Regidores de Acapulco presentan comprobación inconsistente (II)

El Sur, Periódico de Guerrero

Aunque la comprobación que presentan los regidores de Acapulco de sus gastos de gestoría de manera general cumple con las reglas que establece la Auditoría Superior del Estado (ASE), una revisión minuciosa evidencia muchas inconsistencias e incluso irregularidades. En esta entrega de Monitor de Guerrero presentamos la segunda parte de un análisis de los documentos de comprobación de los ediles, del ejercicio 2016, que obtuvimos del ayuntamiento a partir de dos solicitudes de información y un recurso de revisión.

En la edición anterior aseguramos que los regidores y síndicos de Acapulco gozan de privilegios como ningunos en el estado, porque reciben recursos financieros para “gastos de orden y gestoría social”, que utilizan prácticamente a su arbitrio. Un millón 680 mil pesos es la cantidad que recibe anualmente cada regidor, a razón de 140 mil pesos mensuales, que utilizan para “ayudas sociales a personas” utilizando sus propios criterios para definir a qué persona ayudan, con cuánto y por qué lo ayudan.

Ante la falta de reglas claras, los regidores del puerto, aun cumpliendo con los lineamientos de la ASE, pueden destinar el dinero que reciben a hacer proselitismo, a su proyección personal o a generar clientelas para fines partidistas o particulares. En el caso específico de la comprobación de los recursos de 2016, si bien aprobaron los controles internos del ayuntamiento de Acapulco, difícilmente pasarían una auditoría social o la vigilancia ciudadana, ya que los documentos presentan muchas inconsistencias. Lamentablemente no existen tales figuras en la normativa municipal de Guerrero y el ejercicio de dichos recursos permanece en duda.

Los lineamientos

 Los Lineamientos para la Comprobación de Gastos de Orden y Gestoría Social fueron emitidos por la ASE en enero de 2012. Este tipo de gastos, dice la norma, “se derivan de acciones implementadas por los Municipios en sustento al desarrollo de la comunidad, en razón de que fueron creados para brindar apoyo económico o en especie a los ciudadanos”, pero advierte que estos recursos invariablemente deberán proceder de los ingresos propios generados por las administraciones municipales.

Los gastos de orden social se entregan a los ediles “para conocer las demandas de la población en relación al desarrollo comunitario o casos concretos de carácter personal que requieran atención inmediata y gestionarla”, y pueden gastarse en alimentación, pasajes y traslados, hospedaje, combustible, peajes, papelería, mantenimiento, equipo de transporte y servicio telefónico.

Hay que recordar que por concepto de gastos de orden social, cada regidor de Acapulco recibe 70 mil pesos mensuales, y sería interesante que presentaran los diagnósticos elaborados con ese dinero, ya que con éstos, dicen los lineamientos, los regidores ya cuentan “con elementos suficientes para establecer de manera puntual, justa y equitativa la asignación de los recursos financieros con que cuenta la administración a la satisfacción de esas demandas”.

El otro tipo de recursos que son entregados a los ediles se denominan “gastos de gestoría social” destinados a “dar atención inmediata a las necesidades más apremiantes de la población en situación de extrema pobreza y marginación o rezago social, la atención puede ser mediante apoyo económico o en especie a los ciudadanos o asociaciones con fines no lucrativos que así lo soliciten, asimismo, a personas destacadas en el área deportiva, académica o artística que requieran de apoyo para continuar su superación personal y profesional”.

Los cuestionamientos comienzan con la comprobación. Si bien los lineamientos de la ASE especifican que los gastos de orden y gestoría social pueden comprobarse tanto con facturas fiscales como con “recibos de egresos”, el resultado de nuestra revisión indica que hay un abuso de estos últimos, no obstante que la mayoría de los ediles entregan apoyos para adquirir electrodomésticos (estufas, refrigeradores, colchones, lavadoras) y materiales de construcción (cemento, grava, arena, madera), de los cuales se pueden obtener facturas fiscales con cierta facilidad.

También se observa una generalizada falta de evidencias en la entrega de los apoyos. Si bien los regidores tratan de cumplir los requisitos documentales de la ASE, descuidan el tema de la presentación de evidencias, especialmente fotos, informes y otros documentos probatorios.

En este caso se encuentran las y los regidores Karina Ríos Radilla, Luis Miguel Terrazas, Olga Salmerón Mendoza, Enrique Granados Morga, Rodolfo Escobar Ávila y Braulio Montes Vázquez quien por cierto entregó a dos personas del mismo domicilio apoyos para mantenimiento de vivienda, así como dos apoyos a una misma persona.

Dudas en las comprobaciones

Casos específicos de comprobación dudosa son, por ejemplo, los de la regidora María de Jesús Antonio Reynoso, que presentó oficios de solicitud que no corresponden con los conceptos que entrega y también hay muchos apoyos que se brindaron a beneficiarios cuyos domicilios son imprecisos. Las constancias de radicación expedidas por una delegación municipal son idénticas en la firma y el sello, por lo que se puede presumir su falta de autenticidad. Los recibos están mal elaborados, casi todos con los apellidos cambiados y con muchas faltas de ortografía.

Marbelia Salas Flores presenta fotos de las condiciones en que se encuentran las viviendas, pero no de los resultados después de los apoyos entregados. No se encontró congruencia entre la dirección que aparece en los recibos de recepción de los recursos y la de sus comprobantes, por ejemplo, da un apoyo en el poblado de Km 42 y el beneficiario comprueba con un recibo de la comunidad Los Ilamos. Respecto a las solicitudes de análisis clínicos, algunas no tienen ni fecha ni nombre del médico que ordena los análisis. Se observó que la mayoría de quienes solicitan y reciben dinero para análisis clínicos son personas muy jóvenes, y los análisis que se ordenan no son congruentes ni verosímiles por el tipo de estudios específicos que se pidieron.

El regidor Amílcar García Estrada entregó dos apoyos a la misma persona por el mismo concepto (recibos 3188 por 5 mil pesos y 3951 por 5 mil 500 para material de construcción); también apoyos a la misma persona con dos conceptos diferentes (recibo 6718 para adquirir un refrigerador y recibo 5792 para comprar una lavadora).

En el caso de la regidora Emma Reyes Hernández hace entrega de muchos electrodomésticos, pero no presenta las facturas. Hay una incongruencia con la entrega de apoyo a una “madre soltera” de 60 años y con una persona beneficiada del municipio de Chilpancingo. También se observaron inconsistencias en los certificados de radicación expedidas por un comisario municipal, ya que esta autoridad firma con apellidos diferentes, y se presume que son una reproducción idéntica y sólo modificaron los datos. La información de las personas que piden certificados poseen predios que miden exactamente lo mismo. Los datos de la credencial INE de los beneficiarios tienen domicilio distinto al del certificado de radicación, incluso difieren en el nombre de la comunidad.

En el caso de la regidora Alejandra Solorio Almazán, la mayor parte de los apoyos fue para adquirir electrodomésticos (17 estufas, 17 refrigeradores, 20 colchones 20 31 lavadoras 31), pero hay por lo menos 11 personas que recibieron dos de estos apoyos en el mismo año.

Verónica Cadena Saligán es también una regidora que se especializó en la entrega de electrodomésticos (colchones, estufas y refrigeradores) pero no existen facturas de lo comprado. Se detectaron personas que fueron beneficiadas dos veces (recibo 3122 por 5 mil pesos para material de construcción, y recibo 3800 por 5 mil 500 pesos para la compra de un refrigerador). O como los recibos 4969 (lavadora) y 5765 (lavadora) a nombre de la misma persona; también los recibos 4968 (refrigerador) y el 5766 (refrigerador) para la misma persona.

Rosa María Trani Torralva entregó dos apoyos, uno por 4 mil y otro por 8 mil pesos para corridas de toros. En abril presentó facturas de artículos electrodomésticos que compró para el Día de las Madres; en mayo continuó apoyando festejos del 10 de mayo, pero ya sin facturas. Aunque presentó algunas fotos de estos festejos, se observó que hay imágenes repetidas para diferentes eventos.

Ulises Manrique Dorantes no presenta fotos de evidencia de entrega de los recursos. En los apoyos del mes de enero de 2016 destaca que la mayor parte de las beneficiadas sean mujeres jóvenes de entre 21 y 25 años (ocho de los 12 apoyos otorgados ese mes) quienes recibieron recursos para despensa, mantenimiento de vivienda y pasajes. También se observó que en los apoyos para gastos médicos, es un solo médico el que expide todas las recetas, lo cual no sería irregular si sus servicios fueron gratuitos.

