¿Transparencia en los recursos para desastres?

Publicado en El Sur de Acapulco

A Chuchita sí la han bolseado, y mucho. En días pasados el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo coloquialmente que los apoyos destinados a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre y del huracán Max se entregarían ante la presencia de un notario público, para que “al rato no andemos diciendo que a chuchita la bolsearon”. Pero hace falta mucho más que el aval de un notario para hacer transparentes los recursos, ya que la transparencia requiere de mecanismos que involucren la participación ciudadana y especialmente que todas las acciones, apoyos, recursos y hasta los nombres de los beneficiarios, se publiquen abiertamente y con detalle por todos los medios posibles. Esto no ha sucedido.

Las declaraciones del mandatario estatal sobre la transparencia de los recursos no son fortuitas, se dieron en un marco en el que la ciudadanía de todo el país está preocupada en la manera en que se entrega y distribuye la ayuda urgente, en cómo se operará la reconstrucción, y especialmente en la transparencia de estos procesos, es decir, en cómo se ejercerán los recursos públicos y las aportaciones no gubernamentales.

No es infundada la desconfianza de la sociedad. Históricamente el ejercicio de recursos para hacer frente a los desastres naturales ha sido un tema oscuro porque nunca se han entregado cuentas claras; especialmente a la ayuda que proviene de la sociedad civil y de organismos nacionales e internacionales nadie le sigue la pista y ni siquiera hay cuantificaciones formales porque no son recursos públicos y no aparecen en las cuentas públicas, contabilidades gubernamentales ni registros oficiales; hay un amplio margen para hacer un manejo discrecional del ellos.

De acuerdo con una nota de prensa (El Sur, 4 de octubre), durante una gira por el municipio de Huitzuco, Astudillo Flores manifestó que el gobierno del estado ha recibido ‘“una gran cantidad de apoyo de personas solidarias’ y que publicaría una lista de todos los que han enviado apoyos”.

Pero a esta fecha no hay información sobre cuántos recursos provienen del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), cuánto del apoyo externo o si ha habido ajustes a los programas sociales estatales; los datos vertidos no son suficientes y el gobierno no tiene ningún sitio que permita corroborar de dónde proviene la ayuda, su cuantificación precisa, los criterios para seleccionar a los beneficiarios y los nombres de quién recibe los apoyos. Es evidente que el acompañamiento de un notario no es muy útil a la transparencia.

Amargas experiencias en Guerrero

Hay dos casos vergonzosos de opacidad en la información sobre desastres en Guerrero. El primero se relaciona con los recursos que supuestamente se invirtieron en el denominado Plan Nuevo Guerrero; el segundo, con la retención de despensas en el DIF estatal por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Honestamente quienes nos dedicamos a rastrear la ruta del dinero público no tuvimos la capacidad de dar seguimiento a los 40 mil millones que dice el gobierno federal invirtió en el estado como parte del Plan Nuevo Guerrero en 2014 y 2015. Pero el gobierno tampoco hizo el mínimo esfuerzo por transparentarlo, como fue el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto cuando anunció la puesta en marcha del Plan.

En efecto, el 7 de noviembre de 2013, el presidente de la república anunció que ante la magnitud del desastre provocado por los huracanes Ingrid y Manuel, la Cámara de Diputados respaldaría a Guerrero con recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) por 7 mil millones de pesos, pero que adicionalmente el gobierno de la república, a través de diferentes mecanismos financieros, ampliaría el monto de inversión y éste llegaría a 30 mil millones en 2014.

En esa ocasión, dijo el presidente: “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”. También el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, afirmó que el Plan Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”.

El gobierno federal inició el Plan teniendo el control total de los recursos (ante el descontento de empresarios locales y el gobierno estatal). Sin que le faltara razón, la administración de Peña Nieto desconfiaba del gobierno del estado, que seguramente hubiera depredado los recursos destinados a la reconstrucción del estado. Pero la federación, con su falta de transparencia, no dio señales de hacer las cosas de manera diferente.

Aunque es posible encontrar información sobre el Plan Nuevo Guerrero en el portal Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, no son datos estratégicos que permitan dar un seguimiento puntual a las obras y acciones.

En el cumplimiento del derecho de acceso a la información no fue mejor. En ese entonces presentamos un paquete de solicitudes en varias dependencias federales (Sedatu, Inifed, SCT, Secretaría de Economía) para solicitar expedientes técnicos, nombres de beneficiarios, empresas constructoras, entre otros, pero dichas entidades públicas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos las declararon parcialmente confidenciales.

Los damnificados de Ingrid y Manuel fueron los grandes perdedores porque no hubo forma de dar seguimiento a cerca de 40 mil millones de pesos, que según el gobierno federal se invirtieron en este plan, pues los mecanismos de transparencia del programa fueron muy limitados o inexistentes, no obstante el compromiso presidencial.

El segundo caso se refiere al hallazgo de varias toneladas de despensas no entregadas a los damnificados por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, en bodegas del gobierno del estado en febrero de 2014, es decir, estando Ángel Aguirre Rivero como mandatario del estado. Los productos almacenados se localizaron en una de las sedes del DIF estatal, muchos de ellos ya inservibles y caducos, de acuerdo con las crónicas de los reporteros que visitaron el lugar.

La reportera Flor Miranda escribió que “En el lugar hay comida enlatada, granos como arroz, frijol, garbanzo, lenteja, haba, entre otros, así como leche (en su mayoría ya caduca), jugos, agua embotellada, ropa para adultos pero más para niños, cobertores, cobijas, juguetes. También se observaron latas de leche infantil y para bebés, pañales y muchas otras cosas más (…) En el almacén que trabajadores de la dependencia trataron de cubrir con lonas, es posible apreciar una cantidad impresionante de apoyo que la ciudadanía donó y el gobierno no entregó. Ahí las ratas son las afortunadas pues poco a poco han ido comiendo lo que iría dirigido a los damnificados”. (Los Ángeles Press, 13 de febrero de 2014).

Paradójicamente la respuesta del gobierno del estado fue la presentación de una denuncia penal en contra del líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Nicolás Chávez Adame, quien junto con damnificados dio a conocer públicamente el desperdicio; también, el envío de policías para seguir a los reporteros que cubrían la noticia, así como el rápido desmantelamiento de las instalaciones donde se encontraron los productos.

El escándalo tuvo repercusión nacional y obligó al ex gobernador Ángel Aguirre a declarar que se fincaría responsabilidad y se aplicaría la ley en contra de los responsables por la acumulación de las despensas. Agregó que la ex Contraloría General del Estado investigaba el caso y deslindaría responsabilidades por los hechos. Pero todavía a esta fecha, ninguno de los tres mandatarios que desde entonces han gobernado Guerrero ha dado a conocer el resultado de las investigaciones ni se han fincado responsabilidades. Todo quedará en la impunidad.

