstico.
Aunque se han presupuestado cuantiosos recursos financieros para el ejercicio 2013, los habitantes de la capital no han notado ningún cambio, antes al contrario, en el presente año el problema se recrudeció y se ha vivido una de las peores crisis en la dotación del líquido.
Las dependencias que vigilan la normatividad u operan el servicio de agua potable no atinan a dar certidumbre a los sedientos ciudadanos. Ni el ayuntamiento de Chilpancingo, ni la Comisión Nacional del Agua ni la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del gobierno del estado han hecho público algún programa o conjunto de acciones para dar solución integral al problema del agua; por sus declaraciones, parece que ni siquiera hay una buena coordinación entre ellas, por lo que, aun cuando hay dinero presupuestado como nunca antes, no existe un plan maestro de largo plazo que guíe las acciones de las dependencias que deberían garantizar este derecho a miles de chilpancingueños.
El compromiso de Peña Nieto
En abril de 2012, el hoy presidente Peña Nieto llegó a Chilpancingo como candidato para abordar el que quizás sea el principal problema de la capital, junto con el de la inseguridad: la falta de agua potable.
Durante muchos años, los habitantes de esta ciudad han sufrido la escasez debido a los errores de quienes han tenido en sus manos resolver el problema, y de quienes sólo han toreado el problema, como es el caso de los sucesivos presidentes municipales de los últimos años.
Sin embargo, Peña Nieto, tal vez sin conocer la complejidad del reto que implicaba, se comprometió con los chilpancingueños a resolver el problema, y al estilo de cuando era candidato a gobernador del estado de México, firmó este compromiso ante notario público para “ampliar y acrecentar el abasto de agua potable, para que llegue el agua a todos los habitantes de Chilpancingo”, según consignó la prensa.
Ya con la instrucción presidencial, el director general de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, se reunió con el gobernador Ángel Aguirre y afirmó que “se trabajará para cumplir los compromisos del gobierno de la República en materia hídrica, para atender las necesidades de los habitantes de la entidad. En ese sentido, la Conagua entregará el triple del líquido en las condiciones actuales para Chilpancingo, con miras a continuar así los próximos 15 años”. La declaración del funcionario federal se difundió en un comunicado de prensa de la dependencia.
En la versión que recogió el gobierno del estado sobre este evento y que publicó en su portal electrónico, el director de la Conagua “se comprometió a que en un plazo de un año, con el concurso del gobierno del estado y municipio, Chilpancingo podría triplicar la capacidad de distribución de agua potable para dar respuesta a un añejo reclamo de los capitalinos”.
Sin embargo, el compromiso del titular de la Conagua fue muy temerario, pues es casi imposible que en un año, es decir, en febrero de 2014 se logre traer tres veces más agua a Chilpancingo.
Sin documento rector
Un hecho muy grave para los capitalinos respecto de sus expectativas de contar con un servicio regular de agua, es que no existe un plan maestro de largo plazo que contribuya a guiar las acciones y las obras que progresivamente deben realizarse para aliviar el problema, lo que pone en riesgo las grandes inversiones que por vez primera presupuestó el gobierno federal.
En ninguna dependencia municipal, ni del gobierno del estado ni de la federación se encontró evidencia de que se haya elaborado dicho plan maestro, no obstante que la falta de agua en la ciudad es un problema que tiene muchos años, lo que parece revelar que este asunto se está atendiendo de manera improvisada.
Tanto al ayuntamiento, como a la Conagua y a la Capaseg se les requirió, por la vía de una solicitud de información, la presentación de este plan maestro. Sin embargo, los tres órdenes de gobierno respondieron que no existe un documento como el que se solicitó.
En el caso de la Capaseg, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información emitió un resolutivo donde señaló que “la información solicitada relativa al plan maestro de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jurídicamente no ha lugar a ordenar su entrega, debido a que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero declaró la inexistencia de la citada información, en virtud de que no se tienen los elementos de convicción que permitan revelar su existencia”.
Por su parte, la Conagua también respondió que no cuenta con un documento de planeación para resolver el problema de agua potable. El Comité de Información de esa dependencia indicó que “en cumplimiento a la resolución del Pleno de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (…) determinó procedente confirmar la inexistencia de la información relativa a ‘plan maestro para el abastecimiento de agua potable para Chilpancingo, y el desglose de la inversión que fue anunciada por el gobierno federal para el abastecimiento de agua potable, por monto y acciones a realizarse, en 2013 y en los próximos años’”.
