Ayuntamientos se van en la opacidad

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

El 29 de septiembre se despide otra generación de ayuntamientos caracterizada –la gran mayoría– por su opacidad e incumplimiento a la Ley de Transparencia. Casi todos fueron gobiernos que no cumplieron con sus obligaciones de transparencia ni tampoco dieron atención puntual y sin restricciones a las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos. Pero también es otra camada de ayuntamientos que se va impune, sin un rasguño por no cumplir la ley.
Para tener evidencia documental de lo que afirmamos y medir el último tramo de los ayuntamientos, enviamos 81 solicitudes de información, a través de la plataforma nacional de transparencia, para conocer información acerca de sus unidades de transparencia, aquellas áreas administrativas que todas las dependencias públicas deben integrar por ley para la gestión de solicitudes de información.
Presentamos también un segundo paquete de 81 requerimientos de información para que los ayuntamientos nos proporcionaran datos acerca de la integración de sus comités de transparencia, otra de las áreas que de acuerdo con la norma deben existir tanto en los ayuntamientos como en cualquier otra institución gubernamental.
Este ejercicio ciudadano tuvo dos propósitos: por un lado, indagar sobre el nivel de atención que prestan los ayuntamientos a las solicitudes de información de los ciudadanos, y el segundo, propiamente saber qué está pasando con dos de las áreas clave para la gestión de información en las estructuras municipales (unidades y comités de transparencia), que además nos permitieron contar con un diagnóstico sobre cómo está abordando este orden de gobierno la institucionalización de áreas y procedimientos que establece la ley, como componentes imprescindibles para el desarrollo de la transparencia en el estado. Estos fueron los resultados.
Desatención a solicitudes
Lo primero que destaca de este ejercicio el alto porcentaje de ayuntamientos que no respondieron a las solicitudes de información, o bien, entregaron información parcial. Los gobiernos municipales que no respondieron en tiempo y forma a la primera solicitud referente a las unidades de transparencia, alcanzaron 49.3 por ciento del total, 5 por ciento respondió pero no adjuntó ningún archivo, y 3 por ciento entregó información parcial o dijo que se trataba de información confidencial. En total, 56.8 por ciento de los ayuntamientos de Guerrero no respondió a satisfacción a este requerimiento.
Respecto al segundo paquete de solicitudes sobre los comités de transparencia, el 54 por ciento de los ayuntamientos no respondieron, mientras que 10 por ciento respondió de manera parcial y cuatro por ciento contestó, pero no agregó en su respuesta ninguna información, además de que uno por ciento entregó información que no corresponde. Es decir, un total de 68.7 por ciento de los gobiernos municipales guerrerenses no respondieron o no entregaron información a satisfacción.
Esta tendencia de no atender solicitudes de información es muy grave a estas alturas de la puesta en marcha del sistema nacional de transparencia. Los ayuntamientos, cuyas autoridades asumieron el último trimestre de 2015, vivieron y conocieron muy de cerca el proceso de construcción del sistema nacional de transparencia, ya que desde 2016 recibieron capacitación e información sobre las nuevas normas y sus obligaciones de transparencia y acceso a la información de parte de los órganos garantes de la transparencia nacional y local. De ahí la gravedad en relación con el bajo nivel de atención a las solicitudes de información.
Cuando iniciaron estas administraciones municipales (2015-2018) también presentamos solicitudes de información, como una forma de activar los mecanismos de gestión de información que se inauguraban dentro de los ayuntamientos con las nuevas normas. En aquel entonces presentamos 68 solicitudes porque 13 municipios ni siquiera se habían incorporado a la plataforma nacional de transparencia. De esas 68 solicitudes presentadas, sólo 37 ayuntamientos respondieron, es decir, un alarmante 45 por ciento desatendieron las peticiones de acceso a la información (ver Monitor de Guerrero del 22 de noviembre de 2016).
Y aunque parezca increíble, a la fecha 10 ayuntamientos aún no entregan la información solicitada en octubre de 2016, que consistió en la entrega de su primer informe de gobierno; de ese tamaño está la desatención a las solicitudes de información.
Unidades de transparencia
A finales de mayo y principios de junio de 2018 presentamos 81 solicitudes de información solicitando datos sobre las unidades de transparencia de los ayuntamientos, específicamente la fecha de designación del titular de la unidad, su currículo, el número de personas que trabajan en la unidad y las funciones que realizan. En total obtuvimos, al 20 de septiembre de 2018, 47 respuestas de los ayuntamientos, incluyendo 13 entregas extemporáneas, como reacción a recursos de revisión.
En general, la información que los ayuntamientos nos proporcionaron revela graves fallas en el funcionamiento de las unidades de transparencia, que si bien son nuevas en las estructuras municipales, también son básicas para la gestión de información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los gobiernos municipales.
Por ejemplo, sólo seis ayuntamientos nombraron a su titular de transparencia en el primer trimestre de la administración municipal; 19 lo hicieron durante 2016, y otros 13 lo nombraron en 2017. Sobresalen cuatro ayuntamientos que hicieron sus designaciones hasta el presente año, es decir, a unos meses de que concluyera su periodo de gobierno. Estas cifras muestran que los alcaldes y los cabildos municipales no se tomaron muy en serio la adopción de la política nacional de transparencia y en la mayoría de los casos retrasaron el nombramiento de esta importante figura.
Aunque la mayoría de los gobiernos cumplió con la norma al designar a una persona con estudios de nivel superior –solo tres tienen nivel bachillerato–, predominan perfiles de licenciatura en Derecho (nueve casos), Informática (ocho) y Contaduría (seis), pero prácticamente ninguno tiene experiencia en temas de transparencia y rendición de cuentas. Sólo se registraron cuatro casos de personas que han trabajado en administraciones municipales previas en puesto como contraloría interna, asesoría jurídica y tesorería municipal; y destacan dos personas que sí cuentan con experiencia en el funcionamiento de unidades de transparencia (Eduardo Neri y Atenango).