No hay dinero

Las personas afectadas por los siniestros de septiembre de 2017 tienen muchas expectativas respecto a los apoyos que pueden recibir de sus gobiernos; es normal, pues es el Estado el que debe garantizar el bienestar de la población. El problema grave es que no hay dinero, pues descontando los recursos del Fonden empleados para atender algunos de los requerimientos urgentes (víveres, colchonetas, material de curación, agua, cobertores), los recursos para la reconstrucción son escasísimos.

Los diferentes desastres tomaron por sorpresa al gobierno y federal y a los estatales afectados. Con los recortes al gasto público que se aplicaron este año -por la baja de los ingresos petroleros, principalmente-, es muy reducido el margen de maniobra que se tiene, especialmente para los gobiernos de estados, que en 2017 también vieron recortado su presupuesto. Por ello, en una de las entidades afectadas, Oaxaca, el gobierno requirió la contratación de un crédito por mil 200 millones de pesos para hacer frente a los compromisos con los damnificados, ante la falta de recursos del ejercicio fiscal regular.

El estado de Guerrero requerirá en el corto y mediano plazo atender, sólo en materia de vivienda, a 14 mil viviendas que resultaron afectadas, 11 mil por el sismo y el resto por el huracán Max; 2 mil 500 de éstas necesitan reconstrucción total. Si bien el gobernador en sus giras por el interior del estado anuncia que el gobierno federal se encargará de la reconstrucción, no se descarta que el gobierno de Guerrero recurra también a un préstamo para atender a los afectados tanto por los sismos como por el huracán Max. Tan sólo en materia de vivienda, considerando los parámetros de ayuda en Oaxaca y Chiapas, se requerirían en Guerrero 300 millones de pesos (para reconstruir 2 mil 500 viviendas) y 172 millones más para reparar viviendas con daños parciales. Esto sin contar escuelas, hospitales, carreteras, monumentos históricos, etc.

Exigencia de transparencia

Raymundo Rivapalacio, en su artículo 19S: el hartazgo (El Sur, 3 de octubre de 2017) afirma que “las nuevas organizaciones sociales que están surgiendo estos días tienen como eje la transparencia. Les preocupa la opacidad y les interesa que todo lo que hagan quede registrado en forma pública para que se realice la rendición de cuentas sin restricción alguna.”

A diferencia del desastre de 1985, la sociedad se está organizando alrededor de actividades que rebasan la solidaridad inmediata y la reconstrucción física de los inmuebles. Hay una exigencia de transparencia y rendición de cuentas que está siendo retomada por organizaciones especializadas en información financiera y en la vigilancia ciudadana del ejercicio de los recursos. Esa es una notable diferencia respecto de lo que sucedió hace 32 años.

El propio gobierno federal tomó la iniciativa y abrió el sitio Fuerza México, una plataforma que busca ser “un ejercicio de rendición de cuentas para dar seguimiento a los recursos destinados a la atención de los daños”. Aunque los alcances son todavía limitados, ya comienza a fluir información importante para el seguimiento.

Pero tal vez el mayor problema del gobierno es la falta de confianza, y al respecto un grupo de 30 organizaciones sociales, empresariales y académicas crearon la plataforma #Epicentro a efecto de dar seguimiento al origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción después de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

De acuerdo con la información de Animal Político (3 de octubre de 2017), #Epicentro tiene tres ejes de acción. El primero se relaciona con el “seguimiento del origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción. Para ello se integrará la información sobre los fondos en una sola plataforma para dar seguimiento al ejercicio de los recursos”.

El segundo eje establece que “la reconstrucción debe ser con perspectiva social y de derechos humanos, género, infancia y juventud. Se deben incorporar las prioridades y necesidades de las distintas comunidades”. Finalmente, la tercera acción es relativa a las “responsabilidades y reparación del daño. A través de esta plataforma se buscará que se identifiquen, investiguen y sancionen los actos de corrupción y se garantice la reparación del daño”.

En Guerrero es urgente generar confianza en estos momentos en que el estado fue severamente golpeado por los fenómenos naturales. La población está dolida no sólo por los desastres, sino porque percibe que hay problemas de desvíos y corrupción en el manejo los apoyos, y un primer paso es informar con detalle de las acciones que realiza su gobierno. Es necesario invertir para ganarse la confianza de los guerrerenses.

2017. Agradezco mucho a los Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, con sede en Chicago, Illinois, por la distinción que me hicieron al entregarme la presea Sentimiento Migrante en su edición 2017. Es grato recibir este reconocimiento de una organización propositiva, honesta, que desde Estados Unidos busca contribuir al bienestar de la población de sus comunidades de origen.

Discrecionalidad en la publicación de salarios

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La renuncia de la consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, se comenzó a fraguar desde que dio a conocer que recibía la remuneración formal más cuantiosa del estado de Guerrero. Más allá de que se le reconozca una aceptable gestión dentro de la institución que hoy todavía preside, Marisela Reyes tal vez no calculó que un salario de la magnitud como el que ganaba sería percibido como una “grosería” en un contexto en el que la mayoría de la población obtiene ingresos miserables, y además sería utilizado en su contra por quienes se sentían incómodos por su forma de administrar el IEPC.

Puede decirse que pagó un precio muy alto por transparentar sus emolumentos, por eso muchos servidores públicos del estado prefieren no dar a conocer cuánto ganan en la nómina ni mucho menos los beneficios que obtienen de manera informal, pues correrían la misma suerte que la consejera presidente, o por lo menos serían estigmatizados por la opinión pública.

Hasta hace unos años, saber el monto de las remuneraciones de los funcionarios públicos era un misterio, y sólo muy recientemente –luego de que las leyes de transparencia hicieron obligatoria la publicación de los salarios– algunas dependencias comenzaron a abrir sus nóminas. Quienes mantienen en la opacidad sus salarios en estos tiempos argumentan que lo hacen por la inseguridad que se vive en el estado, como si no fuera un riesgo generalizado de la población abierta. Pero en el fondo de estos pretextos subyace la idea de que la población automáticamente pensará que hay una incongruencia si se comparan los altos salarios de funcionarios y los pobres o nulos resultados que se observan en la gestión pública.

Y precisamente para esconder este tipo de información, se han inventado varias fórmulas como descomponer el salario en varias denominaciones como sueldo base, prestaciones, compensaciones ordinarias y extraordinarias, gratificaciones, etc.; o la de dar a conocer sólo los “tabuladores”, donde no se dice con precisión cuánto gana un funcionario, pero sí el rango en el que se ubica; o definitivamente clasificarla como información reservada o confidencial.

Las leyes de transparencia

Con la primera oleada de leyes de transparencia de hace15 años, la publicación de salarios se convirtió en uno de los temas regularmente considerados como información pública obligatoria o de oficio. Una de las primeras leyes, la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental estableció en su artículo 7, fracción IV, la obligación de publicar “la remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes” de todos los empleados federales.

En el caso de Guerrero, la ley 568 de acceso a la información pública, vigente de junio de 2006 a julio de 2010, no consideraba los salarios de los funcionarios entre los temas de información obligatoria. Información tan simple como ésta, así como muchos otros rubros de información importantes para someterlos al escrutinio público, simplemente no merecieron atención de la LVII Legislatura. No en balde, esa ley fue considerada entre las peores que se legislaron en las entidades federativas en aquellos años.