Finalmente, el ayuntamiento de la capital, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, contestó al requerimiento de información sobre la entrega del plan maestro para el abastecimiento de agua para Chilpancingo “que no se cuenta con dicho documento, existe el proyecto de elaboración para el presente ejercicio de manera conjunta entre Capaseg y Conagua”.
No obstante la respuesta de la Capach, en mayo el alcalde Mario Moreno mencionó que existe un proyecto integral de agua para esta capital, autorizado por el Presidente de la República, y cuyos trabajos terminarían en el 2015 con una inversión general de mil 50 millones de pesos.
Las evidencias anteriores indican que no se tiene un documento rector que permita una adecuada planeación de acciones para la resolución de manera integral del problema y que garantice el ejercicio eficaz de los recursos financieros.
¿De dónde traer agua?
No obstante que se anunciaron mil millones de pesos de inversión, a la fecha no se cuenta con una fuente segura y suficiente que permita traer más agua a la capital, lo que genera gran incertidumbre sobre si se resolverá el problema en el corto plazo.
El subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Oscar Jorge Hernández López, dijo en abril pasado que se están determinando las actuales y futuras fuentes de agua, que satisfagan la demanda de la población. Agregó que se realizan estudios hidrológicos y de calidad del agua, y de manera específica se refirió a que se ha considerado “iniciar un estudio en la cuenca La Esperanza, en Mochitlán-río Azul, y el río Mezcala.
Por su parte, el alcalde Mario Moreno informó que el agua del río Balsas podría ser la nueva fuente de captación ya que aportaría por lo menos 600 litros por segundo adicionales. No descartó otras fuentes de captación como Azinyahualco (cuyos habitantes se negaron a que de su territorio se extraiga el líquido para surtir a la capital), la perforación de más pozos en el sistema Mochitlán, el bombeo de más agua de Acahuizotla y El Borbollón entre otras.
Ante la falta de certeza sobre la fuente de abastecimiento, tanto la Conagua como el ayuntamiento anunciaron que “primero vamos a fortalecer las redes de distribución interna”, ya que se ha diagnosticado que por el mal estado en el que se encuentran, se desperdicia una gran cantidad del líquido.
El alcalde Mario Moreno destacó que las tuberías tienen hasta 60 años de antigüedad, y por ello se encuentra taponada o destruida, lo que impide que el agua llegue a las llaves de la población, o en otros casos se desperdicia por las fugas, aunado al mal estado de las válvulas.
Asimismo, el subdirector general de la Conagua precisó que en Chilpancingo se rehabilitarán de manera integral 27 kilómetros del acueducto Acahuizotla, que se encuentra muy deteriorado; 15 kilómetros de líneas de interconexión entre tanques; rehabilitación y equipamiento de tres plantas de bombeo; la construcción de un tanque, la rehabilitación de 40 kilómetros de la red de distribución y de 320 válvulas y cajas de operación.
La danza de los millones
Luego de que el candidato Peña Nieto hizo su compromiso con los habitantes de Chilpancingo, comenzaron a manejarse diferentes cifras para resolver el complejo problema de la falta de agua.
Por ejemplo, a principio de febrero, el gobernador del estado, el presidente municipal capitalino, el director de la Capaseg y el titular de la Conagua “acordaron revisar y concretar proyectos en materia de abastecimiento e infraestructura de agua potable y alcantarillado para el municipio de Chilpancingo con una inversión este año de 590 millones de pesos”, según el boletín de prensa del gobierno del estado.
El 22 de marzo, en una reunión con el presidente Peña Nieto para firmar el Convenio de Coordinación entre la federación, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Chilpancingo, para incrementar el abasto de agua potable en la ciudad, Mario Moreno dio una cantidad diferente. Señaló que “a través de este convenio, contamos ya en una primera etapa, con 500 millones de pesos para iniciar los trabajos que traerán más agua a la capital”.
Durante la firma de otro convenio, el 19 de abril, el mismo alcalde aseguró que para fortalecer las redes de distribución interna se invertirán 200 millones de pesos, con los que se eficientará el suministro.
