Aún con trabas, el acceso a la información en Guerrero

El Sur de Acapulco

Hace unos días se cumplieron seis meses de que asumieron los nuevos gobiernos municipales, electos en junio de 2015, y cinco meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores; durante este periodo, el derecho de acceso a la información no se ha cumplido plenamente, y no es que la opacidad sea atribuible únicamente a las administraciones actuales, también en los gobiernos anteriores fueron constantes las desatenciones al derecho de acceso a la información de los guerrerenses. Pero las administraciones gubernamentales vigentes, que en sus campañas enarbolaron la bandera de la transparencia, no han hecho nada por mejorar los mecanismos.
En esta entrega revisamos lo que en materia de acceso a la información ha realizado el Ejecutivo del estado, pues es el único lugar donde es posible encontrar datos sobre las solicitudes de información; de otros casos, como el de los ayuntamientos, que suman casi la mitad de dependencias gubernamentales que están obligadas a atender el acceso a la información, no se sabe nada, ni tampoco nadie las obliga a cumplir la ley.
En el Ejecutivo del estado se habían presentado, hasta el 22 de marzo, un total de 635 solicitudes de información, con un promedio de 127 por mes. En el periodo previo (28 de octubre de 2014 a 22 de marzo de 2015) se presentaron 530 solicitudes.
Las dependencias que más peticiones recibieron son la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, con 112 solicitudes (17.6 por ciento del total); la Fiscalía General del Estado, con 80 solicitudes (12.6 por ciento); la Secretaría General de Gobierno, que recibió 62 solicitudes (9.7 por ciento del total); la Secretaría de Seguridad Pública, con 58 peticiones (9.1 por ciento).
Oras dependencias que recibieron solicitudes son la Secretaría de Finanzas y Administración, con 37 peticiones de información (5.8 por ciento); la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, con 35 solicitudes (5.5 por ciento); Secretaría de Salud, con 25 solicitudes (3.9 por ciento), y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública con 20 solicitudes, equivalentes al 3.1 por ciento del total.

Antecedentes

El 1 de febrero de 2011 comenzó a funcionar el sistema Info Guerrero, una plataforma electrónica para la recepción y procesamiento de solicitudes de información. Fue un acierto poner a funcionar este sistema, ya que antes, todas las solicitudes del Ejecutivo se presentaban de manera presencial en las oficinas gubernamentales, lo que desalentó en gran medida el ejercicio de este derecho. Sin embargo, el Info Guerrero no fue una iniciativa local, sino del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (hoy Inai), que la promovió mediante la suscripción de un convenio de colaboración el 10 de marzo de 2008 (http://www.itaig.org.mx/art13/files/convenios/2008/IFAI_10_03_08.pdf).
En el ámbito estatal no hubo mucho interés por la puesta en marcha del sistema, ya que desde la firma del convenio hasta que comenzó a funcionar el sistema transcurrieron casi tres años. Quien esto escribe estuvo presente en la ceremonia de la firma, y en los corrillos uno de los consejeros de la ex Comisión de Acceso a la Información Pública del estado (hoy Itaig) comentó textualmente: “No sabe en la que se metió el Ejecutivo”, aludiendo a que, con el sistema Info Guerrero, se multiplicarían las solicitudes, y para la Caipegro también se duplicaría el trabajo porque inevitablemente se incrementarían las quejas o recursos de revisión.
Efectivamente, las solicitudes de información aumentaron notablemente. Pero aun con esto, el sistema de Guerrero –porque el ex Ifai lo promovió en todos los estado del país– presenta varias limitaciones. Por ejemplo, a diferencia de otras entidades, esta plataforma sólo funciona para las dependencias del Ejecutivo. Visto en cifras, los guerrerenses sólo pueden presentar solicitudes en el Info Guerrero ante cerca de 70 sujetos obligados de los casi 190 que hay en el estado. Sin duda, el sistema hubiese sido muy útil para solicitar información sobre todo a los ayuntamientos, que son los más reacios en entregarla. Pero en cinco años, a nadie le interesó ampliarlo a los gobiernos municipales.
Otra de las limitaciones del Info Guerrero es que no se pueden presentar por vía electrónica recurso de revisión. Actualmente hay que hacer dos trámites distintos, en caso de negativas de las dependencias públicas, para poder hacer valer este derecho: uno ante el sujeto obligado y el otro ante el Itaig. Tampoco en cinco años, nadie buscó incluir este servicio en el sistema.
El Info Guerrero también carece de una importante herramienta (Zoom) de búsqueda de las solicitudes de información que se han formulado ante el sistema, de las respuestas que se han proporcionado, y de las resoluciones que el Itaig emite ante las inconformidades de los ciudadanos respecto a las respuestas que obtienen, además de los estudios y opiniones que apoyan dichas resoluciones.
Finalmente, el reporte de solicitudes de información del Info Guerrero publica el nombre de las personas que solicitan información, con lo que se viola la confidencialidad de los datos personales. Esta irregularidad se hizo del conocimiento en la anterior administración estatal y nunca hizo caso; el Itaig tampoco ha intervenido para evitarlo.

Avance ciudadano

El tipo de información que los ciudadanos solicitan al gobierno está cambiando. Si se revisan las solicitudes que se presentaban en 2006, los ciudadanos preguntaban sobre los salarios de los funcionarios, los presupuestos generales de las dependencias, programas sociales institucionales, y en muchos casos, sobre la gestión de trámites personales.
Lo anterior no significa que hoy ya no se soliciten esos datos, pero en 2016, diez años después de que entró en vigor la ley de transparencia en el estado, ya se observa una clara intención de documentar de manera sistemática distintos aspectos del quehacer gubernamental, es decir, se percibe que la ciudadanía comienza a darle una utilidad social a la información, sobre todo en el rubro de la rendición de cuentas y de vigilancia ciudadana de las acciones y decisiones de gobierno.
También puede observarse que detrás de este avance ciudadano está el respaldo de organizaciones sociales y de la sociedad civil locales y nacionales, quienes se han convertido en promotoras –intermediarias– para hacer posible este ejercicio de participación ciudadana, pues en no pocos casos se requiere de una asesoría especializada; por ejemplo, para formular un recurso de revisión ante el Itaig o el Inai, o para interpretar información específica como expedientes técnicos de obras, contratos, convenios, planos de edificios, etcétera.
Estos esfuerzos tienen su origen y son resultado exclusivo del trabajo de las organizaciones –las instituciones poco o nada han aportado–, que han encontrado en el derecho de acceso a la información, una herramienta para apoyar la gestión de sus demandas colectivas.
Uno de los sectores que comienza a tener una actividad constante, y se observa en los reportes de solicitudes de información, es el de los periodistas, tanto locales como de los diarios de cobertura nacional. Cada vez con más frecuencia se registra en los diarios información y datos que fueron obtenidos a partir de solicitudes de información. Esta práctica, junto con la búsqueda y obtención de datos abiertos se han convertido en pilares del periodismo de investigación.
En los cinco meses del gobierno de Héctor Astudillo, un porcentaje importante de las 635 solicitudes de información fueron presentadas por organizaciones y periodistas.

Las solicitudes

En el caso de la Secretaría de Salud, casi todas las solicitudes presentadas durante la actual administración estatal provinieron de organizaciones sociales que apoyan o asesoran a la población. Así, por ejemplo, muchos de los requerimientos son de los temas de salud materna, parteras, la construcción de Hospital de la Mujer en Atoyac y el funcionamiento del Hospital General de Ayutla, todas con el claro objetivo de contar con información institucional que les permita exigir la rendición de cuentas a las autoridades correspondientes.
Es también el caso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuyas solicitudes de información fueron relativas a conocer los centros de rehabilitación que opera esa dependencia, y los servicios que se brindan a los usuarios con discapacidad y no discapacitados.
Otros caso donde se observan propósitos de investigación es en las solicitudes presentadas ante la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía General del estado sobre el tema de feminicidios; y el de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a las que se les requirió información sobre equidad de género dentro la institución, capacitación de los elementos de seguridad, ejercicio de los recursos para seguridad, etcétera.
Asimismo, hay un grupo de solicitudes donde se pide información de los contratos que el gobierno del estado de Guerrero hubiese realizado con las empresas OHL México SA de CV, Grupo Higa SA de CV, Obrascon Huarte Lain SA, OHL & Huarte SA, OHL Industrial SL Sociedad Unipersonal, OHL Industrial SA de CV, Seconmex Administración SA de CV, Latina México SA de CV, OPCEM SA de CV.
También con las empresas Bienes Raíces H&G SA, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad SA de CV, Autopistas de Vanguardia SA de CV, Señales y Mantenimiento SA de CV, Constructora Teya SA de CV, Concretos y Obra Civil del Pacífico SA de CV, Publicidad y Artículos Creativos SA de CV y Eolo Plus SA de CV.
Las anteriores son empresas a las que se les vincula con el gobierno federal, específicamente con el presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios, por la sospecha de favorecerlas en la contratación de obras. Estas solicitudes se presentaron tanto a la Secretaría de General de Gobierno como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y parece que indagan alguna conexión de estos “favoritismos” en Guerrero.
Cabe mencionar que aun cuando el solicitante pidió expresamente a la Secretaría General de Gobierno que se testaran sus datos personales en todos los documentos de carácter público, esto no se realizó y la identidad del solicitante quedó al descubierto.