Más dudas

 Vladimir Beciez Romero entregó dinero a beneficiarios para ir a consultas fuera de Guerrero, pero no hay recetas médicas; también para ir a torneos deportivos y encuentros académicos a Guadalajara, Puebla y Querétaro, pero ningún solicitante anexa datos oficiales de las actividades adonde acudieron. En el caso del apoyo para materiales de construcción, no hay facturas ni fotos ni ninguna evidencia de la adquisición.

María Antonieta Guzmán Visario presenta comprobaciones de apoyos de despensa para ser entregadas a grupos de personas, pero no se observó evidencia (nombres, listas de entrega, domicilios) de los beneficiarios, y la entrega fue a la persona que gestiona apoyos. También abundan las solicitudes de personas que van a cuidar a sus padres o abuelos enfermos en estados de Puebla, Veracruz, Morelos, Tijuana, Oaxaca, Sonora, Quintana Roo, Durango o CDMX, o en municipios del estado de Guerrero, y a quienes se les apoya con montos que van de los 5 mil a los 10 mil pesos.

El regidor Porfirio Librado Daza Rodríguez casualmente el 8 de enero recibió varias solicitudes de apoyo para gastos funerarios, algunas respaldadas con el certificado de defunción y otras no. Presenta fotos ilegibles de apoyos con materiales de construcción, y también faltan documentos de identidad de las personas. En mayo se gastó 30 mil pesos en “regalos” para madres y niños, cuyas fotos por cierto no reflejan los gastos reportados y se presume son imágenes de otros eventos.

Comprobación razonable

 Sólo hay tres regidores y regidoras que presentan comprobaciones más o menos congruentes. Gloria Sierra López es una de ellas, ya que incluye solicitudes verosímiles de apoyo y anexa la documentación correspondiente como fotografías de los apoyos recibidos o los trabajos realizados; en el caso de apoyos de beneficio colectivo, se exhiben solicitudes con sello de comisarios o delegados municipales, así como documentos para su identificación. Aunque pocas, también agrega facturas fiscales, pero en la mayoría de los casos son recibos firmados por los beneficiarios.

Es el mismo caso de la regidora Alma Juárez Altamirano, que presenta recetas verosímiles y fotos de las condiciones en que se encuentran las viviendas y de las personas a quienes les proporciona los apoyos. También de Arturo López Sugia, que en el caso de apoyos para análisis clínicos, las órdenes de análisis son verosímiles ya que provienen de diferentes laboratorios (distintos de los dos que utilizan todos los demás regidores) y hay médico que firma la solicitud y son congruentes los análisis que piden.

Lo que falta

Hay varias prácticas que pueden contribuir a transparentar los recursos y a una mejor evaluación social de lo que hacen los regidores. En el primer caso, la pregunta relevante es si existe la comprobación de los gastos de orden y gestoría social, por qué no se elaboran versiones públicas de estos documentos y se difunden públicamente.

También sería muy útil que la ASE actualizara los lineamientos para este tipo de gastos e incluyera criterios e indicadores de cumplimiento de objetivos sociales, ya que las revisiones que hacen los órganos de control interno del ayuntamiento con la norma actual son insuficientes. El cabildo, por su parte, debe pensar en incluir mecanismos de contraloría ciudadana que verifiquen desde otra perspectiva el ejercicio del gasto de los síndicos y regidores.

Estas propuestas, que pueden parecer ingenuas, son sin embargo el piso mínimo para un ejercicio de gasto público de manera democrática, transparente, justa y honesta, por parte de representantes populares del municipio más grande de Guerrero. No hacerlo así, todo lo que se diga es opacidad y simulación.

Gastos de gestoría: los privilegios de los ediles de Acapulco (I)

Publicado en El Sur de Acapulco

Los resultados de una investigación periodística sobre los “gastos de gestoría” que reciben algunos regidores y síndicos, así como los diputados de Guerrero, se abordarán en esta y la siguiente entrega de Monitor de Guerrero. Se trata de una partida muy cuestionada por su opacidad y nula rendición de cuentas, ya que públicamente no se conoce de dónde proviene, de cuánto son los montos, los criterios para su ejercicio, la comprobación de ese gasto y su impacto en la población.

No hay en la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado ningún enunciado que faculte a los regidores para ejercer recursos públicos de manera directa, aunque tampoco lo prohíbe. En todo caso, éstos deberían sujetarse a la normatividad para el control, fiscalización y transparencia -como todos los recursos públicos-, y no ser excepcionales sólo porque provienen de los recursos propios de los ayuntamientos.

Las solicitudes presentadas se refirieron a la “Cantidad de recursos financieros entregados a los regidores como Gastos de Gestión durante 2016”. Se pidió que los datos se desglosaran por regidor y partido político y que proporcionaran el nombre, ubicación y monto de las obras reportadas con estos recursos. También se les requirió la “descripción del procedimiento mediante el cual los regidores comprueban estos recursos”.

La información solicitada es parte de la que obligatoriamente deben publicar todas las dependencias públicas. La Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, en su artículo 81, fracción XV, del capítulo de las “Obligaciones de Transparencia Comunes” dice que las dependencias públicas deben transparentar “La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio”.

Pero ningún ayuntamiento lo hace, ni tampoco el Congreso del estado, de ahí que fue necesario solicitarla mediante los procedimientos que establece la ley.

La gestión de información y la revisión de documentos para realizar este trabajo fue de casi un año; tuvo dos propósitos, a saber: conocer qué ayuntamientos guerrerenses proporcionan recursos públicos a los ediles para sus “gestiones” y en qué condiciones lo hacen; y poner a prueba los procedimientos e instituciones establecidos en la ley para el acceso a la información pública gubernamental.

La información que publicamos se deriva de las respuestas a 71 solicitudes de información presentadas desde el 5 de enero de 2017 para conocer cómo ejercen estos recursos los ediles de 70 municipios guerrerenses -únicas demarcaciones, de las 81 que existen en el estado, habilitadas en la plataforma electrónica Info Guerrero en esa fecha- y los legisladores del Congreso del estado.

Primeros hallazgos

Lo primero que destaca es que 27 ayuntamientos no respondieron a las solicitudes en los plazos que fija la ley, y otros dos sujetos obligados -ayuntamiento de Chilpancingo y el Congreso local- dieron datos que no correspondían a lo requerido; en consecuencia, se presentaron 29 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro).

Un balance sobre las dificultades para el acceso a la información en el estado, así como sobre las respuestas que dieron los ayuntamientos -casi todos los 44 gobiernos municipales que sí contestaron dijeron que no otorgan recursos a sus regidores- se publicó en la edición del 25 de abril de 2017 de Monitor de Guerrero, “Opacidad en los gastos de gestión”.

Igualmente, el 2 de enero de 2018, en “Transparencia en 2017; qué hay para 2018” se describió el rezago en el procesamiento de recursos de revisión y el incumplimiento de las resoluciones del Itaigro, pues aunque ha emitido 22 resoluciones, sólo se han cumplido cinco, es decir, a diez meses de que se presentaron 29 recursos de revisión, sólo se obtuvieron datos de cinco gobiernos municipales.

Hay un problema muy grave en el estado en materia de acceso a la información, derivado de la falta de atención a las solicitudes de información por los ayuntamientos, del rezago en el procesamiento de recursos de revisión, y de la falta de consecuencias para quienes incumplen las resoluciones del órgano garante local, pues ninguna multa ni otras sanciones se han aplicado a la fecha.

Acapulco y otros 4 ayuntamientos

Había interés particular por los cinco ayuntamientos con mayor número de población en el estado, pues éstos tienen más posibilidades de recabar ingresos propios, y por lo tanto, de financiar los gastos de gestoría social de sus ediles. El gobierno municipal de Taxco respondió que les otorga 5 mil pesos mensuales a sus regidores, mientras que el de Iguala proporciona la misma cantidad. El ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta omitió responder y el Itaigro aún gestiona un recurso de revisión presentado el 20 de febrero de 2017. Por cierto, también pendiente de resolución se encuentra el recurso de revisión del Congreso del estado que se presentó el 13 de febrero de 2017.