Finalmente, en mayo dijo que “de acuerdo con el proyecto integral de agua para Chilpancingo, los trabajos terminarían en el 2015 con una inversión global de mil 50 millones de pesos”.
Opacidad en el sector
Coincidentemente, las tres dependencias a las que recurrimos para solicitar información sobre las acciones para resolver el problema de agua en la capital de Guerrero, omitieron o retardaron la información que se les requirió, por lo que en los tres casos se presentaron recursos de revisión o quejas ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, en el caso de las dependencias del estado, y ante el IFAI, en el caso de la Conagua.
El ayuntamiento de Chilpancingo, además de que no cuenta con un medio electrónico para la recepción y respuesta de solicitudes de información como lo ordena la ley, no entregó la propuesta de inversión del municipio del ejercicio 2013 ni el plan municipal de desarrollo 2012-2015 de Chilpancingo, no obstante que son documentos a todas luces públicos. Esta información hubiera sido útil para dar a conocer la planeación del ayuntamiento y las inversiones del presente año en materia de agua potable.
Por su parte, la Capaseg no respondió al requerimiento de información que se le presentó. La dependencia argumentó “que con motivo de la toma de las instalaciones del Palacio de Gobierno por los maestros de la CETEG (…) es probable que los servidores del sistema (Infogro) hayan quedado desactivados y por ello se nos dificultó el acceso al mismo”.
Finalmente, la Conagua sin mediar explicación omitió responder a la petición del “plan maestro para el abastecimiento de agua potable para Chilpancingo, y el desglose de la inversión que fue anunciada por el gobierno federal para el abastecimiento de agua potable, por monto y acciones a realizarse, en 2013 y en los próximos años”, por lo que el IFAI, luego de presentar una queja en contra de la Conagua, obligó a la dependencia a declarar la inexistencia de esta información.
martes, 28 de mayo de 2013
martes, 14 de mayo de 2013
Continuaron irregularidades en el Seguro Popular con AAR (II y última)
El Sur de Acapulco
Aunque durante los últimos años de la administración de Zeferino Torrreblanca Galindo se denunciaron graves irregularidades en las finanzas y la operación del programa Seguro Popular, en el primero de Ángel Aguirre Rivero nada se corrigió y continuaron los manejos poco claros en este programa tan importante para los guerrerenses.
Lo anterior se desprende de la más reciente revisión financiera y de cumplimiento que realizaron la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero al Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como programa Seguro Popular, en el ejercicio 2011.
De acuerdo con el informe de resultados emitido por el órgano fiscalizador de la federación, en el primer año de la administración de Aguirre Rivero se encontró un subejercicio de 42 por ciento del presupuesto federal transferido al gobierno del estado para el Seguro Popular. (http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0767_a.pdf)
Según la misma fuente, los recursos federales enviados al estado durante 2011, por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para este programa, fueron del orden de 1,903.7 millones de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2011, se devengaron 1,104.3 millones, lo que representó el 58 por ciento de los recursos transferidos.
La ASF señaló que este subejercicio en el Seguro Popular no es nuevo y se trata de una “reincidencia”, ya que también fue observado en la cuenta pública del 2010; es decir, mientras el presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2011 fue de 58 por ciento, un año atrás, en 2010, apenas fue de 55.5 por ciento.
De los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2011, se gastaron 51.8 por ciento en remuneraciones al personal, 30.2 por ciento en medicamentos, materiales de curación y otros insumos, 7.7 por ciento en pagos a terceros por servicios de salud; y 6.6 por ciento en gasto operativo en unidades médicas.
En su primer informe de gobierno correspondiente a 2011, el gobernador Aguirre Rivero no mencionó ni una palabra de este subejercicio, simplemente destinó dos párrafos al programa para mencionar que “el Seguro Popular tuvo un financiamiento en gasto corriente de 1,769 millones 281 mil pesos y en inversión 128 millones 775 mil pesos, con el fin de fortalecer la red de prestadores de servicios”.
Y destacó en aquella ocasión que “el Seguro Popular, a través de la campaña intensiva de afiliación, favoreció a 305,560 nuevas personas, con lo cual se alcanzó la meta máxima de 2,279,358 guerrerenses, cantidad que superó las metas requeridas para la declaratoria de la cobertura universal por parte del Gobierno Federal”.
