Persiste el rezago en acceso a la información

Publicado en El Sur de Acapulco

No obstante que ya existen un bien definido marco jurídico y parcialmente un andamiaje institucional para hacer factible el derecho de acceso a la información, lo cierto es que todavía se observan numerosos problemas para su pleno ejercicio, que en el caso de estados como Guerrero, parece difícil que sean solventados en el corto plazo. En el rango de obstáculos se encuentran desde la manifiesta falta de interés de la mayoría de ciudadanos por los asuntos públicos que directamente le afectan y que requieren de su involucramiento, hasta los conocidos actos de ocultamiento de la información desde el sector público, hoy todavía muy frecuentes.

En este espacio hemos publicado nuestra percepción sobre cómo se ha concretado el derecho de acceso a la información pública gubernamental, desde junio de 2006, cuando entró en vigor la primera ley de transparencia en el estado, a la fecha.

Son innegables los avances, entre ellos, tenemos una legislación mucho más precisa y homogénea para todo el país, el número de ciudadanos que presentan solicitudes se incrementó significativamente -aunque no tanto, si se considera la población que potencialmente podría hacerlo-; el número de dependencias a las que se les requiere información también ha aumentado y en la mayoría de oficinas públicas se han implementado las bases mínimas (personal, equipo, procedimientos) para atender los requerimientos.

Sin embargo, hay un déficit importante de participación de la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, simplemente porque sus demandas más importantes están en otros temas (educación, salud, empleo, producción, vivienda, seguridad) y escasamente con el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas de sus gobernantes; pero tampoco han logrado articular la exigencia y ejercicio de esos otros derechos por medio de la información pública.

Adicionalmente el acceso a la información hoy día se sustenta en el uso de plataformas electrónicas, y en el caso de Guerrero esto se convierte en un gran problema, ya que es una de las entidades más rezagadas en acceso a internet, pues sólo el 42 por ciento de la población mayor de 12 años, ha utilizado este servicio, según declaraciones de  Julio Santaella Castell, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicadas por Notymas el 12 de mayo.

Pero las dificultades también se gestan en el interior de las dependencias públicas y para concretarlas se emplean numerosas estratagemas mediante las que se busca negar o retrasar la entrega de información. En esta entrega describiremos algunos de los recursos más utilizados para bloquear el acceso a la información.

No entregan información

Una de las formas más recurrentes es no responder a las solicitudes y esta omisión puede tener su origen en que las dependencias no le dan importancia ni seriedad al cumplimiento de este derecho, pues a veces ni siquiera consultan la plataforma electrónica para saber si tienen o no solicitudes; o la omisión puede ser porque las oficinas públicas le apuestan a que el solicitante no continuará un largo trámite de presentar un recurso de revisión y además darle el seguimiento correspondiente, proceso que en Guerrero es todavía muy tardado, ya que la emisión de una resolución puede extenderse hasta un año.

Para ilustrar esta desatención respecto al derecho de acceso a la información comentaremos que varios ayuntamientos no han entregado la información que solicitamos desde octubre de 2016. En esa ocasión pedimos su primer informe de gobierno, y aun cuando es un documento que debería ser de cotidiana circulación, 31 ayuntamientos no respondieron, por lo que se presentaron los correspondientes recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro).

Recientemente este órgano garante emitió varias resoluciones que obligan a los ayuntamientos renuentes a entregar la información, pero ni con en este mandato quieren hacerlo. Son los casos de Atlamajalcingo, Tepecoacuilco, Xochihuehuetán, Tlalixtaquilla, Tixtla, Xalpatláhuac, Xochistlahuaca, Mártir de Cuilapan, Juan R. Escudero, cuyas resoluciones se emitieron entre abril y junio de 2017, y se resisten a entregar su informe. Estos ayuntamientos también le apuestan a que no serán sancionados, y mientras no se cobren las multas a las que ya son acreedores, seguirán en una posición muy cómoda. Hay otros que ni siquiera tienen una resolución, como Acatepec, Cocula, Cutzamala, Huamuxtitlán, Igualapa, Tecoanapa.

En total, son 15 ayuntamientos de quienes no se conoce públicamente su primer informe de gobierno - cuyos alcaldes lo presentaron en octubre de 2016-, no obstante que se hicieron los trámites correspondientes que dicta la ley de transparencia y acceso a la información.

Otro ejemplo de lo que está pasando en Guerrero con el acceso a la información es un paquete de solicitudes que se presentaron también ante los ayuntamientos para requerirles sus propuestas de inversión del ejercicio fiscal 2016 y el acta de Coplademun que las avala. En esa ocasión sólo se presentaron 45 solicitudes porque eran los ayuntamientos que en julio de 2016 estaban incorporados el sistema Info Guerrero. De éstos, 18 hicieron caso omiso a la ley y no respondieron, y 12 lo hicieron de manera parcial o entregaron información que no correspondía; en treinta casos se presentó recursos de revisión ante el Itaigro.

Aunque el órgano garante ha emitido la resolución respectiva, los siguientes ayuntamientos no han entregado información -a un año de que se les solicitó-: Atlamajalcingo, Atoyac, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Coahuayutla, Igualapa, Xalpatlahuac, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Quechultenango, Tlapa y Xochihuehuetlán. Hay otro grupo que ni siquiera tienen resolución: Ahuacuotzingo, Atenango, Chilapa, Copanatoyac.

Otros respondieron luego de la resolución: Apaxtla, Cuajinicuilapa, Zihuatanejo, Iguala, Humauxtitlán, Cocula, Pedro Ascencio Alquisiras, Ometepec, San Marcos, Tepecoacuilco, Xochistlahuaca, Cochoapa; algunos de éstos respondieron recientemente, es decir, un año después de solicitada la información.

Finalmente, hay cifras de otro paquete de solicitudes a ayuntamientos -en donde se les pidió información sobre los gastos de gestión de sus ediles- que también ejemplifican el comportamiento de los gobiernos municipales. En este caso se presentaron 71 solicitudes a principios de 2017, y de éstos, sólo 43 respondieron en tiempo y forma, 26 no hicieron caso a la solicitud, y dos presentaron información parcial, por lo que se presentaron 28 recursos de revisión ante el Itaigro.

A la fecha sigue estando pendiente la respuesta de 23 ayuntamientos, ya que sólo Cuautepec, La Unión e Ixcateopan reaccionaron ante las resoluciones del Itaigro.

Aun cuando se les dio a conocer una resolución para que entreguen información, no han respondido Atlamajalcingo, Arcelia, Chilapa, Coahuayutla, Cochoapa, Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, Metlatónoc, Olinalá, Tecoanapa y Xochistlahuaca. De éstos se espera que ya estén en trámite las sanciones que correspondan.

Pero hay otros casos que ni siquiera tienen una resolución, son los casos de Acapulco, que respondió a destiempo y negando la información; Chilpancingo, que entregó datos que no corresponden, Zihuatanejo, Xochihuehuetlán, Huamuxtitlán, Tlapehuala, Iliatenco, Igualapa, Huitzuco, Cuatezala, Ahuacuotzingo y Acatepec.

La información de gastos de gestión también se le requirió al Congreso del estado, que respondió con datos que no corresponden. A la fecha, tampoco existe una resolución al respecto.

La oportunidad

Los procedimientos para tener acceso a la información no son expeditos, y en tanto no se resuelva este problema, seguirá siendo un factor que inhibe el ejercicio de este derecho. Muchos periodistas no solicitan información porque han experimentado los largos plazos y los trámites que implica (sobre todo la resolución de los recursos de revisión) que contrastan con el principio de inmediatez de su trabajo.

Pero no son los único que han sentido este desaliento. Algunos grupos de ciudadanos han buscado información pública para realizar trabajos de contraloría social y vigilancia del quehacer gubernamental y también terminan decepcionados por la lentitud de los trámites.

Es el caso de pobladores de la cabecera municipal de Ayutla, que en noviembre de 2015 presentaron solicitudes de información para conocer las obras que realizaba el ayuntamiento, pero apenas se emitieron las resoluciones para ordenar la entrega de la información.

Es el caso, por ejemplo, de la obra de “Renivelación de calle acceso al tanque de almacenamiento de agua potable de la colonia Cruz Alta”, cuyo expediente técnico los vecinos lo pidieron el 27 de noviembre de 2015. El ayuntamiento recién entregó la información, 20 meses después de que un grupo de ciudadanos tenía la intención de participar en el bienestar de su comunidad. Evidentemente, hoy el grupo ya perdió el entusiasmo que tenía cuando fuimos a promover el ejercicio su derecho de acceso a la información articulado con la gestión de sus necesidades más apremiantes.

