En tiempos de crisis como la que vive el estado, las
instituciones gubernamentales no funcionan igual, y entre las áreas que más
resultan afectadas sin duda está el incumplimiento de las obligaciones de
transparencia y el acceso a la información que tienen todas las dependencias
públicas hacia los ciudadanos.
En estos periodos de conflicto se generan los más variados
argumentos (por los incendios, movilizaciones, o por el cierre de oficinas,
entre los más frecuentes) para evadir las explicaciones y las solicitudes de
información. Pero en realidad, las dependencias siempre han sido opacas,
reacias a abrir la información, y lo único diferente es que en estos periodos
encuentran numerosos pretextos para no informar.Paradójicamente son tiempos en que la ciudadanía quiere saber más, tener más información del gobierno, para conocer la verdad histórica de los hechos.
Los datos que registra el sistema de recepción y respuesta de solicitudes de información Info-Guerrero, que opera el gobierno del estado, da una idea aproximada de esta inquietud ciudadana.
Del 1 de enero al 4 de diciembre de 2013, el sistema registró un total de 1,119 solicitudes de información, y entre las dependencias más requeridas destacó la Secretaría de Salud (15.8 por ciento de las solicitudes), la Secretaría de Finanzas y Administración (14.5 por ciento), la Secretaría General del Gobierno (11.5), la Fiscalía General del estado (11 por ciento) y la Contraloría General (2.9 por ciento).
En el mismo periodo del presente año, el número de solicitudes se incrementó a 1,517, destacando nuevamente la Secretaría de Salud (13.3 por ciento), la Fiscalía General del estado (11.2 por ciento), la Sefina (10.6 por ciento), la Secretaría de Seguridad Pública (8.7), la Secretaría General de Gobierno (7.5) y la Contraloría General del Estado con 4.6 por ciento de las solicitudes registradas.
Si se observa únicamente el último trimestre, del 15 de septiembre al 4 de diciembre del año pasado se presentaron 261 solicitudes de información, mientras en los dos meses y medio de conflicto en el presente año, la cifra se incrementó a 462 solicitudes.
Como puede observarse, en periodos de inconformidad social se incrementa la demanda de información de la ciudadanía, en este caso, la comparación entre los dos años da una diferencia de 35.5 por ciento. De manera específica en los dos últimos meses y medio, comparando los años 2013 y el actual, el incremento de solicitudes de información fue de 77 por ciento.
Si se observan las dependencias que fueron más requeridas en el último trimestre de 2014, destacan la Fiscalía General del estado (18.7 por ciento de las solicitudes de información en el periodo), la Sefina (10.6 por ciento), la Secretaría de Seguridad Pública (9.3 por ciento) y la Secretaría General del Gobierno (7.7 por ciento).
Los incendios
La desaparición de información y documentos por incendio es
un recurso conocido en Guerrero. No importa quién incendie los archivos,
siempre será un buen pretexto para ocultar información.Aún se recuerda aquel 7 de marzo de 2011, a unos días de que concluyera el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, cuando desconocidos entraron a las oficinas de la Secretaría de Salud y rociaran con gasolina varios archivos para después prenderles fuego.
La oficina afectada fue la Subsecretaría de Finanzas de los Servicios de Salud y del Seguro Popular, en donde se quemaron coincidentemente documentos de gasto, facturación y pagos a proveedores.
Comentarios como el de Misael Medrano Baza, ex dirigente del PRD en Guerrero, afirmaron que la quema de documentos tenía el claro propósito de borrar evidencias de los malos manejos de los recursos económicos que se destinan a la Secretaría de Salud.
A más de tres años de aquel episodio, no se sabe nada de los responsables ni de la información perdida por el incendio provocado.
Más recientemente, el 13 de octubre de este año, un grupo de manifestantes incendió varias oficinas del palacio de gobierno estatal. Sobre este hecho, y días después, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, Beatriz Mojica Morga, informó que el incendio generado en Palacio de Gobierno ocasionó que los expedientes de casi 10 mil becarios inscritos en el programa Becas Excelencia para Guerrero se perdieran en su totalidad al ser consumidos por el fuego.
Sin embargo, dio la alternativa de que para regularizar los archivos y evitar que se paralizara la operación del programa, se llevaría a cabo “un proceso de renovación emergente”, que permitirá integrar un expediente para cada estudiante, y “este proceso permitirá contar con los documentos base para programar el siguiente pago, correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2014”.
