El Sur de Acapulco
En estos días, el gobierno
del estado de Guerrero que encabeza Héctor Astudillo Flores presentará su
agenda de ética, transparencia y combate a la corrupción. No se esperan grandes
anuncios ni cambios espectaculares, sino más bien modificaciones de forma o cosméticas
que en muy poco recompondrán los graves problemas de falta de rendición de
cuentas y corrupción que gangrenan toda la estructura gubernamental en el
estado. Todo indica que será un acto más para la foto.
Es probable que en el marco
de esta actividad, el gobernador anuncie medidas que prometió en su campaña
electoral, las que, por cierto, ni todas juntas configuran
una política bien pensada y sólida sobre el tema. Se espera que se
pronuncie sobre la obligatoriedad de que todos los funcionarios del Ejecutivo
presenten sus tres declaraciones (fiscal, patrimonial y de intereses); asimismo,
la creación de un sistema estatal anticorrupción, un exhorto para que todos los
funcionarios públicos ajusten su conducta a un código de ética –que es como un
llamado a misa-, y probablemente la elaboración y presentación de una propuesta
de ley de transparencia, a efecto de armonizarla con la ley general de
transparencia.
Esas serán
probablemente las medidas de mayor peso, pero entre ellas no se observa una
sola propuesta que modifique de raíz el actual sistema de la rendición de
cuentas en el estado. Esperemos el contenido de su agenda de ética,
transparencia y combate a la corrupción.
Tres
de tres
Trascendió que una de las medidas
que anunciará en los próximos días el gobernador es la obligación de que sus
colaboradores y funcionarios de primer nivel presenten sus tres declaraciones
(fiscal, patrimonial y de intereses), como una forma de transparentar sus
bienes. Sin duda, es una medida saludable, pero insuficiente y parcial para la
rendición de cuentas de los servidores públicos.
Cabe recordar que este
recurso fue propuesto en las recientes elecciones de junio de 2015 y se le
denominó 3 de 3. Al respecto, hubo dos campañas ciudadanas que se difundieron más
o menos ampliamente sobre la transparencia de los candidatos. A una de ellas se
le denominó Candidato Transparente, y fue convocada por las organizaciones
Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de Competitividad.
En el estado de Guerrero, esta
campaña no tuvo buenos resultados, pues los aspirantes a puestos de elección
dejaron ver un enorme desprecio por la ciudadanía: en el caso de los candidatos
(as) a gobernador, sólo hicieron públicas sus declaraciones tres de los nueve
aspirantes: Beatriz Mojica Morga, Héctor Astudillo Flores y Jorge Camacho
Peñaloza. Nadie más.
Por
cierto, a partir de la información que publicó el ex candidato Astudillo
Flores, éste recibió muchas críticas sobre el monto de su salario, y
especialmente por el extraño hallazgo de que él no contara con ninguna propiedad,
y su esposa sí tuviera hasta 12 bienes inmuebles ubicados en Guerrero y el
Distrito Federal. En esa ocasión, el aspirante a gobernador reportó ingresos
anuales por 885 mil pesos por su labor como diputado del Congreso del estado.
Sin embargo, su cónyuge, según los documentos que presentó, percibió 3 millones
521,244 pesos al año.
No
está de más comentar que ese es uno de los efectos que se busca conseguir con
la presentación de 3 de 3, es decir, el escrutinio público que es propio de una
sociedad democrática,
y por eso se requiere de la transparencia de los datos y la información
gubernamental y de quienes ejercen ese gobierno, a efecto de que puedan ser
valorados, criticados por la ciudadanía.
Ley
general de transparencia
Otra de las acciones que tal
vez proponga el gobernador es la homologación de la ley de transparencia local
a la Ley general de transparencia. Como se sabe, en febrero de 2014 se reformó
el sexto constitucional y en mayo de 2015 se aprobó la ley general de
transparencia dándose un año para que las legislaturas de los estados armonicen
sus leyes con la ley general.