La ley 374 de transparencia que rigió de agosto de 2010 a abril de 2016, incluyó un punto específico sobre el tema de los salarios. Al respecto el artículo 13 establecía que “Los sujetos obligados, con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, deberán tener disponible en su portal electrónico de manera permanente y actualizada, por lo menos la información siguiente: (…) VI. La remuneración mensual por puesto de los servidores públicos, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes”.

La ley 374 estuvo vigente para los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega y parte del de Héctor Astudillo. De acuerdo con los monitoreos de aquellos años, muy pocas instituciones hicieron caso a esta obligación.

Finalmente, la Ley 207 de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que actualmente nos rige -aprobada el 5 de mayo de 2016- retoma en el artículo 81 esta misma obligación en el artículo 81: “Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: (…) “VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”.

Precisamente para evitar la elusión de publicar este tipo de datos, la ley incluyó los diferentes componentes de un salario, ya que es casi regla general que se den a conocer sólo los sueldos base, pero no todos los elementos complementarios, que regularmente son mucho más cuantiosos.

Inexplicable opacidad de la Sefina

Si se revisa la fracción VIII del artículo 81 de la Ley 207 de transparencia del estado, relativa a la publicación de los salarios de los servidores públicos, prácticamente todas las dependencias del Ejecutivo estatal remiten al portal de la Secretaría de Finanzas y Administración porque es la oficina que concentra ese tipo de información. Sin embargo, al hacer esta consulta, las remuneraciones de los funcionarios y empleados de la administración pública estatal simplemente no aparecen.

Esta evasión se basa en un acuerdo del comité de transparencia de la Sefina que clasifica como confidencial o reservada una parte importante de la información que ahí se genera. Si se revisa el acuerdo, localizado en el sitio http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/08/ACUERDO-SEFINA-GUERRERO-INFORMACIÓN-RESERVADA.pdf, todos los argumentos que ahí se leen contravienen el discurso de transparencia que el gobernador Héctor Astudillo ha manejado durante todo su gobierno, incluso antes, en campaña. No es sano que la principal información financiera que produce el Ejecutivo del estado se mantenga en la opacidad, por lo que ese acuerdo debe ser revisado de manera urgente por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Itaigro).

La no publicación de las remuneraciones de los funcionarios de la administración pública estatal también se incluye dentro de dicho acuerdo, uno de cuyos considerandos dice que “derivado de la situación que se vive en el estado existe un riesgo latente sobre el derecho a la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, el cual se incrementaría si se permite a los particulares tener acceso a esos datos, tomando en cuenta que los servidores públicos de la Secretaría se reconocen antes como persona humana y es obligación de las autoridades garantizar a los mismos la protección más amplia (…)”.

En efecto, son las autoridades del poder Ejecutivo las que deben garantizar la seguridad no sólo de los funcionarios públicos, sino de toda la población guerrerense porque también son “personas humanas”.

Otro de los considerandos establece que en los “últimos años se han documentado a través de los medios de información una gran cantidad de agresiones que van desde las amenazas, extorsiones, privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio en perjuicio de servidoras y servidores públicos en el estado de Guerrero, cuya responsabilidad pública estaba vinculada al manejo de información financiera, fiscal o de recursos humanos, dando cuenta de la vulnerabilidad de aquellos cuya identidad es reconocida y ubicable por el desempeño propio de sus funciones”.

Y remata: “las cifras arrojadas por los estudios (…) confirman que la inseguridad en el Estado no constituye un supuesto. Esta realidad estadística se robustece con hechos específicos de los cuales se infiere que los servidores públicos, principalmente aquellos vinculados con el manejo de recursos públicos, o quienes se podría presuponer que cuentan con ingresos fijos y consistentes, representan un mayor atractivo para las personas o grupos que se dedican a actividades delictivas”.

Y entre sus conclusiones ordenan clasificar como información confidencial “los contratos de trabajo, los expedientes laborales y médicos, así como las percepciones del personal de la Secretaría”.

Este acuerdo es inaceptable por varias razones. Los servidores públicos no están más expuestos que la población en general, y en todo caso, si las políticas de seguridad no están funcionando, ellos tienen a la mano exigir al gobernador o a quien corresponda que se les brinde mayor seguridad para ellos mismos. La “inferencia” de quienes tramaron este acuerdo no es ninguna evidencia de que son más vulnerables. En todo caso, si hay temor a publicar sus remuneraciones, hay otros empleos en los que sus emolumentos pueden permanecer en el anonimato. El ejercicio de los recursos públicos debe ser transparente.

La publicación de sueldos es necesaria para evitar “aviadores” y situaciones que mucho se dieron en los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, sobre empleados que formalmente en la nómina ganaban una cantidad, pero en realidad recibían sólo la mitad; ¿es uno de los temores de esta administración?

Doble rasero

Hay dos posiciones dentro del Ejecutivo del estado respecto de la publicación de las remuneraciones. Como ya se observó, la Sefina decidió ocultar los salarios de los trabajadores de la administración pública estatal, supuestamente por razones de “seguridad”, pero no es congruente y deja descobijados a otros empleados públicos guerrerenses.

Las secretarías de Salud y Educación dan a conocer los salarios de sus empleados (ver http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ y http://www.seg.gob.mx/unidad_de_transparencia/viii-remuneracion-bruta-y-neta/ . La primera, difunde información de mil de sus trabajadores, mientras que la SEG publica los salarios de todos sus empleados, incluyendo maestros.

Tal vez se argumente que a estos empleados se les paga con recursos que provienen de los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud, y para la Nómina Educativa Gastos de Operación (FASSA y Fone), ambos del Ramo 33, es decir, partidas presupuestales federales. Sin embargo, quienes de ahí son remunerados no dejan de ser guerrerenses por ese hecho y también están expuestos a la inseguridad, como todos los demás. ¿Por qué sus salarios sí se publican y los del gobierno del estado no?

Salarios nominales en Guerrero

De acuerdo con el tabulador de sueldos del poder Ejecutivo del estado, el gobernador gana 102 mil 841 pesos y los secretarios están en un rango de entre 60 mil 841 y 114 mil 394 pesos, esta última cifra por arriba de lo que gana el mandatario estatal. Los empleados de apoyo general tienen sueldos de entre 4 mil 69 y 4 mil 407 pesos mensuales.

Los diputados, por su parte, obtienen un ingreso de 61 mil 399 pesos; los sueldos más bajos del poder Legislativo corresponden a las secretarías, con 7 mil 57 pesos, y a los empleados de seguridad, con 8 mil 939 pesos.

En el poder Judicial, el magistrado presidente gana 103 mil 890 pesos; y el resto de los magistrados y algunos consejeros 97 mil 554 pesos. Los jueces obtienen salarios netos de 46 mil 761 pesos.

