Sin transparencia, los recursos del Plan Nuevo Guerrero

El Sur de Acapulco

El gobierno de la república, encabezado por Enrique Peña Nieto, les mintió a los guerrerenses. Les dijo que el Plan Nuevo Guerrero, cuyos recursos financieros se invertirían en la reconstrucción del estado, luego de las afectaciones por las torrenciales lluvias de septiembre de 2013, se ejercerían con rigurosa transparencia. Pero no ha sido así, pues a partir de ejercicios para el acceso a la información, se observó una abierta falta de transparencia que impide el seguimiento y la vigilancia de los recursos.

Si bien se puede encontrar alguna información en el portal Transparencia Presupuestaria, en la liga Plan Nuevo Guerrero, ésta incluye sólo datos muy generales y simplemente no es estratégica para hacer un seguimiento. Y cuando se solicitó a varias dependencias federales (Sedatu, Inifed, SCT, Secretaría de Economía) información diferente y con mayor detalle de la que publica ese portal electrónico, relacionada con la reconstrucción, éstas escondieron y retrasaron los datos o sus respuestas fueron muy parciales y en algunos casos la declararon parcialmente confidencial.
Las respuestas desafortunadas que recibimos a estos ejercicios de acceso a la información para indagar un programa con tantos recursos como el Plan Nuevo Guerrero parece que son cada vez más frecuentes en el gobierno federal –ya no sólo en los estatales y municipales- para ocultar información relevante.
Aunado a esto, por vez primera en la experiencia de quien esto escribe, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya no fue un organismo diligente en sus procedimientos, sino una entidad burocratizada, que en este ejercicio de investigación del Plan Nuevo Guerrero no hicieron expedito su trabajo.
Hoy comenzamos una serie de textos que examinan la transparencia y el acceso a la información en el uso de los recursos del Plan Nuevo Guerrero, del que se prometió transparencia, y hoy sólo se conoce información muy parcial, en el mejor de los casos, que despiertan numerosas dudas.
Una de las dependencias más reacias a entregar información fue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que tiene a su cargo la construcción de viviendas para quienes las perdieron en septiembre de 2013.

La promesa

Con bombo y platillo, el presidente Peña Nieto anunció el 7 de noviembre de 2013 que la Cámara de Diputados decidió “respaldar a Guerrero en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ampliando los recursos del Fonden, con una cantidad importante de siete mil millones de pesos, pero que además esto posibilitará que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, pueda a través de mecanismos financieros, ampliar el monto de inversión que será del orden de 30 mil millones de pesos a favor de la entidad el próximo año”.
Y agregó el presidente: “Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social”.
En su turno, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, abundó que el Plan de Nuevo Guerrero representaba una “oportunidad de ejercer los recursos de manera ejemplar, con la participación de la ciudadanía y con absoluta transparencia”.
“Por eso, en cumplimiento a la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, en el ejercicio de los recursos Federales del Plan Nuevo Guerrero se introducirán nuevas formas de participación y vigilancia ciudadana, como, por ejemplo, un sistema de obra pública abierta, que permitirá que la ciudadanía verifique con información en tiempo real el costo y el avance de las obras”.
En esa ocasión, para la vigilancia de los recursos, según informó el presidente, se integró un Consejo Estatal y Comités Comunitarios para la Restauración de Guerrero -en cuya membresía predominaron los representantes empresariales y de colegios de profesionales, que auguraban desde entonces que este “organismo ciudadano” tendría un funcionamiento estéril, poco crítico y muy complaciente con el ejercicio de los recursos.

