Publicado en El Sur de Acapulco
No obstante que ya existen un
bien definido marco jurídico y parcialmente un andamiaje institucional para hacer
factible el derecho de acceso a la información, lo cierto es que todavía se
observan numerosos problemas para su pleno ejercicio, que en el caso de estados
como Guerrero, parece difícil que sean solventados en el corto plazo. En el
rango de obstáculos se encuentran desde la manifiesta falta de interés de la
mayoría de ciudadanos por los asuntos públicos que directamente le afectan y
que requieren de su involucramiento, hasta los conocidos actos de ocultamiento
de la información desde el sector público, hoy todavía muy frecuentes.
En este espacio hemos
publicado nuestra percepción sobre cómo se ha concretado el derecho de acceso a
la información pública gubernamental, desde junio de 2006, cuando entró en
vigor la primera ley de transparencia en el estado, a la fecha.
Son innegables los avances, entre
ellos, tenemos una legislación mucho más precisa y homogénea para todo el país,
el número de ciudadanos que presentan solicitudes se incrementó
significativamente -aunque no tanto, si se considera la población que potencialmente
podría hacerlo-; el número de dependencias a las que se les requiere información
también ha aumentado y en la mayoría de oficinas públicas se han implementado
las bases mínimas (personal, equipo, procedimientos) para atender los
requerimientos.
Sin embargo, hay un déficit
importante de participación de la ciudadanía en el ejercicio de este derecho,
simplemente porque sus demandas más importantes están en otros temas
(educación, salud, empleo, producción, vivienda, seguridad) y escasamente con
el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas de sus
gobernantes; pero tampoco han logrado articular la exigencia y ejercicio de
esos otros derechos por medio de la información pública.
Adicionalmente el acceso a la
información hoy día se sustenta en el uso de plataformas electrónicas, y en el
caso de Guerrero esto se convierte en un gran problema, ya que es una de las entidades más rezagadas en acceso a
internet, pues sólo el 42 por ciento de la población mayor de 12 años, ha utilizado
este servicio, según declaraciones de
Julio Santaella Castell, presidente de la Junta de Gobierno del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicadas por Notymas
el 12 de mayo.
Pero las
dificultades también se gestan en el interior de las dependencias públicas y para
concretarlas se emplean numerosas estratagemas mediante las que se busca negar
o retrasar la entrega de información. En esta entrega describiremos algunos de
los recursos más utilizados para bloquear el acceso a la información.
No
entregan información
Una de las formas más
recurrentes es no responder a las solicitudes y esta omisión puede tener su
origen en que las dependencias no le dan importancia ni seriedad al cumplimiento
de este derecho, pues a veces ni siquiera consultan la plataforma electrónica para
saber si tienen o no solicitudes; o la omisión puede ser porque las oficinas
públicas le apuestan a que el solicitante no continuará un largo trámite de
presentar un recurso de revisión y además darle el seguimiento correspondiente,
proceso que en Guerrero es todavía muy tardado, ya que la emisión de una resolución
puede extenderse hasta un año.
Para ilustrar esta
desatención respecto al derecho de acceso a la información comentaremos que
varios ayuntamientos no han entregado la información que solicitamos desde
octubre de 2016. En esa ocasión pedimos su primer informe de gobierno, y aun
cuando es un documento que debería ser de cotidiana circulación, 31
ayuntamientos no respondieron, por lo que se presentaron los correspondientes recursos
de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Itaigro).
Recientemente este órgano
garante emitió varias resoluciones que obligan a los ayuntamientos renuentes a entregar
la información, pero ni con en este mandato quieren hacerlo. Son los casos de Atlamajalcingo,
Tepecoacuilco, Xochihuehuetán, Tlalixtaquilla, Tixtla, Xalpatláhuac,
Xochistlahuaca, Mártir de Cuilapan, Juan R. Escudero, cuyas resoluciones se
emitieron entre abril y junio de 2017, y se resisten a entregar su informe. Estos
ayuntamientos también le apuestan a que no serán sancionados, y mientras no se
cobren las multas a las que ya son acreedores, seguirán en una posición muy
cómoda. Hay otros que ni siquiera tienen una resolución, como Acatepec, Cocula,
Cutzamala, Huamuxtitlán, Igualapa, Tecoanapa.
