Desde 1994, el programa de fertilizante subsidiado forma parte de la política agrícola en Guerrero, al que se le destinan muchísimos recursos financieros que en algunos años han alcanzado hasta 65% del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).
Es un programa donde participan del Ejecutivo del estado, los 81 municipios y casi 300 mil productores de granos básicos –en teoría de bajos recursos- que en conjunto aportan casi 800 millones de pesos anuales para la compra de fertilizante químico.
Desde sus inicios, el programa ha
sido muy cuestionado por el daño que el producto provoca en el suelo por su uso
inadecuado, porque no ha contribuido a incrementar la producción no obstante
los miles de millones de pesos que se han invertido, porque ha propiciado una
fuerte dependencia de los campesinos hacia el insumo, y por el uso político y
electoral que se ha dado al programa.
Estos vicios y aberraciones son
posibles porque no existe un cuadro efectivo de control, vigilancia y
evaluación sobre la operación y los resultados del programa. Por ejemplo,
aunque los órganos indicados por las reglas
de operación para la vigilancia y fiscalización (Contraloría y Auditoría
General del Estado) realizan auditorías y revisiones, sus resultados no tienen
consecuencias para el mejoramiento de la operación y la transparencia del
programa, tales como sanciones a los que infringen la norma o la implantación
de medidas preventivas para evitar la actuación discrecional en tres aspectos
clave del programa: el proceso de licitación, la revisión y actualización del
padrón de beneficiarios, la calidad del producto.
No obstante que la normatividad
sobre la transparencia y la rendición de cuentas se ha robustecido en los
últimos seis años, esto no ha sido suficiente para lograr que la SDR tenga
niveles mínimos de transparencia. Tampoco las reglas de operación ni ninguna
otra norma posibilitan la habilitación de mecanismos de control y vigilancia
ciudadanos, como la formación de contralorías sociales con capacidades que
rebasen la mera denuncia, para evitar la “manga ancha” y la discrecionalidad en
la operación del programa.
Hace algunas semanas
presentamos 15 solicitudes de información ante la SDR, Contraloría General del
Estado, Auditoría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y
Administración. Particularmente con la SDR, que tiene la mayor parte de la
información sobre el programa de fertilizante, tuvimos serios problemas para que
la entregara, desde la negación de datos hasta negligencia y mala fe de parte
de los funcionarios responsables.
Ante la falta de respuestas
satisfactorias, interpusimos ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Guerrero recursos de revisión (quejas) y denuncias en contra de
funcionarios. Como respuesta, se logró conseguir gran parte de la información
solicitada en poder de la SDR y sendos apercibimientos del órgano garante al
responsable de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de esta
dependencia conminándolo para que en lo sucesivo no obstaculizara el libre ejercicio
del derecho de acceso a la información.
También como
reacción a los recursos de revisión, se había logrado que la SDR subiera a su portal electrónico documentos clave como el padrón de
beneficiarios (esencial para hacer la depuración) y la mecánica operativa de
2012; pero dichos documentos ya fueron retirados.
El programa de fertilizante es el
mejor ejemplo de la manera poco transparente y discrecional con que operan los
programas y se ejercen los recursos financieros en la SDR.
Las organizaciones campesinas,
que tuvieron un exitoso proceso para diseñar y empujar la aprobación de una
nueva versión de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que hoy buscan
reactivar el papel del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable para
que realmente tenga incidencia en las políticas hacia el campo, tienen también
el reto de exigir la apertura y transparencia de la SDR y participar en el
diseño, planeación, seguimiento y evaluación de los programas y acciones. Es un
reto grande, pero que vale la pena.
De todo. Los informes de
gobierno, las comparecencias de los secretarios, son la única forma en que el
Ejecutivo estatal rinde cuentas –aunque sea de manera muy limitada- a las y los
guerrerenses, pero ahora ya ni eso, porque las comparecencias relativas al
primer informe de Ángel Aguirre Rivero son a puerta cerrada. Será interesante
saber cuáles son sus logros, qué ha cambiado en relación con el gobierno
anterior, y sobre todo, en base a qué mediarán los diputados los resultados de
un año de gobierno si no hay siquiera Plan Estatal de Desarrollo.