Sagadegro

Pero los ayuntamientos no son los únicos que utilizan la omisión recurrente, también se da en el Ejecutivo del estado. Hay dependencias que no sólo son opacas, sino que se exhiben cuando alguien documenta su falta de transparencia. Es el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), que se caracteriza por ser una secretaría que o no revisa la plataforma electrónica para conocer si tiene solicitudes de información o de plano sí las conoce, pero decide no contestarlas. En mi experiencia personal he presentado varias solicitudes tanto a la ex Seder como a la hoy Sagadegro, y la regla es que no responde en los plazos establecidos. Hasta que presento un recurso de revisión ante el Itaigro, la Sagadegro reacciona.

Recientemente hizo lo mismo y hasta me acusó de actuar con dolo y mala fe, cuando lo único que hice fue tratar de hacer valer mi derecho de acceso a la información. El 15 de enero de 2016 presenté dos solicitudes para conocer información sobre la ejecución del Programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes. Al concluir el plazo que estipulaba la anterior ley (15 días hábiles) presenté un recurso de revisión el 10 de febrero de 2016 y el trámite siguió su curso. Sin ninguna explicación, hasta el 17 de mayo de 2017, el Itaigro solicitó a la dependencia un informe pormenorizado, pero la Sagadegro tampoco le respondió al órgano garante.

El 6 de junio de 2017, 17 meses después de presentada la solicitud, la Sagadegro dio señales de vida, luego de que recibió del Itaigro una resolución en su contra. En su alegato afirma que respondió dos solicitudes el 22 de febrero de 2016, lo cual, si fuera cierto, de cualquier forma está fuera del tiempo que marca la ley, y no obstante las evidencias, insistió en que contestaron los requermientos “en tiempo y forma”.

Más adelante me acusa de actuar “con dolo y mala fe, lo cual se corrobora fehacientemente al solicitar el presente recurso de revisión ya que con la documentación que se solventa el presente recurso de revisión se comprueba fehacientemente lo anterior, ya que mi representada (la Sagadegro) se ha conducido con transparencia en el ejercicio público de transparencia”. Independientemente de este galimatías, la dependencia defiende que cumple con la ley.

Finalmente, también menciona que “la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental nos otorgó una prórroga para estar en condiciones de remitirla por problemas del sistema en la página”. Hay que aclararle a la representante legal de la Sagadegro que nadie puede dar prórrogas para cumplir con los plazos de las solicitudes de información que establece la ley, ni el Itaigro, mucho menos una dependencia que también es sujeto obligado y no tiene ese tipo de atribuciones.

Colofón

La promoción del acceso a la información entre la ciudadanía no es fácil, tampoco lo es que muchos funcionarios públicos dejen de percibir como patrimonio propio la información que se genera en las dependencias públicas.

Todavía falta mucho por hacer. La ciudadanía no se ha apropiado plenamente de este derecho, y en la medida en que utilice la información para gestionar sus intereses e iniciativas de mejor manera, las dependencias públicas se sentirán presionadas y obligadas a responder y entregar la información que se les pide.

Sin consulta aprueban ley estatal anticorrupción

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Hoy concluye el plazo para que las legislaturas de los estados tengan listo el marco jurídico que dará sustento a sus respectivos sistemas locales de combate a la corrupción; y aunque en Guerrero dichas normas se aprobaron en tiempo y forma, el 11 de julio, hay detalles que es pertinente destacar.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), del que se derivan los sistemas locales, se ha construido con el acompañamiento puntual de la sociedad civil por medio de organizaciones ciudadanas especializadas en los temas de transparencia y rendición de cuentas. A veces a contracorriente de las inercias y resistencias de actores gubernamentales, en el plano nacional las organizaciones de la sociedad civil han incidido en varios de los procesos del SNA, sea a través de la proposición de ajustes a las leyes para mejorarlas, sea para señalar a los mejores candidatos a ocupar los puestos clave del sistema.

Por tratarse de una iniciativa nacional, se procuró que este acompañamiento ciudadano se concretara también en las entidades federativas en los sistemas locales anticorrupción (SLA). Pero las evidencias muestran que ha habido retrasos en la aprobación de las leyes en varios estados y en muchos casos, procesos desaseados en la designación de quienes formarán parte de estos sistemas locales. Incluso a nivel nacional, aún está pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción y la ratificación de ministros del tribunal administrativo

En el caso de Guerrero se ha cumplido con los plazos estipulados para la legislación de las normas, y en este proceso ha prevalecido una visión exclusivamente gubernamental; pero esto no sólo es propiciado por el propósito de funcionarios y servidores públicos de no compartir opiniones y decisiones, sino que hay una gran carencia de ciudadanos informados y organizados para opinar, presionar, proponer y exigir que el sistema estatal de combate a la corrupción realmente sea un instrumento que vigile y controle el ejercicio de los recursos públicos para que se cumplan los derechos sociales de la población.

Sin duda, la construcción del SNA es una de las medidas de mayor trascendencia en los últimos años; pero no será de mucha utilidad si la ciudadanía no cumple la función que le toca y cumple sus obligaciones y ejerce plenamente sus derechos.

Las ocho leyes

Aunque el 20 de junio el gobernador Héctor Astudillo envió un paquete de ocho propuestas de nuevas leyes o reformas al Congreso del estado, relativos al sistema estatal anticorrupción, los documentos nunca se dieron a conocer públicamente. Los diputados de la LXI Legislatura aprobaron las leyes el 11 de julio, con los votos en contra de los partidos Movimiento Ciudadano y Morena. Prácticamente nadie, fuera del ámbito gubernamental y los diputados, conoció las iniciativas.

Guillermo Ávila, investigador del Imco señaló que no sólo es importante que los congresos modifiquen sus constituciones considerando el SNA como un estándar en el que deben guiarse, sino que la legislación en la materia cuente con la calidad necesaria para que realmente los beneficios de las leyes anticorrupción puedan ser percibidos por la sociedad.

“Por ejemplo, en algunos casos no se cumplió con los estándares de parlamento abierto, que implicaba la participación ciudadana y el aseguramiento de transparencia en los procesos de elaboración de la legislación anticorrupción. A nivel local hubo congresos que trabajaron a puertas cerradas, disminuyendo la legitimidad y profundidad de lo que salió de ahí”, mencionó Guillermo Ávila.

Por canales informales conseguimos la iniciativa de la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción de Guerrero, pues ésta no fue pública. Consideramos que hay dos asuntos clave que tendrán una repercusión directa y mostrarán el talante del naciente sistema: uno de ellos es la formación del Comité Coordinador del SLA, y el segundo, la constitución del Comité de Participación Ciudadana.

La ley considera “la composición, atribuciones y objetivos del Comité Coordinador del Sistema, que se constituye como una instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción”.

El comité coordinador será la instancia más importante del SLA, por lo que es pertinente mencionar quienes formarán parte de él: un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; el titular de la Auditoría Superior del estado (denominación que adquirirá la actual AGE); el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado (que hoy se denomina Tribunal de lo Contencioso Administrativo); el comisionado presidente del Itaigro; y un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado.

Otro de los puntos relevantes de la ley es el de la constitución del Comité de Participación Ciudadana; la ley establece que su “objetivo principal es vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción”.

En estados como Guerrero, donde tradicionalmente ha habido una concentración y discrecionalidad en la toma de decisiones, una figura ciudadana con estas facultades es inusitada. De hecho, la iniciativa de ley aprobada por los diputados incluye planteamientos en este sentido. Por ejemplo, “La corrupción se combate no sólo con el esfuerzo de las autoridades, es indispensable la participación ciudadana como el mecanismo más importante para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción. Cuanto más participen los ciudadanos en los asuntos públicos Guerrero será más incluyente, ordenado y democrático”.

Se agrega en la iniciativa que “se pretende encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate contra la corrupción a través del Comité de Participación Ciudadana creado por mandato constitucional”.

Será fundamental la función del CPC en el sistema estatal anticorrupción, por lo que será prioritario vigilar que los cinco miembros que lo conformarán realmente tengan una visión ciudadana, y evitar en lo posible que esta figura sea capturada por las entidades gubernamentales y achaten su potencial.

