Gobernador, alcaldes y diputados se van sin transparencia

El Sur de Acapulco

En la recta final de sus administraciones, tanto el gobernador del estado y los presidentes municipales como los diputados de la LX Legislatura del Congreso ratificaron su escasa disposición a cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información y a construir un Estado basado en una efectiva rendición de cuentas.
Lo anterior se concluye del tercer monitoreo a la transparencia de los sujetos obligados del estado de Guerrero, realizado por la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario, durante el periodo del 14 al 27 de julio de 2015.
Entre los resultados de la revisión destacó que ninguna de las dependencias públicas monitoreadas alcanzó el 76 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, y también que 27, de un total de 40 instituciones gubernamentales incluidas en el monitoreo, ni siquiera obtuvieron el 50 por ciento.
Entre los más bajos porcentajes de cumplimiento se encuentran el Congreso del estado, que logró apenas 29.2 por ciento, y el Tribunal Superior de Justicia del estado, que obtuvo 31.7 por ciento. También se observó que 11 ayuntamientos, de 20 revisados, tuvieron puntuaciones menores a 10 por ciento, y de entre ellos, ocho obtuvieron una calificación de cero.
Estos resultados negativos ratifican la vocación de opacidad que caracteriza a las dependencias gubernamentales del estado de Guerrero y también explican por qué la entidad se ubica entre los últimos lugares en esta materia.
La revisión más reciente incluyó a 40 dependencias públicas, que en conjunto obtuvieron el muy bajo promedio de 32.7 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Cabe mencionar que comparado con los monitoreos de 2013 y 2014, el de este año no presenta grandes sorpresas. Por ejemplo, los promedios de esos años son, respectivamente de 29.1 y 42 por ciento, es decir, el nivel promedio de cumplimiento en Guerrero nunca ha rebasado ni siquiera el 50 por ciento. Esto significa que no hay ni siquiera un mediano cumplimiento del catálogo de información de oficio que establece la ley de transparencia.

El Ejecutivo

A diferencia del año anterior, en 2015 una dependencia del Ejecutivo del estado es la que encabeza el listado general de la transparencia; se trata de la Secretaría de Finanzas y Administración, que tuvo 75.7 por ciento de cumplimiento de la ley; en el tercer sitio general se colocó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con 70.4 por ciento, y en cuarto lugar, el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano, con 67.9 por ciento.
La Secretaría de Educación ocupó la séptima posición del ranking, con 59.8 por ciento, y en octavo, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), con 56.4 por ciento de cumplimiento. En el primer monitoreo de 2013, el IGIFE encabezó la lista general del estado con 69 por ciento, y hoy se ubica en el lugar número ocho.
También del Ejecutivo, en el décimo lugar se encuentra la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero Cumple, con apenas 51.8 por ciento; en el lugar 12 aparece la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con 50.2 por ciento, y en el 13, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, que obtuvo 46.8 por ciento; detrás de ésta, en el lugar 14, el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, con apenas 45.7 por ciento.
Todas las dependencias anteriores ejercen cuantiosos recursos, y sin embargo, mantienen muy bajos niveles de transparencia. Es el caso de la Secretaría de Educación de Guerrero, que en 2015 cuenta con recursos financieros del orden de 15 mil 434 millones de pesos, y del IGIFE, que en el presupuesto de egresos de este año apareció con un monto de 458.5 millones de pesos. Otras dependencias con altos presupuestos y con muy bajos niveles de transparencia son la Capaseg, con 691.1 millones de pesos en 2015, y la Cicaeg, con 597.8 millones.
Las siguientes dependencias del Ejecutivo en el ranking son el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), que obtuvo el lugar 18, con 37.7 por ciento de cumplimiento; la Secretaría de Desarrollo Social, en la posición 19, con 35.9 por ciento. Más atrás, en el sitio 23 se encuentra la Secretaría de Desarrollo Rural, con 30 puntos porcentuales.
Las dependencias que menos puntaje obtuvieron del Ejecutivo estatal son la Secretaría de Salud, en el lugar 25, con 25.2 por ciento; la Secretaría de la Mujer, con 24.7 por ciento se ubicó en el sitio 26, y finalmente el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, en el último lugar del Ejecutivo con 23.7 por ciento, y 27 del listado general.
La Secretaría de Salud, cuyo presupuesto para 2015 es de 4 mil 883.4 millones de pesos, es una de las dependencias que, según el gobernador Rogelio Ortega, presenta un mayor número de plazas sin techo presupuestal y por lo tanto un gran déficit financiero.
Sin embargo, pese a los cuantiosos recursos que ejerce, la Secretaría de Salud es una de las dependencias más opacas del estado, que no difunde ni siquiera los mínimos que establece la normatividad. Hay pues una incongruencia entre el pedido del gobernador Ortega Martínez para que el gobierno federal envíe más recursos financieros que permitan cubrir el déficit y los bajísimos niveles de transparencia. Si llegan más recursos a Guerrero, ¿quién vigilará que se ejerzan con transparencia y honestidad?

Ayuntamientos

En general, los ayuntamientos se han caracterizado por desafiar y no cumplir la normatividad en materia de transparencia y la rendición de cuentas. Este año no fue la excepción, pues en promedio, los 20 ayuntamientos revisados tuvieron un promedio de cumplimiento de 20.5 por ciento.
Sobresalen ocho ayuntamientos que obtuvieron cero de calificación, ya sea porque no contaron con portal electrónico, o bien, porque aun teniéndolo, no publicaron la información sobre los temas que establece la ley; éstos fueron Coyuca de Benítez, Atenango, Tepecoacuilco, Tlacoapa, Eduardo Neri, Ayutla de los Libres, Zitlala y Alpoyeca, las cuales en el ranking general se colocaron en los últimos lugares, del 30 y 40. En las revisiones de 2013 y 2014, el número de ayuntamientos que tuvieron calificación igual a cero fueron cinco y ocho, respectivamente.
Hay otro bloque de cinco municipios que no alcanzaron ni siquiera 25 por ciento de cumplimiento, como Mochitlán (4 por ciento), Cocula (4.8), Apaxtla de Castrejón (6.3), Taxco (20.9) y Buenavista de Cuéllar, con 22.1 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones de información de oficio. Estos municipios se ubicaron en la tabla general en los lugares del 28 al 32.
Tlapa ocupó el sitio 21 del ranking, con 31.9 por ciento, mientras que Malinaltepec obtuvo el lugar 20, con 33.3 por ciento de cumplimiento. Más arriba se encuentran Iguala, en el lugar 17, con 39.4 puntos, y el municipio de Chilpancingo, que apenas obtuvo el lugar 15 con 41.6 por ciento.
Los tres primeros lugares del grupo de ayuntamientos fueron para Acapulco, con 65.4 por ciento de cumplimiento (en 2014 obtuvo 93 por ciento y fue el primero en el estado en lograr ese porcentaje); Zihuatanejo, con 61.3 por ciento, y Chilapa, que obtuvo 50.4 por ciento. Si éstos se observan en la revisión general, ocupan los lugares 5, 6 y 9, respectivamente.
Respecto de los ayuntamientos, hay que recordar que en septiembre de 2012, los alcaldes o sus representantes de Acapulco, Chilpancingo, Atoyac e Iguala firmaron, por convocatoria del grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) el Acuerdo por la Transparencia Municipal, que no era otra cosa que asumir el compromiso de cumplir con la ley de transparencia. Por los resultados globales de los tres años, sólo el ayuntamiento de Acapulco cumplió parcialmente con el compromiso, pero no así los municipios de Chilpancingo, Atoyac e Iguala.
Desde que entró en vigor la primera ley de transparencia del estado, todavía no hay nadie que meta al orden a los ayuntamientos guerrerenses respecto de su obligación de rendir cuentas a los ciudadanos.

Congreso y otros sujetos

Por tercera ocasión consecutiva, el Congreso del estado obtuvo una muy baja calificación en su cumplimiento de la información de oficio. En la revisión de 2015, apenas obtuvo 29.2 por ciento, colocándose en el 24 lugar, mientras que en 2014, con 46 puntos, obtuvo el sitio 24, y un año antes, con apenas nueve puntos, estuvo en el lugar 18.
Ya no es una sorpresa que el organismo que aprueba las leyes en el estado –como la ley de transparencia– y que además está a cargo de la aprobación de las cuentas públicas de todas las dependencias –principal instrumento de la rendición de cuentas– sea una entidad opaca, que ejerce los recursos públicos sin rendir cuentas a nadie.
Tampoco es una sorpresa que el Poder Judicial del estado se ubique entre los organismos con menor transparencia en el estado. En el monitoreo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia apenas obtuvo 31.7 por ciento de cumplimiento de la ley de transparencia, ubicándose en el lugar 22. Hace un año, el Tribunal obtuvo una calificación muy similar, es decir, de 34 por ciento, y en esa ocasión alcanzó el sitio 26 del ranking general. En 2013, la revisión registró sólo un 6 por ciento, obteniendo el lugar 21, de 30 dependencias que se revisaron en ese año.
En 2015, también se evaluó la transparencia de tres organismos autónomos. Por ejemplo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información alcanzó el segundo sitio general con 72.7 por ciento –el año pasado también obtuvo el segundo lugar, pero en esa ocasión con 80 por ciento–.
Otro de los organismos monitoreados fue el Tribunal Electoral del estado, el cual obtuvo 50.7 por ciento de calificación y se colocó en el lugar 11; la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, por su parte, logró un 41 por ciento de cumplimiento y se encuentra en el lugar 16 del listado general. Ambos se consideran con bajos niveles de cumplimiento de la ley de transparencia.