En el caso de los ayuntamientos con más población, el presidente municipal de Chilpancingo prefirió omitir los sueldos de él y de todo el ayuntamiento; igualmente el de Taxco no informa sobre los salarios ni tampoco el de Zihuatanejo. El ayuntamiento de Chilapa tampoco publica los sueldos, ni el de Coyuca de Benítez, Tlapa hace caso omiso a esta obligación, y también Ayutla -que no tiene portal electrónico-.

Técpan de Galeana publica información muy escueta, donde el alcalde gana 45 mil pesos y los regidores 22 mil 500 pesos mensuales. Iguala registra 4 mil 828 trabajadores pagados por el ayuntamiento; su presidente municipal aparece con una remuneración de 90 mil pesos mensuales netos y los regidores 50 mil pesos.

Finalmente, el ayuntamiento de Acapulco difunde sólo 136 registros, aparentemente sólo de los mandos medios y superiores. Según esta lista, el presidente municipal gana 53 mil 812 pesos netos, la sindicatura administrativa 60 mil 713 pesos y la sindicatura de gobernación 18 mil 713. Cada uno de los regidores gana desde 51 mil 726 pesos hasta 54 mil 846 pesos. Muy disparejos las remuneraciones.

Conflictos de interés en el Consejo de Políticas Públicas

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El Consejo de Políticas Públicas es una de las entidades públicas del estado de las que se tienen muy pocas noticias. Aunque la integración de este órgano se incluyó como parte de las reformas a la Constitución del estado, aprobadas en abril de 2014, fue la actual Legislatura del Congreso del estado la que convocó y designó a cuatro de sus cinco integrantes, el 12 de mayo de 2016. Días después, el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó la instalación de este Consejo el 2 de junio de 2016, ya incorporado su quinto integrante, designado por el mandatario y que desde entonces es presidente del organismo, que entre sus funciones principales está la “planificación de las políticas públicas para el desarrollo social del estado y de los municipios”, según establece la Constitución en su artículo 154.

Definido como un órgano con autonomía técnica, adscrito y dependiente del poder Ejecutivo del estado, el Consejo de Políticas Públicas ha tenido a la fecha una actividad muy marginal, debido a que el gobierno del estado no le ha asignado ningún presupuesto formal. Pero más allá de la desatención del Ejecutivo, las actividades del organismo deben hacerse públicas y sujetas al escrutinio público para evitar que se convierta en una oficina “cascarón”, que regularmente son útiles sólo para dar empleo a allegados del gobernador, de los grupos de poder o de diputados influyentes.

A excepción de algunos eventos, este órgano no ha realizado actividades sustantivas ni emitido recomendaciones relevantes que permitan mejorar el funcionamiento del Ejecutivo estatal, especialmente necesarias en un estado donde en la gestión pública predomina la falta de planeación, la improvisación en la puesta en marcha de las acciones, programas y proyectos, y donde prácticamente no existe la evaluación de resultados.
El Consejo no tiene página electrónica y para conocer la situación que guarda el Consejo de Políticas Públicas presentamos un paquete de solicitudes de información referentes a sus actividades y financiamiento. Las respuestas reconocen una manifiesta inacción del organismo, no obstante la urgencia de que las acciones y decisiones no sólo del Ejecutivo, sino de cualquier dependencia pública en Guerrero, se realicen desde un enfoque de política pública.

Pero también indagamos las actividades públicas de los integrantes del Consejo y descubrimos irregularidades en algunos de ellos, que los colocan en claros conflictos de interés y ponen en entredicho su permanencia en este naciente organismo.

Conflictos de interés

La consejera Rosalba Marcelo Pani no se ha presentado públicamente como consejera –por lo menos no la registra la prensa–, pero sí como dirigente de un grupo de mujeres. Esto no es irregular, pues su calidad de ciudadana y su derecho a organizarse no los pierde, aun cuando sea servidora pública.
Hace unos meses, en una conferencia de prensa realizada el 27 de abril de 2017, encabezando a un grupo denominado Mujeres de éxito y liderazgo, se pronunció en contra de declarar la alerta de violencia de género en el estado, una posición muy similar a la que tuvo el gobierno del estado durante muchos meses, hasta que la Secretaría de Gobernación la emitió en junio del mismo año. Y aunque la consejera aseguró que su organización no buscaba espacios políticos, “en reiteradas ocasiones agradecieron al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, por el apoyo brindado”, según publicó El Sur en su edición del 28 de abril.

El colectivo Mujeres de éxito y liderazgo también fue nombrado durante el acto de entrega de 400 viviendas del programa “Un cuarto más”. El gobernador, acompañado de su esposa, destacó que se han invertido más de 90 millones en el programa y mencionó que “en la construcción de los cuartos en zonas de alta y muy alta marginación participaron empresas guerrerenses aglutinadas a organizaciones como la CMIC, Coparmex y la organización de Mujeres de Éxito y Liderazgo, generando empleos y fortaleciendo la economía local”, según el comunicado de prensa del gobierno del estado del 4 de julio de 2017. El gobernador no mencionó cómo ejercieron los recursos los tres organismos, uno de los cuales es liderado por Marcelo Pani, y en este caso sí podría haber conflicto de intereses.

Pero además, el nombre de la consejera Rosalba Marcelo Pani aparece en el padrón de proveedores del gobierno del estado del periodo enero-marzo de 2017, a nombre o en representación del Grupo Altruista de Servicios Sustentables AC, con el número 194, clave 42776.

Aun cuando se trate de una asociación sin fines de lucro –de la cual no se sabe públicamente si tuvo o tiene contratos con el Ejecutivo–, Marcelo Pani se encuentra en una franca posición de conflicto de interés, ya que por ser integrante del Consejo de Políticas Públicas, un organismo público gubernamental, no debía aparecer como proveedora del gobierno del estado ni tampoco liderar una organización de mujeres que recibe recursos públicos estatales.

Otro caso es el de la consejera Verónica Olimpia Sevilla Muñoz, ya que su nombre aparece en el directorio que publica la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el cargo de subdirectora administrativa y de Control Escolar. Cabe destacar que aunque es un puesto dentro de la casa de estudios, no es un cargo docente, y del que seguramente obtiene una remuneración. Esto no lo pudimos corroborar documentalmente por la opacidad que caracteriza a la universidad, institución que nunca ha publicado las remuneraciones de su personal, como lo exige la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en su artículo 81, fracción VIII.
Si la funcionaria Sevilla Muñoz desempeña un cargo en la Uagro con un salario se encuentra también en una irregularidad, ya que no puede obtener dos remuneraciones. El artículo 114 de la Constitución del estado, que también aplica a los órganos con autonomía técnica, como es el caso del Consejo de Políticas Públicas, en el numeral 3 dice que sus integrantes “recibirán una remuneración digna y adecuada, acorde con la naturaleza de su encargo”. Ese mismo artículo, en el numeral 4, también advierte: “Durante el ejercicio de su encargo, los integrantes de los Órganos Autónomos: (…) II. No podrán desempeñar un empleo, encargo, comisión o actividad remunerada que pueda implicar conflicto de intereses. Quedan exceptuadas las actividades docentes y los cargos honoríficos en asociaciones científicas, culturales o de beneficencia, siempre y cuando no sean remuneradas y no comprometan su imparcialidad o su desempeño profesional”.

