En 2016, bajo presupuesto para Guerrero

El Sur de Acapulco

El gobernador Héctor Astudillo Flores tendrá que esperar mejores tiempos para contar con recursos que permitan financiar sus compromisos y promesas de campaña. Con un magro presupuesto en puerta, la nueva administración estatal tendrá muy poco margen de maniobra en 2016 para ejecutar los proyectos que trae en su agenda, pues el presupuesto de egresos de la federación 2016, de donde provienen la mayor parte de los recursos que se gastan en Guerrero -96.1 por ciento, según el presupuesto de egresos del estado de Guerrero 2015-, se augura que tendrá un incremento marginal respecto al presupuesto del presente año.

A lo anterior hay que sumar un déficit financiero de 13 mil millones de pesos, destapado por el gobierno anterior, pero cuyas responsabilidades provienen desde hace varias administraciones, y del que no se sabe aún cómo será cubierto. También debe sumarse el engrosamiento de la nómina del Ejecutivo estatal con la creación de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

No sólo Guerrero será objeto de un estancamiento en el presupuesto, sino todo el país. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se tendrá un gasto total equivalente a 4 billones 763 mil 874 millones de pesos, superior en 16,928.3 millones a lo planteado por el Ejecutivo federal en su propuesta de paquete económico que envió al Congreso el 8 de septiembre pasado.

Comienza pues, el amargo despertar que presenta un cuadro desalentador donde, en el mejor de los casos, todo permanecerá igual, y en el que difícilmente podrán experimentarse mejoras con un presupuesto que apenas alcanza para la operación de la gran burocracia estatal. Esto adicionado con la ausencia de propuestas específicas, viables y efectivas para hacer realidad el lema de orden y paz.

Aportaciones federales

Las aportaciones federales del Ramo 33 son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de metas específicas. Para el estado representan los recursos más cuantiosos provenientes de la Federación, ya que sumados los ocho fondos, alcanzan un monto de 29,738.5 millones de pesos para el ejercicio 2016, y esto representará más de la mitad del presupuesto total del estado en el año siguiente.

El sector que más dinero tiene en Guerrero es el educativo, pues ocupa poco más de la mitad de las aportaciones (Ramo 33) provenientes de la Federación, y cerca de la tercera parte del presupuesto total del estado de Guerrero. Estas inversiones contrastan con los enormes rezagos que aún se observan en el estado en materia de educación.

Desde este ejercicio se inició la operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), antes FAEB, recursos que ahora son administrados a nivel central por la Federación es decir, presupuestalmente son cargados al Estado pero ya no serán radicados a la Entidad.

De acuerdo con el presupuesto de egreso del estado, en 2014 la federación envió recursos por 13,197.2 millones de pesos y en 2015 por 13,512.9, para un incremento de 2.4 por ciento.

En el proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2016, el FONE se presenta integrado por varias partidas, para servicios personales se destinarán 15,575.5 millones de pesos, a “Otros de Gasto Corriente” 697.6 millones, a gastos de operación 441.8 millones de pesos, y a fondo de compensación no se destina nada, en total 16,714.9 millones de pesos.

Cabe recordar que el sector educativo guerrerense enfrenta un fuerte déficit por el pago de plazas a docentes “sin techo presupuestal”, que según funcionarios del gobierno anterior, eran de por lo menos 12,326 plazas que se fueron creando desde 2001.

Estos son los tradicionales problemas financieros que provocan los gobernadores, secretarios de estado, diputados y los propios sindicatos de maestros, por sus pésimas administraciones; el déficit en el sector educativo comenzó cuando, para atender a sus “clientelas” o apoyadores electorales, los colocaron en la Secretaría de Educación, sin que hubiera dinero autorizado por la Federación –casi todo el presupuesto de la SEG proviene de los recursos federales- para pagar sus salarios.

Hoy se paga esa irresponsabilidad y nadie se atreve a tocar con denuncias a René Juárez Cisneros, a Zeferino Torreblanca Galindo y a Ángel Aguirre Rivero y a sus secretarios de educación, así como a las diferentes expresiones gremiales de los maestros, que tuvieron una responsabilidad directa en este déficit.

Con el nuevo esquema presupuestario del FONE, los estados ya no ejercerán el recurso para la nómina del sector educación, sino esta operación se realizará desde la Federación. La creación de nuevas plazas sin techo presupuestal ya no será posible, por lo menos en el estado.

Sector salud

El segundo fondo más importante que recibe el estado es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud o Fassa. De este fondo del ramo 33, se recibieron del orden de 3,344.7 millones de pesos en 2014, y en el año siguiente fueron 3,675.4 millones, para un incremento de 9.9 por ciento.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos para 2016, los recursos destinados a los servicios de salud se integrarán como sigue: Protección Social en Salud, 3,093.6 millones de pesos; prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, 758 millones; y rectoría del sistema de salud, 218.6 millones de pesos. En total, el estado de Guerrero recibiría 4,070.2 millones para este rubro.

En el sector salud también hay un déficit financiero de operación de alrededor de 800 millones de pesos anuales, correspondientes al pago de cerca de 5 mil trabajadores contratados desde 2004 “para eficientar el programa de Seguro Popular”, según informó el ex gobernador interino Rogelio Ortega Martínez.

Por su parte, el ex secretario de Salud del gobierno del estado, Edmundo Escobar Habeica, dijo, respecto a las responsabilidades, que “estamos hablando de la administración anterior y de la anterior a la anterior, esto no lo hemos detectado al detalle, pero empezó con el Seguro Popular en 2004. Empieza a haber una inyección financiera con el Seguro Popular y empieza a haber una mayor demanda de servicios y esto es una mayor demanda de inversión”.

Más recientemente, el 17 de noviembre, la secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud (SNTSA) y diputada federal, Beatriz Vélez Núñez, aseguró que el déficit en la Secretaría de Salud Guerrero es de casi 5 mil millones, y eso ha dificultado cumplir puntualmente las obligaciones.

“Cada día encuentran que hace falta más dinero en la Secretaría de Salud, o que está sin comprobar ese recurso, y eso está deteniendo la operatividad de los servicios”, indicó.

Obra pública estatal

Respecto al fondo de infraestructura social estatal (Fise), destinado a la obra pública estatal, en 2014 el gobierno del estado recibió 608.5 millones de pesos, mientras que en 2015, el monto por este concepto fue de 604 millones de pesos. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, en 2016 se enviarán a Guerrero 630.5 millones de pesos, lo que representa un incremento marginal respecto de los años previos.

Cabe mencionar que alrededor de este fondo también se conocen escándalos financieros. Por ejemplo, en la más reciente revisión a la cuenta pública de este fondo (2013) por la Auditoría Superior de la Federación, se encontró un probable daño o perjuicio por un monto de 23.5 millones de pesos “por no haber presentado la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a un traspaso de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2013, a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero”.

El órgano fiscalizador de la federación aseguró que al estado le fueron entregados 565.1 millones, que sumados con los intereses dieron un total de 570.6 millones. Agregó la ASF que al 31 de diciembre de 2013, el estado gastó 368.6 millones, para un subejercicio de 35.4 por ciento, y al 31 de mayo de 2014 se habían gastado 506.8 millones teniéndose un subejercicio de 11.2 por ciento.

Por otro lado, la ASF también denunció que la Secretaría de Desarrollo Rural ejerció 4.7 millones de pesos en la ejecución de 10 obras y 2 acciones que no tienen un beneficio regional o intermunicipal, lo que refleja debilidades en la orientación de los recursos del fondo.

Los ejemplos anteriores ilustran la discrecionalidad con la que son ejercidos los recursos públicos, pues en un estado con tantas carencias parece difícil concebir que se presenten subejercicios y que además el dinero se invierta en obras que no tienen el mayor impacto.

Recursos a los municipios

Hay dos fondos del Ramo 33 que se destinan a los municipios, el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Del FISM en 2014, la federación envió 4,409.5 millones de pesos, y al año siguiente fueron 4,454 millones. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos 2016, esa cantidad se incrementará a 4,571.2 millones destinados a obras y acciones de infraestructura social en los municipios para un incremento de solo 117.2 millones de pesos que representan 2.6 por ciento.

Respecto al Fortamun, éstos son recursos que se destinan a la satisfacción de diversos requerimientos de los ayuntamientos, pero sobre todo al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

En 2014 los municipios guerrerenses recibieron globalmente 1,730.2 millones de pesos del Fortamun, en tanto que en 2015 la cantidad fue de 1,736.9 millones. El proyecto de PEF 2016 considera enviar 1,819.2 millones, es decir, una diferencia de 82.3 millones de pesos, que equivalen a 4.7 por ciento de incremento.