La elección de los integrantes del CPC no la hará directamente el Congreso del Estado; se realizará a través de una comisión de selección de siete miembros -ésta sí, nombrada por el órgano legislativo- (cinco de instituciones de educación superior y de investigación; y dos de organizaciones de la sociedad civil), quienes realizarán una amplia consulta pública en el estado para que la sociedad presente candidatos a ocupar los cinco puestos del CPC.

La comisión de selección deberá diseñar y hacer públicos la metodología, plazos y criterios de selección de los miembros del CPC, entre los más importantes, el método de registro y evaluación, la lista de los aspirantes, hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción, en versión públicas.

La nueva ley del sistema estatal anticorrupción entrará en vigor el primero de enero de 2018. El Congreso del estado designará a la comisión de selección dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la ley; y el Comité Coordinador del sistema se integrará dentro de los 60 días después de seleccionados los miembros del CPC. Es decir, en el mejor de los casos, el sistema de Guerrero comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2018.

Un foro a destiempo

El pasado 7 de julio se llevó a cabo el foro Sistema Anticorrupción, Perspectivas y Retos en Guerrero 2017. Se trató de un acto inusual, pues aunque por definición un foro debe ser abierto y accesible, extrañamente a éste sólo se pudo asistir mediante invitación expresa, y además se celebró en uno de los salones (de la República) de Casa Guerrero, cuyo acceso de por sí es restringido e inhibitorio para el grueso de la población.

No obstante que en el foro se escucharon las ideas de algunos de los actores que formarán parte del SLA y de activistas que han tenido una participación importante en la construcción del sistema nacional, la prensa no fue convocada, ni el acto fue difundido en los medios de comunicación (salvo tal vez un par de casos), aun cuando se trata de un tema que por su relevancia requiere de una difusión masiva. Sólo en redes sociales, algunos de los participantes dieron cuenta parcial de sus intervenciones.

Y también fue inusual porque, como lo expresó Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas y ponente invitada, el foro se realizó fuera de tiempo, ya que estaba próximo el vencimiento del plazo para aprobar la legislación correspondiente para la integración del sistema en el estado, y “tuvieron un año para debatir de manera pública” los contenidos importantes de dichas leyes y no se hizo. Y efectivamente, cuatro días después, los diputados locales aprobaron el paquete de leyes, evidentemente sin tomar en cuenta ninguno de los señalamientos del foro.

Al respecto, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, consultado por la Revista R, de Excélsior, mencionó que llevar al límite la homologación de las leyes locales con el SNA, es una estrategia de los congresos locales para evitar las prácticas de parlamento abierto que caracterizaron la aprobación del sistema nacional.

“Creo que lo que están tratando es de llevar al límite los plazos para aprobarlo sin una discusión apropiada con la comunidad y sin proceso abierto donde nos informemos y nos enteremos de qué cambio están haciendo alrededor de estos temas”, sostuvo Bohórquez, quien agregó que en el tema de parlamento abierto es donde hay más reticencia de los congresos locales, pues implica transparentar sus discusiones, deliberaciones y decisiones; una práctica a la que no están acostumbrados y que consideran riesgosa.

Los sistemas, en riesgo

Por diferentes motivos, los sistemas nacional y estatales anticorrupción están enfrentando dificultades para su integración u operación. En el primero, el Senado de la República aún no designa al fiscal anticorrupción del SNA, luego de que desde noviembre de 2014 ha tenido tiempo para hacerlo. La Fiscalía Anticorrupción se instituyó mediante reforma constitucional de febrero de 2014. Su objetivo es erigirse en pieza clave para la persecución de delitos de corrupción, pero a la fecha sigue acéfala. Incluso, el grupo de ciudadanos que daban seguimiento al proceso de selección del primer fiscal anticorrupción (Comité de Acompañamiento Ciudadano) rompieron con los senadores, pues se dijeron “decepcionados” de la manera en que los legisladores atascan decisiones fundamentales para el país por motivos políticos y de esa manera muestra un menosprecio hacia el SNA.

El Senado tampoco ha ratificado a los magistrados de la Sala Especializada en combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En el ámbito local, hay dos estados que no han hecho la reforma constitucional requerida para implementar el sistema a nivel local, y otras 11 entidades aún no cuentan con las leyes secundarias para el funcionamiento de dicho mecanismo. Y en cuanto a los nombramientos claves del proceso de implementación de los SLA, la mayoría de éstos han sido objetadas por organizaciones civiles nacionales y locales, por tratarse de personajes cercanos al gobernador en turno, militantes activos de partidos políticos e incluso personas relacionadas con actos de corrupción; son los casos de Puebla, Nayarit, Morelos, Sonora, Estado de México y Querétaro.

Sobre este asunto, Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, comentó que el común denominador en la conformación de los sistemas estatales ha sido el intento de los gobiernos locales de capturar dichos mecanismos mediante nombramientos a modo.

“Es la tónica; en términos generales, se puede decir que los sistemas locales anticorrupción quieren ser capturados por los gobernadores de los estados vía los nombramientos de funcionarios públicos que carecen de autonomía, y también mediante la exclusión de una participación social efectiva”, informó Pérez de Acha, también entrevistado por Revista R.

Y aunque en Guerrero se cumplió con el primer paso referente a la aprobación de las normas que dan sustento al SLA, habrá que estar pendientes con los nombramientos que vienen.

Se resisten ayuntamientos a transparentar información

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Todavía no hay conciencia en quienes toman las decisiones en los ayuntamientos de Guerrero de lo que significa la transparencia para la gestión pública municipal, ni de las obligaciones normativas que deben cumplir, ni mucho menos de su obligación ética de informar a la ciudadanía; en los hechos, este último compromiso es el más descuidado, pero paradójicamente es de los más abundantes en los discursos en periodos de campañas político-electorales.

La actual política de transparencia -cuyo alcance se decidió fuera nacional, dados los niveles desiguales de cumplimiento y los pobres resultados en la mayoría de las entidades federativas-, no tiene marcha atrás. Las modificaciones al sexto constitucional de junio de 2014 y las leyes reglamentaria y especialmente la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, fueron el inicio de esta política que en el fondo busca modificar la relación de las entidades gubernamentales con la ciudadanía con base en la difusión pública de las acciones, decisiones y resultados de quienes fueron electos.

Sin embargo, la emisión de leyes no cambia de manera mecánica ni en lo inmediato una realidad de opacidad que ha prevalecido en la administración pública estatal y municipal durante décadas. Nos encontramos en una etapa de transición en que las dependencias públicas súbitamente amanecen con numerosas obligaciones legales relacionadas con la información de su quehacer gubernamental y donde aún persiste una inercial forma de gobernar unipersonal, discrecional, con pocos o nulos resultados y además sin transparencia.

¿Cómo modificar esta situación? Lo evidente es que la aprobación de leyes no es suficiente, es el sólo un primer paso. Aquí ensayamos algunas ideas.

Magros resultados

Es poco alentador el panorama. Guerrero siempre ocupó los últimos lugares en los diferentes monitoreos que miden transparencia y rendición de cuentas gubernamentales. Pero hoy, en esta coyuntura, no lo están haciendo mejor. La transformación de las estructuras gubernamentales es lenta, particularmente en los ayuntamientos, de quienes es muy difícil esperar respuestas homogéneas a la nueva política de transparencia. No sucede lo mismo, por ejemplo, en el Ejecutivo del estado, cuyo titular tiene la posibilidad de dictar políticas generales que más o menos serán cumplidas por las entidades y dependencias con cierta uniformidad. Pero a los 81 gobiernos municipales, que en este caso sí navegan con la bandera de la “autonomía”, ha sido cuesta arriba lograr que cumplan con la ley.

De acuerdo con cifras del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, en la entidad están registrados 208 sujetos obligados, y de éstos 76 todavía no cumplen con su obligación de subir información a la Plataforma Nacional de Transparencia, como lo exige la ley. Esto es muy grave sobre todo considerando que el Consejo Nacional de Transparencia prorrogó en dos ocasiones el plazo para que las dependencias públicas cumplan con esta obligación.

En el caso de los ayuntamientos, con datos del 16 de junio de 2017, sólo 46 habían subido información y 35 eran omisos. Lo realmente grave es que 14 de éstos últimos ni siquiera estaban registrados en la PNT y es muy probable que no sepan que tienen obligaciones de transparencia.