Fuera del reconocimiento de pérdida de información por la Sedesol, ninguna otra dependencia manifestó que hubiera sido afectada en sus archivos.
Otro hecho relacionado con incendios fue el que protagonizaron cinco personas en la madrugada del 20 de octubre, quienes prendieron fuego a las oficinas del programa Guerrero Cumple. Los encapuchados “sometieron al velador y lo encerraron en uno de los baños, posteriormente le prendieron fuego al equipo de cómputo y material de archivo”, informó la prensa al día siguiente.
La coordinadora general del programa, Mariana García Guillén, dijo que en el incendio solamente se dañaron los archivos que contienen los padrones de programas de apoyos para madres solteras y personas con discapacidad. Agregó que "Nosotros podemos trabajar con toda normalidad porque tenemos todo digitalizado; en realidad solamente se quemó papel y tendremos que imprimir, encarpetar nuevamente pero nada más. Solo se dañaron bienes materiales".
ITAG valida la reticencia
gubernamental
El
26 de octubre, la Contraloría General del Estado solicitó al ITAIG interrumpir
los plazos para la atención de solicitudes del sistema Info-Guerrero, así como
de los recursos de revisión, debido a los acontecimientos del incendio al
palacio de gobierno, y de manera particular, por “los daños materiales causados
a la infraestructura de las oficinas que ocupa la Contraloría General del
Estado, con sede en dicho edificio”. La Contraloría del estado no especificó sin embargo qué áreas fueron dañadas ni la cantidad y la calidad de la información afectada, tampoco mencionó nada sobre los plazos en que estaría en condiciones de reponer dicha información y ponerla disponible al público.
El ITAIG dio por bueno el argumento gubernamental y autorizó la suspensión de los tiempos no sólo para el caso de la Contraloría, sino de cualquier otra dependencia que lo justificara.
Para ello, emitió un acuerdo que dice: “No correrán los términos legales establecidos en la Ley (…), por cuanto hace a las solicitudes de información tramitadas mediante el sistema Info-Guerrero, lo anterior en virtud del estado de excepción que guardan en este momento las instalaciones del Gobierno Estatal y por ende el sistema Info-Guerrero.”
Y no obstante que las dependencias afectadas por los incendios u otros fenómenos son muy localizadas, y que el daño fue parcial en todo caso, el acuerdo del ITAIG no establece un tiempo perentorio para que la dependencias repongan la información ni señala qué oficinas podrán acogerse a esta suspensión ni cuánto tiempo estará vigente la medida.
Dice la argumentación del ITAIG que “tomando en consideración los hechos suscitados (…) como es del conocimiento público que los últimos días han sufrido daños materiales no tan solo el edificio de Palacio de Gobierno, sino diversas dependencias municipales, estatales y federales con sede en el estado de Guerrero, (…) se determinó que las solicitudes de información que se encuentren en trámite por medio del sistema Info-Guerrero ante los sujetos obligados afectados por los hechos señalados, no podrán ser atendidas y respondidas en los plazos establecidos por la ley (…)”.
Y agrega que la misma suerte correrán los “recursos de revisión que se encuentren en trámite ante este órgano garante, toda vez que por las limitantes de los sujetos obligados afectados por los multicitados hechos, no podrán substanciarse en los términos legales que establece la ley de la materia en comento”.
Es decir, sin menospreciar los daños que tuvieron algunas oficinas, en los hechos el ITAIG da manga ancha a la opacidad de las dependencias sin ningún tipo de restricción, suspendiendo el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Esta medida entró en vigor el 28 de octubre de 2014.
Ley de archivos
En Guerrero existe una ley que ha sido olvidada, nunca
puesta en práctica. Se trata de la Ley de Archivos Generales del Estado,
vigente desde el 1 de enero de 2009, que no opera porque a ninguna dependencia
le interesa o conviene documentar el ejercicio de gobierno, más bien al
contrario, se prefiere la destrucción de archivos al final de los gobierno para
borrar evidencias. Entre los objetivos de la ley de archivos están el “ordenamiento, preservación, uniformación, estudio y difusión de los documentos que constituyen el patrimonio, histórico, cultural y administrativo de las dependencias”.
Los recientes acontecimientos que destruyeron documentación gubernamental pusieron al descubierto, entre otros muchos asuntos, el nulo trabajo que deben realizar todas las dependencias públicas respecto de sus archivos.
También desnudó la ausencia del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Guerrero, que según la norma, se encargará de establecer las directrices necesarias para que las oficinas públicas adopten “acciones y procedimientos, métodos y mecanismos homogéneos y coordinados” en materia de archivos. Pero el sistema no se ha integrado.