Metodología del monitoreo

El tercer monitoreo 2015 es un trabajo que se basa en la revisión de los contenidos que establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, en donde se describe un catálogo de 22 temas relacionados con el quehacer gubernamental que obligatoriamente las dependencias deben difundir a través de páginas electrónicas, periódicos murales, gacetas o cualquiera otro medio de que dispongan.
Asimismo, hay artículos subsiguientes de la ley que establecen temas específicos que deben publicar las dependencias, y éstos también se consideran para la evaluación.
Se revisaron las páginas electrónicas de un grupo de 40 dependencias gubernamentales seleccionadas del universo que el Itaig tiene registrado en su página electrónica. Quince instituciones son del Ejecutivo del estado (37.5 por ciento), de las cuales se eligieron diez que son relevantes por los recursos que manejan, y cinco se muestrearon.
Asimismo, se revisaron 20 ayuntamientos (50 por ciento del estudio de monitoreo), de los cuales ocho son municipios permanentes, considerando el número de su población, que rebasa los 70 mil habitantes, y 12 se muestrearon.
La revisión del Itaig, el Congreso del estado y el Tribunal Superior de Justicia del estado es permanente (7.5 por ciento), ya que representan respectivamente, al órgano garante de la transparencia en el estado, y a dos de los tres poderes de Guerrero. Finalmente, se muestrean cada año dos organismos autónomos (5 por ciento).
La calificación se asigna luego de revisar cada uno de los temas de información de oficio, según los datos sean completos, actualizados y correspondientes a lo que establece la ley. A la puntuación obtenida se aplica un factor de ponderación, según el tema revisado contenga información muy relevante o sean datos ordinarios. Por ejemplo, se considera que no tiene el mismo valor publicar información sobre presupuestos, desglosada por programas y proyectos y con indicadores de gestión y desempeño, que publicar el domicilio de una dependencia o su organigrama.
Aun cuando una dependencia gubernamental publique ciento por ciento lo que exige la ley, no necesariamente es transparente, pues consideramos que en el catálogo de temas que propone la ley de transparencia hacen falta muchos rubros de información claves e importantes que los ciudadanos deben saber.
Este monitoreo es simplemente un indicador que ofrece un panorama general de la transparencia en el estado. Lo que sí es grave es que hasta hoy ninguna dependencia pública en Guerrero ha cumplido estos requisitos mínimos, y la mayoría se ubique por debajo del 50 por ciento, y un grupo muy nutrido no alcanza ni 20 por ciento de cumplimiento.

La discrecionalidad del Congreso de Guerrero

El Sur de Acapulco

La LX Legislatura del Congreso del estado de Guerrero cerrará su periodo el próximo 13 de septiembre, no con broche de oro, sino con un gran descrédito público. Dos hechos en la última semana desnudaron por enésima vez acciones irregulares o francamente fraudulentas de los legisladores guerrerenses, que no fueron durante estos tres años un factor para la gobernabilidad en el estado.
El primer caso es la enmienda que les hizo el tribunal colegiado del vigésimo primer circuito por la designación irregular de uno de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado (Itaig); y el segundo se refiere al “derecho” que se adjudican para exigir recursos públicos al gobierno del estado bajo el manto de la “gestoría social”.

Tribunal cuestiona designación

El 7 de febrero de 2014, la actual Legislatura del Congreso designó a Crescencio Almazán Tolentino, Roberto Saldaña Rodríguez y Joaquín Morales Sánchez como consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para el periodo 2014-2018. En esos meses, un grupo de ciudadanos y organizaciones que dieron seguimiento al proceso de selección señalaron la inelegibilidad de los aspirantes Almazán Tolentino y Saldaña Rodríguez, porque no cumplían con el requisito de la ley respecto a que no debieron ser funcionarios por lo menos dos años antes de la designación. Aun así, el Congreso del estado decidió y avaló que éstos fuesen consejeros, violando flagrantemente la Ley de Transparencia.
La imposición que operaron sin ningún rubor las cúpulas del Congreso tuvo repercusiones importantes en las actividades que deberían realizar los consejeros del Itaig. En año y medio que llevan desempeñándose como tales, los diarios capitalinos se han regodeado con los pleitos internos entre los consejeros, muchos de los cuales tienen su origen en una pugna por el ingreso de sus recomendados para trabajar en el organismo. Hoy se sabe que precisamente bajo la presidencia de uno de los inelegibles, Crescencio Almazán Tolentino, se abultó la nómina del Itaig, especialmente por nuevas contrataciones de personal, y sin embargo, esto no se ha traducido en el mejoramiento de la operación del organismo.
El resultado es una gestión pobrísima del Itaig, ya que a la fecha no ha habido una sola propuesta para elevar los niveles de transparencia en el estado ni tampoco para mejorar los mecanismos de acceso a la información.
En este empantanamiento de la transparencia y de la rendición de cuentas, el Congreso tiene una gran responsabilidad, especialmente las cúpulas encabezadas por Bernardo Ortega Jiménez, Héctor Apreza Patrón y otros que hayan participado en estos acuerdos; no pueden evadir su responsabilidad, pues la elección de los consejeros mediante un pernicioso sistema de cuotas partidistas tiene sus saldos negativos en el estado que hoy guarda el Itaig.

A revisión, la elección de Almazán Tolentino

La imposición de Crescencio Almazán Tolentino fue la más cuestionada, pues había documentos públicos que comprobaban que no era elegible; el empecinamiento de los diputados tal vez se debió a que Almazán fue propuesto por uno de los grupos perredistas más fuertes y beligerantes en esos meses: el Grupo Guerrero, encabezado por David Jiménez Rumbo.
La aspirante Elizabeth Patrón Osorio se inconformó con la decisión de los legisladores y presentó un recurso en el juzgado federal, en Chilpancingo, que fue turnado al juzgado décimo. El 30 de julio del 2014, dicho juzgado sobreseyó el asunto con el argumento de que no tenía competencia porque el Congreso es un poder autónomo. El 19 de agosto, Patrón Osorio interpuso el recurso de revisión ante el tribunal colegiado, que lo admitió asignándole el número de expediente 251/2014.
Uno de los principales argumentos de Patrón Osorio fue el que señaló oportunamente el Observatorio Ciudadano por la Transparencia en Guerrero, que estuvo vigilante durante el proceso de selección de consejeros: Almazán Tolentino fue funcionario de la administración pública del gobierno del estado, y las pruebas documentales están en el Periódico Oficial del Estado del 24 de febrero de 2012, donde se publica el Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa Becas Excelencia para Guerrero, firmadas por Almazán Tolentino como jefe de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedesol estatal.
Estas y otras impugnaciones fueron presentadas por Elizabeth Osorio ante el tribunal colegiado del vigésimo primer circuito, el cual luego de estudiar el caso falló a favor de “conceder a la quejosa, la protección de la justicia federal para efectos de que la autoridad responsable Pleno del Congreso de Guerrero” revise la elegibilidad de Crescencio Almazán Tolentino.
Específicamente, solicita al Pleno del Congreso para que instruya a la Comisión de Gobierno que ejerza “debidamente” la facultad que le confiere la Ley de Transparencia “de verificar si el hoy tercero interesado Crescencio Almazán Tolentino, como aspirante a ocupar el cargo de consejero del instituto relativo, cumple o no con los requisitos requeridos por el artículo 87 de la ley mencionada (…)”.
Agrega la sentencia que en caso de que Almazán Tolentino cumpla con esos requisitos que establece la norma “se someta a consideración del Pleno del Congreso, acorde con el artículo 88 de la ley citada, la designación del consejero faltante para integrar el pleno del instituto, de entre el tercero interesado mencionado y la quejosa Elizabeth Patrón Osorio, quien estima tener mejor perfil e idoneidad para ocupar ese cargo”.
Este procedimiento tendrá que llevarse a cabo dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación que se le haga al Congreso.
El órgano legislativo tiene la oportunidad de enmendar su yerro, pues es diferente el balance de fuerzas políticas en el interior del Congreso y además tienen una deuda muy grande con la transparencia. Ojalá que acierten.

Opacidad en designación de consejeros

No es un mal que aqueje sólo a Guerrero. Renata Terrazas, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de la organización Fundar, Centro de Investigación y Análisis, sostuvo que en el diseño de instituciones “el factor más importante que limita su adecuado funcionamiento es la indebida injerencia del poder ejecutivo o de los partidos. A este fenómeno se le llama ‘captura del poder’ que se identifica, sobre todo, en la manipulación del proceso de designación de los titulares de los órganos reguladores del poder, conocidos comúnmente como órganos públicos autónomos”.
Agregó la investigadora que “ésta es una práctica común en los institutos de transparencia; mediante la construcción de un proceso opaco, cerrado y que no permite la participación ciudadana, se designan personas que no cumplen con el perfil adecuado, ya sea por falta de conocimientos o por ser demasiado cercanos a los intereses de la clase política”.
También se refirió a que los institutos de transparencia tienen como principal objetivo asegurar que la ciudadanía ejerza su derecho de acceso a la información y vigilar que las dependencias públicas sean transparentes. Pero “cuando el proceso de designación de sus titulares está capturado, los institutos de transparencia se convierten en un mero aparato burocrático carente de todo sentido”.
Respecto de la reforma constitucional y la reciente aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Renata Terrazas mencionó que estos cambios quedarán sin efecto, no sólo si el proceso de armonización legal o la homologación de las leyes en los estados no es adecuado, sino también cuando quienes deban garantizar su ejercicio están alineadas a los intereses del poder político.
En un artículo titulado Opacidad total en la designación de titulares de institutos de transparencia, la investigadora propuso que la mejor manera de limitar la captura de los organismos de transparencia estatales es asegurar procesos de designación abiertos y transparentes, que incluyan la participación ciudadana.
Dijo que la convocatoria para la integración de los institutos deberá ser pública y difundida por todos los medios; asimismo, el proceso de designación debe estar en manos del poder legislativo, “órgano deliberativo que procura dar voz a diversas fuerzas políticas”. Al mismo tiempo, se deberán contemplar comparecencias –de las y los candidatos– abiertas al público y que incluyan la participación ciudadana; la forma de participación deberá diseñarse desde el inicio para hacer públicos sus alcances.
Y aunque en Guerrero se cumplieron algunas de estas condiciones en el pasado proceso de febrero de 2014, la investigadora advierte que para reducir al máximo la discrecionalidad en el proceso, es necesario contar con un instrumento técnico de evaluación y posteriormente con un dictamen público del legislativo en donde se justifique la decisión de los nombramientos.
Finalmente, Renata Terrazas recomendó que toda la documentación relacionada con el proceso deberá ser pública durante el mismo; así como los expedientes de los candidatos, y las sesiones en donde se llevaron a cabo las comparecencias y los dictámenes justificados.