Pero la pregunta es de qué manera atendió a esos 2.2 millones de personas que presumió en su informe de gobierno, si al concluir 2011 había gastado apenas poco más de la mitad del presupuesto que le envió la federación.
El Seguro Popular en Guerrero, sin controles
Una de las observaciones más relevantes de la ASF al programa es que en Guerrero no se cuenta con mecanismos que aseguren la aplicación de la normatividad en la gestión y aplicación de los recursos federales del Seguro Popular, ni tampoco se tiene un código de ética que regule el actuar de los empleados a cargo de la operación.
Otro de los problemas graves es que no se subsanado la falta de controles -que persiste desde el gobierno anterior- para evitar tanto la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia como la compra de medicinas no consideradas en el catálogo universal de servicios de salud; de hecho, es en este punto donde se observa mayor discrecionalidad para el desvío de recursos.
El órgano fiscalizador federal también señaló que en Guerrero no se tienen implementados controles para asegurar que los médicos especialistas cuenten con la documentación que avale la especialidad correspondiente ni tampoco se han instrumentado acciones que aseguren que se proporcione información sobre la adquisición de medicamentos en forma completa y oportuna y sobre los avances en el ejercicio de los recursos transferidos se envíen de manera oportuna a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
De esta manera, la ASF concluyó que el control interno para la gestión de los recursos federales del Seguro Popular en Guerrero es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación.
Destino de los recursos
No obstante las observaciones a la operación del Seguro Popular en el gobierno de Zeferino Torreblanca, en 2011 continuaron ejerciéndose recursos para pagar conceptos no autorizados por este programa. Así, por ejemplo, se destinaron recursos por 34.9 millones de pesos para el pago de facturas que amparan gastos que no correspondía pagar con recursos del Seguro Popular 2011.
También sobre el destino de los recursos, la auditoría de la ASF observó que el gobierno del estado ejerció 24.8 millones de pesos en conceptos no pactados para su pago con recursos del programa como son: bono de fin de año para el personal regularizado (21.9 millones), bono del trabajador (1.8 millones); bono día del trabajador de salud a personal eventual (584 mil pesos); bono día del trabajador del personal del gasto de operativo y del apoyo administrativo (243 mil pesos); ayuda para lentes y tesis (138 mil); bono día de las madres (97 mil pesos); día de reyes (54 mil pesos).
Junto con esta irregularidad, la revisión a la operación del Seguro Popular encontró que 38 empleados de la oficina central Chilpancingo no estaban directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados al programa, por lo que se realizaron pagos indebidos por 4.3 millones de pesos.
Igualmente, se pagó poco más de un millón de pesos en remuneraciones de nueve servidores públicos adscritos al Servicio Médico Forense de Chilpancingo y de Taxco, es decir, a áreas no autorizadas para financiarse con recursos del Seguro Popular.
En el caso de impuestos que debieron ser enterados a la federación, se encontró que el gobierno del estado retuvo a los trabajadores del Seguro Popular 16.9 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero la ASF no encontró evidencia de que se hayan enterado.
Adicionalmente, durante la revisión se verificó que no se enteraron al Servicio de Administración Tributaria 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios.
También se observó que el gobierno estatal ejerció 35.7 millones de pesos para el pago de aportaciones patronales al Issste, Fovissste, sistema de ahorro para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahorro solidario y seguro colectivo, es decir, conceptos no autorizados dentro del Seguro Popular.
Incluso, una de las “promociones” de la ASF fue dirigida al Sistema de Administración Tributaria para que instruyera a “quien corresponda con el propósito de que audite al Gobierno del estado de Guerrero (…) a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales” debido a que el estado no había enterado al SAT 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios pagados y no había identificado haber enterado casi 17 millones de pesos.
Adquisiciones irregulares
Respecto a la adquisición de medicamentos, también se encontraron irregularidades. Por ejemplo, el gobierno del estado pagó 984 mil pesos en la compra de medicamentos no considerados en el programa, y además erogó 4.1 millones para la adquisición de medicamentos con un precio superior al de referencia. Esta observación es señalada por la ASF como una reincidencia, ya que es una práctica que el gobierno del estado no ha desterrado desde el gobierno del Zeferino Torreblanca.
