Ley General de Transparencia

El Sur de Acapulco

La reciente aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información traerá cambios importantes, benéficos para las y los ciudadanos del estado de Guerrero, que usualmente ocupa los peores lugares del país en esta materia. Quizás más que ningún otro estado, la nueva ley contribuirá a compensar precisamente esa asimetría que guarda con respecto de las otras entidades.
Los candidatos que resultaron electos y que conformarán en breve el sector público guerrerense (gobernador del estado, diputados del Congreso local y presidentes municipales), deben dejar ya el festejo y ocuparse de uno de sus primeros retos urgentes: diseñar una estrategia que les permita organizar y difundir la información pública gubernamental de manera muy diferente de como la habían realizado los gobiernos anteriores y actual, pues la ley general de transparencia es mucho más rigurosa y procurará establecer una especie de “estandarización” de los procedimientos tanto para el acceso a la información como de las obligaciones de transparencia en todo el país, por medio de un sistema nacional.
Si los electos no reaccionan pronto, el nuevo sistema nacional –cuyo Consejo Nacional, por cierto, se instala hoy al mediodía– colocará a las dependencias a la vista de todo el país, por sus opacidad, negligencia o reticencia, y las complicidades locales que antes solapaban su opacidad, en esta ocasión ya no serán muy útiles.
En esta entrega comentaremos algunas secciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que consideramos tendrán consecuencias en beneficio de los ciudadanos de Guerrero, quienes no quieren dar un cheque en blanco a los nuevos gobernantes.

Sistema nacional de transparencia

Una de las innovaciones más relevantes de la Ley General de Transparencia es la creación del Sistema Nacional de Transparencia, integrado por los órganos garantes de las entidades federativas –ahí estará representado el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero–, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y, desde luego, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai, antes Ifai). Este sistema deberá conformarse como un conjunto orgánico y articulado de los organismos e instituciones que lo integran, pero también de procedimientos, de instrumentos y de políticas en el ámbito de la transparencia.
Su finalidad es coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como también establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con lo señalado en el texto sexto de la Constitución y de la Ley General de Transparencia.
Una de las actividades que se consideran fundamentales del sistema nacional será el establecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información de una manera rápida, sencilla y gratuita, pues esta plataforma alojará el catálogo total de dependencias que señala la ley. En Guerrero, el total de instituciones gubernamentales obligadas por la ley es de más de 160, aunque actualmente sólo las dependencias del Ejecutivo estatal, el municipio de Acapulco y algunos organismos autónomos cuentan con una plataforma electrónica de acceso a la información, tal vez ese número no llega a 70 en todo el estado.
Sin duda, con la puesta en marcha de esta plataforma nacional, los mecanismos de acceso a la información mejorarán notablemente en los estados, pues serán más eficientes, incluirán a la mayoría de las dependencias públicas del sector público y tendrán funciones para presentar recursos de revisión; también considerarán la instalación de un buscador que será útil a los ciudadanos para encontrar información en los portales, en las solicitudes y en las respuestas.
Y aunque el actual sistema Info Gro dejará de funcionar en cuanto comience a operar la plataforma nacional, no hay que dejar de reconocer que ha sido la única decisión gubernamental importante –en nueve años– que facilitó enormemente la presentación de solicitudes de información. Si se revisan las cifras, el sistema Info Gro permitió que el número de solicitudes se incrementará en más de 600 por ciento, y el aumento pudo ser mayor si se hubiran incluido todas las instituciones gubernamentales del estado.
La plataforma nacional también considera en su diseño un aspecto que posiblemente tenga mucha utilidad en Guerrero: no todas las personas cuentan con computadora ni acceso a internet, por lo que se establecerá que las personas que no tengan internet puedan llamar por teléfono tradicional a un 01 800, y un centro de atención telefónica en el INAI atenderá esas solicitudes telefónicas y las conducirá a través de la plataforma a la dependencia correspondiente, sea federal, estatal o municipal.

Portal de obligaciones de transparencia

La plataforma nacional también funcionará como ventana para que todas las dependencias federales, de los estados y municipales coloquen ahí su información de oficio. Es decir, la ciudadanía ya no tendrá que buscar los portales específicos de cada dependencia, sino que en un solo lugar podrá acceder a la información pública de todo el país. Desde luego, las dependencias omisas estarán a la vista de todos, lo cual se convierte en un acicate contra la opacidad.
Uno de los grandes cuellos de botella en Guerrero es la reticencia de las dependencias públicas a publicar su información de oficio. Los diferentes monitoreos efectuados por organizaciones civiles locales y nacionales dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento en este rubro, aun cuando es uno de los principales indicadores de transparencia de las instituciones gubernamentales.
La buena noticia para los guerrerenses es por partida doble: se incrementará el número de temas de información de oficio, y además con la ley general se homogenizarán los criterios para publicar estas obligaciones de información, es decir, las dependencias ya no podrán hacer su propia interpretación de lo que deben publicar, se tendrán que ajustar a lo que establece el artículo 70, en el que se señalan 48 incisos –la ley local sólo establece 22– y adicionalmente otros que se señalan en los artículos del 71 al 83, según la dependencia de que se trate.
Y precisamente para evitar diversas interpretaciones, el Inai construirá una metodología para la publicación y la evaluación de las obligaciones de oficio de los 48 temas.
Uno de los problemas que se prevén en el corto plazo es que habrá dependencias que no tendrán las capacidades institucionales para cumplir con esas obligaciones de transparencia. Pues es buen momento para que el gobernador electo, los alcaldes que ganaron y quienes conformarán la LXI Legislatura del Congreso del estado imaginen cómo le van a hacer para resolver los asuntos de la transparencia. Es claro que la transparencia cuesta, personal, organización, tal vez equipo, pero es una obligación formal que deben cumplir.

La información por difundir

Es pertinente destacar algunos de los temas de información que deberán dar a conocer las instituciones. Deberán cumplir, por ejemplo, con la difusión de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, así como los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.
Igualmente, deberán publicar la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación.
Un tema que deberán dar a conocer es la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: área, denominación del programa, periodo de vigencia, diseño, objetivos y alcances, metas físicas, población beneficiada estimada, monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal.
La información sobre los programas también deberá contener requisitos y procedimientos de acceso, procedimiento de queja o inconformidad ciudadana, mecanismos de exigibilidad, mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo, formas de participación social, informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas.
El padrón de beneficiarios de estos programas deberá hacerse público y deberá contener: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.
En el caso de la información presupuestal, las dependencias deberán publicar la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; además de la información sobre la deuda pública.
También darán a conocer los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, así como el padrón de proveedores y contratistas y los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.
Ésta y mucha información más deberá ser publicada por todas las dependencias públicas del estado en la plataforma nacional. Los candidatos electos están a tiempo para tomar las medidas necesarias que les permitan en el corto y mediano plazo cumplir con estas obligaciones. El Itaig tendrá una función relevante en este trabajo, ya que se encargará de verificar y aprobar que las instituciones del estado están cumpliendo.
Pero con la ley general de transparencia, los ciudadanos podrán denunciar ante los órganos de transparencia estatales a aquellas dependencias que no cumplan con sus obligaciones de transparencia. Hasta hoy, esa facultad es sólo del Itaig, y en nueve años no la ha ejercido, pero con esta nueva facultad ciudadana, los casos de denuncia y, en su caso, de sanciones se multiplicarán en el estado. En otras palabras, con la nueva legislación, los ciudadanos podrán quejarse ante el Itaig de que la información de una dependencia no está en el portal electrónico, y si no la colocan, el órgano garante podrá imponer medidas de apremio que puede ser una multa de hasta 200 mil pesos.

