¿Disminuirá el presupuesto si no gana el partido del gobernador?

El Sur, Periódico de Guerrero

¿Cómo le va a ir al estado de Guerrero en materia presupuestal, si el 1 de julio gana el candidato a la Presidencia de la República de un partido diferente del que pertenece el actual gobernador de la entidad? ¿Obtendrá más o menos recursos? ¿Disminuirá la efectividad de sus gestiones para obtener recursos adicionales?

Este planteamiento tiene una respuesta simple: lo más probable es que las variaciones en el presupuesto sean pocas, ya que hay fórmulas y procedimientos más o menos claros para la distribución de los recursos federales, que son los más cuantiosos que llegan a la entidad y se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal, producto de un acuerdo federal.

Pero hay varios espacios en donde el margen de negociación para obtener recursos adicionales o para conseguir facilidades que permitan atender algunos problemas financieros urgentes -como reducir el actual déficit financiero- se vería mermado de manera importante. También es probable que se reduzcan otro tipo de ingresos como los del Ramo 23, que, esos sí, se manejan a discreción por el presidente de la república y que en los próximos ejercicios podrían sufrir cambios en detrimento del estado. En esta entrega se analizarán algunos escenarios de lo que sucedería con el presupuesto estatal si, como parece, el triunfo lo obtiene un aspirante presidencial que no es del partido al que pertenece el Ejecutivo estatal.

Las gestiones

La actual administración de Héctor Astudillo, según versiones de sus propios funcionarios, encontró condiciones propicias de sus contrapartes federales, sobre todo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la negociación de diferentes problemas financieros que todavía pesan sobre la administración estatal. Flexibilidad y algunos apoyos especiales para atender dichos problemas son resultado en parte -aunque no se diga abiertamente- de que hay una identidad partidista entre los Ejecutivos federal y de Guerrero.

Y no son pocos ni fáciles los asuntos que el gobierno del estado negoció con las instituciones federales, como es el caso de los adeudos derivados de los incumplimientos de administraciones pasadas al SAT, ISSSTE y SAR; o las más de 7 mil plazas sin techo presupuestal dentro del Fondo Nacional para la Educación (Fone), y que hasta el ejercicio 2017 la erogación que representaba esa nómina se solventó con los recursos correspondientes a los convenios celebrados entre la SHCP y el Gobierno del Estado.

Hay otros problemas que presionan a las finanzas del estado como el tema de la inseguridad y los conflictos sociales, los fenómenos naturales o el problema del pago de laudos laborales, todos los cuales se han enfrentado en un entorno favorable y por la disponibilidad de recursos en la Federación, especialmente de la colaboración y respaldo de la SHCP.

¿Continuará esta disposición de las dependencias federales si llega al gobierno de la república un candidato de partido diferente del gobernador? Nadie lo sabe, pero lo que sí es cierto es que las negociaciones serán más complicadas y tal vez se dejen de percibir apoyos especiales que se habían logrado durante la actual administración.

Lo que permanece

Más allá de que se compliquen o no las negociaciones para obtener más recursos o, lo cierto es que continuará fluyendo la mayor parte del dinero que cada ejercicio presupuesta el gobierno del estado, ya que éste se compone en su mayor parte de recursos federalizados (97.3 por ciento, según el presupuesto de egresos para 2018) que tienen reglas y procedimientos establecidos para su asignación: las participaciones y las aportaciones federales. Las primeras o Ramo 28, forman parte del gasto no programable, por lo que dependen de la recaudación federal participable efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera; las aportaciones o Ramo 33, son parte del gasto programable y se entregan a las entidades federativas sin considerar su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter compensatorio tiene como propósito asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.

Ambas, participaciones y aportaciones, son recursos federales que no dejarán de llegar al estado de Guerrero.

Sin embargo, hay un Ramo del presupuesto de egresos de la federación que el Ejecutivo federal opera prácticamente a discreción; son recursos adicionales que se captan a lo largo del ejercicio fiscal correspondiente y que se distribuyen con manga ancha y sin transparencia por la SHCP. Se trata del Ramo 23 y quizás sea en esta partida donde Guerrero sí observará una disminución de recursos.

En el documento Arquitectura del Ramo 23, la organización México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas AC, afirma que a nivel federal hay inconsistencias entre el gasto ejercido y su presupuesto aprobado, las cuales no son explicadas y justificadas apropiadamente en los documentos públicos. Una de estas inconsistencias se refiere al Ramo 23, y su cuestionamiento radica en que “gran parte del gasto adicional se ejerce a través de una bolsa de dinero llamada Ramo 23 ‘Provisiones Salariales y Económicas’”, la cual no tiene una regulación apropiada. “A través de algunos fondos de este Ramo se transfieren recursos a gobiernos locales, los cuales presentan un riesgo elevado de ser usados para premiar o castigar a dichos gobiernos; es decir, para el control político”, indica la organización.

En su análisis de la entrega de transferencias discrecionales del Ramo 23 a los gobiernos estatales en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, México Evalúa encuentra dos escenarios, el primero corresponde con “años regulares”, sin elección federal en puerta, y ahí las asignaciones observaron comportamientos distintos en las dos administraciones: La de Calderón “privilegió con mayores transferencias a los estados con gobernantes emanados del mismo partido, por encima de los estados gobernados por la oposición”. Mientras que la del presidente Peña Nieto “ha mostrado una diversidad de comportamientos, e incluso, el monto de transferencias fue mayor para los gobernadores de oposición”.

De acuerdo con el análisis de México Evalúa, el segundo escenario se relaciona con los años previos a la elección presidencial (2011 y 2017); tanto Calderón como Peña Nieto muestran el mismo comportamiento: el monto promedio de transferencia se incrementa a los gobiernos estatales del mismo partido con respecto al monto promedio observado en los “años regulares”. Y desde luego, el monto promedio de transferencia a los gobiernos estatales de los partidos de oposición disminuye.

Por ejemplo, durante el gobierno federal panista, en el ejercicio 2011 los gobiernos locales priistas recibieron transferencias estatales promedio por 202 millones de pesos y los perredistas, de 586 millones; en tanto que los gobiernos estatales panistas recibieron 1,014 millones de pesos, en promedio. En el caso de Enrique Peña Nieto, en el ejercicio 2017 los recursos del Ramo 23 se distribuyeron como sigue: para los gobiernos estatales panistas 1,174 millones, a los perredistas se les asignaron 1,989 millones, y los priistas obtuvieron 2,266 millones de pesos.

Considerados de manera específica por entidad federativa, durante la administración calderonista se observa que entre los 10 estados que recibieron más recursos en 2011, seis eran gobernadas por el PAN, destacando Sonora y Guanajuato, a los que se les asignaron 2,059 millones y 1,828 millones de pesos, respectivamente. En cuarto lugar está Baja California Sur con 982 millones, y en los sitios del siete al nueve, se ubicaron Puebla, Morelos y Jalisco, con 867 millones, 752 y 724 millones, respectivamente, todos por arriba del promedio nacional que fue de 452 millones de pesos.

Una situación similar se observa en la distribución de los recursos del Ramo 23 en 2017, con el presidente Peña Nieto. De los 10 estados que recibieron mayores recursos, siete son priistas, y en este rubro encabeza la lista el Estado de México, al que se le asignaron 8 mil 601 millones de pesos, en tercer lugar está Guerrero con 3 mil 831 millones, Chiapas en quinto con 3 mil 328 millones, le sigue Oaxaca con 2 mil 928, Yucatán (2 mil 706), Sinaloa (2 mil 312); en el décimo lugar aparece Hidalgo con mil 942 millones, todos por arriba de mil 830 millones de pesos, que fue el promedio nacional.

Hay pues evidencias de que los recursos del Ramo 23 se asignan con ciertos criterios políticos, por lo que el presidente electo, si no es del partido del gobernador, muy probablemente seguirá esta tendencia y Guerrero tendrá menos recursos.

Ramo 23 en Guerrero

El Ramo 23 es un ramo general de gasto programable -erogaciones que se efectúan a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a la población- denominado “Provisiones Salariales y Económicas”, el cual se entrega a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos.