Hay que recordar que en el ejercicio 2009, la organización Fundar, centro de investigación y análisis, descubrió que el gobierno del estado adquirió el medicamento Enalapril (30 tabletas 10mg), de 2.55 pesos, que era su precio de referencia, a 129.89 pesos.
En casi todas las observaciones, la ASF informa que en el transcurso de la auditoría, el gobierno del estado “proporcionó información y documentación con la que aclaró y justificó” el dinero gastado de manera irregular y además “acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del programa”, sin explicar de dónde obtuvo el gobierno del estado los recursos para resarcir la irregularidad detectada.
También en prácticamente todos los casos, la ASF advierte que “la Contraloría General del estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”. Sin embargo, nadie sabe nada sobre los procedimientos ni mucho menos de sus resultados, por lo que no hay claridad sobre las consecuencias de la intervención del órgano fiscalizador federal.
Adquisiciones sin licitación
El gobierno del estado adjudicó de manera directa la adquisición de bienes por 230 millones de pesos, cuando por el monto del contrato debió adjudicarse por licitación pública; además, en el expediente no se localizó, ni el gobierno del estado presentó evidencia de que el proveedor contratado se encontraba inscrito en el padrón de proveedores de la administración pública estatal.
Tampoco se presentó el expediente técnico que ampare los procesos de licitación, adjudicación y contratación de la empresa a la que se le realizaron pagos por 176.2 millones de pesos por compra de medicamentos y material de curación, lo cual limitó la fiscalización para emitir una opinión sobre la razonabilidad de las operaciones realizadas.
En el informe de revisión, el gobierno del estado argumenta que este expediente técnico que contiene documentos sobre la contratación de la empresa se extravió, por lo que presentó un acta ministerial emitida el 3 de agosto de 2011, mediante la cual denunciaron el extravío del expediente técnico que contiene documentos oficiales correspondientes a la contratación con la empresa.
Poca transparencia
Finalmente, de acuerdo con la ASF, el gobierno del estado no cumplió con las obligaciones señaladas en la normatividad federal de enviar los informes trimestrales de la compra de servicios a prestadores privados, ni los semestrales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; y los mensuales del avance del ejercicio de los recursos transferidos y el correspondiente al listado nominal de las plazas pagadas no se enviaron de manera oportuna.
Toda esta información tampoco se publicó en las páginas de internet de los Servicios de Salud ni del gobierno del estado en el apartado correspondiente al Seguro Popular.
Esta ha sido una práctica que viene desde el gobierno estatal anterior, ya que el órgano fiscalizador federal subrayó que esta anomalía observada en 2011 también fue encontrada en la revisión de la cuenta pública 2010.
A propósito del segundo informe
“Con los programas Guerrero Cumple Uniformando y Útiles Escolares, se atendió en su totalidad a la población estudiantil de 4,634 escuelas públicas de primaria, entregando 507,018 paquetes escolares, con un presupuesto de 101 millones 876 mil pesos”.
Es decir, que cada paquete costó 201 pesos. Habría que preguntar qué recibieron y qué piensan los padres de familia de este costo.
Aunque durante los últimos años de la administración de Zeferino Torrreblanca Galindo se denunciaron graves irregularidades en las finanzas y la operación del programa Seguro Popular, en el primero de Ángel Aguirre Rivero nada se corrigió y continuaron los manejos poco claros en este programa tan importante para los guerrerenses.
Lo anterior se desprende de la más reciente revisión financiera y de cumplimiento que realizaron la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero al Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como programa Seguro Popular, en el ejercicio 2011.
De acuerdo con el informe de resultados emitido por el órgano fiscalizador de la federación, en el primer año de la administración de Aguirre Rivero se encontró un subejercicio de 42 por ciento del presupuesto federal transferido al gobierno del estado para el Seguro Popular. (http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0767_a.pdf)
Según la misma fuente, los recursos federales enviados al estado durante 2011, por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para este programa, fueron del orden de 1,903.7 millones de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2011, se devengaron 1,104.3 millones, lo que representó el 58 por ciento de los recursos transferidos.