Un año de inactividad

A más de un año de que fue instalado por el gobernador del estado, el Consejo de Políticas Púbicas no ha tenido actividades sustantivas. A una solicitud de información sobre su presupuesto, el Consejo respondió que en el presente ejercicio fiscal no cuentan con una partida presupuestal y, para verificar su dicho, remiten al presupuesto de egresos del estado, donde efectivamente no existe la asignación de recursos al Consejo en este año.
Sin embargo evaden el tema de la remuneración de los consejeros y consejeras, ya que, indican, es la Secretaría de Finanzas y Administración la que cuenta con dicha información, y, por cierto, esa dependencia de manera indebida clasificó esta información como “reservada y confidencial”. En su respuesta, el Consejo no niega que actualmente los consejeros perciben un salario, aun cuando formalmente no cuentan con recursos para su operación. Actualmente el Consejo opera, además de los cinco consejeros, con una plantilla de personal técnico y administrativo de cuatro empleados.

Para auxiliarse en sus tareas sustantivas, el Consejo, de acuerdo con la Constitución del estado, debe contar con órganos asesores. Según su primer informe de actividades, el organismo firmó un convenio de coordinación con la Uagro, mediante el que se formaron seis grupos de trabajo “integrados por miembros del sistema nacional de investigadores y académicos, quienes han diseñado programas de investigación para la adopción de políticas públicas en cada materia”. Agrega el informe que también se firmaron acuerdos con la Universidad Americana de Acapulco, con la Universidad Loyola del Pacífico y con la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC) delegación Guerrero, aunque en estos casos no explica en qué actividades han avanzado.

Sin embargo, el Consejo deberá hacer partícipes a muchos otros sectores que, sin duda, pueden aportar al diseño e implementación de políticas públicas, más allá de estas instituciones que, por cierto, en Guerrero regularmente son, junto con los empresarios, los actores no gubernamentales que siempre son llamados por el gobierno para la conformación de sus órganos consultivos o de participación ciudadana. No es que sea equivocada su convocatoria, sino que sólo prevalece su visión y deja fuera la pluralidad que existe en el estado.

Las minutas

También solicitamos las minutas de trabajo de todas las sesiones realizadas por el Consejo. Nos entregaron 14, correspondientes al periodo junio-diciembre de 2016; de 2017, nada. Se observa en ellas improvisación y poca información que dé luz sobre las acciones de este organismo. En algunos casos, por ejemplo, se reunieron para aprobar el logo y el eslogan institucionales; en cuatro ocasiones, para aprobar sendos convenios con la Uagro, Universidad Americana, Loyola del Pacífico y la CMIC. Destacan las reuniones para aprobar “el análisis y propuesta de proyectos” de ley o de reforma de las leyes de Concesiones para la Infraestructura Pública, de Obra Pública y de Participación Ciudadana, para lo que emplearon sólo dos horas en cada caso, según las minutas. Y utilizaron otras tantas reuniones para aprobar dichos proyectos.

En otra de sus respuestas, el Consejo proporcionó su primer informe de actividades realizadas en un año de trabajo. Entre ellas destaca la realización de talleres dirigidos a parteras tradicionales, que se llevaron a cabo en los municipios de Chilapa, Ometepec y Tlapa, con la temática de hemorragias y factores de riesgo. Según reseñaron en los resultados, se logró la participación de más de 150 parteras tradicionales localizadas en las zonas de mayor mortandad materna.

Por otra parte, se elaboró el programa Acoso Callejero, Una Realidad de Mujeres y Hombres, el cual se reconoce como una práctica de agresión sexual ejercida por una persona desconocida, en espacios públicos. Con la difusión de este programa, dice el Consejo, se pretende abatir el acoso callejero y con ello dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Igualmente se realizó el primer foro de movilidad sustentable Chilpancingo-Acapulco, a propósito del primer año de su instalación.

En otro tema, se convocó al órgano asesor de la Uagro, integrado por académicos en grado de doctorado en diversas profesiones de acuerdo con su perfil y especialidad que dominan. Se definió la primera revisión de trabajo en el que en conjunto el órgano asesor y el Consejo de Políticas Públicas establecieron los temas que se han de desarrollar: Educación, salud, Administración de la justicia, Gobernanza, Turismo, Desarrollo urbano y Ordenamiento territorial.

¿Es prioritario el Consejo?

Es plausible el propósito constitucional de que la gestión pública del Ejecutivo estatal y de los municipios se base en políticas públicas. El gobierno de Héctor Astudillo ya dio el primer paso con la instalación del Consejo, pero lamentablemente lo condenó a la inactividad al no asignarle recursos financieros para su operación. Se espera que en el siguiente ejercicio tenga presupuesto, pero antes deben resolverse los conflictos de interés que ya afloraron entre sus miembros; es un organismo que requiere de mucha credibilidad.

Vista en perspectiva, la tarea de un organismo como el Consejo de Políticas Públicas parece titánica, pues la administración pública en el estado, como ninguna, arrastra vicios e inercias de todo tipo que se observan como uno de los orígenes del desperdicio de recursos. Y no obstante que el actual gobierno quiere asignarle alguna importancia a este tema al instalar el Consejo y “rearmar” a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional con “funciones de planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y las acciones de gobierno”, lo cierto es que son acciones insuficientes y de baja intensidad. Un Consejo sin recursos financieros y una Seplade que ni siquiera ha publicado los indicadores correspondientes al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, no son buena señal.

Persiste el rezago en acceso a la información

Publicado en El Sur de Acapulco

No obstante que ya existen un bien definido marco jurídico y parcialmente un andamiaje institucional para hacer factible el derecho de acceso a la información, lo cierto es que todavía se observan numerosos problemas para su pleno ejercicio, que en el caso de estados como Guerrero, parece difícil que sean solventados en el corto plazo. En el rango de obstáculos se encuentran desde la manifiesta falta de interés de la mayoría de ciudadanos por los asuntos públicos que directamente le afectan y que requieren de su involucramiento, hasta los conocidos actos de ocultamiento de la información desde el sector público, hoy todavía muy frecuentes.

En este espacio hemos publicado nuestra percepción sobre cómo se ha concretado el derecho de acceso a la información pública gubernamental, desde junio de 2006, cuando entró en vigor la primera ley de transparencia en el estado, a la fecha.

Son innegables los avances, entre ellos, tenemos una legislación mucho más precisa y homogénea para todo el país, el número de ciudadanos que presentan solicitudes se incrementó significativamente -aunque no tanto, si se considera la población que potencialmente podría hacerlo-; el número de dependencias a las que se les requiere información también ha aumentado y en la mayoría de oficinas públicas se han implementado las bases mínimas (personal, equipo, procedimientos) para atender los requerimientos.