Una característica importante es el destino de los subsidios, que se orientan fundamentalmente a propiciar el desarrollo regional, por lo que se incorporan los rubros de Programas Regionales, Fondos Metropolitanos, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad, Fondo Regional, Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura, Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, entre otros.

En el caso de Guerrero, las cuentas públicas de los años 2006 a 2017 revelan muy poco para conocer en qué y cómo se ejercieron los recursos del Ramo 23 en la entidad; sólo se dan a conocer datos generales sobre el monto ejercido y la unidad administrativa que lo ejerció. Otra característica es que son recursos que se han incrementado notablemente y constituyen un porcentaje significativo de los recursos adicionales que llegan al estado.

De acuerdo con la cuenta pública publicada por la Secretaría de Finanzas y Administración, en

2006 al Ramo 23 se le denominó Programa de Reconstrucción y sólo se ejercieron 50 millones de pesos que se transfirieron a la CICAEG para “la construcción de carreteras y mantenimiento de autopistas”. En 2007, aunque no se presupuestaron recursos del Ramo 23, al final de ese año se obtuvieron 360.8 millones de pesos; no se especifica en qué se gastaron.

En el ejercicio 2008 tampoco se presupuestaron recursos, pero al final se gastaron 736.4 millones, sin definir su destino. En el siguiente año, 2009, se obtuvieron al final del ejercicio mil 289.6 millones de pesos que fueron transferidos a la Secretaría de Educación Guerrero y destinados al Programa de Infraestructura para la rehabilitación, conservación y remodelación de obras de infraestructura educativa.

Por otra parte, en 2010 se gastaron mil 217.2 millones de pesos “para continuar ampliando la infraestructura en el Estado”, según dice la cuenta pública de ese año. En el ejercicio 2011 se duplicó lo recaudado correspondiente al Ramo 23, con un monto de 2 mil 227.5 millones de pesos, aunque no hay información de a qué rubros específicos se destinó. Tampoco en 2012 se informan los temas de inversión y en ese año se obtuvieron 2 mil 333.8 millones.

En el ejercicio 2013 se incrementaron los ingresos por este concepto a 3,534.3 millones, pero no hay ninguna explicación en qué se gastó. Al siguiente año, 2014, se dio un salto en los ingresos, ya que se recaudaron 6 mil 121.1 millones de pesos y sólo se informa que se destinaron al “Fondo Regional, Fondo Metropolitano y Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad, entre otros”.

En 2015 por primera vez los recursos federales del Ramo 23 se desglosaron por cada uno de sus fondos: Fondo regional, Fondo Metropolitano, Ampliaciones Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo a la Cultura, Fondo de Infraestructura Deportiva, Rescate Acapulco Tradicional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad. En total, 5 mil 370.2 millones de pesos.

Finalmente, en los ejercicios 2016 y 2017 la cuenta pública no aporta información sobre los montos ejercidos ni el destino de los recursos.

La institucionalización de las fórmulas y procedimientos para la asignación de los recursos federales, sin duda permitirá que los ingresos a estados y municipios sea más o menos estable, independientemente de quién gane la presidencia. Guerrero no tendrá modificaciones sustanciales en sus presupuestos de los próximos años, pero sí se espera que las negociaciones para gestionar dinero adicional sean más difíciles y tal vez lleguen menos recursos.

Publicación de las cuentas públicas en Guerrero

El Sur, Periódico de Guerrero

Hasta hace algunos años, las cuentas públicas en Guerrero eran un tema exclusivo de unos cuantos, escondido para la mayor parte de los guerrerenses; la opacidad con que se manejaba esta información tenía entre sus causas la inexistencia de normas homogéneas y generales en el país para la administración y el registro de las finanzas públicas, pero especialmente, la poca inclinación de quienes ejercían el gasto público para rendir cuentas, una de cuyas inercias era precisamente negar o evitar su difusión amplia.

En contraparte, ha sido un reclamo constante de la ciudadanía conocer cómo gastan los gobernantes los recursos públicos, una exigencia que persiste hacia los diferentes órdenes de gobierno.

Al día de hoy se ha avanzado significativamente en la legislación de varias leyes generales, aplicables en todo el país, y también se inició la construcción de sistemas nacionales como el de transparencia, el de fiscalización o el de combate a la corrupción. Para el caso específico de las cuentas públicas, tal vez la norma más relevante sea la Ley General de Contabilidad Gubernamental (2009), a partir de la cual se establecieron criterios generales para el registro de los temas financieros tanto en la federación, como en los gobiernos estatales, ayuntamientos, y órganos autónomos, y de manera particular, se legisló la obligación de difundir esta información en canales públicos, como ya se establecía en las leyes de transparencia que regían en el primer lustro del siglo.

Algunos resultados de estos procesos de construcción institucional ya se pueden palpar. El gobierno del estado ya publicó las cuentas públicas de 2016 y 2017, y adicionalmente ya difunde en su portal electrónico las cuentas de 2005 a la fecha, todo a partir del empuje de las leyes aprobadas en los últimos años y a la construcción de un andamiaje institucional ordenado por éstas.

A la ciudadanía, a los medios de comunicación nos corresponde cerrar el círculo de la llamada rendición de cuentas revisando y escrutando con lupa esta información. Si bien los datos de cuenta pública son complejos y no siempre de fácil comprensión, son muy útiles para aproximarnos y conocer cómo se ejercieron los recursos en la entidad de manera general: lo siguiente es pedir información de temas específicos y exigir explicaciones de por qué gastaron los recursos como los gastaron.

En Guerrero, la historia de la publicación de las cuentas públicas ha sido azarosa, transcurrieron varios años antes de que este tipo de documentos se difundieran entre públicos amplios. Las tres leyes de transparencia que han regido al estado desde 2006, la propia ley general de contabilidad, así como los sucesivos decretos de presupuesto de egresos consideraban la obligación de los gobiernos de publicarlas, pero regularmente nunca se hacía.

Quien esto escribe, solicitó en varias ocasiones las cuentas públicas de las dependencias y entidades gubernamentales, que por ley deberían publicarse tanto en el periódico oficial del estado como en los portales electrónicos del gobierno. Sin embargo, la información sistemáticamente fue negada; la última vez sucedió en febrero de 2015 cuando solicité los informes de cuenta pública del gobierno del estado y los presupuestos de egresos del estado de los ejercicios 2005 a 2012. La respuesta de la Sefina fue que solicitara las cuentas públicas al Congreso, y los presupuestos, a la oficina del periódico oficial del estado, pero la Ley orgánica de la administración pública estatal establecía en su versión anterior que la Secretaría de Finanzas era la responsable de “establecer y llevar el sistema de contabilidad gubernamental” y  “concentrar, integrar y elaborar la Cuenta Pública Anual y el Presupuesto de Egresos (…)” (fracciones XVII y XXI del artículo 22 de dicha ley).

Luego de ganar un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, y después de un año de litigio, a principios de 2016 se me entregó la información, pero lo mejor fue que la Sefina publicó los informes de cuenta pública y los presupuestos en el portal del gobierno y hoy pueden ser consultados.

Sin embargo, de las cuentas públicas de 2005 hacia atrás, nadie sabe nada. Recientemente, la Sefina, en una resolución de su comité de transparencia, declaró la inexistencia de los informes de cuenta pública, así como de los presupuestos de egresos del estado, del periodo 2000 a 2005.

Hoy, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece criterios para la presentación de este tipo de información dirigido a todas las entidades públicas, a saber: un informe general, estados financieros, información contable, presupuestaria y programática, así como sus anexos. Los sujetos que deberán presentarla en el caso de las entidades federativas son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y los órganos autónomos.

 La cuenta 2017

Lo que salta a la vista de las dos más recientes cuentas públicas (2016 y 2017) que difunde la Sefina son los recursos excedentes que ingresan a la entidad respecto de lo presupuestado originalmente en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero. Recibir recursos adicionales evidentemente es positivo para el estado, pero no lo es, sin embargo, dar carta de naturalización a esta práctica de presupuestar menores cantidades de recursos, ya que amplía el margen de discrecionalidad de las autoridades que deciden en qué y cómo se gasta.