La ASF señaló que este subejercicio en el Seguro Popular no es nuevo y se trata de una “reincidencia”, ya que también fue observado en la cuenta pública del 2010; es decir, mientras el presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2011 fue de 58 por ciento, un año atrás, en 2010, apenas fue de 55.5 por ciento.
De los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2011, se gastaron 51.8 por ciento en remuneraciones al personal, 30.2 por ciento en medicamentos, materiales de curación y otros insumos, 7.7 por ciento en pagos a terceros por servicios de salud; y 6.6 por ciento en gasto operativo en unidades médicas.
En su primer informe de gobierno correspondiente a 2011, el gobernador Aguirre Rivero no mencionó ni una palabra de este subejercicio, simplemente destinó dos párrafos al programa para mencionar que “el Seguro Popular tuvo un financiamiento en gasto corriente de 1,769 millones 281 mil pesos y en inversión 128 millones 775 mil pesos, con el fin de fortalecer la red de prestadores de servicios”.
Y destacó en aquella ocasión que “el Seguro Popular, a través de la campaña intensiva de afiliación, favoreció a 305,560 nuevas personas, con lo cual se alcanzó la meta máxima de 2,279,358 guerrerenses, cantidad que superó las metas requeridas para la declaratoria de la cobertura universal por parte del Gobierno Federal”.
Pero la pregunta es de qué manera atendió a esos 2.2 millones de personas que presumió en su informe de gobierno, si al concluir 2011 había gastado apenas poco más de la mitad del presupuesto que le envió la federación.
El Seguro Popular en Guerrero, sin controles
Una de las observaciones más relevantes de la ASF al programa es que en Guerrero no se cuenta con mecanismos que aseguren la aplicación de la normatividad en la gestión y aplicación de los recursos federales del Seguro Popular, ni tampoco se tiene un código de ética que regule el actuar de los empleados a cargo de la operación.
Otro de los problemas graves es que no se subsanado la falta de controles -que persiste desde el gobierno anterior- para evitar tanto la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia como la compra de medicinas no consideradas en el catálogo universal de servicios de salud; de hecho, es en este punto donde se observa mayor discrecionalidad para el desvío de recursos.
El órgano fiscalizador federal también señaló que en Guerrero no se tienen implementados controles para asegurar que los médicos especialistas cuenten con la documentación que avale la especialidad correspondiente ni tampoco se han instrumentado acciones que aseguren que se proporcione información sobre la adquisición de medicamentos en forma completa y oportuna y sobre los avances en el ejercicio de los recursos transferidos se envíen de manera oportuna a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
De esta manera, la ASF concluyó que el control interno para la gestión de los recursos federales del Seguro Popular en Guerrero es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación.
Destino de los recursos
No obstante las observaciones a la operación del Seguro Popular en el gobierno de Zeferino Torreblanca, en 2011 continuaron ejerciéndose recursos para pagar conceptos no autorizados por este programa. Así, por ejemplo, se destinaron recursos por 34.9 millones de pesos para el pago de facturas que amparan gastos que no correspondía pagar con recursos del Seguro Popular 2011.
También sobre el destino de los recursos, la auditoría de la ASF observó que el gobierno del estado ejerció 24.8 millones de pesos en conceptos no pactados para su pago con recursos del programa como son: bono de fin de año para el personal regularizado (21.9 millones), bono del trabajador (1.8 millones); bono día del trabajador de salud a personal eventual (584 mil pesos); bono día del trabajador del personal del gasto de operativo y del apoyo administrativo (243 mil pesos); ayuda para lentes y tesis (138 mil); bono día de las madres (97 mil pesos); día de reyes (54 mil pesos).
Junto con esta irregularidad, la revisión a la operación del Seguro Popular encontró que 38 empleados de la oficina central Chilpancingo no estaban directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados al programa, por lo que se realizaron pagos indebidos por 4.3 millones de pesos.
Igualmente, se pagó poco más de un millón de pesos en remuneraciones de nueve servidores públicos adscritos al Servicio Médico Forense de Chilpancingo y de Taxco, es decir, a áreas no autorizadas para financiarse con recursos del Seguro Popular.
En el caso de impuestos que debieron ser enterados a la federación, se encontró que el gobierno del estado retuvo a los trabajadores del Seguro Popular 16.9 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero la ASF no encontró evidencia de que se hayan enterado.