Del gobierno municipal capitalino, Chilpancingo, el órgano garante emitió una resolución el 17 de octubre de 2017 para que entregara la información sobre sus ediles, pero esto no ha sucedido. Dice la resolución que el sujeto obligado tendrá un plazo de tres días hábiles para cumplir o de lo contario se haría acreedor a una multa económica de 10 mil 956 pesos, “con independencia de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de los servidores públicos”. Ya pasaron tres meses y el ayuntamiento de Chilpancingo no ha entregado la información; no se ha cobrado ninguna multa y tampoco se ha iniciado ningún procedimiento de responsabilidad administrativa. Es la ruta que han seguido casi todas las 22 resoluciones que emitió el Itaigro.

Acapulco es un caso aparte. Los regidores y síndicos del ayuntamiento de Acapulco deben considerarse privilegiados porque reciben montos significativos de recursos, que destinan a “gestoría social”; el ayuntamiento les entrega poco más de 1.6 millones anuales a cada uno.

Los datos que se presentan en adelante se derivaron de las respuestas a dos solicitudes de información, a la documentación del procedimiento de un recurso de revisión en contra de ese gobierno municipal, y a la revisión de cerca de 14 mil hojas de comprobación de gastos de 20 ediles porteños correspondientes al ejercicio 2016.

Las solicitudes a Acapulco

En su respuesta, el ayuntamiento de Acapulco informó que 19 regidores en 2016 recibieron recursos por 1 millón 680 mil pesos y un regidor, un millón 710 mil pesos (seis ediles son del PRI, cinco de la coalición PRD-PT, cinco del PAN, dos de Movimiento Ciudadano, uno del PT y uno del Partido Verde). No informó si los síndicos recibieron este tipo de recursos.

Hasta este punto, no había problemas con el acceso a la información del ayuntamiento de Acapulco, pero sí cuando se presentó una segunda solicitud con el folio 00084517, que literalmente decía: “Relación de acciones por concepto de gastos de orden social y gastos de gestoría social de 2016, desglosado por cada regidor del ayuntamiento, acción, comunidad, monto y fecha”. También se solicitó copia de las facturas y comprobantes de lo gastado por cada regidor.

Como respuesta, se recibió un oficio de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento Acapulco -vencido ya el plazo que otorga ley para responder a una solicitud- para decir que no entregaría la información porque “deberá solicitarla a quienes generan el gasto directamente”, es decir, a los ediles.

Al respecto, la norma es muy clara. En el caso de Guerrero, el artículo 52 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dice que “Los sujetos obligados contarán con un área responsable para la atención de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia, la cual será la única competente para recibir y tramitar todas las solicitudes de información y las relativas a datos personales que se presenten”.

Sobre el requerimiento de “Copia de las facturas y comprobantes del mes de enero de 2016, agrupados por cada regidor”, el ayuntamiento también negó la información porque “contiene datos personales de terceros”. Es probable que el ayuntamiento se refería a los proveedores de bienes o servicios pagados con recursos públicos, o bien, a los beneficiarios de los apoyos otorgados por los ediles. Pero en ninguno de los dos casos tenía razón.

En el primer caso, la negativa no se justifica, ya que la información solicitada se encuentra enmarcada en el artículo 81, fracción XXVIII: “La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados (…)”.

Tampoco la segunda, porque igualmente está incluida en la ley: “La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: (…) q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo”. (artículo 81, fracción XV).

No había pues, ninguna justificación para negar las comprobaciones del gasto ni tampoco para no informar a qué se destinaban estos recursos. Por esta negativa se presentó un recurso de revisión ante el Itaigro el 23 de marzo de 2017 en contra del ayuntamiento de Acapulco.

El órgano garante emitió una resolución el 10 de octubre de 2017 ordenando que se entregara la información, y el 30 del mismo mes la Unidad de Transparencia del ayuntamiento comunicó la disposición de la misma.

Qué entregaron

En formato electrónico, el gobierno municipal de Acapulco nos entregó cerca de 14 mil hojas correspondientes a pólizas de cheques, tablas de control, recibos de la Tesorería municipal, y especialmente, recibos firmados por las y los beneficiarios que recibieron el apoyo, así como copias de documentos de identificación y su lugar de residencia.

Durante 2016, los regidores y regidoras de Acapulco recibieron mensualmente cheques por 70 mil pesos, cada uno por concepto de “gastos de orden social, subsidios, apoyo social, materiales, suministros y gastos en general necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”, de la cuenta de Recursos Propios del ayuntamiento de Acapulco.

Pero adicionalmente, recibieron 70 mil pesos mensuales por concepto de “subsidio adicional por gestoría social en cumplimiento de sus funciones, necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”.

En total, cada regidor o regidora recibió del orden de un millón 680 mil pesos en 2016, de acuerdo con los documentos del ayuntamiento que revisamos.

Sin embargo, la comprobación que nos entregaron corresponde sólo a 70 mil pesos mensuales erogados por cada edil; del resto del dinero que ejercieron no se recibió ningún documento y por lo tanto no hay evidencia de en qué se gastó.

Los regidores comprobaron de manera muy diferente los recursos. Al revisar los documentos en nuestro poder, algunos ediles hicieron una comprobación razonable, presentaron evidencia documental y fotográfica de los apoyos que proporcionaron; pero otros, la mayoría, improvisaron su comprobación, abusaron de los recibos firmados por los beneficiarios y hay una notable ausencia de facturas fiscales, no obstante que una gran cantidad de dinero se destinó a la compra de electrodomésticos (estufas, refrigeradores y hasta colchones), a materiales de construcción (madera, cemento, grava, arena, láminas) y a medicamentos o análisis de laboratorio, es decir, conceptos de los que se pueden emitir ese tipo de comprobaciones formales sin mucha dificultad.

La gran cuestión de los gastos de gestoría no es que los regidores dispongan de dinero para canalizarlo a personas de bajos recursos o a proyectos de beneficio colectivo -eso podría ser legítimo si hubiese reglas claras- sino su utilización discrecional, su opacidad y su comprobación deficiente.

En la siguiente entrega se abordará con más detalle la manera en que los regidores porteños comprobaron los recursos que ejercieron a partir de la revisión de la documentación entregada por el ayuntamiento de Acapulco.

La transparencia en 2017; qué hay para 2018

Publicado en el Sur de Acapulco

El año que recién terminó fue variopinto en materia de transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas. Entre lo bueno se cuenta que el proceso de construcción del sistema estatal anticorrupción dio un importante paso al aprobarse las reformas constitucionales y leyes que le dan sustento. Lo lamentable del año es que el funcionamiento del sistema nacional de transparencia en el estado continúa dando tumbos, y específicamente el acceso a la información todavía es un derecho que no se ejerce plenamente en Guerrero, pues persiste un nudo estructural que incluye a las dependencias públicas que niegan la información y desacatan las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro), un órgano garante que arrastra rezagos e inercias en el procesamiento de los recursos de revisión, y lo más grave, quienes infringen la ley de transparencia todavía gozan de impunidad, pues al día de hoy aún no se aplican medidas de coerción para los infractores.

El 2018 será un año interesante por varios motivos. Comenzará una nueva gestión en el Itaigro -con los mismos o nuevos comisionados- que deberá resolver en el corto plazo las deficiencias que arrastra. Un hecho que sucederá por vez primera, es la designación de un consejo consultivo ciudadano que vigilará y dará seguimiento al trabajo del órgano garante.

Se elegirá también el comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción, el cual este mismo año deberá a comenzar a funcionar.

Finalmente, otro hecho importante es que comienza la obligación de publicar información de oficio para todas las dependencias públicas, con la diferencia de que esta vez sí habrá consecuencias para quienes no lo hagan.

En esta edición se presenta un recuento de aciertos y desaciertos ocurridos en la materia durante el año que concluyó, así como los principales acontecimientos que vendrán en 2018.

Lo bueno

Uno de los pocos episodios positivos que pueden destacarse durante 2018 es que el gobernador del estado promovió que los diputados guerrerenses aprobaran en tiempo y forma las reformas constitucionales y las leyes correspondientes para la creación del sistema estatal anticorrupción. Aunque parecía una acción de trámite, derivada de una obligación que tenía un plazo perentorio dictado por la constitución federal, lo cierto es que las experiencias legislativas previas en el tema de transparencia siempre se caracterizaron por su tortuguismo, retraso y por la aprobación de leyes de poca calidad.