Y de los 46 que sí tienen registros en la plataforma, los niveles de cumplimiento son muy disparejos: hay ayuntamiento que han subido una cantidad importante de formatos (en el caso de los ayuntamientos son poco más de 50), pero algunos otros apenas han subido uno solo.

Esta falta de datos certeros se debe a que ninguna institución ha realizado un diagnóstico profundo y en forma sobre el nivel de cumplimiento de los ayuntamientos, pues es muy reciente la obligación.

10 municipios

Realizamos una rápida revisión sobre el nivel de cumplimiento en la publicación de la información de oficio en la plataforma nacional de transparencia y en sus portales electrónicos de los diez municipios guerrerenses más poblados, que en teoría son los que tienen más recursos y condiciones para cumplir con la ley.

Revisamos sólo cuatro de los temas, del catálogo de 48 que deben transparentar, como obligaciones comunes (artículo 81 de la ley 207), a saber: los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; el número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; y los mecanismos de participación ciudadana. Cabe destacar que no se revisó la calidad de la información, solamente que hayan publicado total o parcialmente el tema correspondiente.

Acapulco es de los municipios con un nivel de avance aceptable en el registro de su información, como puede observarse en su página electrónica. Otro de los ayuntamientos que tiene muy buenos avances es Iguala de la Independencia, y se puede considerar que es de los que tiene más registros entre los municipios de Guerrero. También publican de manera parcial información, especialmente en el sipot los municipios de Chilapa, Zihuatanejo y Coyuca de Benítez

Los ayuntamientos que no reportan ningún avance ni en su portal ni en el sipot son Chilpancingo, Ayutla de los Libres, Taxco, Ometepec, Tlapa y Técpan de Galeana.

Respecto a los temas seleccionados para su revisión, el que corresponde a la publicación de los indicadores para medir objetivos y resultados, sólo seis municipios presentan información: Acapulco, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Coyuca de Benítez y Chilapa. Cabe señalar que en la mayoría de los casos, los indicadores no están bien construidos y no reflejan los logros de los ayuntamientos; por ejemplo, el ayuntamiento de Coyuca de Benítez presenta su programa operativo anual como el único indicador del ayuntamiento. 

En el caso del número total de plazas y del personal de base y confianza, sólo cuatro ayuntamientos registraron información. Acapulco, que difunde datos únicamente de los niveles directivos; Iguala, cuyo ayuntamiento afirma que trabajan ahí 6 mil 190 empleados; Taxco, que informa que cuenta con 248 trabajadores de base y 793 de confianza; y Chilapa, con 201 trabajadores de base y 904 de confianza. Zihuatanejo sólo registró el dato de que no cuenta con vacantes.

Y respecto a los montos destinados a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, la opacidad es todavía mayor porque sólo tres ayuntamientos informaron sobre lo que gastan en este concepto. Destaca Acapulco, que en sus registros informa sobre un monto de 71 millones 671 mil 648 pesos como “presupuesto ejercido por partida” en el 2016; Iguala, que en el mismo año gastó 9 millones 481 mil 395 pesos; y Zihuatanejo, cuyo ayuntamiento informa que gastó 8 millones 142 mil 424 pesos en 2016 en el concepto de comunicación social. Los otros siete ayuntamientos con mayor población del estado no transparentan este concepto.

Finalmente, en el tema de mecanismos de participación ciudadana, sólo tres ayuntamientos informaron que cuentan con este tipo de canales hacia la sociedad. Acapulco destaca su programa Lupa Ciudadana, Taxco menciona la formación de comités por comunidad y barrios; y Coyuca de Benítez con la creación tres consejos consultivos. Cabe destacar que en este rubro la legislación de los tres ámbitos de gobierno propone la formación de diferentes figuras de participación ciudadana en los ayuntamientos, entre los más comunes, los comités de planeación para el desarrollo municipal, los consejos comunitarios de desarrollo y los comités de obra, además de consejos consultivos en distintas materias; y sorprende que los ayuntamientos no informen sobre estas formas de participación.

Diagnóstico

La razón de mayor peso que decide que un ayuntamiento sea transparente o no es la voluntad y disposición políticas de los alcaldes; pero más allá de eso, es difícil saber con certeza qué está sucediendo en los municipios respecto de la adopción del nuevo marco normativo y en el procesamiento de las obligaciones de transparencia, simplemente porque no hay un estudio sobre este asunto.

Una explicación inicial, útil para diagnosticar la situación, es que las unidades de transparencia de los ayuntamientos no están funcionando. Al respecto, cabe recordar que estas unidades nacen como una obligación legal (derivada de los artículos 52 a 55 de la Ley 207 de Transparencia), por lo que su creación es muy reciente, y cuyas funciones son esenciales para organizar y operar las acciones de transparencia dentro del ayuntamiento y para gestionar las solicitudes de información que presenta la ciudadanía.

En este marco, se observa que los alcaldes están relevando con frecuencia a los titulares de las unidades y con esto se diluye la capacitación recibida y la acumulación de experiencia; igualmente la rotación no permite que los procedimientos y trámites administrativos y de gestión, que apenas se están diseñando y probando, se consoliden y se conviertan en rutinas al interior de los gobiernos municipales.

Otra deficiencia observada es que los titulares de las unidades no cuentan con el perfil y la experiencia necesarios para realizar esta tarea, pues los alcaldes optan por colocar ahí a personas sin privilegiar las aptitudes profesionales; de hecho, la ley señala que deben contar con título profesional a nivel de licenciatura y con experiencia mínima de un año en materias de transparencia y acceso a la información. Esta deficiencia, que parece menor, está propiciando que los titulares de las unidades no logren solventar y operar, por ejemplo, la gran cantidad de información que se requiere subir a la PNT y a los portales electrónicos; mucho menos estarán en posibilidades de proponer políticas y procedimientos que faciliten la fluidez de la gestión en el interior de los ayuntamientos, como lo dicta la norma.

Pero una de las razones contundentes es que los alcaldes no proporcionan a los titulares de las unidades de transparencia las facultades y la “fuerza” política que se requieren para operar y en ocasiones lidiar en escenarios resistentes a este tipo de políticas de transparencia y rendición de cuentas. De hecho, la ley previó este tema y estableció que “El titular [de la unidad de transparencia] deberá tener un nivel jerárquico directivo o de toma de decisiones dentro de la estructura o integración del sujeto obligado de que se trate”. Pero se conocen muchos ejemplos de cómo directores, regidores u otros funcionarios de los ayuntamientos simplemente niegan o retrasan la información que les solicitan los titulares para alimentar los portales y la PNT.

Las estructuras operativas y administrativas de los ayuntamientos no funcionan de manera uniforme -sobre todo en los municipios medianos y grandes- pues se entrelazan intereses de todo tipo y actitudes y valores de quienes ahí trabajan. Una unidad de transparencia, cuyo titular no tiene el respaldo del presidente municipal, del cabildo y de los actores que toman las decisiones en el ayuntamiento, se enfrentará invariablemente a funcionarios y empleados que en el mejor de los casos retardarán la adopción de estas políticas.

Otro de los problemas observados se relaciona con la información. Buena parte de los ayuntamientos contratan despachos y consultorías para que realicen sus operaciones contables; no hay impedimento legal para que así lo hagan, el problema es que les otorgan “facultades” para registrar, procesar y almacenar toda la información financiera del ayuntamiento, sin ninguna restricción ni control o supervisión; son estas consultorías incluso las que elaboran y presentan la cuenta pública.

Parte de esta información financiera debe ser publicada por los ayuntamientos, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (artículos 56 a 59) y la propia Ley 207 de Transparencia del estado. Sin embargo, los ayuntamientos no la están difundiendo porque está en manos de las consultorías y éstas desconocen los términos en que debe publicarse o simplemente aconsejan a los ayuntamientos cómo evadir la obligación legal.

La tendencia en los próximos meses será que los ayuntamientos continúen estas prácticas de omisión de sus obligaciones o retardar su cumplimiento. Sin embargo, está ya en puerta la aplicación de sanciones y esto comenzará a mover el engranaje con un ritmo más acelerado. Cada vez se estrecha más la posibilidad de evadir estas responsabilidades.