Quién legislará

Queda pendiente la homologación de la ley local a la ley general de transparencia, que deberán hacer los diputados guerrerenses. Hasta hoy, el Congreso del estado no ha sido un órgano que haya favorecido la transparencia ni facilitado los mecanismos de acceso de información en el estado; y no sólo no ha sido un promotor de acciones y políticas en la materia, sino que, en sí mismo ha sido un organismo poco transparente, de los más opacos del estado.
Hay motivos para estar preocupados, pues el tortuguismo, incluso la reticencia con que los diputados de dos legislaturas diferentes aprobaron las dos leyes de transparencia que han regido al estado (septiembre de 2005 y mayo de 2010) sólo evidenciaron su desinterés, apatía y hasta resistencia por contribuir a generar una cultura de la transparencia. Pero también pesa sobre ellos su desprecio por la opinión ciudadana, ya que ninguna de las leyes de transparencia fue sometida a discusión pública en foros de consulta u otros mecanismos de participación ciudadana, como lo demandaron en su momento diferentes sectores.
Sería muy ambicioso pretender que la actual Legislatura trabajará en el tiempo que le resta en la armonización de la ley guerrerense con la ley general. No lo hará, porque tampoco se ha caracterizado por ser un órgano legislativo transparente.
Tocará a la siguiente legislatura hacer ese trabajo, y su inacción, en su caso, será observada más de cerca por ojos nacionales.

Discrecional, la operación del programa de fertilizante

El Sur de Acapulco

La falta de controles institucionales en el programa de fertilizante lo ha convertido en uno de los programas más irregulares del estado de Guerrero. Sus reglas de operación son muy laxas, y muy pasiva y poco efectiva la intervención de las dependencias normativas, que deben vigilar y evaluar el programa, lo que origina toda clase de desviaciones y operaciones ilegales por parte de autoridades estatales, municipales y de no pocos productores que obtienen el insumo fuera de la norma.

Antes de 2007, el programa de fertilizante se ejecutaba sin reglas de operación, o por lo menos no hay evidencia ni documentos púbicos que hagan notar lo contrario. Era parte de su tradicional operación discrecional. Fue el 8 de junio de 2007, cuando se emitieron las primeras reglas de operación y desde entonces, se han emitido versiones cada uno o dos años, que poco han cambiado entre sí. La más reciente corresponde al Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de fertilizante y transferencia de tecnología, para el ciclo p.v. 2014, publicado en el periódico oficial del gobierno el estado de Guerrero el 11 de abril de 2014.

Independientemente de que las reglas tienen vacíos importantes en cuanto a las responsabilidades de los diferentes actores institucionales y también respecto de las pocas facultades otorgadas a los productores para vigilar el programa, lo cierto es que el control elemental que sí propone ese documento normativo, no es acatado ni por la Secretaría de Desarrollo Rural ni por la Contraloría General del estado y tampoco por la Auditoría general del estado, instituciones que según las reglas de operación, deben cumplir acciones de vigilancia.

En este número abordamos sólo una de las irregularidades del programa y cómo las dependencias normativas simplemente no actúan como les corresponde.

Fertilizante adulterado

En el campo de Guerrero, los campesinos perciben que de unos años a la fecha, el fertilizante químico que les distribuyen los ayuntamientos “está rebajado” o ya no les funciona como antes. También se dan cuenta que los sacos que contienen el insumo no alcanzan el peso oficial que marcan las reglas de operación. Sin embargo, no hay protestas por este fraude porque consideran “que lo barato o regalado no se discute”.

Desde hace varios años buscamos evidenciar y documentar esta actividad fraudulenta de parte de los actores institucionales y todos esquivan sus responsabilidades. En ediciones anteriores reseñamos un reporte del gobierno del estado donde se analizó la calidad del fertilizante y los resultados fueron sorpresivos, ya que una buena cantidad del insumo que se entregó a los campesinos estaba adulterado.

Por medio de solicitudes de información presentadas tanto a la Seder como a la Contraloría General, buscamos respuestas a esta irregularidad, pero la mayoría de estos requerimientos no fueron contestados o se respondieron de manera parcial, por lo que concluyeron con la presentación de recursos de revisión o quejas ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado. Pero ni con la intervención del ITAIG se han obtenido respuestas a las interrogantes y sí dan en cambio una percepción de impunidad.

Así, por ejemplo, en abril de 2014 solicitamos a la Seder información sobre las “Empresas que fueron ‘boletinadas’ por no cumplir con las reglas de operación del programa de fertilizante. Esta información desglosada por Empresa, Irregularidad en que incurrió, Sanción, Municipio que la contrató. Ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.”

Al no responder la dependencia, se presentó en mayo de 2014 un recurso de revisión, que fue admitido por el órgano garante y se integró el expediente ITAIG/33/2014. La Seder argumentó que “dicha omisión se debió a problemas técnicos con el proveedor de internet de esa Dependencia”.

El ITAIG, en su resolución del 15 de octubre de 2014, fue claro ante esta excusa: “este argumento no es suficiente para justificar la falta de respuesta a una solicitud de información, en virtud de que la efectividad y garantía del derecho humano fundamental de acceso a la información no puede depender de la funcionalidad del servicio de internet”.

La Seder, entonces, al ser requerida a que respondiera la solicitud manifestó que “no cuenta con la información respecto de empresas boletinadas en el programa de fertilizante”, cuestionando que las empresas no se “boletinan” sino que se inhabilitan cuando cometen alguna irregularidad.

Sin embargo, en los convenios de colaboración entre el gobierno del estado y los ayuntamientos de este programa, la cláusula décimo tercera dice que “el ayuntamiento se obliga a contratar con empresas que no estén boletinadas por los órganos fiscalizadores y que cumplan con la norma oficial mexicana, quedando bajo su más estricta responsabilidad la contratación con las mismas, autorizando desde este momento a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Rural, para hacer pública a nivel estatal en los subsecuentes ejercicios las irregularidades que se detecten al contratar con dichas empresas”.

El ITAIG emitió su resolución en la que ordena “proporcionar al recurrente la información relativa a las irregularidades derivados de los contratos celebrados por los Ayuntamientos del Estado con las empresas proveedoras de fertilizante (…) que hayan sido detectadas por esa Dependencia en los ejercicios fiscales2010. 2011, 2012 y 2013, indicando el nombre del proveedor, la irregularidad en que incurrió y la sanción impuesta en su caso”. Y dio un plazo de 10 días hábiles para cumplir la resolución.

Asimismo, el órgano garante formuló una amonestación pública a la Seder por no haber respondido a la solicitud de información dentro del plazo que establece la ley de transparencia.

No obstante la resolución del ITAIG, en abierto desacato, la Seder entregó como respuesta un escrito de media cuartilla, en hoja sin membrete de la Secretaría ni una firma que la avalara. Argumenta la Seder que “si bien es cierto que el H. Ayuntamiento autoriza a la Contraloría y a la Seder para hacer públicas a nivel estatal las irregularidades que se detecten al contratar los H. Ayuntamientos con las empresas, en ningún momento se especifica que la Contraloría y la Seder serán las encargadas de verificar tales irregularidades”.

Miente la Seder.  Las reglas de operación son muy claras sobre este punto: en el inciso 7.4 las reglas establecen que “con la finalidad de llevar un control real sobre los avances del programa, así como de corregir posibles retrasos o desvíos en la operación, la Secretaría (de Desarrollo Rural), la Contraloría y la Auditoría estarán facultadas para realizar visitas periódicas a los ayuntamientos para revisar: I. Volúmenes recepcionados y entregados a los Comités Locales. (…) IV. Especificaciones del fertilizante a entregar o entregado.

Hay pues una intención deliberada de la Seder para ocultar información o no están cumpliendo eficientemente con su trabajo.

Corresponde al ITAIG, ante el desacato de una de sus resoluciones, denunciar a la Seder ante la autoridad competente por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia.

Nula respuesta de la Contraloría

En febrero de 2014, se presentó una solicitud de información ante la Contraloría General del Estado de Guerrero en los siguientes términos: “Resultados de los análisis de calidad del fertilizante realizados por la dependencia en los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013”.

La Contraloría negó la información argumentando que la información “no se encuentra en los archivos de esta entidad por no ser de su competencia. Por tal motivo, para darle trámite a su solicitud deberá ser presentada en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Desarrollo Rural”. Ante esta respuesta, se presentó ante el ITAIG un recurso de revisión impugnando la contestación de la Contraloría.

Al estudiar el caso, el ITAIG resolvió que la contraloría general del estado “es competente para generar la información solicitada por el recurrente, toda vez que la normatividad  (…) [reglas de operación] le atribuye la facultad expresa de realizar muestreo y verificaciones a la calidad del fertilizante (…)”, por lo que la respuesta de la Contraloría en donde se declara incompetente para conocer de la solicitud de información “carece de fundamento y motivación alguna”.