Especialmente del FISM hay mucho que decir, y entre las irregularidades más sobresalientes que cometen los ayuntamientos destacan el uso de altos porcentajes de recursos para la compra de fertilizante, y no para obra pública; la inversión en obras que no se consideran de impacto para superar rezagos sociales, y la poca o nula información de los ayuntamientos hacia la ciudadanía y hacia las dependencias normativas y fiscalizadoras.

Otros fondos del Ramo 33

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se orienta al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyo a la población en desamparo, así como a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y superior.

Según el proyecto de PEF 2016, se tiene previsto un monto por 458.4 millones de pesos para la vertiente de asistencia social, y no se tiene contemplado ningún monto para infraestructura de educación. El PEF considera 6,840.1 millones para educación básica, y de 3,847.5 millones de pesos para educación media superior y superior, pero bajo la denominación de “no distribuible geográficamente”.

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) son aportaciones federales y se consideran recursos propios que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados y del DF. Estos recursos buscan fortalecer los presupuestos de los estados y del Distrito Federal y las regiones que conforman, así como su saneamiento financiero. Para el ejercicio 2016, se tiene programado un monto de 1,261.1 millones de pesos, que es mayor a los 1,192.5 que se establecieron en 2015.

Finalmente, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) tiene el propósito de que los estados presten los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos a través de los CONALEP y los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos, para abatir el rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo, así como proporcionar educación tecnológica.

En el proyecto de PEF 2016, para la vertiente de educación tecnológica el FAETA presupuestó un total de 124 millones de pesos, en tanto que para educación de adultos contará con 88.5 millones de pesos.

Son pocos los recursos que tendrá el estado para miles de carencias. El gobierno del estado se observa gris, de bajo perfil, sin iniciativa. Ojalá no sea la tónica de todo el sexenio.

Histórico triunfo de los usos y costumbres

El Sur de Acapulco

Sin ocupar las primeras planas de los diarios, hace unos días ocurrió un acontecimiento histórico en el municipio de Ayutla de los Libres. Las comunidades rurales y urbanas decidieron mayoritariamente que la elección de su gobierno municipal no será más por el sistema de partidos, sino por usos y costumbres.

La trascendencia de este hecho es por partida doble: la población de esa demarcación tendrá la oportunidad de elegir a sus autoridades municipales mediante mecanismos que pueden garantizar una mejor representación de sus intereses –lo que ya no sucede con el sistema de partidos-. La otra, es la puesta en práctica de un ejercicio ciudadano por excelencia: la consulta –equiparable a un referéndum o plebiscito- mediante el que se le dio poder a la gente para que tomara una decisión de gran importancia. Eso, ni en Guerrero ni en México sucede todos los días.

Sin embargo, hay una oposición férrea contra el sistema de elección de gobiernos por usos y costumbres. En la reciente consulta celebrada hace unos días en el municipio de Ayutla, para recoger la opinión de los habitantes sobre este asunto, se observaron de manera muy clara estrategias de todo tipo, puestas en marcha, ahora sí, coincidentemente, casi todos los partidos, unidos o cada uno por su lado, para que no fructificara la iniciativa de consulta a la ciudadanía.

Manuel Quintero Vázquez, asesor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), una de las agrupaciones que promovió esta consulta, dijo hace unos días, según testimonio recogido por El Sur, que los simpatizantes del sistema de partidos echaron a andar su maquinaria y hubo “hasta marchas y perifoneo en las comunidades en las que les decían que votar por usos y costumbres era un retroceso de 500 años”.

También convenientemente dejaron correr el rumor de que si las y los ciudadanos optaban por esta forma de elección, les quitarían el presupuesto a los ayuntamientos y dejarían a la gente sin los programas sociales que usan para su sobrevivencia (Proagro, Prospera, Dif), “cuando eso no es verdad, el presupuesto y los programas van a seguir igual”, dijo.

Aclaró que la elección por usos y costumbres “es una forma diferente de elegir a nuestras autoridades, que es a través de la asamblea comunitaria y un ejemplo más eficaz y transparente”. Y agregó que a quienes no les conviene este modelo es a aquellos que siempre han tenido el poder.

En efecto, la elección por usos y costumbres es una manera de quitar el control de las decisiones importantes y los recursos de los municipios a los tradicionales políticos –que roban, desvían recursos, presionan, engañan, todo excepto invertir honesta y transparentemente en obras y servicios para el pueblo- que están incrustados en todos los partidos políticos.

El camino para que el propósito final de una elección por el sistema de usos y costumbres se cumpla no será fácil. Los partidistas buscarán reventar el proceso para que retorne un sistema basado en la elección por partidos políticos, que de origen no es malo, pero que se ha pervertido de diferentes maneras, como el clientelismo, entre las más extendidas. La desorganización de las comunidades y la incapacidad e inmadurez para llegar a acuerdos, son también factores latentes que pondrían en riesgo este valiosos resultado.

De cómo se resuelva este proceso, dependerá la credibilidad de los ejercicios ciudadanos como éste entre las y los guerrerenses. Es mucha gran responsabilidad la que se echaron a cuestas. 

Un resultado histórico

Posiblemente no se alcance a dimensionar lo que sucedió en Ayutla: los habitantes de 138 de este municipio votaron a favor de que las elecciones municipales sean por usos y costumbres, es decir, sin partidos políticos y bajo las reglas propias de las comunidades rurales e indígenas de la demarcación.

De acuerdo con los resultados publicados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, los ciudadanos y ciudadanas de Ayutla votaron mayoritariamente por la elección por usos y costumbres. http://www.iepcgro.mx/PDFs/PCiudadana/ResultadosConsulta.pdf Esta opción alcanzó 5,987 votos contra 5,521 personas que optaron por el sistema de partidos, que representan respectivamente 49.9 por ciento y 46 por ciento. La votación total alcanzó los 11,984 votos.

Cabe destacar que en 57 localidades y colonias (41.3 por ciento del total) la votación para el sistema de partidos fue de cero, y la gran mayoría fueron comunidades rurales. Esto tiene varias lecturas, la más obvia, es que hay un hartazgo por el actual sistema político y electoral mexicano, que fue repudiado en las zonas rurales del municipio. En contraparte, en 11 localidades, casi todas colonias de la cabecera municipal, no hubo votación para el sistema de usos y costumbres.

En el equilibrio de la votación –sólo 4.9 puntos de diferencia- fue fundamental la participación de las colonias de la cabecera municipal. Hubo colonias como La Villa, que aportaron 578 votos a la elección por el sistema de partidos, o como la colonia San Felipe, que logró 379 votos; otra colonia fue la Vicente Guerrero en donde votaron 236 personas por el sistema partidista. Sólo estas tres colonias aportaron el 10 por ciento de todos los votos emitidos en el municipio en favor del sistema de partidos.

Partidos enseñan el cobre

Los partidos políticos no acaban de digerir que no son bienvenidos en las comunidades. La agencia IRZA reportó su intención, excepto el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de impugnar el resultado de la consulta ciudadana de Ayutla. Esto sucedió durante una de las sesiones del consejo general del IEPC.

De acuerdo con esta fuente, el representante del Partido Nueva Alianza, Gerardo Robles Dávalos, afirmó que el líder de la UPOEG (Bruno Plácido Valerio) está equivocado si piensa que con esos resultados “ya podrá él designar quiénes serán presidentes, síndicos y regidores en 2018” y además “no están dadas las condiciones para que se utilicen los usos y costumbres en Ayutla”, afirmó el representante, y anunció que solicitarán al Congreso la nulidad de ese método de elección.
“La ambición de Bruno Plácido de querer convertirse en señor de horca y cuchillo para disponer de quienes serán las autoridades, está muy lejos, independientemente de que el sistema de partidos no haya logrado triunfar”, sostuvo.
Manuel Saavedra, representante del PRI, por su parte, solicitó copia certificada de las actas de asambleas informativas realizadas en el municipio de Ayutla, la lista de los ciudadanos que acudieron, actas de la jornada de consulta, lista de ciudadanos registrados en la consulta en colonias y comunidades y el acta de la sesión donde se aprobó el dictamen de la consulta.
Solo el representante de Morena, Rubén Cayetano García, respaldó la decisión y precisó que los partidos políticos podrán participar en la elección de diputados, gobernador y presidentes municipales, aun en poblaciones indígenas.