Guerrero, con avances precarios en Gestión para Resultados

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Un diputado de Guerrero propuso al pleno del Poder Legislativo un exhorto al presidente municipal de Acapulco “para que mejore la operación del presupuesto, en atención a los resultados del sistema de evaluación del desempeño, porque sus niveles de avance están a la baja”, según registró El Sur hace cinco días. El Congreso cayó en el garlito haciendo suya la propuesta del diputado Samuel Reséndiz Peñaloza, y el órgano legislativo quedó evidenciado por su parcialidad, falta de información y por usar figuras como el exhorto para tratar de dañar a sus adversarios políticos.

El legislador se basó en la información de un diagnóstico denominado “Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)”.

Pero la lectura fue mala y la interpretación pésima, ya que Reséndiz Peñaloza enfocó las baterías en contra del ayuntamiento de Acapulco y olvidó que el diagnóstico también incluía al municipio de Ometepec y al gobierno del estado, ambos con muy bajas calificaciones. Además, el PbR y el SED son políticas nacionales, aplicables a todos programas presupuestarios del país, por lo que la mayoría de los gobiernos municipales y dependencias de Guerrero son sujetos de esta normativa.

Para elaborar el diagnóstico 2017, la Secretaría de Hacienda, en el caso de los municipios, aplicó dos criterios de selección: el municipio con mayor población y el municipio cuya población se acercara más al promedio estatal. En el caso de Guerrero se seleccionaron los ayuntamientos de Acapulco y Ometepec. Pero casualmente el diputado defenestró sólo a uno.

Hay un par de cuestiones que quedan sueltas: una es por qué el Congreso no extendió el exhorto al municipio costachiquense y al gobierno del estado, que en el diagnóstico obtuvieron calificaciones muy bajas, e incluso por qué no hacerlo extensivo a todos los municipios de Guerrero, pues aunque no fueron seleccionados en el estudio, éstos sin lugar a dudas tienen bajísimos niveles de desempeño.

La segunda pregunta importante es de qué manera evalúa el Congreso del estado su propios avances y desempeño en esta materia, y especialmente, dónde se publican los resultados. Pero a esto, ninguno de los diputados hizo alusión.

El documento al que se refirió el diputado Reséndiz fue realizado por la SHCP en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Se basa en “el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios. Se ha aplicado para las entidades federativas en seis ocasiones (2010, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017); a partir de 2014 se incluyó el análisis de una muestra de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México”, agrega el documento.

Advierte el diagnóstico que debido a que la metodología ha evolucionado a través de los años, los resultados cuantitativos de cada ejercicio no son comparables entre sí, salvo en los casos que se muestran en los informes respectivos.

Esta advertencia es significativa porque el diputado promotor del exhorto basó su argumento en los resultados alcanzados por el ayuntamiento de Acapulco en 2017 y años anteriores, es decir, comparó los avances entre ejercicios, cuando la SHCP recomienda no hacerlo porque no son equiparables.

El exhorto fue aprobado con carácter de “urgente y obvia resolución” por los diputados del PRI, PVEM, MC y PAN. En contra votó el PRD, y Morena se abstuvo. Es un exhorto que quedará en el cajón de las vergüenzas del Congreso del estado de Guerrero.

Acapulco responde

El propio ayuntamiento de Acapulco le enmendó la plana al Congreso del estado mediante un desplegado que publicó en la prensa un día después del “exhorto”. En la primera línea le espeta que “Acapulco se encuentra 22 puntos porcentuales por arriba de la media nacional” y dentro de los nueve municipios con mayor población, con mejor calificación en dicho estudio. Más adelante subraya que de acuerdo con los resultados, el ayuntamiento de Acapulco “aumentó 18.5 puntos su nivel de capacidad en materia de implantación y operación del PbR y del SED en relación al ejercicio 2016”.

También le informa al Congreso que la administración de Acapulco “es la séptima con mayor crecimiento en materia de cumplimiento de las disposiciones, al registrar un 48.0% en el 2017 contra los 29.5 puntos del año anterior”.

Por cierto, el diagnóstico de la SHCP menciona que en 2017 sólo dos municipios (Mérida y Pueba) alcanzaron un nivel de avance Alto en la implementación de PbR-SED; tres registraron avance Medio Alto (Querétaro, San Luis de la Paz y Guadalajara); cuatro se destacaron en el rango Medio Bajo (Centro, Morelia, Hermosillo y García); y 49 municipios y las dos CTCDMX se ubicaron en el segmento Bajo de avance; en este último rango se localizan Acapulco (48 por ciento) y Ometepec, que fue el municipio con menor porcentaje de avance, con un índice de 0.5. El promedio nacional para este rubro fue de 26 por ciento.

En el caso de los gobiernos estatales, el dignóstico indica que 12 estados tuvieron un nivel de avance alto, 10 alcanzaron el nivel Medio Alto; cinco entidades federativas registraron un nivel Medio Bajo y otras cinco estuvieron en el Bajo.

El gobierno de estado de Guerrero ocupó el antepenúltimo sitio con sólo 36.8 por ciento de avance; el estado que encabeza la lista (México) tiene 96.8 por ciento, y el promedio nacional se ubicó en 65.3 por ciento.

Históricamente Guerrero ha ocupado las últimas posiciones en este registro de avances en la implementación del PbR y el SED. Desde que la SHCP inició los diagnósticos en 2010, el estado se ha movido entre los lugares 20 y 31 del registro nacional, éste último obtenido en 2016.

Qué es el PbR-SED

La Gestión para Resultados es una nueva forma de gestión pública que permite, según sus impulsores, mejorar los beneficios de los programas, por medio de la descentralización de la toma de decisiones y de generar un fuerte vínculo entre las asignaciones presupuestarias y los objetivos a alcanzar. En este marco, se desarrolló el Presupuesto basado en Resultados (PbR) como una herramienta de planeación y gestión estratégica, a efecto de buscar la asignación eficiente de los resultados públicos, de acuerdo con el desempeño de los programas presupuestarios.

Para concretar el PbR se utilizan dos herramientas que permiten conocer el desempeño de los programas presupuestarios y de la actividad gubernamental en general. Se trata de mecanismos que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones gubernamentales, a partir de las cuales se obtiene información que ayuda a mejorar el desempeño y en su caso, corregir el rumbo de los programas presupuestarios.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es el mecanismo que concentra y proporciona la información necesaria para llevar a cabo todas estas actividades de mejora. Su respaldo legal está en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que define al SED como “El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos”.

Entre las actividades del SED están las evaluaciones externas a políticas y programas, la evaluación del desempeño y calidad en el ejercicio del gasto con base en indicadores estratégicos y de gestión.

Obligación de estados y municipios

El PbR y el SED son iniciativas que debe realizar no sólo los ayuntamientos de Acapulco y Ometepec o la administración pública federal, sino todas las dependencias públicas del país, incluido el Congreso del estado.

Estos mecanismos tienen un respaldo constitucional, en el artículo 134, reformado en 2008, que establece que tanto la federación como los estados y municipios tienen el compromiso de administrar los recursos públicos con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, lo cual fortalece el objetivo de alcanzar un PbR.

En el ámbito federal, el PbR y el SED se iniciaron en 2006 con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La incorporación de estados y municipios a estos procesos de PbR y SED se concretó con la publicación en 2008 de la Ley General de Coordinación Gubernamental. Particularmente los artículos 79 y 80 complementan lo que establece la LFPRH, al indicar la obligatoriedad de las entidades federativas, los municipios y las CTCDMX de evaluar el resultado de la aplicación de sus recursos, además de homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión.

El PbR-SED en Guerrero

Desde 2011, el Prespuesto de Egresos del Estado de Guerrero de cada año hace referencia al ejercicio de los recursos públicos de acuerdo con el PbR y el SED. En el presupuesto más reciente, el de 2017, en el capítulo de Política de Gasto se lee que “se atenderá y vigilará el correcto ejercicio de los recursos bajo los criterios y las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal (…) bajo un esquema de PbR y del SED. Con ello, esta administración privilegia la evaluación permanente de los recursos para el cumplimiento de los objetivos que se han programado (…)”.

Sin embargo, ninguno de los poderes del estado ni los órganos autónomos ni en general los ayuntamientos de Guerrero publican información sobre los avances del PbR y del SED, no obstante que uno de los objetivos de estas iniciativas es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

El SED, por ejemplo, considera la realización de actividades de seguimiento o monitoreo y evaluación (evaluaciones externas a políticas y programas, la evaluación del desempeño y calidad en el ejercicio del gasto con base en indicadores estratégicos y de gestión). Pero en Guerrero no existe información pública al respecto, o es parcial y desactualizada.

