Itaigro oculta la situación de la transparencia en el estado

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El Instituto de Trans-parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero oculta deliberadamente la mala situación por la que atraviesa la entidad en materia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las dependencias públicas. Así se desprende de la revisión de documentos oficiales que recibimos del órgano garante como respuesta a la presentación de nueve solicitudes de información para conocer el proceso y los resultados de su primera verificación a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del estado correspondiente a 2018.
Son varios los datos que nos permiten corroborar lo antes dicho, tal vez el más sobresaliente sea que la verificación se efectuó con una metodología muy cuestionable, diseñada para diluir los malos resultados de la mayoría de las dependencias públicas, ya que, por ejemplo, a cualquier dependencia que obtuviera 61 puntos de 100 posibles, el Itaigro le otorgó un inmerecido cumplimiento “satisfactorio” en sus obligaciones de transparencia. También hay que señalar el supuesto “muestreo” que realizó el órgano garante a los temas de información obligatoria, pues casualmente salieron en la muestra, para ser revisados, aquellos rubros “fáciles” para las dependencias y se dejaron de verificar datos e información estratégicos para el escrutinio ciudadano, como es la información sobre el cumplimiento de metas, licitaciones de bienes y servicios y contratación de obra, el número de plazas, contrataciones por honorarios, gastos de comunicación social, cuenta pública o indicadores para evaluar el desempeño.
En adición, el órgano garante ha realizado una difusión deficiente de la información de la verificación. Por ejemplo, aun cuando los resultados los tiene disponibles desde el 9 de agosto y de que en su programa anual se comprometieron a publicarlos en la primera semana de septiembre, fue hasta el 9 de noviembre cuando difundieron datos parciales de la verificación en el periódico oficial del estado, es decir dos meses después de su programación original.
Finalmente, el Itaigro improvisó varias argucias legales para no entregar o retrasar la información que se les solicitó sobre este tema. Con todo esto, el órgano garante de la transparencia en Guerrero parece que busca esconder el alto nivel incumplimiento de las obligaciones de transparencia en el estado. Esta actitud nos recuerda a la que tomaron en su momento los comisionados de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, quienes idearon un modelo de “semaforización” también muy cuestionable para simular que monitoreaban la transparencia de las dependencias.
En esta entrega de Monitor de Guerrero comentaremos los resultados de la verificación a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el estado; en el próximo número reseñaremos una serie de acontecimientos que colocan al Instituto de Transparencia como un sujeto obligado que deliberadamente esconde y retrasa la información que se le solicita. No conocíamos esta faceta del Itaigro, pues aunque son sabidas y frecuentes las estratagemas legales o extra legales de las que se valen los sujetos obligados para no entregar la información que se les solicita, la situación es muy preocupante tratándose del Itaigro, ya que es el órgano que suponemos debe garantizar que se cumplan las obligaciones de transparencia y la atención de todas las solicitudes de información. Pero en este caso específico no es así y preocupa que a partir de ahora comience a idear estrategias para retrasar los procedimientos o de plano, no responder.
El programa anual
El Itaigro, mediante acuerdo 07/2018, del 20 de febrero de 2018, aprobó un programa anual de verificación que consta de dos revisiones a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados durante este año. Su primera evaluación, que comentaremos en este espacio, comenzó formalmente el 29 de enero de 2018 y concluyó el 29 de junio; según su calendario, la publicación de resultados debió hacerse en la “primera semana de septiembre”, pero fue hasta principios de noviembre que el Itaigro difundió algunos datos parciales sobre los resultados de la verificación. La información que aquí comentamos fue conseguida a partir de que presentamos nueve solicitudes el 15 y 16 de septiembre, es decir, en fecha posterior a la que deberían estar publicados los resultados como información de oficio, sin que fuera necesario que alguien la solicite.
Las categorías del Itaigro
El Itaigro decidió convertir las calificaciones numéricas de los 190 sujetos obligados revisados en la primera verificación de 2018 a tres categorías: no satisfactorio (que incluye un rango de cero a 25 puntos), parcialmente satisfactorio (de 26 a 60) y satisfactorio (en un rango de entre 61 y 100 puntos). Lo anterior significa que es suficiente con cumplir con 61 por ciento de las obligaciones de transparencia para alcanzar un desempeño “satisfactorio” en la materia y xon esto librarse de cualquier apercibimiento o sanción del órgano garante.