La experiencia fallida de San Luis Acatlán

Entre el 1 y el 12 de febrero de este año, se realizó una consulta similar en el municipio de San Luis Acatlán, en donde las personas que participaron votaron mayoritariamente por la persistencia del sistema de partidos. Esta consulta también fue organizada por el IEPC y promovida por la UPOEG.

Cabe recordar que el anterior consejo electoral –Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG)- y obviamente los representantes de partidos incluidos, habían desechado inicialmente la propuesta, en un intento por no dejar pasar la consulta ciudadana. De acuerdo con la Agencia Quadratín, que retoma un acta aprobada por los miembros del ex IEEG de marzo de 2014, su consejo general determinó la "inexistencia histórica y por lo tanto improcedente (de un sistema) normativo interno que se reconozca como válido y se utilice para regular los actos públicos de organización para la resolución de sus conflictos, así como para elección de sus autoridades municipales" en San Luis Acatlán.

Sin embargo, en un estudio que realizó el Centro de Investigaciones en Antropología Social (CIESAS), auspiciado por el ex IEEG se detectó que en el municipio de San Luis Acatlán sí están vigentes los sistemas normativos y la elección por usos y costumbres de sus autoridades, y aun así el IEEG optó por "no proceder a realizar la consulta a los ciudadanos de dicha comunidad, para determinar si se adopta la elección de sus autoridades conforme a normas, procedimientos, y prácticas tradicionales".

La organización social que encabeza el dirigente Bruno Plácido Valerio, recurrió entonces al tribunal electoral del poder judicial de la federación (Trife) para impugnar la decisión del consejo general del ex IEEG, y con su intervención, se repuso el proceso.

La consulta en San Luis Acatlán se llevó a cabo en febrero de 2015, pero los resultados indicaron que hubo poca participación en la consulta, pues sólo emitieron su opinión 2 mil 430 personas, que representan 9.7 por ciento de los electores del municipio. De este total, mil 556 corresponden a habitantes que votaron a favor del sistema electoral vía partidos políticos, 784 a favor de usos y costumbres y 90 abstenciones.

Sin duda, en los resultados influyeron los muchos interesados en que prevalezca el sistema de partidos, el tipo de información y el tamaño de la difusión que se le haya dado a la consulta, pero sobre todo el arraigo del clientelismo y el asistencialismo en las comunidades -a cuya población le han cortado sus iniciativas y propuestas a fuerza de playeras, tortas, gorras, láminas de cartón o promesas-, y sobre todo la descomposición del tejido social propiciado por los motivos anteriores y otros también contundentes como la presencia del  crimen organizado y los liderazgos comunitarios torcidos.

Fue muy lamentable, porque los pueblos de San Luis Acatlán, con una larga historia de lucha (ahí se asienta una de las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria), no tendrán elección de sus autoridades municipales por usos y costumbres y deberán continuar con el sistema de partidos, tan lejanos de las necesidades de la gente.

Usos y costumbres en Oaxaca

Oaxaca es el referente nacional para las elecciones de usos y costumbres. Hace 20 años, no sin librar importantes luchas por los pueblos originarios oaxaqueños, se reconocieron los “usos y costumbres” en la organización política de los municipios, y en 1998 se promulgó la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Hoy 418 de los 570 municipios del estado se rigen por la forma tradicional de organización política de usos y costumbres.

En la sierra Norte de Oaxaca se localiza el municipio de Capulalpam de Méndez; ahí los pobladores mantienen un sistema de elección de sus autoridades municipales por usos y costumbres.

A diferencia de lo que sucede en Guerrero, en donde los alcaldes se convierten en reyecitos de tres años, en Capulalpam y en muchos otros municipios de Oaxaca, la gente elige a sus gobernantes mediante asambleas. Pero no hay divorcio entre gobernantes y gobernados, quienes son electos siguen puntualmente los mandatos de la población, es más, usualmente existe un Consejo de Ciudadanos que está por encima del alcalde y demás autoridades y les dictan las acciones y políticas que deben seguir, en representación del conjunto de la población. De hecho, las autoridades municipales forman parte del sistema de cargos de la comunidad; los electos no reciben salario, aunque la población los apoya para la manutención de ellos y sus familias, mientras están en el cargo.

Los resultados de este sistema, conjuntamente con otras condiciones, están a la vista: calles limpias (no por la eficiencia del servicio de limpia, sino por la concientización de la gente), obras públicas pertinentes y construidas con transparencia, una trazo urbano bastante racional y estético, asambleísmo constante, participación activa de la población en la resolución de sus problemas. Con un tejido social bien fortalecido como el de los municipios de esta región de la Sierra –territorio similar al de la sierra de Guerrero, pero sin el problema de la siembra de enervantes-, el crimen organizado no ha logrado penetrar y se palpa en la vida cotidiana de la gente, que se siente segura en sus comunidades.

Este tipo de gobiernos del pueblo son más factibles en las comunidades indígenas. Su nivel de organización y el esquema de gobernanza les ha permitido también avanzar en el uso, conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales, principalmente el bosque. Mediante diversos proyectos económicos, han logrado obtener recursos financieros para la comunidad, además de empleos para muchos de los pobladores.

Así pues, las y los habitantes de Ayutla pueden convertirse en un referente en el estado sobre cómo gobernar un municipio, sin duda, una gran responsabilidad, pero que es factible con mucha organización.

El saqueo en los tiempos de entrega-recepción

El Sur de Acapulco

Es lamentable lo que sucede en el estado. Con el pretexto del cambio de administraciones en los municipios, cada tres años hay un saqueo impresionante de bienes públicos en los ayuntamientos, y nadie pone un freno. Las noticias de las últimas semanas dan cuenta de salarios no pagados, deudas millonarias con proveedores y con bancos, aguinaldos no cubiertos, obras no realizadas, oficinas saqueadas, compromisos institucionales no cumplidos… Es una práctica, totalmente ilegal, que ya se hizo costumbre, con graves afectaciones al erario, y esto sucede a los ojos de todos, en un estado donde los niveles de pobreza de la población son muy altos.
Aunque en tiempos electorales se autopresentan como candidatos diferentes, en el ejercicio de gobierno y sobre todo en la parte final de su gestión, casi todos los alcaldes y alcaldesas terminan saqueando los recursos públicos; es un rasgo que al final, en los últimos años, los hace iguales.
Hace tres años, en este mismo espacio, nos referimos a esta práctica casi en idénticos términos: “A unos días de concluir su encargo, las administraciones de la mayoría de los ayuntamientos de Guerrero dejaron como saldo un desastre financiero que se manifiesta en escasa obra pública, servicios de pésima calidad, entrega de fertilizante adulterado y de manera parcial, deuda pública y nulo combate a la pobreza. Esta herencia que dejan los gobiernos municipales actuales reducirá el espacio de maniobra a los ayuntamientos entrantes, pues las arcas públicas estarán vacías o con insuficientes recursos para la operación regular de los ayuntamientos”.
Pero nada cambió, ni el Congreso del estado ni los órganos de control y fiscalización estatales, ni el gobierno del estado, tampoco desde la federación se preocuparon por controlar y castigar el robo de recursos públicos en los ayuntamientos. Por esta omisión e inacción, hoy continúa la depredación.
Los procesos de entrega–recepción de las administraciones se presentan como un mecanismo de control que disminuye o evita el saqueo, pero realmente son sólo actos de simulación. Hay diferentes normas que regulan estos procesos, como la Ley de entrega-recepción de las administraciones públicas del estado y municipios de Guerrero, la Ley orgánica del municipio libre del estado, la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y de los municipios, y la Ley de fiscalización superior del estado.
También hay dependencias específicas que vigilan los procesos de entrega-recepción, entre ellas, las contralorías internas, la Auditoría General del Estado y la Contraloría General del gobierno del estado. Pero ni las leyes ni la vigilancia institucional han impedido que los alcaldes dejen las arcas vacías.
Hemos visto en las últimas semanas una película repetida: gobernantes salientes firmando acuerdos de entrega-recepción con los electos y tomándose fotos, sonrientes, saludándose y hasta abrazados. Son imágenes que ellos mismos o los órganos de fiscalización o control se encargan de reproducir.
Pero apenas se dan la vuelta, los electos despotrican por las condiciones en que sus antecesores dejaron la administración, los acusan de todo, que se llevaron hasta las macetas, pero nunca presentan una denuncia ni solicitan castigo para los depredadores ante ninguna instancia.
Un ejemplo es el del ayuntamiento de Acapulco, donde el presidente municipal electo, Evodio Velázquez Aguirre, firmó el acta de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, y hasta reconoció la disposición y atención que mostró el alcalde saliente, Luis Uruñuela Fey y su equipo de trabajo, para que concluyera con éxito el proceso de entrega–recepción iniciado desde agosto de 2015. Incluso atiborró el lugar del acto con personajes de la política local y nacional, como testigos de la transición.
Sin embargo, días después, el propio alcalde se quejó de que “no tenemos los recursos para el aguinaldo en este momento; tenemos que estar trabajando a marchas forzadas para ello. Ya se hizo el análisis, no hay recursos suficientes, en este momento tenemos que trabajar con mucha responsabilidad”.
También el secretario de Administración y Finanzas del nuevo gobierno de Acapulco, Merced Baldovino Diego, salió a denunciar irregularidades en el ayuntamiento, poco después de la firma de entrega–recepción con las autoridades salientes. Por cierto, el secretario Baldovino que hoy denuncia, hace dos trienios fue presidente municipal de Coyuca de Benítez, y al concluir su periodo fue acusado por Ramiro Ávila Morales, presidente electo para el periodo 2012-2015, precisamente por saquear ese Ayuntamiento, pues dejó una situación financiera preocupante, y ejemplificó en aquella ocasión que había una deuda con la Comisión Federal de Electricidad de dos millones de pesos, que afectó severamente los servicios de agua potable y alumbrado públicos. Es una historia que se repite, en donde los acusadores de hoy serán acusados al concluir el trienio.
¿A quién le tocará denunciar por saqueo a Evodio Velázquez Aguirre y al resto de los actuales alcaldes guerrerenses?