Con ese antecedente y en un estado acostumbrado a estar siempre en la cola de los procesos nacionales, realmente destaca que Guerrero haya cumplido en tiempo y con los estándares exigidos en la confección de una reforma constitucional y de nueve normas que darán origen al sistema estatal anticorrupción. Sólo resta esperar que en 2018 el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción comience sin contratiempos y se tomen las mejores decisiones; de lo contario, todo este avance legislativo se irá por la borda.

Lo malo

Aunque el sistema nacional de transparencia lleva año y medio de vigencia, en el estado de Guerrero los avances son a cuentagotas. Independientemente de las inconsistencias de la plataforma nacional de transparencia (PNT) construida por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la mayoría de las 208 dependencias públicas, partidos políticos, sindicatos y otros sujetos obligados no están publicando su información de oficio o lo están haciendo parcialmente. Lo anterior significa que ninguna dependencia pública en Guerrero puede calificarse como transparente porque nadie ha cumplido ni siquiera con los estándares que establece la ley.

Durante 2017, por iniciativa del INAI, el Consejo Nacional del sistema dio una segunda prórroga para que todas las dependencias del país tuvieran la oportunidad de subir su información. La fecha límite, que ahora sí parece definitiva, es el 1 de enero de 2018.

En el inter de esta segunda posposición de las obligaciones de transparencia, del 4 de mayo al 31 de diciembre de 2017, el Itaigro debió realizar una “verificación diagnóstica” para conocer las necesidades y problemas de por qué las dependencias públicas no están subiendo su información y asesorar a aquellas que lo requirieran.

De acuerdo con los lineamientos generales, este proceso consistió en dos pasos: en el primero, se realizaron revisiones “para detectar áreas de oportunidad de cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General”. En el segundo paso, se realizaron revisiones a los portales para dar seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas en la primera fase y al cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Según las fechas propuestas por el CN, la primera fase se realizaría del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017. Las acciones de la segunda fase se realizarán del 15 de agosto de 2017 hasta el último día hábil de 2017 de cada organismo garante. Es decir, el Itaigro ya tiene un diagnóstico de la transparencia en el estado, el cual comentaremos en entregas posteriores.

Al margen de todo esto, la revisión al azar de la plataforma nacional de transparencia y de los portales electrónicos de los sujetos obligados no augura buenos resultados. No obstante que ya han tenido tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones, lo cierto es que la gran mayoría de dependencias públicas, sobre todo los ayuntamientos, no ha cumplido con subir su información a la plataforma y los portales.

A partir de enero, el incumplimiento tendrá consecuencias porque ahora sí, las dependencias públicas omisas podrán hacerse acreedoras a multas y otras sanciones, y además cualquier ciudadano podrá denunciar dichos incumplimientos.

Mal en acceso a la información

Durante 2017 las cosas no fueron mejores en el tema del acceso a la información. Se observó que persiste la negativa a entregar la información por parte de muchas dependencias públicas o a proporcionarla de manera parcial o a entregar datos que no corresponden con lo que solicita el ciudadano. Estas expresiones son sólo parte de un problema estructural que incluye también al órgano garante del estado, que se encarga de procesar los recursos de revisión, y a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, responsable de cobrar las multas a los infractores de la ley de transparencia.

Un ejercicio que realizamos a principio de año ayudará a comprender cómo hay una falta de articulación y muchas deficiencias entre las dependencias encargadas de garantizar el derecho.

El 5 de enero de 2017 presentamos ante los ayuntamientos y el Congreso un paquete de solicitudes de información sobre los gastos de gestoría de sus regidores y diputados. En el caso de los gobiernos municipales, sólo presentamos 71 solicitudes porque 10 ayuntamientos no estaban habilitados en el sistema Info Guerrero (primer obstáculo para el acceso a la información).

De las 72 solicitudes, que incluyen la del Congreso, sólo 45 contestaron en tiempo -aunque dos no entregaron lo que se les pidió-, y 27 no hicieron caso a la solicitud (segundo obstáculo), por lo que pasados los 20 días hábiles que establece la ley, se presentaron 29 recursos de revisión ante el Itaigro.

Sin embargo, el órgano garante presentó rezagos en el trabajo de procesar los recursos de revisión y emitir sus resoluciones (tercer obstáculo); de este paquete de 29 recursos de revisión que nos ocupa, han emitido 22 resoluciones, la mayoría en los meses de junio y julio, pero algunas en octubre y una recientemente, el 5 de diciembre. Y lo grave es que a un año de distancia no se ha dictado ninguna resolución en los casos de cinco ayuntamientos y el Congreso del estado.

Dos obstáculos adicionales complican aún más el escenario para el ejercicio de acceso a la información. Si bien el Itaigro emitió 22 resoluciones ordenando que los ayuntamientos nos entregaran la información solicitada, éstos hicieron caso omiso en 17 de los casos (cuarto obstáculo).

Esta actitud de los ayuntamientos en gran parte se debe a que saben que no habrá ninguna consecuencia jurídica para ellos (quinto obstáculo al acceso a la información), ya que la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado durante 2017 no cobró ni una sola multa; de hecho, desde 2006, fecha en que entró en vigor la primera ley de transparencia en el estado, no se ha cobrado ni una sola multa y esto sólo contribuye a generar un ambiente de impunidad que las dependencias públicas aprovechan para no cumplir con sus obligaciones de transparencia ni de facilitar el acceso a la información de los guerrerenses.

Al final el balance no es nada bueno: en 10 casos no hubo manera de hacer llegar una solicitud de información, y por otra parte, de 29 casos que se tramitaron de acuerdo con la ley para hacer valer el derecho de acceso a la información, solo cinco han entregado la información obligados por una resolución del Itaigro o por sí mismos de manera extemporánea; el resto continúa en la impunidad cobijados por la protección o negligencia de la Sefina.

Lo que viene

2018 será relevante para la participación ciudadana en algunos organismos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Uno de ellos será el Consejo Consultivo del Itaigro, el cual será integrado por tres consejeros ciudadanos que durarán en el cargo cinco años. Éstos serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados.

Por cierto, de acuerdo con el Decreto número 206 por medio del cual se reforma el artículo 122 de la Constitución del estado, la convocatoria debe emitirse “dentro de los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este decreto”, el cual fue publicado el 14 de julio de 2017 en el periódico oficial del estado. Esto significa que la designación del consejo consultivo bien pudo empatarse con el nombramiento de los consejeros del Itaigro, pues la fecha para publicarla debió ser a principios de diciembre de 2017.

Este órgano ciudadano, si funciona bien, podrá recomendar mejoras sustanciales a la manera en que ha funcionado el Itaigro y dar seguimiento a las principales acciones. Su buen funcionamiento permitirá disminuir las inercias que persisten en el órgano garante y proponer medidas para resolver las grandes cargas de trabajo que se avizoran en 2018.

En este año también deberá formarse el comité de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El procedimiento que indica la ley es que el Congreso del estado constituirá una comisión de selección integrada por cinco personas residentes en el estado, tres propuestas por instituciones de educación superior, y dos sugeridas por organizaciones de la sociedad civil.

Esta comisión de selección emitirá una convocatoria para realizar una amplia consulta pública dirigida a la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del comité de participación ciudadana y deberá hacerlos públicos. En un plazo de 90 días siguientes a la entrada en vigor de la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción, el 1 de enero de 2018, el Congreso del estado, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección.

Lo sobresaliente del comité de participación ciudadana es que por vez primera un organismo con este perfil tomará decisiones en las políticas públicas anticorrupción en el estado. Regularmente este tipo de consejos ciudadanos eran creados para dar recomendaciones y opiniones a los órganos gubernamentales, pero nunca para participar en la toma de decisiones.

Incluso, un miembro del comité de participación ciudadana será el que presida el comité coordinador del sistema, que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; el Comisionado Presidente del Itaigro; y por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

La expectativa del sistema estatal anticorrupción es alta; ojalá no se presenten los lastres que pueden impedir o disminuir su eficaz funcionamiento como la mala elección de miembros del comité de participación ciudadana o el tortuguismo en su instalación o en sus procesos de toma de decisiones.