Gestoría social

La semana anterior circularon en las redes sociales y en los medios de comunicación audios en donde se escucha a los secretarios de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jesús Hernández Torres, hablar sobre las exigencias, presiones y traspiés de los diputados para que les destinen recursos que emplearán en obra pública en sus distritos, con el muy cuestionable concepto de “gestoría social”.
Héctor Apreza Patrón, coordinador de la bancada del PRI, no negó que exista esta práctica y justificó que todos los diputados, incluso los federales, “tenemos la obligación de realizar gestión social porque nuestros representados acuden con nosotros para gestionar obras”.
El diputado priista también comentó que “esto no es un elemento que ensucie la imagen del Congreso porque son obras acordadas y presupuestadas en diciembre del 2014, cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos para este año”.
Tampoco los perredistas negaron la existencia de la práctica de obtener recursos para gestoría social de parte del gobierno del estado de Guerrero. El diputado Amador Campos Aburto incluso comentó que llegaron a acuerdos con el secretario de Finanzas, Eliseo Moyao Morales, para la construcción de obras en los distritos donde fueron electos.
Sin embargo, por más que quieran presentar como legítimas estas prácticas, no lo son. Más bien parecen un mecanismo más de clientelismo electoral, que de por sí es muy practicado entre los políticos guerrerenses de todos los colores. ¿Por qué los diputados sí se sienten con el derecho de que les construyan las obras que ellos decidan? Con esa discrecionalidad ¿dónde queda la planeación que ellos mismos le aprobaron al gobierno del estado en un documento llamado Plan Estatal de Desarrollo? ¿Quién y cómo se comprueban esos recursos y ante qué dependencias?
Pero la famosa gestoría social no concluye ahí. Lo que no dijeron los diputados en sus declaraciones de la semana pasada es que, adicionalmente a estos acuerdos con el gobierno del estado para la construcción de obra pública, cada uno de ellos recibe anualmente recursos públicos –estos sí directamente del órgano legislativo– también bajo el mismo concepto de “gestoría social”.
Ese dinero lo utilizan totalmente de manera discrecional, sin un plan o programa que permita observar las metas, objetivos e impactos de su ejercicio. Tampoco existe alguna norma que obligue a los diputados a comprobar esos recursos ni mecanismos de transparencia ni de rendición de cuentas que los controle, por lo que los legisladores locales guerrerenses pueden emplearlos sin ninguna restricción para su posicionamiento personal, tejer relaciones tendientes a obtener futuras candidaturas a puestos de elección popular o incluso para beneficiarse personalmente de ellos.
La inauguración de obras, la entrega de despensas, láminas, herramientas de trabajo, útiles escolares, computadoras, granos básicos y otros insumos, que mucho se anuncian en la prensa estatal, mediante inserciones pagadas, no son apoyos que provengan de los bolsillos de los legisladores, sino de las arcas públicas y que son ejercidos en la más completa opacidad.
Así son los legisladores guerrerenses, cuyo principal trabajo es precisamente el diseño y aprobación de leyes, pero que son más conocidos por otro tipo de actividades como la “gestoría social” y sus saltos a otros cargos públicos. Es urgente operar la figura de la iniciativa popular, para ayudarlos a tener mejores leyes en Guerrero.

La transparencia de Héctor Astudillo

El Sur de Acapulco

La transparencia y la rendición de cuentas no fueron temas atendidos suficientemente por las y los candidatos durante la reciente campaña electoral, no obstante que la crisis social y política del estado tuvo su origen precisamente en actos de corrupción, impunidad y pésimos gobiernos.
El candidato a gobernador, Héctor Astudillo Flores, que espera la resolución de los órganos jurisdiccionales, se perfila como la persona que gobernará el estado. Es un hombre del sistema, acotado por los poderes fácticos, las disposiciones de la presidencia de la República y los numerosos compromisos adquiridos durante la campaña, que le dejarán poco margen de maniobra.
Visto así, no se espera que proponga una política destacada en materia de transparencia y redición de cuentas, y en el mejor de los casos, sólo continuará el actual sistema de simulación que practican casi todas las dependencias públicas del estado. Los únicos cambios que se observarán durante su sexenio, serán el resultado de las exigencias del nuevo sistema nacional de transparencia, pero localmente, la administración de Astudillo Flores difícilmente tomará la iniciativa.

Los primeros pasos

Hace unos días se reunieron el todavía candidato Héctor Astudillo Flores, y el mandatario en funciones, Rogelio Ortega Martínez, para hablar sobre el proceso de entrega recepción de la administración estatal. Curiosamente, a este proceso le llamaron “acuerdo para la transparencia de la transición 2015”.
Sin embargo, la percepción inicial es que el término se utiliza de manera indiscriminada, al pactar una práctica que ellos mismos no han cumplido, pues los antecedentes de Astudillo Flores en sus cargos anteriores no lo dejan bien parado en materia de transparencia, y a Ortega Martínez, ni hablar, ha sido más opaco que su antecesor quien fue acusado de corrupción, malos manejos y también por no brindar información.
La petición de establecer un acuerdo por la transparencia durante la transición lo compromete a exigirse a sí mismo un programa similar para su gobierno. Dijo Héctor Astudillo: “que los guerrerenses se enteren del estado que guarda la administración estatal, cuentas claras, acciones de bien común, pero sobre todo transparencia y legalidad en los últimos meses que quedan del actual gobierno”, en un acto donde se reunió con los candidatos electos a diputados federales, locales y de ayuntamientos.

Malos antecedentes

Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) es un colectivo de organizaciones y ciudadanos que evalúa cada semestre la transparencia de los ayuntamientos de Guerrero. La última ocasión en que Astudillo Flores presidió la comuna de Chilpancingo, de 2008 a 2011, no le fue nada bien en las revisiones que se aplicaron.
La metodología de las evaluaciones Cimtra considera una serie de indicadores relacionados con la difusión de información sobre bienes y sus usos, obra pública, gasto, administración, urbanidad, consejos, participación ciudadana, cabildo y atención a la ciudadanía.
En la revisión aplicada en noviembre de 2009, obtuvo apenas 25 puntos de calificación (en una escala de 0 a cien); en agosto de 2010 subió a 30.8 puntos. En tanto que en marzo de 2011 ese porcentaje se desplomó a 10.8 puntos.
Para dimensionar la puntuación obtenida en Chilpancingo durante el gobierno de Astudillo, hay que comentar que municipios como Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, ambos de Jalisco, alcanzaron puntuaciones de 94.4 y 89.9 por ciento, respectivamente.
Cuando fue diputado local en la LIX Legislatura del Congreso del estado, si bien no le correspondía directamente decidir sobre los asuntos de transparencia en ese órgano legislativo, sí tenía la facultad y el compromiso moral de tomar una posición sobre la opacidad del Congreso.
Cimtra también cuenta con un instrumento para evaluar a los legislativos estatales. En el caso del Congreso del estado de Guerrero se aplicó en octubre de 2013 y su calificación fue muy pobre: 18.1 puntos de cien posibles. Otros congresos, como el de Puebla, tienen calificaciones relevantes de 73.6 por ciento.
La asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario realizó un monitoreo a las dependencias públicas del estado a través de la revisión a los portales electrónicos a efecto de registrar el nivel de cumplimiento de la información de oficio.
En 2013, el Congreso local obtuvo apenas nueve puntos porcentuales, apenas arriba de la mayoría de los ayuntamientos que regularmente obtienen entre cero y cinco puntos. En esa revisión, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa fue la dependencia que obtuvo mayor puntaje con 69 por ciento.
En el siguiente ejercicio, 2014, el Congreso subió su puntuación en su nivel de cumplimiento en las obligaciones de transparencia a 46 puntos, pero continuó entre las dependencias más opacas. En 2014, Acapulco fue el que encabezó ese monitoreo con 93 puntos.
Es decir, los espacios institucionales donde Astudillo Flores ha desempeñado un cargo, no se han caracterizado por su transparencia.

Punto a favor

Astudillo Flores fue uno de los tres únicos candidatos a la gubernatura en Guerrero, de nueve que compitieron, en publicar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, como parte de una iniciativa ciudadana organizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, denominada Candidato Transparente.
Aunque fue una práctica transparente, a partir de la información que publicó el candidato recibió una andanada de críticas sobre el monto de su salario, y especialmente el extraño hallazgo de que él no cuenta con ninguna propiedad, y su esposa sí tiene hasta 12 bienes inmuebles ubicados en Guerrero y el Distrito Federal.
En esa ocasión, Astudillo Flores reportó ingresos anuales por 885 mil pesos por su labor como diputado del Congreso del estado. Sin embargo, su cónyuge, según esos documentos, percibe 3 millones 521 mil 244 pesos al año.
Los únicos bienes que Astudillo admite tener son dos camionetas Jeep con un valor de 428 mil pesos cada una, adquiridas de contado en 2014, y dos cuentas de cheques de 9 mil 300 pesos en conjunto.
No está de más comentar que en eso consiste el escrutinio público al que aspiramos como sociedad democrática, y por eso se requiere de la transparencia de los datos y la información gubernamental a efecto de que puedan ser valorados, criticados por la ciudadanía.