Opacidad en la construcción de viviendas

La falta de transparencia de la Sedatu es sólo un ejemplo de la manera como se están ejerciendo los recursos públicos federales, en este caso los destinados a la construcción de vivienda, dentro del Plan Nuevo Guerrero.
Ante dos solicitudes de información para conocer con detalle los datos básicos sobre el programa de vivienda que opera, la Sedatu hizo todo los posible por ocultar la información, lo que da pie a muchas interpretaciones sobre si se están ejerciendo con honestidad los recursos, porque con transparencia no.
El 28 de julio de 2014 se presentó la solicitud de información folio 0001500050814 para requerir los siguientes datos: “Número de viviendas construidas al 15 de julio de 2014 como parte de las afectaciones por los fenómenos metereológicos en septiembre de 2013 en el estado de Guerrero. Esta información desglosada por municipio, localidad, monto invertido y población beneficiada”. Es decir, información elemental que la Sedatu está obligada a tener en sus registros.
Sin embargo, el 25 de agosto de 2014, la Sedatu anunció que requería de una prórroga para responder a la solicitud. La justificación, que por obligación normativa deben hacer saber al solicitante, fue en los siguientes términos: “Con el fin de continuar la búsqueda de la información solicitada, es necesario ampliar el plazo”.
El 24 de septiembre de 2014, la Sedatu dio respuesta a la solicitud de información proporcionando datos muy escuetos y diferentes a los solicitados. Respondió la dependencia entregando un reporte con corte a septiembre de viviendas en construcción –cuando lo que se solicitó fueron las viviendas construidas al 15 de julio- con un total de 6,281 viviendas y el desglose fue por cada una de las regiones del estado.
También informó que el “monto ejercido” fue de 753.7 millones de pesos, y la población beneficiada alcanzó los 24,495 habitantes.
No sin cierto sarcasmo, la Sedatu remató: “Con lo anterior, se da respuesta en forma clara y completa a su solicitud de acceso a la información pública”.
Ante esta información parcial que nos entregaron, e 7 de octubre de 2014 presentamos un recurso de revisión debido a que “el sujeto obligado no entregó de manera completa la información que se le requirió, no obstante que solicitó prórroga y tuvo el tiempo suficiente para hacerlo”.

Las mañas de la Sedatu

Ante el requerimiento del IFAI, la Sedatu respondió que “bajo el principio de disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados a que se refiere el artículo 6 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental debe considerarse que la información requerida por el particular únicamente se encuentra disponible por región y no por municipio y localidad”.
Agregó la dependencia que de acuerdo con el artículo 42 de la LFAIPG, no está obligada a entregar información que no esté en sus archivos.
Con esta decisión de la dependencia, se observó un claro intento de ocultar la información –el primero de varios-por parte de la Sedatu. Es difícil de creer que la dependencia no lleve un control riguroso del número de viviendas construidas en cada municipio y localidad, pues si no es así, entonces estamos ante un grave problema de eficiencia e ineptitud en la dependencia. Y además, ¿dónde quedó el compromiso de Peña Nieto de transparentar el Plan Nuevo Guerrero?
El IFAI desnudó la opacidad de la dependencia. Le señaló, por ejemplo “que no remitió la solicitud para su atención a todas las áreas que pudieran contar con la información”, y enumeró varias oficinas “que pudieran contar con la información requerida, toda vez que sus atribuciones se encuentran directamente relacionadas con la materia de la solicitud”.
Asimismo, la Sedatu se vio evidenciada cuando el IFAI revisó la página electrónica de la dependencia, en Sala de Prensa, donde se publicaron una serie de boletines institucionales sobre las actividades que realiza la Sedatu, y entre los cuales “se pudo encontrar una cantidad importante de boletines relacionados con la entrega de viviendas a familias que resultaron afectadas por el desastre natural del año dos mil trece en el estado de Guerrero”.
Incluso, el órgano garante federal acopió varios ejemplos obtenidos del portal electrónico de la Sedatu, como el que transcribimos a continuación: “El gobierno federal, a través de la Sedatu, entregó hoy 92 viviendas a igual número de familias de Tierra Caliente, Norte y Costa Chica, Guerrero, que resultaron afectadas por los fenómenos naturales Ingrid y Manuel.”
Añadió el boletín de prensa publicado en septiembre de 2014: “Con la adjudicación simultánea de 92 casas, 20 de ellas en Ajuchitlan, 11 en Changata, 20 en Sinahua, 15 en Tierra Blanca, 23 en Tepecoacuilco (en las comunidades de San Juan Tetelcingo 5, San Agustín Oapan 15 y San Miguel Tecuixipan 3) y tres en Costa Chica, suman mil 219 viviendas entregadas al día de hoy, y se espera que para el 16 de septiembre se tengan terminadas poco más de dos mil 500 viviendas”.
Se observa en los boletines de prensa de la Sedatu que si cuentan con información desglosada por municipio y por localidad, lo que es incongruente con la respuesta dada a una solicitud de información.
Es decir, la Sedatu tiene dos criterios en el manejo de su información, cuando se trata de describir el trabajo y las actividades de la dependencia con el propósito de difundirlos en los medios de comunicación, sí se esmera en brindar información con mucho detalle; pero cuando se trata de responder a las solicitudes de información de las y los ciudadanos, solo entregan información muy general.
Esta incongruencia fue comentada por el IFAI en los siguientes términos: “toda vez que la fuente de la información pública localizada [boletines de prensa] corresponde al propio sujeto obligado, es inaceptable considerar que la información requerida no se encuentre con el grado de desglose requerido por el particular”.
Asimismo, comenta que “no se puede considerar que la búsqueda [hecha por la Sedatu] hubiese sido exhaustiva ni llevada a cabo con el criterio adecuado, máxime que se localizaron boletines de prensa del sujeto obligado que dan a conocer información con el grado de desglose requerido por el particular”.
Con estos argumentos, el IFAI emitió, el 20 de noviembre, la resolución RDA4353/14 en los siguientes términos: Se revoca la respuesta emitida inicialmente por la Sedatu, y además se instruye a la Sedatu “para que un plazo máximo de diez días hábiles” cumpla con lo ordenado en la resolución, es decir, entregar la información.