Otras solicitudes

La opacidad es todavía una práctica frecuente en las respuestas que emiten las dependencias. La Secretaría de Finanzas y Administración publicó un oficio de respuesta a una solicitud acerca de “la relación de los viajes al extranjero y los comprobantes (…), realizados por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero”. Respondió que “derivado de los hechos suscitados el día 13 de Octubre de 2014 en el que los manifestantes entraron a las instalaciones del Palacio de Gobierno de donde sustrajeron del archivo general documentación oficial resguardada, la cual fue quemada en su totalidad por el fuego que ocasionaron los manifestantes, sufriendo pérdida total”. Adicionalmente, la Sefina advierte que “este tipo de información, está considerada como reservada”.
Evidentemente la información no puede clasificarse como reservada, porque son documentos públicos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos. Y además, ¿resguarda la Sefina documentos en Palacio de Gobierno?, ¿no se localizan sus oficinas en espacios físicos diferentes y distantes del Palacio?
Por otra parte, a la Fiscalía General del Estado se le requirió “el presupuesto asignado y ejecutado (…) en el año 2015. Desglosado por partidas presupuestales. Esto incluye tanto presupuesto federal como estatal”. Al respecto, la dependencia respondió que “aún no se cuenta con un presupuesto de forma desglosada a nivel de partida, correspondiente al ejercicio fiscal 2015; debido a que la descentralización por parte de la secretaría de finanzas y administración del gobierno del estado, aún no se ha realizado por completo; ante esta situación no está en posibilidad de remitir esta información”. Cualquier argumento es bueno para no entregar la información.
Finalmente, sorprende que en cinco meses la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) tenga 112 solicitudes de información. Y es que el representante de una empresa constructora solicitó “diversa documentación” relacionada con varios contratos de obra. La dependencia le negó toda la información aduciendo que el origen de la información es la empresa, y en el caso de los contratos, a la constructora se le proporcionó una copia y por lo tanto no debería solicitarlos.
La negativa de CICAEG contraviene la ley de transparencia, pues independientemente de quien haya generado la información, CICAEG es la dependencia contratante y responsable normativa. Cualquier persona puede solicitar los mismos datos y CICAEG está obligada a entregarlos, siempre protegiendo los datos personales. En este caso, CICAEG no tiene razón en su negativa.

ASF: ineficiencia y opacidad en la obra pública municipal

El Sur de Acapulco

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y para las Demarcaciones Territoriales del DF (FISMDF) es una de las fuentes de recursos financieros de los ayuntamientos que presentó mayores irregularidades y desvíos, según se desprende de los resultados de la revisión de la cuenta pública 2014, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

En ese ejercicio fiscal, el órgano fiscalizador federal, conjuntamente con la Auditoría General del Estado de Guerrero, revisaron una muestra de 24 municipios del estado de Guerrero, encontrándose numerosas anomalías en el ejercicio del gasto de este importante fondo, que según la ASF, alcanzó en Guerrero un monto de 4 mil 409.5 millones de pesos que se distribuyeron entre los 81 municipios, cantidad equivalente a 10.5 por ciento del presupuesto total del estado en 2014.
Los municipios revisados por la ASF y la AGE fueron Acapulco, Acatepec, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Atoyac, Ayutla, Chilpancingo, Cochoapa, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Malinaltepec, Metlatónoc, Ometepec.
También se fiscalizaron los ayuntamientos de Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, Taxco, Tecoanapa, Técpan, Tixtla, Tlacoachistlahuaca, Tlapa, Xochistlahuaca y Zihuatanejo.
Las irregularidades encontradas en el FISMDF por los órganos fiscalizadores son apenas la punta del iceberg. Actualmente la normatividad y los mecanismos institucionales de rendición de cuentas son poco rigurosos y no son suficientes para descubrir y documentar todas las irregularidades y violaciones a la ley que cometen los alcaldes y otros funcionarios año tras año.
El diseño actual de control y fiscalización del gasto federalizado parece no estar funcionando. No existen los suficientes controles ni las sanciones necesarias para inhibir y evitar el desvío de recursos, y los que pierden siempre son los guerrerenses, que no reciben obras, servicios, programas sociales en la cantidad y calidad equivalentes a las inversiones que se realizan.
Eso sí, gobernadores, presidentes municipales, diputados y otros funcionarios, cuando son señalados como presuntos responsables de casos de corrupción, simplemente responden que les comprueben y que se presenten las denuncias ante las autoridades correspondientes. Lo dicen sabedores de que, salvo que se trate de un ajuste de cuentas político, no pasará nada porque el actual marco jurídico no los perseguirá ni mucho menos sancionará.
Es una triste realidad no sólo de Guerrero, sino en todo el país.

Las revisiones

Veinticuatro revisiones de la ASF a otros tantos ayuntamientos guerrerenses fueron suficientes para ejemplificar la forma en que los gobiernos municipales ejercen los recursos públicos. Las irregularidades que describe la ASF no son prácticas municipales nuevas, de hecho pueden considerarse reincidencias, y sin embargo, todavía no hay poder que ponga freno a los alcaldes y otras autoridades municipales, que regularmente con alevosía, muy pocas veces por ignorancia, desvían los recursos y no cumplen con los objetivos sociales del fondo.
No obstante que los recursos del FISMDF tienen el propósito de financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, varios municipios presentaron subejercicios al 31 de diciembre de 2014, es decir, no se gastaron el recurso para abatir los rezagos sociales.
Acapulco fue el municipio que en mayor medida presentó este problema, pues a esa fecha sólo había ejercido el 28.9 por ciento del FISMDF -que en ese municipio fue de 492.2 millones de pesos-. Otros municipios que observaron subejercicios al 31 de diciembre de 2014 fueron Coyuca de Benítez (80.2 por ciento), San Marcos (80.5), San Luis Acatlán (85.4) y Cuajinicuilapa (86.6 por ciento).
Asimismo, la ASF y la AGE reportan que todos los municipios presentaron “inobservancias de la normativa”, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Igualmente, los ayuntamientos revisados no disponen de un adecuado sistema de control interno que le permita atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Es decir, ante la falta de este sistema de control es muy fácil que los recursos del Fondo se gasten en obras y acciones que no están dentro del catálogo sugerido ni en localidades de alta y muy alta marginación.
Otra de las grandes deficiencias en los municipios se relaciona con la transparencia del ejercicio de los recursos. Al respecto, los órganos fiscalizadores determinaron, como resultado de la revisión al ejercicio 2014, que los 24 municipios de la muestra “registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF”, ya que los ayuntamientos no proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.
Estas omisiones de información a una dependencia normativa son muy graves, pues si los ayuntamientos no cumplen con éstas, qué se puede esperar cuando se trata de las obligaciones de transparencia hacia la ciudadanía. La opacidad de los ayuntamientos es tan vasta que no informan ni siquiera a la Secretaría de Hacienda, tampoco a la Secretaría de Desarrollo Social –que lleva el registro de los avances físicos y financieros del FISMDF- y en muchas ocasiones tampoco entregan en tiempo y forma sus informes de cuenta pública a loa AGE.

Otras irregularidades

Otra de las observaciones comunes a los 24 municipios revisados es que los objetivos y metas del FISMDF se cumplieron parcialmente, ya que los ayuntamientos invirtieron en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la Sedesol ni tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Al respecto, Coyuca de Benítez fue el municipio que invirtió la menor cantidad de recursos en proyectos establecidos en la normatividad, con sólo 4.4 por ciento de sus recursos totales del FISMDF. Le siguen Acapulco con 4.8 por ciento, Cuajinicuilapa (5.3 por ciento), Metlatónoc (9.3), Acatepec (12), Cochoapa el Grande (12.4) y Tlacoachistlahuaca (13.2).
Otros municipios que gastaron bajos porcentajes de recursos en obras y acciones permitidos en el FISMDF son Técpan con 14.4 por ciento, Ometepec (15.7 por ciento), Xochistlahuaca (17.1), San Marcos (17.6), Malinaltepec (23.3), Taxco (25) y San Luis Acatlán (27.5 por ciento). De hecho, ninguno de los municipios auditados alcanzó ni siquiera el 60 por ciento del total de su inversión del FISMDF en obras permitidas.
Aunque la ASF y la AGE no lo describen, es muy probable que una parte importante de la inversión en obras y acciones no autorizadas, los ayuntamientos la hayan destinado a la adquisición de fertilizante. Hay que recordar que el catálogo del FISMDF no considera la compra de este insumo con recursos del Fondo, pero los ayuntamientos de Guerrero siempre han hecho uso de estos recursos para adquirirlo.
Como se deduce de los bajos porcentajes de inversión en obras y acciones permitidas por la normatividad, en el programa de fertilizante los ayuntamientos emplean cuantiosos recursos de este fondo del ramo 33, programa que ha sido acusado de clientelar y electorero.
Cabe mencionar que los recursos del FISMDF deben invertirse en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del Fondo que emita la Sedesol.
Otra irregularidad en que incurrieron todos los municipios es que no cumplieron con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las zonas de atención prioritaria, que es de 60 por ciento de los recursos, como lo establecen los lineamientos. Al respecto, la Ley de Desarrollo Social menciona que se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley.
Hay porcentajes muy bajos como el del municipio de Tecoanapa, que sólo cubrió el 10.5 por ciento de sus proyectos en zonas de atención prioritaria, cuando la norma dice que deben ser por lo menos 60 por ciento. Otros municipios en iguales circunstancias son Cochoapa el Grande, que invirtió sólo 13.8 por ciento de los recursos en esas zonas, Ayutla de los Libres, con 14.3 por ciento y Ahuacuotzingo, con 17 por ciento.
También están San Marcos, con 24.9 por ciento, Tlapa y Chilpancingo, con 26.4 y 26 por ciento, respectivamente, Zihuatanejo, con 27.5 por ciento y San Luis Acatlán, que invirtió 30.3 por ciento.
Finalmente, los municipios también tuvieron en común los bajos porcentajes de recursos gastados en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda).
Son los casos de Malintaltepec, que sólo gastó 3.7 por ciento de sus recurso del FISMDF en estos rubros; Tecoanapa, con 4.7 por ciento, San Luis Acatlán, con 8.5 por ciento, Atlixtac (8.8),
Metlatónoc (9.3), Cochoapa (11.3), Zihuatanejo (14.3), Ayutla (15.2), Tlacoachistlahuaca (15.9) y Acatepec, (19.5 por ciento).
Cabe destacar que dos municipios presentaron severas irregularidades. El primero es Atoyac de Álvarez, al que no se le lograron determinar varios de los indicadores aquí descritos porque de acuerdo con la ASF y la AGE no existe documentación comprobatoria.
El otro es Quechultenango, ya que el órgano fiscalizador federal señaló en su informe que “con el 34.8% de los recursos (20.4 millones de pesos) se realizaron pagos de los cuales se desconoce el destino, toda vez que no existe documentación que permita relacionar la salida de los recursos con pagos de obras y acciones”.
La conclusión de la SF y la AGE es que en los 24 municipios de la muestra, a los que se les revisó su ejercicio de recursos FISMDF del ramo 33, éstos no realizaron una gestión eficiente y transparente y, en general, tuvieron una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública.