Las promesas de campaña

En varias ocasiones, el candidato Héctor Astudillo emitió declaraciones sobre el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. No se observó en ninguna de ellas una sola propuesta que modifique de raíz el actual sistema de la rendición de cuentas en el estado, sino más bien emitió ideas sueltas y muchas promesas, que ni en conjunto configuran una política bien pensada y sólida sobre el tema.
Sus opiniones sobre el tema de transparencia estuvieron cargados más de buenos deseos que de ideas concretas; en ninguna propuesta fue específico para explicar de qué manera implementaría sus ideas, y esto, de acuerdo con lo que regularmente prometen los candidatos, se convierte en una simulación más que en una realidad.
En una entrevista concedida a Radio y Televisión de Guerrero, publicada en las redes sociales el 26 de marzo de 2015, el aspirante a gobernador comentó que enfrentaría la corrupción predicando con el ejemplo. “Si el jefe comienza a robar, los de abajo van a querer robar. Creo que de lo que se trata es que el futuro gobernador de Guerrero asuma una actitud de terminar con lo que se pueda de corrupción, y éste va a ser un punto para recuperar la confianza de la gente”.
También comentó que “Hay que buscar mecanismos de mayor transparencia, de cumplimiento sobre el manejo de los recursos públicos. Creo que son varias cosas que confluyen en un todo, y seguramente si se logran hacer, habrá más transparencia en todo.”
Días después, el 16 de abril, el candidato Héctor Astudillo firmó 50 compromisos con empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, entre los que destacan transparentar sus bienes y rendir cuentas periódicamente sobre su administración.
Además, dijo que si llegaba a ser gobernador del estado, haría transparentes trimestralmente las adquisiciones de la entidad, y consideraría como proveedoras a las empresas locales. También dijo que crearía una comisión para monitorear el desarrollo económico.
Sobre las adquisiciones, cabe recordar que Ángel Aguirre Rivero también prometió hacer transparentes esos procesos, incluso propuso la creación de un consejo ciudadano que se encargaría de vigilar tanto la obra pública como las adquisiciones del gobierno. Sobra decir, que esa promesa del ex gobernador, como la mayoría de las que hizo en su campaña, fueron una simulación. ¿Qué hará Héctor Astudillo para este compromiso sea cumplido?
El 24 de abril, ante empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de Chilpancingo, el aspirante Héctor Astudillo se comprometió a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses “en el entendido de que el pueblo de Guerrero demanda que sus gobernantes sean transparentes”. Ofreció además que anexaría las cuentas públicas aprobadas por el Congreso de las dos ocasiones en que fue presidente municipal de Chilpancingo, según la prensa.
Como se sabe, el primer compromiso sí lo cumplió (la presentación de sus declaraciones), pero no se sabe nada de las cuentas públicas del ayuntamiento de Chilpancingo, documentos que todavía hoy serían útiles para el escrutinio ciudadano, si se difundieran.
En ese encuentro con empresarios también dijo que se apegaría a la Ley de Contabilidad Gubernamental para que los ciudadanos conozcan en qué gasta el gobierno del estado, y que su gobierno luchará contra la corrupción, el nepotismo y abonará a la transparencia.
El 7 de mayo de 2015, en el foro Ideas por Guerrero, y con el tema rendición de cuentas, transparencia y ética pública, el candidato se comprometió a impulsar un código de ética para los funcionarios y una comisión anticorrupción en el estado.
Del mismo acto, en las redes sociales se difundió el video de la intervención del candidato en torno al tema. De sí mismo dijo: “Héctor Astudillo ha sido funcionario público y las ocasiones en que hemos tenido responsabilidades públicas hemos demostrado nuestro ánimo de hacer bien las cosas en lo que respecta al manejo de los recursos públicos”.
Recordó que en dos ocasiones fue presidente municipal constitucional de Chilpancingo, y se ufanó de que en ambas “tuve la oportunidad de comprobar correctamente todo lo que manejé. En los últimos tiempos, fui nuevamente presidente de 2008 a 2010, y todas las cuentas públicas, de cuando fui presidente municipal, han sido aprobadas por el gobierno del estado, no tengo pendientes de cuando he sido responsable de la administración pública municipal, lo puedo decir en pocas palabras, no quedé a deber ni un ladrillo”.
Y aunque todos los presentes aplaudieron mucho esta última ocurrencia del candidato, lo cierto es que públicamente no son conocidas sus cuentas públicas.
Tal vez los planteamientos más específicos del candidato Astudillo Flores en materia de transparencia y rendición de cuentas los expresó durante el segundo debate en que participó junto con otros ocho candidatos y candidatas al gobierno del estado, el 20 de mayo.
Ahí se comprometió a crear el sistema estatal anticorrupción, “que contará con los controles necesarios para minimizar los actos de corrupción y castigar hasta sus últimas consecuencias a los corruptos”. Agregó el aspirante que la corrupción es el costo social más alto que pagan los ciudadanos, ya que se desvían presupuestos y quedan obras inconclusas y de mala calidad.
También propuso que todos los funcionarios, “absolutamente todos”, tendrán la obligación de hacer sus tres declaraciones, patrimonial, de impuestos y de conflicto de intereses.
Concluyó que su gobierno dará un impulso sin precedentes a la participación ciudadana y con ello los guerrerenses dejarán de ser espectadores para convertirse en protagonistas de cambio en el estado.
“Junto con la implementación de un programa de prevención de la violencia y el delito y para garantizar que nuestros esfuerzos por castigar la corrupción sean eficaces impulsaremos la creación de observatorios ciudadanos que supervisen la aplicación correcta de los recursos públicos”.
Aunque muy pobres las propuestas, ya las emitió y quedaron registradas como compromisos públicos. Ya se verá si las cumple o sólo le fueron útiles para llegar al Ejecutivo del estado.

El gobierno de Ortega, tan opaco como el de Aguirre

El Sur de Acapulco

El gobierno de Rogelio Ortega Martínez no ha modificado la situación del estado de Guerrero, no por lo menos en materia de transparencia gubernamental ni en los instrumentos de acceso a la información. Ha sido tan opaco como su antecesor, Ángel Heladio Aguirre Rivero, con el agravante de que Ortega Martínez se presentó con la bandera de académico-investigador, no político, que llegó a recomponer un estado en llamas.
Más allá del discurso que se ha construido, como un gobernador conciliador, de diálogo, que llegó a pacificar el estado, los hechos lo desnudan, y en el caso que nos ocupa, no ha hecho nada para mejorar el nivel de transparencia en el Ejecutivo ni mejorado la rendición de cuentas. Es más, en tan sólo ocho meses ya le explotaron dos asuntos en los que se presume corrupción, uno, relativo al cobro de salarios tanto en el gobierno como en la UAG de sus amigos y familiares, y el segundo, al otorgamiento de contratos a supuestos operadores electorales de la ex candidata perredista al gobierno del estado.
Esto ha generado una percepción muy poco favorable al actual gobernador, a pesar de los miles de pesos que se invierten en entrevistas pagadas en los medios nacionales tratando de recomponer la imagen de un gobierno poco eficaz, fallido.

Ortega encuentra desvíos

El primer anuncio importante del gobierno de Ortega Martínez en materia de rendición de cuentas fue una declaración de su secretario general de gobierno de que las arcas públicas estaban vacías. La interpretación de esta noticia era que el ex gobernador Aguirre y sus cómplices dejaron en bancarrota las finanzas del estado.
De acuerdo con la gravedad de lo que expuso David Cienfuegos, todo parecía indicar que habría denuncias penales en contra de quienes depredaron al erario, pero pasaron los días y no pasó nada, ni una palabra sobre las finanzas del estado, sólo discursos que comenzaron a simular que todo estaba bien.
El anuncio se hizo el 27 de noviembre de 2014, apenas transcurridos 30 días de que Ortega Martínez asumiera el gobierno del estado, David Cienfuegos Salgado, secretario general de gobierno, denunció ante la Asociación Civil Acapulco que la nueva administración había encontrado las arcas vacías, deudas millonarias y promesas incumplidas.
Según la reseña de este diario, Cienfuegos Salgado enfatizó que el de Ortega Martínez era “un gobierno que se encuentra prácticamente atado de manos al llegar y enfrentar las arcas vacías y muchos compromisos ineludibles, y por otro lado muchas promesas que están incumplidas”.
Explicó que la contabilidad gubernamental está marcada por “prácticas inmorales” que será difícil erradicar, y reveló que a su llegada a la secretaría general de Gobierno encontró que había subsecretarios que tenían “compensaciones discrecionales” de hasta 40 mil pesos, pues no ganaban lo mismo.
También comentó que encontró “faltantes”, porque no había recursos necesarios para desarrollar actividades cotidianas, pero dijo que le correspondía a la Sefina informar sobre ese tema y acotó que no se puede hablar de desvió de recursos, según El Sur de aquella fecha.
“Mientras no se agoten los procedimientos ni se cumplan con los plazos no sabremos si se comprobó o no el dinero que no se encuentra en las arcas del gobierno del estado”, dijo.
El funcionario también adelantó que el gobierno del estado establecería un sistema para transparentar toda su información.

La transparencia de Ortega

El mismo día en que el secretario general de Gobierno denunció las arcas vacías, Ortega presentó su plan de gobierno que incluía 27 acciones “inmediatas, sustantivas”; el anuncio lo hizo en un salón del Centro de Convenciones el Forum Mundo Imperial de Acapulco.
Especialmente la acción número 21 dice textualmente: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”.
Sin embargo, hoy todavía se espera esa anunciada política de transparencia y acceso a la información. Faltan cuatro meses para que concluya su mandato y no se vislumbra ninguna estrategia que modifique, ya no de raíz las estratagemas de la opacidad que tradicionalmente son características en el Ejecutivo del estado, sino por lo menos que aplique cambios de forma en los instrumentos actuales.