Sedatu no superó la opacidad

En un claro desafío a la resolución emitida por el IFAI, la Sedatu siguió ocultando la información solicitada. En el último día que tuvo para entregar los datos (19 de enero de 2015), la dependencia entregó información correspondiente a una semana, del 14 al 18 de julio de 2014, cuando claramente se lee en la solicitud que la información requerida abarca desde que se comenzaron a construir viviendas en 2013 por las lluvias torrenciales provocadas por Ingrid y Manuel y hasta el 15 de julio de 2014.
Fue en este punto del proceso donde el IFAI comenzó a presentar una cara burocrática y de ineficiencia, ya que buscamos asesoría en diferentes áreas del organismo, y nadie pudo proporcionar datos sobre el área correspondiente para el seguimiento de las resoluciones. Incluso, siguiendo las indicaciones en la resolución, se envió un comunicado al correo vigilancia@ifai.org.mx para expresar la inconformidad sobre la información recibida de la Sedatu, y nunca hubo respuesta.
Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno de la república se salió con la suya, y afectó el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.
Lo anterior, no obstante que el en su resolución, el IFAI informa que “en caso de encontrarse insatisfecho con la resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación”.
No es la resolución la que falló en este caso, sino el andamiaje institucional del seguimiento de las resoluciones del IFAI, que nunca brindaron una respuesta para atender el debido cumplimiento de la Sedatu.
A ocho meses de que se presentó una solicitud de información para requerir datos básicos de las viviendas construidas en Guerrero, ganó la opacidad del gobierno de la república.

 

 

La vigilancia a la obra pública, simulación

El Sur de Acapulco

Ángel Aguirre Rivero le mintió descaradamente a la población de Guerrero. Le hizo creer que su gobierno sería transparente y hasta se atrevió a anunciar la creación de un organismo ciudadano, como una forma de hacer contrapeso a su gobierno en un tema sensible que involucra muchos recursos financieros como son las adquisiciones y la obra pública. Pero el ejercicio fracasó, fue una simulación, ya que el ex mandatario estatal nunca tuvo la intención de hacer partícipe a la ciudadanía para que realmente vigilara una parte importante del quehacer gubernamental, pues había muchos negocios de por medio que se cocinaban en el interior de su gobierno.

Hoy sabemos que la creación del Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones del Estado de Guerrero fue sólo un parapeto para engañar nuevamente a los guerrerenses, mientras su familia y amigos trasquilaban los recursos públicos. Su coartada le fue muy útil para armar un discurso de que su administración gobernaba con ciudadanía, pero no le duró mucho.