La ley también menciona que se expedirá un reglamento durante los 120 días después de que fue aprobada la ley. Cabe destacar que se hizo la búsqueda del mencionado reglamento, y aún no existe, como tampoco a la fecha se ha nombrado a un director general del archivo general del estado.
Por esa razón, las más de 150 dependencias públicas que existen en el estado incumplen la fracción XII del artículo 13 de la Ley de transparencia, que las obliga a publicar “los instrumentos de consulta y control archivístico”.
La ley de transparencia es más explícita en el renglón de la conservación de los archivos. Dice por ejemplo, que “los responsables de los archivos elaborarán los instrumentos de consulta y control archivístico que propicien la organización, conservación y localización expedita de sus archivos”.
También establece que las dependencias públicas “realizarán programas de respaldo y migración de los documentos electrónicos, de acuerdo con sus recursos”.
Asimismo, las oficinas gubernamentales “adoptarán medidas y procedimientos técnicos que garanticen la conservación de la documentación y la seguridad de sus soportes”.
Todo lo anterior no lo han cumplido las dependencias públicas, y fue por ello que el ITAIG emitió una recomendación el 26 de noviembre de 2014 para recordarles lo que establece la ley.
El órgano garante expresa que “emite recomendación a cada uno de los sujetos obligados, a efecto de que, derivado de la obligación que tienen respecto de conservar la información, tomen las medidas precautorias pertinentes para garantizar su resguardo y protección.”
Asimismo establece que las dependencias públicas “que consideren que sus archivos han sido siniestrados” deberán someterse a un procedimiento para poder decretar que la información se ha perdido o ha quedado incompleta”.
No hay propuesta
de Ortega Martínez. En su plan de gobierno anunciado el 26 de noviembre, el
gobierno de Rogelio Ortega apenas se refiere a la transparencia en el ejercicio
de su gobierno. El punto número 21 dice “Transparentar el uso de los recursos
públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las
dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”.
Nada adicional ni nuevo que no contenga la ley de
transparencia. No se necesitan grandes recursos ni anuncios espectaculares para
hacer un gobierno transparente. Si quisiera, ya lo hubiera hecho.CARTAS (Dice el Itaig que no hay opacidad en la información pública ni descuido en la protección de datos personales tras los hechos de Iguala)
15 de diciembre de 2014, El Sur de Acapulco
Señor director:
Con el objeto de aclarar la información que se publicó en la página 40 de contraportada en la edición de este martes 9 de diciembre de 2014 del periódico El Sur, con el título “Transparencia e información en tiempos de crisis”, el pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, expresa su respeto y reconocimiento a la labor ética y profesional del ejercicio periodístico.
Se precisa lo siguiente:
1. Este Instituto ha venido actuando oportunamente para garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, a consecuencia de los hechos suscitados el 26 y 27 de septiembre del presente año en el municipio de Iguala de la Independencia. Lo anterior quedó demostrado con la recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado en donde se le exhortó para apegarse a los principios establecidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En dicho pronunciamiento emitido por este órgano garante se planteó la necesidad de que la información referente al caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se manejara en términos de lo enunciado en el considerando III de dicho instrumento internacional a fin de que se priorice en la obtención de la misma a los que tengan interés legítimo.
2. A raíz de los acontecimientos posteriores a estos hechos, que derivaron en manifestaciones provocando daños, siniestros de archivos y equipos de cómputo que contenían información pública; y a petición de algunos sujetos obligados, el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 30/2014, acordó suspender los plazos para el trámite de solicitudes de información, aplicando esta disposición sólo a las dependencias con residencia en el edificio del Palacio de Gobierno del estado de Guerrero.
3. En seguimiento al desarrollo de los sucesos antes descritos, y en virtud de que los archivos físicos y electrónicos en poder de los sujetos obligados han sido seriamente afectados; en sesión ordinaria número 34/2014 el Pleno del Itaig emitió una recomendación para ordenar a los sujetos obligados, los siguientes: a) serán inspeccionados en el lugar de los siniestros se certificará y dará fe en su caso y b) deberán presentar denuncia de hechos.
A la par de estas acciones se instruyó la adopción de medidas precautorias para garantizar el resguardo y protección de la información, ante cualquier contingencia presente o futura.