En total, son 15
ayuntamientos de quienes no se conoce públicamente su primer informe de
gobierno - cuyos alcaldes lo presentaron en octubre de 2016-, no obstante que
se hicieron los trámites correspondientes que dicta la ley de transparencia y
acceso a la información.
Otro ejemplo de lo que está
pasando en Guerrero con el acceso a la información es un paquete de solicitudes
que se presentaron también ante los ayuntamientos para requerirles sus propuestas
de inversión del ejercicio fiscal 2016 y el acta de Coplademun que las avala.
En esa ocasión sólo se presentaron 45 solicitudes porque eran los ayuntamientos
que en julio de 2016 estaban incorporados el sistema Info Guerrero. De éstos,
18 hicieron caso omiso a la ley y no respondieron, y 12 lo hicieron de manera
parcial o entregaron información que no correspondía; en treinta casos se
presentó recursos de revisión ante el Itaigro.
Aunque el órgano garante ha
emitido la resolución respectiva, los siguientes ayuntamientos no han entregado
información -a un año de que se les solicitó-: Atlamajalcingo, Atoyac, Leonardo
Bravo, Malinaltepec, Coahuayutla, Igualapa, Xalpatlahuac, Coyuca de Benítez,
Coyuca de Catalán, Pungarabato, Quechultenango, Tlapa y Xochihuehuetlán. Hay
otro grupo que ni siquiera tienen resolución: Ahuacuotzingo, Atenango, Chilapa,
Copanatoyac.
Otros respondieron luego de
la resolución: Apaxtla, Cuajinicuilapa, Zihuatanejo, Iguala, Humauxtitlán,
Cocula, Pedro Ascencio Alquisiras, Ometepec, San Marcos, Tepecoacuilco, Xochistlahuaca,
Cochoapa; algunos de éstos respondieron recientemente, es decir, un año después
de solicitada la información.
Finalmente, hay cifras de
otro paquete de solicitudes a ayuntamientos -en donde se les pidió información
sobre los gastos de gestión de sus ediles- que también ejemplifican el
comportamiento de los gobiernos municipales. En este caso se presentaron 71
solicitudes a principios de 2017, y de éstos, sólo 43 respondieron en tiempo y
forma, 26 no hicieron caso a la solicitud, y dos presentaron información
parcial, por lo que se presentaron 28 recursos de revisión ante el Itaigro.
A la fecha sigue estando
pendiente la respuesta de 23 ayuntamientos, ya que sólo Cuautepec, La Unión e
Ixcateopan reaccionaron ante las resoluciones del Itaigro.
Aun cuando se les dio a
conocer una resolución para que entreguen información, no han respondido Atlamajalcingo,
Arcelia, Chilapa, Coahuayutla, Cochoapa, Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero,
Metlatónoc, Olinalá, Tecoanapa y Xochistlahuaca. De éstos se espera que ya
estén en trámite las sanciones que correspondan.
Pero hay otros casos que ni
siquiera tienen una resolución, son los casos de Acapulco, que respondió a
destiempo y negando la información; Chilpancingo, que entregó datos que no
corresponden, Zihuatanejo, Xochihuehuetlán, Huamuxtitlán, Tlapehuala,
Iliatenco, Igualapa, Huitzuco, Cuatezala, Ahuacuotzingo y Acatepec.
La información de gastos de
gestión también se le requirió al Congreso del estado, que respondió con datos
que no corresponden. A la fecha, tampoco existe una resolución al respecto.
La
oportunidad
Los procedimientos para tener
acceso a la información no son expeditos, y en tanto no se resuelva este
problema, seguirá siendo un factor que inhibe el ejercicio de este derecho.
Muchos periodistas no solicitan información porque han experimentado los largos
plazos y los trámites que implica (sobre todo la resolución de los recursos de
revisión) que contrastan con el principio de inmediatez de su trabajo.
Pero no son los único que han
sentido este desaliento. Algunos grupos de ciudadanos han buscado información
pública para realizar trabajos de contraloría social y vigilancia del quehacer
gubernamental y también terminan decepcionados por la lentitud de los trámites.