En el portal electrónico del gobierno del estado, hay una sección de transparencia fiscal y dentro de ésta, información sobre “evaluación de resultados”; sin embargo, propiamente sobre el tema sólo aparecen evaluaciones específicas sobre algunos fondos y programas y matrices de indicadores de gestión también de algunos programas o dependencias, todo con información de los gobiernos de Aguirre u Ortega Martínez.

Por cierto, las únicas evaluaciones externas que se publican fueron elaboradas por la empresa Sicrefi Consculting SC (de la cual no se puede acceder a su portal electrónico) en 2014; realizó seis evaluaciones, según la página del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cobradas en 600 mil pesos, más IVA, cada una. La página del gobierno del estado también reporta tres evaluaciones externas, elaboradas por Julio César Sesma Moreno y publicadas en 2013, sin que se especifique su costo para el erario.

Del gobierno actual, no hay ningún registro de evaluaciones externas, ni seguimiento o monitoreo de acciones o programas en el marco del SED.

La Auditoriía Superior de la Federación señaló que “la evaluación, como instrumento clave para apoyar el proceso de mejora del gasto federalizado, presenta un débil desarrollo, tanto en el ámbito de las entidades federativas y municipios, como a nivel nacional”. Comentó que los pocos avances que se presentan en las entidades federativas en el tema de evaluación buscan más dar cumplimiento a la normativa que utilizar la evaluación como un medio para mejorar la operación y los resultados de los fondos y programas.

De acuerdo con las auditorías realizadas por el órgano fiscalizador federal al SED del gasto federalizado en las 32 entidades federativas, se determinó que su desarrollo presenta poco avance. Como resultado, la evaluación no ha tenido un rol de apoyo a la mejora de la gestión de estos recursos, salvo escasas excepciones.

De acuerdo con los resultados de un índice diseñado por la ASF para medir los avances del SED, se tiene un promedio nacional de avance de 49.9 por ciento, destacando tres estados que están por arriba de los 90 puntos: Yucatán (90.5), Chihuahua (94.9) y Oaxaca (91.8). Los peores avances son para Durango (13.3), Baja California Sur (2.5) y Guerrero (0.0). Es el único estado que no presenta ningún avance.

Chilpancingo, obras sin consultar a la ciudadanía

Publicado en El Sur de Acapulco

Desde hace varios trienios, la población de Chilpancingo es afectada por una serie de problemas que parecen no terminar. Amén de ser una de las ciudades con los más altos índices de criminalidad -el fin de semana pasado lo evidencia-, la capital guerrerense enfrenta la perenne carencia de agua, abundancia de basura sin un dispositivo pertinente para su disposición, y cada vez más, un continuo desorden vial y del transporte público, sólo por listar los conflictos más visibles y que mucho interesan a la ciudadanía.

Ante este coctel de temas, hay omisiones graves de las autoridades capitalinas para resolver estructuralmente los problemas, ya que los alcaldes de los últimos años han preferido evadirlos y “llevársela de a muertito” proponiendo medidas cosméticas y dejar que el siguiente resuelva los asuntos.

Dos rasgos distinguen a los gobiernos municipales de Chilpancingo: su opacidad en el ejercicio de gobierno -todavía hoy, el ayuntamiento en funciones no transparenta nada, sólo hay que revisar la plataforma nacional y su portal electrónico para corroborarlo-; y su discrecional y centralizada manera de tomar las decisiones, una de cuyas manifestaciones es que nunca consultan realmente a los ciudadanos, más allá de sus ejercicios de simulación, para la búsqueda de soluciones reales a los problemas.

Chilpancingo ha dejado de ser desde hace varios años la ciudad tranquila que muchos escogieron para vivir, y hoy se ha convertido en uno de los sitios más riesgosos donde la calidad de vida de sus habitantes se deteriora de manera constante. Sin embargo, la respuesta ciudadana a la timoratez de las autoridades tampoco ha sido contundente y esto no cambiará mientras los habitantes de esta ciudad no se conviertan en ciudadanos y ciudadanas de “a deveras”, es decir, que exijan y ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones, lejos del clientelismo, los intereses de grupo y el paternalismo que imperan actualmente.

En esta entrega abordaremos dos de las decisiones más desafortunadas que han tomado los gobiernos de Chilpancingo y que resumen y retratan muy bien las posiciones y actitud de quienes gobiernan: el controvertido caso de los parquímetros, y la remodelación de la avenida Alemán, que extrañamente -porque había numerosas prioridades antes- propusieron el ex alcalde Mario Moreno Arcos y el actual presidente municipal Marco Antonio Leyva.

Parquímetros

El de los parquímetros es un buen ejemplo de cómo se toman las decisiones en la capital del estado: de manera discrecional, sin consultar a la ciudadanía o haciéndolo de manera simulada, sin planeación y sin atender los problemas verdaderamente importantes.

La prensa registró tpdas las inconformidades por la imposición; por ejemplo, el 22 de septiembre de 2015 los vecinos de las calles Altamirano y Alemán cerraron los vialidades para exigir al ayuntamiento que retirara los parquímetros que colocó la empresa española EYSA, de lo contrario mantendrían un bloque permanente. Pidieron que primero se solucionaran los problemas de servicios públicos, “antes de privatizar las calles de la ciudad”.

Desde el principio se ocultaron deliberadamente los documentos esenciales sobre el tema, como el acta de cabildo que dio luz verde a este proyecto, y el convenio firmado entre el ayuntamiento y la empresa proveedora del servicio. Esto lo podemos documentar porque el 12 de marzo de 2015, hace más de dos años, solicitamos al ayuntamiento la siguiente información: “Copia del acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la contratación de la empresa Estrategia de Movilidad Urbana SA de CV para la operación de parquímetros en Chilpancingo. Copia del contrato firmado por la empresa y el ayuntamiento relativo a los parquímetros. Copia del estudio de factibilidad para el establecimiento de parquímetros en Chilpancingo”. El ayuntamiento nunca respondió a este requerimiento y evidentemente no entregó la información; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, organismo donde presentamos un recurso de revisión en contra del ayuntamiento, perdió el expediente, y mi derecho a la información quedó de esta manera cancelado.  

El 15 de abril de este año nuevamente solicitamos los mismos documentos, y en esta ocasión sí obtuvimos una respuesta afirmativa. El acta de cabildo tiene fecha del 4 de septiembre de 2014 y en esa sesión se declaró: “se aprueba por unanimidad de votos (de los 14 ediles presentes de todos los partidos) el acuerdo mediante el cual el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, autoriza la implementación y ejecución del programa ‘Servicio de Ordenamiento y Regulación de Estacionamiento en la Vía Pública’ (…) asimismo, autoriza a los Ciudadanos Mario Moreno Arcos, Presidente Municipal; Jorge Abelardo Adame Ávila, Primer Síndico Procurador; Saenz Guadalupe Pavía Miller, Secretaria General y Jesús Manuel Urióstegui Alarcón, Secretario de Finanzas y Administración , para que de manera conjunta, suscriban el Contrato de arrendamiento con la empresa “Estrategias de Movilidad Urbana, SA de CV”’.

Ninguno de los ediles que aprobaron este acuerdo hizo preguntas de fondo ni tampoco se observan en el acta intervenciones bien sustentadas y argumentadas, especialmente tratándose de un acuerdo de esta trascendencia que rebasaría el periodo del cual eran representantes, ya que el contrato con la empresa tienen una duración de 10 años.

En esta sesión de cabildo avalaron el proyecto los ediles Mario Moreno Arcos, Jorge Abelardo Adame Ávila, Marco César Armenta Adame, Ernesto Monje Tivar, Edith Bello Nájera,, Víctor Hugo Soto Martínez, Yeni Francisca Solís Carmona, Carlos Leyva Acevedo, Teresa Robledo Rebolledo, Eduardo Adame Robles, Francisca Ramírez Jerónimo, Elizabeth Mendoza Damacio, Andrei Yasef Marmolejo Valle y Pedro Luna Evaristo.

Un contrato desventajoso

El contrato fue firmado en diciembre de 2014 y tiene por objeto arrendar durante 10 años al ayuntamiento los equipos necesarios para la implementación del programa, que en su primera etapa consideraba mil cajones de estacionamientos con la posibilidad, si el ayuntamiento así lo solicitaba, de firmar una segunda etapa de mil cajones adicionales, evidentemente pagando un sobreprecio.