Respecto del número de personas empleada en estas áreas, en la mayoría de las unidades sólo trabaja una persona, el titular, pero hay casos extraños en donde trabajan hasta 12 empleados (Chilpancingo), nueve (Cualác), cuatro (Ixcateopan) y tres (San Marcos).
Al 24 de septiembre, aún quedan pendientes 34 ayuntamientos de Guerrero de entregar su información sobre sus unidades de transparencia, la mayoría de los cuales tienen en su contra un recurso de revisión porque hicieron caso omiso a la solicitud de información que les hicimos.
Comités de transparencia
También presentamos solicitudes de información ante los 81 ayuntamientos para solicitar los nombres y cargos de los integrantes del comité de transparencia, los criterios y el procedimiento para la designación de los integrantes ciudadanos de dicho comité, y todas las actas de las reuniones del comité realizadas hasta la fecha.
Para este paquete de solicitudes obtuvimos 33 respuestas, que incluyen 25 ayuntamientos que entregaron información en tiempo y forma, así como ocho extemporáneas, como resultado de recursos de revisión ante el Itaigro.
La mayoría de ayuntamientos que respondieron, integraron sus comités de transparencia en 2016 y 2017, aunque se observa que sólo hay una intención de cumplir formalmente la integración del comité porque así se los exige la ley, y no tanto porque busquen desarrollar buenas prácticas de transparencia dentro del ayuntamiento.
En muchos casos no hay actas de instalación ni de las sesiones que permitan observar el inicio de actividades relativas a la transparencia. Por ejemplo, en 19 de los 33 ayuntamientos que sí respondieron, éstos afirmaron que no han realizado reuniones del comité de transparencia, por lo que se puede afirmar que ahí no se ha iniciado la institucionalización municipal de la política nacional de transparencia y acceso a la información.
En otro tema, la ley dice que en los municipios se integrarán tres ciudadanos distinguidos como parte del comité de transparencia. Al respecto, la mayoría de las veces, los ayuntamientos no respondieron a esta cuestión, es decir, no explicaron de qué manera fueron elegidos los ciudadanos y con qué criterios para formar parte del comité. Se deduce de las respuestas que la mayoría fueron designados mediante aprobación del cabildo luego de una invitación directa. Muy pocos dijeron que emitieron una convocatoria abierta, aunque no detallan en qué medios se promocionó ni la manera específica en que fueron elegidos. Otros afirmaron que invitaron a ciudadanos en las comisarías, incluso algunos incluyeron a representantes de comisarios o delegados municipales.
Pero la gran mayoría de ayuntamientos dice que cumplió con lo que dice la ley al incluir a “tres ciudadanos distinguidos”, aunque no hay evidencias que demuestren que no fueron integradas personas cercanas al alcalde o a funcionarios del ayuntamiento.
Sea como fuere, este tema será cada vez más relevante conforme se fortalezca la institucionalización de los comités de transparencia en los ayuntamientos, ya que la voz de los ciudadanos debe jugar un papel relevante en la rendición de cuentas en estas demarcaciones y por lo tanto será fundamental que en dichos comités se integren ciudadanos independientes de los funcionarios del gobierno municipal y con conocimientos de los temas que se tratan en los comités. Es un proceso que debe fortalecerse con los ayuntamientos que tomarán posesión en los próximos días.
Qué se trata en las sesiones
Dentro de lo poco rescatable se puede contar que hay comités de transparencia que sí están cumpliendo con su función. Por ejemplo, y tomando como base las actas de estos comités que nos entregaron algunos ayuntamientos, en los municipios de Acapulco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez, Eduardo Neri, San Marcos y Tixtla se observó que los integrantes de esos comités sí discuten y analizan temas de transparencia.
Varios comités se enfocaron en el análisis de solicitudes de información, otros trataron los avances en la publicación de información en la plataforma nacional de transparencia, información sobre recursos de revisión y sólo uno sobre programas de transparencia y participación ciudadana que maneja el ayuntamiento.
Uno de los temas que destacaron fue la clasificación de información como reservada o confidencial, especialmente en el rubro de la publicación de los salarios de los servidores públicos y de datos relativos a la obra pública, con el argumento de la inseguridad. En este asunto, se observa una clara intención de los presidentes municipales y sus funcionarios por lograr que se apruebe la clasificación dentro del comité de transparencia, propósito que lograron en todos los casos.
De este paquete de 81 solicitudes de información quedó pendiente la respuesta de 48 ayuntamientos, los cuales todos tienen un recurso de revisión en su contra. Será interesante saber qué sucederá con estos incumplimientos, ya que si bien la solicitud se hizo al ayuntamiento todavía en funciones y de manera institucional cualquiera de los dos gobiernos –entrante o saliente– debe atenderla, según los tiempos, también es cierto que tratándose de sanciones, éstas se aplican a funcionarios en particular y en este caso, los responsables de las irregularidades ya no estarán laborando.
Estas dos figuras municipales, las unidades y comités de transparencia, merecen un seguimiento puntual en los ayuntamientos entrantes, pues son la base de la institucionalización de las prácticas de transparencia y de la política nacional. Tanto las nuevas administraciones –que deben habilitarlas de inmediato– como el órgano garante –que debe instrumentar un programa de capacitación también en el corto plazo–, tienen la misión de cumplir con esta responsabilidad, de lo contrario comenzaremos a escuchar nueva y abundantemente los discursos de simulación.
Escúchenos mañana 26 de septiembre en Monitor de Guerrero Radio, a las 10:00 horas, en Digital 106.3 FM en Chilpancingo, o en el sitio www.consentidosocialac.com Tendremos una entrevista con el auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta.