Acceso a la información

Respecto de los mecanismos y prácticas de acceso a la información, la actuación del gobierno de Ortega no ha sido mejor que la de Ángel Aguirre o Zeferino Torreblanca, más bien, han sido muy cuestionables y quizás peores que las de sus antecesores, no obstante las promesas de su plan de gobierno anunciado en noviembre de 2014.
El colmo es que desde hace varias semanas, el sistema electrónico que recibe y emite respuestas a las solicitudes de información contiene errores –como responder con archivos que no pueden abrirse– y nadie en el gobierno estatal hace nada. Tampoco el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado (Itaig), que debe vigilar y garantizar este derecho ciudadano.
Según el sistema Info Guerrero –plataforma electrónica para la recepción y respuesta de solicitudes– desde que entró Rogelio Ortega, en octubre de 2014, y hasta el 4 de julio de 2015 se presentaron 919 solicitudes de información. De este total, del 68.2 por ciento se entregó información a los ciudadanos vía Info Guerrero; en el 12.7 por ciento se les informó que correspondía a otra dependencia.
Las estadísticas del Info Guerrero también indicaron que en 10 por ciento de las solicitudes se les respondió que la información es inexistente, y en el 4.5 por ciento, que la información estaba públicamente disponibles (en los portales); en el 2 por ciento se contestó que la información era confidencial y en 1 por ciento, reservada.
Pero estos números no dicen mucho y hay que tomarlos con muchas reservas. Por ejemplo, en el rubro de “entrega de información a los solicitantes por vía Info Guerrero” sería más correcto decir: se les respondió, pero no necesariamente se les entregó la información. Los otros rubros también se emplean como excusas para no proporcionar la información solicitada, el Itaig tiene muchos análisis y resoluciones de cómo la famosa información inexistente, reservada o confidencial, incluso la que se dice que está públicamente disponible, con mucha frecuencia es utilizada por las dependencias del Ejecutivo como argumento para no entregar la información que les pide la ciudadanía.
Hay experiencias personales recientes que ejemplifican esta simulación. Por ejemplo, el 16 de febrero de 2015, presentamos la solicitud de información folio 00015615 ante la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) para pedir los “Informes de cuenta pública del gobierno del estado aprobadas por el Congreso del estado, de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012”.
También se le solicitaron mediante el documento folio 00015715, de la misma fecha, los “Presupuestos de egresos del estado de Guerrero, publicados en el periódico oficial del estado, de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”.
Esta información, según la Ley de Transparencia, los ciudadanos ni siquiera tendrían que solicitarla, pues debe estar publicada obligatoriamente en su portal de transparencia; sin embargo, en ese espacio la dependencia difunde datos que no corresponden con las cuentas públicas y engañan a los lectores.
Esta omisión es más grave considerando que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado (artículo 22), la Sefina es la única dependencia facultada para “Concentrar, integrar y elaborar la Cuenta Pública Anual y el Presupuesto de Egresos”, del Ejecutivo del estado, es decir, si la Sefina no da a conocer la cuenta pública del Ejecutivo, ninguna otra dependencia lo hará (cabe mencionar que la cuenta pública del ejercicio 2013 es la única difundida en el periódico oficial; el resto no aparecen).
La respuesta que dio la Sefina a las solicitudes de información es patética: “respecto de los informes de cuentas públicas aprobadas [sugieren que] sean solicitadas al H. Congreso del Estado” y los presupuestos de egresos recomiendan que “sean solicitados al Periódico Oficial del Gobierno del Estado (…), toda vez que la información solicitada su origen está en las Dependencias anteriormente citadas”.
Si atendemos la afirmación que emitió el subsecretario de egresos, funcionario que firma la respuesta, la cuenta pública del Ejecutivo la elabora el Congreso del estado y los presupuestos de egresos se formulan en el periódico oficial, es decir, carga la responsabilidad de los presupuestos y la cuenta pública a otras dependencias.
Las respuestas de la Sefina ameritaron dos recursos de revisión ante el Itaig, que se presentaron el 12 de marzo de 2015. Han pasado casi cuatro meses y el ITAIG todavía no ha emitido una resolución a un par de recursos de revisión relativamente fáciles de resolver, ya que la ley de transparencia y acceso a la información dice claramente que la información que solicitamos –los presupuestos del estado y los informes de cuenta pública– es de la llamada información de oficio (artículo 13, fracción IX).

Otras omisiones

La Sefina no es la única omisa en responder solicitudes. Durante el periodo de Ortega Martínez son varias las solicitudes que se han respondido parcial o no satisfactoriamente o fuera del plazo que establece la normatividad, se trata de las siguientes dependencias del Ejecutivo del estado: la Secretaría de Educación de Guerrero (dos solicitudes), la Secretaría de Salud (dos), la Contraloría General del Estado (una) y la Secretaría de Desarrollo Rural (una). En todos los casos, se presentaron recursos de revisión ante el Itaig.
En el caso de la Secretaría de Educación de Guerrero se solicitaron, mediante folio 00065315 los “Programas estatales (descripción de beneficios y requisitos) de los que se puede beneficiar una Telesecundaria (cualquier modalidad) en el estado de Guerrero”. La segunda solicitud requirió la “Descripción de los recursos financieros, materiales y otros con los que se benefician las escuelas incorporadas al programa Tiempo Completo” (00065415).
En la Secretaría de Salud se pidió un “documento oficial que contenga información sobre los requisitos que debe cumplir un centro de salud para contar con médico y enfermera en las localidades rurales” (folio 00060215). Así como un “documento oficial que contenga los requisitos necesarios para establecer un centro de salud en una localidad rural” (folio 00060115).
Igualmente, a la Contraloría General del Estado se le presentó la siguiente solicitud: “Número de solicitudes de información presentadas ante el gobierno del estado de junio de 2006 a abril de 2015, desglosadas por año y por dependencia. -Información requerida en cada una de las solicitudes de información, desglosadas por año y dependencia”.
Y finalmente, a la Secretaría de Desarrollo Rural se le hizo la petición del “Presupuesto destinado por el gobierno del estado al sector pesquero en 2015. -Proyectos que se financiarán con esos recursos en 2015. -Monto del presupuesto destinado a pescadores y cooperativas de la localidad de San Andrés Playa Encantada, municipio de Acapulco en 2015. Proyectos pesqueros que se ejecutarán en San Andrés Playa Encantada en 2015”, con el número de folio 00067315.
A casi ninguna de las solicitudes presentadas hubo respuesta, o llegó a destiempo. Actualmente son analizadas por los consejeros del Itaig, para en su caso, ordenar que se entregue la información, y si continúa el desdén gubernamental por la transparencia, aplicar la sanción que corresponda.

La transparencia de Ortega

El gobierno de Rogelio Ortega Martínez no ha impulsado ninguna política de transparencia. Como sus antecesores, en esta materia cumple a medias con lo que le ordena la normatividad siguiendo de manera inercial y siempre retardada los cambios que se dictan en las leyes en el nivel nacional, pero no hay una iniciativa propia que deje ver esa supuesta disposición a la transparencia que contienen los discursos del mandatario.
Los portales electrónicos de las dependencias del Ejecutivo contienen la misma información que en tiempos de Ángel Aguirre, no hay nada nuevo. La información clave sigue sin aparecer en casi todas las áreas, no hay uniformidad en la presentación, y cada dependencia publica información de acuerdo con sus interpretaciones.
Actualmente se elabora un monitoreo a la transparencia de las dependencias del estado. En ediciones posteriores publicaremos los resultados, y se conocerá con criterios más objetivos el nivel de transparencia del Ejecutivo estatal.

Ley General de Transparencia

El Sur de Acapulco

La reciente aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información traerá cambios importantes, benéficos para las y los ciudadanos del estado de Guerrero, que usualmente ocupa los peores lugares del país en esta materia. Quizás más que ningún otro estado, la nueva ley contribuirá a compensar precisamente esa asimetría que guarda con respecto de las otras entidades.
Los candidatos que resultaron electos y que conformarán en breve el sector público guerrerense (gobernador del estado, diputados del Congreso local y presidentes municipales), deben dejar ya el festejo y ocuparse de uno de sus primeros retos urgentes: diseñar una estrategia que les permita organizar y difundir la información pública gubernamental de manera muy diferente de como la habían realizado los gobiernos anteriores y actual, pues la ley general de transparencia es mucho más rigurosa y procurará establecer una especie de “estandarización” de los procedimientos tanto para el acceso a la información como de las obligaciones de transparencia en todo el país, por medio de un sistema nacional.
Si los electos no reaccionan pronto, el nuevo sistema nacional –cuyo Consejo Nacional, por cierto, se instala hoy al mediodía– colocará a las dependencias a la vista de todo el país, por sus opacidad, negligencia o reticencia, y las complicidades locales que antes solapaban su opacidad, en esta ocasión ya no serán muy útiles.
En esta entrega comentaremos algunas secciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que consideramos tendrán consecuencias en beneficio de los ciudadanos de Guerrero, quienes no quieren dar un cheque en blanco a los nuevos gobernantes.