De acuerdo con el contrato, por este concepto el ayuntamiento se obliga a pagar un monto de 587 mil 507 pesos y 18 centavos mensuales a la empresa, lo que equivale a poco más de 7 millones de pesos al año. Y aunque el contrato explica que si el ayuntamiento no reúne esa cantidad cada mes, no estará obligado a aportar recursos hasta alcanzar la cifra, sí se obliga a proporcionar a la empresa el dinero que se recaude de más en los meses posteriores.

Es en este punto donde hay una completa opacidad del ayuntamiento. Presentamos una solicitud de información al gobierno municipal el 15 de abril de 2017 para conocer cuánto dinero recibe mensualmente por concepto de derechos de estacionamiento, aplicación del inmovilizador e infracciones, y con esta información saber si le alcanza para cubrir el compromiso que tiene con la empresa. La respuesta fue negarnos la información, y evidentemente presentamos un recurso de revisión ante el Itaigro.

Hay dos suposiciones que se desprenden de la negativa del ayuntamiento: una es que éste no alcanza a reunir los más de 500 mil pesos que debe depositar cada mes a la empresa por la renta de los parquímetros, y tal vez sea la más probable por la ineficiencia que se observa al encontrarse en las calles autos en doble fila, o que no tienen boletos de pago en sitios donde hay parquímetros. Y la segunda es que el ayuntamiento reciba excedentes y éste no tiene el propósito de transparentar a qué los destina.

En cualquiera de los dos casos, hay un déficit muy grave de información del ayuntamiento. No sólo se impuso un proyecto -sin duda, útil a la ciudad si se realizara bien y a la vista de todos- sin consensarlo con los ciudadanos, sino que su operación se realiza con total falta de transparencia. Nadie sabe de las finanzas del proyecto de parquímetros.

Hay una cláusula del contrato que estipula que si el ayuntamiento rescinde anticipadamente el contrato “deberá cubrir el o los montos de las rentas acumuladas que resten para la cuulminación de la vigencia de este Contrato, así como como las rentas ya vencidas que se encuentren pendientes de cubrir.” Lo anterior significa que el ayuntamiento de Chilpancingo se encuentra “apergollado” con la obligación de pagar a la empresa hasta diciembre de 2024.

La avenida Alemán

Hay una obra reciente en la ciudad que nadie sabe de dónde salió porque no fue una demanda ciudadana; tampoco era prioritaria e incluso los comerciantes y habitantes vecinos se incoformaron por la falta de planeación y el largo tiempo que empleó la constructora en realizarla.

Se trata de la remodelación de la avenida Miguel Alemán, desde la glorieta Unidos por Guerrero hasta la calle Colón, al inicio de la explanada Primer Congreso de Anáhuac, obra que nunca fue explicada ni consensuada con los vecinos y comerciantes del lugar, por lo que se convirtió en otro de los proyectos que son impuestos a los capitalinos con golpes de autoridad.

De acuerdo con testimonios que abundan en la prensa, el alcalde Marco Antonio Leyva fue emplazado a presentarse para exponer el proyecto, pero siempre envió a sus subordinados. Los vecinos “reprocharon que el municipio no los haya convocado para presentarles y explicarles el proyecto con una maqueta, sino que de un día para otro llegaron las máquinas y trabajadores e iniciaron la obra”, señala una nota de El Sur del 2 de noviembre de 2016.

Algunos de los puntos que señalaban los inconformes fueron la ampliación de las banquetas, la reducción de los carriles para circular, y la falta de opciones de estacionamiento den la avenida. Pero lo que más irritó fue que la conclusión de la obra se prolongó durante varios meses y todavía en febrero de este año quedaban pendientes la instalación de lámparas, botes de basura, banquetas y árboles de ornato.

Por medio de una solicitud de información, se pidió al ayuntamiento el contrato con la empresa constructora y la información nos la entregaron en el plazo que establece la ley. Con recursos que  provienen del fondo de fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal (Fortalece), el contrato se firmó con Javier Abarca Castillo por un monto de 9 millones 828 mil 675 pesos, para realizar trabajos de pavimentos, guarniciones, banquetas, electrificación, obra civil, demolición y excavación, alumbrado público, mobiliario urbano, áreas verdes y alcantarillado.

Esta persona física se asoció, para comprobar que tenía capacidad suficiente para contratar y comprometerse a la ejecución de los trabajos, con la empresa Reyes Abarca y Asociados SA de CV, la cual fue constituida el 27 de junio de 2016, es decir, muy pocos días antes de que fuera licitada la obra; de hecho, todo indica que dicha empresa se creó para realizar este proyecto.

Una de las cláusulas señala que el contratista tenía un periodo de 125 días naturales para concluir la obra, es decir, del 29 de agosto al 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, la tardanza para concluir los trabajos fue uno de los cuestionamientos más fuertes en contra del alcalde Marco Antonio Leyva, ya que en todo momentos los comerciantes del lugar urgieron la terminación de la obra porque estaban afectando la venta de sus productos y servicios de manera significativa.

Cabe señalar que también solicitamos “Copia del convenio firmado por el ayuntamiento de Chilpancingo del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura estatal y municipal” y nos negaron el documento.

El Fortalece es uno de los fondos del Ramo 23 destinado a generar infraestructura, principalmente en los rubros de pavimentaciones de calles, avenidas y mantenimiento de vías; alumbrado público, drenaje y alcantarillado, construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; y construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte.

De acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación del ejercicio 2016, al Fortalece se le asignaron 9,948.7 millones de pesos, de los que 75 por ciento se destinaron a municipios. En total se beneficiaron ese año 1,063 municipios, entre ellos Chilpancingo.

El ayuntamiento de la capital gastó recursos Fortalece por un monto de 18 millones 108 mil pesos en dos obras: la ya mencionada remodelación de la avenida Alemán, y en la cosntrucción de una cancha de futbol, alberca y muro de contención de la Unidad deportiva de Jaleaca de Catalán.

Nuevo freno a la transparencia

Publicado en El Sur de Acapulco

El consejo nacional del sistema nacional del sistema nacional de transparencia nuevamente sacó de la chistera un acuerdo para postergar hasta el 31 de diciembre de 2017 la obligación de las dependencias y organismos públicos de dar a conocer su información de oficio en la plataforma nacional de transparencia o en sus portales electrónicos.

Es la segunda ocasión que sucede, porque meses antes, los integrantes de este consejo nacional dieron “oportunidad” a los sujetos obligados de todo el país para que prepararan su información y la subieran a la plataforma, mediante la ampliación del plazo del 4 de noviembre de 2016 al 4 de mayo de 2017.

Estas decisiones ponen en entredicho la seriedad del trabajo que realiza el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y alimentan las especulaciones sobre la eficacia de sus actividades y la turbiedad con la que se ha manejado la contratación de los servicios con los que se puso en marcha la plataforma nacional de transparencia, ya que se le achacan graves deficiencias que han impedido el pleno funcionamiento de la plataforma.

En Guerrero estas medidas tienen efectos negativos. El estado no se caracteriza por la transparencia de sus dependencias y en la mayoría de los casos se requiere de medidas coercitivas para el cumplimiento de los estándares mínimos.

Hoy, al no haber sanciones para quienes incumplan con la publicación de su información obligatoria, no sólo se posterga el ejercicio pleno de este derecho a los ciudadanos, sino que también los 81 municipios y la LXI Legislatura del Congreso del estado, que concluyen sus periodos en el segundo tercio de 2018, ya pueden respirar tranquilos porque a ellos prácticamente no les tocará ser señaldados ni sancionados por su opacidad. Sólo tendrán que lidiar con las obligaciones de transparencia durante nueve meses.

Dos prórrogas

El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot) es el módulo de la plataforma nacional de transparencia “a través del cual, los ciudadanos podrán realizar la consulta de la información pública de los sujetos obligados de cada una de las entidades federativas y de la Federación, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en cada una de las leyes locales en la materia”.

Para que el sistema funcione, cada dependencia u organismo público del país debe cumplir con sus obligaciones de transparencia, o como también se le conoce, con su información pública de oficio, es decir, aquella que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener actualizada, sin que para ello medie una solicitud de acceso.

Pero esta obligación se ha atorado en dos ocasiones, y los argumentos de la entidad responsable de ponerla a funcionar: el consejo nacional del sistema nacional de transparencia, son muy endebles. Este consejo es presidido por el INAI, y lo integran además representantes de todos los organismos de transparencia de los estados, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI.