De esta manera, concluyó el ITAIG, la Contraloría “deberá entregar al recurrente la información relativa a los resultados de los análisis a la calidad del fertilizante realizados por esa dependencia en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, por tratarse de información pública de oficio”, y esto lo debió hacer en un plazo de 10 días hábiles. Asimismo instruyó a la dependencia para que realice una búsqueda exhaustiva a fin de localizar la información correspondiente a los análisis de los ejercicios 2012 y 2013, para en su caso, entregarla al solicitante.

La resolución del ITAIG se emitió el 24 de septiembre de 2014, y fue hasta el 19 de febrero de 2015, a casi un año de que se presentó la solicitud de información, cuando respondió la Contraloría General del estado, pero no para entregar la información obligada por la resolución del ITAIG, sino para negarla nuevamente.

Dice el oficio CGE-SNJ-DGJ-RS-0505/2015 que “con motivo de los hechos ocurridos (problemática social) al palacio de gobierno el día 13 de octubre de 2014 por personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales, el archivo de la Dirección General de Fiscalización y Evaluación de Obra Pública de esta Contraloría General (…) fue incendiado destruyéndose en consecuencia toda la información relacionada con las auditorías y revisiones que fueron practicadas por este órgano de control, entre ellas la documentación relacionada con el asunto en comento, motivo por el cual no se cuenta con la información solicitada”.

Lo contradictorio del argumento de la Contraloría es que en su primera respuesta aseguró que la información era “inexistente” y en su oficio de febrero diga que sí existía, pero se perdió por un incendio.

A la Contraloría también se le requirieron los mismos datos que a la Seder, es decir, los nombres de las empresas boletinadas por incurrir en irregularidades.

El órgano de control respondió que “no se cuenta con dicha información ya que, el recurso para el programa de fertilizante es entregado directamente por la Seder a los Ayuntamientos como parte de la aportación estatal y estos últimos son los responsables del proceso de licitación, gasto y entrega de fertilizante a los beneficiarios”. Igualmente se presentó ante el ITAIG un recurso de revisión por la respuesta que emitió la Contraloría.

En el expediente ITAIG/35/2014 del 15 de octubre de 2014, el órgano garante resolvió revocar la determinación de inexistencia de la información, y ordenó a la Contraloría a realizar una búsqueda exhaustiva y en su caso entregar la información, dándole un plazo de 10 días hábiles para hacerlo.

La Contraloría respondió mediante oficio con fecha de febrero de 2015 que después de hacer la búsqueda exhaustiva en los archivos que quedaron luego del incendio de octubre en palacio de gobierno “no encontramos antecedente alguno de empresas que hayan sido boletinadas por esta Contraloría General del estado, en virtud de que a la fecha no se ha sancionado a ningún proveedor o contratista”.

¿Información incendiada?

Cabe recordar que el ITAIG, el 26 de noviembre de 2014 emitió una recomendación para que las dependencias públicas tomaran respecto de la información “las medidas precautorias pertinentes para garantizar su resguardo y protección”. Asimismo, el ITAIG iniciaría un procedimiento presencial para decretar qué información se ha perdido o cuál quedó incompleta.

Para conocer la dimensión de la información perdida en la Contraloría, se presentó una nueva solicitud sobre los datos incendiados. Se requirió: Oficio en que la Contraloría solicita al ITAIG  la verificación de la pérdida de archivos e información debido a los incendios en palacio de gobierno; así como la relación de archivos, expedientes y documentos que se perdieron total o parcialmente durante el incendio de palacio de gobierno.

La Contraloría respondió el 18 de marzo de 2015 con un documento electrónico que nunca se pudo abrir. Ya no presentamos recurso de revisión. Las frecuentes respuestas negativas y las permanentes evasivas de las dependencias, incluso habiendo resoluciones provenientes de una autoridad como el ITAIG, son desalientan a cualquiera.

Las evidencias de corrupción en el programa de fertilizante están a la vista de todos, pero cuando se busca documentarlas, las dependencias se cierran y permiten la impunidad.

Fertilizante gratuito, un desastre para Guerrero

El Sur de Acapulco

El programa de fertilizante subsidiado es todavía un eficaz gancho para conseguir votos, como lo ha sido a lo largo de 21 años, cuando con propósitos electoreros y para obtener ganancias económicas, fue creado por el ex gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer.

En ésta y la siguiente edición se describirá la irresponsabilidad y la ambición de sufragios de los candidatos (as) que fomentan este programa, y asimismo se revisará cómo las dependencias responsables de vigilar la operación del programa en el estado (Secretaría de Desarrollo Rural y Contraloría General del estado), ante las evidentes irregularidades, simplemente dicen que no pasa nada.

En la actual contienda electoral, son ya varios los candidatos (as) a gobernador que se refieren al programa en los mismos términos que en el pasado. No sirvió de nada la experiencia de dos décadas de operar un programa que degradó el suelo y contaminó el agua de Guerrero, que modificó negativamente las prácticas de producción campesina, y del que se han enriquecido cientos de funcionarios estatales y presidentes municipales, amén del uso político y la “inversión” anual de cuantiosos recursos sin incrementar significativamente la producción.

Ningún candidato (a) quiso sonar “políticamente incorrecto” y prefirieron obtener un puñado de votos que enderezar un programa pernicioso que hace daño al estado y a los propios campesinos que consumen el producto. Hoy sigue siendo bandera y nadie propone romper y sustituir la adquisición de fertilizante químico por otros sistemas de fertilización menos dañinos para el ambiente, más baratos, y que no consuman los recursos financieros de la obra pública municipal, como se ha venido haciendo.

Héctor Astudillo Flores, candidato a gobernador por los partidos PRI-PVEM, ya prometió que el fertilizante será gratuito en su gobierno, y el costo lo cubrirán el municipio y el gobierno del estado, para que el productor no ponga un peso. “Quiero pedirles a todos y a todas los que tienen que ver con el campo que digan en toda la Tierra Caliente que el fertilizante será gratuito, vamos a modernizar el campo”, dijo un Astudillo, ufano, quien ratificó este compromiso durante el debate entre candidatos del 20 de mayo pasado.

La candidata de la coalición Mejoremos Guerrero, conformada por PRD y PT, Beatriz Mojica Morga, también comentó al respecto. Según la Jornada Guerrero, “en su recorrido que comenzó en Coyuca de Catalán, explicó que se etiquetarán mil millones adicionales al presupuesto de Guerrero para adquirir el abono, que se entregará sin costo al campesinado”. En el debate comentó que entregará fertilizante acompañado de semilla mejorada.

Por su parte, Luis Walton, aspirante al mismo cargo por Movimiento Ciudadano, también se comprometió con los productores a continuar entregando fertilizante, pero más barato. “Les seguiremos dando fertilizante, y será fertilizante barato, porque no nos vamos a llevar comisión”, dijo el candidato, quien en el debate no abordó el asunto.

El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Pablo Amílcar Sandoval, y el dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador, dieron a conocer y firmaron los “25 Compromisos con el pueblo de Guerrero”. Entre éstos, el número cuatro se refiere a que “Tendrán los campesinos fertilizantes gratuitos para producir maíz, frijol y otros cultivos básicos”. No hubo mención al respecto durante el debate.

La candidata Godeleva Rodríguez Salmerón, del partido de los Pobres de Guerrero –quien ya declinó a favor de Mojica Morga-, prometió durante el debate fertilizante gratuito, mientras que Raymundo Nogueda Analco, del Partido Encuentro Social, fue el único que se refirió al abono orgánico, aunque sin ningún detalle.

Sólo el candidato Alberto López Rosas, del Partido Humanista, cuestionó a los candidatos (as) que prometieron la distribución gratuita de fertilizante, pues planteó que es necesario primero tener claridad de dónde se obtendrán los ingresos para su adquisición.

En general, no es cuestionable la entrega de un insumo agrícola de manera gratuita, lo grave es lo que sucede en las entrañas del programa y las numerosas irregularidades que se cometen por la falta de controles férreos y de una entidad que imponga su autoridad: producto adulterado, sacos con menor peso, padrón de beneficiarios sin control, uso de recursos federales no autorizados para la adquisición de fertilizante, así como una total impunidad al no sancionarse las numerosos irregularidades que se comenten, sobre todo en los ayuntamientos.

Es triste el panorama que ofrecen los candidatos (as) al promover un programa que se ha enquistado en el campo y que lastima al territorio y a su gente.