De acuerdo con el documento Estado Analítico de Ingresos, publicado en el portal del gobierno, en el ejercicio 2017 se presupuestaron 50,351.7 millones de pesos, pero a lo largo del año se recaudaron 64,688.5 millones, es decir, al final se obtuvieron 14,336.8 millones adicionales. Cabe mencionar que en esta cantidad se incluyen 2,950 millones de pesos de ingresos derivados de financiamientos.

La mayor tajada de estos recursos adicionales, en números absolutos, se destinaron al Ejecutivo, con 6,703.2 millones de pesos (46.7 por ciento del total), según el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Le siguieron el sector paraestatal con 2,867 millones, los municipios con 1,601 millones, y los órganos autónomos con 487.2 millones de pesos adicionales.

Si se observa la clasificación administrativa por dependencias del ejercicio del presupuesto hay un tema que llama mucho la atención: la asignación desproporcionada de recursos adicionales a algunas dependencias. Por ejemplo, al inicio de 2017, la Sefina tenía un presupuesto de 466.6 millones de pesos y al final del ejercicio ya tenía 2,788.6 millones, sin duda un brinco espectacular de casi 500 por ciento que requiere una explicación. En el mismo caso se encuentra la Secretaría de Educación de Guerrero, que tenía un presupuesto aprobado de 18,666 millones y al final alcanzó 22,191.8 millones de pesos.

Otras dependencias del Ejecutivo a las que se les asignaron recursos excedentes son la Secretaría General de Gobierno, que de 323.6 millones de pesos presupuestados a inicios de 2017 pasó a 518.8 millones; la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, cuyo presupuesto originalmente aprobado era de 780 millones y llegó a 1,001 millones; y la Oficina del Gobernador, que de 18.2 millones incrementó su presupuesto a 236.6 millones, lo que significa en términos relativos un incremento de 1200 por ciento. ¿Cuál es la explicación a este aumento?

En el caso del sector paraestatal, los incrementos más destacados respecto a lo presupuestado a principios de año fueron los del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular), con 988.5 millones; el Colegio de Bachilleres, que recibió 540.4 millones adicionales, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, con 528.3 millones, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con 303.2 millones adicionales; el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos con 201 millones; y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que recibió 131 millones adicionales a su presupuesto original.

Respecto de los órganos autónomos, las dependencias que sobresalen son la Universidad Autónoma de Guerrero, que pasó de un presupuesto de 2,443.4 a 2,784 millones de pesos, así como la Fiscalía General del Estado, que pasó de 829 millones a 998.3 millones de pesos en el ejercicio 2017.

Pero también hubo dependencias que disminuyeron su presupuesto aprobado por el Congreso del estado al comienzo del ejercicio 2017. Un primer tema es que se dejó de pagar un alto porcentaje de deuda pública, es decir, de 1,015.8 millones que se habían presupuestado, al final sólo se pagaron 340.4 millones de pesos. Las secretarías de Seguridad Pública y la de Protección Civil vieron disminuir su presupuesto en 175.2 millones y 143.9 millones de pesos respectivamente.

El sector salud también resultó afectado por las modificaciones en el presupuesto. De acuerdo con del documento Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, la Secretaría de Salud tuvo una disminución de 127.8 millones de pesos; varios hospitales corrieron la misma suerte, por ejemplo, el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense tuvo una disminución de 69.1 millones de pesos, el de la Madre y el Niño Indígena, de 54.3 millones. Instituciones relacionadas con el sector salud como el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán”, que tuvo un decremento de 30.4 millones de pesos y el Instituto Estatal de Oftalmología, cuya reducción fue de 20.7 millones de pesos.

 Clasificación por objeto del gasto

Si se observa la clasificación por objeto del gasto, también en el documento Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del ejercicio 2017 se pueden observar algunas consideraciones relevantes.

Por ejemplo, destaca el rubro de servicios de comunicación social y publicidad, cuyo presupuesto considerado a principio de año fue de 69.9 millones, pero al final del ejercicio se incrementó a 324 millones de pesos, lo que equivale a 363 por ciento. Es un aumento que llama mucho la atención, ya que la discrecionalidad con que se otorgan recursos a los medios de comunicación, por la falta de criterios claros de asignación, es fuente de muchas críticas e impacta directamente a la libertad de expresión y en general a la construcción y fortalecimiento de una cultura democrática.

Otros rubros que destacan por el tamaño de los recursos adicionales que recibieron en 2017 son el de Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, cuyo presupuesto aprobado era de 45 millones y al final obtuvo 242.9 millones; y también el de Combustibles, lubricantes y aditivos, que pasó de 43.7 a 89.3 millones de pesos.

Para Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, a principio de año se presupuestaron 86.8 millones de pesos y al final obtuvo 1,010.5 millones. Los Servicios de traslado y viáticos pasaron de un presupuesto inicial de 39.2 millones a 173.2 millones, y el rubro de Otros servicios generales de 17 a 193.2 millones de pesos.

El rubro de Remuneraciones adicionales y especiales también sobresale de la lista, pues se habían presupuestado 1,625.1 millones al iniciar el año y terminó con 1,929.4 millones, es decir, hay un incremento de 304.2 millones de pesos.

Estos son sólo algunas observaciones obtenidas a partir de una revisión general a la información sobre el ejercicio de los recursos de 2017, publicados en el portal de transparencia presupuestaria del gobierno del estado. No es información cuya dimensión sea fácilmente comprensible para la mayoría de los ciudadanos, pero es necesario revisar y analizar para saber en qué y cómo gastan los recursos los gobernantes, a efecto de que la rendición de cuentas, desde una perspectiva ciudadana, se concrete.

Con el fin de presentar de manera sencilla esta información, en 2012 se emitió la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos dirigida a entidades y dependencias gubernamentales para que “elaboren y difundan en sus respectivas páginas de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; así como la estructura y contenido de la información que rija la elaboración de estos documentos sea con base en estructuras y formatos armonizados”.

Si bien el gobierno del estado ha elaborado versiones ciudadanas de estos documentos, lo hecho hasta ahora puede mejorarse, y sobre todo, promoverse y difundirse de manera amplia entre la población.

Problemas graves en los comités de transparencia

El Sur, Periódico de Guerrero

Los comités de transparencia de las dependencias públicas son instrumentos estratégicos para el fortalecimiento de la política de transparencia en Guerrero, pero no están dando los resultados que se esperaban, por diferentes motivos. El problema más común es que la mayoría de las dependencias gubernamentales o no han formado sus comités -por indiferencia de alcaldes y otros servidores públicos- o su integración fue meramente formal para evitar sanciones.

Sin embargo, hay otro grupo de comités de transparencia, especialmente de entidades públicas importantes como la Secretaría de Finanzas y Administración o el Tribunal Superior de Justicia del estado que están emitiendo resoluciones que en nada favorecen a la transparencia, pues sus decisiones están dirigidas a clasificar la información de interés público como reservada o confidencial, o de plano, declararla inexistente.

Los comités de transparencia tienen una función relevante dentro del andamiaje institucional de la rendición de cuentas, estrenado hace un par de años. Son una especie de autoridad y dirección o guía en las actividades de transparencia y acceso a la información dentro de las dependencias públicas.

Su integración está considerada en el artículo 56 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado, por lo que las 208 dependencias públicas o sujetos obligados registrados en la entidad deben integrar su propio comité, como una instancia colegiada que coadyuve al cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Los integrantes del comité son nombrados por el titular del propio sujeto obligado y éstos “deberán tener un nivel jerárquico directivo o de toma de decisiones dentro de la estructura o integración” de la dependencia de que se trate.

Específicamente tienen la función de supervisar el riguroso cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ley y llevar a cabo la debida organización y conservación de archivos, así como el fortalecimiento de las acciones necesarias para garantizar que los procedimientos inherentes al ejercicio de acceso a la información pública se realicen de manera escrupulosa. Su importancia reside en sus funciones de análisis y toma de decisiones debidamente fundadas y motivadas sobre diversos aspectos del proceso de acceso a la información pública y del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la ley.