Sin embargo, hay un déficit importante de participación de la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, simplemente porque sus demandas más importantes están en otros temas (educación, salud, empleo, producción, vivienda, seguridad) y escasamente con el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas de sus gobernantes; pero tampoco han logrado articular la exigencia y ejercicio de esos otros derechos por medio de la información pública.

Adicionalmente el acceso a la información hoy día se sustenta en el uso de plataformas electrónicas, y en el caso de Guerrero esto se convierte en un gran problema, ya que es una de las entidades más rezagadas en acceso a internet, pues sólo el 42 por ciento de la población mayor de 12 años, ha utilizado este servicio, según declaraciones de  Julio Santaella Castell, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicadas por Notymas el 12 de mayo.

Pero las dificultades también se gestan en el interior de las dependencias públicas y para concretarlas se emplean numerosas estratagemas mediante las que se busca negar o retrasar la entrega de información. En esta entrega describiremos algunos de los recursos más utilizados para bloquear el acceso a la información.

No entregan información

Una de las formas más recurrentes es no responder a las solicitudes y esta omisión puede tener su origen en que las dependencias no le dan importancia ni seriedad al cumplimiento de este derecho, pues a veces ni siquiera consultan la plataforma electrónica para saber si tienen o no solicitudes; o la omisión puede ser porque las oficinas públicas le apuestan a que el solicitante no continuará un largo trámite de presentar un recurso de revisión y además darle el seguimiento correspondiente, proceso que en Guerrero es todavía muy tardado, ya que la emisión de una resolución puede extenderse hasta un año.

Para ilustrar esta desatención respecto al derecho de acceso a la información comentaremos que varios ayuntamientos no han entregado la información que solicitamos desde octubre de 2016. En esa ocasión pedimos su primer informe de gobierno, y aun cuando es un documento que debería ser de cotidiana circulación, 31 ayuntamientos no respondieron, por lo que se presentaron los correspondientes recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro).

Recientemente este órgano garante emitió varias resoluciones que obligan a los ayuntamientos renuentes a entregar la información, pero ni con en este mandato quieren hacerlo. Son los casos de Atlamajalcingo, Tepecoacuilco, Xochihuehuetán, Tlalixtaquilla, Tixtla, Xalpatláhuac, Xochistlahuaca, Mártir de Cuilapan, Juan R. Escudero, cuyas resoluciones se emitieron entre abril y junio de 2017, y se resisten a entregar su informe. Estos ayuntamientos también le apuestan a que no serán sancionados, y mientras no se cobren las multas a las que ya son acreedores, seguirán en una posición muy cómoda. Hay otros que ni siquiera tienen una resolución, como Acatepec, Cocula, Cutzamala, Huamuxtitlán, Igualapa, Tecoanapa.

En total, son 15 ayuntamientos de quienes no se conoce públicamente su primer informe de gobierno - cuyos alcaldes lo presentaron en octubre de 2016-, no obstante que se hicieron los trámites correspondientes que dicta la ley de transparencia y acceso a la información.

Otro ejemplo de lo que está pasando en Guerrero con el acceso a la información es un paquete de solicitudes que se presentaron también ante los ayuntamientos para requerirles sus propuestas de inversión del ejercicio fiscal 2016 y el acta de Coplademun que las avala. En esa ocasión sólo se presentaron 45 solicitudes porque eran los ayuntamientos que en julio de 2016 estaban incorporados el sistema Info Guerrero. De éstos, 18 hicieron caso omiso a la ley y no respondieron, y 12 lo hicieron de manera parcial o entregaron información que no correspondía; en treinta casos se presentó recursos de revisión ante el Itaigro.

Aunque el órgano garante ha emitido la resolución respectiva, los siguientes ayuntamientos no han entregado información -a un año de que se les solicitó-: Atlamajalcingo, Atoyac, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Coahuayutla, Igualapa, Xalpatlahuac, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Quechultenango, Tlapa y Xochihuehuetlán. Hay otro grupo que ni siquiera tienen resolución: Ahuacuotzingo, Atenango, Chilapa, Copanatoyac.

Otros respondieron luego de la resolución: Apaxtla, Cuajinicuilapa, Zihuatanejo, Iguala, Humauxtitlán, Cocula, Pedro Ascencio Alquisiras, Ometepec, San Marcos, Tepecoacuilco, Xochistlahuaca, Cochoapa; algunos de éstos respondieron recientemente, es decir, un año después de solicitada la información.

Finalmente, hay cifras de otro paquete de solicitudes a ayuntamientos -en donde se les pidió información sobre los gastos de gestión de sus ediles- que también ejemplifican el comportamiento de los gobiernos municipales. En este caso se presentaron 71 solicitudes a principios de 2017, y de éstos, sólo 43 respondieron en tiempo y forma, 26 no hicieron caso a la solicitud, y dos presentaron información parcial, por lo que se presentaron 28 recursos de revisión ante el Itaigro.

A la fecha sigue estando pendiente la respuesta de 23 ayuntamientos, ya que sólo Cuautepec, La Unión e Ixcateopan reaccionaron ante las resoluciones del Itaigro.

Aun cuando se les dio a conocer una resolución para que entreguen información, no han respondido Atlamajalcingo, Arcelia, Chilapa, Coahuayutla, Cochoapa, Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, Metlatónoc, Olinalá, Tecoanapa y Xochistlahuaca. De éstos se espera que ya estén en trámite las sanciones que correspondan.

Pero hay otros casos que ni siquiera tienen una resolución, son los casos de Acapulco, que respondió a destiempo y negando la información; Chilpancingo, que entregó datos que no corresponden, Zihuatanejo, Xochihuehuetlán, Huamuxtitlán, Tlapehuala, Iliatenco, Igualapa, Huitzuco, Cuatezala, Ahuacuotzingo y Acatepec.

La información de gastos de gestión también se le requirió al Congreso del estado, que respondió con datos que no corresponden. A la fecha, tampoco existe una resolución al respecto.

La oportunidad

Los procedimientos para tener acceso a la información no son expeditos, y en tanto no se resuelva este problema, seguirá siendo un factor que inhibe el ejercicio de este derecho. Muchos periodistas no solicitan información porque han experimentado los largos plazos y los trámites que implica (sobre todo la resolución de los recursos de revisión) que contrastan con el principio de inmediatez de su trabajo.

Pero no son los único que han sentido este desaliento. Algunos grupos de ciudadanos han buscado información pública para realizar trabajos de contraloría social y vigilancia del quehacer gubernamental y también terminan decepcionados por la lentitud de los trámites.

Es el caso de pobladores de la cabecera municipal de Ayutla, que en noviembre de 2015 presentaron solicitudes de información para conocer las obras que realizaba el ayuntamiento, pero apenas se emitieron las resoluciones para ordenar la entrega de la información.