Promoviendo el insumo

Los compromisos de los candidatos (as) son por lo menos irresponsables. Entregar fertilizante químico gratuito provocará un boquete en las finanzas públicas del gobierno del estado y/o de los ayuntamientos.

De acuerdo con datos de la Seder, se calcula que anualmente hay un gasto de 845 millones de pesos para la compra de fertilizante, aportados por el gobierno del estado (20 por ciento), ayuntamientos (59 por ciento) y productores (21 por ciento). De absorberse la parte de los productores, el gobierno estatal y ayuntamientos deberán aportar del orden de 177 millones de pesos adicionales cada año.

Aunque la prensa no los registra, sin duda los candidatos (as) a presidentes municipales también están prometiendo la entrega de fertilizante a menor precio o de plano, de manera gratuita. Desde los tiempos de René Juárez, la operación del programa fue descentralizada a los municipios, ya que el gobierno del estado buscaba quitarse la presión de las movilizaciones de productores –al haberles creado artificialmente la necesidad del insumo- y trasladar la problemática a los municipios.

Pero los ayuntamientos encontraron en el programa de fertilizante una palanca efectiva para el clientelismo y para la obtención de recursos de manera irregular. Fue en los ayuntamientos donde se afinaron las prácticas más desaseadas del programa, y que van desde la manipulación del padrón de productores, hasta licitaciones dudosas y el contubernio con empresas para adulterar el producto e inflar los costos. Esto con el concurso o la omisión de las dependencias que de acuerdo con las reglas de operación deben vigilar la ejecución del programa.

La operación directa del programa fue muy útil y eso explica por qué la aportación de los ayuntamientos comenzó a ser creciente. En 2001, los productores aportaban 58 por ciento del costo total del insumo, en 2002 ese porcentaje disminuyó a 46 por ciento y para 2003 fue de 41 por ciento. En los siguientes años continuó su descenso hasta llegar a 17 por ciento en 2007. Durante el periodo 2008-2012 el promedio de la aportación de los productores fue de 25 por ciento.

Los ayuntamientos emplearon en su momento la misma lógica clientelar que hoy utilizan los candidatos (as) a la gubernatura: disminuir el porcentaje de aportación de los campesinos, incluso hasta cero, para poder influir sobre sus preferencias electorales.

“Observados”, los ayuntamientos desde 2001

Desde 2001, cuando se descentralizó el programa y los ayuntamientos comenzaron a hacer su aportación financiera, ésta ha sido obtenida de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 (FAISM), es decir, del dinero que proviene de la Federación y que está etiquetado para el financiamiento de obra pública y acciones sociales básicas.

Desde entonces, los órganos de fiscalización estatal y federal han señalado esta irregularidad, ya que la Ley de Coordinación Fiscal, incluso en su reciente modificación que entró en vigor en 2014, no considera la compra de insumos agrícolas entre las acciones que se pueden financiar con estos recursos.

En 2014, alcaldes, diputados, dirigentes de partidos y funcionarios del gobierno del estado de Guerrero adoptaron una actitud beligerante ante la Federación por las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y los lineamientos del FAISM de la Sedesol de 2014, que endurecieron la prohibición.

Sin embargo, la Sedesol flexibilizó su postura, según lo consignaron los diarios en abril de 2014. De acuerdo con estas fuentes, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ofreció a los alcaldes de Guerrero que podrían destinar 20 por ciento del dinero del FAISM en la adquisición del insumo, y hasta les dijo, según los periódicos, que lo podrían comprobar bajo el concepto de “proyecto productivo alimentario” (El Sur, 15 de abril de 2014).

También mencionó que el gobierno federal daría “trato especial” a 12 municipios que requerían más del 20 por ciento, ya que como se sabe, hay ayuntamientos que gastan un porcentaje mayor de su FASIM que a veces rebasa el 50 por ciento.

Esta concesión a los municipios de Guerrero está fuera de norma y es ilegal. Los diarios la registraron en sus páginas a partir de una reunión a puertas cerradas entre la titular de la Sedesol federal, el ex gobernador Ángel Aguirre y alcaldes del estado.

Por medio de una solicitud de información, le requerimos a la Sedesol el “fundamento legal por el que la dependencia autorizó que los ayuntamientos de Guerrero utilicen 20 por ciento de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ramo 33 en la adquisición de fertilizante.”

En su respuesta, la Sedesol se desentendió de lo que había acordado su titular con los ayuntamientos del estado en abril de 2014 y respondió que “esta Secretaría de Desarrollo Social no tiene facultad de autorizar ni validar ningún tipo de gasto por parte de los ayuntamientos municipales”.

Argumentó que la Ley de Coordinación Fiscal  en su artículo 49 establece que “[…] Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus propias leyes (…). En todos los casos deberán registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos”. 

La Sedesol describió los rubros de gasto a los que se deben destinar los recursos del FAISM: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.”

Es decir, el acuerdo entre la Sedesol, el gobierno del estado y los ayuntamientos que permite pagar el 20 por ciento del costo del fertilizante con recursos del FAISM, no se sustenta en ningún documento institucional y más bien es un acuerdo informal que jurídicamente pende de un hilo.

Las observaciones de la ASF

En los más recientes informes de cuenta pública a los ayuntamientos de Guerrero, difundidos por la Auditoría Superior de la Federación, este órgano fiscalizador observó esta irregularidad e hizo las recomendaciones respectivas a las contralorías internas de los municipios para que investiguen y apliquen las sanciones que correspondan.

Las sugerencias de la ASF difícilmente tendrán consecuencias, pues las contralorías municipales están supeditadas a los alcaldes y no cuentan con autonomía, por lo cual no se esperan ninguna investigación ni sanción a los ayuntamientos, y el fertilizante continuará distribuyéndose de manera irregular y con observaciones permanentes por parte de la ASF.

Para dar una idea de lo que sucede en este rubro, el organismo fiscalizador federal revisó en 2013 una muestra de municipios guerrerenses. De los seleccionados, Cutzamala gastó el 78.4 por ciento de sus recursos FAISM en la adquisición de fertilizante; Arecelia, 66.1 por ciento, Zirándaro 59.5 por ciento y Quechultenango 55 por ciento.

Los demás municipios revisados en 2013 fueron Zitlala, que gastó 42.7 por ciento de su FASIM en fertilizante, Huitzuco (26.7), Olinalá (26.7), Tixtla (26.2), Eduardo Neri (24.8), Tepecoacuilco (18.9), José Joaquín Herrera (17.3), Atoyac (13.9), Acatepec (12.6), Petatlán (7.5) y Juchitán (3.8 por ciento del FAISM).

Todos los municipios resultaron con observaciones de la ASF, incluso los que gastaron menos del 20 por ciento de su FAISM. Pero como muchas cosas en Guerrero, no sucederá nada

La participación ciudadana del Plan Nuevo Guerrero, una simulación

El Sur de Acapulco

Hasta hoy, el Plan Nuevo Guerrero, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto para mitigar los efectos de la tormenta tropical Manuel de septiembre de 2013, no tiene forma y tampoco existe un documento rector que lo sustente y en el que se establezcan objetivos, metas, indicadores que permitan su seguimiento.

Lo peor es que los recursos se han ejercido con desorden y sin transparencia. Cerca de 40 mil millones de pesos se han invertido hasta hoy en el estado y los indicadores de pobreza y marginación no parecen moverse. Cuantiosos recursos, mucha opacidad y pobreza persistente, son ingredientes del que parece un jugoso negocio del gobierno de la república.

Desde el principio se intentó dar al plan una cara democrática mediante una supuesta inclusión de la participación ciudadana. El cuarto principio rector del plan, que se anuncia en su portal electrónico, expone que “Se promoverá que los guerrerenses participen directamente en las acciones comprometidas, con el objeto de crear en conjunto una política que brinde mayor valor público”. Pero todo fue una simulación.

El instrumento con que el gobierno federal buscó “democratizar” el Plan Nuevo Guerrero fue el Consejo Estatal para la Restauración de Guerrero, y su diseño y ejecución se les encargó al ex gobernador Ángel Aguirre y a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Pero a 19 meses de su creación, el Consejo ha sido un organismo decorativo y mudo testigo de las decisiones del gobierno federal, ya que todavía no se conoce un informe público de seguimiento que evalúe y se pronuncie con seriedad y objetividad sobre las acciones del Plan Nuevo Guerrero. De la transparencia del ejercicio de los recursos tampoco ha dicho una palabra.