Sin embargo, esta decisión tomada por los comisionados del Itaigro está fuera de la norma. Claramente el artículo 102 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales señala que “La verificación que realice el Instituto en el ámbito de sus respectivas competencias, se sujetará a (…): I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma”. Es decir, la ley no establece media tintas: o los sujetos obligados cumplen con 100 por ciento (información completa) o de lo contrario hay incumplimiento; en ningún lado dice que hay cumplimientos “satisfactorios” de 61 por ciento, como lo estableció el órgano garante en Guerrero.
Esta modalidad de verificación diluye, matiza o francamente maquilla la grave realidad en materia de transparencia del estado, pues adicionalmente, el Itaigro revisó únicamente 33 por ciento de los temas (15 o 16 de 48 rubros informativos) con base en una supuesta muestra que causalmente recayó en los temas menos importantes y más fáciles de cubrir (la metodología será comentada con detalle en la próxima edición de Monitor de Guerrero).
En la primera verificación 2018 se revisaron 190 dependencias y entidades públicas, de las cuales 61 (32.1 por ciento) fueron incluidas dentro de la categoría de “no satisfactoria”, es decir, con puntuaciones que van de 0 a 25 por ciento. Si consideramos las puntuaciones registradas en las actas circunstanciadas que nos entregó el órgano garante -pues omitió proporcionarnos el ranking numérico final no obstante que se lo solicitamos- de estas 61 dependencias calificadas como no satisfactorias, casi la mitad (27) tienen una calificación de cero, otras siete tienen menos de 1 por ciento, y 12 más tienen entre 1 y 10 puntos de calificación. Es decir, 46 dependencias públicas del estado, de un total de 190 revisadas, no alcanzan 10 puntos porcentuales de calificación.
En esta categoría de “no satisfactorios” hay 44 ayuntamientos, entre los que sobresalen, por el tamaño de su población, Zihuatanejo, Tlapa, Juan R. Escudero, Ometepec, Leonardo Bravo y Tecoanapa. De hecho, hay 19 ayuntamientos cuya calificación es igual a cero.
Entre las dependencias que obtuvieron una calificación no satisfactoria también se cuentan 14 del Ejecutivo, algunas de las cuales son el Conalep, las universidades Intercultural del estado y la Tecnológica de Tierra Caliente, el Consejo de Políticas Públicas, la Casa Guerrero en la Ciudad de México, la Procuraduría de Protección Ecológica, Agroindustrias del Sur y el Instituto del Deporte en Guerrero. También se cuentan dos paramunicipales, las comisiones de agua potable de Buenavista de Cuéllar y de Tixtla.
También hay que mencionar que los titulares de las unidades de transparencia de 41 sujetos obligados no asistieron a la convocatoria hecha por el Itaigro para revisar conjuntamente sus obligaciones. Lo anterior es un reflejo del estado que guarda la transparencia en la entidad, con dependencias que desafían a la ley y a la entidad normativa en la materia, y esto mucho se debe al clima de impunidad que existe en el estado y del que la transparencia no se salva.
Según el Acuerdo número 25-D/2018 del Itaigro, estos 61 sujetos obligados que obtuvieron calificaciones no satisfactorias fueron sancionadas con medidas de apremio, especificando que la sanción que les corresponde es una denuncia por responsabilidad administrativa, que se hará efectiva 15 días después de que este acuerdo se publique en el periódico oficial del estado.
Cabe señalar que aun cuando el acuerdo se emitió el 9 de agosto de 2018, el oficio de solicitud a la Secretaría de Gobierno para la publicación del acuerdo fue enviado hasta el 25 de octubre del mismo año, es decir, dos meses y medio después. El periódico oficial del estado publicó el acuerdo el 9 de noviembre, por lo que en los próximos días deberán aplicarse las sanciones a los 61 sujetos obligados calificados de “no satisfactorios” en sus obligaciones de transparencia.
Parcialmente satisfactorio
Otra de las categorías utilizadas por el Itaigro para calificar a los sujetos obligados fue la de “parcialmente satisfactorio”, que va de 26 a 60 por ciento de calificación. En esta categoría el órgano garante ubicó 25 dependencias públicas, entre las cuales se encuentran 15 ayuntamientos municipales como Taxco, Tixtla, Quechultenango, Olinalá, San Luis Acatlán, Mochitlán, Teloloapan, Huitzuco y Buenavista, entre otros.
Del Ejecutivo del estado también se ubican en la categoría de parcialmente satisfactorio las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, la de Trabajo y Previsión Social y la de Fomento y Desarrollo Económico. También están la Procuraduría de Defensa de los Campesinos y el Fideicomiso Guerrero Industrial.