Ayuntamientos, una calamidad

En este momento, los alcaldes entrantes no tienen dinero, muchos ni para pagar a los empleados ni el agua ni la luz. Si quieren operar, deberán solicitar préstamos, créditos, que les permitan costear las necesidades básicas de los próximos tres meses; la otra opción es mantenerse pasivos, es decir, entraron debiendo, con déficit. La población pagará, sin deberla, la paralización o disminución de las funciones de los ayuntamientos, aun cuando en enero de 2015, en los programas operativos de todos ellos, había dinero público programado para gastarse a lo largo de todo el año.
Aun con esta situación, ningún alcalde denunciará penalmente a sus antecesores porque ellos, dentro de tres años, también piensan hacer lo mismo; o porque saben que si denuncian, serían molestados, presionados o boicoteados por un sistema de complicidades que no perdona un desliz de este tipo. En estas circunstancias, la honestidad es castigada.
Pero las transiciones no concluyen con los saqueos. Desde hace muchos años hay una práctica muy común que se repite cada trienio y tiene que ver con el personal de nuevo ingreso y los que todavía permanecen del trienio anterior.
Cada ayuntamiento engrosa, a veces desmesuradamente, la nómina, a efecto de cumplir los compromisos políticos y de campaña. No es extraño que en estos días se negocien puestos de trabajo, y si no existen en la estructura municipal, se crean con tal de dar a acomodo a los amigos del compadre político. Es un proceso natural de las nuevas administraciones, pero deja de serlo cuando el crecimiento del concepto de servicios personales es desproporcionado en detrimento del gasto destinado a inversión y a programas sociales; no es lo que espera la población que votó por ellos.
La otra situación grave es al comenzar cada gestión municipal: los empleados de confianza del alcalde saliente demandan laboralmente al ayuntamiento por “despido injustificado”, ya que los nuevos alcaldes incorporan a las nóminas a nuevas personas, y tienen que prescindir de personal de confianza de los anteriores. Y es ahí donde entra la demanda.
Hay casos surrealistas en los que empleados que demandaron a un Ayuntamiento, luego de tres años son incorporados nuevamente al mismo gobierno municipal, sin que haya concluido el proceso de demanda.
Así sucedió recientemente en Iguala, donde El Sur reseña que el alcalde electo, Esteban Albarrán Mendoza, “integró a su equipo de entrega-recepción a ex funcionarios del gobierno de Raúl Tovar Tavera, que tienen demandado al Ayuntamiento y que tienen laudos condenatorios, como el ex tesorero Jesús Romero Valle, que tiene una sentencia a su favor por más de dos millones 800 mil pesos”. O como Benito García Jiménez que “demandó al Ayuntamiento en el segundo gobierno de Lázaro Mazón Alonso y tiene a su favor un laudo de más de un millón 300 mil pesos”.
De acuerdo con información del portal Digital Guerrero, 80 ayuntamientos guerrerenses enfrentan actualmente demandas laborales, sólo el gobierno municipal de Tlalixtaquilla está exento de este tipo de conflictos de trabajo; los ayuntamientos que más demandas tienen son Acapulco, con al menos mil 600 demandas por un monto de 4,000 millones de pesos; Zihuatanejo, con 370 demandas; Taxco (350); Atoyac de Álvarez (302); Iguala (192); Ometepec (178); Petatlán (161); Coyuca de Benítez (144); Tixtla (133); Chilpancingo (115); Pungarabato (114),  y Tecpan de Galeana con 112 demandas laborales.
El abogado José Luis Gallegos Peralta, citado por la publicación, comentó que “es inmoral que sean precisamente los funcionarios municipales de primer nivel quienes encabezan la lista de demandantes ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Cada vez que inicia un nuevo Ayuntamiento lo hace de forma equivocada, porque el alcalde expide nombramientos sin definir claramente el tiempo que estará al frente de una dependencia”.
Al abogado agregó que “muchas de esas demandas que hoy en día ya las perdieron los ayuntamientos, hasta parece que lo hicieron a propósito por la forma en que no fueron atendidas por los responsables jurídicos que tienen las comunas”.

Testimonios

La prensa está plagada de ejemplos del saqueo. Por ejemplo, el presidente municipal de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, aseguró que el Ayuntamiento donde fue electo no pagará a los trabajadores que dejaron de cobrar la quincena del 15 al 30 de septiembre de 2015 y la parte proporcional del aguinaldo. Explicó que el dinero “se lo llevó” el ex alcalde Rey Hilario Serrano y no se sabe qué se hizo con él. Se disculpó: “No tengo yo la manera de pagarles, les debió de pagar el presidente, porque ese dinero salió el 24 de septiembre, les debió de pagar el anterior, yo no tengo por qué hacerlo”.
Como respuesta, cerca de 200 ex trabajadores, a los que no les pagaron la segunda quincena de septiembre ni la parte proporcional del aguinaldo, y que no están conformes con su liquidación, amagaron con tomar el edificio del Ayuntamiento.
Por otro lado, en Zihuatanejo el alcalde Gustavo García Bello aseguró que encontró las arcas municipales vacías, “están agotados los recursos que se presupuestan en el año… estamos en ese proceso para etiquetar recursos que nos permitan hacer la obra pública que se tiene que hacer en Zihuatanejo”, de acuerdo con la información de la corresponsal del diario El Sur en ese municipio.
El presidente municipal de Marquelia, Arturo González Gatica, informó que pidió un préstamo destinado a pagar la segunda quincena de septiembre a los policías municipales, de tránsito y protección civil, pero omitió decir el monto de los recursos y ante qué institución solicitó el préstamo. Con este dinero, comentó, se pagarían los salarios de los trabajadores que cerraron el palacio municipal los días 23 al 29 de septiembre de 2015. En la protesta participaron 28 policías municipales, diez agentes de Tránsito y ocho trabajadores de Protección Civil, quienes demandaron garantizar el pago de 2 mil 500 pesos de la segunda quincena de septiembre y el pago del aguinaldo correspondiente a nueve meses.
En la Costa Chica, un grupo de policías municipales tomaron el palacio municipal de Azoyú por tiempo indefinido, para demandar el pago de la segunda quincena de septiembre y la parte proporcional del aguinaldo. La alcaldesa Leticia Bautista Vargas, quien despacha en su casa, dijo que les pagaría “hasta que llegue el dinero”.
En Taxco, la regidora Thalía Rodríguez Rodríguez denunció que recibieron un Ayuntamiento con finanzas municipales “no muy buenas, lo mismo que en deudas y mobiliario de las distintas oficinas, lo que pone a los nuevos servidores públicos en una situación complicada para poder trabajar inmediatamente”. Abundó no obstante que entre “todos vamos a sacar adelante la administración y solventar todos los compromisos, tomando medidas para pagar deudas como las heredadas en Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México”.
Todo esto sucede en los ayuntamientos, no obstante que en sus portales electrónicos, la Auditoría General del Estado, la Contraloría General del gobierno del estado de Guerrero, los gobernadores en funciones y electo del estado y otras dependencias difunden notas y fotos destacando su presencia en los actos de entrega-recepción. Pero ni así se detuvo el saqueo municipal.
Sólo hay que aplicar la ley, no se requieren más normas para evitar la corrupción en los relevos de alcaldes. Pero Guerrero está lleno de impunidad y no se auguran cambios relevantes, sólo cosméticos.