Los antecedentes

Esta práctica de crear un organismo ciudadano de vigilancia, Ángel Aguirre ya la había ensayado en su primer periodo de gobierno a finales de los noventa. Puede suponerse que le fue útil mediática y discursivamente porque lo volvió a hacer.
En esos años, específicamente el 7 de abril de 1998, por iniciativa suya y aprobación del Congreso, se publicó en el periódico oficial del estado el Decreto No. 128, que crea el Consejo Ciudadano de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones, cuyo primer artículo establecía que la finalidad del organismo era “supervisar y vigilar directamente la realización de obras y compras del Gobierno del Estado de Guerrero, con el objeto de que las mismas se ajusten a la normatividad vigente y libremente presenten opiniones y recomendaciones al respecto”.
Sin embargo, no se conocen resultados de este primer consejo, ni tampoco la emisión de reportes o recomendaciones públicas para hacer transparentes las compras y construcciones gubernamentales, y conociendo los manejos que solía hacer el ex mandatario, no es difícil concluir que esa primera versión del consejo ciudadano fue un fracaso.
La LVI Legislatura del Congreso del estado, durante el gobierno de René Juárez Cisneros, se encargó de la muerte jurídica del consejo ciudadano de Aguirre mediante el Decreto por el que se abroga el diverso que crea el consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones y extingue el consejo, que fue aprobado en la sesión del 11 de mayo 2001.
Independientemente de que este organismo ciudadano no haya tenido ninguna utilidad, los argumentos expuestos por la administración de Juárez Cisneros y avalados por los legisladores para dar fin a esta figura ciudadana son grotescos. Por ejemplo, argumentaron que la normativa “única y exclusivamente facultan a la Contraloría General del Estado, para el control y supervisión de los recursos en su etapa de ejecución; por otra parte el gobierno del estado de Guerrero, tiene signado un convenio con la Secretaría de Desarrollo Administrativo [hoy Secretaría de la Función Pública], para que en su nombre y representación sea la Contraloría General del Estado quien supervise, controle y vigile el ejercicio de los recursos federales destinados a la obra pública en el estado y los municipios”.
Y más adelante explicaban que “en la presente administración se han implementado políticas y sistemas tendentes a proveer la plena observancia del marco legal, por considerar que constituye la prioridad esencial para un gobierno que busca garantizar el buen desempeño en las funciones de los servidores públicos, previendo el mal uso de los recursos públicos; el enriquecimiento ilícito y todas aquellas acciones que pudieran atentar contra el orden normativo”.

El segundo Consejo

Al calor de la campaña electoral por la gubernatura 2011-2015, el entonces candidato Ángel Aguirre propuso la creación de un consejo ciudadano para que vigilara la transparencia y la legalidad en las adquisiciones y la obra pública en el estado. Por lo cerrado que se suponía la disputa electoral, Aguirre requería atraer a todos los simpatizantes, y fue en el debate que sostuvo con Manuel Añorve Baños (realizado el 18 de enero de 2011), que Aguirre Rivero se fue de boca y se comprometió a crear el consejo.
Pero la coartada de Ángel Aguirre era diluir en la simulación el compromiso adquirido, pues fue hasta finales de octubre de 2011 cuando el ex gobernador envió la iniciativa de decreto al Congreso del estado para su análisis y aprobación. Los diputados locales aprobaron el decreto el 7 de febrero de 2012, y su publicación en el periódico oficial del estado se realizó el 17 de febrero del mismo año, es decir, a casi un año de haber asumido la gubernatura.
Aun con decreto publicado, la táctica de dilación continuó, pues correspondía precisamente al ex mandatario estatal proponer ante el Congreso una terna de ciudadanos y ciudadanas para integrar el naciente organismo.
Lo anterior, no obstante que el decreto, en su artículo segundo transitorio, ordenaba que “El Consejo deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este Decreto”.
Transcurrieron 2 años y tres meses después de que asumió la gubernatura, para que el ex mandatario se refiriera nuevamente el tema. En una actividad realizada el 8 de julio de 2013, “Ángel Aguirre Rivero anunció –como si fuera la primera vez- la creación del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia de las Adquisiciones y Contratación de la Obra Pública”.
En esa ocasión, el ex gobernador advirtió que quien cometiera una desviación sería sancionado. Y todavía más, ahí mismo aseguró “que un acto de corrupción es un delito, pero cuando se comete en una entidad como Guerrero, con tanta pobreza, es un crimen”, según un boletín de prensa del Ejecutivo estatal.
“Jamás voy a permitir que cuando ya no estemos en el gobierno se nos hagan señalamientos de los cuales todos nos sentiríamos mal”, dijo, imperativo, el ex mandatario.
Y fue hasta el 16 de enero de 2014, a menos de dos años de que concluyera su periodo constitucional, que tomó protesta a los integrantes del consejo ciudadano. En un acto oficial, convocó a los consejeros “a cumplir con responsabilidad y entrega en la tarea tan importante que se les encomendó, pues serán ellos quienes vigilen, enriquezcan y denuncien cualquier anomalía en la ejecución de los diversos proyectos”.