En febrero, nuevos comisionados en el Itaigro

Publicado en el periódico el Sur de Acapulco

En febrero del próximo año se inicia una nueva etapa en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro), ya que los diputados de la LXI Legislatura designarán a nuevos comisionados o ratificarán parcial o totalmente a los actuales.

No es una decisión menor, pues en los próximos meses se presentarán retos de mucha trascendencia para el estado en materia de transparencia y acceso a la información que requerirán de comisionados competentes para construir un órgano garante eficiente, eficaz, que haga valer su autonomía y que comience a ganarse un prestigio y una legitimidad que hoy todavía no tiene.
Recientemente el Congreso del estado emitió una convocatoria para la inscripción de candidatos, de entre quienes habrán de seleccionarse tres comisionados del Itaigro -hombres o mujeres- que comenzarán su encargo en febrero de 2014. Lo que se espera es que sea un proceso transparente, pulcro, justo, que permita una designación profesional de los mejores.
Los aspirantes
Son 23 los inscritos en la lista de candidatos a comisionados del Itaigro; no se sabe aún cuántos de éstos cumplieron con los requisitos y quiénes pasarán a la siguiente ronda, ya que los miembros de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado decidieron continuar el proceso de selección hasta enero de 2018.
Entre los aspirantes están los actuales comisionados Roberto Rodríguez Saldaña, Joaquín Morales Sánchez y Elizabeth Patrón Osorio, que buscan repetir en el cargo. Es indudable que les llevan ventaja a los demás competidores simplemente porque tienen una experiencia adquirida a lo largo de cuatro años, pero en contra tienen un desprestigio fraguado durante el primer año y medio de funciones, específicamente los dos primeros, quienes junto con el defenestrado consejero Crescencio Almazán Tolentino, protagonizaron una gresca por los recursos del instituto que todavía hoy ninguno de ellos ha justificado ni explicado.
Como se recordará, el 7 de febrero de 2014, el Congreso del estado designó a Crescencio Almazán Tolentino, Roberto Saldaña Rodríguez y Joaquín Morales Sánchez como consejeros del Itaigro para el periodo 2014-2018. Pero a sólo 36 meses de su encargo, los diarios capitalinos se regodearon con los pleitos internos entre los tres consejeros, y en gran parte esto tenía su origen en la pugna por el ingreso de sus recomendados para trabajar en el organismo.
En contra de los tres actuales comisionados también pesa que nunca funcionaron como un órgano colegiado, en gran parte como consecuencia de la modalidad de designación empleada por los diputados, a través de cuotas partidistas, y no por sus capacidades, experiencia y especialización. Esto propició que no se construyeran canales apropiados para el procesamiento de los desacuerdos, y el instituto ha funcionado de manera fragmentada, con cada uno de los consejeros “jalando” para su lado, o si acaso, con débiles acuerdos entre ellos. Las consecuencias de esta forma de operar las ha pagado la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información en el estado.
Otro grupo de aspirantes es el de los periodistas. En los tres concursos para consejeros o comisionados que ha habido en Guerrero desde 2006, se han inscrito varios trabajadores de la prensa, de hecho, las dos mujeres que han sido comisionadas (María Antonia Cárcamo Cortés, en la ex Comisión de Acceso a la Información del estado; y Elizabeth Patrón Osorio, actual consejera del Itaigro), tienen en común que trabajaron en los medios de comunicación.
Uno de los periodistas inscritos como aspirante es Alejandrino González Reyes, quien se desempeñó como titular en el área de comunicación y formó parte del equipo del ex consejero Crescencio Almazán Tolentino; y el otro es Pedro Arzeta García. Ninguno de ellos tiene experiencia ni se sabe que tengan conocimientos especializados en el tema.
Otros competidores
En la lista de aspirantes predominan las personas que han concursado en otras convocatorias para desempeñar cargos en organismos autónomos como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC), el Tribunal Electoral del estado, el consejo consultivo de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos; o bien en dependencias como la Auditoría General del Estado, pero que en materia de transparencia y rendición de cuentas no cuentan con experiencia o especialización.
Por la repetición de sus nombres en distintas convocatorias de este tipo, parece que se ha convertido en un modus vivendi para muchos de ellos, al intentar incorporarse a estos organismos sin importar si los cargos requieren especialización en temas electorales, de transparencia y acceso a la información, de derechos humanos o en fiscalización.
Por ejemplo, Domingo Martínez Altamirano tuvo participación en convocatorias para ser magistrado del Tribunal Electoral del estado, asimismo para ser parte del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia y también para la presidencia de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos. Apenas hace algunas semanas concursó para ser presidente del IEPC.
Igualmente Marcelo Gatica Lorenzo, docente de la unidad académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, se ha desempeñado como consejero distrital propietario por el distrito electoral 2 con cabecera en Chilpancingo. Ante la renuncia de la ex presidenta del IEPC, Maricela Reyes, se inscribió hace unas semanas al concurso para sustituirla. Ha sido dirigente de la Federación Estudiantil de Universitarios Guerrerenses.
Yolanda Leticia Medina Aguilar trabaja en la UAG y ha sido consejera distrital del IEPC; hace algunos meses participó en el concurso para ocupar uno de los tres espacios para consejeros del IEPC.
Iván Delgado Peralta concursó hace tres años para desempeñarse como auditor especial en la Auditoría General del Estado, sin que lograra colocarse. Es de los aspirantes que se publicita en los medios de comunicación.
José Guadalupe Lampart Barrios ha participado en otras convocatorias para ser comisionado del Itaigro, y también para ser auditor especial de la AGE. En el tema de transparencia, se ha desempeñado como director del módulo de acceso a la información del Congreso del estado.
Evelyn del Carmen Puente Flores ha sido directora administrativa del Colegio de Bachilleres y fue aspirante apenas en octubre pasado para ocupar la presidencia del IEPC. La experiencia que tiene en el tema de transparencia se deriva de su cargo como coordinadora de la unidad de transparencia y acceso a la información del Tribunal Electoral del estado hace algunos años.
Alejandra Ortega Guzmán ha sido asesora del Congreso del estado y consejera distrital del IEPC y trabajó en el área de comunicación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Por su parte, Nancy Bravo Gómez ha sido integrante del consejo consultivo de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos.
Salustio García Dorantes fue regidor del ayuntamiento de Chilpancingo y asesor jurídico del ayuntamiento de Eduardo Neri y de la Secretaría de Planeación. Actualmente es secretario técnico de la comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado; concursó recientemente para ser consejero electoral del IEPC.
Con experiencia
Otro grupo de aspirantes se caracteriza porque han desarrollado actividades en la materia, especialmente de gestión de información, al trabajar en las unidades de transparencia de algunas dependencias públicas. Aunque esto no garantiza que sean aptos para ser comisionados, sí hay un sustento que les permite tener un acercamiento con el tema y que no lleguen totalmente en blanco al proceso de selección.
Así, por ejemplo, Josefina Morales Carreón ha sido titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia; mientras que Horacio Díaz Quiñonez actualmente es el titular de la Unidad de Transparencia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Guerrero; antes también fungió como coordinador jurídico del Itaigro.
Aleshka Pintos Lazcano aparece como actual titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo) del estado de Guerrero; mientras que Roberto Nava Castro es actual director de Promoción y Capacitación del Itaigro; anteriormente trabajó en la subdirección jurídica de la Secretaría de Salud.
Alfonso Lara Muñiz es enlace de la Unidad de Calidad, Inscripción, Acreditación y Certificación del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos; fue integrante del Consejo General del IEPC, y aplicó hace unas semanas para la presidencia de ese instituto. También trabajó como titular de la unidad de transparencia en la AGE.
Mariana Contreras Soto fue directora general de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y actualmente se desempeña como asesora para asuntos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción de esa dependencia. Independientemente de su experiencia en la materia, su cercanía con el actual mandatario, a través del secretario general de gobierno, pesará mucho en la decisión de los diputados y es una de las fuertes candidatas a ocupar un lugar en el Itaigro.
Finalmente, uno de los pocos aspirantes que ha trabajado de manera permanente en el tema es Domingo Francisco Neri Célis, pues fue director general de contraloría social y subcontralor de Modernización Administrativa de la ex Contraloría General del Estado, desde donde verificaba el trabajo de la dirección general de transparencia y de la coordinación de acceso a la información de esa dependencia. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Transparencia de la AGE.
Hay dos nombres de los que no se tienen antecedentes en la esfera pública, no por lo menos en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Se trata de Miguel Ángel Rudecindo Sánchez y Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez.
Qué se necesita
Cada uno de los participantes que continúen en la siguiente ronda serán entrevistados de manera pública por los legisladores y expondrán en esa sesión su plan de trabajo. Independientemente de lo que propongan, consideramos que el Itaigro debe incluir por lo menos los siguientes puntos.
El 1 de enero de 2018 se termina la prórroga que fijó el INAI para que las dependencias públicas del país publiquen su información de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia. Derivado de la conclusión de este plazo, se multiplicarán los recursos de revisión, las denuncias ciudadanas y será obligatorio que el Itaigro haga verificaciones a la información de oficio de los sujetos obligados.
Esto se traducirá en grandes cargas de trabajo que el instituto deberá solventar de manera expedita, por lo que se requerirá urgentemente que los comisionados designados establezcan compromisos serios y profesionales para funcionar de manera colegiada. Ésa será la base para iniciar un trabajo organizado, eficiente y eficaz, sin el cual difícilmente saldrán adelante y persistirán las inconsistencias y los rezagos actuales.
Una apropiada articulación dentro del instituto será esencial para ordenar y coordinar las actividades, ya que desafortunadamente el Congreso del Estado asignó un bajísimo presupuesto para la operación del organismo en 2018, no obstante la dimensión del trabajo que hay por delante.
Así, el próximo año el Itaigro tendrá un presupuesto de 13 millones 361 mil pesos, mientras que el año anterior fue de 12 millones 487 mil, es decir, un incremento de apenas 7 por ciento.
El pacto para mejorar la gestión del instituto incluye que los comisionados incorporen a sus áreas de trabajo a personal con el perfil profesional necesario y por ningún motivo mantengan en la nómina a “aviadores”.
A principio de febrero de 2018 sabremos si uno o todos los consejeros actuales serán ratificados, y en caso de que no, los órganos de control y fiscalización deben poner atención en caso de que hagan uso del gasto corriente para autopagarse sus “liquidaciones”, como lo hicieron dos de los tres consejeros anteriores y que dejaron prácticamente en bancarrota al instituto en 2014.
Como órgano garante de la ley de transparencia, el Itaigro deberá velar por que todas las sanciones aplicadas a los sujetos obligados realmente se ejecuten. Todavía hay total impunidad en esta materia, y francamente si no funciona la coerción que establece la ley, todo el trabajo que realice el Itaigro, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados en promover la transparencia será en vano.