Por un aval ciudadano

Después de la tormenta tropical Manuel, el gobierno federal comenzó a perfilar la idea de incorporar la participación ciudadana en el seguimiento de las acciones y la vigilancia de los recursos de la reconstrucción del estado, pues desde el momento en que se conoció la dimensión de las afectaciones, también se decidió que serían cuantiosos los recursos financieros a invertir. Se requería pues de un aval que desde la ciudadanía diera fe de la transparencia en el ejercicio de los recursos, primero del Fondo Nacional de Desastres y luego del Plan Nuevo Guerrero.

Para este propósito, una de las estrategias fue invitar a la organización Transparencia Mexicana para que vigilara el proceso de reconstrucción, como lo propuso la titular de la Sedesol el 6 de octubre de 2013. Rosario Robles, dice un comunicado de la dependencia, “solicitó a Transparencia Mexicana vigilar que los recursos destinados a la reparación de daños en vivienda o reposición de la misma, sean correctamente aplicados en toda la entidad”.
Agregó la secretaria que “con la realización del censo casa por casa, estamos sacando fotos, se está firmando un recibo, pero aparte, Transparencia Mexicana va a verificar que el padrón se haya constituido correctamente, que no se le haya cobrado a la gente ningún centavo por la gestión, y que además se haya llegado verdaderamente a quien resultó afectado”, sostuvo.
Sin embargo, a la fecha no se conoce ningún informe público de Transparencia Mexicana sobre esta vigilancia, ni tampoco la Sedesol ha dado a conocer resultados del trabajo de esa organización civil.

Pero a la par, la Sedesol anunció la conformación del Consejo. Con optimismo, un comunicado del 4 de octubre de 2013 de la Sedesol informó que la sociedad civil tendría la contraloría de los recursos del (Fonden) para la reconstrucción.

“Se conforma el Consejo para la Reconstrucción de Guerrero, en el que participarán el gobierno federal, estatal y municipal, y donde la sociedad civil tendrá la contraloría de los recursos que van a llegar del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para la reconstrucción”, dijo la secretaria.
Desde entonces, el discurso de la inclusión de la participación ciudadana en las acciones de la reconstrucción se hizo frecuente. Por ejemplo, en una reunión de trabajo de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el 8 de octubre de 2013, repitió que “en la reconstrucción de Guerrero, la sociedad civil y los tres niveles de gobierno deberán hacer una planeación conjunta para multiplicar esfuerzos y llegar a donde realmente se necesita, con claridad y transparencia en el manejo de los recursos”.

En ese evento anunció que en los próximos días se daría a conocer oficialmente la creación del Consejo.
También en un comunicado de prensa, Robles Berlanga señaló con el trabajo de este Consejo, integrado por los gobiernos federal, estatal y municipal, sociedad civil y expertos, “se busca que Guerrero convierta esta tragedia en una oportunidad para generar mecanismos de combate a la pobreza y a la desigualdad; propiciar un desarrollo equilibrado e incluyente, que se traduzca en mejores condiciones de vida”.
Creación del Consejo

En el periódico oficial del estado del 18 de octubre de 2013 se publicó el decreto que creó al Consejo, “con el objeto de establecer una sinergia entre los distintos órdenes de gobierno y con la sociedad civil encaminada a coordinar las acciones y esfuerzos para la planeación, restauración, reconstrucción y la reactivación económica y social de las zonas afectadas por la tormenta tropical Manuel”.

Como ha sucedido con numerosos consejos similares, el Consejo de Restauración careció de autonomía y recursos para su operación –o al menos nunca se hicieron públicos- y sus recomendaciones y propuestas no son vinculantes u obligatorias para las dependencias involucradas en la ejecución de los recursos para la reconstrucción.

Cabe mencionar algunas atribuciones que el Consejo puede realizar, como “solicitar información (…) sobre la canalización de recursos a la restauración y reconstrucción de las zonas afectadas por la tormenta tropical Manuel".

No hay datos públicos que atestigüen el ejercicio de esta facultad, y sería pertinente que los miembros el Consejo recomendaran al gobierno de la república abrir su información sobre el Plan Nuevo Guerrero a la ciudadanía, pues las diferentes dependencias que ejercieron recursos de este programa, no lo han hecho de manera transparente, y el portal de este programa tiene muchas inconsistencias y la información es parcial.

Otra de las facultades que tiene el Consejo es “informar a la comunidad sobre los avances físicos de las obras y acciones desarrolladas para la restauración y reconstrucción de las zonas afectadas”. Sin embargo, a la fecha el organismo ciudadano no ha informado a la ciudadanía con más detalle del que lo ha hecho el gobierno.

Finalmente, el Consejo también tiene el objetivo de “supervisar y, en su caso, formular recomendaciones sobre las acciones necesarias para la ejecución de los programas, proyectos y acciones relativos a la restauración y reconstrucción de las zonas afectadas".

Sobre estas facultades que le otorga la normatividad, el Consejo no ha hecho pública ninguna información.

Sesiones del consejo

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero presidió la primera sesión ordinaria del Consejo, el 28 de noviembre, “en la que participan representantes de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil”, según un comunicado de prensa del gobierno del estado.

“Éste es un ejercicio muy importante, y queremos seguir siempre con esta mística; debo reconocer que es un proyecto y es un esquema innovador en donde la idea es que no sólo se quede en palabras huecas, sino que realmente tenga una participación activa”, dijo Aguirre Rivero de esta experiencia ciudadana, que desde el inicio ya se parecía a otras que sólo han servido para avalar y “legitimar” las decisiones gubernamentales.

En esa ocasión, les fue tomada protesta a los miembros del Consejo en cuya integración–se desconocen los criterios y mecanismos para seleccionarlos- predominaron personajes a los que no se les conocen una posición crítica hacia el gobierno, salvo contadas excepciones como la del dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y algunos periodistas.

Además de los representantes de los gobiernos federal y del estado, el Congreso y la suprema Corte de Justicia estatales, integraron este Consejo empresarios como Miguel Alemán Velasco y Alejandro Burillo Azcárraga y Juan Pablo Castañón Castañón, presidente nacional de la Coparmex. También se incluyeron dirigentes de ese organismo empresarial de Chilpancingo y Acapulco, además de empresarios de los ramos hotelero, restaurantero y del comercio.

También forman parte del Consejo varios representantes de colegios de profesionales como el de arquitectos, de contadores públicos, de ingenieros arquitectos, y el de ingenieros de mina, metalurgistas y geólogos de México; así como del sector académico como los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de Guerrero, y el presidente de la comunidad politécnica de Acapulco.

Otros personajes que se integraron son Guadalupe Loaeza Tovar, escritora y periodista, Carlos Garfias Merlos, arzobispo de la Arquidiócesis de Acapulco y la periodista Manu Dornbierer.

Durante las sesiones ordinarias, los miembros del Consejo se mantuvieron con un perfil bajo, de los discursos y los datos se encargaban los políticos. Por ejemplo, el 21 de diciembre de 2013, el discurso del Aguirre Rivero fue el de la voz cantante. En esa ocasión expuso que el Consejo “tiene la oportunidad de ser un ejemplo a nivel nacional en materia de transparencia y eficiencia”.

También explicó que cuatro empresas (PCW, EY, Deloitte y KMPG) se encargarían de monitorear el universo de obras de reconstrucción, verificar que los procesos llevados a cabo en las obras con recursos del Fonden se ejerzan adecuadamente, y proponer y converger a mejores prácticas –a la fecha no hay noticias de sus informes-.

En esa ocasión y de acuerdo con un comunicado del gobierno del estado, “los consejeros, encabezados por Miguel Alemán Velasco, expresaron su reconocimiento al gobernador por la capacidad de liderazgo para salir adelante de la emergencia luego de la tormenta Manuel, y reiteraron que pondrán su mejor esfuerzo para hacer eficiente el Plan Nuevo Guerrero”.

En la tercera sesión ordinaria, el 26 de marzo de 2014, nuevamente los funcionarios federales y estatales dirigieron el acto, y la prensa no rescató ningún pronunciamiento importante de alguno de los integrantes del Consejo.