La simulación en la integración de los comités, el desafío a la ley de los titulares de las dependencias que no han designado a sus integrantes, y el uso de estas figuras para ocultar información, son temas urgentes que requieren la intervención del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro), a efecto de dilucidar lo que consideramos una estratagema para ocultar datos importantes que debe saber la ciudadanía. Si estas prácticas se generalizan y no hay respuesta del Itaigro, tendremos en Guerrero una “opacidad legalizada”, pues el ocultamiento de datos se decidirá en los propios comités de transparencia.

El comité de la Sefina
Revisamos al azar la información de varias dependencias del estado en la plataforma nacional de transparencia para conocer más sobre sus comités de transparencia, y estos fueron los resultados.

Las resoluciones del comité de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Héctor Astudillo Flores son las más polémicas porque ponen en entredicho todos los pronunciamientos y la política de transparencia del Ejecutivo del estado. Como se sabe, la Sefina es la dependencia que maneja las finanzas del gobierno estatal de manera centralizada, por lo que las decisiones de su comité de transparencia repercuten prácticamente en todo el estado.

Por medio del acuerdo del 30 de junio de 2016 de su comité de transparencia, la Sefina clasificó como asuntos reservados las estrategias de fiscalización para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; los procedimientos de cobro y cancelación de multas; la contenida en los juicios, recursos y procedimientos administrativos que se encuentren en trámite; la información preliminar sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos.

También clasificaron como reservada la información y documentos de trabajo correspondientes a la integración de los Informes del ejercicio del presupuesto y Cuenta Pública; la información relativa a la configuración, análisis, diseño y programación de las redes, servidores computadoras, equipos personales, equipos de comunicación de voz y datos, sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y sistemas, entre otros; la contenida en las revisiones y auditorías aplicadas a la Sefina, así como la derivada de los procesos de solventación de observaciones y señalamientos; la concerniente a los bienes muebles e inmuebles que sean relacionados con la seguridad pública.

En el mismo acuerdo, decidió clasificar como confidencial “los contratos de trabajo, los expedientes laborales y médicos, así como las percepciones del personal de la Secretaría”.

El argumento del comité de transparencia de la Sefina para clasificar toda esta información es que en los últimos años se han documentado en la prensa agresiones (amenazas, extorsiones, privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio) “en perjuicio de servidoras y servidores públicos (…) cuya responsabilidad estaba vinculada al manejo de información financiera, fiscal o de recursos humanos, dando cuenta de la vulnerabilidad de aquellos cuya identidad es reconocida y ubicable por el desempeño propio de sus funciones”.

En suma, la clasificación de la información es resultado entonces de la ineficacia del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos en general y a la burocracia en particular. No es responsabilidad de los ciudadanos ni de quienes requerimos información pública esta situación, y en todo caso el comité de transparencia debió argumentar también el fracaso de la política de seguridad del gobierno del estado como una de las causales para la clasificación.

El Tribunal Superior

La opacidad también se fragua en el comité de transparencia del Tribunal Superior de Justicia del estado. En una de las actas públicas, los integrantes del comité clasifican como reservada la información sobre “los sueldos netos de: Magistrado presidente, Magistrado de sala y juez de primera instancia”. El argumento es que “la fracción V del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 114, fracción I, de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, establecen como información reservada aquella que ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.

Este mismo argumento se empleó en varias ocasiones por el comité de transparencia del Tribunal para ocultar información que le solicitaron diferentes ciudadanos, como los datos “sobre los aguinaldos que perciben los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, por categorías o nombramientos otorgados, desde archivista judicial hasta juez de primera instancia, respecto del año 2016”.

También se envió a la opacidad la información “sobre el otorgamiento de plazas de base o basificación a trabajadores administrativos del Poder Judicial del Estado en los años 2015 y 2016”; y datos sobre “el directorio de trabajadores de base y confianza, así como la remuneración bruta de todos los servidores públicos, de todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos y sistemas de compensación” de 2017.

Otras solicitudes de información que el comité de transparencia del Tribunal no quiso responder son “la cifra total de cédulas profesionales (o títulos) que tengan registradas en todo el Poder Judicial del Estado de Guerrero de los Licenciados en la carrera de Derecho”; tampoco la solicitud relativa a “Los cuatro últimos informes anuales sobre los ingresos, inversiones y de egreso del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero (…)”, y otra sobre “cuántas quejas se han presentado en el periodo del año 2017, contra jueces, magistrados por alguna falta administrativa, por corrupción…”

Éstas son algunas resoluciones del comité de transparencia del Tribunal Superior de Justicia del estado en donde prevaleció el creterio de enviar la información a la opacidad. Curiosamente el comité clasificó información diversa sobre remuneraciones y aguinaldos como reservada y confidencial, aparentemente para proteger a empleados y funcionarios, pero olvidaron cuidar la privacidad de varios de los solicitantes de información, ya que hicieron público su nombre y hoy están expuestos en la plataforma nacional de transparencia.

Por cierto, todas las resoluciones son firmadas por Adela Román Ocampo, que fungía como presidenta del comité de transparencia y “Magistrado Numerario del Tribunal Superior del Poder Judicial”. Hoy es candidata a la presidencia municipal de Acapulco por el partido de Morena, y no es bueno este antecedente en materia de transparencia.

Otras dependencias

Otra dependencia que revisamos es la Secretaría de Educación de Guerrero, por la cantidad de recursos que se invierten en este sector. Lo que encontramos es que su comité de transparencia no ha realizado ninguna sesión y sólo publica que “hasta el momento el comité no ha realizado ninguna resolución, por la toma de oficinas” y también “por el temblor del mes de septiembre, no se han realizado resoluciones en virtud de que se están realizando visita a las escuelas dañadas por los sismos”.

El comité de transparencia de la Secretaría de Salud, no obstante que es también un sector estratégico en el que se invierten muchos recursos, tampoco ha realizado ninguna sesión.

El comité de la Secretaría General de Gobierno sí ha realizado sesiones, algunas para declarar la inexistencia de información. Por cierto, como parte del comité de transparencia en 2017, el recién designado fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, y la actual comisionada del Itaigro, Mariana Contreras Soto, eran presidente y secretaria técnica, respectivamente, del comité de transparencia de esta dependencia.

El Congreso del estado realizó sólo una sesión de su comité de transparencia, donde puso a consideración sus tablas de aplicabilidad y un reglamento de funcionamiento interno para el procesamiento de solicitudes de información. Esta única reunión fue el 11 de julio de 2017, es decir, a más de un año de la aprobación de la ley 207 de transparencia del estado.

El comité de transparencia de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, registró sesiones, pero sus vínculos electrónicos no llevan a ninguna parte. En tanto que la Universidad Autónoma de Guerrero realizó tres sesiones donde exhorta a sus áreas a facilitar información, espacios equipo y un secretario técnico y para proponer un proyecto de lineamientos de protección de datos personales de la UAG.

Ayuntamientos

En los municipios se presenta un panorama pobre en la integración y funcionamiento de comités de transparencia, no obstante que es en este orden de gobierno, donde más se requiere una toma de decisiones colegiada que haga contrapeso a las casi siempre inapelables decisiones de los alcaldes.

De los ayuntamientos que revisamos en la plataforma nacional de transparencia, sólo en Acapulco, Iguala y Coyuca de Benítez funciona con regularidad su comité de transparencia integrado por servidores públicos, regidores y ciudadanos. Independientemente de los temas que aborden y las decisiones que tomen actualmente, se requiere urgentemente institucionalizar y hacer regulares este tipo las instancias y las prácticas para la gestión de la información.

El comité de transparencia de Chilpancingo sólo ha sesionado en una ocasión, y en la integración del comité participa únicamente un ciudadano; su reunión fue informativa y no se tomaron decisiones significativas.

Otros ayuntamientos sólo realizaron la sesión de instalación, seguramente para evadir la multa del Itaigro. Es el caso del municipio de Eduardo Neri y Cuautepec.

En Zihuatanejo no se ha llevado ninguna sesión, y en el ayuntamiento de Taxco argumentan que “por lo de los sismos y afectaciones se cancelan las sesiones” y a la fecha no han realizado ninguna.

Tlapa no tiene registrada ninguna información y Chilapa tampoco informa sobre ninguna reunión. El ayuntamiento de Ometepec no tiene ninguna información, así como tampoco Juan R. Escudero, Ayutla, Tlacoachistlahuaca, Huamuxtitlán y Benito Juárez.