Organismo sin resultados

Entre las primeras actividades del recién designado consejo ciudadano se cuenta una reunión con el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano el 16 de febrero de 2014, para presentar las obras de infraestructura realizadas del 2011 al 2013, así como los proyectos ejecutivos de las acciones programadas para el 2014.
Durante el encuentro, el funcionario estatal destacó la importancia de contar con un consejo de esa naturaleza, pues a través de él, dijo, la ciudadanía cuenta con la certeza de que las obras se están realizando en tiempo y forma.
“A nosotros nos sirve como una transparencia el que ellos vengan y revisen lo que estamos haciendo desde un inicio, desde cómo estamos realizando el proyecto que es la necesidad real que estamos haciendo, y cómo se está licitando”, señaló el titular de la Seduop.
Semanas después, los integrantes del consejo ciudadano se reunieron con el ex gobernador (4 de marzo de 2014), quien “reconoció la importancia de que la sociedad, representada en este Consejo esté enterada de las obras y adquisiciones que realice el gobierno del estado, lo que dará, dijo, mayor confianza y transparencia”.
Igualmente les solicitó que en caso de que identifiquen obras que no cumplan con las normas se convoque de manera inmediata a una reunión para que se tomen las medidas necesarias.
Pero todo este discurso del ex gobernador y sus secretarios muy pronto cayó por su propio peso, pues los consejeros se quejaron de que la administración de Aguirre no les proporcionaba la información necesaria para realizar su trabajo.
El primer presidente del consejo, José Luis Sánchez Ortiz, denunció en un diario de Acapulco que tanto las autoridades del gobierno del estado y como las del ayuntamiento de Acapulco no presentaban información completa de las obras que se construyen con recursos públicos. El consejero tomó como ejemplo la obra de infraestructura del Acabús, de la cual tienen, dijo, el expediente incompleto, ya que no incluye “el proceso de licitación, ni el monto de la obra, no tenemos el proyecto ejecutivo”.
Señaló que para iniciar cualquier obra pública, se debe tener un proyecto a la vista que indique a que empresa fue licitado el proyecto y el monto con el cual fue asignado, además de un calendario de la obra, “no, nos dan esa información, debe ser abierta, debe ser al público”, denunció.
Para el caso de Acapulco, habló de las obras de remodelación sobre la costera Miguel Alemán, las cuales anunció el presidente municipal se habrán de suspender por el tiempo que duren las vacaciones de verano.
Al respecto, José Luis Sánchez Ortiz, mencionó que han hecho diversas recomendaciones, como el no abrir toda la zona de peatones, consideró que debieron iniciar por partes, “porque causa un gran impacto, un gran daño social y crea mucha inseguridad, provoca muchos accidentes, se ve la ciudad colapsada, entonces nosotros le proponíamos abrieran por tramos”, sin embargo, su observación no fue tomada en cuenta.
En septiembre de 2014, el consejo ciudadano solicitó la destitución del titular de la Seduop, porque no había permitido tener acceso a la información de las construcciones que se realizan en el estado, como montos y avances de las obras.
En un video que circula en las redes sociales, el segundo presidente del consejo, Sergio Salmerón Manzanares, aseguró que “el secretario de obra pública ni siquiera nos atiende y tampoco da información. Son de los cuestionamientos que este consejo hará, y si es necesario pedir su renuncia, pues la vamos a pedir”.
Esta información fue confirmada por el tercer presidente del consejo ciudadano, Ezequiel Larumbe Radilla, quien en entrevista comentó que dos problemas graves impidieron a los consejeros realizar su trabajo: la falta de información, particularmente de la Seduop, y la carencia de recursos para la operación del Consejo (personal técnico, oficina, papelería, equipo de cómputo, etc.).
Por cierto, Larumbe Radilla negó que el gobierno del estado les proporcionara recursos para la operación del Consejo. Sin embargo, un boletín del gobierno, fechado el 1 de abril de 2014, informa que “En respuesta a su compromiso de brindar las condiciones para el desempeño en sus actividades, el gobernador Ángel Aguirre Rivero entregó recursos a los integrantes del Consejo Ciudadano para la Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado, para que inicien operaciones y cumplan a cabalidad con la tarea que les fue encomendada como lo es el vigilar que las obras que se han puesto en marcha se realicen con los estándares de calidad”.
Para saber más sobre los recursos supuestamente entregados al Consejo, se presentaron sendas solicitudes de información tanto a la secretaría particular del gobernador, como a la Secretaría de Fianzas y Administración. Esta última dependencia fue la que desmintió al gobernador.
“Sobre el particular, le informo que la Dirección General de Presupuesto Sector Central manifiesta que de acuerdo a los registros presupuestales con los que cuenta, se realizó un búsqueda en sistema, no encontrándose información a favor del Consejo para la Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el estado”.
Y agregó la Sefina: “Asimismo, al analizar el decreto No. 1008 por el que se crea el Consejo de Vigilancia de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado de Guerrero, no se encontró referencia alguna respecto al pago de sueldos, honorarios u otro tipo de compensación económica que se deba entregar a los integrantes de ese organismo”.
Otra vez, Ángel Aguirre Rivero había mentido.