FISMDF 2016

No obstante las graves irregularidades que los órganos fiscalizadores observan cada año en el ejercicio de los recursos del FISMDF, en 2016 los municipios guerrerenses continuarán recibiendo cuantiosos recursos de este fondo.
El gobierno del estado publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del FISM entre los municipios del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del 2016. Su publicación en el periódico oficial del estado, en el primer mes del año, es una obligación de las entidades federativas. De acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Ejecutivo del estado deberá dar a conocer en el periódico oficial del estado, antes del 31 de enero, el presupuesto del FISMDF y su distribución entre los municipios de la entidad.
Sin embargo, ya es costumbre que el gobierno del estado desacate esta norma porque regularmente no publica en tiempo esta información, aun cuando en el periódico oficial formalmente aparezca la fecha correcta.
Según este acuerdo, al estado se le asignaron 4 mil 566.2 millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 2.5 por ciento en relación con el monto FISMDF de 2015. Cabe aclarar que no obstante los ajustes al presupuesto del estado que se registrarán a lo largo del año, los recursos del FISMDF permanecerán constantes.
Hay 11 municipios que recibirán recursos por arriba de los 100 millones. La lista la encabeza el ayuntamiento de Acapulco, que en 2016 recibirá 507.7 millones de pesos del FISMDF, le siguen Chilapa con 233.1 millones, Chilpancingo con 157.1 millones, Ayutla con 149 millones y Acatepec con 144.7 millones de pesos.
Otros municipios son San Luis Acatlán, que obtendrá 122.2 millones del FISMDF, General Heliodoro Castillo con 116 millones, Ometepec 113.3 millones, Tlapa con 112.9, Taxco con 103.5 y San Miguel Totoltepec con 102.9 millones de pesos.
Hace falta urgentemente un rediseño de esta política pública, pues las deficiencias en la ejecución del FISMDF repercuten directamente en la consecución de sus metas y objetivos y en la construcción de obra pública a los ciudadanos, y la rendición de cuentas es uno de los grandes temas que requieren atención urgente.

ASF: irregularidades en el programa de televisores digitales

El Sur de Acapulco

La entrega de televisores digitales por el gobierno de la República ha sido uno de los programas más cuestionados del gobierno de Enrique Peña Nieto, al que se le imputan irregularidades como el sobreprecio de las pantallas, su distribución con fines electorales, la entrega doble en un mismo hogar o la desorganización en los sitios de entrega.
No había ninguna obligación jurídica para que el gobierno federal hiciera este dispendio a costa del erario y descuidara otros aspectos del desarrollo social más urgentes. El “obsequio” de 13.8 millones de televisores de 24 pulgadas le costará al gobierno 28 mil 310.8 millones de pesos, una cifra muy superior al costo que hubiese tenido la adquisición de dispositivos decodificadores que permiten que televisores obsoletos permanezcan en uso. Sin embargo, el gobierno de la República se decidió por la opción más costosa.
En su más reciente revisión a las cuentas públicas a entidades y programas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una serie de irregularidades en el Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), correspondiente al ejercicio 2014, año en que sólo se ejerció el 12.2 por ciento de los recursos totales estimados para este programa.

Las irregularidades

De acuerdo con información de la ASF, en 2014 se gastaron 3 mil 470.1 millones de pesos en la adquisición de pantallas digitales, en la contratación de servicios de almacenaje, instalación de módulos para la entrega de los bienes, y entregas de televisores, centros de contacto e impresión de notificaciones y trípticos. Ese año no fue el más intenso en cuanto a compras y distribución de televisores como sí lo fue 2015, cuyos resultados de auditoría se publicarán en febrero de 2017.
De los 13 contratos adjudicados en el ejercicio 2014, seis correspondieron a la adquisición de un millón 699 mil 193 televisores digitales; con la revisión de estos seis contratos se constató que se realizaron convenios modificatorios respecto del lugar, cantidad y plazos de entrega, sin que en el expediente se encuentre la información que acredite la justificación de estas modificaciones. Además, los convenios modificatorios de los contratos LPN-712-N73- 01/2014-92 y LPN-712-N73-02/2014-93 se formalizaron cuatro y 11 días después de la entrega de los bienes, la cual se incrementó en 63 mil 584 unidades respecto de lo requerido inicialmente.
Siguiendo con los contratos para la adquisición de televisores, respecto al millón 699 mil 193 aparatos que se recibieron en el ejercicio 2014, se estableció que el proveedor los entregaría en diferentes entidades federativas, pero la ASF constató que en Tamaulipas se entregaron 120 mil televisores, y de éstos, 89 mil se entregaron en un domicilio distinto del originalmente pactado, sin que la SCT justificara los cambios.
Asimismo, se comprobó que respecto de 60 mil televisores entregados por el proveedor a la SCT, no se contó con las remisiones correspondientes, y aunque posteriormente la entidad proporcionó seis remisiones que registran los 60 mil televisores, se observó que éstas no correspondieron a las emitidas por el proveedor, quien en compulsa manifestó expresamente que no emitió remisiones.
Por otra parte, se observaron inconsistencias en la entrega de 110 mil 524 televisores, por ejemplo, el cambio de domicilio para la entrega de 36 mil 476 de ellos no se hizo del conocimiento del administrador del contrato hasta un día antes de su entrega, y de 74 mil 48 no se dio aviso, regularizándose documentalmente dos días después de la entrega; lo anterior, en contravención del contrato que estipuló que la notificación del domicilio para la entrega de los bienes, debía realizarse hasta 10 días hábiles antes de la entrega de los televisores.
Con la revisión de los contratos PSAMM-001-014, PSAMM-002-014 y PSAMM-003-014 de servicios de almacenaje de 120 mil televisores en el estado de Tamaulipas, se constató que los televisores se almacenaron de febrero a agosto de 2014, conforme al plazo contratado; no obstante, 41 mil televisores fueron almacenados en un lugar distinto del estipulado, además de que se pagaron servicios de maniobra, entrega y descarga por 170 mil 581 pesos, adicionales a lo estipulado en el contrato, sin que se celebrara el convenio modificatorio respectivo, y sin que se proporcionara documentación que justificara su pago. Por lo anterior, se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones por un monto de 170 mil 581 pesos.
Respecto de la entrega de televisores, la ASF revisó que en 26 municipios de Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas no se entregaron los televisores a 57 mil 580 beneficiarios que conforme al programa, debieron entregarse en agosto de 2014; del seguimiento efectuado se constató que la entrega de equipos a esos beneficiarios se inició en enero de 2015, es decir seis meses después de lo programado sin que la entidad fiscalizada justificara documentalmente el atraso.
Otras irregularidades se detectaron al realizarse 523 visitas a beneficiarios por parte de la ASF, en municipios de Jalisco y Guanajuato, durante las que se verificó que en 236 visitas los equipos se entregaron satisfactoriamente a los beneficiarios registrados en el padrón y se comprobó la entrega de un equipo por domicilio.
Sin embargo, se constató que 64 beneficiarios visitados habitaban conjuntamente en 32 domicilios, es decir, que se entregaron dos televisores a dos beneficiarios en un mismo domicilio, lo que incumplió los criterios establecidos en el Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social y la SCT.
En relación con las 223 visitas restantes, 187 beneficiarios registrados en el padrón estuvieron ausentes aun cuando su domicilio correspondió al referido en el padrón; y de los 36 restantes, su domicilio no correspondió con el registrado en el padrón; de cuyo seguimiento, se constató que la entidad fiscalizada hizo entrega de los televisores a los beneficiarios, al comprobar su identidad, lo cual evidenció documentalmente.
La ASF también observó la eficiencia de las adquisiciones. Por ejemplo, para la adquisición de 120 mil televisores destinados a beneficiarios del estado de Tamaulipas, realizada mediante invitación a cuando menos tres personas, se erogaron 277 millones de pesos, más gastos de almacenaje y centro de atención telefónica por 17 millones 747 mil 900 pesos, lo que hizo un total de 294 millones 825 mil 500 pesos y un costo por televisor de 2 mil 456.88 pesos, lo que es inconsistente con la adquisición de 2 millones 785 mil 988 televisores obtenidos mediante licitación pública nacional por 6 mil 927.1 millones de pesos, incluido el servicio de almacenamiento y centro de atención, en el que se determinó un costo unitario por televisor de 2 mil 486.43 pesos, es decir, 29.55 pesos más por cada televisor, lo cual no aseguró las mejores condiciones en cuanto a precio y motivó incurrir en un gasto mayor por 8 millones 232 mil 590 pesos.