En la cuarta sesión, a un año de la tormenta tropical Manuel, el presidente del Consejo Miguel Alemán Velasco, reconoció que el compromiso contraído por el presidente de atender a la población afectada por Ingrid y Manuel “se está cumpliendo”.

Recordó que el objetivo de este órgano ciudadano es vigilar que haya transparencia en el uso de los recursos públicos, lo que, dijo, se ha cumplido. “En todo momento hemos sido atendidos en la solicitud de información, se ha mantenido diálogo con el gobernador y sus colaboradores”, expresó. Pero esa información no ha fluido hacia la ciudadanía.

Finalmente, el 29 de abril de 2015, se realizó la quinta reunión del Consejo. Rogelio Ortega, que sustituyó a Aguirre, destacó “la participación y empeño del presidente ejecutivo del Consejo Estatal para la Reconstrucción de Guerrero, Miguel Alemán Velasco, quien ha estado al pendiente de todo el proceso en materia de mejoramiento, construcción y seguimiento de las obras de infraestructura en la entidad”.

En tanto que Miguel Alemán Velasco enfatizó en los esfuerzos hechos en los últimos meses y reiteró su agradecimiento a todos los que han participado para lograr que la reconstrucción de Guerrero sea posible.

Información inexistente

En la solicitud de información con número de folio 00121113 se requirió a la secretaría particular del gobernador (por ser el presidente del Consejo) los siguientes datos: “De qué manera ha cumplido con informar a la comunidad, qué ha informado y con qué mecanismos, el Consejo Estatal para la Restauración de Guerrero (frac IV del art. 4 del decreto que crea al Consejo). Plan maestro de restauración, reconstrucción y de reactivación económica y social de las zonas afectadas por la tormenta tropical Manuel (frac I del art. 8 del decreto que crea al Consejo”),

La secretaría particular decretó esta información como inexistente.

La reconstrucción de Guerrero, en la opacidad

El Sur de Acapulco
La falta de transparencia del Plan Nuevo Guerrero involucra a varias dependencias del gobierno federal. En las entregas anteriores destacamos la opacidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, una de las principales involucradas en la “reconstrucción”, por el monto de recursos que ha ejercido en la construcción de vivienda; pero la intención de opacidad también se presenta en otras oficinas gubernamentales como la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que en el ejercicio que realizamos para verificar la transparencia del Plan Nuevo Guerrero, sin motivo demoraron la entrega de información, declararon injustificadamente datos parcialmente clasificados y además los datos los entregaron en formatos en los que no es posible reutilizarlos.
La opacidad del Plan Nuevo Guerrero contradice la promesa presidencial, de noviembre de 2013, de que los recursos de este programa se ejercerían con transparencia; de hecho, es uno de los cuatro principios rectores del plan, pero realmente se han ejercido con opacidad.
La mayor parte de los recursos anunciados han sido ejecutados por el gobierno de la república, dejando al margen al gobierno del estado, con el argumento no expreso de que no se confiaba en la autoridad local. Es cierto, el gobierno de Ángel Aguirre sin duda hubiera depredado los recursos destinados a la reconstrucción del estado, pero la federación, con su opacidad, no da señales de esté haciendo las cosas de manera diferente.
La sociedad es la gran perdedora porque no hay forma de dar seguimiento a cerca de 40 mil millones de pesos, que según el gobierno federal se han invertido en este plan, pues los mecanismos de transparencia del programa son muy limitados y se reducen a un portal electrónico con información aislada y parcial y a las declaraciones de funcionarios o boletines de prensa oficiales. Cuando no hay un ejercicio honesto y transparente, se construye un menor número de obras y acciones.
Es cierto, desde la ciudadanía tampoco ha habido capacidad para vigilar los cuantiosos recursos anunciados y ejercidos del Plan Nuevo Guerrero, y el gobierno de Enrique Peña Nieto se aprovecha de esta debilidad para no rendir cuentas de las actividades que se realizan.

Qué es el Plan Nuevo Guerrero

Es un programa creado para la reconstrucción del estado, luego de las graves afectaciones de las tormentas de septiembre de 2013. Según anunció el gobierno de la república, con tan inusitada publicidad que parecía tener propósitos electoreros, se invertirían cuantiosos recursos financieros para obras de infraestructura, vivienda, proyectos productivos, empleo temporal, apoyo en enseres domésticos y otros beneficios para la población del estado.
El plan considera cuatro principios rectores: construir un nuevo Guerrero (las acciones no serán sólo de reconstrucción, sino que fomentarán el crecimiento económico y el desarrollo social); proyectos sociales para la productividad (“las acciones buscarán desarrollar el capital humano mediante educación, salud, igualdad de género, desarrollo de comunidades indígenas y capacitación para el trabajo).
Asimismo incluye el eje de transparencia (“los recursos deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, siendo proactivos en informar a los ciudadanos sobre las acciones emprendidas”), y participación ciudadana (se promoverá que los guerrerenses participen directamente en las acciones comprometidas).
En el portal electrónico se describe el monto a invertir: 39,437 millones de pesos, de los cuales se han pagado 24,895.2 millones. Pero hay que tomarse con reserva estas cifras, porque se modifican con mucha frecuencia.
Por ejemplo, cuando se anunció el plan, en noviembre de 2013, el presidente de la república mencionó que se invertirían 60 mil millones de pesos, la mitad se gastarían en 2014 y el resto en el periodo de 2015 a 2018. Meses después, en marzo de 2014, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, corrigió las cifras y dijo que en 2014 se invertirían 37 mil 425 millones de pesos.
En abril de 2014, mediante un comunicado, el gobierno de la república anunció que está autorizada una inversión de 67,800 millones de pesos para el Plan Nuevo Guerrero, a ejercerse en los próximos cinco años. Agregó que en 2014 se ejercerían ejercerán 37,425 millones de pesos, y del 2015 al 2018 los otros 30 mil 410 millones de pesos.
En septiembre de 2014, el subsecretario de Egresos de Hacienda, Fernando Galindo, cambió nuevamente la cifra y dijo que este año se invertirán 41,031 millones de pesos,

Los proyectos de la SE

Al igual que en varias dependencias involucradas en el Plan Nuevo Guerrero, en la Secretaría de Economía no coinciden las cifras sobre el ejercicio de los recursos. Cuando se trata de proporcionar información destallada y específica de las acciones, las dependencias trastabillan para entregarla.
Por diversos medios (declaraciones de funcionarios, boletines de prensa), esa dependencia ha anunciado recursos financieros entregados a los afectados de septiembre de 2013, pero no existe ninguna claridad sobre su distribución.
Por ejemplo, en diciembre de 2014, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), anunció que “ha comprometido 130 millones de pesos para beneficiar a 11 mil empresas inscritas en el padrón de beneficiarios del programa Impulso Pyme Nuevo Guerrero”. Según la dependencia, el dinero fue entregado al gobierno del estado con el objetivo de apoyar y atender de manera inmediata a las pequeñas empresas en riesgo de quiebra en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.
De acuerdo con el comunicado de la SE, “el apoyo se ha otorgado y se otorgará de forma directa a los empresarios que lo han solicitado para el pago de pasivos relacionados con su negocio; como la renta, los servicios de luz y agua potable, teléfono, internet y sueldos”. Asimismo, el apoyo podrá ser utilizado para la adquisición de bienes, de tal manera que esto permita que las micro y pequeñas empresas en riesgo de quiebra, puedan continuar con sus actividades comerciales.
Se realizó una búsqueda detallada de los recursos en la base de datos más reciente que publica el portal oficial del plan, pero no se encontró nada que sugiera que la SE haya ejercido o entregado recursos. Es una de las dependencias que no aparece en el portal, no obstante que el gobierno de la república señaló el apoyo de micro y medianos empresarios afectados.
Ante estos resultados, presentamos una solicitud de información folio 1000185614 ante la SE, el 9 de diciembre de 2014, requiriendo los siguientes datos: Descripción de cada uno de los 31 proyectos estratégicos anunciados en el marco del Plan Nuevo Guerrero. Esta información desglosada por: Descripción de cada proyecto, dónde se localiza, quiénes serán beneficiarios, recursos que se destinan a cada proyecto. Perfil de cada uno de los proyectos.
Y en tanto los funcionarios federales, incluyendo al presidente de la república, se esfuerzan por publicitar la supuesta transparencia del Plan Nuevo Guerrero, la SE respondió el 23 de enero de 2015 que turnaría la solicitud de información al comité de información de la dependencia para proponerle la clasificación de los datos. Es decir, buscaban clasificarla como información reservada o confidencial para no hacerla pública.  
En sesión extraordinaria del 16 de febrero de 2015, el comité de información de la SE informó que “por unanimidad se confirma la clasificación de la información como parcialmente confidencial manifestada por el Instituto Nacional del Emprendedor (…) y se aprueba la entrega de la versión pública de 3 proyectos bajo el rubro de Plan Nuevo Guerrero en el Sistema Emprendedor por contender datos personales”.
Esta respuesta simplemente es un ocultamiento de información. Todos los beneficiarios apoyados con recursos públicos deben darse a conocer, de acuerdo con la normatividad. La mayor parte de los programas sociales hace públicos los padrones de sus beneficiarios, y la SE no tiene justificación para no hacerlo.
Asimismo, pone en evidencia al conjunto del gobierno federal, que anuncia 31 supuestos proyectos estratégicos, y resulta que las dependencias responsables de operarlos no los conocen, o como es el caso, sólo sabe de tres.