El comité ciudadano de ética y transparencia, sin resultados

El Sur, Periódico de Guerrero

El Sur, periódico de Guerrero, cumplió 25 años de vida, un acontecimiento que vale la pena ponderar y dimensionar cuando el oficio periodístico se ejerce en un estado como Guerrero, complejo, pobre, todavía caciquil, inseguro, y con permanente riesgo para quienes se dedican a informar. Hay detrás de estos años muchas vivencias, experiencias, sinsabores y éxitos, pero me quedo con su aspiración, que comparto, de que puede haber un Guerrero mejor; mientras ésta persista, que siga El Sur cumpliendo años.

No tenemos todavía en Guerrero ninguna experiencia exitosa de organismos ciudadanos de consulta o creados para colaborar y opinar sobre diferentes temas de la gestión pública. Y aunque el fracaso o la ineficacia de estos comités o consejos consultivos no son exclusivos del actual gobierno, sí tienen en común el propósito institucional de influir en su constitución y actividades por medio de la elección de personas “a modo”, acríticas o complacientes con las decisiones y acciones gubernamentales, pero de esa manera poco ayudan a mejorar los programas y proyectos públicos. A nada le viene mejor el adjetivo de decorativos, como a estos consejos ciudadanos.

En Guerrero todavía no se ha creado un organismo ciudadano que realmente tenga peso e influencia en la consulta, toma de decisiones o en la operación gubernamental, y esto es de lamentar porque son mecanismos que permiten sopesar, más allá de su colaboración en la mejora de alguna acción pública, la disposición y la apertura de un gobierno hacia la ciudadanía, más allá de declaraciones mediáticas.

Hay un caso emblemático de este tipo de organismos en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, se trata del Comité consultivo del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, constituido en octubre de 2016 para acompañar dicho programa. Pero todo parece indicar que el comité consultivo no está funcionando, pues a más de 18 meses de su creación, no ha influido en ninguna decisión gubernamental, no se conectó con la ciudadanía, se observan problemas internos o por lo menos hay ausencias constantes de sus miembros, y no se conoce quién lo preside en su segundo año de funcionamiento.

Aunque son varios los temas en los que pueden intervenir, los miembros del comité consultivo se han concentrado en la creación del sistema estatal anticorrupción, pero lejos de influir en el proceso o por lo menos contribuir a la difusión masiva de lo que se está haciendo, la presencia del comité consultivo más bien fue testimonial, porque en estricto, el gobierno del estado, por medio de una comisión intersecretarial, y el Congreso fueron los únicos responsables de las modificaciones a la constitución local, así como de las reformas o creación de las leyes correspondientes para la creación del sistema.

En este proceso de preparación y legislación de leyes, no hubo parlamento abierto, no hubo consultas a la ciudadanía, tampoco foros –sólo uno, a escasos días de la aprobación del paquete de leyes–, ni acercamientos con la sociedad civil, todas ellas funciones que debió gestionar el comité consultivo ciudadano, pero no lo hizo.

El día que les tomó protesta a los integrantes del comité consultivo, el 17 de octubre de 2016, el gobernador expresó “su “interés” en incluir a la sociedad civil organizada, organismos empresariales y medios de comunicación en el comité, porque “el combate a la corrupción no es tarea de uno, es tarea de todos”. Y en nombre de los integrantes del comité, habló Aleida Alarcón, del Grupo ACA, quien dijo que Guerrero ocupa los primeros lugares en ineficiencia y en opacidad, y ofreció que harían un trabajo puntual de evaluación y seguimiento de la ética y la transparencia “como lo marcan las leyes de la administración pública del estado de Guerrero. “Ya no queremos más corrupción, ya no queremos más ineficiencia en nuestro sistema gubernamental”, dijo en aquella ocasión.

 Los asegunes

A mediados de enero de 2017, escribimos en este espacio sobre la integración del comité consultivo, y las dudas saltaron por la falta de especialización de la mayoría de sus integrantes en los temas de transparencia y rendición de cuentas, pero también por las posiciones poco imparciales que habían mostrado algunos de los designados por el Ejecutivo del estado.

Las personas seleccionadas para integrar el comité fueron Aleida Monserrat Alarcón Domínguez, de la Asociación Civil Acapulco AC (Grupo ACA); César González Arcos, del Centro Empresarial Chilpancingo; Julián Urióstegui Carbajal, propuesto por la Concamingro; Arely Adriana Almazán Adame, de la Universidad Autónoma de Guerrero; y Silvia Galeana Valente, de la Fundación de Bloque de Mujeres al Poder AC.

Por lo menos dos integrantes del comité ciudadano mostraron que no eran tan imparciales como establecía la convocatoria. Julián Urióstegui Carbajal, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales y Empresariales del estado de Guerrero, se ha caracterizado por su incondicional apoyo al gobernador Héctor Astudillo; por ejemplo, publica desplegados para felicitar al mandatario por su informe de gobierno, o lo apoya en conflictos tan delicados y de los que no existen datos concluyentes como el de la balacera de La Concepción, en la zona rural de Acapulco, entre otros.

Arely Adriana Almazán Adame, otra de las integrantes del comité consultivo, fue propuesta por la Universidad Autónoma de Guerrero, es decir, labora en una de las dependencias que tienen obligaciones de transparencia y de establecer mecanismos de acceso a la información. Esto la convirtió en juez y parte. Pero lo más cuestionable es que el rector de la universidad descubrió la militancia partidista de Almazán Adame. El 7 de febrero, los medios de comunicación dieron a conocer la nominación de la funcionaria a una diputación plurinominal por el PRI, candidatura que la postre rechazaría, pero el rector “confirmó que la también directora de Planeación y Evaluación Institucional de la UAG hace muchos años tiene militancia priista”.

Esta confesión del rector pone en predicamento al comité consultivo, pues aunque la convocatoria no negaba la inscripción de militantes partidistas –aunque sí de los representantes de partidos– su militancia no es sana para un organismo ciudadanizado.

Informes y minutas

Para documentar las actividades del comité consultivo presentamos un paquete de solicitudes de información ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, como dependencia del Ejecutivo que coordina las sesiones del comité rector y del comité consultivo del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción.

Los pocos y dispersos documentos obtenidos por esta vía no reflejan las actividades y los avances que, en su caso, ha logrado el comité consultivo. Lo que se alcanza a deducir de las minutas y los informes es una atención casi exclusiva hacia el tema del sistema estatal anticorrupción en Guerrero. Por ejemplo, aunque algunos integrantes del comité consultivo asistieron a las mesas de trabajo donde se preparaba el paquete de leyes del sistema estatal anticorrupción, su incidencia fue nula, en parte porque no había especialistas en el comité, en parte porque se concentró toda la representación en su presidente, y también porque el comité no buscó legitimarse entre las organizaciones de la sociedad civil para adquirir la fuerza necesaria que les permitiera influir. Por eso llama la atención que en su primer informe, el comité diga que “es y será el representante de la Sociedad Civil, que vigilará la adecuada implementación del Sistema (estatal anticorrupción)”, pues no hay que olvidar que el comité es un organismo creado desde el gobierno y que requería el aval o la legitimación de la ciudadanía, lo cual no ha sucedido.

En el segundo informe trimestral resalta la realización del Foro anticorrupción, perspectivas y retos en Guerrero, cuyos aspectos relevantes los reseñamos en este espacio (18 de julio de 2017) y se resumen en una abrumadora presencia de funcionarios públicos, escasa asistencia de representantes de la sociedad civil, no se invitó a la prensa y se realizó en un sitio de acceso restringido (Casa Guerrero). Incluso el reclamo de algunos de los ponentes invitados fue que el foro se hubiera realizado a destiempo, sólo cuatro días antes de que se aprobaran las nueve leyes del sistema local anticorrupción.

En su plan de trabajo, presentado ante el Comité rector del programa de ética, transparencia y combate a la corrupción, el comité consultivo se plantea el ambicioso objetivo de “supervisar que se implemente en tiempo y forma el Sistema Local Anticorrupción” y vigilar que éste “no tenga un marco legal de menor alcance o contrario al Sistema Nacional Anticorrupción”. Asimismo, se plantearon realizar dos foros para “servir de puente de comunicación con organismos de la sociedad civil para implementar el SLA”.