En la primera ocasión, el consejo nacional, según un boletín de prensa del INAI, “aprobó, por unanimidad, ampliar el plazo, hasta el 4 de mayo de 2017,  para que los Sujetos Obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal  incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información que por disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, están obligados a difundir”.

De acuerdo con la entonces consejera presidenta del INAI, Ximena Puente, la decisión se tomó considerando factores como  el aumento en la cantidad y calidad de las obligaciones a publicar; la elaboración y verificación de tablas de aplicabilidad; la organización de los archivos de los Sujetos Obligados; la información dispersa en diversas áreas; los sujetos concentradores de información; la entrega y configuración de gran cantidad de claves para la carga de información; la capacitación para esta nueva realidad normativa; así como los cambios de gobierno, que son constantes en diversas entidades federativas, según el boletín del INAI. (ver Monitor de Guerrero del 8 de noviembre de 2016).

La segunda prórroga se concretó un día antes de que feneciera el plazo, es decir, el 3 de mayo de 2017, cuando los integrantes del consejo nacional tomaron un acuerdo mediante el que, de manera velada, dieron un nuevo plazo para que las dependencias subieran su información de oficio hasta el 31 de diciembre de 2017. Aunque el consejo nacional no manejó abiertamente esta decisión como una ampliación del plazo, en los hechos sí lo es porque los órganos garantes estatales no podrán sancionar a los sujetos obligados omisos, y tampoco las denuncias ciudadanas presentadas por este incumplimiento podrán seguir su trámite normal, dejando en manos de los órganos garantes la posibilidad de aplicar sanciones.

El acuerdo tomado por el consejo nacional fue que los órganos garantes de los estados realicen “una primera verificación de carácter diagnóstica bajo la normatividad de verificación que ellos mismos determinen”.  Sin embargo, agregan que esta primera verificación “no tendrá, para los sujetos obligados, efectos vinculantes con lo establecido en el artículo 88 del Capítulo VI de la Ley General”, que en esencia significa que no podrán imponer las medidas de apremio o sanciones que establece la ley para los incumplidos.

La verificación, dice el acuerdo, se integra de dos fases: en la primera “se realizarán verificaciones para detectar áreas de oportunidad de cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia (…), así como para realizar posibles ajustes y modificaciones a los Lineamientos Generales y los criterios respectivos por parte del Sistema Nacional de Transparencia. En una segunda fase, las revisiones a los portales tendrán como propósito dar seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas en la primera fase y al cumplimiento de las obligaciones de transparencia”.

El documento del consejo nacional también indica que el periodo para realizar la primera fase de las verificaciones diagnósticas será del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017; mientras que la segunda fase se realizarán “del 15 de agosto de 2017 hasta el último día hábil de 2017 de cada organismo garante, de acuerdo a su respectivo calendario”.

Aunque el acuerdo del consejo nacional se disfrace de verificación diagnóstica, en los hechos es una nueva prórroga a los sujetos obligados para que cumplan con sus obligaciones de transparencia. En esencia es un nuevo freno a la transparencia. 

En el caso de las denuncias ciudadanas, el acuerdo deja a criterio de los órganos garantes de los estados la posibilidad de aplicar sanciones. “Las denuncias que se presenten por los particulares durante este periodo (…), se admitirán y acumularán para formar parte de la verificación diagnóstica. Lo anterior sin detrimento de lo que puedan acordar adicionalmente los órganos garantes de las entidades federativas, en cumplimiento a las legislaciones locales”.

Las sospechas

Alberto Morales, reportero del Universal, publicó hace unas semanas el resultado de una investigación acerca de las fallas en la plataforma nacional de transparencia. Menciona que desde septiembre de 2016, ese periódico “ha documentado los errores y omisiones en el módulo de solicitudes de información” las cuales fueron resueltas por el INAI. Sin embargo, añade el reportero, “el 5 de marzo pasado, este diario dio a conocer que ahora las deficiencias y fallas de la herramienta tecnológica se presentaron en el módulo del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia”.

Como respuesta a una solicitud de información ante el INAI, Morales escribe que de mayo de 2016 al 29 de marzo de 2017, “el instituto ha recibido 657 requerimientos para pedir soporte técnico relacionado al funcionamiento de la misma” y éstos pueden clasificarse en cuatro rubros: problemas de operación de la plataforma nacional; falta de capacitación en la operación; problemas de los web service; y problemas de infraestructura de los órganos garantes y los sujetos obligados.

Por su parte, María Marván Laborde, ex consejera del entonces IFAI criticó acremente las fallas en la operación de la plataforma nacional de transparencia y afirmó que “no pasó la prueba de fuego y es un fracaso, porque no sirve para cumplir con los compromisos de transparentar la información de todos los sujetos obligados del país”, de acuerdo con la entrevista que le realizó Francisco Nieto del periódico El Heraldo.

Agregó la también académica de la UNAM que la prórroga no es una concesión a las dependencias y organismos públicos, sino que representa el fracaso de esta plataforma “mal hecha”.

“La prórroga en realidad es porque la plataforma no funciona. No es una concesión a los sujetos obligados, es más bien un problema de la plataforma: estuvo mal hecha desde su concepción, no funciona y además es carísima”, dijo Marván Laborde al comunicador de El Heraldo.

Agregó que “además, tampoco nos terminan de decir con claridad cuál es el problema entre lo que pidió el INAI y lo que entregaron los proveedores, pero evidentemente ahí hay un problema y una responsabilidad que alguien debe de asumir”.

La idea original de la plataforma nacional de transparencia era que a partir del 4 de mayo de 2017 se conociera y se evaluara la información pública de los sujetos obligados, para que luego iniciara un proceso de sanciones por incumplimiento, sin embargo, los mexicanos deberán esperar para conocer esta información para el próximo año, concluyó la académica en la entrvista con Francisco Nieto.

Preocupación en Guerrero

Independientemente de que posiblemente no habrá sanciones a los sujetos obligados hasta 2018, el panorama en Guerrero no es nada alentador, pues es bajísimo el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias y organismos públicos, y esto augura que ni con la prórroga estarán en condiciones de cumplir con esta exigencia.

Para dar una idea del nivel que ocupa Guerrero en el plano nacional, un reporte del INAI denominado “Carga de información en el Sipot por formatos de los estados y la federación”, con fecha de corte al 5 de mayo, indicó que todos los sujetos obligados del estado en conjunto apenas tenían cargados 138 mil 622 formatos.

Esos datos colocan a Guerrero en el lugar 24, delante de Nuevo León, Chiapas, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y el Estado de México, que han cargado menos formatos que Guerrero.

Sin embargo, hay seis entidades que destacan porque al 5 de mayo tenían cargados más de un millón de formatos en la plataforma nacional de transparencia, destacando entre ellos Jalisco, con 10 millones 142 mil formatos, y Zacatecas, con 3 millones 338 mil. El resto de este grupo son Durango, Coahuila, Sinaloa y Veracruz.

En el plano interno, de acuerdo con datos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, en la entidad se tiene un padrón de 208 sujetos obligados. De éstos, sólo 164 están registrados en la plataforma nacional de transparencia, y los otros 44, es decir, 22.2 por ciento, tal vez ni siquiera saben que tienen obligaciones de transparencia. Por supuesto, gracias al acuerdo del consejo nacional, a éstos no se les aplicará ninguna multa, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2017.

Entre los sujetos obligados que no están registrados se encuentran 14 ayuntamientos, cuatro organismos operadores de agua, siete sindicatos, un partido (del Trabajo), y siete juntas locales de conciliación y arbitraje.

Según las cifras del Itaigro, al 4 de mayo de 2017, sólo 111 sujetos obligados habían cargado información parcial a la plataforma, lo que equivale a 53.3 por ciento del total. Entre las dependencias que no han subido ninguna información a la plataforma nacional están 31 ayuntamientos, 16 oficinas del Ejecutivo estatal y tampoco lo han hecho el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Guerrero. En el mismo caso se encuentran dos partidos políticos.

Lo anterior significa que no sólo los 111 sujetos obligados que parcialmente han subido información a la plataforma mercen una sanción, sino también el resto que no lo ha hecho y aquellos que ni siquiera están registrados. Por lo pronto están salvados, a menos que el Itaigro diga lo contrario.