Temas para una agenda legislativa en transparencia

Marcos Méndez Lara
El Sur, periódico de Guerrero

Uno de los temas que se mencionaron con mayor insistencia durante la reciente campaña electoral fue el combate a la corrupción. De acuerdo con una encuesta de El Financiero, aplicada entre el 24 y 28 de mayo de 2018, los temas que más importaban al electorado de cara a los comicios eran la economía (29 por ciento), la inseguridad (27 por ciento), la corrupción (21 por ciento) y la pobreza (21 por ciento).
La corrupción es una preocupación generalizada que debe prevenirse, combatirse y sancionarse con acciones efectivas; es un mensaje claro que dejaron las elecciones. Si bien, está en proceso la construcción de los sistemas nacional y estatal anticorrupción en Guerrero, sus resultados se verán en el mediano y largo plazos, pues aunque ya se cuenta con un marco normativo, su implementación será lenta y además no estará exenta de errores, inercias institucionales y obstáculos de todo tipo, como sucede con todas las nuevas políticas públicas que buscan cambios estructurales en la administración pública.
En el Congreso del estado, esta preocupación por el combate a la corrupción ya se incorporó a los discursos de por lo menos dos diputados locales, coordinadores de sus respectivas fracciones parlamentarias; hacer efectivos estos pronunciamientos con acciones concretas, es el gran desafío.
Héctor Apreza Patrón destacó que para los legisladores priistas el combate a la corrupción y la rendición de cuentas serán prioridad de la agenda legislativa de ese partido. También subrayó que la austeridad y la racionalidad del gasto público, “es algo que particularmente hemos venido defendiendo desde hace tiempo”. (Vértice, 4 de septiembre 2018).
Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, explicó que legislarán políticas de austeridad republicana, en congruencia con el mandato del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a efecto de “terminar con la dilapidación de recursos públicos”. También dijo que uno de los puntos de la agenda de Morena es legislar una ley reglamentaria del artículo 127, sobre salarios en Guerrero, para regularizar las percepciones no sólo de los diputados sino de los funcionarios de los tres poderes del estado. Sandoval Ballesteros añadió que la mayor parte de los gastos de los diputados se desconocen, “necesitamos hacerlos transparentes, hay una gran opacidad, hay mucho más que no se conoce.” (El Sur, 28 de agosto de 2018).
Hay pues un principio de acuerdo entre las dos fracciones parlamentarias más grandes del Congreso del estado. Pero su intención debe traducirse en mecanismos que realmente contribuyan a disminuir la corrupción.
Reglas para los gastos de “ayudas sociales”
Uno de los capítulos que ocupan mayor presupuesto público en el Congreso del estado es el 4000 denominado “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, y específicamente el concepto de “ayudas sociales”. En los últimos tres años, este concepto representó alrededor de 50 por ciento del gasto total del Congreso y las partidas que ampara propiamente no corresponden con las funciones del poder Legislativo, ya que son “asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales”.
Pero quizás esa no sea su mayor irregularidad, sino la opacidad y total discrecionalidad con que se ejercen estos recursos. Públicamente nadie sabe en qué se gastan, cuánto recibe cada diputado, quiénes los distribuye ni cómo se comprueban. Se trata de una caja negra que ha utilizado el Congreso durante muchos años y que ha sido una gran fuente de corrupción en el estado, ya que lo mismo se emplean para gastos personales de los diputados que para construir clientelismos políticos.
En varias entregas de Monitor de Guerrero dimos cuenta de las irregularidades del ejercicio de estos conceptos de gasto (1 de octubre de 2013, 4 de agosto de 2015 y 3 de julio de 2018).
Para dar una idea del tamaño del despilfarro, en el documento Clasificación por objeto de gasto del ejercicio 2015, al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se le destinaron 239 millones de pesos, específicamente al capítulo de subsidios y subvenciones. Si se compara con el total modificado del Congreso al 31 de diciembre de 2015 por 525.6 millones de pesos, la relación es de 45.4 por ciento.
En el caso del ejercicio 2016, el total de ingresos del órgano legislativo fue de 543.5 millones de pesos, y al concepto de “Ayudas sociales” le destinaron 271.6 millones, es decir, el 50 por ciento del total. Mientras en 2017, con un total de ingresos por 542.7 millones, las ayudas sociales fueron del orden de 258.9 millones de pesos, equivalentes a 47.7 por ciento.
En lo que va del ejercicio de 2018, al 30 de junio se tenía un presupuesto total modificado del Congreso de 572.6 millones de pesos, y los gastos en el concepto de ayudas sociales a esa fecha eran por 145.4 millones, pero se tenía programado ejercer 236.2 millones durante todo el año. Es decir, a los diputados entrantes les corresponde ejercer una parte de esos recursos, pues al 30 de junio se tenían programados todavía 90.8 millones.
La agenda de la LXII Legislatura debe incluir la definición de si es pertinente o no que los diputados ejerzan estos recursos, pues también existe la opción de destinarlos directamente a un programa de desarrollo social fuera del Congreso. En caso de que continúen ejerciéndolos, se requieren reglas de operación claras para orientar el gasto de “ayudas sociales” a proyectos productivos y de desarrollo social, preferentemente colectivos, con indicadores de resultados. También se definirán los criterios para su asignación, la población beneficiaria, los procedimientos para acceder a ellos y desde luego, el ejercicio de estos recursos debe ser totalmente transparente, en congruencia con una de las preocupaciones manifestadas en la jornada electoral pasada: el combate a la corrupción.
A diferencia de otros programas sociales del estado, los diputados deben incluir a la ciudadanía en la vigilancia de estos recursos por medio de mecanismos efectivos de participación -no simulados- como contralorías sociales, testigos sociales u observatorios ciudadanos. Así se construye legitimidad ante los ojos de la sociedad.
Gastos de comunicación social
Al igual que en otras entidades gubernamentales de Guerrero, los gastos de comunicación social en el Congreso se realizan en completa opacidad y con total discrecionalidad. No cuenta este órgano legislativo con reglas respecto de la distribución del gasto de comunicación, ni tampoco con criterios para asignarlo con equidad a los diferentes medios.
Tan sólo en el ejercicio 2015, según la clasificación por objeto de gasto de la cuenta pública del Congreso, se gastaron 12.6 millones de pesos. En su primer año, la LXI Legislatura incrementó a 16.7 millones el gasto, y al año siguiente se gastaron 17 millones. Finalmente, en el ejercicio 2018 se presupuestaron 16.5 millones de pesos en gastos de comunicación social y publicidad.
Para justificar la opacidad en la asignación de recursos públicos a los medios y reporteros, el Congreso incluye en la plataforma nacional de transparencia el enunciado de que “La estrategia de comunicación social del Congreso del estado de Guerrero se lleva a cabo a través de la página oficial y en redes sociales, por lo que no se presupuestan recursos para la ejecución de campañas de publicidad”. Sin embargo, ese dato es falso, ya que en la misma pnt, el Congreso publica su programa operativo anual en donde incluye un rubro denominado “Renovación de contratos con medios locales y estatales”, amén de que el reportero Ezequiel Flores, basado en datos oficiales, documenta la entrega de recursos públicos a empresas y reporteros (Proceso, 19 de agosto de 2018).
Reglamentar con criterios y normas claras la asignación del gasto en comunicación social es una de las áreas que requiere urgente atención, ya que la discrecionalidad en la distribución de este tipo de recursos daña la libertad de expresión al privilegiarse a medios de comunicación “amigos” o que no ejercen la crítica y el análisis de los hechos y el desempeño de los gobernantes con la única intención de procurarse parte de este gasto público.
Otros temas
Hay otros temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que requieren el seguimiento y el posicionamiento del Congreso, a efecto de que se destraben, no se estanquen o continúen un desarrollo fluido.
En el proceso de construcción del sistema estatal anticorrupción, la LXII Legislatura debe incluir en su agenda el seguimiento y la vigilancia de todos los procedimientos pendientes para conformar el sistema. Por ejemplo, está en puerta la designación del Comité de Participación Ciudadana, que es clave para el funcionamiento del sistema, y los legisladores harían bien en vigilar -aunque a la Legislatura ya no le corresponde designarlos- que se integre realmente por ciudadanos con conocimiento sobre el tema, a efecto de romper ese tradicional esquema de designar personas cercanas a los gobiernos que aún predomina en el estado.
Se espera también que vicios e inercias de algunas dependencias que forman parte del sistema empantanen su funcionamiento, por lo que el Congreso, por tratarse de un tema de interés público, debe permanecer vigilante y pronunciarse y contribuir a que sus actividades sean fluidas.
Otro tema relevante es el del subsistema estatal de transparencia, que no termina de cuajar. Amén de que aún predomina el incumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la ley en la materia en la mayoría de las dependencias púbicas del estado, hay un inadmisible cuello de botella que impide el desarrollo de la transparencia en la entidad: no hay sanciones para los infractores de la ley. Este asunto se los hemos planteado públicamente al gobernador del estado -de quien depende la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina)- y a los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), pero no se observa ninguna respuesta.
Asimismo, a la Sefina le corresponde la publicación de la información financiera de todas las dependencias del Ejecutivo, sin embargo, para evadir la difusión de información clave para el seguimiento del ejercicio de los recursos, la dependencia clasificó gran parte de los datos relevantes por medio de un acuerdo de su comité de transparencia del 30 de junio de 2016.
El Congreso del estado debe exhortar al Ejecutivo del estado a publicar información para saber de qué manera se están ejerciendo los recursos públicos, desde los indicadores de resultados y de interés público -aunque la dependencia diga que no le aplica esta fracción de la ley- hasta las remuneraciones de los servidores públicos, pasando por los gastos de comunicación social -donde no se publica ninguna información- resultados de auditoría –donde colocan hipervínculos que no corresponden– e información sobre procesos y resultados de adjudicaciones, invitaciones y licitaciones, que son procedimientos donde específicamente se presumen actos de corrupción.
Pero también los legisladores guerrerenses deben proponer una gran cruzada por la transparencia a efecto de contribuir a que todos los sujetos obligados, especialmente los ayuntamientos, cumplan con sus obligaciones de la ley 207 de transparencia, pero también para que promuevan entre la sociedad el uso de la información gubernamental. Y desde luego, exhortar a la Sefina y al Itaigro a que destraben el tema de las sanciones a quienes no cumplan con la ley de transparencia.
Finalmente está pendiente el tema del bajo presupuesto asignado al Itaigro. No obstante que en los dos últimos años aumentaron significativamente las cargas de trabajo del instituto, por las nuevas funciones que le toca desempeñar derivadas de la Ley General de Transparencia, su presupuesto ha mostrado una tendencia incrementalista, que no permite a los comisionados atender temas tan relevantes como la promoción de la cultura de la transparencia o la utilidad social de la información entre la ciudadanía, por ejemplo.
Pero a la par de un aumento a su presupuesto, también es necesario que el instituto defina, junto con su consejo consultivo, sus programas prioritarios con indicadores de resultados que den cuenta del impacto de sus acciones. Son éstos algunos de los temas que me parece deben ser parte de los trabajos del Legislativo.
Hacemos la invitación para que nos escuchen en el 106.3 de FM en el programa Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas; todos los miércoles a las 10:00 horas. También pueden sintonizarnos en el sitio www.consentidosocialac.com