Adicionalmente, durante la revisión se verificó que no se enteraron al Servicio de Administración Tributaria 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios.
También se observó que el gobierno estatal ejerció 35.7 millones de pesos para el pago de aportaciones patronales al Issste, Fovissste, sistema de ahorro para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahorro solidario y seguro colectivo, es decir, conceptos no autorizados dentro del Seguro Popular.
Incluso, una de las “promociones” de la ASF fue dirigida al Sistema de Administración Tributaria para que instruyera a “quien corresponda con el propósito de que audite al Gobierno del estado de Guerrero (…) a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales” debido a que el estado no había enterado al SAT 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios pagados y no había identificado haber enterado casi 17 millones de pesos.
Adquisiciones irregulares
Respecto a la adquisición de medicamentos, también se encontraron irregularidades. Por ejemplo, el gobierno del estado pagó 984 mil pesos en la compra de medicamentos no considerados en el programa, y además erogó 4.1 millones para la adquisición de medicamentos con un precio superior al de referencia. Esta observación es señalada por la ASF como una reincidencia, ya que es una práctica que el gobierno del estado no ha desterrado desde el gobierno del Zeferino Torreblanca.
Hay que recordar que en el ejercicio 2009, la organización Fundar, centro de investigación y análisis, descubrió que el gobierno del estado adquirió el medicamento Enalapril (30 tabletas 10mg), de 2.55 pesos, que era su precio de referencia, a 129.89 pesos.
En casi todas las observaciones, la ASF informa que en el transcurso de la auditoría, el gobierno del estado “proporcionó información y documentación con la que aclaró y justificó” el dinero gastado de manera irregular y además “acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del programa”, sin explicar de dónde obtuvo el gobierno del estado los recursos para resarcir la irregularidad detectada.
También en prácticamente todos los casos, la ASF advierte que “la Contraloría General del estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”. Sin embargo, nadie sabe nada sobre los procedimientos ni mucho menos de sus resultados, por lo que no hay claridad sobre las consecuencias de la intervención del órgano fiscalizador federal.
Adquisiciones sin licitación
El gobierno del estado adjudicó de manera directa la adquisición de bienes por 230 millones de pesos, cuando por el monto del contrato debió adjudicarse por licitación pública; además, en el expediente no se localizó, ni el gobierno del estado presentó evidencia de que el proveedor contratado se encontraba inscrito en el padrón de proveedores de la administración pública estatal.
Tampoco se presentó el expediente técnico que ampare los procesos de licitación, adjudicación y contratación de la empresa a la que se le realizaron pagos por 176.2 millones de pesos por compra de medicamentos y material de curación, lo cual limitó la fiscalización para emitir una opinión sobre la razonabilidad de las operaciones realizadas.
En el informe de revisión, el gobierno del estado argumenta que este expediente técnico que contiene documentos sobre la contratación de la empresa se extravió, por lo que presentó un acta ministerial emitida el 3 de agosto de 2011, mediante la cual denunciaron el extravío del expediente técnico que contiene documentos oficiales correspondientes a la contratación con la empresa.
Poca transparencia
Finalmente, de acuerdo con la ASF, el gobierno del estado no cumplió con las obligaciones señaladas en la normatividad federal de enviar los informes trimestrales de la compra de servicios a prestadores privados, ni los semestrales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; y los mensuales del avance del ejercicio de los recursos transferidos y el correspondiente al listado nominal de las plazas pagadas no se enviaron de manera oportuna.
Toda esta información tampoco se publicó en las páginas de internet de los Servicios de Salud ni del gobierno del estado en el apartado correspondiente al Seguro Popular.
Esta ha sido una práctica que viene desde el gobierno estatal anterior, ya que el órgano fiscalizador federal subrayó que esta anomalía observada en 2011 también fue encontrada en la revisión de la cuenta pública 2010.
A propósito del segundo informe
“Con los programas Guerrero Cumple Uniformando y Útiles Escolares, se atendió en su totalidad a la población estudiantil de 4,634 escuelas públicas de primaria, entregando 507,018 paquetes escolares, con un presupuesto de 101 millones 876 mil pesos”.
Es decir, que cada paquete costó 201 pesos. Habría que preguntar qué recibieron y qué piensan los padres de familia de este costo.
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