Sin embargo el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 35/2014 acordó que los sujetos
Se precisa lo siguiente:
1. Este Instituto ha venido actuando oportunamente para garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, a consecuencia de los hechos suscitados el 26 y 27 de septiembre del presente año en el municipio de Iguala de la Independencia. Lo anterior quedó demostrado con la recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado en donde se le exhortó para apegarse a los principios establecidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En dicho pronunciamiento emitido por este órgano garante se planteó la necesidad de que la información referente al caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se manejara en términos de lo enunciado en el considerando III de dicho instrumento internacional a fin de que se priorice en la obtención de la misma a los que tengan interés legítimo.
2. A raíz de los acontecimientos posteriores a estos hechos, que derivaron en manifestaciones provocando daños, siniestros de archivos y equipos de cómputo que contenían información pública; y a petición de algunos sujetos obligados, el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 30/2014, acordó suspender los plazos para el trámite de solicitudes de información, aplicando esta disposición sólo a las dependencias con residencia en el edificio del Palacio de Gobierno del estado de Guerrero.
3. En seguimiento al desarrollo de los sucesos antes descritos, y en virtud de que los archivos físicos y electrónicos en poder de los sujetos obligados han sido seriamente afectados; en sesión ordinaria número 34/2014 el Pleno del Itaig emitió una recomendación para ordenar a los sujetos obligados, los siguientes: a) serán inspeccionados en el lugar de los siniestros se certificará y dará fe en su caso y b) deberán presentar denuncia de hechos.
A la par de estas acciones se instruyó la adopción de medidas precautorias para garantizar el resguardo y protección de la información, ante cualquier contingencia presente o futura.
Sin embargo el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 35/2014 acordó que los sujetos
obligados deberán atender con normalidad las solicitudes de los ciudadanos, a excepción de aquellos que hayan cumplido con el considerando IV de la recomendación del 26 de noviembre del presente año.
En relación al argumento de la nota en el sentido de que no se estableció tiempo perentorio ni vigencia de la medida suspensiva de los términos legales, manifestamos que sí fue previsto en el acuerdo de fecha 28 de octubre, a grado tal que fue incorporada en el texto del documento la posibilidad de revocación, hecho que quedó expresado en la leyenda: “salvo acuerdo en contrario”.
Asimismo, en concordancia a lo señalado de que los sujetos obligados no atenderán ni responderán en los plazos establecidos, manifestamos que los alcances del citado acuerdo sólo contemplaban a los sujetos obligados con sede en el edificio del Palacio de Gobierno, no así al resto de las dependencias estatales, disposición que fue revocada en forma tácita al emitirse la recomendación del 26 de noviembre del presente año.
En virtud de lo anterior, en ningún caso el Itaig dio por bueno el argumento gubernamental; porque fue evidente y público el incendio a las instalaciones del Palacio de Gobierno y tampoco autorizó la suspensión de los términos indefinidamente, toda vez que como se ha establecido, en primer lugar la suspensión únicamente aplicaba a los sujetos obligados con sede en dichas instalaciones y por otro lado con la recomendación del 26 de noviembre se dejó sin efecto la suspensión de términos.
Por último se reitera que las manifestaciones vertidas en la nota en comento son inexactas, toda vez que el Itaig, bajo ninguna circunstancia ha dado ni dará manga ancha a la opacidad en el manejo de la información, en virtud de que los acuerdos y recomendaciones emitidos por este órgano garante, se realizaron precisamente para salvaguardar los archivos que contienen información y evitar que el derecho de acceso a la información pudiera vulnerarse.
En relación al argumento de la nota en el sentido de que no se estableció tiempo perentorio ni vigencia de la medida suspensiva de los términos legales, manifestamos que sí fue previsto en el acuerdo de fecha 28 de octubre, a grado tal que fue incorporada en el texto del documento la posibilidad de revocación, hecho que quedó expresado en la leyenda: “salvo acuerdo en contrario”.
Asimismo, en concordancia a lo señalado de que los sujetos obligados no atenderán ni responderán en los plazos establecidos, manifestamos que los alcances del citado acuerdo sólo contemplaban a los sujetos obligados con sede en el edificio del Palacio de Gobierno, no así al resto de las dependencias estatales, disposición que fue revocada en forma tácita al emitirse la recomendación del 26 de noviembre del presente año.
En virtud de lo anterior, en ningún caso el Itaig dio por bueno el argumento gubernamental; porque fue evidente y público el incendio a las instalaciones del Palacio de Gobierno y tampoco autorizó la suspensión de los términos indefinidamente, toda vez que como se ha establecido, en primer lugar la suspensión únicamente aplicaba a los sujetos obligados con sede en dichas instalaciones y por otro lado con la recomendación del 26 de noviembre se dejó sin efecto la suspensión de términos.