Lamentable desempeño del Congreso en legislación de transparencia

Marcos Méndez Lara
El Sur, Periódico de Guerrero

Con qué adjetivo pasarán a la historia los diputados y diputadas de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Guerrero? ¿Fueron contrapeso o comparsa de los otros poderes? ¿Especialmente con el Ejecutivo cómo fue su desempeño?
En los dos últimos meses de la Legislatura, los diputados trabajaron a marchas forzadas, tal vez como nunca en todo el trienio (2015-2018), pero con una carga de cuestionamientos y dudas, que muy probablemente marcarán sus trayectorias. Su desempeño legislativo en materia de transparencia y rendición de cuentas es ilustrativo.
Habían tenido un mediano desempeño cuando aprobaron las leyes de transparencia (mayo de 2016) y las que permitirán la construcción del sistema estatal anticorrupción (julio de 2017), todas en tiempo y con la ausencia de cuestionamientos significativos en su forma. La conducción de este proceso por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, hay que decirlo, fue clave para que fuera aceptable, pues difícilmente el Congreso, por sí solo, lo hubiese logrado, como se desprende de las experiencias anteriores, en donde Guerrero estaba siempre a la zaga en materia normativa relativa a la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero algo sucedió después de las elecciones del 1 de julio, una suerte de pánico, que llevó a los Congresos de varios estados, no sólo al de Guerrero, a improvisar una serie de acciones, cuyas motivaciones al fin de cuentas son explicables: un partido diferente del del gobernador sería mayoría en la LXII Legislatura del Congreso del estado; y por si fuera poco, un candidato, también proveniente de un partido distinto, llegaría a la presidencia de la república, sin contar que habría una Cámara de Diputados y un Senado en las mismas condiciones.
Todo ello propició una campaña orquestada para “blindar” a gobernadores, tal vez pensando que habría revanchas políticas o un endurecimiento de los sistemas de control y fiscalización para ellos.
La citada campaña orquestada -no podría definirse con otro adjetivo, después de que “coincidentemente” varios Congresos hicieron lo mismo- consistió en aprobar todo lo que fuera útil al blindaje, y los diputados de las entidades, disciplinados la mayoría, aprobaron temas que van desde el nombramiento de fiscales anticorrupción “carnales” hasta la entrega de facultades al Ejecutivo estatal para vetar leyes aprobadas por el Legislativo. En estos procesos locales, llama la atención que participaron como comparsas diputados de distintos partidos, y la pregunta de botepronto no puede ser otra que ¿a cambio de qué? En un régimen donde imperase la obligación de rendir cuentas, todos los diputados aliados a esas causas tendrían que explicar a sus electores el sentido de su voto; pero se irán sin justificar nada.
En Guerrero, aun cuando los legisladores digan que simplemente hicieron ejercicio de sus facultades y que no renunciarían a ellas, como declaró Héctor Vicario Castrejón cada que lo cuestionaban sobre las prisas por legislar, la intención de blindar al Ejecutivo no se puede ocultar. Éstas son algunas muestras de lo que aprobaron de manera apresurada y en no pocas ocasiones pasando por alto procedimientos que los colocan en una posición muy cuestionada.
Procesos dudosos y opacos
En el caso de los temas de transparencia, los procedimientos legislativos de los diputados guerrerenses se hicieron paradójicamente en la oscuridad o de manera simulada. Los términos de las convocatorias expedidas por ellos, por ejemplo, no se cumplieron, o las sesiones donde aprobaron normas se realizaron fast track, sin suficiente discusión y análisis, predominando la prisa sobre la reflexión.
Así fueron los casos -comenzando por el más reciente- de las designaciones de la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del sistema estatal anticorrupción, del consejo consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), del nombramiento del fiscal especializado anticorrupción, de la aprobación de la cuenta pública del gobierno del estado y de las reformas a la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del estado.
La mayor parte de los temas mencionados son parte de la construcción de los sistemas nacionales de transparencia y del sistema estatal anticorrupción, cuyos órganos y designaciones fueron concretados en el ámbito nacional mediante procesos abiertos, transparentes, con amplia participación de la sociedad. No sucedió lo mismo en Guerrero.
Cuarenta días intensos
La manera en que actuó el Congreso de Guerrero del estado no es nueva. Ya nos había enseñado el cobre cuando en febrero de 2018 designaron a los comisionados del Itaigro en un proceso apresurado, opaco y en el que nunca hubo evidencia de una elección con base en la experiencia y especialización en la materia. Fue una decisión que ni siquiera se tomó en el órgano legislativo y que fue impuesta desde fuera (ver Monitor de Guerrero del 13 de febrero).
El 27 de julio, el pleno del Congreso local aprobó una serie de reformas en materia de fiscalización para otorgar más autonomía a la Auditoría Superior del Estado (ASE). De manera resumida, los cambios apuntan a que el auditor Superior del Estado tendrá la posibilidad de repetir en el cargo un periodo y se le dota además de atribuciones para designar a los cuatro auditores especiales y determinar cuánto tiempo estarán en el cargo. Otro de los temas aprobados es la exoneración que tendrán los auditores de ser juzgados por responsabilidad política y esto se traduce en que el Congreso del estado ya no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Antes de esta reforma el auditor superior era nombrado por las dos terceras partes del Congreso del estado por un periodo de sólo siete años, pero ahora podrá ser reelecto por un periodo más. Por su parte, los auditores especiales eran propuestos por la Junta de Coordinación Política y elegidos por el pleno, también con el voto de dos terceras partes y por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser reelectos por un periodo adicional.
Cabe recordar que hace poco más de un año hubo un periodo intensivo de trabajo para confeccionar las leyes o los cambios a las normas -incluyendo la Ley 468 de fiscalización superior- que requería el sistema estatal anticorrupción, en el que participaron varias instituciones autónomas y del Ejecutivo. El resultado de este trabajo se presentó ante el Congreso para su aprobación, es decir, los diputados tuvieron en sus manos el proceso de crear y reformar leyes, incluidas modificaciones a la Constitución, para construir el sistema estatal anticorrupción. Aprobaron muchos cambios, pero nunca consideraron los diputados ni el gobernador en sus iniciativas incluir entre las modificaciones dar una “mayor autonomía” a la ASE, seguramente porque nunca imaginaron lo que pasaría el 1 de julio.
El 17 de agosto, el Congreso del estado se llevó “carro completo”. Primero, con el nombramiento de tres integrantes del Consejo Consultivo del Itaigro (Isela Concepción Cueva Guevara, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Mario Alberto Rodríguez Bello). En un proceso en el que no hubo entrevistas públicas ni se dio a conocer la lista de candidatos y sus trayectorias, como lo establecía la convocatoria, el 17 de agosto se aprobó por unanimidad esta designación.
¿Qué implicaciones tendrá esta designación al vapor? En principio, una larga curva de aprendizaje, ya que no hay evidencias de que los seleccionados sean especialistas en transparencia y acceso a la información. Y dos, el Itaigro requiere un contrapeso real y urgente que contribuya a ordenar y jerarquizar lo que efectivamente necesita el estado en la materia, y si no cuenta con un consejo que se encargue de sugerirlo, se corre el riesgo de que éste sea capturado y decorativo.
Fiscal carnal
El mismo 17 de agosto, los diputados guerrerenses aprobaron el nombramiento por mayoría de votos de Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, como fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Guerrero. Cabe destacar que este funcionario ocupará uno de los siete asientos del comité coordinador del sistema estatal anticorrupción y por lo tanto será pieza clave de los avances o retrocesos que observe el sistema.
No nos toca juzgar si son reales o no los antecedentes de corrupción que se le imputan, pero ¿realmente no había otro guerrerense que no tuviera una trayectoria tan cuestionada como la de Murguía Gutiérrez, sobre todo para ocupar un cargo destinado a combatir la corrupción? Ignacio Javier Murguía ocupó previamente la presidencia del Consejo de Políticas Públicas –nombrado por el gobernador Héctor Astudillo–, organismo del que no se sabe públicamente cuáles han sido sus actividades desde el 2 de junio de 2016, fecha en que se instaló (ver Monitor de Guerrero del 12 de septiembre de 2017).
Otro asunto que no mereció discusión en el Congreso fue el tema de la cuenta pública. En dos días, la Comisión de Presu-puesto y Cuenta Pública de la 61 Legislatura “analizó” los informes de los tres poderes enviados por la Auditoría Superior del Estado, y bastaron unos minutos para que sin discusión fueran aprobados
Para Héctor Vicario Castrejón esta aprobación al vapor no tuvo nada de extraño. Dijo que “son asuntos que tienen que desahogarse en la temporalidad que van encontrando puntos de coincidencia, de acuerdos. La ley no dice si es en un día, en un mes o en un año, la revisión es puntual”, según una nota de El Sur. Señaló que los integrantes de la comisión consideraron “aceptable el informe del ejercicio de los recursos públicos, porque aprobaron los dictámenes por unanimidad”.
Sin razón, el diputado Vicario Castrejón disminuye la importancia de la aprobación de un informe que refleja la manera en cómo se ejercieron los recursos públicos en el estado. De hecho, es el único mecanismo de rendición de cuentas al que están obligados los poderes, y los diputados no pueden pasar por alto esta relevancia y ser una comparsa, en lugar de un contrapeso a los otros poderes.
El 23 de agosto, el pleno designó como integrantes de la comisión encargada de emitir la convocatoria, seleccionar y designar a los integrantes del comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción a César Guerrero Rojas, Mario Alejandro Mendoza Castañeda, Francisco Javier Curtidor Méndez, Saúl Alberto Rangel Cabañas y Jaime Badillo Escamilla.
Como antecedente, esta comisión que seleccionará al órgano ciudadano de donde saldrá el que coordine los trabajos del sistema anticorrupción en Guerrero, debió haberse designado durante los tres primeros meses del año, según la ley respectiva que los diputados habían aprobado apenas en julio de 2017. No lo hicieron y los legisladores prefirieron hacer un proceso poco cuidadoso y opaco a ocho días de que dejen sus cargos.
Si se leen los resúmenes curriculares de los designados, no se observa experiencia en materia de combate a la corrupción en ninguno de ellos, y de ahí se deriva el riesgo de que nombren un comité de participación ciudadana con personas que no tengan una opinión libre y crítica de los que vive el estado en materia de combate a la corrupción.
Miscelánea
De acuerdo con un documento del CPC del sistema nacional anticorrupción, al 31 de julio faltaban tres estados de nombrar su comisión de selección del CPC local; a siete les falta su CPC local, entre ellos a Guerrero; ocho entidades no habían nombrado a su fiscal especializado en el combate a la corrupción -Guerrero recién lo hizo-. Asimismo, 11 estados aún no integran el comité coordinador de su sistema estatal anticorrupción y 14 a su secretario técnico, en ambos casos, el estado de Guerrero no lo ha hecho.
Hay en las redes una disputa por defender o denostar al director de comunicación social del Congreso del estado, a propósito de una presunta asignación de recursos públicos a un medio de su propiedad. La honorabilidad o no de esta persona no es el problema, el real problema es la falta de criterios claros, equitativos, justos y públicos sobre cómo y a que medios se distribuye el dinero destinado a comunicación social, cuya fórmula hoy es discrecional y arbitraria. Es un tema para la agenda de la próxima Legislatura.
Por cierto, los invitamos a escuchar Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas. Todos los miércoles, a las 10:00 horas, por Digital 106.3 de FM.