Lo que hace falta

Hoy que los candidatos y la candidata a la gubernatura están muy activos, deben tomar una posición sobre estos órganos de participación ciudadana. Especialmente se requiere crearlos y dotarlos de facultades que les permitan hacer una auténtica vigilancia ciudadana y permitirles autonomía de gestión. Si van a proponer lo mismo que Ángel Aguirre o su intención es hacer órganos decorativos, mejor que no propongan nada.
Sería plausible que entendieran las causas de la crisis social y política que vive el estado y propusieran reformas profundas a lo que se ha venido haciendo. Si no lo hacen, el que sea electo e electa tampoco concluirá su administración.

 

Ayuntamientos, ineficientes y opacos: ASF

El Sur de Acapulco

Las revisiones aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública no sólo descubrieron el desvío de recursos públicos que realizó el gobierno del estado, sino que entre los ayuntamientos guerrerenses auditados también encontró numerosas irregularidades y presuntos desfalcos en el ejercicio de los recursos de 2013.

Como se desprende de las conclusiones del órgano fiscalizador federal, los gobiernos municipales han sido ineficientes para administrar los recursos que se les asignan e ineficaces para contribuir a superar los grandes rezagos sociales en que vive la población. Como dice la ASF, los ayuntamientos cumplen parcialmente (en el mejor de los casos) los objetivos y metas de los programas sociales de los que reciben recursos financieros.
Independientemente de los hallazgos de la ASF –que se antojan bastante indulgentes, pues la actual normativa de fiscalización es muy laxa y permisiva- lo cierto es que detrás de cada irregularidad hay historias de escándalo relacionadas con el desvío de recursos y franca corrupción, que muy difícilmente pueden ser documentadas.  Finalmente lo único que hace bien quienes operan la corrupción en los ayuntamientos es no dejar rastro de sus acciones.

Conclusiones de la ASF

En total, la ASF revisó las cuentas públicas de 28 ayuntamientos –algunas en coordinación con la Auditoría General del Estado- especialmente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que es el de mayor cuantía que reciben los ayuntamientos y que se destina particularmente para obra pública en comunidades de alta y muy alta marginación.
En casi todas las auditorías, el órgano fiscalizador concluyó que los gobiernos municipales no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del FAISM, ya que registraron “inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, que generaron probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública.
Una de las mayores ineficiencias observadas por el órgano fiscalizador es que los “municipios no disponen de un adecuado sistema de control interno que les permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo (FAISM), la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas en la auditoría”.
Algunos alcaldes respondieron al pliego de observaciones tratando de justificar las deficiencias, y resalta la respuesta del alcalde de Zitlala, quien ante el cuestionamiento de la ASF, respondió que “por el hecho de no tener un órgano de control interno, no exenta a los funcionarios [municipales]de conducir su actuar conforme a los principios de lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia, so pena de recibir las sanciones establecidas en leyes aplicables”. Una verdadera joya de la ineficiencia y la irresponsabilidad.
Otro de los renglones que les fue observado a todos los ayuntamientos fue que los municipios, para la planeación de las inversiones del FASIM, no se apoyaron en información actualizada sobre los déficits de servicios e infraestructura básica, ni realizaron estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago social.
Esta deficiencia de los ayuntamientos sin duda golpeó a las poblaciones que más requieren los servicios públicos municipales, ya que los alcaldes para hacer las obras, no se guían por objetivos y metas que hayan resultado de diagnósticos objetivos, sino por la improvisación, el clientelismo político y hasta el pago de favores políticos y financieros de quienes apoyaron su campaña para llegar al cargo.
Otro de los temas que no cumplieron los ayuntamientos es el de transparencia. Casi todos los municipios dejaron de reportar a la Secretaría de Hacienda alguno o todos los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del FAISM y los formatos de Nivel Fondo; tampoco lo hicieron parcial o totalmente respecto del  avance de los cuatro trimestres de los indicadores de desempeño y mucho menos publicaron entre la población los informes trimestrales reportados a la SHCP, ni se pusieron a disposición del público en su página electrónica de Internet y de otros medios locales de difusión.
Respecto de la difusión que deben hacer hacia la ciudadanía, la ASF constató que los ayuntamientos no hicieron del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio los resultados alcanzados con el FAISM, como lo exige la ley.
Asimismo, la ASF señaló que el gobierno del estado no designó a instancias técnicas independientes para la evaluación de los recursos del FAISM, con base en indicadores estratégicos y de gestión, y no publicó en su página de internet los resultados, ni informó mediante el sistema de formato único de la SHCP, por lo que emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Guerrero para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicien el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no designaron a instancias técnicas independientes para la evaluación de los recursos del fondo.