Sistema nacional de transparencia

Una de las innovaciones más relevantes de la Ley General de Transparencia es la creación del Sistema Nacional de Transparencia, integrado por los órganos garantes de las entidades federativas –ahí estará representado el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero–, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y, desde luego, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai, antes Ifai). Este sistema deberá conformarse como un conjunto orgánico y articulado de los organismos e instituciones que lo integran, pero también de procedimientos, de instrumentos y de políticas en el ámbito de la transparencia.
Su finalidad es coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como también establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con lo señalado en el texto sexto de la Constitución y de la Ley General de Transparencia.
Una de las actividades que se consideran fundamentales del sistema nacional será el establecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información de una manera rápida, sencilla y gratuita, pues esta plataforma alojará el catálogo total de dependencias que señala la ley. En Guerrero, el total de instituciones gubernamentales obligadas por la ley es de más de 160, aunque actualmente sólo las dependencias del Ejecutivo estatal, el municipio de Acapulco y algunos organismos autónomos cuentan con una plataforma electrónica de acceso a la información, tal vez ese número no llega a 70 en todo el estado.
Sin duda, con la puesta en marcha de esta plataforma nacional, los mecanismos de acceso a la información mejorarán notablemente en los estados, pues serán más eficientes, incluirán a la mayoría de las dependencias públicas del sector público y tendrán funciones para presentar recursos de revisión; también considerarán la instalación de un buscador que será útil a los ciudadanos para encontrar información en los portales, en las solicitudes y en las respuestas.
Y aunque el actual sistema Info Gro dejará de funcionar en cuanto comience a operar la plataforma nacional, no hay que dejar de reconocer que ha sido la única decisión gubernamental importante –en nueve años– que facilitó enormemente la presentación de solicitudes de información. Si se revisan las cifras, el sistema Info Gro permitió que el número de solicitudes se incrementará en más de 600 por ciento, y el aumento pudo ser mayor si se hubiran incluido todas las instituciones gubernamentales del estado.
La plataforma nacional también considera en su diseño un aspecto que posiblemente tenga mucha utilidad en Guerrero: no todas las personas cuentan con computadora ni acceso a internet, por lo que se establecerá que las personas que no tengan internet puedan llamar por teléfono tradicional a un 01 800, y un centro de atención telefónica en el INAI atenderá esas solicitudes telefónicas y las conducirá a través de la plataforma a la dependencia correspondiente, sea federal, estatal o municipal.

Portal de obligaciones de transparencia

La plataforma nacional también funcionará como ventana para que todas las dependencias federales, de los estados y municipales coloquen ahí su información de oficio. Es decir, la ciudadanía ya no tendrá que buscar los portales específicos de cada dependencia, sino que en un solo lugar podrá acceder a la información pública de todo el país. Desde luego, las dependencias omisas estarán a la vista de todos, lo cual se convierte en un acicate contra la opacidad.
Uno de los grandes cuellos de botella en Guerrero es la reticencia de las dependencias públicas a publicar su información de oficio. Los diferentes monitoreos efectuados por organizaciones civiles locales y nacionales dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento en este rubro, aun cuando es uno de los principales indicadores de transparencia de las instituciones gubernamentales.
La buena noticia para los guerrerenses es por partida doble: se incrementará el número de temas de información de oficio, y además con la ley general se homogenizarán los criterios para publicar estas obligaciones de información, es decir, las dependencias ya no podrán hacer su propia interpretación de lo que deben publicar, se tendrán que ajustar a lo que establece el artículo 70, en el que se señalan 48 incisos –la ley local sólo establece 22– y adicionalmente otros que se señalan en los artículos del 71 al 83, según la dependencia de que se trate.
Y precisamente para evitar diversas interpretaciones, el Inai construirá una metodología para la publicación y la evaluación de las obligaciones de oficio de los 48 temas.
Uno de los problemas que se prevén en el corto plazo es que habrá dependencias que no tendrán las capacidades institucionales para cumplir con esas obligaciones de transparencia. Pues es buen momento para que el gobernador electo, los alcaldes que ganaron y quienes conformarán la LXI Legislatura del Congreso del estado imaginen cómo le van a hacer para resolver los asuntos de la transparencia. Es claro que la transparencia cuesta, personal, organización, tal vez equipo, pero es una obligación formal que deben cumplir.

La información por difundir

Es pertinente destacar algunos de los temas de información que deberán dar a conocer las instituciones. Deberán cumplir, por ejemplo, con la difusión de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, así como los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.
Igualmente, deberán publicar la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación.
Un tema que deberán dar a conocer es la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: área, denominación del programa, periodo de vigencia, diseño, objetivos y alcances, metas físicas, población beneficiada estimada, monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal.
La información sobre los programas también deberá contener requisitos y procedimientos de acceso, procedimiento de queja o inconformidad ciudadana, mecanismos de exigibilidad, mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo, formas de participación social, informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas.
El padrón de beneficiarios de estos programas deberá hacerse público y deberá contener: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.
En el caso de la información presupuestal, las dependencias deberán publicar la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; además de la información sobre la deuda pública.
También darán a conocer los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, así como el padrón de proveedores y contratistas y los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.
Ésta y mucha información más deberá ser publicada por todas las dependencias públicas del estado en la plataforma nacional. Los candidatos electos están a tiempo para tomar las medidas necesarias que les permitan en el corto y mediano plazo cumplir con estas obligaciones. El Itaig tendrá una función relevante en este trabajo, ya que se encargará de verificar y aprobar que las instituciones del estado están cumpliendo.
Pero con la ley general de transparencia, los ciudadanos podrán denunciar ante los órganos de transparencia estatales a aquellas dependencias que no cumplan con sus obligaciones de transparencia. Hasta hoy, esa facultad es sólo del Itaig, y en nueve años no la ha ejercido, pero con esta nueva facultad ciudadana, los casos de denuncia y, en su caso, de sanciones se multiplicarán en el estado. En otras palabras, con la nueva legislación, los ciudadanos podrán quejarse ante el Itaig de que la información de una dependencia no está en el portal electrónico, y si no la colocan, el órgano garante podrá imponer medidas de apremio que puede ser una multa de hasta 200 mil pesos.

Quién legislará

Queda pendiente la homologación de la ley local a la ley general de transparencia, que deberán hacer los diputados guerrerenses. Hasta hoy, el Congreso del estado no ha sido un órgano que haya favorecido la transparencia ni facilitado los mecanismos de acceso de información en el estado; y no sólo no ha sido un promotor de acciones y políticas en la materia, sino que, en sí mismo ha sido un organismo poco transparente, de los más opacos del estado.
Hay motivos para estar preocupados, pues el tortuguismo, incluso la reticencia con que los diputados de dos legislaturas diferentes aprobaron las dos leyes de transparencia que han regido al estado (septiembre de 2005 y mayo de 2010) sólo evidenciaron su desinterés, apatía y hasta resistencia por contribuir a generar una cultura de la transparencia. Pero también pesa sobre ellos su desprecio por la opinión ciudadana, ya que ninguna de las leyes de transparencia fue sometida a discusión pública en foros de consulta u otros mecanismos de participación ciudadana, como lo demandaron en su momento diferentes sectores.
Sería muy ambicioso pretender que la actual Legislatura trabajará en el tiempo que le resta en la armonización de la ley guerrerense con la ley general. No lo hará, porque tampoco se ha caracterizado por ser un órgano legislativo transparente.
Tocará a la siguiente legislatura hacer ese trabajo, y su inacción, en su caso, será observada más de cerca por ojos nacionales.

Discrecional, la operación del programa de fertilizante

El Sur de Acapulco

La falta de controles institucionales en el programa de fertilizante lo ha convertido en uno de los programas más irregulares del estado de Guerrero. Sus reglas de operación son muy laxas, y muy pasiva y poco efectiva la intervención de las dependencias normativas, que deben vigilar y evaluar el programa, lo que origina toda clase de desviaciones y operaciones ilegales por parte de autoridades estatales, municipales y de no pocos productores que obtienen el insumo fuera de la norma.

Antes de 2007, el programa de fertilizante se ejecutaba sin reglas de operación, o por lo menos no hay evidencia ni documentos púbicos que hagan notar lo contrario. Era parte de su tradicional operación discrecional. Fue el 8 de junio de 2007, cuando se emitieron las primeras reglas de operación y desde entonces, se han emitido versiones cada uno o dos años, que poco han cambiado entre sí. La más reciente corresponde al Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de fertilizante y transferencia de tecnología, para el ciclo p.v. 2014, publicado en el periódico oficial del gobierno el estado de Guerrero el 11 de abril de 2014.

Independientemente de que las reglas tienen vacíos importantes en cuanto a las responsabilidades de los diferentes actores institucionales y también respecto de las pocas facultades otorgadas a los productores para vigilar el programa, lo cierto es que el control elemental que sí propone ese documento normativo, no es acatado ni por la Secretaría de Desarrollo Rural ni por la Contraloría General del estado y tampoco por la Auditoría general del estado, instituciones que según las reglas de operación, deben cumplir acciones de vigilancia.

En este número abordamos sólo una de las irregularidades del programa y cómo las dependencias normativas simplemente no actúan como les corresponde.

Fertilizante adulterado

En el campo de Guerrero, los campesinos perciben que de unos años a la fecha, el fertilizante químico que les distribuyen los ayuntamientos “está rebajado” o ya no les funciona como antes. También se dan cuenta que los sacos que contienen el insumo no alcanzan el peso oficial que marcan las reglas de operación. Sin embargo, no hay protestas por este fraude porque consideran “que lo barato o regalado no se discute”.

Desde hace varios años buscamos evidenciar y documentar esta actividad fraudulenta de parte de los actores institucionales y todos esquivan sus responsabilidades. En ediciones anteriores reseñamos un reporte del gobierno del estado donde se analizó la calidad del fertilizante y los resultados fueron sorpresivos, ya que una buena cantidad del insumo que se entregó a los campesinos estaba adulterado.

Por medio de solicitudes de información presentadas tanto a la Seder como a la Contraloría General, buscamos respuestas a esta irregularidad, pero la mayoría de estos requerimientos no fueron contestados o se respondieron de manera parcial, por lo que concluyeron con la presentación de recursos de revisión o quejas ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado. Pero ni con la intervención del ITAIG se han obtenido respuestas a las interrogantes y sí dan en cambio una percepción de impunidad.