Licitaciones

En la página oficial del TDT, se registran diversos documentos de licitaciones para la adquisición de televisores, una correspondiente al ejercicio 2014 y dos del 2015. En la licitación LA-009000987-N73-2014, realizada el 26 de septiembre de 2014, se licitó la adquisición de televisores quedando adjudicadas las siguientes empresas: el Grupo HTCJ, para la compra de un millón 773 aparatos, con un costo de 2 mil 548.1 millones de pesos; la empresa Comarket, con 320 mil 795 pantallas digitales y un monto de 793.3 millones de pesos.
También fue adjudicada la Comercializadora Milenio con la participación conjunta de Diamond Electronics, para entregar 892 mil 981 pantallas con un costo de 2 mil 278.8 millones de pesos. Finalmente, a la empresa Elektra del Milenio se le adjudicó la adquisición de 128 mil 530 televisores con un costo total de 290.7 millones de pesos.
En 2015 se realizaron, según el portal electrónico de la SCT, dos licitaciones para la adquisición de televisores. En la del 30 de abril de 2015, licitación LA-009000987-N19-2015, nuevamente la empresa Comercializadora Milenio, en participación conjunta con Diamond Electronics, fue adjudicada para la adquisición de 1 millón 390 mil 199 televisores, con un costo de 3 mil 945.5 millones de pesos.
En esa misma licitación también fueron adjudicados el Grupo HTCJ con un total de 215 mil 797 aparatos a un costo de 623.8 millones; DDCAM México, con 146 mil 923 pantallas que costaron 405.4 millones de pesos; Teletec de México, con 122 mil 980 televisores y un costo de 326.1 millones de pesos; y Tiendas Soriana, a la que se le adjudicó la adquisición de 781 mil 939 televisores con un costo de mil 927.4 millones de pesos.
En la licitación 009000987-T67-2015, del 28 de agosto de 2015, nuevamente la empresa Comercializadora Milenio se le adjudicó un contrato para 3 millones 459 mil 935 televisores con un costo 8 mil 127.5 millones de pesos; y DDCAM con 140 mil 29 pantallas digitales con un costo 361.2 millones de pesos.

No hay obligación

No obstante que en el portal electrónico del TDT se enfatiza que el programa “atiende el mandato constitucional de contribuir al desarrollo social, fomentar la igualdad de oportunidades entre la población –especialmente la de escasos recursos– y propiciar el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento”, no existe ninguna obligación del gobierno federal de distribuir televisores de manera “gratuita” entre la población.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el noveno transitorio, establece que “el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implementará los programas y acciones vinculados con la política de transición a la televisión digital terrestre, para la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores a que se refiere el tercer párrafo del artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”.
El mencionado artículo quinto transitorio dice que “Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios”.
Pero nunca se establece que el gobierno federal distribuirá más de 10 millones de televisores, con un gasto de más de 28 mil millones de pesos, entre los mexicanos de bajos recursos. No es lo mismo “promover la implementación de equipos receptores y decodificadores”, que entregarlos a costa del erario.

Entrega de televisores

Al 30 de septiembre de 2015 se habían entregado 5 millones 722 mil 146 televisores digitales en mil 13 municipios de 27 entidades federativas. Las entidades que recibieron mayor número de entregas son el Estado de México, con un millón 375 mil 767 aparatos, el Distrito Federal, con 636 mil 324, Guanajuato con 480 mil 272, Puebla con 434 mil 532 y Michoacán con 404 mil 688. Los que a esa fecha no habían recibido nada fueron Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo un corte más reciente al 27 de febrero de 2016, y de acuerdo con estos datos se habían entregado 10 millones 111 mil 273 televisores, ocupando los cinco primeros lugares el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México y Michoacán. Las que menos recibieron fueron Baja California Sur, Colima, Baja California, Campeche y Quintana Roo.
En Guerrero se distribuyeron 429 mil 185 televisores, para ocupar el lugar número nueve a nivel nacional. La distribución entre los municipios fue muy desigual, sin que haya una explicación oficial al respecto.
Así por ejemplo, los beneficiarios de los programas sociales de la Sedesol en Acapulco recibieron, al 27 de febrero, un total de 98 mil 22 televisores, que representan 21.4 por ciento; en Chilpancingo se distribuyeron 30 mil 632 aparatos (7.1 por ciento); en Chilapa, 22 mil 745 (5.2 por ciento); en Taxco, 16 mil 767 (3.9 por ciento); y en Coyuca de Benítez 16 mil 13 televisores, que representan 3.7 por ciento del total entregado en el estado.
En los municipios de Acatepec, Iliatenco, Zapotitlán se registran cero entregas, y los municipios de Atlamajalcingo, Alpoyeca, Huamuxtitlán, Tlalixtaquilla, Tlapehuala y Xalpatláhuac ni siquiera aparecen en la listas. Otras demarcaciones que recibieron pocos aparatos son Ahuacuotzingo, con solo un aparato entregado, Tlacoapa (5), Coahuayutla (7), Xochihuehuetán (11) y Tlapa (56).

El derecho de acceso a la información, letra muerta en Ayutla

El Sur de Acapulco

A cien días de que comenzó su gestión el gobierno de Héctor Astudillo Flores y a más de cuatro meses de que se inició una nueva administración en el ayuntamiento de Ayutla de los Libres, estos dos órdenes de gobierno no atendieron las solicitudes de información que presentaron los ciudadanos, ni tampoco cumplen todavía con sus obligaciones de transparencia establecidas en la legislación local.
Lo anterior se desprende de un proyecto de promoción del derecho de acceso a la información que se ejecuta con habitantes indígenas de colonias populares de la cabecera municipal de Ayutla, una de cuyas actividades fue la presentación de más de 50 solicitudes de información ante diversas dependencias del gobierno federal, estatal y en el ayuntamiento de Ayutla –encabezada por la alcaldesa Hortensia Aldaco Quintana–, la mayoría de las cuales no recibieron respuesta.
Las actividades del proyecto se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, con el financiamiento del Programa de Sensibilización de Derechos (Prosede) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El proyecto

Se realizaron ocho talleres de promoción del derecho de acceso a la información en otras tantas colonias de la cabecera municipal de Ayutla, así como la gestión de solicitudes de información y visitas de seguimiento. Participaron en los talleres un total de 213 personas de ocho colonias, la mayor parte fueron mujeres, con 178 asistentes, que representan 76.7 por ciento del total. La colonia donde se registró mayor asistencia fue la Luis Donaldo Colosio, con 38 personas; y la que menos tuvo fue la colonia Justicia Agraria, con 17 participantes.
En total, se presentaron 51 solicitudes de información, de las cuales 14 fueron al Ayuntamiento de Ayutla, 23 al gobierno del estado (Sedesol, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto Guerrerense de Infraestructura Educativa) y 14 al gobierno federal (Sedesol, Comisión Nacional del Agua, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Semarnat).
En el caso de las solicitudes al Ayuntamiento, se realizaron los oficios correspondientes y se presentaron personalmente en las oficinas del Ayuntamiento, unas firmadas por el facilitador de Comunica AC, otras por los propios vecinos. Cabe mencionar que un Ayuntamiento como Ayutla debe tener un mecanismo electrónico para la presentación de solicitudes de información, pero evidentemente no cuenta con él.
En el caso de las peticiones al gobierno del estado y el federal, el coordinador regional del proyecto creó una cuenta en los sistemas Info Mex y otra en Info Guerrero. Las cuentas se abrieron a nombre de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa, y se anotó a su presidenta como responsable.

No responden

Ninguna de las 14 solicitudes de información presentadas ante el ayuntamiento de Ayutla fueron respondidas en los plazos que marca la ley. Una vez transcurrido el plazo legal, como corresponde cuando no hay respuesta a una solicitud, se presentaron los respectivos recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (ITAIG) los días 8 y 19 de enero de 2016. Actualmente están en proceso de estudio y resolución.
Cabe mencionar que esta falta de respuesta a las solicitudes de información y también de transparencia –a la fecha, el ayuntamiento no cuenta con portal electrónico u otro mecanismos que le permita cumplir con su información de oficio– contrasta con el despliegue de publicidad, en redes sociales y periódicos, de las actividades que realiza la presidenta municipal como promoción personal.
Entre la información que se solicitó al ayuntamiento destacan los expedientes técnicos de diversas obras, así como información específica de obras que afectan a la ciudadanía por falta de mantenimiento o por haber sido mal realizadas. También se requirió la propuesta de inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 del ejercicio 2015, y la descripción y reglas de operación de los programas de apoyo a la población en situación de pobreza.
Destaca también el oficio donde se solicitó la inversión municipal canalizada al programa de fertilizante, los resultados de los análisis realizados al producto y las empresas proveedoras de fertilizante contratadas por el Ayuntamiento de Ayutla. Esta pregunta surgió porque los productores perciben que el insumo ya no “les rinde” como en años anteriores.
Toda esta información es competencia del gobierno municipal de Ayutla de los Libres y, sin embargo, no hubo ninguna respuesta.
Una actitud similar encontramos entre algunas secretarías del Ejecutivo que encabeza Héctor Astudillo Flores. Lleva ya 100 días de gobierno y las unidades de transparencia de estas dependencias no responden las solicitudes de información que se les presentan.
Como resultado de este ejercicio de promoción del derecho de acceso a la información en el municipio de Ayutla, auspiciado por el Prosede del INAI, se presentaron 23 solicitudes de información por medio de la plataforma Info Guerrero, de las cuales 13 fueron para la Secretaría de Salud, tres para la Secretaría de Desarrollo Social, igual número para la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y dos para el Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa.
Predominaron las solicitudes para conocer acerca de los servicios de salud, pues hay una tensión muy grande entre la “pésima” atención que reciben y lo que los vecinos consideran que debe ser una “adecuada” atención, por lo que pidieron conocer, del hospital general de Ayutla, horarios de médicos, cuadro básico de medicamentos, cantidad de especialistas, enfermeras, servicio de ambulancias, enfermedades que atiende, costo de los servicios para afiliados y no afiliados al Seguro Popular, etc.).
Todas las solicitudes de la Secretaría de Salud no fueron respondidas por la dependencia, por lo que se presentaron los correspondientes recursos de revisión ante el ITAIG el 19 de enero de 2016, y actualmente están en proceso de resolución.
Asimismo, tres solicitudes se le hicieron a la Capaseg, y tampoco respondió nada. En este caso se requirió principalmente información sobre proyectos de agua potable y drenaje construidos en el municipio de Ayutla. La solicitud presentada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (antes Seder), tampoco fue respondida.
Es decir, de las dependencias del gobierno del estado, soló respondió la Sedesol (3 solicitudes), el IGIFE (2), Seduop (1) y Secretaría de Seguridad y Protección Civil (1). Esto significa que el Ejecutivo del estado fue omiso en responder en 17 (73.9 por ciento) de las 23 solicitudes que se le presentaron en este proyecto. Una cantidad que no lo deja bien parado.
Respecto de las solicitudes del orden federal, se presentaron un total de 14 peticiones ante diversas dependencias federales, entre las que destacan la Secretaría de Desarrollo Social (7 solicitudes), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (3), la Comisión Nacional del Agua (2), y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (1) y la de Economía (1).
Los habitantes de las colonias de Ayutla solicitaron particularmente información sobre requisitos y reglas de operación de los programas sociales del gobierno federal, así como datos sobre diversas obras que se construyen en el municipio.
Dos dependencias solicitaron prórroga para responder, tres dijeron que lo solicitado no es de su competencia y dos declararon la inexistencia de la información. No se presentó ningún recurso de revisión pues todas las solicitudes fueron respondidas en tiempo y forma.