Contraloría ciudadana evidencia anomalías

El Sur de Acapulco

Las experiencias de contraloría ciudadana en el municipio de Acapulco evidenciaron los desvíos e irregularidades que practican las dependencias públicas en el ejercicio de los recursos y en la prestación de servicios. No son prácticas exclusivas del ayuntamiento de Acapulco, sino también del gobierno del estado y del gobierno federal, de éste, especialmente de su Plan Nuevo Guerrero, que ha destacado no sólo por el monto de los recursos invertidos, 40 mil millones de pesos, sino porque es uno de los programas más opacos de la actualidad.
Las y los ciudadanos de 24 comunidades rurales y colonias populares de Acapulco, con base en el aprendizaje de su derecho de acceso a la información, pusieron en práctica diferentes actividades para la vigilancia de las obras y prestación de servicios públicos de los que son beneficiarios, y así sacaron a flote una serie de anomalías en instituciones de los tres órdenes de gobierno, que no siempre se atendieron.
No obstante que actualmente hay suficientes normas que promueven y permiten la organización de las y los ciudadanos en contralorías sociales, las dependencias encargadas de hacerlo simplemente omiten o simulan que lo hacen. Entre la normatividad específica para este fin está la Ley General de Desarrollo Social, los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, y la Ley de Coordinación Fiscal, entre muchas otras.
Las principales irregularidades encontradas por la vigilancia ciudadana fueron el recorte e incumplimiento de las metas establecidas en los contratos, incertidumbre y desinformación de los habitantes de una comunidad por la obra que se les construirá; uso de materiales no apropiados y retraso en la ejecución de las obras, en donde las empresas constructoras siempre argumentan “que ya no tienen dinero”.
Pero la más frecuente fue el ocultamiento de información para evitar que las y los ciudadanos tuvieran referentes y datos oficiales sobre las obras y servicios públicos, y así obstaculizar la vigilancia ciudadana. Esta opacidad se ha convertido ya en una práctica sistemática, en la que, especialmente el gobierno federal, ha desarrollado recursos y estrategias discursivas, operativas y legales cada vez más sofisticadas para empantanar y ocultar la información. En menor medida, también son prácticas constantes en el gobierno del estado y en los ayuntamientos, que igualmente ponen en práctica recursos muy novedosos para negar la información.

La opacidad del Plan Nuevo Guerrero

Los habitantes de las localidades de Salsipuedes, Campanario y Apalani resintieron de manera directa la falta de transparencia del Plan Nuevo Guerrero. Son comunidades afectadas por las tormentas tropicales de septiembre de 2013, Ingrid y Manuel, y por ello elegibles para la restitución de servicios públicos destruidos.
Como se ha descrito en otras entregas de Monitor de Guerrero, el programa del gobierno federal anunciado pomposamente para la reconstrucción del estado de Guerrero, ha sido muy deficiente en la rendición de cuentas. Por este motivo, la corrupción y la desviación de recursos no se descartan y eso repercute directamente en la calidad de las obras y servicios de un programa aparentemente “noble”.
En Salsipuedes, comunidad localizada en la zona de influencia del Comité de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), autoridades y pobladores tuvieron la intención de vigilar dos obras consideradas dentro del Plan Nuevo Guerrero: las reubicaciones del jardín de niños Francisco Larroyo y de la escuela primaria Lázaro Cárdenas.
La primera acción de la autoridad local fue solicitar los expedientes técnicos de los dos planteles escolares; sin embargo, el procedimiento que se siguió son el mejor ejemplo del empantanamiento e intención de ocultar la información que hace el gobierno federal, en este caso, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Los expedientes se solicitaron el 11 de marzo de 2015, y la dependencia respondió, no con la entrega de los documentos, sino con la petición de que se le precisara la información que la comunidad requería sobre los expedientes técnicos. Esta respuesta fue novedosa, porque el Inafed es una dependencia con capacidad normativa, de consultoría y de certificación de la calidad de infraestructura física educativa, y parece imposible que no conociera en qué consiste un expediente técnico. Aún así, se le describieron los documentos que se requerían.
Finalmente, el Inafed entregó información distinta a la solicitada, por lo que al no proporcionar los expedientes técnicos, se presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que desnudó la intención de opacidad del Inafed, ya que después de estudiar el caso, en su resolución RDA 1959/15 explicó que la dependencia cuenta con un departamento de construcción de obra y proyectos especiales, que precisamente están facultados “para integrar el expediente técnico de obra y servicios relacionados con las mismas”.
El INAI emitió esta resolución el 20 de mayo de 2015 para que el Inafed realizara una nueva búsqueda de los expedientes técnicos de los dos planteles escolares de la comunidad de Salsipuedes, y le dio 10 días hábiles para cumplir la resolución.
El 29 de junio, personal del Inafed se puso en contacto con los solicitantes para aparentemente entregar la información; se le respondió en que modalidad se prefería asegurando que se cubriría el costo. Después, el Inafed no respondió nada, hasta el 6 de agosto, preguntando nuevamente por la modalidad de entrega.
Como lo informa la resolución, hicimos uso de los mecanismos de vigilancia del INAI –correos electrónicos y por vía telefónica, entre ellos, para denunciar que el Inafed no había entregado los expedientes técnicos. El órgano garante federal nunca respondió, incluso se hizo contacto con dos consejeros nacionales para explicarles el incumplimiento de la dependencia federal, pero tampoco hubo respuesta.
La comunidad de Salispuedes se quedó esperando los expedientes técnicos; la obra ya concluyó, la constructora ya se fue, y hoy comienzan a surgir los primeros desperfectos de la obra. Ante estos resultados ¿a quién se le reclama?, ¿cómo decirle a los pobladores que crean en las instituciones?
Otros casos de obras incluidas en el Plan Nuevo Guerrero son los sistemas de agua potable de las localidades de Campanario y Apalani, que también formaron parte del proyecto de contraloría social. Según las autoridades y los pobladores, la Comisión Nacional del Agua, responsable de estas obras, no proporcionó nunca información relevante sobre los proyectos de agua, ni el monto que se invertiría ni el calendario de ejecución de las obras.
Para conocer toda esta información se solicitaron entonces los expedientes técnicos de las dos obras, pero la Conagua entregó un enorme legajo de información técnica, inservible para la vigilancia ciudadana.
Sobre este punto, en asamblea la comunidad de Apalani dijo que los documentos que entregó la Conagua son información “chatarra”, ya que, salvo los planos del proyecto, todo lo demás no les servía de nada. Subrayaron que ni siquiera el presupuesto o costo total de la obra venía en el documento, tampoco el nombre de la constructora a cargo del proyecto. Se les dijo que no se presentaría recurso de revisión, sino que se buscaría que proporcionaran esa información por otra vía.
Los habitantes de estas localidades tampoco lograron vigilar la obra, sobre todo en Apalani, porque nunca se les proporcionó información de calidad para ejercer esa práctica ciudadana.

Obras de regidores

Al igual que los diputados guerrerenses de la anterior Legislatura, quienes estuvieron en medio del escándalo porque en una grabación los exhibieron exigiendo obras públicas para hacer clientelismo con ellas, en Acapulco se presume que los regidores también realizan este tipo de prácticas. En la colonia Villa Guerrero, por ejemplo, se realizó la pavimentación de la calle La Paz, que es una de las principales del lugar, pero los habitantes desconocen el monto de la construcción y los términos en que se realizó. Sólo saben que uno de los regidores del ayuntamiento gestionó la obra, porque es amigo de personas de la colonia, pero desconocen de dónde se obtuvieron los recursoe. Dicen que sólo llegó a la localidad y pidió que a la brevedad se conformara un comité de obra porque gestionaría la pavimentación.
Se solicitó información sobre esta obra al ayuntamiento y textualmente respondió que “de acuerdo con la información proporcionada por la dirección de obras municipal, esta obra no se encuentra inserta en nuestras propuestas de inversión 2013 y 2014, por lo que se le sugiere solicitar información al gobierno del estado o a la federación”.
Sin embargo, nadie contaba con que en la inauguración colocaron una placa con los nombres del presidente municipal, Luis Uruñuela Fey, y la gestión del regidor Ernesto González Pérez. Era una obra del ayuntamiento de Acapulco, por lo que se solicitó el expediente técnico. Al ayuntamiento, que quiso ocultar la construcción de esta obra, no le quedó más que hacer entrega del documento solicitado, el cual le fue entregado al comisario municipal.