Es el caso de pobladores de
la cabecera municipal de Ayutla, que en noviembre de 2015 presentaron
solicitudes de información para conocer las obras que realizaba el ayuntamiento,
pero apenas se emitieron las resoluciones para ordenar la entrega de la
información.
Es el caso, por ejemplo, de
la obra de “Renivelación de calle acceso al tanque de almacenamiento de agua
potable de la colonia Cruz Alta”, cuyo expediente técnico los vecinos lo pidieron
el 27 de noviembre de 2015. El ayuntamiento recién entregó la información, 20
meses después de que un grupo de ciudadanos tenía la intención de participar en
el bienestar de su comunidad. Evidentemente, hoy el grupo ya perdió el
entusiasmo que tenía cuando fuimos a promover el ejercicio su derecho de acceso
a la información articulado con la gestión de sus necesidades más apremiantes.
Sagadegro
Pero los ayuntamientos no son
los únicos que utilizan la omisión recurrente, también se da en el Ejecutivo
del estado. Hay dependencias que no sólo son opacas, sino que se exhiben cuando
alguien documenta su falta de transparencia. Es el caso de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), que se
caracteriza por ser una secretaría que o no revisa la plataforma electrónica para
conocer si tiene solicitudes de información o de plano sí las conoce, pero decide
no contestarlas. En mi experiencia personal he presentado varias solicitudes
tanto a la ex Seder como a la hoy Sagadegro, y la regla es que no responde en
los plazos establecidos. Hasta que presento un recurso de revisión ante el Itaigro,
la Sagadegro reacciona.
Recientemente hizo lo mismo y
hasta me acusó de actuar con dolo y mala fe, cuando lo único que hice fue
tratar de hacer valer mi derecho de acceso a la información. El 15 de enero de
2016 presenté dos solicitudes para conocer información sobre la ejecución del
Programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a
través de fondos concurrentes. Al concluir el plazo que estipulaba la anterior
ley (15 días hábiles) presenté un recurso de revisión el 10 de febrero de 2016
y el trámite siguió su curso. Sin ninguna explicación, hasta el 17 de mayo de
2017, el Itaigro solicitó a la dependencia un informe pormenorizado, pero la
Sagadegro tampoco le respondió al órgano garante.
El 6 de junio de 2017, 17
meses después de presentada la solicitud, la Sagadegro dio señales de vida,
luego de que recibió del Itaigro una resolución en su contra. En su alegato
afirma que respondió dos solicitudes el 22 de febrero de 2016, lo cual, si fuera
cierto, de cualquier forma está fuera del tiempo que marca la ley, y no
obstante las evidencias, insistió en que contestaron los requermientos “en
tiempo y forma”.
Más adelante me acusa de
actuar “con dolo y mala fe, lo cual se corrobora fehacientemente al solicitar
el presente recurso de revisión ya que con la documentación que se solventa el
presente recurso de revisión se comprueba fehacientemente lo anterior, ya que
mi representada (la Sagadegro) se ha conducido con transparencia en el
ejercicio público de transparencia”. Independientemente de este galimatías, la
dependencia defiende que cumple con la ley.
Finalmente, también menciona
que “la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental nos otorgó
una prórroga para estar en condiciones de remitirla por problemas del sistema
en la página”. Hay que aclararle a la representante legal de la Sagadegro que
nadie puede dar prórrogas para cumplir con los plazos de las solicitudes de
información que establece la ley, ni el Itaigro, mucho menos una dependencia
que también es sujeto obligado y no tiene ese tipo de atribuciones.
Colofón
La promoción del acceso a la
información entre la ciudadanía no es fácil, tampoco lo es que muchos
funcionarios públicos dejen de percibir como patrimonio propio la información
que se genera en las dependencias públicas.
Todavía falta mucho por
hacer. La ciudadanía no se ha apropiado plenamente de este derecho, y en la
medida en que utilice la información para gestionar sus intereses e iniciativas
de mejor manera, las dependencias públicas se sentirán presionadas y obligadas
a responder y entregar la información que se les pide.