Es el caso, por ejemplo, de la obra de “Renivelación de calle acceso al tanque de almacenamiento de agua potable de la colonia Cruz Alta”, cuyo expediente técnico los vecinos lo pidieron el 27 de noviembre de 2015. El ayuntamiento recién entregó la información, 20 meses después de que un grupo de ciudadanos tenía la intención de participar en el bienestar de su comunidad. Evidentemente, hoy el grupo ya perdió el entusiasmo que tenía cuando fuimos a promover el ejercicio su derecho de acceso a la información articulado con la gestión de sus necesidades más apremiantes.

Sagadegro

Pero los ayuntamientos no son los únicos que utilizan la omisión recurrente, también se da en el Ejecutivo del estado. Hay dependencias que no sólo son opacas, sino que se exhiben cuando alguien documenta su falta de transparencia. Es el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), que se caracteriza por ser una secretaría que o no revisa la plataforma electrónica para conocer si tiene solicitudes de información o de plano sí las conoce, pero decide no contestarlas. En mi experiencia personal he presentado varias solicitudes tanto a la ex Seder como a la hoy Sagadegro, y la regla es que no responde en los plazos establecidos. Hasta que presento un recurso de revisión ante el Itaigro, la Sagadegro reacciona.

Recientemente hizo lo mismo y hasta me acusó de actuar con dolo y mala fe, cuando lo único que hice fue tratar de hacer valer mi derecho de acceso a la información. El 15 de enero de 2016 presenté dos solicitudes para conocer información sobre la ejecución del Programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes. Al concluir el plazo que estipulaba la anterior ley (15 días hábiles) presenté un recurso de revisión el 10 de febrero de 2016 y el trámite siguió su curso. Sin ninguna explicación, hasta el 17 de mayo de 2017, el Itaigro solicitó a la dependencia un informe pormenorizado, pero la Sagadegro tampoco le respondió al órgano garante.

El 6 de junio de 2017, 17 meses después de presentada la solicitud, la Sagadegro dio señales de vida, luego de que recibió del Itaigro una resolución en su contra. En su alegato afirma que respondió dos solicitudes el 22 de febrero de 2016, lo cual, si fuera cierto, de cualquier forma está fuera del tiempo que marca la ley, y no obstante las evidencias, insistió en que contestaron los requermientos “en tiempo y forma”.

Más adelante me acusa de actuar “con dolo y mala fe, lo cual se corrobora fehacientemente al solicitar el presente recurso de revisión ya que con la documentación que se solventa el presente recurso de revisión se comprueba fehacientemente lo anterior, ya que mi representada (la Sagadegro) se ha conducido con transparencia en el ejercicio público de transparencia”. Independientemente de este galimatías, la dependencia defiende que cumple con la ley.

Finalmente, también menciona que “la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental nos otorgó una prórroga para estar en condiciones de remitirla por problemas del sistema en la página”. Hay que aclararle a la representante legal de la Sagadegro que nadie puede dar prórrogas para cumplir con los plazos de las solicitudes de información que establece la ley, ni el Itaigro, mucho menos una dependencia que también es sujeto obligado y no tiene ese tipo de atribuciones.

Colofón

La promoción del acceso a la información entre la ciudadanía no es fácil, tampoco lo es que muchos funcionarios públicos dejen de percibir como patrimonio propio la información que se genera en las dependencias públicas.

Todavía falta mucho por hacer. La ciudadanía no se ha apropiado plenamente de este derecho, y en la medida en que utilice la información para gestionar sus intereses e iniciativas de mejor manera, las dependencias públicas se sentirán presionadas y obligadas a responder y entregar la información que se les pide.

Sin consulta aprueban ley estatal anticorrupción

Publicado en El Sur de Acapulco

Hoy concluye el plazo para que las legislaturas de los estados tengan listo el marco jurídico que dará sustento a sus respectivos sistemas locales de combate a la corrupción; y aunque en Guerrero dichas normas se aprobaron en tiempo y forma, el 11 de julio, hay detalles que es pertinente destacar.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), del que se derivan los sistemas locales, se ha construido con el acompañamiento puntual de la sociedad civil por medio de organizaciones ciudadanas especializadas en los temas de transparencia y rendición de cuentas. A veces a contracorriente de las inercias y resistencias de actores gubernamentales, en el plano nacional las organizaciones de la sociedad civil han incidido en varios de los procesos del SNA, sea a través de la proposición de ajustes a las leyes para mejorarlas, sea para señalar a los mejores candidatos a ocupar los puestos clave del sistema.

Por tratarse de una iniciativa nacional, se procuró que este acompañamiento ciudadano se concretara también en las entidades federativas en los sistemas locales anticorrupción (SLA). Pero las evidencias muestran que ha habido retrasos en la aprobación de las leyes en varios estados y en muchos casos, procesos desaseados en la designación de quienes formarán parte de estos sistemas locales. Incluso a nivel nacional, aún está pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción y la ratificación de ministros del tribunal administrativo

En el caso de Guerrero se ha cumplido con los plazos estipulados para la legislación de las normas, y en este proceso ha prevalecido una visión exclusivamente gubernamental; pero esto no sólo es propiciado por el propósito de funcionarios y servidores públicos de no compartir opiniones y decisiones, sino que hay una gran carencia de ciudadanos informados y organizados para opinar, presionar, proponer y exigir que el sistema estatal de combate a la corrupción realmente sea un instrumento que vigile y controle el ejercicio de los recursos públicos para que se cumplan los derechos sociales de la población.

Sin duda, la construcción del SNA es una de las medidas de mayor trascendencia en los últimos años; pero no será de mucha utilidad si la ciudadanía no cumple la función que le toca y cumple sus obligaciones y ejerce plenamente sus derechos.

Las ocho leyes

Aunque el 20 de junio el gobernador Héctor Astudillo envió un paquete de ocho propuestas de nuevas leyes o reformas al Congreso del estado, relativos al sistema estatal anticorrupción, los documentos nunca se dieron a conocer públicamente. Los diputados de la LXI Legislatura aprobaron las leyes el 11 de julio, con los votos en contra de los partidos Movimiento Ciudadano y Morena. Prácticamente nadie, fuera del ámbito gubernamental y los diputados, conoció las iniciativas.

Guillermo Ávila, investigador del Imco señaló que no sólo es importante que los congresos modifiquen sus constituciones considerando el SNA como un estándar en el que deben guiarse, sino que la legislación en la materia cuente con la calidad necesaria para que realmente los beneficios de las leyes anticorrupción puedan ser percibidos por la sociedad.

“Por ejemplo, en algunos casos no se cumplió con los estándares de parlamento abierto, que implicaba la participación ciudadana y el aseguramiento de transparencia en los procesos de elaboración de la legislación anticorrupción. A nivel local hubo congresos que trabajaron a puertas cerradas, disminuyendo la legitimidad y profundidad de lo que salió de ahí”, mencionó Guillermo Ávila.

Por canales informales conseguimos la iniciativa de la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción de Guerrero, pues ésta no fue pública. Consideramos que hay dos asuntos clave que tendrán una repercusión directa y mostrarán el talante del naciente sistema: uno de ellos es la formación del Comité Coordinador del SLA, y el segundo, la constitución del Comité de Participación Ciudadana.