Otras anomalías

En Tasajeras, localidad también del Cecop, consiguieron el expediente técnico a través de una solicitud de información, el cual señalaba claramente que la obra de la localidad incluía la construcción de dos aulas en el jardín de niños por un monto de 800 mil pesos. Sin embargo, la constructora les informó que sólo edificaría un aula y un muro de contención –aparentemente innecesario–, pues argumentó que ya no tenía dinero.
Este cambio nunca fue consultado con las autoridades de la localidad, y los representantes de la constructora hasta le recomendaron al comisario que solicitara la segunda aula en el ejercicio fiscal de 2016. Las autoridades entonces presentaron una queja ante la Contraloría Interna del ayuntamiento de Acapulco para que se aclarara este asunto.
El comisario municipal narró que a Tasajeras se presentó personal de la Contraloría Interna, al principio con una actitud prepotente, pero cuando les dijo que eran asesorados para vigilar la obra pública, los funcionarios entonces se comportaron “más razonables”.
La constructora, al verse acorralada, ofreció la construcción de un techado en el patio del jardín de niños, escaleras para acceder de la calle principal al centro escolar, y el derribo de la vieja escuela.
Estos compromisos fueron aceptados por el comisario municipal y los integrantes del comité de obra, y después se hicieron del conocimiento de la gente en una asamblea. El comisario consideró que fue positivo lograr que la constructora se encargara de las obras adicionales, porque ya tenían previsto sólo concluir una sola aula.
Otro caso de incumplimiento de metas se dio en la comunidad de Las Marías, en donde los habitantes tomaron en sus manos el cuidado de una obra de rehabilitación de dos aulas de la escuela primaria Valentín Gómez Farías.
Una vez que consiguieron el expediente técnico, se dieron cuenta de que muchos conceptos no se instalaron en la construcción, lo que motivó la indignación de autoridades y maestros locales; éstos, a través del programa escuelas de calidad, instalaron el aire acondicionado, uno de los conceptos que la empresa constructora se negaba a concluir.
Otra de las irregularidades de la obra fue la herrería de puertas y ventanas, la cual visiblemente era “reciclada”, es decir, que fue retirada de otra construcción y la instalaron como parte de la rehabilitación, pues el herraje se observaba muy deteriorado. El comisario municipal dijo que no firmaría el acta de entrega recepción, pues consideró que no era justo que la empresa abusara de esa manera.
Otras muchas irregularidades denunciadas por los pobladores de las comunidades rurales de Acapulco fueron el servicio médico –personal insuficiente, mal trato, carencia de medicinas, saturación del servicio–, el programa Prospera –vocales prepotentes y discrecionales, médicos insensibles, familias fuera del programa–; el pago Proagro productivo –el banco les contrató un seguro sin su consentimiento, funcionarios menores que piden dinero para incluirlos en el padrón, productores “rasurados del listado”.
Son acciones u omisiones casi estructurales que mucho contribuyen a mantener hundida en la pobreza a la población del estado. Es urgente continuar desarrollando acciones desde la ciudadanía, pues con los gobiernos que cada trienio o sexenio nos tocan, son pocas las esperanzas.

Contraloría social en el ayuntamiento de Acapulco

El Sur de Acapulco

Los alcaldes que concluyen su periodo de gobierno a finales de septiembre encabezaron ayuntamientos opacos y sin rendición de cuentas. Ninguna diferencia marcaron con las administraciones de sus homólogos que los precedieron, pues casi todos los presidentes municipales que se van, nunca tuvieron la disposición ni la voluntad de poner en práctica políticas de transparencia y de información hacia la ciudadanía.
El colmo es que hace unos días, varios de ellos amenazaron con bloquear la Autopista del Sol, si no les depositaban los recursos federalizados de septiembre. ¿Con qué argumentos y autoridad moral exigen recursos, si nunca transparentaron su ejercicio, como era su obligación?
En medio de este desprecio por la rendición de cuentas a las y los ciudadanos, lo más sobresaliente del trienio que culmina son algunas acciones del ayuntamiento de Acapulco, que le permitieron incrementar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de información de oficio, el diseño y establecimiento de un sistema electrónico de recepción y respuesta a solicitudes de información, y la puesta en marcha de un proyecto para promover contralorías sociales entre la población del municipio.
Sin duda, estas actividades son pocas para el tamaño y el tipo de políticas que es necesario instrumentar para la rendición de cuentas. De hecho, las acciones promovidas por el ayuntamiento contribuyeron a evidenciar los efectos limitados o nulos en el mejoramiento de la administración municipal cuando sólo se cumplen las obligaciones de transparencia propuestas en la ley estatal en la materia.
Los resultados del proyecto de participación ciudadana para la contraloría social mostraron que dentro del ayuntamiento persisten prácticas de corrupción y de desvío de recursos, especialmente en el ramo de la obra pública. Esto sucede cuando no hay una política de transparencia y rendición de cuentas amplia y vigorosa y que abarque toda la estructura del ayuntamiento.
Por ser una experiencia excepcional entre los ayuntamientos del estado de Guerrero, y tal vez como una propuesta referente para los gobiernos municipales que tomarán posesión el 30 de septiembre, en esta entrega se analiza sólo el caso del proyecto de vigilancia ciudadana que puso en marcha el ayuntamiento de Acapulco en los primeros meses de 2015.

Un punto transparente

Es infrecuente que en Guerrero un ayuntamiento promueva acciones de transparencia y de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, pues los antecedentes más bien apuntan a la nula o muy poca disposición de los alcaldes por la transparencia, que se traduce en bajos niveles de cumplimiento de sus obligaciones de información, como en general se ha observado en los últimos años.
Por la promoción de algunas prácticas, el ayuntamiento de Acapulco alcanzó en 2014 una puntuación de 93 por ciento en el cumplimiento de su información de oficio que exige la ley estatal de transparencia, lo que le valió el primer lugar en el ranking del estado. Hasta hoy, ninguna dependencia ha logrado obtener esa puntuación, de acuerdo con el monitoreo que cada año realiza la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario.
Adicionalmente, puso en marcha un sistema electrónico para el procesamiento de solicitudes de información que presenta la ciudadanía –obligatorio para los municipios de más de 70 mil habitantes–, que ninguno de los restantes siete ayuntamientos que tienen esta población (Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez y Tlapa) lo tiene todavía.
Sin embargo, si bien no se tienen indicadores o datos duros, la percepción es que las acciones para la transparencia no se tradujeron en cambios palpables en el interior del ayuntamiento de Acapulco, es decir, no hay un mejoramiento de la gestión pública, tampoco mejores servicios públicos, ni las obras han sido de mejor calidad.
Los resultados de las acciones del ayuntamiento de Acapulco son el mejor ejemplo de las limitaciones de la “transparencia normativa”, porque su diseño e instrumentación obedeció sólo a un lineamiento de cumplir los requisitos de transparencia que exige la ley, pero esto no ha tenido repercusiones importantes en la manera de ejercer los recursos ni en la prestación de los servicios públicos.
Este tipo de acciones requieren, en todo caso, incluir un componente fundamental para que la transparencia gubernamental tenga una utilidad social: la participación ciudadana, es decir, la intervención de ciudadanos y ciudadanas para que usen la información gubernamental buscando entre otros propósitos, inhibir la corrupción, vigilar el uso de los recursos, cuidar que la construcción de obras necesarias y de calidad y presionar por mejores servicios públicos.