En el acuerdo 25-E/2018 se incluyen estas 25 dependencias y también fue aprobado el 9 de agosto de 2018; en él, el Itaigro anuncia la amonestación pública para los sujetos obligados que obtuvieron una calificación “parcialmente satisfactoria”. El 9 de noviembre fue publicado este acuerdo en el periódico oficial del estado, por lo que después de 15 días se hará efectiva la amonestación.
Satisfactorio
En esta categoría se encuentran la mayoría de los sujetos obligados revisados en la verificación: 104 dependencias, según el Itaigro, que corresponden a 55 por ciento del total. Cabe recordar que el órgano garante incluyó en esta categoría a sujetos obligados que obtuvieron entre 61 y 100 por ciento de puntuación, es decir, con cubrir poco más de la mitad de sus obligaciones, cualquier dependencia pudo obtener una calificación satisfactoria. La justificación y explicación de los comisionados para decidir este dudoso indicador, a la fecha no han sido entregados, no obstante que se les requirió por la vía de una solicitud de información.
Hay 16 sujetos obligados que obtuvieron calificaciones por arriba de 90 por ciento, los cuales, con todas las reservas -pues no hay evidencia de que la revisión haya surgido de una muestra representativa de los temas a revisar-, pueden estar cercanos a una calificación satisfactoria, pero esto no significa darles un cheque en blanco para no cumplir con el mínimo que exige la ley y que es de 100 por ciento. Y así como a éstos, el Itaigro liberó de sanciones a 104 sujetos obligados muchos de los cuales, no sabemos cuántos, porque no entregó esa información, seguramente apenas obtuvieron arriba de 61 puntos porcentuales.
Del total de dependencias calificadas como satisfactorias, 61 son del Ejecutivo, 22 ayuntamientos, ocho organismos autónomos y cinco partidos políticos, entre otros.
Concluimos con lo que dijo el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, en una reunión de trabajo con los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados el 14 de noviembre: “En la segunda verificación [la LXIV Legislatura] obtuvo 92.8 [puntos porcentuales]. Como diríamos en la escuela, 92.8 es una magnífica nota. Pues no, porque el deber de todo sujeto obligado es tener 100 por ciento. Y el INAI, si no se remedia esto pronto, tendrá que decirles, señores diputados, hay un procedimiento de denuncia para que completen el siete por ciento que les falta, porque el deber es tener 100 por ciento”.
Pero en Guerrero no se exige que los sujetos obligados tengan el 100 por ciento de sus obligaciones de transparencia cubiertas, sólo necesitan el 61 por ciento para lograr un estatus satisfactorio y evitar cualquier denuncia y sanción.
Hoy miércoles a las 10:00 horas los esperamos en Monitor de Guerrero que transmite Digital 106.3 FM en Chilpancingo, o desde el sitio www.consentidosocialac.com

Audita la ASF a Chilpancingo y Acapulco

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Los dos ayuntamientos más importantes del estado de Guerrero, Acapulco y Chilpancingo, no salieron bien librados de las revisiones que les practicó la Auditoría Superior de la Federación a su cuenta pública del ejercicio 2017, como lo indican los resultados de la segunda entrega de los informes individuales que el órgano fiscalizador entregó a la Cámara de Diputados y publicó en su portal electrónico el 31 de octubre de 2018.
En general, las principales irregularidades se localizaron en sus procesos de control y registro, en la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos, transparencia, en los procedimientos de licitaciones y subejercicios, entre otros, tanto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del DF (FISMDF) como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).
Los resultados que arrojaron las auditorías simplemente ratifican las numerosas anomalías que se han denunciado y siguen apareciendo en las administraciones de los ex alcaldes Evodio Velázquez y Marco Antonio Leyva. Se trata de un indicador formal, institucional, de un órgano fiscalizador que con información objetiva pone en la picota a dos erráticas gestiones municipales de Guerrero, cuyas consecuencias derivaron en graves problemas financieros para los ayuntamientos que recién comenzaron sus funciones.
Como se recuerda, las reformas a la Ley Federal de Rendición de Cuentas y Fiscalización (19 de julio de 2016) establecen que los resultados de fiscalización a la cuenta pública que realiza la ASF se entregarán a la Cámara de Diputados en tres momentos: en el último día de los meses de junio y octubre y el 20 de febrero. Con estas modificaciones, la ASF entrega informes individuales en periodos de sólo seis y diez meses después de la conclusión del año fiscal objeto de revisión, en vez del periodo de 14 meses que era necesario esperar antes de la reforma de 2016. Adicionalmente, hay una entrega el 20 de febrero del año siguiente, en donde los informes individuales correspondientes son acompañados de un informe general ejecutivo rendido por la ASF.