Por último se reitera que las manifestaciones vertidas en la nota en comento son inexactas, toda vez que el Itaig, bajo ninguna circunstancia ha dado ni dará manga ancha a la opacidad en el manejo de la información, en virtud de que los acuerdos y recomendaciones emitidos por este órgano garante, se realizaron precisamente para salvaguardar los archivos que contienen información y evitar que el derecho de acceso a la información pudiera vulnerarse.
Atentamente
Lic. Jesús Ortiz Sotelo
Secretario ejecutivo
Secretario ejecutivo
Nota de la Redacción
El Itaig se refiere a la columna Guerrero Transparente cuyo autor es el experto en la materia Marco Méndez Lara. No entendemos por qué ese organismo oculta esa información básica, lo cual constituye una falta de respeto.
Respuesta al ITAIG
16 de diciembre de 2014, El Sur de Acapulco
Señor director:
El día de ayer, el Lic. Jesús Ortiz Sotelo, secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero, publicó en este diario un texto que hace referencia a mi columna Monitor de Guerrero, publicada el 9 de diciembre de este año. Al respecto, comento lo siguiente:
El Itaig emitió tres acuerdos en las últimas semanas –a propósito de la destrucción de información por las movilizaciones recientes–, que por sus contenidos, parece que han servido para auto corregirse decisiones poco afortunadas, o por lo menos que se tomaron de manera precipitada.
El primer acuerdo se refiere a la suspensión de los plazos que establece la ley de transparencia para atender solicitudes de información y recursos de revisión. Dice el acuerdo de la sesión ordinaria número 30/2014, del 28 de octubre que “no correrán los términos legales establecidos en la ley (…) por cuanto hace a las solicitudes de información tramitadas mediante el sistema Info-Guerrero, ante los sujetos obligados que tengan residencia en el edificio del Palacio de Gobierno”.
Excepto por un dato del que reconozco faltó precisión (decir que el acuerdo del Itaig se aplicaría a cualquier dependencia que lo justificara, y no sólo a aquellas ubicadas en el Palacio de Gobierno, como dice el acuerdo) sostengo todas las demás ideas que incluí en mi argumentación.
En ese acuerdo, el pleno del Itaig no expresó criterios precisos que delimitaran la suspensión de los plazos para el trámite de solicitudes de información, y las preguntas que formulé en su momento siguen vigentes: ¿cuáles son esas dependencias que pueden suspender el trámite?, porque es claro que sólo unas pocas sufrieron daños. ¿Cuál es la información que resultó afectada?, porque la pérdida de información fue parcial, y ¿cuánto tiempo estará vigente esta medida?
El texto del Itaig menciona que sí estableció un plazo de vigencia de la medida, ya que “fue incorporada en el texto del documento la posibilidad de revocación, hecho que quedó expresado en la leyenda: ‘salvo acuerdo en contrario’”. No cabe duda que entendemos de manera muy diferente la frase de “establecer un plazo de vigencia al acuerdo”.
El segundo acuerdo (sesión ordinaria número 34/2014, del 26 de noviembre) se refiere a una recomendación a las dependencias públicas para que tomen las medidas precautorias pertinentes que garanticen el resguardo y la protección de sus archivos. También menciona que las dependencias públicas que consideren que sus archivos han sido afectados, deberán someterse a un procedimiento para “decretar” que la información se ha perdido o ha quedado incompleta. No dice absolutamente nada de que queda sin efecto el acuerdo 30/2014, sobre la suspensión de los plazos para atender las solicitudes de información.
Sin embargo, el Itaig afirma que los lectores de este acuerdo deben sobrentender que la suspensión de los plazos establecidos para tener acceso a la información queda sin efecto, porque el acuerdo de la sesión ordinaria número 34/2014 lo dice de manera “tácita”.
Finalmente, hay un tercer acuerdo no conocido públicamente, pero que si existe, terminará con esta polémica. Dice el secretario ejecutivo del Itaig que “el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 35/2014 acordó que los sujetos obligados deberán atender con normalidad las solicitudes de los ciudadanos, a excepción de aquellos que hayan cumplido con el considerando IV de la recomendación del 26 de noviembre del presente año”.
Es decir, con este acuerdo se revoca, ahora sí, el acuerdo relativo a la suspensión de los plazos para la atención de solicitudes de información, que los consejeros del Itaig tomaron sin mucho cuidado el 28 de octubre.