Las lecciones

El proyecto que ejecutamos en Ayutla evidenció las dificultades técnicas, de disposición política, de impunidad, etcétera, que obstaculizan el ejercicio del derecho a la información entre los guerrerenses. Una de ellas es el escaso acceso de la gran mayoría de los habitantes de las colonias populares –y de las comunidades rurales del estado– a una computadora que les permita presentar solicitudes de información por la vía electrónica e incluso, ver la información de oficio que publican las dependencias.
Los índices de analfabetismo y analfabetismo digital y la barrera del idioma también son dificultades adicionales para el acceso a la información, sin contar que el planteamiento de preguntas pertinentes y conocer la lógica del funcionamiento de las dependencias tienen de por sí su grado de dificultad.
En estas circunstancias, es necesaria la mediación de las organizaciones sociales y civiles para apoyar los procesos de promoción del derecho de acceso a la información, mediante un acompañamiento que incluya una intervención pedagógica dirigida a que estos sectores se “apropien” de las herramientas suficientes para el ejercicio de este derecho. Por eso la difusión que hacen el órgano garante y el gobierno del estado para que la gente solicite información no tiene ninguna eficacia en este sector de la población, ya que no va acompañada de este proceso pedagógico.
Pero las mayores dificultades se ubican en los procedimientos y prácticas institucionales para solicitar información. Como se observa en el proyecto ejecutado en Ayutla, 31 de 51 solicitudes de información, que representan un altísimo 60 por ciento, no fueron respondidas en el tiempo que establece la ley, y no es casual que sean todas ellas del ámbito municipal y estatal, donde persisten con mucha frecuencia estas prácticas de opacidad.
Desde luego, se presentaron 31 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, órgano que estará a prueba en sus procedimientos tanto en el análisis de los casos como en el cumplimiento de sus resoluciones y aplicación de las sanciones correspondientes.
Si no hay respuestas expeditas, si no hay resoluciones firmes y especialmente, si no se hacen cumplir dichas resoluciones, la promoción del derecho a saber no enraizará y la gente lo percibirá como una simulación.
La expectativa es que las dificultades que hoy se observan tanto en el ejercicio de acceso a la información como en la publicación de información de oficio se subsanen en alguna medida con la incorporación de Guerrero al Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que es una de las novedades que incluye la nueva Ley General de Transparencia, que por cierto, el Congreso del estado deberá armonizar antes del 4 de mayo.

¿Y la contraloría social?

El gobierno de Astudillo en diferentes discursos se ha referido a la participación ciudadana como un componente importante de su gobierno. Sin embargo, el tipo de participación que concibe es la misma que la de sus antecesores: una participación que sólo acompañe, que aporte mano de obra, que opine sobre las acciones de gobierno, pero que no sea parte de la toma de decisiones. Es decir, una participación limitada y hasta decorativa.
Uno de los propósitos del proyecto del derecho a saber en el municipio de Ayutla de los Libres fue promover la vigilancia ciudadana a través de contralorías, como una forma de participación ciudadana. Pero esto es materialmente imposible, si no hay información pública y abierta hacia los ciudadanos, como en esta ocasión fue el caso del Ayuntamiento de Ayutla y del gobierno del estado, aunque la cerrazón suele ser generalizada entre las dependencias de la entidad.
Los esfuerzos que realizan instituciones como el Prosede del INAI para promover los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, derivados de una política sistemática de la dependencia, en los estados y municipios del país se diluyen fácilmente porque persisten resistencias muy fuertes a la transparencia y la rendición de cuentas.
Además de contar con mejores mecanismos que faciliten el acceso a la información e incrementen los niveles de transparencia en el estado, sería una excelente iniciativa incluir un tipo de contraloría social con capacidad de decisión, autonomía, nacida de la sociedad, con acceso a la información pública, como un componente importante del entramado que actualmente se diseña en torno al Sistema Estatal Anticorrupción, y lo sería más en un estado que tiene altos índices de marginación, como Guerrero.
Pero no, Guerrero siempre ha estado a expensas de las políticas nacionales, y ésta no será la excepción.

El foro de transparencia de Astudillo

El Sur de Acapulco

La transparencia y la rendición de cuentas son temas de reciente inclusión en los planes estatales de desarrollo. Antes de la administración de Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011), los gobernadores apenas enunciaban en estos documentos frases aisladas e incompletas respecto al ejercicio transparente de los recursos y sobre el propósito de informar a la ciudadanía de los resultados de gobierno. Fue hasta 2006, al entrar en vigor la ley de transparencia del estado, cuando los más recientes mandatarios se vieron obligados a considerar estos temas en sus planes de desarrollo de manera más consistente.
Sin embargo, enunciada o no la transparencia en los planes estatales de desarrollo, las prácticas de opacidad de las administraciones no son muy diferentes una de otra. Apenas se perciben diferencias entre los gobiernos de Francisco Ruiz Massieu y el de Ángel Aguirre Rivero, o entre el de Rubén Figueroa Alcocer y el de René Juárez Cisneros.
Vistas así, todas las políticas y acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas que se proponen en los planes de desarrollo han sido sólo buenos propósitos, giros retóricos y letra muerta, ya que los logros, al final de las gestiones, son imperceptibles en comparación con los altos índices de opacidad, los escándalos de corrupción y en general, el descrédito con el que concluyen las administraciones.
El jueves anterior, el gobierno de Héctor Astudillo Flores organizó el Foro Especial de Transparencia, en la cabecera municipal de Taxco, al que por cierto no asistió. No soy muy optimista de que las ideas que ahí se emitieron sean utilizadas para construir una política clara y consistente de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Y sostengo esto porque tradicionalmente en Guerrero los foros de consulta para confeccionar documentos como un plan estatal de desarrollo sólo se utilizan para cumplir un requisito legal (ley estatal de planeación), pero sobre todo, para legitimar políticas que regularmente ya están cocinadas; y también para cubrir al gobierno que las organiza con el barniz de la participación ciudadana.
En los foros convocados por el gobierno de Astudillo no hubo discusión ni análisis –base de un verdadero foro participativo– porque los formatos no se pensaron para ese fin; pocos conocen las propuestas, y al contrario de los que dicen los organizadores, no pueden ser consultadas en el internet. Tampoco hay representación ciudadana y de especialistas de la sociedad civil para hacer la sistematización, y en su caso, la elección de las mejores propuestas; y menos hay alguna garantía de que las ideas de los foros se reflejen en el Plan Estatal de Desarrollo. Así ha sucedido en todos los casos.
Según los organizadores, en este foro se presentaron 250 ponencias. Por tratarse de un acto político más que de análisis, no podían anunciar menos, incluso trascendió que muchas de esas ponencias fueron elaboradas por empleados de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por encargo de sus jefes. Es difícil comprobarlo, pero tampoco son muy extrañas este tipo de prácticas para simular que hay participación.

Las propuestas

Las ideas principales vertidas en el foro se pueden resumir en dos hechos ya sabidos en Guerrero: uno, que las dependencias públicas no son transparentes y tampoco rinden cuentas; y dos, que es inminente y obligatoria la incorporación de las entidades federativas, entre ellas Guerrero, a los sistemas nacional de transparencia y nacional anticorrupción.
El ponente invitado, Filiberto Otero Salas, puso el dedo en la llaga: hay plazos perentorios, que marca la Constitución, para que los estados se suban a esta política nacional. En el caso del sistema nacional de transparencia, las legislaturas estatales tienen de plazo hasta el 4 de mayo de 2016 para armonizar las leyes locales a la Ley General de Transparencia.
Para el caso del sistema nacional anticorrupción, cuyas bases constitucionales se aprobaron el 27 de mayo de 2015, el plazo para los estados se vence el 27 de noviembre de 2016, por lo que todos los actores que están involucrados deben de iniciar ya los trabajos de armonización de leyes y de construcción del sistema estatal anticorrupción.
Otero Salas fue contundente con el diagnóstico: “Se debe partir de que el estado de Guerrero no cuenta con los medios, instrumentos, normas e instituciones a través de los cuales se pueda conformar un sistema integral de rendición de cuentas para poder enfrentar la corrupción en las diferentes áreas del gobierno”.
El trabajo que está por delante, explicó el académico, debe iniciarse con un estudio cuidadoso de las normas que regulan la actuación de las autoridades, pero deben analizarse también el modo y la forma en que el cumplimiento de las leyes es vigilado y controlado.
“Se deben estudiar los procedimientos que se siguen en el estado para justificar la rendición de cuentas; se deben evaluar los resultados que dichos procedimientos ofrecen. Una vez realizado el estudio, se debe proceder a elaborar la propuesta de reformas a la constitución”. Dimensionó las modificaciones que es necesario realizar a las leyes secundarias, y enumeró algunas que requerirán cambios en el corto plazo: la ley de transparencia, la de responsabilidades de los servidores públicos, fiscalización, presupuesto y disciplina fiscal, del sistema de coordinación hacendaria, de planeación, de hacienda, de deuda pública, del código de procedimientos administrativos. Y legislar una nueva que dé origen al sistema estatal anticorrupción.
Para ello, propuso también crear, a través de un decreto del Ejecutivo del estado, un órgano interinstitucional que prepare la instrumentación y el diseño de todas las reformas encaminadas a crear el sistema estatal anticorrupción y la adhesión al sistema nacional de transparencia y acceso a la información.
El gobierno de Astudillo y el Congreso del estado no la tienen fácil. Otros estados ya realizan los trabajos necesarios para cumplir en tiempo y forma con esta obligación nacional, y en Guerrero no se sabe si hay algún avance sobre los cambios legislativos y la adecuación de instituciones.
Es muy probable que en el foro de mañana miércoles, al presentar su programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, Astudillo Flores dé inicio a los trabajos para modificar lo que es obligatorio.