Itaigro y Acapulco desacreditan monitoreo ciudadano

Publicado en El Sur, periódico de Guerrero

Los ayuntamientos de Guerrero obtuvieron un promedio de 6.2 por ciento de calificación en transparencia en la más reciente evaluación del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra). Con ello, se ratifica la tendencia reprobatoria que han seguido los gobiernos municipales desde 2010, cuando comenzaron a revisarse sus niveles de transparencia con base en la herramienta de esta organización nacional.

En la onceava revisión se consideraron 21 ayuntamientos y sus calificaciones estuvieron en un rango que va del 30.5 por ciento que obtuvo el municipio de Acapulco a cero por ciento que tuvieron los ayuntamientos de San Luis Acatlán, Juchitán e Igualapa. Además de estos últimos, 12 gobiernos municipales obtuvieron una calificación que no rebasó el 10 por ciento de transparencia (Copala, Eduardo Neri, Atoyac, Ometepec, Xochistlahuaca, Juan R. Escudero, Mártir de Cuilapan, Tixtla, Tlapa, Iguala, Taxco y Marquelia).

Salvo la primera revisión, donde sólo se evaluaron los cinco municipios más poblados del estado y que en promedio obtuvieron 25 por ciento de calificación, en las restantes diez evaluaciones los ayuntamientos guerrerenses no han llegado ni siquiera al 10 por ciento de calificación promedio, destacando el bajísimo promedio obtenido en la primavera de 2011, con 3.3 por ciento, y el de la primavera de 2012, con 3.7 por ciento.

A nivel individual, excepto el ayuntamiento de Acapulco en las evaluaciones primavera e invierno de 2016 (con 71.5 y 76.1 puntos, respectivamente), ningún municipio del estado ha rebasado el 50 por ciento de calificación.

Este panorama desalentador contrasta con las grandes expectativas que se generaron con la entrada en vigor de la Ley 207 de Transparencia del estado en mayo de 2016, pues no se observaron cambios significativos en la transparencia de los municipios de Guerrero. Al contrario, hay varios ayuntamientos en donde se presentaron decrementos en relación con la revisión de 2017, como en Marquelia (-11 puntos), Xochistlahuaca (-6.3), Iguala (-5.2), Tixtla (-2.4) o Taxco (-2.3). Y tal vez la Ley 207 de Transparencia no tuvo repercusiones en el estado, en gran parte por la impunidad que prevalece en la entidad, ya que a esta fecha no se aplican sanciones económicas a quienes infringen la ley en la materia.

Cortina de humo a lo importante

Los instrumentos y metodología de evaluación de la transparencia en el estado no deberían ser un motivo principal de discusión, como lo han hecho el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro) y el ayuntamiento de Acapulco, ya que lo realmente significativo en estos momentos son los bajos niveles de cumplimiento de los ayuntamientos.

El propio instituto, en su primera evaluación diagnóstica encontró un nivel promedio de cumplimiento de los ayuntamientos de 12.9 por ciento, destacando 24 gobiernos municipales con cero por ciento de calificación. Con estos números -que en esencia coinciden con el diagnóstico de Cimtra- es claro que la discusión no debe ser sobre el empleo de una u otra metodología o si un colectivo de organizaciones y ciudadanos evalúa o no a los ayuntamientos. Lo realmente importante es pensar en estrategias y acciones para logar que los gobiernos municipales incrementen sus niveles de cumplimiento. En ese objetivo debe centrar sus baterías el Itaigro.

¿Transparencia ciudadana?

Durante la conferencia de prensa en la que Cimtra presentó los resultados de su más reciente evaluación a municipios, el titular de la unidad de transparencia del ayuntamiento de Acapulco irrumpió para señalar que “no existe la transparencia ciudadana” -suponemos que se refería a la transparencia evaluada con instrumentos de medición elaborados por ciudadanos-, sino únicamente, enfatizó, la transparencia que establece la Ley General de transparencia medida a través de los lineamientos elaborados por el INAI. Su conclusión fue que sólo el Itaigro “tiene la autoridad” para medir la transparencia en los municipios del estado.

El dilema planteado por el funcionario es falso. Simplemente se trata de dos metodologías e instrumentos de medición diferentes -aunque pueden ser complementarios- para evaluar un rasgo de gobierno: la transparencia. Las diferencias se originan inevitablemente al ser dos las fuentes de conceptualización de la transparencia, que en el caso planteado por el funcionario de Acapulco son la Ley General de Transparencia y un sector de la sociedad civil que se ha especializado en monitoreos. Ninguna es infalible, ninguna tiene mayor valor o menos legitimidad, simplemente son diferentes.

Hay un par de comentarios para contextualizar la participación ciudadana en el estado. Aunque en Guerrero no hay ejemplos a la vista, en varias entidades los gobiernos entienden que mejorar la gestión pública implica, entre los temas a considerar, la incorporación de la participación ciudadana. El enfoque de las políticas públicas para hacer un mejor ejercicio de gobierno considera este importante componente en las distintas fases de su ciclo, desde el diseño hasta la implementación y la evaluación. Los ejercicios de Gobierno Abierto se encuadran dentro de este principio.

Así, la participación ciudadana es una condición necesaria para configurar un buen gobierno y no en balde es parte de muchos discursos de políticos y funcionarios de gobierno -incluyendo al presidente municipal de Acapulco- que buscan legitimar programas, políticas o acciones de gobierno con el adjetivo ciudadano.

La segunda consideración es que no se abona a la democracia cuando desde las instituciones gubernamentales se descalifica la intervención ciudadana, sobre todo en un estado donde hay un marcado déficit de participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. En Guerrero, la desconfianza hacia las autoridades gubernamentales -obtenida a pulso, luego de décadas de ineficiencia, pésimos gobiernos, engaños, autoritarismo, etc.- es quizás la fuente de la apatía y la indiferencia ciudadana hacia lo que hace el gobierno. Incentivar una participación ciudadana que contribuya al mejor ejercicio de gobierno, debe ser un propósito central de cualquier gobierno, pues no hacerlo tiene consecuencias, entre ellas, los resultados adversos en una elección.

Discusión sobre la validez

La “validez” de las evaluaciones fue un tema que abordó el ayuntamiento de Acapulco en inserciones pagadas en la prensa en enero de 2018. Cimtra respondió en esa ocasión (20 de enero de 2018) por medio de una carta abierta publicada en este diario. Al señalamiento de que las “únicas evaluaciones que tienen validez son las emitidas por el Instituto, por lo que ningún Ayuntamiento se encuentra obligado a participar con dicha asociación civil [Cimtra]”, declaración emitida por el ex consejero del Itaigro, Joaquín Morales Sánchez, Cimtra respondió que “la única autoridad que sustenta las evaluaciones de Cimtra es la moral (…) porque nuestro trabajo es voluntario, no tienen un interés partidista, es realizado por ciudadanos y ciudadanas y además financiado por las propias organizaciones del colectivo”.

La organización agregó que en efecto, “nadie está obligado a vincularse con Cimtra. [ya que] La metodología Cimtra es clara y sencilla: nuestro colectivo decide qué ayuntamientos evalúa, de acuerdo con las posibilidades de las organizaciones que lo integramos, pero no consultamos a los ayuntamientos si quieren ser evaluados. Lo que sí les ofrecemos es apoyo –asesoría, capacitación, información sobre la metodología– para que mejoren sus calificaciones”.
En otro punto, Cimtra argumentó que “El hecho de que un ayuntamiento dé cumplimiento a los temas que exige la ley, no lo hace necesariamente transparente. Tampoco cumplir con la metodología Cimtra hace a un ayuntamiento transparente, pero sí promueve que se publique información más útil y de interés para los ciudadanos (…) Por eso nuestra evaluación es ciudadana, de utilidad social, que busca involucrar a la gente en la vigilancia de los municipios para construir ciudadanías, propósitos que no se logran con el simple cumplimiento de la ley de transparencia”.
Al final Cimtra concluye que “No aceptamos la descalificación de nuestro trabajo como Cimtra con el argumento de que sólo el Itaigro tiene atribuciones para evaluar. Es más valioso que nuestros gobiernos municipales tengan sensibilidad social, se acerquen a la ciudadanía y difundan lo que realmente necesita porque esto es propio de un ayuntamiento que se dice transparente, abierto y honesto”.

 Posición del Itaigro

 El órgano garante de la transparencia en el estado de Guerrero, con los nuevos integrantes, cayó también en el garlito del ayuntamiento de Acapulco. Dijo su presidente Pedro Arzeta García que Cimtra “no opera conforme a los lineamientos que en la materia emitimos” y que “no desacredita ningún ejercicio ciudadano, pero la revisión del instituto es la única oficial”, según nota de El Sur del 10 de agosto, información que también se publicó inicialmente en la página electrónica del instituto, y que después modificaron sustituyendo el boletín publicado.