Los tres proyectos

Uno de los proyectos entregados es parte del programa emergente de apoyo a Mipymes de los municipios de Coyuca de Benítez y Técpan de Galeana, y tiene un presupuesto de 890 mil pesos. Agrega la ficha del proyecto que está destinado a 89 empresas y con él, se podrán conservar 160 empleos.
Otro proyecto es el programa de impulso para Mipymes estado de Guerrero, con valor de 55 millones de pesos. No se describen las acciones del proyecto, como se requirió en la solicitud de información, ni tampoco hay beneficiarios ni a qué se destinará.
El tercer proyecto tiene el mismo título que el anterior, pero éste cuenta con un presupuesto de 75 millones de pesos. Tampoco cuenta con ningún otro dato. Eso es todo lo que entregó la SE.
Ésta es la transparencia que prometió Peña Nieto para el Plan Nuevo Guerrero.

El caso Inifed

En el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa también se esmeró en ocultar parcialmente la información.
En diciembre de 2014, se presentó la solicitud de información número de folio 1114000007914, para requerir: “Descripción de cada una de las 390 acciones en 360 planteles educativos de Guerrero, en el marco del Plan Nuevo Guerrero. Desglosar la información de cada una de las acciones realizadas en: acción, nombre de la escuela, localidad, municipio, costo, fecha de inicio y terminación”.
El 15 de enero de 2015, el Inifed finalmente entregó la información como se le solicitó, pero lo hizo en in formato en donde los datos no pueden reutilizarse y ni siquiera era posible imprimirlos. Esta es una de las prácticas más extendidas de las dependencias públicas en la entrega de su información, a efecto de que los solicitantes no puedan comparar, sumar, analizar los datos.
No hay ninguna explicación por la que no entreguen estos datos en formatos Excel, y en cambio, lo hagan con formato de imágenes cuya información no puede ser reutilizada y además ilegible. A esto se le llama opacidad.
Fue necesario acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales para obligar al Inifed a entregar un formato que por lo menos pudiera imprimirse.
Posteriormente, se solicitó al Inifed información más específica. Se solicitó mediante el folio 1114000001315 los expedientes técnicos de las siguientes obras: Reubicación del jardín de niños Francisco Larroyo, y de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, de la localidad de Salsipuedes, municipio de Acapulco.
El Inifed respondió a este requerimiento con una petición de que se le especificara qué es un expediente técnico. Parece inverosímil que una dependencia normativa en la construcción de infraestructura educativa como el Inifed no tenga información sobre lo que es un expediente técnico. De cualquier manera, se le envió la información solicitada en los siguientes términos:
“un expediente técnico es aquel que contiene entre muchos otros datos de la obra, la siguiente información: monto de la obra, modalidad de licitación, empresa que la construye, ubicación de la obra, número de beneficiarios, características técnicas de la obra, en qué consiste la obra (dimensiones, material utilizado, características constructivas), fecha de inicio y terminación”.
La dependencia nuevamente solicitó información sobre los expedientes técnicos y decidimos enviar un oficio comunicado que ante la negativa, presentaríamos un recurso de revisión ante el IFAI.
Finalmente, el Inifed el día de ayer respondió con información parcial (no envió los expedientes técnicos), por lo que continuaremos con el recurso de revisión ante el órgano garante federal.

Buenas noticias

La semana pasada se aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que será aplicable en todo el país y sin duda tendrá un impacto muy positivo en el estado de Guerrero. Los transitorios consideran un plazo de un año para que las legislaturas estatales homologuen su ley local a la ley general.
Así es que hay que revisarla y sobre todo a presionar para que los diputados de esta legislatura la aprueben y se retiren con por lo menos un punto en su haber.

Sedatu opaca: Las cifras de vivienda en Guerrero no cuadran

El Sur de Acapulco
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno de la república ha sido una dependencia poca transparente en el Plan Nuevo Guerrero, del que el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se manejaría con total transparencia. Específicamente de la información sobre la construcción de viviendas en Guerrero, la dependencia federal mantiene un gran desorden y parcialidad en sus datos, de tal manera que no coinciden la información que difunden sus funcionarios en declaraciones a la prensa, ni los que publica el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ni los que entrega como resultado de solicitudes de información.
Esta anarquía en la información no permite hacer un balance certero del ejercicio de los recursos del publicitado Plan Nuevo Guerrero, pues no hay información básica congruente, y lo que encontramos deja entrever o una total ineficiencia para establecer controles efectivos al dinero público en la construcción de viviendas o una gran negligencia y un claro propósito de ocultar información con fines no declarados.
La Sedatu es una de las dependencias que ha tenido un gran peso en la reconstrucción del estado, luego de las afectaciones por las lluvias torrenciales de septiembre de 2013, a partir de las cuales el presidente Peña Nieto constituyó el Plan Nuevo Guerrero, con cuantiosos recursos del erario.
Sin embargo, el trabajo de la dependencia deja muchas dudas, y a esta fecha no hay certeza de cuántas viviendas se construyeron, y cuántas más se edificarán, a cuánto asciende lo ejercido, qué empresas han participado en estas obras, y quiénes son los beneficiarios y en qué localidades y municipios.
En esta entrega se documenta la comprobada intención de ocultar información de la Sedatu que contrasta con el discurso presidencial que prometió transparencia, y también con las todavía numerosas muestras de inconformidad de grupos de damnificados que se quejan de la desatención de la Sedatu.

Anarquía de cifras

A un año de la tragedia, en septiembre de 2014, el gobierno de la república anunció un avance de 60 por ciento en la reconstrucción y un gasto de 41 mil millones de pesos. En esa ocasión, tocó a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, encabezar la ceremonia donde anunció que “tengan la plena seguridad, todas las casas, los puentes, las clínicas, los hospitales, todo, absolutamente todo se va a cumplir en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.
En su intervención, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó que la dependencia a su cargo tenía 10, 776 acciones, de las cuales 5,672 correspondían a la construcción de viviendas, y de éstas, ya se habían entregado 2,654. Detalló el ex funcionario que en 74 localidades se construirán más de 20 viviendas, en 354 localidades se construirán 5 viviendas y en 298 localidades se construirá al menos una vivienda.
Sin embargo, a diferencia de estos datos y como respuesta a una solicitud de información presentada en julio de 2014, la Sedatu comunicó que al mes de septiembre de ese año, se habían construido 6,281 viviendas con una erogación de 753.7 millones de pesos en beneficio de 24,495 habitantes.
Es decir, hay una diferencia abismal en el número de viviendas construidas reportadas por el ex secretario y lo que respondió la dependencia ante una solicitud de información de 3,627 viviendas.
Peor aún: en una segunda petición de información donde se solicitó “Número total de viviendas que se tienen proyectadas construir para atender a los afectados”, la dependencia escuetamente respondió que “más de 6 mil.” ¿Cuál es la información correcta?
En cuanto a los recursos ejercidos, los números tampoco cuadran. A lo largo de 18 meses, el portal electrónico del Plan Nuevo Guerrero ha modificado frecuentemente las metas y los recursos gastados en los diferentes rubros.
Por ejemplo, en los datos abiertos más recientes publicados en la página web, en el rubro de vivienda rural y como parte de los programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Hábitat y Fonhapo, se gastaron 188.6 millones de pesos en la localidad de El Capricho; y en la Pintada y “otras localidades”, 64 millones de pesos. No se especifica cuántas viviendas en cada caso, aunque según datos obtenidos de la prensa, se edificaron 134 viviendas en El Nuevo Capricho, municipio de Ometepec; y 190 en la Nueva Pintada, municipio de Atoyac.
Por cierto, personas que conocen La Pintada afirmaron que no fueron 190 viviendas, sino 125 las que se construyeron; parcialmente tienen servicios y el día de la inauguración hubo gran hermetismo para evitar protestas durante el acto. Eso sí, las viviendas por fuera lucían muy bien pintadas con colores pastel, pues La Pintada fue la comunidad emblema en la construcción de vivienda del gobierno de Peña Nieto. 
A través de la Comisión Nacional de Vivienda, se presupuestaron subsidios hasta por 22,500 por vivienda para reparación, con un monto global de 50 millones de pesos. En el caso del programa Vivienda Digna de Fonhapo, los datos indican que invirtieron 43.6 millones de pesos.
Asimismo, en Vivienda, la Sedatu tiene autorizados 600 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, y 948.3 millones de pesos del Fondo Guerrero.
En total, sólo en materia de vivienda se autorizaron al 15 de febrero 1,893.5 millones de pesos, de los cuales se han gastado a esa misma fecha 1,229.5 millones, sin que haya datos precisos sobre el número de viviendas construidas.