Otras actividades que no cumplieron son “Difundir las actividades en las que participa el Comité Consultivo”, “Convocar a los integrantes del Comité a que incentibemos (sic) a la sociedad civil, a participar de propuestas que mejoren el programa”, además de “Establecer acercamiento con organizaciones civiles que tienen actividad en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción”.

Pendientes

Hay una serie de temas que realmente son importantes para la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, y de los cuales el comité consultivo debería ocuparse. Uno de ellos es la designación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema estatal anticorrupción; sin éste, no podrá comenzar a funcionar el sistema. Hasta la fecha, el Congreso del estado ni siquiera ha publicado la convocatoria para la elección de las cinco personas que harán la designación del CPC, y ya se venció el plazo que establece la ley. El comité consultivo en este caso se debe pronunciar y exigir al Congreso que emita la convocatoria y sobre todo vigilar que haya un proceso adecuado aseado para que se seleccionen personas con el perfil y la especialización requeridas.

Por cierto, Digna Marroquín Cisneros, presidenta del Grupo ACA, en su toma de protesta de enero pasado, solicitó al gobernador apoyo para tener uno de los cinco lugares del CPC. Nada más incongruente, porque el CPC debe integrarse mediante un escrupuloso y transparente proceso que garantice la llegada de las personas más aptas, y esto no sea por contubernio o complicidad.
Otro de los asuntos en los que se debe concentrar el comité consultivo es en el seguimiento del programa especial de gobierno abierto y transparente 2016-2021, principal instrumento del Ejecutivo del estado para el tema. A la fecha, el comité consultivo no ha dicho ni una palabra sobre este programa.

Sobre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, el comité consultivo tiene mucha tela de donde cortar. Por ejemplo, el Congreso del estado no ha entregado resultados sobre quiénes integrarán el Consejo Consultivo del órgano garante, pues aunque se emitió la convocatoria, nada se conoce al respecto. La función del comité consultivo es buscar la información para ponerla a disposición del público, y en su caso, exigir a los diputados que concluyan o repongan el proceso.

También deben hacer un fuerte pronunciamiento sobre los bajos niveles en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ya que a esta fecha los 208 sujetos obligados del estado deben tener el 100 por ciento de su información publicada en la plataforma nacional de transparencia, y ninguno lo ha hecho.

Otro asunto es el de las multas a los infractores de la ley de transparencia, pues a la fecha no se han aplicado a ningún sujeto obligado, con lo que se genera una cultura de la impunidad en esta materia. El comité consultivo debería gestionar y hacer un pronunciamiento respecto a este cuello de botella que ya lleva varios años en Guerrero, y que el gobierno de Héctor Astudillo tampoco ha destrabado.

Finalmente, el comité consultivo debe acercarse a las organizaciones y los ciudadanos -el presidente del comité ha estado presente en reuniones abiertas del CPC del sistema nacional anticorrupción y ha observado cómo éstas sirven para tender puentes con la sociedad civil- para que no parezca un organismo gubernamental antes que ciudadano.

Todos estos asuntos podrían ser incómodos al Ejecutivo, al Congreso o a los ayuntamientos, pero gestionarlos y emitir posicionamientos claros es lo mínimo que se espera de un organismo consultivo de carácter ciudadano. Todavía hay tiempo para que el comité consultivo deje de ser decorativo.

Guerrero, sin Gobierno Abierto

El Sur, Periódico de Guerrero

En Guerrero no hay ejercicios de gobierno abierto, aun cuando varios funcionarios y alcaldes, sin conocer realmente en qué consiste esta práctica, la adoptan en sus discursos sin ninguna responsabilidad. El portal electrónico del ayuntamiento de Coyuca de Benítez, por ejemplo, incluye este concepto en uno de sus slogans: Gobierno abierto y transparente. Otro ejemplo es el gobierno de Acapulco, que en febrero de 2016 publicó un boletín de prensa titulado “Reitera Evodio compromiso de encabezar un gobierno abierto y receptivo a la participación ciudadana”. Por su parte, en su primer informe de gobierno, el alcalde de Eduardo Neri aseguraba que las acciones realizadas por su gestión significaban “un avance sustancial para contar con un gobierno abierto, eficiente y transparente”.

Funcionarios del Ejecutivo del estado tampoco han escapado a esta tentación. Por ejemplo, el exsecretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, resaltó que desde el inicio del gobierno de Héctor Astudillo Flores se han realizado una serie de acciones para fortalecer el ejercicio de gobierno abierto y transparente, según un comunicado del 10 de julio de 2017. Y el propio Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 denominó a su eje V, Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente, pero no hay acciones para echar a funcionar este tipo de prácticas. Igualmente, el Ejecutivo del estado elaboró un Programa Especial Gobierno Abierto y Transparente para el mismo periodo, pero también carece de propuestas sobre gobierno abierto.

En suma, como la transparencia y la participación ciudadana en su tiempo, hoy el gobierno abierto se está convirtiendo en un concepto de moda, que hasta hoy sólo ha servido para adornar los pronunciamientos y documentos básicos de los gobiernos, pero nada más que eso.

 Qué es el Gobierno Abierto

De acuerdo con la definición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), gobierno abierto es un modelo de gestión que se basa en los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información  para formular políticas públicas que promuevan el diálogo, la colaboración y la co creación entre autoridades y ciudadanos para la atención de los principales asuntos públicos.

Existen muchas definiciones sobre el concepto, y quizás los componentes clave son la construcción de espacios y mecanismos de diálogo y colaboración entre ciudadanía y gobierno para la resolución de problemas públicos; y especialmente la procuración de un ambiente propicio para generar la confianza y la legitimidad que requiere esa colaboración; cualquier rastro de duda o simulación puede acabar con todo esfuerzo de construir este tipo de prácticas, precisamente como ya sucedió en otros estados, en la experiencia federal y parcialmente en Guerrero.

El concepto de gobierno abierto obtuvo un nuevo y su mayor impulso en 2009, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó un memorándum ejecutivo sobre Transparencia y Gobierno Abierto, cuyo sentido y alcances proponía una interacción entre gobierno y sociedad a través de la transparencia, la participación y la colaboración, utilizando como como instrumentos el internet y las tecnologías de la información y la comunicación.

En 2011, varios países constituyeron la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), con el objetivo de propiciar compromisos de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.

México fue uno de los países que se adhirió a la AGA, y en septiembre de 2011, el entonces presidente Felipe Calderón presentó el plan de acción de México en el que se comprometió a aumentar la integridad pública, manejar más eficientemente los recursos públicos, aumentar la rendición de cuentas corporativas y mejorar los servicios públicos.

Cabe destacar que el AGA en México estaba coordinado por un secretariado técnico tripartita, integrado por la Secretaría de la Función Pública, el INAI y ocho organizaciones de la sociedad civil. Este esquema de gobierno abierto comenzó a promoverse en los estados y municipios a partir de 2015.

 ¿Gobierno Abierto en el estado?

En Guerrero se intentaron construir prácticas de gobierno abierto en 2016, pero el proceso quedó inconcluso. La iniciativa surgió de dos organizaciones, Guerrero Transparente y Ciudadanos por Municipios Transparentes, que establecieron contacto con funcionarios del gobierno del estado y del ayuntamiento de Acapulco, respectivamente, para que se sumaran a esta iniciativa que ya se había iniciado en otras entidades del país. El propósito era participar en la segunda convocatoria 2016, promovida por el INAI, para impulsar ejercicios de gobierno abierto en los estados.

El proyecto buscaba propiciar espacios de participación y diálogo (secretariados técnicos en los estados y municipios), por medio de los cuales autoridades, funcionarios y sociedad civil diseñaran e implementaran planes de acción local en los que plasmaran compromisos de gobierno abierto ambiciosos, realizables y relevantes para cada contexto local.

En su primera convocatoria de 2015, participaron 13 entidades federativas: Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Chiapas, Tabasco, Zacatecas y San Luis Potosí. En la edición de 2016 se incorporaron Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Campeche, Guerrero y Distrito Federal.