Nadie le discute la autoridad del Itaigro, desde Cimtra nunca se ha cuestionado ese tema, incluso, en otros años precisamente la exigencia era que el órgano garante realizara los monitoreos que le exigía la ley, pero nunca se le cuestionó porque los hiciera.

Pero ¿realmente era necesario fijar una postura “sobre nuestra obligación como órgano garante, para verificar y ver en qué nivel estamos de transparencia en Guerrero”? Hay otros temas urgentes que sí lesionan el desarrollo de la transparencia en el estado y de los cuales se esperaría del Itaigro una posición que nunca ha manifestado: el rezago en el procesamiento de recursos de revisión y especialmente la gestión de las multas económicas para las dependencias públicas que no cumplen con la ley de transparencia, temas irresolutos de los cuales el órgano garante debe fijar una postura pública y las acciones puntales para atenderlos.

Francamente no es del interés de Cimtra hacer el trabajo del instituto, que recibe recursos públicos para monitorear y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ni seguir los lineamientos que elaboró el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Cimtra ha realizado ejercicios de monitoreo o evaluaciones a lo largo de 16 años en varios estados del país, incluso antes de que se legislaran leyes de transparencia en los estados y de hubiera órganos estatales de transparencia. En Guerrero Cimtra ha evaluado desde 2010, mucho antes que apareciera el primer monitoreo “oficial” en enero de 2018, y 12 años después de la primera ley de transparencia del estado.

Lo que buscamos que se comprenda es que los indicadores que se diseñaron para las evaluaciones de Cimtra tienen que ver más con una lógica ciudadana que con la lógica normativa-institucional, son indicadores elaborados a partir del objetivo de encontrar una utilidad social de la información, es decir, elaboradas a partir de preguntarnos qué le sirve realmente al ciudadano, qué información necesita de su gobierno para vigilarlo, para exigir derechos.

La evaluación de Cimtra es un ejercicio ciudadano de vigilancia que no debería ser descalificado, al contrario, si alguien tiene la intención de promover la participación ciudadana en la gestión gubernamental, como muchos funcionarios lo hacen ad libitum en sus discursos, este tipo de ejercicios y otros muchos deberían ser incentivados, no descalificados.

¿Y los resultados?

Uno de los documentos que se deben publicar en un lugar principal en la página electrónica del Itaigro son los resultados de la verificación diagnóstica. La postura del instituto de que la revisión “oficial” de la transparencia de los sujetos obligados del estado de Guerrero corresponde únicamente al Itaigro, debe ser congruente con una amplia difusión de los resultados de dicho diagnóstico, pero a la fecha no hay tal publicación, ni de los datos de la primera verificación, concluida en diciembre de 2017, ni de los recientemente anunciados por el instituto y que corresponden a la segunda verificación.

Será muy saludable que a la brevedad se conozca qué está sucediendo con la transparencia en el estado mediante la publicación en datos abiertos de las dos verificaciones diagnósticas realizadas hasta hoy; esto permitirá que el Itaigro vaya legitimando poco a poco su autoridad.

Con inusual prisa legislan diputados de Guerrero

Publicado en El Sur, Periódico de Guerrero

Entre los efectos que dejó la pasada elección del primero de julio –donde un partido obtuvo una aplastante mayoría– se cuentan una serie de movimientos inusitados, realizados por varias legislaturas locales y gobernadores en funciones, aparentemente para restar facultades a los entrantes Congresos de mayoría opositora o para reducir las posibilidades de una fiscalización efectiva en contra de mandatarios. Y es que ante un escenario en el que los nuevos Congresos se conviertan realmente en contrapesos de los Ejecutivos, varios gobernadores y legislaturas estatales, solos o en conjunto, comenzaron a moverse para tratar de contrarrestar la influencia que tendrán los nuevos órganos legislativos en la vida política de sus entidades federativas, mediante la aprobación y modificación de leyes o por medio de la designación de comisiones o personas que consideran no serán adversas a sus mandatos.

Los ejemplos son varios; en Sonora, por ejemplo, se pretendió aprobar una ley para dar facultades a la gobernadora para vetar iniciativas impulsadas por la oposición; o en Veracruz, donde su consumó la designación de un fiscal anticorrupción “carnal”; o en Morelos, donde el gobierno de Graco Ramírez emitió un acuerdo para hacer la entrega recepción sin documentos a la siguiente administración estatal. En todos los casos, se observó una acelerada actividad legislativa que no se veía en otros momentos, sin duda, como reacción a la nueva composición política en los estados.

El caso Guerrero

Guerrero es uno de los estados donde se legislaron leyes de último momento. Hay temas muy polémicos, como el de la reforma al artículo 14 de la Constitución local, que rige a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena. Pero también hay otros que por el momento en que se presentan y por los temas que abordan –fiscalización, anticorrupción– tienen el sello de buscar disminuir el contrapeso que puede ejercer la nueva composición del Congreso en la gestión del Ejecutivo estatal; estos últimos se refieren al marco jurídico de la Auditoría Superior del Estado y a la designación de la Comisión de Selección que se encargará de nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

En el primer caso, la LXI legislatura del Congreso del estado aprobó el 27 de julio pasado cambios a varios artículos de la Constitución de la entidad, a efecto de que el titular de la Auditoría Superior del Estado pueda repetir en el cargo un periodo y además le da facultades para nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo. Las modificaciones aprobadas también exoneran a los auditores especiales de ser juzgados por responsabilidad política y en consecuencia el poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Antes de ser aprobadas estas modificaciones, el gobernador Héctor Astudillo aseguró que no pretende restar facultades al Congreso local con el proyecto de reforma que envió al Congreso del estado. “No hay nada de eso (quitar facultades) porque son temas que están relacionados con el combate a la corrupción y que son pendientes que se tienen que atender”, según una nota de Karina Contreras publicada en El Sur del 25 de julio.

También el diputado Héctor Vicario Castrejón defendió las modificaciones a la ASE, pues aseguró que tienen el propósito de darle “mayor autonomía” al órgano fiscalizador y de esta manera fortalecerlo. “Lo que buscamos con esta adecuación es que el auditor tenga mayor autonomía, que el nombramiento de los cuatro auditores especiales no se convierta en un reparto de cuotas entre las fracciones de partido; que no digan este auditor va a ser del PRI, este del PRD, este de Morena”, según el sitio digital Interacción.

Hace poco más de un año, el Legislativo tuvo en sus manos el proceso de crear y reformar leyes, incluidas modificaciones a la Constitución, para construir el sistema estatal anticorrupción. Aprobaron muchos cambios, pero nunca consideraron los diputados ni el gobernador en sus iniciativas incluir entre las modificaciones una “mayor autonomía” para la ASE, seguramente porque nunca imaginaron lo que pasaría el 1 de julio.

El sistema estatal anticorrupción

Otro de los asuntos que el Congreso del estado no había abordado es el de la designación de la comisión que seleccionará al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema estatal anticorrupción. Como se sabe, el sistema anticorrupción está conformado por varias dependencias públicas y dirigido por un comité coordinador, el cual será presidido nada menos que por un miembro del CPC; ahí radica la importancia del perfil de quienes integrarán este órgano ciudadano, y desde luego, la relevancia de las personas que se encargarán de seleccionar a este CPC.

La ley 464 del sistema estatal anticorrupción, aprobada el 18 de julio de 2017 por la actual Legislatura, establecía en un artículo transitorio que los diputados debían emitir la convocatoria para nombrar a la Comisión de Selección del CPC durante los primeros 90 días de 2018. No lo hicieron en el plazo que los propios legisladores se impusieron, y apenas el 27 de julio publicaron la convocatoria, a escasos días de que concluyan su periodo.

La prisa por nombrar a dicha comisión es por lo menos sospechosa: no quieren que la próxima Legislatura, donde habrá mayoría de diputados de un partido que no es el del gobernador, se encargue de designar a la Comisión de Selección del CPC, pues es una pieza clave para el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción.

Más allá de señalar la premura, la convocatoria contiene varias especificaciones que ponen en entredicho los procedimientos para la designación de la Comisión de Selección, pues son ambiguos y poco transparentes, al contrario de lo que se esperaría en la construcción de un sistema anticorrupción.