Las cuentas alegres

Los comunicados y declaraciones de funcionarios de la Sedatu son demasiado optimistas, dice uno de ellos: “En la víspera de Navidad, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó 73 viviendas y llevó alegría a familias guerrerenses afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel”.
Antes, el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmaba en el mes de septiembre de 2014 que “ya no habrá ninguna persona en albergues; todas las comunidades estarán atendidas, y que Sedatu no se retirará de Guerrero, hasta que no se haya terminado la última de las viviendas comprometidas”, dice un boletín de prensa.
Durante la asignación de 52 viviendas en Petaquillas del municipio de Chilpancingo, el comunicado de prensa de la Sedatu del 5 de febrero de 2015 reseñó el acto de entrega: “En un ambiente de algarabía y de emoción, una de las beneficiadas, de nombre Gloria Ríos Bernal, agradeció profundamente al presidente de México, Enrique Peña Nieto y al titular de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, por su solidaridad y apoyo para la realización de sus nuevos hogares”.
Otra de las beneficiadas, la señora Andrea Marino García, expresó que la asignación de su nueva vivienda, la hace sentir muy contenta, ya que ahora, su familia podrá tener un patrimonio.
“Estamos orgullosos, contentos porque con sacrificio, anduve luchando, vueltas para allá y por aquí. Yo les daría muchas gracias y que Dios lo bendiga, a Sedatu y a Peña Nieto, porque estoy orgullosa de que por ellos, estoy logrando lo que yo he pedido”, dijo.
Estos testimonios contrastan con la cantidad de inconformidades de colonias y poblados guerrerenses que evidencian la desatención de la Sedatu.
Apenas en marzo, el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña consideró una burla que ningún representante de esa dependencia llegara a la reunión programada para atender el problema de sus casas, por lo que la emplazaron a concretar la reunión en esa semana o iniciarán movilizaciones. Y así como ésta, en todo el estado la gente protesta porque no se siente atendida. Esta incertidumbre se acentúa cuando la dependencia no proporciona información fidedigna.

Para documentar la opacidad

El 3 de septiembre de 2014 presentamos ante la Sedatu la solicitud de información folio 1500062114, pidiendo entre otros datos, el número total de viviendas que se tiene proyectadas construir para atender a los afectados; criterios técnicos y sociales que se emplearon para decidir dónde construir las viviendas; expedientes técnicos de los diferentes tipos de vivienda; monto total de la inversión aplicada en las viviendas; costo individual de cada tipo de vivienda; criterios utilizados para decidir a los beneficiarios; nombres y localidades de los beneficiarios de vivienda.
Esta información, que una dependencia eficiente tendría en sus archivos sin ningún problema, a la Sedatu se le complicó mucho darla a conocer, pues el 2 de octubre de ese mismo año pidió una prórroga argumentando que “con el fin de continuar con la búsqueda de la información solicitada, es necesario ampliar el plazo”.
Fue hasta el 30 de octubre de 2014 cuando la Sedatu respondió, aunque lo hizo de manera parcial. En un escueto oficio, contestó que se tenía proyectada la construcción de “más de 6,000” viviendas. Asimismo, informó el “costo individual de cada tipo de vivienda”: reparación de daños menores, hasta 5,500 pesos; reparación de daños parciales, hasta 28,000 pesos; reparación de daños totales, hasta por 120 mil pesos. “En caso de reubicación de vivienda, los beneficiarios reciben un lote y un paquete de obra con valor de hasta 120 mil pesos”.
El problema fue cuando la Sedatu informó que entregaría los expedientes técnicos de las viviendas y el listado de nombres y localidades de los beneficiarios de las viviendas hasta que se pagaran los derechos correspondientes. Sin embargo, la dependencia no dijo el importe que se debería cubrir y los datos bancarios para realizar el depósito. Hicimos varias llamadas a la unidad de transparencia para solicitar los datos, pero no los conseguimos.
Presentamos entonces un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI), pero con mucho cinismo, la Sedatu aseguró que me había enviado un correo electrónico con los datos del costo y bancarios para el depósito.
“mediante correo electrónico, de fecha 03 de diciembre de 2014, esta Unidad de Enlace, emitió al hoy recurrente un alcance a su solicitud de información en la que se le comunicó que la información requerida se encuentra disponible”.
Ese correo nunca fue recibido y el IFAI dio por bueno el alegato de la Sedatu y nunca se comunicó con el recurrente para aportar las pruebas en contrario. El recurso de revisión fue sobreseído por el órgano garante mediante la resolución RDA 4954/14.

El padrón de beneficiarios

Luego de pagar 320 pesos, la Sedatu nos hizo llegar copia de los expedientes técnicos y el listado de beneficiarios de vivienda en el estado de Guerrero. Aunque es evidente que el listado enviado fue impreso desde un archivo electrónico (formato Word), la dependencia se negó a entregarlo vía electrónica y obligó al solicitante a pagar las fotocopias, si quería tener la información.
Las desventajas son varias y no es fortuito que hayan decidido hacerlo así, congruente con la orientación que la dependencia ha mostrado hacia la opacidad. Con este formato, no se puede reutilizar la información, es decir, no hay posibilidad de cruzar nombres de los beneficiarios, buscar repeticiones, no se puede hacer un conteo automático por localidad y municipio, etc. La Sedatu no quiere que se procese la información.
Sin embargo, no obstante las dificultades técnicas, hicimos una conteo general de los beneficiarios a partir de las copias que envío la Sedatu. Por ejemplo, el total de beneficiarios es de 10,378, y no las 24,495 personas que la dependencia difunde por otras fuentes.
Asimismo, hay irregularidades que se detectan a simple vista: un total de 659 personas incluidas en el listado no tienen apellidos, es decir, sólo aparece el nombre. La relación no tiene ninguna lógica ni orden, pues los beneficiarios no está agrupados ni por comunidad, ni por municipio, sino que están en completo desorden. No hay ningún dato que indique la modalidad de apoyo que recibió cada beneficiario ni cuántos de ellos están en espera de recibir sus viviendas. Es un padrón muy dudoso.
En general, son 74 los municipios considerados dentro del listado de la Sedatu. Acapulco es el municipio que aparece con más beneficiarios con 1,289, le sigue Tixtla con 1,254 y Chilpancingo con 899 beneficiarios. Los municipios con menos acciones de vivienda son Tlalchapa, con 3, Buenavista de Cuéllar con 2 e Iguala con 1.
Así están trabajando las dependencias federales en Guerrero en el Plan Nuevo Guerrero. Uno de los argumentos para que el gobierno de la república ejecutara las obras fue que lo harían con más transparencia, pero se confirma que sólo querían controlar los recursos financieros y gastarlos discrecionalmente.