En el caso de Guerrero, el compromiso de adhesión se formalizó mediante la firma, el 21 de junio de 2016, de una Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto, en la que participaron el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de la Contraloría; el ayuntamiento de Acapulco, por medio de su Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa; el Itaigro, INAI y dos organizaciones de la sociedad civil.

En los meses siguientes se organizaron dos actos abiertos para difundir la intención de poner en marcha prácticas de gobierno abierto en Guerrero, y la designación de un facilitador para moderar el proceso. Pero no se hizo más.

Hay diferentes factores que obstaculizaron la puesta en marcha del gobierno abierto en Guerrero. En el caso del ayuntamiento de Acapulco, el desinterés y la simulación que comenzaron a observar los funcionarios conforme avanzaba el proceso de co creación; y en el Ejecutivo del estado, la falta de fuerza en la toma de decisiones del anterior secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pues éste no pertenecía al grupo político del gobernador Héctor Astudillo, y prefirió administrar la secretaría con un perfil bajo.

En ambos casos también se observó una “burocratización de la agenda”, ya que los pasos sugeridos por el INAI para diseñar e implementar las experiencias de gobierno abierto se adoptaron en Guerrero de manera inflexible -en todos los estados hay circunstancias específicas que deben ser consideradas-, y siempre predominaron los tiempos y el ritmo del Itaigro y las instituciones gubernamentales que participaban en el proceso.

También hay que contar la “falta de sociedad civil” en el estado, la ausencia de organizaciones interesadas en este tipo de prácticas, y en general en la transparencia y la rendición de cuentas. Este déficit también puede explicarse porque no hay una disposición manifiesta para invertir tiempo y con frecuencia recursos financieros, sin que necesariamente se retribuyan. La falta de confianza en las instituciones gubernamentales es también un factor que desalienta la participación ciudadana, especialmente cuando aquellas se aprovechan de las iniciativas ciudadanas, o sus acciones son de simulación.

El caso Acapulco

La construcción de un ejercicio de gobierno abierto en el ayuntamiento de Acapulco se truncó precisamente por la simulación. En abril de 2016, Cimtra-Guerrero le propuso al ayuntamiento iniciar un diálogo para ubicar espacios de articulación entre ciudadanía y gobierno municipal y enmarcarlos como ejercicios de gobierno abierto. En ese marco, el ayuntamiento de Acapulco expuso su programa Lupa Ciudadana como un mecanismo para captar opiniones, comentarios, denuncias y quejas, a efecto de conocer cómo estaban funcionando los servicios proporcionados por el ayuntamiento, y propuso que Cimtra-Guerrero contribuyera a su promoción, difusión y seguimiento.

Por su parte, Cimtra expuso su interés por participar en la transparencia y seguimiento de la obra pública, y al respecto el ayuntamiento de Acapulco se comprometió a publicar una página electrónica especial sobre el tema con las versiones ciudadanas de los expedientes técnicos de las obras, el desglose del presupuesto anual del Fondo de Infraestructura Social Municipal, la propuesta de inversión, así como los avances físicos y financieros de las obras y acciones. Desde el principio, Cimtra dejó muy claro que su participación estaba condicionada a que hubiera compromisos y especialmente resultados concretos de las acciones que se acordaran.

Una vez que esta iniciativa fue aceptada como parte de la convocatoria de Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 2016, como parte de la metodología del INAI se encargó la coordinación del ejercicio al Itaigro y se perdió la continuidad en el trabajo. A esto contribuyó también el cambio de funcionarios del ayuntamiento. Un año después de firmar la Declaración Conjunta, en junio de 2017, Cimtra-Guerrero se retiró del proyecto, ya que consideraron “que no se cumplieron los compromisos contraídos ni percibimos condiciones para que se concrete una colaboración de esta naturaleza”.

De manera particular se le hizo saber al ayuntamiento encabezado por Evodio Velázquez, que “Los compromisos hechos por el Ayuntamiento de Acapulco respecto de la obra pública municipal y del Programa Lupa Ciudadana, no se cumplieron”. Asimismo, se le expresó en ese entonces que “Al actual gobierno municipal de Acapulco le resta poco más de un año de gestión, tiempo que estimamos insuficiente para cumplir compromisos duraderos de Gobierno Abierto”.

El ayuntamiento redactó un escueto oficio en donde reiteraba “la voluntad y compromiso del Gobierno Municipal de Acapulco, en la búsqueda de la consolidación de un gobierno más abierto y transparente; estamos convencidos de que, con participación ciudadana, el camino a seguir para lograr los objetivos institucionales planteados al inicio de la administración municipal, será más asequible”.

Pero el ingrediente principal para la construcción de este tipo de ejercicios, la confianza, se había resuqebrajado.

 También en la AGA

En el mismo mes en que Cimtra rompió con el ayuntamiento de Acapulco, en la AGA nacional también se presentaron acontecimientos que propiciaron la pérdida de confianza. Diez organizaciones integrantes del secretariado técnico tripartita de la AGA, abandonaron el proyecto porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no actuó de manera efectiva ante un  caso de espionaje de diferentes oficinas del gobierno mexicano a investigadores y defensores de la salud en México, revelado en febrero de 2017.

“En México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto”, acusaron las organizaciones en un comunicado.

Un informe publicado por el periódico The New York Times en febrero de 2017 descubrió la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo menos tres investigadores y defensores de la salud en México.

“Dos de estos tres defensores colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con la Sociedad Civil y el gobierno en la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en específico para la construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción / 2016-2018”. Ante dicha situación, las organizaciones exigieron al poder Ejecutivo Federal y a los comisionados del INAI, contrapartes en el secretariado técnico tripartita, actuar de manera efectiva ante este delicado asunto, pero todavía al día de hoy no ha habido una respuesta concreta.

El gobierno abierto es una tendencia de la gestión pública que parece irreversible. Aunque hoy se observan aún marcadas resistencias y obstáculos, las políticas públicas y los programas gubernamentales tendrán que nutrirse cada vez más con fórmulas donde la transparencia y la participación ciudadana tengan una intervención protagónica. Guerrero ya tuvo una primera oportunidad; es necesario esforzarse por otras más.

Se rezaga el Sistema Anticorrupción en Guerrero

El Sur, Periódico de Guerrero

El Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero tiene ya su primer pero significativo rezago: el Congreso del estado no atendió la designación de un comité de selección, encargado a su vez de elegir al Comité Participación Ciudadana, es decir, a uno de los órganos que componen el sistema anticorrupción y sin el cual no puede comenzar a funcionar.

En Guerrero, sobre todo el Ejecutivo, había sido cuidadoso para que la reforma constitucional y la creación o reforma de algunas leyes para dar viabilidad al sistema anticorrupción se aprobaran en tiempo y forma; pero en la implementación de esta política ya aparecieron los primeros obstáculos, que pueden derivar en el empantanamiento del sistema local, como ya sucedió en el orden federal.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, publicada el 18 de julio de 2017 y que entró en vigor el 1 de enero de 2018, establece los pasos necesarios para designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), uno de cuyos cinco integrantes presidirá al órgano que coordinará el mencionado sistema. Esto significa que sin este procedimiento no puede iniciar sus funciones el sistema anticorrupción.

Hay una etapa previa a la elección del CPC, y es que los diputados deben nombrar primero a una comisión de selección, integrada por personalidades de los sectores académico, investigación y de las organizaciones de la sociedad civil, que se encargará de designar a los miembros del CPC.

El problema es que el Congreso del estado no cumplió con los tiempos establecidos en la ley que ellos mismos aprobaron para nombrar a la comisión de selección. El plazo se venció en los primeros días de abril de 2018 y dicha comisión aún no existe, es más, ni siquiera se conoce alguna convocatoria. El artículo segundo transitorio de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción dice a la letra: “Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley [lo cual sucedió el 1 de enero de 2018], el Congreso del Estado, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección”. No hubo tal y su omisión repercutirá de manera significativa en los tiempos de construcción del sistema.

En esta entrega abordaremos el estado que guardan los sistemas anticorrupción en los estados y las dificultades que han presentado en su construcción, de manera particular cómo se han designado los CPC, como una de las piezas clave del sistema.