Algunos trámites de la convocatoria son especialmente cuestionables, por ejemplo, las entrevistas que harán los diputados a los aspirantes de la Comisión de Selección no serán públicas, cuando en otras entidades son completamente abiertas y hasta transmitidas por las plataformas electrónicas. Tampoco se harán públicos los documentos que hayan entregado los aspirantes para su inscripción, ni siquiera en versiones públicas, sólo un resumen curricular, y en consecuencia la ciudadanía no podrá saber acerca de su conocimiento técnico, plan de trabajo, experiencia académica, etc. No se hará pública la programación de entrevistas con los aspirantes.

No hay claridad sobre el procedimiento de consulta a la ciudadanía que establece la convocatoria, pues sólo menciona que se publicará la lista de los candidatos que cumplieron con los requisitos y un resumen curricular, y darán cinco días para que “puedan aportar a la Junta de Coordinación Política elementos de juicio”. No dice cuáles son los medios para hacer llegar las aportaciones de los ciudadanos, en qué formato, qué carácter tendrán, tampoco si organizarán reuniones o son aportaciones individuales, lo cual invalida prácticamente la consulta al no contar con reglas y alcances de la participación.

Y aunque la octava base de la convocatoria establece que la propuesta de Comisión de Selección que se llevará al Pleno del Congreso se efectuará “respetando los principios de transparencia, máxima publicidad (…)”, lo cierto es que predomina la opacidad, ya que los organizadores ni siquiera ofrecen que harán públicos los dictámenes sobre cómo llegaron a la propuesta que llevarán al Pleno del Congreso.

Finalmente, hay que decir que la actual Legislatura guerrerense, hoy tan comedida por la transparencia, la autonomía de la ASE y el sistema estatal anticorrupción, se va sin haber resuelto la instalación del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y sin atender el bajísimo presupuesto que recibe ese organismo -empantanando el avance de la transparencia y la rendición de cuentas en el estado-, sin contar que durante tres años no hizo nada para ocuparse de su propia opacidad como órgano legislativo ni la de los diputados en lo individual.

Una cínica iniciativa

Como parte del paquete de cambios de última hora a la legislación en Guerrero está la que presentó el diputado Samuel Reséndiz Peñaloza. Nadie puede estar en desacuerdo con que los legisladores sean evaluados, en especial los diputados guerrerenses de quienes la población tiene una percepción negativa de no representar a quienes votaron por ellos, de sumisión al gobernador en turno, y de que es un órgano donde escasea la transparencia, no hay rendición de cuentas y sí un uso discrecional de recursos públicos.

Lo que parece surrealista no es que el diputado Samuel Reséndiz proponga una adición a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para crear el Sistema de Evaluación de Diputados, a efecto de valorar su desempeño, eso está muy bien, sino que lo haga a un mes de que deje su puesto de legislador.

Los diputados de la actual legislatura no se preocuparon en tres años por vigilar que se implementaran evaluaciones en todas las dependencias públicas de la entidad, como lo exige el artículo 134 de la Constitución federal desde 2007. De hecho, en Guerrero, salvo algunas evaluaciones efectuadas durante la administración de Ángel Aguirre -muy costosas por cierto- no hay evidencia de que este importantísimo y necesario paso para mejorar las políticas públicas se realice en el estado.

Lo único positivo del diputado Reséndiz Peñaloza es que hizo visible una carencia muy vigente en Guerrero. Lo ideal es que los actuales diputados aprueben la iniciativa para evaluar el desempeño de los legisladores entrantes, pero nada impide que se apruebe también la aplicación de una evaluación ex post al trabajo que realizaron los diputados a lo largo de tres años, como un precedente positivo para las siguientes legislaturas.

Es importante que también legislen para establecer parámetros de evaluación a los poderes Ejecutivo, Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos, pues es impreciso lo que dice el legislador Reséndiz Peñaloza cuando afirma que “el gobernador y todos los servidores públicos ya son evaluados y fiscalizados”. El gobierno del estado y los ayuntamientos, aunque elaboraron planes estatal y municipales de desarrollo, éstos no cuentan con indicadores para conocer el estado de los avances. Tampoco se conocen evaluaciones de programas y políticas públicas específicas; de hecho, no hay evaluación de la gestión pública en Guerrero, pues los informes de gobierno y comparecencias de los secretarios no son propiamente evaluaciones.

Por cierto, será muy saludable para la vida pública del estado si en las evaluaciones se incorpora a la participación ciudadana, ya que con ello la legitimidad de nuestras instituciones se incrementará notablemente.

En otros estados

En Sonora, el Congreso buscó aprobar una reforma al artículo 57 de la constitución política de la entidad que facultaba al Ejecutivo oponerse a una ley o decreto que el poder Legislativo le enviara para su promulgación, es decir, abría la posibilidad de que la gobernadora Claudia Pavlovich pudiera vetar iniciativas impulsadas por la oposición que contravinieran los intereses de su administración. Finalmente, el 18 de julio se retiró la intención de la modificación por la presión de organizaciones civiles y militantes del partido Morena.

En Veracruz, el 25 de julio, los diputados panistas, perredistas y dos priistas aprobaron el nombramiento de Marcos Evén Torres Zamudio como fiscal anticorrupción de Veracruz. De acuerdo con una nota de La Jornada, Torres Zamudio fue director jurídico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de los Paracentroamericanos (JCPC) de 2014, en el gobierno de Javier Duarte. La organización de ambas competiciones fue objeto de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por la malversación de 800 millones de pesos. Los diputados de Morena, PRI y Juntos por Veracruz manifestaron su rechazo a la imposición del fiscal y exhortaron a los participantes de la convocatoria para la designación del cargo referido a acudir ante los tribunales.

Finalmente, en Morelos, de acuerdo con información de la agencia Proceso (24 de julio de 2018), el gobierno estatal hizo las modificaciones necesarias en la legislación para que la administración de Graco Ramírez no entregue información documental durante el proceso de entrega-recepción al gobierno entrante de Cuauhtémoc Blanco. En efecto, en el periódico oficial Tierra y Libertad del 13 de julio, se publicó el Decreto en el cual el gobierno de Graco Ramírez realizará el proceso de entrega-recepción “sin que esto implique la entrega de documentación alguna” (ver http://periodico.morelos.gob.mx/ejemplares.php).

Carta al gobernador: persiste la impunidad en transparencia

Publicado en El Sur, Periódico de Guerrero

Ciudadano gobernador: Me dirijo a usted con el respeto que merece el cargo que le confirió la sociedad. En los últimos años la transparencia y el acceso a la información, pilares de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, ha avanzado en el estado de manera intermitente, aletargada y muy dispareja entre quienes tienen obligaciones en esta materia. Las últimas reformas a la legislación que permitieron construir la política nacional de transparencia dieron un jalón significativo al subsistema estatal, pero esto no ha sido suficiente, por diferentes motivos (inercias y vicios burocráticos, resistencias institucionales) que han obstaculizado la instrumentación de esta política pública en la entidad.

La implementación de la nueva ley general de transparencia en el estado se acompañó de los necesarios procesos de sensibilización, información, capacitación, asesorías y muchas facilidades para que todas las dependencias pudieran cumplir sus obligaciones en los tiempos que marcaba la norma, siempre guiados y apoyados por los órganos garantes nacional (INAI) y local (Itaigro) para que todos los sujetos obligados pudieran adoptarla sin contratiempos. Es cierto, ha sido un proceso complejo, pero no imposible de aplicar.

No obstante estas oportunidades y flexibilidad para adoptar la política de transparencia en los tiempos que la propia ley señala, todavía hay numerosos sujetos obligados que se han rezagado y lo peor, que han hecho caso omiso de las nuevas reglas, especialmente los ayuntamientos del estado. Cierto, este orden de gobierno tiene su autonomía, pero como explicaré más adelante también tiene una relación estrecha con la administración que usted encabeza.

El sistema nacional de transparencia es producto del esfuerzo de muchos funcionarios, legisladores y también de la sociedad civil especializada que participó de manera relevante en la confección de la ley general, por medio del parlamento abierto. Hoy tenemos una norma homogénea para todas las dependencias públicas del país, y esa es una de las mayores virtudes del sistema nacional. Incluso, con el impulso de su administración, ciudadano gobernador, en el estado se aprobó la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, homóloga local de la ley general.

Uno de los trabajos más significativos del sistema nacional fue crear una plataforma nacional de transparencia para la gestión de información, y hoy es realmente todo un reto que los sujetos obligados –en el estado, según el Itaigro suman 208–, alimenten y actualicen su información en dicha plataforma.

Precisamente a los sujetos obligados les ha tocado crear procedimientos e institucionalizarlos por medio de la formación de unidades y comités de transparencia para poder cubrir las obligaciones de transparencia, gestionar las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de revisión en la plataforma nacional.