El proyecto de contraloría social

Durante el primer semestre de 2015, se puso en marcha el proyecto de formación de módulos de participación ciudadana en 24 comunidades rurales y colonias populares de Acapulco, con el propósito de promover y difundir entre los comisarios, delgados municipales y la población en general el derecho de acceso a la información y las obligaciones de transparencia de los gobiernos municipales.
Para alcanzar estos propósitos se realizaron actividades como talleres de información y reflexión, apoyo en la presentación de solicitudes de información, visitas de seguimiento y asesoría para activar los órganos de control del ayuntamiento cuando los participantes encontraran irregularidades en la vigilancia de una obra o servicio.
En los 24 talleres participaron un total de 598 personas, para un promedio de 25 asistentes por taller. La participación de las mujeres fue significativa, ya que las que asistieron representaron casi tres cuartas partes del total de participantes.
Aunque no se cuantificó el nivel de “sensibilización” o de “concientización” de las personas que participaron en los talleres, se percibió que las herramientas de información que se les brindaron a los participantes fueron útiles para diferentes gestiones de sus comunidades, como el conocimiento de programas sociales y de obra pública (reglas de operación, fechas de apertura de ventanillas, perfiles de los beneficiarios elegibles), así como información sobre los servicios de educación y salud, especialmente los beneficios de programas de escuelas de calidad y de tiempo completo; horarios de médicos, número de personal médico de clínicas y hospitales, descripción del cuadro básico de medicinas, entre otros.
A partir de estos talleres, el número de solicitudes de información presentadas por los participantes ante dependencias de los tres órdenes de gobierno se incrementó notablemente, y este procedimiento se convirtió en uno de los más importantes del proyecto, porque las y los ciudadanos comenzaron a obtener información sobre presupuestos, obra pública, servicios de salud, educación, etc.
El tema que despertó mayor interés fue el de la vigilancia de la obra pública, por lo que los requerimientos de información se concentraron también en este rubro mediante la gestión de expedientes técnicos de las obras y del conocimiento de las principales características constructivas de la obra, amén del presupuesto, tiempos de ejecución y empresa constructora.

Solicitudes de información

El total de solicitudes de información presentadas como parte de este proyecto fue de 85, la mayoría fueron para el ayuntamiento de Acapulco (63), para el gobierno del estado (12) y en menor medida para el gobierno federal (10).
De las del gobierno estatal, cuatro fueron para la Secretaría de Salud, cuatro para la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dos para la de Educación de Guerrero, una para el Fideicomiso para el Desarrollo de Acapulco y una para la Secretaría de Desarrollo Rural.
En el caso del gobierno federal, cuatro se presentaron ante la Comisión Nacional del Agua, dos ante la Secretaría de Desarrollo Social, dos para la Secretaría de la Función Pública, una para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una para el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inafed).
Cabe mencionar que en el gobierno del estado de Guerrero se observó una tendencia a no contestar solicitudes de información, ya que de las 12 que fueron presentadas, cinco tienen recurso de revisión (queja) ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado por no responder o hacerlo de manera parcial. En el gobierno federal también se presentaron recursos en contra del Inafed y de la Sedesol, los dos ya resueltas favorablemente por el INAI. Para el ayuntamiento de Acapulco no se presentaron recursos de revisión.
El 50 por ciento de las comunidades rurales o colonias participantes presentaron tres o más solicitudes de información ante las dependencias de los tres órdenes de gobierno. La localidad de la Concepción tuvo nueve solicitudes, seguida por Apalani con siete; más atrás están Tasajeras, Órganos de San Agustín El Quemado, Campanario y San Andrés Playa Encantada, con seis solicitudes cada una.
Si se observan por temas, dos fueron los rubros que acapararon los mayores porcentajes de solicitudes de información: la obra pública municipal, especialmente los expedientes técnicos; y el sector salud, en donde destacaron preguntas sobre los horarios de médicos, cuadro básico de medicinas, requisitos para establecimiento de casas de salud o clínicas.
Al hacer un balance de la participación, en las comunidades rurales se trabajó de manera más permanente y en colectivo que en las colonias populares, y esto se registró no sólo por los niveles de asistencia, sino por el número de solicitudes que presentaron.

Los escollos para el acceso

El acceso a la información basado en el uso de tecnologías está vedado o hace difícil su ejercicio entre la población comunidades rurales, por la falta de conectividad y porque frecuentemente no hay computadoras disponibles en las localidades. Esto coloca en desventaja a los habitantes de esas zonas, amén de que se requieren ciertas competencias para el uso de la tecnología y también para el acceso a la información.
Lamentablemente, la otra opción para ejercer este derecho es hacerlo de manera presencial en las oficinas del ayuntamiento o del gobierno del estado, pero es una opción que significa dinero y tiempo que las personas generalmente no tienen.
Con este panorama, parece que el ejercicio de acceso a la información es sólo para usuarios urbanos, y ese fue uno de los obstáculos que tienen las comunidades rurales. En este proyecto, el equipo técnico encargado de ejecutarlo presentó las solicitudes, si bien la comunidad definió cuál era la información que requerían, y los términos en que se debería solicitar.
Otros de los escollos que se encontraron fue la información técnica. Como respuesta a las solicitudes de información, algunas dependencias entregaron datos útiles a los habitantes de las comunidades y colonias, pero muchas veces esta información tenía un cierto nivel de especialización, como fue el caso de los expedientes técnicos.
Las personas que conformaron los comités de contraloría social o módulos de participación ciudadana, una vez que tuvieron los expedientes, buscaron interpretarlos para apoyar su trabajo de vigilancia de la obra, pero la interpretación requería una traducción técnica que no siempre se tuvo a la mano.

La activación de denuncias

Aunque los alcances del proyecto se centraron en la promoción del derecho de acceso a la información y en el conocimiento de las obligaciones de la transparencia gubernamental, durante el proyecto se apoyó la activación de los mecanismos de prevención y corrección de la contraloría interna del ayuntamiento de Acapulco. Hubo casos como los de las localidades de Tasajeras, Ilamos, San José, Las Marías, Km 22, Km 34, en donde la contraloría interna del ayuntamiento ordenó corregir las irregularidades que se denunciaron; y en otros casos, la información fue útil para conocer las principales características de las obras que se construían.
En el municipio de Acapulco se conjugaron varios factores para que éste y otros proyectos fueran posibles. Sobresale la llegada de un presidente municipal dispuesto a generar articulaciones con la ciudadanía o que por lo menos no bloqueó las iniciativas de transparencia que se le propusieron. También fue relevante que en la unidad de transparencia del ayuntamiento se colocara a personal ligado en el pasado reciente con organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
En la siguiente entrega se revisarán casos específicos de vigilancia ciudadana promovidos por este proyecto de formación de módulos de participación ciudadana.

Dos visiones de la transparencia

El Sur de Acapulco

La Gira por la Transparencia, recientemente celebrada en Chilpancingo, puso sobre la mesa las diferentes visiones que se manejan sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el estado. Por un lado, el punto de vista de las entidades gubernamentales (Ejecutivo y Congreso del estado, principalmente), que sin mucha autocrítica manejan un discurso que presume logros en esta materia que no existen; y por el otro, la opinión de periodistas y organismos de la sociedad civil, que desnudaron la pobreza de acciones, la impunidad y la corrupción que hunde al estado, sin que nadie remedie nada.
El seminario de armonización legislativa de la entidades federativas en materia de transparencia y acceso a la información, realizado como parte de la Gira por la Transparencia, no fue un acto a modo, como los que montan y a los están acostumbrados funcionarios y autoridades gubernamentales, sino una actividad en la que se emitieron fuertes críticas que incomodaron a los pocos funcionarios del gobierno del estado y diputados del Congreso que estuvieron presentes.
La Gira por la Transparencia es una actividad convocada de manera coordinada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Senado de la República, los institutos de transparencia de los estados y los órganos legislativos locales, se realizará en las 31 entidades federativas con el objetivo de promover la armonización de las leyes locales de transparencia con la reforma constitucional y la Ley General de Transparencia.
Este tipo de foros se plantean “como un espacio de diálogo, de intercambio de ideas o reflexiones para avanzar en la adecuación y atención de la Ley General, se trata de una acción itinerante por la promoción de las adecuaciones legislativas por parte de las Legislaturas de las entidades federativas”.
La gira correspondiente a Guerrero se realizó los días 20 y 21 de agosto, y en ella estuvieron presentes el consejero nacional Oscar Mauricio Guerra Ford, el senador Enrique Burgos García, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Laura Arizmendi Campos, así como el diputado local y presidente de la Comisión para la Atención de la Información Pública del Congreso, Olaguer Hernández Flores.
Estuvieron presentes también Mucio Israel Hernández Guerrero, consejero presidente del Infodf; Jesús Homero Flores Mier, consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI); Mireya Arteaga Dirzo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y Federico Guzmán Tamayo, coordinador del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.
Todos estos personajes, además de una disminuida concurrencia, conocieron una versión diferente de la oficial respecto del estado que guarda la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad.