La transparencia en los planes estatales de desarrollo

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1983), se introdujo como un componente de la gestión gubernamental, la planeación del desarrollo; posteriormente, cada estado legisló su propia ley de planeación (la primera de Guerrero en 1991, la vigente, en 2008). Esta ley es la que obliga a los gobiernos estatales a elaborar un Plan Estatal de Desarrollo.
El documento elaborado en la administración de Alejandro Cervantes Delgado, no consideró la transparencia ni la rendición de cuentas en ninguno de sus aparatados.
En el caso del gobierno de José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), el tema tampoco fue importante, al menos en el plan, y sólo consideró que las acciones y decisiones de gobierno se informarían a través de los medios de comunicación; también se comprometió a “Garantizar la vigencia del derecho de acceso a la información”, pero no describió mediante qué mecanismos. Asimismo, en el renglón de planeación y finanzas públicas, Ruiz Massieu propuso el “manejo de las finanzas públicas bajo criterios de transparencia, honestidad y eficiencia”.
Al Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996) tampoco le mereció ninguna importancia la transparencia gubernamental. En el tema de modernización administrativa propuso “reforzar la Contraloría del Estado y fortalecer los órganos administrativo que regulan y controlan el ejercicio público; actualizar el sistema de control y gestión interna y establecer los sistemas de control y evaluación del gasto público”. Ni una palabra más sobre la transparencia.
El gobierno interino de Ángel Aguirre (1996-1999) también contó con su plan de desarrollo. En el renglón de Libertad de expresión y prensa, y derecho a la información propuso la constitución de un “consejo de participación ciudadana para vigilar el cumplimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información”.
En el rubro de Honestidad y eficiencia de la administración pública consideró hacer “una reforma de gobierno para que la función pública sea realizada con eficiencia administrativa y transparencia en el manejo de los recursos”, y entre sus estrategias, “establecer mecanismos eficientes de rendición de cuentas del gobierno estatal y de los ayuntamientos sobre el ejercicio de los recursos y uso del patrimonio”.
Por vez primera, se incluía la vigilancia ciudadana: “consolidar la Contraloría Social como mecanismo de supervisión y vigilancia comunitaria en el ejercicio del gasto público”.
Por otra parte, en el gobierno de René Juárez Cisneros (1999-2005) se consideraron la transparencia, rendición de cuentas y contraloría social. Por ejemplo, en el capítulo de Rendición de cuentas a la sociedad, se establecía que “Para que las instituciones y sus responsable cumplan sus objetivos y funciones, deben existir mecanismos que los obliguen a rendir cuentas a la sociedad y que al mismo tiempo les den instrumentos a las y los ciudadanos para solicitarlas”.
Asimismo, en el apartado de Modernización de la Administración Pública propuso la estrategia de “Establecer mecanismos para la rendición de cuentas y la participación social, de manera que se refuerce la relación estrecha y cercana de la sociedad, y que asegure una administración pública más eficiente, eficaz y honesta”, y entre las acciones consideró la actualización de la Ley Estatal de Adquisiciones y Obra Pública, para “hacer transparentes y públicos los mecanismos administrativos de asignación de contratos, adquisiciones, licencias y concesiones por ser áreas susceptibles a mayor corrupción”. En este gobierno también se dijo que se mejorarían los sistemas de la contraloría social.
Los programas estatales de desarrollo de Torreblanca y Aguirre

En 2005 ya se habían legislado leyes de transparencia y acceso a la información en varios estados y obligaba a los gobiernos a abordar este tipo de prácticas. A partir del gobierno de Zeferino Torreblanca (2005-2011) fue notoria la inclusión de objetivos y políticas de una manera más específica.
Así, el Plan Estatal de Desarrollo de la administración zeferinista se propuso “establecer un sistema de gobierno honesto y eficiente que garantice resultados en la operación y aplicación de los recursos con transparencia y cumplimiento con el principio de rendición de cuentas”.
Se planteó lograr esto mediante estrategias como informar a la sociedad de forma periódica, oportuna y transparente sobre la aplicación y utilización de recursos públicos federales y estatales, proponer una reforma integral al marco jurídico de fiscalización estatal y municipal, establecer políticas y acciones integrales de combate a la corrupción dentro de la administración pública estatal.
Otras estrategias fueron desarrollar sistemas de administración digital que agilicen y den soporte a los procesos de gestión pública y hagan transparente su operación, generar un marco jurídico y normativo que garantice el derecho a la información y constituir la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el Plan Estatal de Desarrollo del segundo periodo de Ángel Aguirre se propuso “hacer de la transparencia y rendición de cuentas un fundamento de la gestión gubernamental del estado”, y entre las estrategias destacó la incorporación plena de la ciudadanía en la vigilancia y seguimiento del uso de los recursos públicos, y del desempeño de los servidores públicos, así como impulsar los ordenamientos legales que den certeza a la conformación y funcionamiento de consejos consultivos de participación ciudadana, juntas vecinales o comunitarias, y demás instancias.
También propuso establecer mecanismos para una contraloría social efectiva, y promover la participación de los ciudadanos en la evaluación de las acciones de buen gobierno; crear un centro de denuncia anónima ciudadana, como medio accesible y confiable para que se puedan denunciar actos ilegales o de corrupción.
Finalmente, propuso “mejorar y modernizar el portal de transparencia, para que resuelva las necesidades específicas de información de los ciudadanos, y para que las dependencias cumplan con las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia”.
En el gobierno de Astudillo Flores no hay que hacer cuentas alegres. La experiencia dice que aun cuando establezca en el Plan Estatal de Desarrollo una política de transparencia consistente, ésta se quedará en un buen propósito; las acciones que se pongan en práctica serán resultado inercial de las políticas que se llevan a cabo en el nivel nacional.

La agenda de ética, transparencia y anticorrupción de Astudillo

El Sur de Acapulco

En estos días, el gobierno del estado de Guerrero que encabeza Héctor Astudillo Flores presentará su agenda de ética, transparencia y combate a la corrupción. No se esperan grandes anuncios ni cambios espectaculares, sino más bien modificaciones de forma o cosméticas que en muy poco recompondrán los graves problemas de falta de rendición de cuentas y corrupción que gangrenan toda la estructura gubernamental en el estado. Todo indica que será un acto más para la foto.

Es probable que en el marco de esta actividad, el gobernador anuncie medidas que prometió en su campaña electoral, las que, por cierto, ni todas juntas configuran una política bien pensada y sólida sobre el tema. Se espera que se pronuncie sobre la obligatoriedad de que todos los funcionarios del Ejecutivo presenten sus tres declaraciones (fiscal, patrimonial y de intereses); asimismo, la creación de un sistema estatal anticorrupción, un exhorto para que todos los funcionarios públicos ajusten su conducta a un código de ética –que es como un llamado a misa-, y probablemente la elaboración y presentación de una propuesta de ley de transparencia, a efecto de armonizarla con la ley general de transparencia.

Esas serán probablemente las medidas de mayor peso, pero entre ellas no se observa una sola propuesta que modifique de raíz el actual sistema de la rendición de cuentas en el estado. Esperemos el contenido de su agenda de ética, transparencia y combate a la corrupción.

Tres de tres

Trascendió que una de las medidas que anunciará en los próximos días el gobernador es la obligación de que sus colaboradores y funcionarios de primer nivel presenten sus tres declaraciones (fiscal, patrimonial y de intereses), como una forma de transparentar sus bienes. Sin duda, es una medida saludable, pero insuficiente y parcial para la rendición de cuentas de los servidores públicos.

Cabe recordar que este recurso fue propuesto en las recientes elecciones de junio de 2015 y se le denominó 3 de 3. Al respecto, hubo dos campañas ciudadanas que se difundieron más o menos ampliamente sobre la transparencia de los candidatos. A una de ellas se le denominó Candidato Transparente, y fue convocada por las organizaciones Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de Competitividad.

En el estado de Guerrero, esta campaña no tuvo buenos resultados, pues los aspirantes a puestos de elección dejaron ver un enorme desprecio por la ciudadanía: en el caso de los candidatos (as) a gobernador, sólo hicieron públicas sus declaraciones tres de los nueve aspirantes: Beatriz Mojica Morga, Héctor Astudillo Flores y Jorge Camacho Peñaloza. Nadie más.

Por cierto, a partir de la información que publicó el ex candidato Astudillo Flores, éste recibió muchas críticas sobre el monto de su salario, y especialmente por el extraño hallazgo de que él no contara con ninguna propiedad, y su esposa sí tuviera hasta 12 bienes inmuebles ubicados en Guerrero y el Distrito Federal. En esa ocasión, el aspirante a gobernador reportó ingresos anuales por 885 mil pesos por su labor como diputado del Congreso del estado. Sin embargo, su cónyuge, según los documentos que presentó, percibió 3 millones 521,244 pesos al año.

No está de más comentar que ese es uno de los efectos que se busca conseguir con la presentación de 3 de 3, es decir, el escrutinio público que es propio de una sociedad democrática, y por eso se requiere de la transparencia de los datos y la información gubernamental y de quienes ejercen ese gobierno, a efecto de que puedan ser valorados, criticados por la ciudadanía.