En este arduo trabajo, los resultados son variopintos, algunas dependencias cumplieron bien, otros están en la medianía y la mayoría francamente no ha cumplido. En estos últimos se observa que su incumplimiento no es por falta de capacitación ni asesoría, pues recibieron la necesaria para cubrir sus obligaciones, sino por falta de disposición y voluntad políticas para integrarse al sistema nacional de transparencia.

El eslabón faltante

Ciudadano gobernador: la ley de transparencia es un instrumento jurídico que establece derechos y obligaciones de ciudadanos y gobierno, así como los procedimientos para hacerlos valer. Sin embargo, algo está fallando en la articulación de los diferentes actores locales del subsistema de transparencia en el estado, ya que destaca un componente del engranaje que no está funcionando y que consideramos está propiciando una alarmante impunidad.

No es la primera vez que me refiero a este problema en Monitor de Guerrero, ciudadano gobernador. Desde que entró en vigor la primera ley de acceso a la información en el estado, en junio de 2006, y hasta la fecha, no se ha cobrado una sola multa en el estado a quienes por infracciones a esta norma. Aunque no hay evidencia documental, no es difícil suponer que los altos niveles de incumplimiento a las obligaciones de transparencia se relacionan directamente con la lamentable impunidad que ha prevalecido hasta la fecha.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado, órgano al que le corresponde garantizar que la ley se cumpla, si bien ha emitido algunas sanciones a diversos sujetos obligados -aunque también hay que decir que tienen un importante rezago al respecto-, no ha realizado con eficacia su responsabilidad de vigilar que las sanciones económicas se hagan efectivas. Es una tarea que directamente le corresponde realizar al instituto y por tratarse de un organismo con autonomía, a usted, ciudadano gobernador, no le corresponde establecer sus parámetros de comportamiento.

Sin embargo, hay un actor gubernamental que es el responsable, de acuerdo con la ley, de hacer efectivas las multas económicas a los infractores y éste sí depende directamente de usted. El artículo 206 de la ley 207 de transparencia, segundo párrafo, dice textualmente: “Las multas impuestas como sanciones administrativas de acuerdo con esta ley, serán ejecutadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través de los procedimientos que las leyes establezcan”.

Sin embargo, sabemos que la Sefina no está haciendo efectivas las multas, y en cada ocasión que solicitamos información sobre el tema, da una respuesta diferente. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 2015 -cuando usted ya era gobernador del estado- solicitamos a esa Secretaría la descripción del “Procedimiento que sigue la Sefina para la aplicación de las multas en materia de transparencia. [Además] Copia de los recibos pagados por las dependencias públicas por no acatar la ley de transparencia”.

La respuesta fue “que a la fecha en esta Dirección General de Recaudación a mi cargo, no se ha recibido ninguna multa”, sin explicar si contaba con algún procedimiento.

También en febrero de 2017 publicamos en este espacio la denuncia de que en Guerrero nunca se había cobrado una sola multa a los infractores de la ley de transparencia. En esa ocasión, la Secretaría afirmó categóricamente que de mayo de 2016 a enero de 2017 no había recibido del Itaigro ningún documento de solicitud de cobro de multas. Sin embargo, por medio de solicitudes de información conseguimos documentos que echaron por tierra la afirmación de la Sefina, ya que el Itaigro nos entregó 33 oficios enviados a la secretaría, con atención al entonces secretario Héctor Apreza Patrón; los oficios tenían el sello de recibido de la dependencia de fecha 7 de septiembre de 2016.

Recientemente intentamos de nueva cuenta buscar respuestas. El 16 de mayo de 2018 se presentaron dos solicitudes de información, que a la letra dicen: “Relación de sujetos obligados multados por infracciones a la ley 207 de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de Guerrero, en el periodo 6 de mayo de 2016 a la fecha, desglosados por fecha, sujeto obligado, concepto por el que su multa y monto de la multa”. Igualmente se requirió a la Secretaría “Copia de los oficios enviados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero para hacer efectivo el cobro de multas económicas a los sujetos obligados que incumplieron la ley de transparencia, del 6 de mayo de 2016 a la fecha”.

Ciudadano gobernador, le comento que la Secretaría de Finanzas y Administración de su gobierno no respondió a estas solicitudes de información en el plazo que establece la ley, y por ese motivo se presentaron sendos recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia. Sin embargo, en una respuesta extemporánea, la Sefina da información que consideramos muy delicada, toda vez que revela la inexistente coordinación entre dicha la Secretaría y el Itaigro para el cobro de multas, en detrimento de la transparencia y el acceso a la información en el estado.

Jorge Humberto Arrieta y Jiménez, Director General de Recaudación de la Sefina, en su respuesta cuestiona la manera en que el Itaigro ha presentado sus expedientes. “En el caso de las sanciones económicas, multas y pliegos de responsabilidades, la resolución deberá ser determinada para cada uno de los sancionados, especificando el importe a cobrar por cada uno de ellos”, dice el funcionario y agrega: “Lo anterior, en razón de que dejan imposibilitada a esta Autoridad para realizar el cobro en forma oportuna y efectiva, ocasionando un perjuicio a las finanzas del Estado, ya que se utilizan recursos públicos para la gestión del cobro y no es recuperable, dado que sus resoluciones [del Itaigro] traen vicios de origen en la notificación que imposibilitan la recuperación del cobro coactivo del Estado”.

Arrieta y Jiménez concluye que la Sefina “se abstendrá de recibir documentos determinantes de créditos fiscales que no reúnan los requisitos antes señalados”.

El oficio de la Sefina describe dos tipos de requisitos a efecto de “estar en condiciones de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución”. En primer lugar, se refiere a la identidad y ubicación del deudor (nombre, RFC, domicilio) y en segundo, a la determinación de la multa fiscal, en la que requiere la autoridad que termina la multa, el documento determinante de la multa, número de resolución y fecha, concepto por los que se originó la multa, importe, y constancia de notificación y citatorio, entre otros.

En la respuesta de la Sefina se entrevé que el Instituto de Transparencia no ha entregado con la formalidad requerida sus expedientes para hacer efectivas las multas. Pero la pregunta es, y esto seguramente también es de su interés, ciudadano gobernador: por qué luego de muchos meses de “coordinación” entre la Sefina y el Itaigro no se ha logrado solventar este tipo de insuficiencias formales.

Ciudadano gobernador, su administración, al no atender este problema, contribuye a que continúe la impunidad en materia de transparencia y acceso a la información.

Respuesta del Itaigro

En su respuesta a una solicitud de información, presentada también en mayo de 2018, el Itaigro informa que envió tres oficios para solicitar a la Sefina el cobro de multas. En el primero, fechado el 26 de octubre de 2016, le informó a la Secretaría sobre 45 sujetos obligados que fueron sancionados con 14 mil 608 pesos cada uno. El 7 de mayo de 2017 enviaron a la Sefina tres expedientes con sus respectivos acuerdos de incumplimiento; y el 3 de abril de 2018 se le hicieron llegar siete expedientes de sujetos obligados que no cumplieron con la entrega de información. Como información al margen, a abril de 2018, no había ningún sancionado por no cumplir con el 100 por ciento de sus obligaciones de transparencia, no obstante que ningún sujeto obligado lo hace.

El primer documento donde el órgano garante envía a la Sefina 45 expedientes para hacer efectivas las multas se hace alusión a un “convenio de colaboración administrativa para el cobro de multas administrativas estatales” firmado entre ambas dependencias el 16 de octubre de 2015. Sin embargo, tal parece que son dos dependencias que nunca hubieren tenido ningún tipo de acercamiento.

Esta falta de articulación entre dos dependencias se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo de la transparencia en el estado. Lo peor de todo, ciudadano gobernador, es que este problema no está en vías de solución. Incluso, solicitamos tanto al Instituto de Transparencia como a la Secretaría de Finanzas una entrevista con algún funcionario para que emitieran su versión sobre esta problemática, y simplemente decidieron no responder.

Los sujetos obligados del estado deben entender que, ante las infracciones a la ley de transparencia, sí hay consecuencias jurídicas y cero impunidad; de lo contrario, continuarán con sus omisiones y Guerrero se estancará en esta materia.

Por lo pronto, tanto en los ayuntamientos como en el Congreso de estado hay muchísimos funcionarios que están a punto de concluir sus mandatos sin haber cumplido con sus obligaciones de transparencia, y otra nueva camada de servidores públicos gozarán de impunidad.

Invitación

El 8 de agosto de 2018 inauguramos un espacio radiofónico para tratar temas como los que aquí abordamos. Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de la transparencia y la rendición de cuentas, se transmitirá todos los miércoles a las 10 horas en la frecuencia 106.3 de FM. Los esperamos.