La compra de fertilizante, observada

Todos los ayuntamientos fueron observados por la ASF por la adquisición de fertilizante, que de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, no se encuentra entre los rubros que pueden ser pagados con el FAISM, pero que los alcaldes siempre han hecho caso omiso a esta reglamentación. Es el primer año que la ASF señala este compra irregular de fertilizante en sus informes que publica en su página electrónica.
En este renglón destaca el municipio de Cutzamala, que gastó irregularmente 25.2 millones de pesos en la compra de fertilizante, lo que representa el 80 por ciento de los recursos FAISM.
El municipio de Eduardo Neri compró fertilizante por 8.9 millones de pesos, 24.8 por ciento de su presupuesto. La justificación que hace el alcalde de este municipio a la ASF es para reproducirse: la compra de fertilizante “se realiza atendiendo la necesidad de los campesinos en el municipio, existen comunidades indígenas que dependen directamente de lo que se cultiva en la temporada de lluvias ya que no cuenta con otra fuente de ingresos, las dependencias federales que deberían atender este rubro no lo hacen.” Hay muy poca memoria para reconocer que el problema del fertilizante químico se originó de manera artificial en el propio estado de Guerrero.
El municipio de Zitlala destinó de manera irregular 16.8 millones de pesos a la compra de fertilizante (42.7 por ciento de los recursos FAISM). La justificación del ayuntamiento es que “este municipio (…) no puede prescindir de la adquisición de insumos agrícolas, dado que el fertilizante constituye una necesidad primordial de 5,864 campesinos en la producción de maíz y frijol para su autoconsumo y lo contrario generaría inestabilidad social y política”.
Otros ayuntamientos que gastaron altos porcentajes de los recursos del FAISM en fertilizante son Quechultenango, con 55 por ciento, Huitzuco, 26.7 por ciento y Olinalá, con 26.7 por ciento.