Así, por ejemplo, en abril de 2014 solicitamos a la Seder información sobre las “Empresas que fueron ‘boletinadas’ por no cumplir con las reglas de operación del programa de fertilizante. Esta información desglosada por Empresa, Irregularidad en que incurrió, Sanción, Municipio que la contrató. Ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.”

Al no responder la dependencia, se presentó en mayo de 2014 un recurso de revisión, que fue admitido por el órgano garante y se integró el expediente ITAIG/33/2014. La Seder argumentó que “dicha omisión se debió a problemas técnicos con el proveedor de internet de esa Dependencia”.

El ITAIG, en su resolución del 15 de octubre de 2014, fue claro ante esta excusa: “este argumento no es suficiente para justificar la falta de respuesta a una solicitud de información, en virtud de que la efectividad y garantía del derecho humano fundamental de acceso a la información no puede depender de la funcionalidad del servicio de internet”.

La Seder, entonces, al ser requerida a que respondiera la solicitud manifestó que “no cuenta con la información respecto de empresas boletinadas en el programa de fertilizante”, cuestionando que las empresas no se “boletinan” sino que se inhabilitan cuando cometen alguna irregularidad.

Sin embargo, en los convenios de colaboración entre el gobierno del estado y los ayuntamientos de este programa, la cláusula décimo tercera dice que “el ayuntamiento se obliga a contratar con empresas que no estén boletinadas por los órganos fiscalizadores y que cumplan con la norma oficial mexicana, quedando bajo su más estricta responsabilidad la contratación con las mismas, autorizando desde este momento a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Rural, para hacer pública a nivel estatal en los subsecuentes ejercicios las irregularidades que se detecten al contratar con dichas empresas”.

El ITAIG emitió su resolución en la que ordena “proporcionar al recurrente la información relativa a las irregularidades derivados de los contratos celebrados por los Ayuntamientos del Estado con las empresas proveedoras de fertilizante (…) que hayan sido detectadas por esa Dependencia en los ejercicios fiscales2010. 2011, 2012 y 2013, indicando el nombre del proveedor, la irregularidad en que incurrió y la sanción impuesta en su caso”. Y dio un plazo de 10 días hábiles para cumplir la resolución.

Asimismo, el órgano garante formuló una amonestación pública a la Seder por no haber respondido a la solicitud de información dentro del plazo que establece la ley de transparencia.

No obstante la resolución del ITAIG, en abierto desacato, la Seder entregó como respuesta un escrito de media cuartilla, en hoja sin membrete de la Secretaría ni una firma que la avalara. Argumenta la Seder que “si bien es cierto que el H. Ayuntamiento autoriza a la Contraloría y a la Seder para hacer públicas a nivel estatal las irregularidades que se detecten al contratar los H. Ayuntamientos con las empresas, en ningún momento se especifica que la Contraloría y la Seder serán las encargadas de verificar tales irregularidades”.

Miente la Seder.  Las reglas de operación son muy claras sobre este punto: en el inciso 7.4 las reglas establecen que “con la finalidad de llevar un control real sobre los avances del programa, así como de corregir posibles retrasos o desvíos en la operación, la Secretaría (de Desarrollo Rural), la Contraloría y la Auditoría estarán facultadas para realizar visitas periódicas a los ayuntamientos para revisar: I. Volúmenes recepcionados y entregados a los Comités Locales. (…) IV. Especificaciones del fertilizante a entregar o entregado.

Hay pues una intención deliberada de la Seder para ocultar información o no están cumpliendo eficientemente con su trabajo.

Corresponde al ITAIG, ante el desacato de una de sus resoluciones, denunciar a la Seder ante la autoridad competente por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia.

Nula respuesta de la Contraloría

En febrero de 2014, se presentó una solicitud de información ante la Contraloría General del Estado de Guerrero en los siguientes términos: “Resultados de los análisis de calidad del fertilizante realizados por la dependencia en los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013”.

La Contraloría negó la información argumentando que la información “no se encuentra en los archivos de esta entidad por no ser de su competencia. Por tal motivo, para darle trámite a su solicitud deberá ser presentada en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Rural”. Ante esta respuesta, se presentó ante el ITAIG un recurso de revisión impugnando la contestación de la Contraloría.

Al estudiar el caso, el ITAIG resolvió que la contraloría general del estado “es competente para generar la información solicitada por el recurrente, toda vez que la normatividad  (…) [reglas de operación] le atribuye la facultad expresa de realizar muestreo y verificaciones a la calidad del fertilizante (…)”, por lo que la respuesta de la Contraloría en donde se declara incompetente para conocer de la solicitud de información “carece de fundamento y motivación alguna”.

De esta manera, concluyó el ITAIG, la Contraloría “deberá entregar al recurrente la información relativa a los resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por esa dependencia en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, por tratarse de información pública de oficio”, y esto lo debió hacer en un plazo de 10 días hábiles. Asimismo instruyó a la dependencia para que realice una búsqueda exhaustiva a fin de localizar la información correspondiente a los análisis de los ejercicios 2012 y 2013, para en su caso, entregarla al solicitante.

La resolución del ITAIG se emitió el 24 de septiembre de 2014, y fue hasta el 19 de febrero de 2015, a casi un año de que se presentó la solicitud de información, cuando respondió la Contraloría General del estado, pero no para entregar la información obligada por la resolución del ITAIG, sino para negarla nuevamente.

Dice el oficio CGE-SNJ-DGJ-RS-0505/2015 que “con motivo de los hechos ocurridos (problemática social) al palacio de gobierno el día 13 de octubre de 2014 por personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales, el archivo de la Dirección General de Fiscalización y Evaluación de Obra Pública de esta Contraloría General (…) fue incendiado destruyéndose en consecuencia toda la información relacionada con las auditorías y revisiones que fueron practicadas por este órgano de control, entre ellas la documentación relacionada con el asunto en comento, motivo por el cual no se cuenta con la información solicitada”.

Lo contradictorio del argumento de la Contraloría es que en su primera respuesta aseguró que la información era “inexistente” y en su oficio de febrero diga que sí existía, pero se perdió por un incendio.

A la Contraloría también se le requirieron los mismos datos que a la Seder, es decir, los nombres de las empresas boletinadas por incurrir en irregularidades.

El órgano de control respondió que “no se cuenta con dicha información ya que, el recurso para el programa de fertilizante es entregado directamente por la Seder a los Ayuntamientos como parte de la aportación estatal y estos últimos son los responsables del proceso de licitación, gasto y entrega de fertilizante a los beneficiarios”. Igualmente se presentó ante el ITAIG un recurso de revisión por la respuesta que emitió la Contraloría.

En el expediente ITAIG/35/2014 del 15 de octubre de 2014, el órgano garante resolvió revocar la determinación de inexistencia de la información, y ordenó a la Contraloría a realizar una búsqueda exhaustiva y en su caso entregar la información, dándole un plazo de 10 días hábiles para hacerlo.

La Contraloría respondió mediante oficio con fecha de febrero de 2015 que después de hacer la búsqueda exhaustiva en los archivos que quedaron luego del incendio de octubre en palacio de gobierno “no encontramos antecedente alguno de empresas que hayan sido boletinadas por esta Contraloría General del estado, en virtud de que a la fecha no se ha sancionado a ningún proveedor o contratista”.

¿Información incendiada?

Cabe recordar que el ITAIG, el 26 de noviembre de 2014 emitió una recomendación para que las dependencias públicas tomaran respecto de la información “las medidas precautorias pertinentes para garantizar su resguardo y protección”. Asimismo, el ITAIG iniciaría un procedimiento presencial para decretar qué información se ha perdido o cuál quedó incompleta.

Para conocer la dimensión de la información perdida en la Contraloría, se presentó una nueva solicitud sobre los datos incendiados. Se requirió: Oficio en que la Contraloría solicita al ITAIG  la verificación de la pérdida de archivos e información debido a los incendios en palacio de gobierno; así como la relación de archivos, expedientes y documentos que se perdieron total o parcialmente durante el incendio de palacio de gobierno.

La Contraloría respondió el 18 de marzo de 2015 con un documento electrónico que nunca se pudo abrir. Ya no presentamos recurso de revisión. Las frecuentes respuestas negativas y las permanentes evasivas de las dependencias, incluso habiendo resoluciones provenientes de una autoridad como el ITAIG, son desalientan a cualquiera.

Las evidencias de corrupción en el programa de fertilizante están a la vista de todos, pero cuando se busca documentarlas, las dependencias se cierran y permiten la impunidad.

Fertilizante gratuito, un desastre para Guerrero

El Sur de Acapulco

El programa de fertilizante subsidiado es todavía un eficaz gancho para conseguir votos, como lo ha sido a lo largo de 21 años, cuando con propósitos electoreros y para obtener ganancias económicas, fue creado por el ex gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer.

En ésta y la siguiente edición se describirá la irresponsabilidad y la ambición de sufragios de los candidatos (as) que fomentan este programa, y asimismo se revisará cómo las dependencias responsables de vigilar la operación del programa en el estado (Secretaría de Desarrollo Rural y Contraloría General del estado), ante las evidentes irregularidades, simplemente dicen que no pasa nada.

En la actual contienda electoral, son ya varios los candidatos (as) a gobernador que se refieren al programa en los mismos términos que en el pasado. No sirvió de nada la experiencia de dos décadas de operar un programa que degradó el suelo y contaminó el agua de Guerrero, que modificó negativamente las prácticas de producción campesina, y del que se han enriquecido cientos de funcionarios estatales y presidentes municipales, amén del uso político y la “inversión” anual de cuantiosos recursos sin incrementar significativamente la producción.

Ningún candidato (a) quiso sonar “políticamente incorrecto” y prefirieron obtener un puñado de votos que enderezar un programa pernicioso que hace daño al estado y a los propios campesinos que consumen el producto. Hoy sigue siendo bandera y nadie propone romper y sustituir la adquisición de fertilizante químico por otros sistemas de fertilización menos dañinos para el ambiente, más baratos, y que no consuman los recursos financieros de la obra pública municipal, como se ha venido haciendo.