Transparencia en universidades

Publicado en el Sur de Acapulco

La Universidad Autónoma de Guerrero fue la anfitriona del Congreso Nacional de Universidades de Cara a la Transparencia y Rendición de Cuentas, los días 17 y 18 de noviembre. Un evento indudablemente destacado por los temas que se abordaron y por los expositores que intervinieron. Pero de manera lamentable, este acto también dio pie a comentarios y declaraciones con muy poca mesura en torno a la transparencia de la casa de estudios local.

Desde la propia convocatoria, la tesorera general de la UAG, Leticia Jiménez Zamora, afirmó que “la UAGro organiza este congreso gracias al trabajo transparente que ha hecho con sus recursos, la liberación de sus cuentas públicas y la promoción de la rendición de cuentas, que le ha valido el reconocimiento a nivel estatal y nacional”, según el comunicado de prensa del 14 de noviembre de 2017.

Por su parte, el rector Javier Saldaña Almazán, durante su participación en la inauguración del congreso, “aseguró que la máxima casa de estudios es una institución que tiene el ‘reconocimiento y la confianza del pueblo guerrerense’ y en materia de fiscalización y rendición de cuentas, ‘podemos ver a los ciudadanos de frente’”.

Incluso, el aparato de prensa de la UAG, el reseñar el acto de inauguración, puso en boca del gobernador Héctor Astudillo Flores las siguientes palabras: “en su discurso [el mandatario estatal] ratificó a la UAGro como una institución transparente e hizo un reconocimiento por el impulsar la cultura de la rendición de cuentas en las instituciones”, reseñó un boletín de la institución del 17 de noviembre.

Lo cierto es que la universidad no se ha caracterizado por su transparencia ni por su puntual rendición de cuentas -como lo muestran las observaciones a su cuenta pública-, deficiencias que no son de hoy, sino desde que se estableció en las leyes la obligación de las dependencias gubernamentales de transparentar su quehacer, que incluyen a los órganos autónomos, como la UAG.

La opacidad

No se encontraron muchos monitoreos sobre la transparencia en la casa de estudios de Guerrero, pero sí suficientes para mostrar el talante de su política en esta materia. Desde 2009, la organización aregional.com realizó el “Índice de transparencia y acceso a la información de las universidades públicas en México 2009”, a partir de la revisión de los portales electrónicos de 38 instituciones educativas. Su conclusión fue que había un bajo nivel de transparencia y acceso a la información, pues el promedio de calificación en materia de acceso, disponibilidad y calidad de la información pública era de 68.5, en un rango de 0 a 100, según describe una nota de El Universal del 4 de marzo de 2009.

El estudio destaca que “13 universidades reprobaron por tener menos de 50 puntos. Algunas de ellas son la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Chiapas”, de acuerdo con la misma nota.

Por otra parte, en un estudio que realizó la organización Comunica AC, en septiembre y octubre de 2015 para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), en donde se revisaron los portales electrónicos de 160 dependencias públicas del estado, la universidad ocupó el lugar 87 dentro del ranking estatal. La calificación obtenida por la UAG fue de 23.99 por ciento, puntuación que ni siquiera alcanzó el bajísimo nivel promedio estatal de 27.89 por ciento. El monitoreo se centró en las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 13 de la Ley 574 de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero.

Otro monitoreo a la casa de estudios lo aplicamos en enero de 2016 y también tuvo el propósito de medir su nivel de cumplimiento a las obligaciones de transparencia que establece la ley. El resultado arrojó que la UAG apenas cumplía con el 45 por ciento de sus obligaciones de transparencia. Menos de la mitad de lo que le exige la ley. Por cierto, la información que la institución educativa no publicaba coincidentemente era la más importante y la que hubiera permitido a cualquier ciudadano aproximarse a lo que realiza la universidad y al ejercicio de los recursos.

La UAG también está en la lista negra por obstaculizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. De hecho, se encuentra entre las 10 instituciones que han recibido más recursos de revisión o quejas en su contra durante ocho años, de 2006 a 2014.

La UAG sólo es superada en este rubro por las secretarías de Salud (con 27 recursos de revisión), de Finanzas y Administración (18), los ayuntamientos de Tixtla y Chilpancingo (18), la Secretaría de Educación (17) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (16). La universidad comparte con el ayuntamiento de Tecoanapa el poco honroso sexto lugar en este terreno, con 15 recursos de revisión presentados por ciudadanos inconformes.

El resto de las universidades

La opacidad no es una condición sólo de la Universidad Autónoma de Guerrero; buena parte de las casas de estudio públicas del país presentan una falta de cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y reticencia a la rendición de cuentas. La actual presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jaqueline Peschard, en un coloquio realizado en la UNAM en septiembre de 2014, afirmaba que las universidades públicas no estaban siendo líderes en la rendición de cuentas.

La también ex comisionada presidente del IFAI (hoy INAI) declaró que, aunque las instituciones de educación superior cuentan con “los reglamentos y normatividad en transparencia, muchas se reservan información que debe ser pública –como el manejo de sus recursos–, y en ocasiones sólo la dan a conocer a solicitud de los ciudadanos”, según reseña el diario La Jornada.

Peschard mencionó que de acuerdo con un estudio del IFAI, muchas universidades no contemplaban en sus reglamentos el principio de máxima publicidad establecido en la Constitución; tampoco definían plazos para actualizar sus obligaciones de transparencia y no contemplaban la obligación de transparentar el contrato colectivo de trabajo, entre otras deficiencias.

Más recientemente, en su artículo publicado en El Financiero: Universidades públicas: autonomía con rendición de cuentas, Jaqueline Peschard opinó que “La autonomía de las universidades públicas es perfectamente compatible con la rendición de cuentas; es más, es una palanca indispensable para robustecer el principio de autodeterminación y autogestión que la Constitución les otorgó para asegurar el libre desarrollo de sus tareas, tanto académicas, como culturales. Autonomía sin rendición de cuentas es un privilegio inaceptable, que está reñido con la naturaleza misma y la función pública de las universidades”.