 Paréntesis

 Antes de avanzar sobre el sistema anticorrupción, me permito llamar la atención sobre un tema diferente, pero que ejemplifica las resistencias y lo que piensan todavía muchos funcionarios respecto de la rendición de cuentas en el estado de Guerrero.

Hace algunos meses, un funcionario del actual ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, le dijo a uno de nuestros compañeros de Cimtra-Guerrero, que realizaba la evaluación de transparencia en ese municipio: “para qué quieren que se transparente la información, eso sólo trae problemas; mejor impartan talleres para enseñarnos cómo esconder la información”.

Esto viene a cuento porque nos enteramos que una funcionaria que trabaja en la Dirección General de Transparencia de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental “recomendó” a servidores públicos, en un taller sobre el tema, que tuvieran “cuidado” con un servidor (“un periodista de El Sur”) porque, comentó, me dedicaba a solicitar información gubernamental sólo para “evidenciar” públicamente a las dependencias.

La anécdota no tendría importancia si no viniera del área que precisamente tiene la misión de promover el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y el acceso a la información en el Ejecutivo del estado y además emitida por una servidora pública. El hecho me parece muy grave y sólo espero que esta posición de la funcionaria no sea parte de una política deliberada de esa secretaría.

Por otra parte, puedo comentar que, efectivamente, me dedico a solicitar información para conocer, analizar, escudriñar, comparar y tratar de agregarle valor a la información respecto de las actividades que realizan no sólo el gobierno del estado, sino los demás poderes, los ayuntamientos, los organismos autónomos y en general todas las dependencias públicas, a efecto de que los lectores tengan una perspectiva diferente y mejor sustentada. Nuestro trabajo no tiene como fuente principal las declaraciones de los actores públicos y sus actividades, sino que en Monitor de Guerrero regularmente la información proviene de las respuestas a solicitudes de información. Me parece que es una buena forma de documentar con evidencias lo que sucede en el sector público para tratar de explicar acontecimientos que difícilmente serán narrados por los políticos y funcionarios, quienes casi siempre esconden en sus dichos lo que realmente sucede en sus gestiones.

 Los avances en el país

Regresando al tema principal, la construcción de los sistemas anticorrupción (nacional y estatales) ha sido un proceso cuesta arriba porque ha encontrado todo tipo de resistencias. El propio sistema nacional tiene hoy varios de sus integrantes ausentes, lo que no le han permitido operar plenamente; no se han nombrado los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni al fiscal anticorrupción, tampoco varios de los sistemas estatales se han operativizado, como el de Guerrero.

Considerando que el CPC nacional tiene la facultad de establecer coordinación con sus similares a nivel estatal, ha realizado un monitoreo sobre la adecuada constitución de los sistemas locales anticorrupción.

De acuerdo con información del CPC nacional y con datos al 22 de febrero, faltan aún seis Congresos estatales para que nombren a su comisión de selección del CPC, éstos son Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero y Tlaxcala. En el caso de las entidades que ya nombraron comité de selección, pero que aún no cuentan con CPC están Baja California Sur, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. A esa fecha, sólo 20 estados cuentan con CPC, lo cual representa el 62.5 por ciento del total de entidades.

Procesos cuestionados

Las leyes de nueva generación, relacionadas con la rendición de cuentas (Ley general de transparencia, ley general del sistema anticorrupción) contemplan que los procesos de designación de integrantes de los nuevos organismos (órganos garantes de la transparencia, comisiones de selección, comisiones de participación ciudadana) se realicen de manera abierta, transparente y con la observación de los ciudadanos.

Incluso, organizaciones de la sociedad civil han logrado que algunas normas se legislen bajo el principio de parlamento abierto, que es una modalidad con activa participación ciudadana, y han exigido que en los nombramientos de los titulares de dependencias relacionadas (auditor superior de la federación, magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fiscal federal anticorrupción) haya reglas claras y transparentes, con procesos abiertos, a efecto de que se garantice el arribo de los mejores candidatos a esos puestos.

Pero esta tendencia de apertura y transparencia no se ha reflejado en los estados, donde se deben construir a nivel local las instituciones necesarias para estar en condiciones de formar parte de los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización, transparencia y anticorrupción.

En Guerrero, la integración de este tipo de organismos ciudadanos o con autonomía respecto de los poderes, no ha sido la más pulcra ni transparente; sólo hay que recordar el proceso reciente de elección de los comisionados del Instituto de Transparencia del estado para concluir que persiste la intromisión de actores externos.

Las designaciones en puerta, tanto de la comisión de selección como del CPC del sistema estatal anticorrupción, están en riesgo de correr la misma suerte. Y esta opacidad y simulación no es privativa de Guerrero, sino que ha proliferado en varios estados de la república.

En Oaxaca, por ejemplo, la organización Nosotrxs denunció que el proceso de integración del CPC estatal fue sido opaco, tendencioso y apresurado, ya que “A destiempo y con opacidad, se designaron a los integrantes de esta Comisión de Selección, en la cual se puede advertir que, salvo un par de excepciones, no se cumplen las reglas de tener personajes destacados de la academia o la sociedad civil. Esto pone en duda la adecuada instalación del Comité de Participación Ciudadana, para la cual personajes destacados que cumplían con las condiciones requeridas han sido desestimados”.

En Sonora “hubo parcialidad y manoseo para favorecer al PRI”, según denunció uno de los candidatos a ocupar un sitio en el CPC estatal, Juan José Duarte Bravo, quien agregó que “la deliberación sobre los participantes seleccionados no fue pública, sino que se hizo mediante cédulas a puerta cerrada y el procedimiento no se apegó a los estándares de transparencia”.

También en Zacatecas hubo denuncias en el sentido de que una de las designadas no cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria. La denuncia la realizó la diputada local Lorena Oropeza Muñoz.

En Aguascalientes, cuatro aspirantes que participaron en la convocatoria para integrar el CPC del estado manifestaron irregularidades en el proceso de selección de consejeros y promovieron un amparo contra la conformación de dicho comité. El Juzgado Quinto de Distrito ya admitió el recurso legal y actualmente está en proceso.

En Guerrero

La construcción del sistema estatal anticorrupción en Guerrero será un proceso complejo, ya que se trata de una institución nueva que involucra en su operación a varias dependencias, pero sobre todo, que implica la generación de políticas y procedimientos novedosos que deberán remover numerosas inercias y vicios vigentes en la administración pública del estado. El sistema tendrá en el comité coordinador a su componente directriz y más importante y estará integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero; el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Prácticamente todos los integrantes están en espera de sumarse al sistema, sólo falta el CPC, y antes, la integración de la comisión de selección del CPC, que deberá ser nombrada por el Congreso del estado. En el caso de los cinco integrantes del CPC, la ley establece que deberán ser ciudadanos “de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción en el Estado”.

Este el punto ha provocado numerosas inconformidades en los procesos de integración de los CPC en otros estados, ya que se denuncia que se eligen personas “a modo” y cercanas a funcionarios y políticos. En Guerrero esperamos que las autoridades gubernamentales que regularmente deciden o influyen en nombramientos detrás de bambalinas, se apeguen a lo que dice la norma y sean congruentes con todo lo que se dice en los antecedentes y considerandos de la Ley Estatal Anticorrupción.

Tan importante como la designación de los miembros del CPC es el proceso de nombramiento de los cinco ciudadanos de la comisión de selección. Este proceso también debe ser lo más pulcro y transparente posible. La mecánica es que el Congreso del estado convoque a instituciones de educación superior y de investigación del estado, para proponer a tres candidatos que integren dicha comisión de selección. Éstos deberán destacarse “por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción”.

Pero los legisladores también convocarán a organizaciones de la sociedad civil e investigadores especializados en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a dos miembros.

Sin embargo, los diputados guerrerenses atendiendo primero los asuntos relativos a sus próximos cargos, no convocaron ni designaron a la comisión de selección, no obstante que la ley estatal anticorrupción establece que este proceso tendría que ocurrir dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la ley, es decir, el 1 de enero de 2018.

Comenzó mal la implementación del sistema anticorrupción de Guerrero. ¿Habrá en el sector público quien esté interesado en echar a caminar el sistema, más allá de que sea una obligación dictada por la Constitución?