El gobierno del estado

Ya forma parte del discurso del gobernador Rogelio Ortega Martínez decir que el gobierno del estado de Guerrero es transparente. Sin embargo, los escándalos que se han descubierto, las promesas incumplidas, un déficit financiero que no termina y los monitoreos realizados a partir de indicadores objetivos para medir la transparencia de su administración, contradicen fehacientemente sus dichos.
Pero además de su escalada hacia la opacidad, es alarmante que amenace con demandar a quienes desmienten su discurso de una supuesta transparencia que no existe, en vez de cumplir las numerosas promesas que va haciendo por todo el estado, entre ellas, que hará transparente la nómina de su círculo cercano de colaboradores, donde se presumen enlistados amigos y familiares.
En el primer día de la Gira por la Transparencia, en la inauguración de la jornada de sensibilización en datos personales y la Ley General de Transparencia, quienes representaron al gobernador siguieron puntualmente ese discurso.
El secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado “reiteró que para la administración que encabeza el gobernador Rogelio Ortega Martínez, es de vital importancia transparentar la información para tener una sociedad más participativa”, según un comunicado de prensa del Ejecutivo.
Dijo también que la instrucción del mandatario estatal a los funcionarios es proporcionar a los ciudadanos la información que requieren respecto a la acción pública, con la que podrán ser parte de la toma de decisiones.
En los hechos, muy poco de lo que expuso el secretario general de Gobierno es cierto. El gobierno del estado hasta hoy no ha presentado ningún indicador o estudio sobre los niveles de transparencia en la entidad; sólo ha emitido palabras.
Este mismo discurso fue presentado en el segundo día de la Gira por la Trasparencia por el contralor general del estado, Eduardo Gerardo Loría Casanova, quien manifestó que la transparencia es una prioridad del gobierno que encabeza Rogelio Ortega. Destacó que Guerrero cuenta con un órgano garante para dar respuesta a las peticiones de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, que se encarga de vigilar el cumplimiento de los sujetos obligados de proporcionarla.
En su participación en las mesas de diálogo del seminario, Loría Casanova propuso que los 81 ayuntamientos del estado tengan en sus portales de internet un sitio dedicado a la información pública, con el propósito de que la sociedad pueda acceder de manera sencilla y expedita a la misma.
Nada nuevo dijo el contralor. Su propuesta es, desde 2010, una obligación para los ayuntamientos, que por cierto, casi ninguno cumple.

El Congreso

Los diputados guerrerenses que hicieron uso de la palabra en los dos días de la Gira por la Transparencia abordaron temas que para la realidad de Guerrero no son muy relevantes. Ni la diputada Laura Arizmendi Campos ni el diputado Olaguer Hernández Flores comentaron que el Congreso del estado es uno de los organismos más omisos para cumplir sus obligaciones de información de oficio y de los más reacios a entregar información a través de las solicitudes que presentan los ciudadanos.
La diputada Arizmendi Campos se enfocó a exponer los contenidos que los actuales legisladores incorporaron a la Constitución local relativos a la autonomía, funcionamiento e integración del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.
Más adelante, durante su participación en una de las mesas temáticas, la legisladora expuso estadísticas sobre el acceso a la información en el estado. Dijo, por ejemplo que la mayoría de los recursos de revisión que se presentan ante el Itaig corresponden a información pública de oficio que no está a disposición de los ciudadanos. También advirtió que más de la mitad de los ayuntamientos de Guerrero no tienen una página web, y por lo tanto no difunden por este medio su información a la que están obligados.
Arizmendi Campos indicó que menos del uno por ciento de los habitantes del estado presentó solicitudes de información en 2014, por lo que es necesario emprender campañas de difusión y promoción para incentivar a los ciudadanos a que ejerzan su derecho de acceso a la información.
El diputado Olaguer Hernández, por su parte, se refirió a la importancia del tema de la protección de datos personales, y a la necesidad de implementar acciones que garanticen su protección.

La otra visión

En contraste con las visiones del gobierno del estado y el Congreso local, varios participantes en el seminario abordaron temas con una visión crítica, entre ellos, la designación de consejeros del Itaig por cuotas partidistas, la legislación de leyes sin la participación ciudadana, la corrupción y la impunidad, así como la no aplicación de las leyes.
Durante su participación en la mesa denominada Armonización de la legislación de las Entidades Federativas, el autor de esta columna expuso que Guerrero siempre ha llegado con retraso a la legislación de normas de transparencia y acceso a la información, y que además los legisladores guerrerenses nunca han propiciado una consulta abierta y a la vista de todos; los procesos legislativos de las dos leyes que han regido al estado en esta materia dan cuenta de cómo los diputados no convocaron a foros, no invitaron a expertos ni a organizaciones de la sociedad civil, ni consultaron a nadie.
Mencionamos también que uno de los grandes cuellos de botella en Guerrero es la reticencia de las dependencias públicas a difundir su información de oficio. Los diferentes monitoreos efectuados por organizaciones civiles locales y nacionales dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento en este rubro.
La ley general de transparencia incrementará el número de temas de información de oficio, y además con la ley general se homogenizarán los criterios para publicar estas obligaciones de información, de acuerdo con una metodología que se diseñará en el Sistema Nacional de Transparencia para la publicación y la evaluación de las obligaciones de oficio de los 48 temas.
Ante este panorama poco optimista, planteamos sin embargo, que hay una coyuntura favorable que puede facilitar y echar a andar un proceso incluyente y abierto para la armonización de la ley local con la Ley General de Transparencia, la cual contribuirá a compensar la asimetría que tiene el estado respecto de las otras entidades en materia de transparencia.
“En unas semanas, un nuevo gobernador asumirá la gestión del estado, también nuevos ayuntamientos comenzarán su periodo, y de los diputados y diputadas recién electos, se espera que traigan nuevas ideas porque a ellos les corresponderá la homologación de la ley estatal de transparencia con la Ley general de transparencia y acceso a la información”, destacamos en la ponencia.
Marlén Castro, periodista y docente en la Universidad Autónoma de Guerrero, expuso su experiencia como solicitante de información en el Congreso del estado y las dificultades para conseguir los datos requeridos, debido a las decisiones en el órgano legislativo que coartan el derecho de acceso a la información de los guerrerenses.
Se refirió también a la designación de consejeros del Itaig, y al respecto comentó que hay una gran desconfianza en los partidos políticos, y son precisamente ellos los que designan a los consejeros. Recordó que periodistas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil integraron a principios de 2014 un observatorio ciudadano para vigilar que la designación de los consejeros se apegara a derecho, pero los partidos políticos impusieron finalmente su decisión. Es necesario revisar los procedimientos de designación de consejeros, concluyó.
Por su parte, el corresponsal de la revista Proceso, Ezequiel Flores, reseñó diferentes hechos de opacidad, corrupción, impunidad y violencia que se viven en el estado. Dijo que el problema en Guerrero no es de leyes ni de su mejoramiento, sino de la falta de cumplimiento a lo establecido por la ausencia de voluntad ética, moral y política de las autoridades.
Se refirió a los audios en donde dos funcionarios del gobierno del estado –el secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jesús Hernández Torres–, conversaban sobre las exigencias de algunos diputados para que les asignaran obras públicas fuera de la norma.

Participación del Inai

El consejero nacional Oscar Mauricio Guerra Ford en su intervención dijo que la transparencia y el acceso a la información son factores fundamentales para recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades.
Destacó la importancia de acelerar los trabajos para armonizar las leyes locales con la Ley General y estar en posibilidad de garantizar que el ejercicio del derecho de acceso a la información tenga un piso mínimo y que las personas lo puedan ejercer en igualdad de condiciones. “Tenemos que hacer que este derecho, que es constitucional y que cubre a todos los mexicanos, se pueda ejercer de forma similar; que existan los procedimientos, los tiempos y los principios, que permitan poder gozar y disfrutar de este derecho en cualquier parte del país”, dijo durante su participación el consejero nacional.
Oscar Guerra Ford manifestó que garantizar el acceso a la información es importante porque permite el ejercicio de otros derechos. “A través de la información, los mexicanos podemos ejercer, de mejor forma, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a un salario digno o a pertenecer a un programa social”, enfatizó.