Pero las universidades no sólo se han caracterizado por su opacidad, sino también han puesto en entredicho su prestigio al involucrarse en fraudes millonarios. Por ejemplo, la plataforma digital de noticias Animal Político y el grupo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad recientemente, por medio de una investigación periodística, detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. A este trabajo periodístico lo denominaron la Estafa Maestra.

A diferencia del modus operandi de otros fraudes, “aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de ‘comisión’, aunque no hayan dado ningún servicio”,

Entre las conclusiones de la investigación, el trabajo documenta que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. “Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido”.

Fueron ocho las universidades cómplices de estos fraudes. La primera es la Universidad del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También están involucradas la Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México (Tabasco); el Instituto Técnico Superior de Comacalco (Tabasco) y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

En total, el fraude involucró 70 convenios con diversas dependencias públicas federales como Pemex, Sedesol, Fovissste, SCT, Banobras y SEP, quienes triangularon con las escuelas de educación superior la contratación de productos y servicios que aparentemente nunca existieron o no se prestaron.

Transparencia reciente

La Ley General de Transparencia, en la cual se basaron todas las leyes en la materia de los estados, es más ambiciosa que las anteriores porque entre otros rubros, establece la obligación a todas las dependencias públicas de difundir un catálogo de 48 temas de su quehacer gubernamental (artículo 81 de la Ley 207 de transparencia local), y en el caso de las universidades, la norma propone que además de esos temas, publiquen otros nueve temas específicos sobre el quehacer educativo (artículo 88).

La obligación de publicar estos temas se estableció desde mayo de 2016, pero por inconsistencias del INAI en la habilitación de la plataforma electrónica, ha dado ya dos prórrogas para que las dependencias públicas cumplan con su información de oficio. El último plazo vence el 31 de diciembre de 2017, lo que significa que en 2018 todas las instituciones gubernamentales deberán difundir en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus portales electrónicos los temas que establece la ley, o de lo contario podrán ser denunciados tanto por el Itaigro como por la ciudadanía.

Aunque la UAG ha comenzado a publicar información en su portal electrónico, los datos importantes, sobre todo los que se relacionan con las finanzas de la universidad, aún permanecen en la oscuridad.

Por ejemplo, la casa de estudios no publica nada sobre sus indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social sobre sus funciones, ni tampoco indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. Tampoco nada sobre las remuneraciones de sus servidores públicos de base o confianza, ni los gastos de representación ni de viáticos.

La UAG no publica información curricular de sus funcionarios ni de sus docentes, este último indicador clave de la calidad de la enseñanza. En cambio, sí publica, aunque no en formatos abiertos, información parcial sobre avance en el gasto de los subsidios para organismos descentralizados estatales, de la platilla de personal, estados de la situación financiera, entre otros.

Desafortunadamente, sobre la fracción XXI, que establece la publicación del sobre el presupuesto asignado, la UAG sólo escribe que “le corresponde al gobierno del estado presentar la información relacionada” a este rubro -lo cual no es cierto, porque es una obligación de la universidad-. Tampoco publica información sobre el tema medular de los resultados de las revisiones a su cuenta pública.

También mantiene en la opacidad los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, pues argumenta que “la universidad se reserva los datos de información, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas contratadas, por la inseguridad que impera en nuestro estado”.

Los procesos de adquisición de bienes y servicios (adjudicaciones directas, licitaciones, etc.) no los transparenta la universidad, o por lo menos publica información parcial que no es útil. Los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la universidad también presentan información muy parcial. Además, la UAG dice que no le aplican las fracciones de la ley relacionadas con la transparencia de los mecanismos de participación ciudadana ni con los programas que ofrece la universidad. Y de las nueve obligaciones específicas de las instituciones de educación superior, la UAG no publica nada.

Colofón

Ciro Murayama Rendón, profesor de la UNAM que se ha ocupado de este tema expresa que “Hay una relación indisoluble entre transparencia, universidad y autonomía, aunque en los hechos venimos de una larga historia de opacidad, incluso me atrevo a decir que hay áreas de la vida pública de México que se han abierto más y son más transparentes que la universitaria”.

Agrega que los universitarios han sido protagonistas de la crítica, del cuestionamiento, pero hacia fuera, pocas veces hacia la propia universidad. “Tenemos que ir a contra corriente en esta idea de que la autonomía nos da una patente de corzo para hacer las cosas como queramos”.

Funcionarios inhabilitados de Guerrero

Publicado en el Sur de Acapulco

De 2008 a 2015, la Auditoría General del Estado de Guerrero inhabilitó a un total de 154 servidores públicos de diferentes ayuntamientos de la entidad. Destacan en el registro, por el número de funcionarios sancionados, Atlamajalcingo, con 14 servidores inhabilitados en el periodo, Zapotitlán Tablas y Copalillo, con diez cada uno; Atlixtac, que tiene nueve sancionados, y los ayuntamientos de Ajuchitlán, Ahuacuotzingo, Coyuca de Catalán y Pedro Ascencio Alquisiras, con cinco.

Los funcionarios inhabilitados son ex presidentes municipales, ex síndicos, ex tesoreros y ex directores de obras públicas. Los motivos por los que recibieron la sanción fueron el incumplimiento en la entrega de informes financieros cuatrimestrales, semestrales o la cuenta pública anual, que de acuerdo con la ley de fiscalización tienen la obligación de entregar en tiempo y forma.

En esta segunda parte nos referiremos a los resultados del control y la fiscalización que se ha realizado en los últimos años en Guerrero, a propósito de que ya está en puerta el sistema estatal anticorrupción que entrará en vigor en 2018 y modificará de manera importante el trabajo tanto de la Auditoria Superior del Estado -como se denominará a la AGE a partir del 1 de enero- como de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado (SCTG).

La información que se presenta en esta edición se deriva de las respuestas de estas dos dependencias a solicitudes de información presentadas a finales de agosto de 2017; también de la revisión de sus portales electrónicos, así como de revisiones a distintos periódicos que en su momento publicaron información sobre los funcionarios sancionados.

De acuerdo con los datos de la AGE, actualmente hay 10 funcionarios municipales inhabilitados por periodos que van de los 3 años y tres meses a cinco años y seis meses. Destacan, entre los inhabilitados, los ex presidentes municipales de Taxco, Abraham Ponce Guadarrama; Tetipac, Serafín Ayala Ramos; y Pedro Ascencio Alquisiras, Eustorgio Sánchez Beltrán. Cabe mencionar que de estos mismos municipios también fueron inhabilitados el síndico y los tesoreros, y en el caso de Pedro Ascencio Alquisiras, el secretario de obras públicas.

Los motivos por los que fueron sancionados son “daños ocasionados a la hacienda pública municipal” en los ejercicios 2003 y 2009. Algunos recién cumplieron su periodo de inhabilitación y otros lo harán en 2018, ya que sus sanciones se emitieron en 2013 y 2014.

Asimismo, el órgano fiscalizador estatal registra un total de 14 denuncias penales en contra de funcionarios municipales y de organismos públicos descentralizados paramuniciales, por el delito de “ejercicio indebido del servicio público, peculado y lo que resulte”, de los ejercicios 2013 a 2016. No identifica a los municipios ni a los servidores públicos porque las denuncias están en proceso.

Respecto de las medidas de apremio, del ejercicio fiscal 2014, la AGE emitió multas a 57 funcionarios de 19 ayuntamientos porque incumplieron con el requerimiento de información para la presentación del informe financiero semestral julio-diciembre y cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. En este caso sí identifica a los ayuntamientos, pero no los nombres de los funcionarios multados.

En el periodo enero-septiembre del ejercicio 2015, fueron 28 los funcionarios multados de 14 municipios; en tanto que de octubre a diciembre del mismo año, es decir, de las administraciones municipales actuales, se multaron a presidentes y tesoreros de los ayuntamientos de Alpoyeca, Eduardo Neri, Pungarabato y Tlalchapa, también por incumplimiento en los requerimientos de información del órgano fiscalizador.

En el caso del ejercicio fiscal 2016, sólo se registran multas al presidente y tesorero del ayuntamiento de Leonardo Bravo, al director general de los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Tixtla, y al director general del Instituto del Deporte de Guerrero.