Ley general de transparencia

Otra de las acciones que tal vez proponga el gobernador es la homologación de la ley de transparencia local a la Ley general de transparencia. Como se sabe, en febrero de 2014 se reformó el sexto constitucional y en mayo de 2015 se aprobó la ley general de transparencia dándose un año para que las legislaturas de los estados armonicen sus leyes con la ley general.

Si la anuncia el gobernador, ésta será una medida significativa solo si cumple por lo menos con dos criterios: que el Ejecutivo elabore y envíe al Congreso del estado una propuesta de ley realmente de avanzada, que coloque a la de Guerrero, por vez primera, entre las mejores del país. Y el otro criterio es que el gobierno del estado junto con el Congreso local organicen una consulta amplia e incluyente para que esa ley nazca con amplio consenso social. Sin embargo, ambas condiciones será difícil que se cumplan.

Si Astudillo Flores sólo se pronuncia por enviar la iniciativa para que la discuta el Legislativo, no puede considerarse una medida significativa, pues de hecho es un mandato que deberá cumplirse tarde o temprano porque así lo ordena la constitución.  

¿Un sistema estatal anticorrupción?

Durante los debates entre los aspirantes a la gubernatura del estado, el ex candidato Astudillo Flores se comprometió a crear el sistema estatal anticorrupción, “que contará con los controles necesarios para minimizar los actos de corrupción y castigar hasta sus últimas consecuencias a los corruptos”.

Sin duda, ese compromiso es tan grande y complejo que si lo anuncia y además genera los mecanismos para disminuir los niveles de corrupción en el estado, Astudillo pasará a la historia como uno de los mejores mandatarios de la entidad. Pero nadie espera que vaya a fondo, se auguran más bien medidas más mediáticas que efectivas, y esta omisión será uno de los fantasmas que lo perseguirán todo su gobierno.

La corrupción no es un asunto menor, se encuentra metida hasta en los resquicios más escondidos de las estructuras gubernamentales. Ya el anterior contralor general del estado, Eduardo Loría Casanova, ratificaba que de acuerdo con un estudio, Guerrero reprobaba en materia de corrupción y ocupaba los primeros lugares. “Los índices de corrupción son altos en Guerrero, Transparencia Internacional indica que se encuentra en el número 30 de los 32 existentes. De 1 a 10 estamos en 3.5, estamos reprobados”, reconoció el ex contralor (Enfoque Informativo).

Otra fuente gubernamental afirmó que “Guerrero ocupa, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el primer lugar en corrupción en manejo de recursos, servicios públicos y trámites, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental”, realizada por el organismo público en 2013 (El Universal).  

De cualquier forma, si el gobernador de Guerrero no se compromete a nada, en el plano nacional ya se tienen avances importantes en la creación del sistema nacional anticorrupción –al que inevitablemente tendrá que incorporarse el estado-, ya que el 27 de mayo de 2015 se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Esto fue posible en gran medida a la importante participación de las organizaciones de la sociedad civil y especialistas expertos en materia de transparencia, fiscalización y responsabilidad de servidores públicos, que colaboraron en todo el proceso de seguimiento y aprobación de la reforma constitucional anticorrupción. Su colaboración y empuje sin duda fue determinante para que el documento alcanzara óptimos niveles de calidad y fuese aprobado pese a las resistencias políticas que se encontraron en el Congreso.

Max Kaiser, especialista del ITAM, opinó que si bien la creación del sistema nacional anticorrupción es un momento histórico, también es cierto que es la “parte fácil”, porque se aprobaron solo las bases constitucionales, los grandes rasgos, los principios del sistema. Advirtió que ahora viene la parte compleja y es confeccionar las leyes secundarias, que son las que le darán forma, cuerpo, estructura, funciones, misión, herramientas, capacidades al sistema.

El investigador del ITAM agregó que se deben crear por lo menos tres leyes generales: una que establezca las funciones básicas del sistema; una ley anticorrupción o de responsabilidades graves, que establecerá las grandes hipótesis sobre actos de corrupción que serán sancionados; y una ley de fiscalización del estado mexicano, que establecerá cómo funcionarán los distintos órganos en torno a la debida utilización de los recursos públicos y la consecución de metas y objetivos de todo el sistema.

Por su parte, Mauricio Merino, investigador del CIDE y coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, explicó que la llave maestra para combatir la corrupción en los próximos años estará en la ley general de responsabilidades que legislará el Congreso de la Unión antes de mayo de 2016. Abundó que se trata de una más de las piezas legislativas que se derivan del sistema nacional anticorrupción pero, a diferencia de las demás, la de responsabilidades está llamada a rediseñar la sanción jurídica al abuso del poder en todo el país.

Expuso que la confección de esta ley no será sencilla, pues entre los especialistas “está vigente una fuerte corriente conservadora que sigue concibiendo el combate a la corrupción como un asunto de servidores públicos corrompidos a quienes debe perseguirse y sancionarse individualmente y que se resiste, en consecuencia, a comprender que el fenómeno ocurre generalmente en redes y que en éstas no solamente actúan funcionarios sino personas físicas y morales”.

Merino advirtió que una ley general de responsabilidades que se limite a describir conductas sancionables de servidores públicos, individualmente planteadas, acabaría castigando sólo a los operadores más débiles de la cadena de corrupción o produciendo chivos expiatorios tras cada escándalo; es decir, acabaría reproduciendo las mismas prácticas que ya tenemos en México.

¿Qué va a proponer el licenciado Astudillo? ¿Será sólo un pacto y un llamado a la buena voluntad de los actores públicos locales?  ¿O esperará hasta que llegue la inercia del sistema nacional anticorrupción?

Lo que anuncie no tendrá ninguna credibilidad si no denuncia ante quien corresponda los atracos que hubo en los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega a los responsables de todas las irregularidades financieras que han encontrado hasta la fecha, incluyendo Acabús, déficit financiero por 18 mil millones de pesos, obras no realizadas, depredación de aguinaldos, etc.

Qué se necesita en Guerrero

Lo que requiere el estado en materia de transparencia y acceso a la información es simple: que se cumpla la ley. Hasta hoy, las dos normas de transparencia que se han legislado en el estado (septiembre de 2005 y mayo de 2010) no han sido cumplidas ni por el gobierno del estado, ni los ayuntamientos, ni el Congreso; tampoco por la Suprema Corte de Justicia, ni los organismos autónomos. Nadie lo ha hecho cabalmente.

El diagnóstico es apabullante: las 160 dependencias públicas del estado registradas como sujetos obligados de la ley de transparencia tienen un irrisorio 27.8 por ciento de cumplimiento de su información de oficio, en promedio. Y no solo eso: las dependencias continúan reticentes a entregar la información que solicitan los ciudadanos.

El gobernador puede comenzar con acciones simples. Para lograr que haya un aceptable cumplimiento en la publicación de la información de oficio y mejorar los mecanismos de acceso a la información que exige ya la Ley General de Transparencia, sólo requiere dictar e instrumentar una política clara y vigorosa de transparencia hacia las dependencias del Ejecutivo. Si no lo hace, cualquier declaración de que su gobierno es transparente será una simulación.   

También puede exhortar a los otros poderes a hacer lo mismo. En el diagnóstico de la transparencia, el Congreso del estado y el poder judicial del estado tienen puntuaciones de cumplimiento muy bajas. El Legislativo, además, por mandato constitucional debe armonizar la ley local a la Ley General de Transparencia, y tiene de plazo hasta mayo de 2016.

En breve, Guerrero deberá adherirse obligatoriamente al Sistema Nacional de Transparencia, y eso requiere de recursos financieros para la operación de una plataforma electrónica similar al Info Guerrero y para la publicación de la información de oficio de las dependencias del estado. El gobernador puede anunciar ya medidas y no esperar hasta que se armonice la ley local.

Los ayuntamientos de Guerrero son de los más opacos del país, y escudándose en una autonomía que manejan a conveniencia, los alcaldes desafían abiertamente la normatividad en transparencia.  Algo se debe hacer, pues ahí se localizan los casos de mayor impunidad. El gobierno del estado y el Congreso pueden proponer y establecer controles para que los ayuntamientos ya no vivan en la impunidad en el ejercicio del gasto.

Todo lo anterior no requiere de actos espectaculares ni de grandes inversiones, simplemente disposición y voluntad de los actores políticos.

Urgente la armonización de la Ley de Transparencia

El Sur de Acapulco

Guerrero se perfila a convertirse de nueva cuenta en uno de los estados que legisla de última hora su ley de transparencia. Ya en procesos legislativos anteriores, el Congreso del estado dio muestra de su desinterés y apatía, desacatando incluso un mandato constitucional (la reforma al sexto constitucional de julio de 2007) para contar en tiempo y forma con una ley que realmente facilite el acceso a la información, mejore los niveles de transparencia y siente las bases para el escrutinio ciudadano y la rendición de cuentas.

La reforma al sexto constitucional de febrero de 2014, así como la aprobación de la Ley General de Transparencia en mayo de 2015, abrieron un nuevo capítulo en esta materia, que debe ser respaldado y ratificado por las legislaturas de las entidades federativas, con la modificación de sus actuales leyes locales de transparencia o la creación de otras nuevas, para estar acordes a los principios y las bases que exige la nueva ley general.

Como lo establece el artículo quinto transitorio de esta ley general –aplicable en todo el país-, las entidades federativas y la federación tienen hasta un año a partir de la entrada en vigor para homologar sus leyes, es decir, el tiempo límite es a mayo de 2016.

La pelota está pues en la cancha de las legislaturas estatales.

Armonización en los estados

Al 4 de diciembre, sólo cuatro entidades federativas habían armonizado sus leyes de transparencia con la ley general en la materia: Coahuila, Jalisco, Querétaro y Tabasco. A escasos cuatro meses de que venza el plazo legal en mayo de 2016, aún 27 estados y el Distrito Federal no cuentan con leyes adecuadas. “Es evidente que los congresos locales dejan para el final temas fundamentales que deben tratarse con la mayor apertura y discusión pública”, advirtió Guillermo Noriega Esparza, coordinador del Colectivo por la Transparencia, que aglutina a 16 organizaciones especializadas en la materia. 