Sin embargo, no hay ninguna evidencia pública de que se realizó una sesión para tomar dicho acuerdo, por lo menos no encontramos nada en sus tweets, ni en su facebook, ni en su sección de acuerdos, ni en la de actas; tampoco en el área comunicación social se publicaron fotos o boletines de prensa de esa reunión, como sí existe evidencia de otros acuerdos.
Extraña que un acuerdo tan importante como éste, no se haya dado a conocer al público. Esperemos que hoy lo suban y la gente pueda conocer que los plazos para atender una solicitud de información han sido reestablecidos.
El Itaig emitió tres acuerdos en las últimas semanas –a propósito de la destrucción de información por las movilizaciones recientes–, que por sus contenidos, parece que han servido para auto corregirse decisiones poco afortunadas, o por lo menos que se tomaron de manera precipitada.
El primer acuerdo se refiere a la suspensión de los plazos que establece la ley de transparencia para atender solicitudes de información y recursos de revisión. Dice el acuerdo de la sesión ordinaria número 30/2014, del 28 de octubre que “no correrán los términos legales establecidos en la ley (…) por cuanto hace a las solicitudes de información tramitadas mediante el sistema Info-Guerrero, ante los sujetos obligados que tengan residencia en el edificio del Palacio de Gobierno”.
Excepto por un dato del que reconozco faltó precisión (decir que el acuerdo del Itaig se aplicaría a cualquier dependencia que lo justificara, y no sólo a aquellas ubicadas en el Palacio de Gobierno, como dice el acuerdo) sostengo todas las demás ideas que incluí en mi argumentación.
En ese acuerdo, el pleno del Itaig no expresó criterios precisos que delimitaran la suspensión de los plazos para el trámite de solicitudes de información, y las preguntas que formulé en su momento siguen vigentes: ¿cuáles son esas dependencias que pueden suspender el trámite?, porque es claro que sólo unas pocas sufrieron daños. ¿Cuál es la información que resultó afectada?, porque la pérdida de información fue parcial, y ¿cuánto tiempo estará vigente esta medida?
El texto del Itaig menciona que sí estableció un plazo de vigencia de la medida, ya que “fue incorporada en el texto del documento la posibilidad de revocación, hecho que quedó expresado en la leyenda: ‘salvo acuerdo en contrario’”. No cabe duda que entendemos de manera muy diferente la frase de “establecer un plazo de vigencia al acuerdo”.
El segundo acuerdo (sesión ordinaria número 34/2014, del 26 de noviembre) se refiere a una recomendación a las dependencias públicas para que tomen las medidas precautorias pertinentes que garanticen el resguardo y la protección de sus archivos. También menciona que las dependencias públicas que consideren que sus archivos han sido afectados, deberán someterse a un procedimiento para “decretar” que la información se ha perdido o ha quedado incompleta. No dice absolutamente nada de que queda sin efecto el acuerdo 30/2014, sobre la suspensión de los plazos para atender las solicitudes de información.
Sin embargo, el Itaig afirma que los lectores de este acuerdo deben sobrentender que la suspensión de los plazos establecidos para tener acceso a la información queda sin efecto, porque el acuerdo de la sesión ordinaria número 34/2014 lo dice de manera “tácita”.
Finalmente, hay un tercer acuerdo no conocido públicamente, pero que si existe, terminará con esta polémica. Dice el secretario ejecutivo del Itaig que “el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 35/2014 acordó que los sujetos obligados deberán atender con normalidad las solicitudes de los ciudadanos, a excepción de aquellos que hayan cumplido con el considerando IV de la recomendación del 26 de noviembre del presente año”.
Es decir, con este acuerdo se revoca, ahora sí, el acuerdo relativo a la suspensión de los plazos para la atención de solicitudes de información, que los consejeros del Itaig tomaron sin mucho cuidado el 28 de octubre.
Sin embargo, no hay ninguna evidencia pública de que se realizó una sesión para tomar dicho acuerdo, por lo menos no encontramos nada en sus tweets, ni en su facebook, ni en su sección de acuerdos, ni en la de actas; tampoco en el área comunicación social se publicaron fotos o boletines de prensa de esa reunión, como sí existe evidencia de otros acuerdos.
Extraña que un acuerdo tan importante como éste, no se haya dado a conocer al público. Esperemos que hoy lo suban y la gente pueda conocer que los plazos para atender una solicitud de información han sido reestablecidos.
Marcos Méndez Lara