Si la anuncia el
gobernador, ésta será una medida significativa solo si cumple por lo menos con
dos criterios: que el Ejecutivo elabore y envíe al Congreso del estado una
propuesta de ley realmente de avanzada, que coloque a la de Guerrero, por vez
primera, entre las mejores del país. Y el otro criterio es que el gobierno del
estado junto con el Congreso local organicen una consulta amplia e incluyente
para que esa ley nazca con amplio consenso social. Sin embargo, ambas condiciones
será difícil que se cumplan.
Si Astudillo Flores sólo se
pronuncia por enviar la iniciativa para que la discuta el Legislativo, no puede
considerarse una medida significativa, pues de hecho es un mandato que deberá
cumplirse tarde o temprano porque así lo ordena la constitución.
¿Un sistema estatal anticorrupción?
Durante los
debates entre los aspirantes a la gubernatura del estado, el ex candidato
Astudillo Flores se comprometió a crear el sistema estatal anticorrupción, “que contará con los controles necesarios para minimizar los
actos de corrupción y castigar hasta sus últimas consecuencias a los
corruptos”.
Sin
duda, ese compromiso es tan grande y complejo que si lo anuncia y además genera
los mecanismos para disminuir los niveles de corrupción en el estado, Astudillo
pasará a la historia como uno de los mejores mandatarios de la entidad. Pero
nadie espera que vaya a fondo, se auguran más bien medidas más mediáticas que
efectivas, y esta omisión será uno de los fantasmas que lo perseguirán todo su
gobierno.
La corrupción no es un asunto menor, se encuentra metida hasta en los
resquicios más escondidos de las estructuras gubernamentales. Ya el anterior
contralor general del estado, Eduardo Loría Casanova, ratificaba que de acuerdo
con un estudio, Guerrero reprobaba en materia de corrupción y ocupaba
los primeros lugares. “Los índices de corrupción son altos en Guerrero,
Transparencia Internacional indica que se encuentra en el número 30 de los 32
existentes. De 1 a 10 estamos en 3.5, estamos reprobados”, reconoció el ex
contralor (Enfoque Informativo).
Otra fuente gubernamental afirmó que “Guerrero ocupa, según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el primer lugar en corrupción en
manejo de recursos, servicios públicos y trámites, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental”, realizada por el organismo
público en 2013 (El Universal).
De
cualquier forma, si el gobernador de Guerrero no se compromete a nada, en el
plano nacional ya se tienen avances importantes en la creación del sistema nacional
anticorrupción –al que inevitablemente tendrá que incorporarse el estado-, ya
que el 27 de mayo de 2015 se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
Esto fue
posible en gran medida a la importante participación de las organizaciones de
la sociedad civil y especialistas expertos en materia de transparencia,
fiscalización y responsabilidad de servidores públicos, que colaboraron en todo
el proceso de seguimiento y aprobación de la reforma constitucional
anticorrupción. Su colaboración y empuje sin duda fue determinante para que el
documento alcanzara óptimos niveles de calidad y fuese aprobado pese a las
resistencias políticas que se encontraron en el Congreso.
Max Kaiser, especialista
del ITAM, opinó que si bien la creación del sistema nacional anticorrupción es
un momento histórico, también es cierto que es la “parte fácil”, porque se
aprobaron solo las bases constitucionales, los grandes rasgos, los principios
del sistema. Advirtió que ahora viene la parte compleja y es confeccionar las
leyes secundarias, que son las que le darán forma, cuerpo, estructura,
funciones, misión, herramientas, capacidades al sistema.
El investigador del ITAM agregó
que se deben crear por lo menos tres leyes generales: una que establezca las
funciones básicas del sistema; una ley anticorrupción o de responsabilidades
graves, que establecerá las grandes hipótesis sobre actos de corrupción que
serán sancionados; y una ley de fiscalización del estado mexicano, que
establecerá cómo funcionarán los distintos órganos en torno a la debida
utilización de los recursos públicos y la consecución de metas y objetivos de
todo el sistema.
Por su parte, Mauricio
Merino, investigador del CIDE y coordinador de la Red por la Rendición de
Cuentas, explicó que la llave maestra para combatir la corrupción en los
próximos años estará en la ley general de responsabilidades que legislará el
Congreso de la Unión antes de mayo de 2016. Abundó que se trata de una más de
las piezas legislativas que se derivan del sistema nacional anticorrupción
pero, a diferencia de las demás, la de responsabilidades está llamada a
rediseñar la sanción jurídica al abuso del poder en todo el país.