La ley considera “la composición, atribuciones y objetivos del Comité Coordinador del Sistema, que se constituye como una instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción”.

El comité coordinador será la instancia más importante del SLA, por lo que es pertinente mencionar quienes formarán parte de él: un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; el titular de la Auditoría Superior del estado (denominación que adquirirá la actual AGE); el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado (que hoy se denomina Tribunal de lo Contencioso Administrativo); el comisionado presidente del Itaigro; y un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado.

Otro de los puntos relevantes de la ley es el de la constitución del Comité de Participación Ciudadana; la ley establece que su “objetivo principal es vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción”.

En estados como Guerrero, donde tradicionalmente ha habido una concentración y discrecionalidad en la toma de decisiones, una figura ciudadana con estas facultades es inusitada. De hecho, la iniciativa de ley aprobada por los diputados incluye planteamientos en este sentido. Por ejemplo, “La corrupción se combate no sólo con el esfuerzo de las autoridades, es indispensable la participación ciudadana como el mecanismo más importante para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción. Cuanto más participen los ciudadanos en los asuntos públicos Guerrero será más incluyente, ordenado y democrático”.

Se agrega en la iniciativa que “se pretende encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate contra la corrupción a través del Comité de Participación Ciudadana creado por mandato constitucional”.

Será fundamental la función del CPC en el sistema estatal anticorrupción, por lo que será prioritario vigilar que los cinco miembros que lo conformarán realmente tengan una visión ciudadana, y evitar en lo posible que esta figura sea capturada por las entidades gubernamentales y achaten su potencial.

La elección de los integrantes del CPC no la hará directamente el Congreso del Estado; se realizará a través de una comisión de selección de siete miembros -ésta sí, nombrada por el órgano legislativo- (cinco de instituciones de educación superior y de investigación; y dos de organizaciones de la sociedad civil), quienes realizarán una amplia consulta pública en el estado para que la sociedad presente candidatos a ocupar los cinco puestos del CPC.

La comisión de selección deberá diseñar y hacer públicos la metodología, plazos y criterios de selección de los miembros del CPC, entre los más importantes, el método de registro y evaluación, la lista de los aspirantes, hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción, en versión públicas.

La nueva ley del sistema estatal anticorrupción entrará en vigor el primero de enero de 2018. El Congreso del estado designará a la comisión de selección dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la ley; y el Comité Coordinador del sistema se integrará dentro de los 60 días después de seleccionados los miembros del CPC. Es decir, en el mejor de los casos, el sistema de Guerrero comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2018.

Un foro a destiempo

El pasado 7 de julio se llevó a cabo el foro Sistema Anticorrupción, Perspectivas y Retos en Guerrero 2017. Se trató de un acto inusual, pues aunque por definición un foro debe ser abierto y accesible, extrañamente a éste sólo se pudo asistir mediante invitación expresa, y además se celebró en uno de los salones (de la República) de Casa Guerrero, cuyo acceso de por sí es restringido e inhibitorio para el grueso de la población.

No obstante que en el foro se escucharon las ideas de algunos de los actores que formarán parte del SLA y de activistas que han tenido una participación importante en la construcción del sistema nacional, la prensa no fue convocada, ni el acto fue difundido en los medios de comunicación (salvo tal vez un par de casos), aun cuando se trata de un tema que por su relevancia requiere de una difusión masiva. Sólo en redes sociales, algunos de los participantes dieron cuenta parcial de sus intervenciones.

Y también fue inusual porque, como lo expresó Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas y ponente invitada, el foro se realizó fuera de tiempo, ya que estaba próximo el vencimiento del plazo para aprobar la legislación correspondiente para la integración del sistema en el estado, y “tuvieron un año para debatir de manera pública” los contenidos importantes de dichas leyes y no se hizo. Y efectivamente, cuatro días después, los diputados locales aprobaron el paquete de leyes, evidentemente sin tomar en cuenta ninguno de los señalamientos del foro.

Al respecto, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, consultado por la Revista R, de Excélsior, mencionó que llevar al límite la homologación de las leyes locales con el SNA, es una estrategia de los congresos locales para evitar las prácticas de parlamento abierto que caracterizaron la aprobación del sistema nacional.

“Creo que lo que están tratando es de llevar al límite los plazos para aprobarlo sin una discusión apropiada con la comunidad y sin proceso abierto donde nos informemos y nos enteremos de qué cambio están haciendo alrededor de estos temas”, sostuvo Bohórquez, quien agregó que en el tema de parlamento abierto es donde hay más reticencia de los congresos locales, pues implica transparentar sus discusiones, deliberaciones y decisiones; una práctica a la que no están acostumbrados y que consideran riesgosa.

Los sistemas, en riesgo

Por diferentes motivos, los sistemas nacional y estatales anticorrupción están enfrentando dificultades para su integración u operación. En el primero, el Senado de la República aún no designa al fiscal anticorrupción del SNA, luego de que desde noviembre de 2014 ha tenido tiempo para hacerlo. La Fiscalía Anticorrupción se instituyó mediante reforma constitucional de febrero de 2014. Su objetivo es erigirse en pieza clave para la persecución de delitos de corrupción, pero a la fecha sigue acéfala. Incluso, el grupo de ciudadanos que daban seguimiento al proceso de selección del primer fiscal anticorrupción (Comité de Acompañamiento Ciudadano) rompieron con los senadores, pues se dijeron “decepcionados” de la manera en que los legisladores atascan decisiones fundamentales para el país por motivos políticos y de esa manera muestra un menosprecio hacia el SNA.

El Senado tampoco ha ratificado a los magistrados de la Sala Especializada en combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En el ámbito local, hay dos estados que no han hecho la reforma constitucional requerida para implementar el sistema a nivel local, y otras 11 entidades aún no cuentan con las leyes secundarias para el funcionamiento de dicho mecanismo. Y en cuanto a los nombramientos claves del proceso de implementación de los SLA, la mayoría de éstos han sido objetadas por organizaciones civiles nacionales y locales, por tratarse de personajes cercanos al gobernador en turno, militantes activos de partidos políticos e incluso personas relacionadas con actos de corrupción; son los casos de Puebla, Nayarit, Morelos, Sonora, Estado de México y Querétaro.

Sobre este asunto, Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, comentó que el común denominador en la conformación de los sistemas estatales ha sido el intento de los gobiernos locales de capturar dichos mecanismos mediante nombramientos a modo.

“Es la tónica; en términos generales, se puede decir que los sistemas locales anticorrupción quieren ser capturados por los gobernadores de los estados vía los nombramientos de funcionarios públicos que carecen de autonomía, y también mediante la exclusión de una participación social efectiva”, informó Pérez de Acha, también entrevistado por Revista R.

Y aunque en Guerrero se cumplió con el primer paso referente a la aprobación de las normas que dan sustento al SLA, habrá que estar pendientes con los nombramientos que vienen.