En esta edición de Monitor de Guerrero se retoman sólo los informes individuales de los ayuntamientos de Chilpancingo y Acapulco, correspondientes a la segunda entrega.
Chilpancingo
La auditoría al FIMSDF del ejercicio 2017, practicada al ayuntamiento de Chilpancingo, fue la que presentó más y mayores irregularidades de los cuatro municipios de Guerrero revisados por la ASF. Como se recuerda, el 18 de octubre de 2017 se realizó el cambio de administración municipal (Jesús Tejeda Vargas relevó a Marco Antonio Leyva), pero el órgano fiscalizador encontró que “no realizó la entrega-recepción de la administración el día de la toma de posesión de la administración entrante, por lo que a la fecha de la revisión no se entregó la documentación justificativa y comprobatoria original que acredite la aplicación y destino de los recursos asignados en los fines del fondo, correspondientes a las ministraciones de los meses de enero a septiembre de 2017”, por un importe de 152.4 millones de pesos de los 169.4 millones que se asignaron al municipio para este fondo.
Lo anterior derivó en que el municipio no presentó registros contables y presupuestales del 1 de enero al 17 de octubre de 2017, tampoco fue posible verificar la congruencia con los saldos en la cuenta bancaria y no se reportaron los informes trimestrales a la SHCP.
Por otra parte, en muchas de las obras se encontraron irregularidades, por ejemplo, en el programa Piso Firme tres obras no disponen de un contrato formalizado; otras no cuentan con la fianza de vicios ocultos y 11 más no disponen de parte o toda la bitácora de obra ni de sus respectivas actas de entrega recepción; y otras tampoco tienen la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.
En materia de transparencia, no se dio a conocer a los habitantes de la capital el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni se informó trimestralmente sobre el avance el ejercicio de los recursos y al término del ejercicio los resultados alcanzados. De hecho, el ayuntamiento de Chilpancingo tradicionalmente ha sido uno de los más opacos, pues tampoco cumple con sus obligaciones de transparencia establecidos en otras normas.
El ayuntamiento de Chilpancingo no proporcionó evidencia documental de haber reportado en el sistema de formato único de la SCHP los cuatro informes trimestrales del formato de gestión de proyectos, formato nivel financiero y la ficha técnica de indicadores, ni de los reportes que debió presentar en la matriz de inversión para el desarrollo social de la Sedesol.
En general, el municipio no presentó documentación justificativa y comprobatoria del gasto ni información financiera suficiente que permitiera analizar el impacto de las obras y acciones financiadas con el fondo.
La ASF también revisó el ejercicio de los recursos correspondientes al Fortamun de Chilpancingo por 152.8 millones de pesos y encontró irregularidades varias. Por ejemplo, se transfirieron recursos por 20.3 millones de pesos a otras cuentas para fines distintos a los objetivos del fondo, y aunque se reintegraron 13.5 millones durante la auditoría, quedaron pendientes 6.7 millones de pesos.
Y al igual que en el caso del FISMDF, no se realizó la entrega-recepción de las dos administraciones de Marco Antonio Leyva y Jesús Tejeda Vargas y por lo tanto no se tiene la documentación justificativa y comprobatoria que acredite las ministraciones de enero a septiembre de 2017, por un importe de 114.6 millones de pesos de los 152.8 millones asignados al municipio para el Fortamun. Por esta situación, la ASF determinó que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 114.6 millones de pesos más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del fondo o en su caso a la Tesorería de la Federación.
Pero también con el ex alcalde Vargas Tejeda se presentaron irregularidades. Por ejemplo, la ASF observó un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 44 mil 637 pesos por haber realizado erogaciones con cargo en el Fortamun que no disponen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.
Asimismo, el municipio presentó diferencias entre las cifras de los saldos de la cuenta bancaria y los registros contables al 31 de diciembre de 2017, por un monto de 153 mil pesos; y no entregaron cuenta pública ni remitieron reportes a la SHCP.
En el tema de transparencia, el municipio no informó a los habitantes sobre el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, tampoco informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos, ni sobre los resultados alcanzados al término del ejercicio.
El municipio no presentó a la SHCP los reportes de nivel financiero del segundo y cuarto trimestres, ni el primero, segundo y cuarto trimestres del reporte de gestión de proyectos; tampoco fueron publicados en órganos locales oficiales de difusión, en su página de internet o en otros medios locales de difusión.
El municipio no reportó de forma trimestral al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los movimientos en la cuenta del Fortamun 2017, su avance en el ejercicio de los recursos y destino, ni los recursos comprometidos, devengados y pagados en esta materia.