Noriega Esparza comentó que “si bien entre estos 28 estados, existen 8 estados que cuentan con al menos una iniciativa formal dentro de los registros de los Congresos locales, en 20 entidades no se ha documentado ni siquiera la existencia de un proyecto de iniciativa”.

Más preocupante aún –insistió Noriega-, “solamente dos estados: Baja California y Quintana Roo han implementado procesos de participación ciudadana amplios y formales para que la sociedad civil pueda acompañar, vigilar y opinar sobre estos procesos legislativos”.

En efecto, en Baja California se ha organizado varios foros de consulta. Y en Quintana Roo se ha elaborado un proyecto de ley con la participación de amplios sectores de la sociedad civil. Sin embargo, “en general, los estados obstaculizan la apertura de los procesos legislativos. Por ejemplo, el gobierno poblano se sigue oponiendo a la participación de los ciudadanos a pesar de las reiteradas demandas de organizaciones”, concluyó.

El primer caso conflictivo

Un editorial de la Red por la Rendición de Cuentas destacó que la ley de transparencia y acceso a la información más recientemente aprobada, la de Tabasco, “limita seriamente la garantía ciudadana de acceso a la información pública”. El texto explica que la iniciativa de ley se presentó sin mucha discusión y contó con el voto favorable de 31 de los 35 diputados que integran la legislatura tabasqueña.

La ley contiene avances importantes en lo referente a los plazos de respuesta, las obligaciones de transparencia, el reconocimiento de la prueba de daño y los procedimientos sancionadores; sin embargo, en la norma se estableció que las resoluciones del órgano de transparencia local serían vinculantes, definitivas en inatacables, salvo si a juicio del coordinador general de asuntos jurídicos del poder ejecutivo del Estado se pone en riesgo la seguridad estatal.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuenta con la facultad de atracción sobre asuntos estatales, y con esto, el coordinador general de asuntos jurídicos estatal puede interponer recursos de revisión en materia de seguridad estatal directamente ante el órgano garante nacional “cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad del Estado”.

A juicio del Colectivo por la Transparencia, este recurso de revisión en materia de seguridad estatal es violatorio al derecho de acceso a la información y va en contra del espíritu de la reforma constitucional de transparencia, así como de la propia Ley General de Transparencia.

Continúa el Colectivo que si bien la ley general contempla el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, esta facultad fue criticada por los defensores del derecho a saber como una práctica regresiva. Y agrega que ésta es una facultad constitucional de uso exclusivo del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, por lo que no puede ser replicada en las leyes estatales para facultar a los poderes ejecutivos a recurrir las sentencias cuando se trate de posible información que ponga en riesgo la seguridad estatal.

Guerrero, siempre retrasado
La historia de Guerrero en materia de legislación en transparencia no es muy afortunada. Mientras en el estado la LVII Legislatura del Congreso local aprobaba, en septiembre de 2005, la primera ley de transparencia que estuvo vigente en el estado, en 25 entidades del país ya habían aprobado sus respectivas leyes. El retraso respecto de otros estados fue indicativo del poco interés que exhibió el Legislativo guerrerense por estos temas, ya que por otra parte había desde 2003 en el Congreso del estado una propuesta de ley y hasta entonces no se había tomado en cuenta.

La aprobación de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, la segunda en el estado, se concretó el 11 de mayo de 2010, es decir 22 meses después del plazo perentorio que mandató el artículo segundo transitorio del sexto constitucional reformado. Otra vez, el desinterés de los legisladores retrasó también la oportunidad de contar con mecanismos más ágiles para el acceso a la información y mayores exigencias de transparencia gubernamental.

Nada indica que en esta tercera ocasión donde está en puerta el requisito de homologar la ley local, se vaya a realizar en el tiempo que exige la Constitución.

Cómo están las leyes actuales

Los resultados 2015 del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), elaborado por la organización Fundar, centro de análisis e investigación, ratifican la necesidad de que todas las leyes de los estados tengan un piso mínimo del cual partir.

El estudio de Fundar concluyó que persisten los grandes rezagos en el marco legal de las entidades federativas. De acuerdo con los resultados de su estudio, “la mitad de las leyes estatales siguen reprobadas. Más preocupante aún es que entre estas 17 leyes reprobadas, 16 fueron reformadas de 2007 a la fecha y no lograron mejorar las condiciones de la transparencia”.

Abundó la organización, que según el IDAIM 2015, a la fecha sólo nueve leyes locales cumplen con la reforma constitucional en materia de transparencia del 2007. Esta tendencia de los congresos locales en no cumplir con los plazos y los estándares es un obstáculo a la garantía del derecho de acceso a la información pública en el país.

De acuerdo con la puntuación del IDAIM 2015, la legislación del estado de Guerrero se ubica entre las “regulares” del país, con una calificación de 6.870, apenas arriba del promedio nacional que es de 6.038. Con esa puntuación, Guerrero ocupa el quinto lugar entre las leyes del país, sólo por debajo de las legislaciones de Coahuila y el Distrito Federal, que se consideran “buenas” por su calificación de entre ocho y diez puntos; y de Colima y Puebla, que también se calificaron como “regulares” por haber obtenido un puntaje de entre 6 y 7.9.

Las peores calificaciones del país fueron para las leyes de los estados de Hidalgo (4.594 puntos), Baja California Sur (4.741), Yucatán (4.929), Querétaro (4.951) y Campeche (4.976).

Aun cuando la actual ley de Guerrero se ubica entre las denominadas “regulares” por su diseño normativo e institucional y sus procesos de acceso a la información y obligaciones de transparencia, lo cierto es que en la aplicación de esta ley, el estado reprueba rotundamente, ya que hay un marcado desinterés e impunidad de los sujetos obligados, como lo muestran los monitoreos realizados en el estado.

Recomendaciones a la ley

El Colectivo por la Transparencia, que lanzó la campaña #Armonizatuley, emitió una serie de recomendaciones a cada uno de los estados que no han homogeneizado su norma a la Ley General de Transparencia.

En el caso de Guerrero, ese grupo de organizaciones sugiere que “La ley debe hacer un reconocimiento expreso del acceso a la información como derecho humano que comprende solicitar, difundir, buscar y recibir información”.

Asimismo, propone que se incorporen como sujetos obligados para cumplir con la ley, a los partidos políticos de manera directa (actualmente los partidos lo deberían hacer a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado), los sindicatos cuando reciban recursos públicos, y toda persona que por mandato de ley ejerza actos de autoridad, realice funciones públicas o de interés público. También se sugiere que la nueva ley de Guerrero establezca la obligación de participar en el Sistema Nacional de Transparencia.

Una de las aportaciones de la Ley General del Transparencia, consideradas por el Colectivo por la Transparencia entre sus recomendaciones al legislativo del estado, es la constitución de un consejo consultivo del ITAIG, cuyos encargos deberán ser honoríficos y se sugiere que no rebasen los siete años en el cargo. Asimismo, la legislación contemplará el procedimiento de designación y renovación de consejeros del Consejo Consultivo y establecerá entre sus facultades, la de opinar sobre el programa anual de trabajo del organismo garante, así como su cumplimiento, además sobre el proyecto de presupuesto del organismo garante.

Para garantizar que se cumpla con la Ley General de Transparencia, los legisladores guerrerenses deberán incluir en la ley local la obligación de que el estado se incorpore a la plataforma nacional de transparencia. Lo anterior será posible siempre que se establezca la obligación del ITAIG de desarrollar, administrar, implementar y poner en funcionamiento la plataforma electrónica, crear un sistema de solicitudes de acceso a la información, crear un sistema de gestión de medios de impugnación, crear un sistema de obligaciones de transparencia, y promover la generación de información en formatos abiertos.

En cuanto a medidas de apremio, el Colectivo por la Transparencia sugiere que la ley local considere la amonestación como medida de apremio, así como multas de 50 hasta mil quinientas veces el salario mínimo, a efecto de que sean aplicados por el organismo garante en el ámbito de su competencia.

En materia de sanciones, la propuesta del Colectivo es que en la ley de Guerrero se establezcan las causas de las sanciones, las cuales no podrán ser menores a las establecidas en la ley general de transparencia, y éstas deberán ser aplicadas por el ITAIG, pero en el caso de las multas a los partidos políticos, ésta facultad deberá tenerla el IEPC. Otro asunto muy importante es que la ley deberá incluir un procedimiento sancionador, ya que la actual ley no lo tiene y hasta hoy, no se ha cobrado una sola multa en el estado por irregularidades en la ley de transparencia estatal. También, la ley otorgará al ITAIG la facultad para denunciar la presunta comisión delitos ante la autoridad competente.

Los retos para Guerrero

Está pendiente la armonización de la ley local a la Ley General de Transparencia que corresponde a la LXI Legislatura del Congreso del estado. Será un proceso cuesta arriba porque al iniciar enero de 2016 restarán sólo cuatro meses de los 12 que ordenó la Constitución, y aún no se conoce alguna iniciativa que se esté trabajando y mucho menos que se esté consultando con la ciudadanía.

Pero tan importante como la armonización de la ley es que el Ejecutivo del estado, el Congreso, la Suprema Corte de Justicia, los ayuntamientos y organismos autónomos comiencen a diseñar estrategias que les permita organizar y difundir la información pública, pues la Ley General de Transparencia es mucho más rigurosa y exigirá una especie de “estandarización” de los procedimientos tanto para el acceso a la información como de las obligaciones de transparencia en todo el país, por medio de un sistema nacional.

Si no hay una reacción pronta, se evidenciará por enésima ocasión a las dependencias públicas del estado por sus opacidad, negligencia o reticencia.

Regresamos con Monitor de Guerrero el 19 de enero.