Expuso que la confección
de esta ley no será sencilla, pues entre los especialistas “está vigente una
fuerte corriente conservadora que sigue concibiendo el combate a la corrupción
como un asunto de servidores públicos corrompidos a quienes debe perseguirse y
sancionarse individualmente y que se resiste, en consecuencia, a comprender que
el fenómeno ocurre generalmente en redes y que en éstas no solamente actúan
funcionarios sino personas físicas y morales”.
Merino advirtió que una
ley general de responsabilidades que se limite a describir conductas
sancionables de servidores públicos, individualmente planteadas, acabaría
castigando sólo a los operadores más débiles de la cadena de corrupción o
produciendo chivos expiatorios tras cada escándalo; es decir, acabaría
reproduciendo las mismas prácticas que ya tenemos en México.
¿Qué va a proponer el
licenciado Astudillo? ¿Será sólo un pacto y un llamado a la buena voluntad de
los actores públicos locales? ¿O esperará
hasta que llegue la inercia del sistema nacional anticorrupción?
Lo que anuncie no tendrá
ninguna credibilidad si no denuncia ante quien corresponda los atracos que hubo
en los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega a los responsables de todas
las irregularidades financieras que han encontrado hasta la fecha, incluyendo
Acabús, déficit financiero por 18 mil millones de pesos, obras no realizadas,
depredación de aguinaldos, etc.
Qué
se necesita en Guerrero
Lo que requiere el estado
en materia de transparencia y acceso a la información es simple: que se cumpla la
ley. Hasta hoy, las dos normas de transparencia que se han legislado en el
estado (septiembre de 2005 y mayo de 2010) no han sido cumplidas ni por el
gobierno del estado, ni los ayuntamientos, ni el Congreso; tampoco por la
Suprema Corte de Justicia, ni los organismos autónomos. Nadie lo ha hecho
cabalmente.
El diagnóstico es
apabullante: las 160 dependencias públicas del estado registradas como sujetos
obligados de la ley de transparencia tienen un irrisorio 27.8 por ciento de
cumplimiento de su información de oficio, en promedio. Y no solo eso: las
dependencias continúan reticentes a entregar la información que solicitan los
ciudadanos.
El gobernador puede
comenzar con acciones simples. Para lograr que haya un aceptable cumplimiento
en la publicación de la información de oficio y mejorar los mecanismos de
acceso a la información que exige ya la Ley General de Transparencia, sólo
requiere dictar e instrumentar una política clara y vigorosa de transparencia
hacia las dependencias del Ejecutivo. Si no lo hace, cualquier declaración de
que su gobierno es transparente será una simulación.
También puede exhortar a
los otros poderes a hacer lo mismo. En el diagnóstico de la transparencia, el Congreso
del estado y el poder judicial del estado tienen puntuaciones de cumplimiento muy
bajas. El Legislativo, además, por mandato constitucional debe armonizar la ley
local a la Ley General de Transparencia, y tiene de plazo hasta mayo de 2016.
En breve, Guerrero deberá
adherirse obligatoriamente al Sistema Nacional de Transparencia, y eso requiere
de recursos financieros para la operación de una plataforma electrónica similar
al Info Guerrero y para la publicación de la información de oficio de las dependencias
del estado. El gobernador puede anunciar ya medidas y no esperar hasta que se
armonice la ley local.
Los ayuntamientos de
Guerrero son de los más opacos del país, y escudándose en una autonomía que
manejan a conveniencia, los alcaldes desafían abiertamente la normatividad en
transparencia. Algo se debe hacer, pues
ahí se localizan los casos de mayor impunidad. El gobierno del estado y el
Congreso pueden proponer y establecer controles para que los ayuntamientos ya
no vivan en la impunidad en el ejercicio del gasto.
Todo lo anterior no
requiere de actos espectaculares ni de grandes inversiones, simplemente disposición
y voluntad de los actores políticos.