Héctor Astudillo Flores, candidato a gobernador por los partidos PRI-PVEM, ya prometió que el fertilizante será gratuito en su gobierno, y el costo lo cubrirán el municipio y el gobierno del estado, para que el productor no ponga un peso. “Quiero pedirles a todos y a todas los que tienen que ver con el campo que digan en toda la Tierra Caliente que el fertilizante será gratuito, vamos a modernizar el campo”, dijo un Astudillo, ufano, quien ratificó este compromiso durante el debate entre candidatos del 20 de mayo pasado.

La candidata de la coalición Mejoremos Guerrero, conformada por PRD y PT, Beatriz Mojica Morga, también comentó al respecto. Según la Jornada Guerrero, “en su recorrido que comenzó en Coyuca de Catalán, explicó que se etiquetarán mil millones adicionales al presupuesto de Guerrero para adquirir el abono, que se entregará sin costo al campesinado”. En el debate comentó que entregará fertilizante acompañado de semilla mejorada.

Por su parte, Luis Walton, aspirante al mismo cargo por Movimiento Ciudadano, también se comprometió con los productores a continuar entregando fertilizante, pero más barato. “Les seguiremos dando fertilizante, y será fertilizante barato, porque no nos vamos a llevar comisión”, dijo el candidato, quien en el debate no abordó el asunto.

El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Pablo Amílcar Sandoval, y el dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador, dieron a conocer y firmaron los “25 Compromisos con el pueblo de Guerrero”. Entre éstos, el número cuatro se refiere a que “Tendrán los campesinos fertilizantes gratuitos para producir maíz, frijol y otros cultivos básicos”. No hubo mención al respecto durante el debate.

La candidata Godeleva Rodríguez Salmerón, del partido de los Pobres de Guerrero –quien ya declinó a favor de Mojica Morga-, prometió durante el debate fertilizante gratuito, mientras que Raymundo Nogueda Analco, del Partido Encuentro Social, fue el único que se refirió al abono orgánico, aunque sin ningún detalle.

Sólo el candidato Alberto López Rosas, del Partido Humanista, cuestionó a los candidatos (as) que prometieron la distribución gratuita de fertilizante, pues planteó que es necesario primero tener claridad de dónde se obtendrán los ingresos para su adquisición.

En general, no es cuestionable la entrega de un insumo agrícola de manera gratuita, lo grave es lo que sucede en las entrañas del programa y las numerosas irregularidades que se cometen por la falta de controles férreos y de una entidad que imponga su autoridad: producto adulterado, sacos con menor peso, padrón de beneficiarios sin control, uso de recursos federales no autorizados para la adquisición de fertilizante, así como una total impunidad al no sancionarse las numerosos irregularidades que se comenten, sobre todo en los ayuntamientos.

Es triste el panorama que ofrecen los candidatos (as) al promover un programa que se ha enquistado en el campo y que lastima al territorio y a su gente.

Promoviendo el insumo

Los compromisos de los candidatos (as) son por lo menos irresponsables. Entregar fertilizante químico gratuito provocará un boquete en las finanzas públicas del gobierno del estado y/o de los ayuntamientos.

De acuerdo con datos de la Seder, se calcula que anualmente hay un gasto de 845 millones de pesos para la compra de fertilizante, aportados por el gobierno del estado (20 por ciento), ayuntamientos (59 por ciento) y productores (21 por ciento). De absorberse la parte de los productores, el gobierno estatal y ayuntamientos deberán aportar del orden de 177 millones de pesos adicionales cada año.

Aunque la prensa no los registra, sin duda los candidatos (as) a presidentes municipales también están prometiendo la entrega de fertilizante a menor precio o de plano, de manera gratuita. Desde los tiempos de René Juárez, la operación del programa fue descentralizada a los municipios, ya que el gobierno del estado buscaba quitarse la presión de las movilizaciones de productores –al haberles creado artificialmente la necesidad del insumo- y trasladar la problemática a los municipios.

Pero los ayuntamientos encontraron en el programa de fertilizante una palanca efectiva para el clientelismo y para la obtención de recursos de manera irregular. Fue en los ayuntamientos donde se afinaron las prácticas más desaseadas del programa, y que van desde la manipulación del padrón de productores, hasta licitaciones dudosas y el contubernio con empresas para adulterar el producto e inflar los costos. Esto con el concurso o la omisión de las dependencias que de acuerdo con las reglas de operación deben vigilar la ejecución del programa.

La operación directa del programa fue muy útil y eso explica por qué la aportación de los ayuntamientos comenzó a ser creciente. En 2001, los productores aportaban 58 por ciento del costo total del insumo, en 2002 ese porcentaje disminuyó a 46 por ciento y para 2003 fue de 41 por ciento. En los siguientes años continuó su descenso hasta llegar a 17 por ciento en 2007. Durante el periodo 2008-2012 el promedio de la aportación de los productores fue de 25 por ciento.

Los ayuntamientos emplearon en su momento la misma lógica clientelar que hoy utilizan los candidatos (as) a la gubernatura: disminuir el porcentaje de aportación de los campesinos, incluso hasta cero, para poder influir sobre sus preferencias electorales.

“Observados”, los ayuntamientos desde 2001

Desde 2001, cuando se descentralizó el programa y los ayuntamientos comenzaron a hacer su aportación financiera, ésta ha sido obtenida de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 (FAISM), es decir, del dinero que proviene de la Federación y que está etiquetado para el financiamiento de obra pública y acciones sociales básicas.

Desde entonces, los órganos de fiscalización estatal y federal han señalado esta irregularidad, ya que la Ley de Coordinación Fiscal, incluso en su reciente modificación que entró en vigor en 2014, no considera la compra de insumos agrícolas entre las acciones que se pueden financiar con estos recursos.

En 2014, alcaldes, diputados, dirigentes de partidos y funcionarios del gobierno del estado de Guerrero adoptaron una actitud beligerante ante la Federación por las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y los lineamientos del FAISM de la Sedesol de 2014, que endurecieron la prohibición.

Sin embargo, la Sedesol flexibilizó su postura, según lo consignaron los diarios en abril de 2014. De acuerdo con estas fuentes, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ofreció a los alcaldes de Guerrero que podrían destinar 20 por ciento del dinero del FAISM en la adquisición del insumo, y hasta les dijo, según los periódicos, que lo podrían comprobar bajo el concepto de “proyecto productivo alimentario” (El Sur, 15 de abril de 2014).

También mencionó que el gobierno federal daría “trato especial” a 12 municipios que requerían más del 20 por ciento, ya que como se sabe, hay ayuntamientos que gastan un porcentaje mayor de su FASIM que a veces rebasa el 50 por ciento.

Esta concesión a los municipios de Guerrero está fuera de norma y es ilegal. Los diarios la registraron en sus páginas a partir de una reunión a puertas cerradas entre la titular de la Sedesol federal, el ex gobernador Ángel Aguirre y alcaldes del estado.

Por medio de una solicitud de información, le requerimos a la Sedesol el “fundamento legal por el que la dependencia autorizó que los ayuntamientos de Guerrero utilicen 20 por ciento de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ramo 33 en la adquisición de fertilizante.”

En su respuesta, la Sedesol se desentendió de lo que había acordado su titular con los ayuntamientos del estado en abril de 2014 y respondió que “esta Secretaría de Desarrollo Social no tiene facultad de autorizar ni validar ningún tipo de gasto por parte de los ayuntamientos municipales”.

Argumentó que la Ley de Coordinación Fiscal  en su artículo 49 establece que “[…] Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus propias leyes (…). En todos los casos deberán registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos”. 

La Sedesol describió los rubros de gasto a los que se deben destinar los recursos del FAISM: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.”

Es decir, el acuerdo entre la Sedesol, el gobierno del estado y los ayuntamientos que permite pagar el 20 por ciento del costo del fertilizante con recursos del FAISM, no se sustenta en ningún documento institucional y más bien es un acuerdo informal que jurídicamente pende de un hilo.

Las observaciones de la ASF

En los más recientes informes de cuenta pública a los ayuntamientos de Guerrero, difundidos por la Auditoría Superior de la Federación, este órgano fiscalizador observó esta irregularidad e hizo las recomendaciones respectivas a las contralorías internas de los municipios para que investiguen y apliquen las sanciones que correspondan.

Las sugerencias de la ASF difícilmente tendrán consecuencias, pues las contralorías municipales están supeditadas a los alcaldes y no cuentan con autonomía, por lo cual no se esperan ninguna investigación ni sanción a los ayuntamientos, y el fertilizante continuará distribuyéndose de manera irregular y con observaciones permanentes por parte de la ASF.

Para dar una idea de lo que sucede en este rubro, el organismo fiscalizador federal revisó en 2013 una muestra de municipios guerrerenses. De los seleccionados, Cutzamala gastó el 78.4 por ciento de sus recursos FAISM en la adquisición de fertilizante; Arecelia, 66.1 por ciento, Zirándaro 59.5 por ciento y Quechultenango 55 por ciento.

Los demás municipios revisados en 2013 fueron Zitlala, que gastó 42.7 por ciento de su FASIM en fertilizante, Huitzuco (26.7), Olinalá (26.7), Tixtla (26.2), Eduardo Neri (24.8), Tepecoacuilco (18.9), José Joaquín Herrera (17.3), Atoyac (13.9), Acatepec (12.6), Petatlán (7.5) y Juchitán (3.8 por ciento del FAISM).

Todos los municipios resultaron con observaciones de la ASF, incluso los que gastaron menos del 20 por ciento de su FAISM. Pero como muchas cosas en Guerrero, no sucederá nada