Acapulco
El monto de los recursos transferidos en 2017 al ayuntamiento de Acapulco por concepto del FISMDF fue de 543.2 millones de pesos. Al respecto, la ASF señaló que el ayuntamiento no manejó los recursos del fondo en cuenta bancaria exclusiva, y además transfirió recursos del FISMDF 2017 a otras cuentas.
El ayuntamiento presentó en su reporte de cierre del ejercicio FISMDF 2017 montos que no coinciden con sus registros contables y presupuestales presentados, ya que hay una diferencia de 20.2 millones de pesos que no fueron registrados en el sistema. Asimismo, destinó 3.6 millones de pesos para pagar un Análisis y resultados de las obras planeadas en la matriz de inversión para el desarrollo social 2014-2016, que no está considerada en el catálogo de acciones del fondo.
En otro asunto, el municipio destinó el 63.3 por ciento de los recursos del FISMDF 2017 a obras y acciones de incidencia directa, por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos; en tanto que invirtió el 31.7% de los recursos en obras y acciones de carácter complementario.
Finalmente, respecto de los recursos del FISMDF, al 31 de diciembre de 2017 el ayuntamiento presentó un subejercicio 10.6 por ciento, en tanto que al 31 de mayo de 2018 aún persistía un pequeño monto por 27 mil pesos no ejercidos a los objetivos del fondo.
En el caso del Fortamun, se transfirieron 453.5 millones de pesos al ayuntamiento de Acapulco en 2017, y al igual que en FISMDF, para este fondo no se utilizó una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos y se depositaron en ésta otros ingresos correspondientes a recursos propios del municipio por 120.9 millones de pesos.
Asimismo, la ASF comprobó que el municipio registró las operaciones del Fortamun en cuentas contables que no se encontraban debidamente controladas, actualizadas ni identificadas, y por ello no fue posible comparar las cifras de los saldos bancarios con los registros contables, presupuestales y las cifras reportadas en la cuenta pública del municipio.
En el rubro de obras fue donde se encontraron numerosas irregularidades, por ejemplo, en una obra que fue contratada mediante adjudicación directa por excepción a la licitación, no se acreditó debidamente el motivo de la excepción. Otra irregularidad también grave fue que en seis obras, luego de realizar una inspección física, se detectaron conceptos de obra pagados y no ejecutados por un monto total de 1.5 millones de pesos.
En cuatro obras pagadas con recursos del Fortamun el ayuntamiento de Acapulco no presentó la evidencia del proceso de adjudicación, los contratos, ni la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 4.5 millones de pesos, por lo que no se pudo constatar la correcta ejecución de los trabajos realizados.
En el tema de las adquisiciones, el órgano fiscalizador comprobó que seis adquisiciones se adjudicaron de manera directa aun cuando rebasaban los montos máximos de adjudicación por esta modalidad. Asimismo, se verificó que en tres expedientes de adquisiciones adjudicados directamente, las cotizaciones de dos empresas participantes presentan el mismo domicilio y correo electrónico; asimismo, en otro caso se adjudicó a la misma empresa en las tres ocasiones las compras sin considerar compras consolidadas, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad.
Se verificó que 11 expedientes de adquisiciones pagados con recursos del fondo no cuentan con las garantías de cumplimiento correspondientes según el contrato formalizado. Asimismo, para 36 expedientes de adquisiciones, el ayuntamiento no presentó la documentación soporte que acredite la recepción de los bienes pagados por 19.9 millones de pesos por parte de los proveedores a las instalaciones del municipio.
También se comprobó que en cinco adquisiciones, la entrega de los bienes no cumplieron con los plazos de entrega ni se aplicaron las sanciones por el retraso injustificado por un monto de 169 mil pesos.
En materia de transparencia, el ayuntamiento no reportó a la SHCP el primer trimestre del formato avance financiero y el primero y tercer trimestre de los indicadores de desempeño sobre el fondo, por lo que los informes no se publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión y en otros medios. Por otra parte, se constató que la información contenida en los informes reportados por el municipio a sus habitantes no es congruente con lo reportado en el formato de avance financiero al cuarto trimestre de 2017 a la SHCP.
El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no proporcionó información en la cual se pueda verificar que se dispone de un Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del desempeño del Fortamun 2017, establecida por la normativa.
En general, éstas son algunas de las observaciones localizadas por la ASF en los ayuntamientos de Chilpancingo y Acapulco en el ejercicio 2017. Para consultar estos informes individuales y todos los realizados por la ASF al gasto federalizado, ver http://informe.asf.gob.mx/#0