En materia de procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria, la AGE tiene 16 expedientes abiertos, los más antiguos datan del ejercicio 2003. Por ejemplo, de ese año se tienen cinco procedimientos de “Indemnización solidaria resarcitoria” a ex presidentes, ex síndicos y ex tesoreros de los ayuntamientos de Heliodoro Castillo (4.2 millones de pesos), Azoyú (1.8 millones), Cuetzala (820 mil), San Marcos (398 mil) y Petatlán (103 mil pesos)

En 2004, por el mismo concepto, se emitieron sanciones en contra de seis ex funcionarios de los ayuntamientos de Huamuxtitlán para resarcir 1.7 millones de pesos, y Tlalchapa (201 mil pesos).

Finalmente, de la cuenta pública de 2009 se expidieron procedimientos resarcitorios en contra de 34 funcionarios municipales de nueve ayuntamientos; destacan Alpoyeca, cuyos servidores deberán resarcir 440 mil pesos; Huitzuco, con 267 mil pesos, Cochoapa, 232 mil y Mochitlán, que deberá cubrir 110 mil pesos.

Gobierno del estado

La Secretaría de la Función Pública publica los registros de personas inhabilitadas por los gobiernos de los estados a través de sus contralorías locales. En el caso de Guerrero, la dependencia federal despliega 17 registros de inhabilitaciones, todavía vigentes, correspondientes a 16 servidores públicos, que van de septiembre de 2008 a junio de 2014, la mayoría con sanciones que consisten en la prohibición para ocupar puestos públicos en un lapso de 10 años. De acuerdo con estos registros, el motivo es la “negligencia administrativa”, sin que se explique con detalle a qué se refieren con ese concepto.

Esta base de datos de la SFP no coincide del todo con el reporte de funcionarios inhabilitados del gobierno del estado, el cual se pidió mediante la solicitud de información folio 00501517 a la SCTG, y que cuenta con nueve registros. Sólo hay siete servidores públicos que coinciden en las publicaciones de ambas dependencias.

La ex subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, Clara Judith González Fagoaga fue inhabilitada para ocupar cargos en la administración pública hasta 2024. De acuerdo con el seguimiento que hicimos en la prensa –ya que ni la contraloría estatal ni la SFP abundan sobre el tema– quien fue funcionaria en la gestión de Zeferino Torreblanca Galindo fue acusada de otorgar compensaciones discrecionales (bonos) y recursos de fin de año a funcionarios públicos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) “sin que existiera sustento normativo que lo autorice”.

Otra ex funcionaria de la Secretaría de Salud es Brenda Ivonne Morales Benítez, que se desempeñaba como subdirectora de Recursos Financieros; es la única que aparece con dos expedientes, y también permanecerá inhabilitada hasta 2024. Según las notas de prensa, la funcionaria solicitó recursos para entregarlos de manera irregular a servidores públicos “con cargo a los recursos de cuota social para vigilancia, lavandería, limpieza, higiene y fumigación en lugares distintos a las unidades médicas”. A la misma funcionaria se le señala, en el Pliego de Observaciones R341/2012, de que autorizó el desvío de recursos del Seguro Popular para las aportaciones patronales de seguridad social (aportaciones al ISSSTE), por 13 millones 835 mil 660.67 pesos, de enero a diciembre del 2010.

Otro ex funcionario que aparece en los registros de la SCTG y de la SPF es Ramón Sotres Núñez, ex director del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano del gobierno del estado, está inhabilitado por 10 años y su sanción vence en 2020. Por cierto, de acuerdo con denuncias publicadas en la prensa, Sotres Núñez previamente enfrentaba procedimientos administrativos disciplinarios antes de llegar al Invisur, derivados de irregularidades en su paso por la delegación Gustavo A. Madero en la ciudad de México. El titular del Invisur fue destituido a mediados de 2009, luego de que alcaldes de varios ayuntamientos denunciaron malos manejos de los recursos que envió el gobierno federal para el Programa de Mejoramiento de Vivienda.

Los registros federal y estatal de sancionados también incluyen a Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal, inhabilitado por diez años en 2008, por lo que está a punto de concluir su sanción. De este ex servidor público se sabe que en febrero de 2015 asumió la diputación federal, por el distrito federal 07 de Chilpancingo, ante la renuncia del Jorge Salgado Parra. Es decir, asumió un cargo de elección popular estando inhabilitado para ocupar puestos en la administración pública, y aunque la ley no lo impide, su proceder no se ajusta a la ética de la función pública que tanto se pregona. Marroquín Cristóbal era coordinador de Enlace entre la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la de Administración y Finanzas del gobierno del estado (Sefina).

Otros ex funcionarios son Luis Manzanedo Figueroa, quien desde 2010 cumple un periodo de inhabilitación por diez años, pero se desempeñó como director de planeación en la administración de Luis Walton Aburto. María Hortensia Galeana Ortiz, ex jefa de departamento en la dirección general de administración y desarrollo de personal de la Sefina, con una inhabilitación de diez años, que concluye también en el 2018. Por cierto, a esta ex servidora pública también se le abrió un expediente de carácter penal ante la entonces Procuraduría General de Justicia del estado por el desvío de ocho millones de pesos.

Asimismo, aparecen en el registro de sancionados Juan Carlos Estrada Reyes, ex director general del DIF-Guerrero, inhabilitado con seis años y seis meses, y Octavio López Gómez, ex director de Administración y Finanzas de la misma dependencia, con el mismo lapso de sanción.

Otros ex servidores públicos inhabilitados son Ricardo Ernesto Cabrera Morín, ex titular de la Sefina, con una inhabilitación de tres años; por cierto, aun con la sanción, Cabrera Morín fue nombrado subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. También José Imer  Moreno López, ex titular de la agencia fiscal de la Sefina, sobre quien pesa una sanción de ocho años de inhabilitación.

Inhabilitados municipales

Entre los inhabilitados que difunde la SFP hay cinco ex servidores públicos municipales, a saber: Genaro Vázquez Solís -hijo del ex guerrillero Genaro Vázquez Rojas-, sancionado por no comprobar recursos del ayuntamiento de San Luis Acatlán; por el mismo motivo, Antonio Vidulfo Morales Iglesias, ex alcalde de Mártir de Cuilapan, así como el ex tesorero de ese ayuntamiento, Fidel Celino Miranda. También está en la lista Serafín Ayala Ramos, ex presidente municipal de Tetipac y su ex tesorero Eric Fortanell Rodríguez. Todos ellos inhabilitados por 10 años, que por cierto cumplirán en 2018.

El también titular de la Secretaría de Finanzas del ayuntamiento de Acapulco, Fernando Aragón Gómez, fue sancionado con diez años de inhabilitación -que concluyen en 2020- por irregularidades en la cuenta pública durante la administración de Alberto López Rosas, quien por cierto, actualmente también tiene un expediente abierto para el resarcimiento de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Otro ex funcionario de ese ayuntamiento sobre el cual pesan 10 años de inhabilitación es Fernando Serna Gómez, quien se desempeñaba como director de Catastro.

Desapariciones no explicadas

A mediados de octubre de 2017 revisamos el Reporte de Servidores Públicos Sancionados de la SFP, en la sección de sanciones impuestas por los gobiernos de los estados. Los volvimos a hacer el 17 de noviembre y ya no aparecieron dos nombres, el primero es José Antonio Bajos Valverde, cercano funcionario del ex gobernador Torreblanca Galindo, que con el expediente QD/PA/002/2012, tenía inhabilitación por 10 años, es decir, hasta 2022, y ya no está en el registro.

Otro que desapareció del registro es Rubén Padilla Fierro, ex secretario de Salud, también en la administración de Zeferino Torreblanca, tenía el número de expediente RS/PA/002/2012-II y estaba inhabilitado hasta 2022.

Confianza ciudadana

La efectiva rendición de cuentas requiere de información gubernamental suficiente y de calidad hacia la población y que los funcionarios expliquen y justifiquen las acciones y decisiones que toman. Sin embargo, este proceso no está completo si no hay acciones efectivas de detección y sanción a los servidores públicos que cometen irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos. Sin este último componente -el de la sanción- la gestión pública difícilmente mejorará y la confianza ciudadana en sus gobiernos nunca será remontada.