Presunción de daños o perjuicios

Todos los ayuntamientos cometieron irregularidades con el ejercicio de los recursos del FAISM, y la ASF se los señaló como “probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal”. En la mayoría de los casos se debió a la construcción de obras que no están permitidas por la Ley de Coordinación Fiscal o porque las obras o acciones no se realizaron en comunidades de alta y muy alta marginación, como lo establecen los criterios de este fondo, ya que las construyeron en las cabeceras municipales.
Chilapa fue uno de los ayuntamientos que recibieron más observaciones, por ejemplo, la AGE, que en este municipio se encargó de la revisión, determinó que están pendientes por comprobar 3.1 millones de pesos.  Asimismo, seis obras ejecutadas por adjudicación directa no presentan las fianzas de anticipo, y el ayuntamiento no presentó la evidencia de un adecuado seguimiento y control de seis obras.
Adicionalmente, en tres obras de la muestra de auditoría se determinaron conceptos pagados no ejecutados, por 1.1 millones, y el ayuntamiento no presentó la documentación comprobatoria y justificativa por la adquisición de refacciones, mantenimiento, arrendamiento de mobiliario, programas informáticos, materiales y útiles de oficina, y difusión sobre programas por 1.6 millones de pesos. Todo esto sin contar que el municipio destinó recursos por 42.6 millones de pesos en 93 obras y acciones que no están comprendidas en los rubros previstos en la normativa.
Al ayuntamiento de Chilpancingo se le observó un traspaso injustificado por 597 mil pesos con recursos del FAISM para financiar otro programa municipal sin que los haya reintegrado totalmente.
Otra irregularidad grave de Chilpancingo fue un subejercicio de los recursos ya que al municipio le fueron entregados por el fondo 141.1 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 sólo ejerció 84 por ciento, y fue hasta el 31 de mayo de 2014 cuando se gastó el 99.8 por ciento del disponible.
Además, el ayuntamiento ejerció 29.8 millones en la ejecución de 21 obras y acciones que no están comprendidas en las reglas del Fondo, entre las que destacan la operación de celdas del manejo del relleno sanitario, construcción de comisaría, construcción de techados en canchas, construcción de canchas, construcción de dos lienzos charros, becas, programa de fertilizantes.
Finalmente, se presume un probable daño o perjuicio por 6.9 millones por destinar recursos a obras que no benefician directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Acapulco también presentó un subejercicio importante. Por ejemplo, al ayuntamiento se le entregaron 461.5 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 sólo se había gastado 242.8 millones y al 31 de marzo de 2014, el monto ejercido fue de 404.2 millones de pesos, que significan un subejercicio a este último corte del 12.8 por ciento.
Asimismo, el municipio ejerció 58.2 millones de pesos en la ejecución de 36 acciones que no están comprendidas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, entre la que destaca la señalización en vialidades, desayunos escolares, adquisición y dotación de equipo y artes de pesca, de diversos animales de cría, insumos para cultivo de maíz y el Fondo de Garantías Líquidas.
Al municipio de Tlapa, con la revisión se detectó el sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de Ahuatepec Pueblo, que no está en operación. La obra tuvo un costo de 19.5 millones de pesos, de los cuales 3.9 millones fueron aportados por el ayuntamiento.
En el rubro de gastos indirectos, el municipio pagó 170 mil pesos para el diseño, impresión y distribución de dos gacetas municipales, gastos que no tuvieron relación directa con las obras realizadas del fondo.
En Acatepec, la ASF encontró un probable daño o perjuicio por 17 millones de pesos, y además se constató que el municipio realizó 107 obras por administración directa por 106.6 millones, que exceden los montos permitidos en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, para la ejecución de obras por administración directa.
En Atoyac, las irregularidades observadas fueron por 26.2 millones de pesos por haber pagado con recursos siete obras y seis acciones que no se encuentran consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal.
El ayuntamiento de Ayutla pagó con los recursos del FISM 2013 una obra ejecutada en el 2010, por un importe de 2.4 millones de pesos. Dice la ASF que no se dispone de registros contables de cuentas por pagar o de cuentas de naturaleza acreedora que indiquen el compromiso del pago de dicha obra.
Los probables daños en este municipio alcanzan 60.7 millones de pesos por haber destinado recursos del Fondo a 35 obras y acciones que no se encuentran consideradas en los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, como adquisición de fertilizante, suministro de fertilizante foliar, construcción de techumbre en canchas y techado de usos múltiples y asesoría y asistencia técnica para la elaboración de la cuenta pública).

“La corrupción es un delito, pero en Guerrero es un crimen”: Aguirre Rivero

El Sur de Acapulco

La detención de familiares y colaboradores del gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, para los guerrerenses no fue sorpresiva: todos en el estado sabían de la corrupción que operaba el llamado “hermano incómodo” de Ángel Aguirre Rivero, y nunca nadie hizo nada.
Y es que en Guerrero no existen contrapesos para contener el enorme poder que adquieren los gobernadores en turno, pues quienes tienen el deber de hacerlo, de acuerdo con las leyes –el poder Judicial y el Congreso del estado–, simplemente dejan hacer con la mayor impunidad. Y en cambio, se gestan numerosas alianzas con sindicatos, poderes fácticos, medios de comunicación y periodistas, empresarios, etcétera, uno de cuyos resultados es el saqueo de las arcas públicas y el retraso del desarrollo del estado.

¿Sólo 287 millones?

Hace unos días, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que fueron triangulados poco más de 287 millones de pesos por familiares y amigos de Ángel Aguirre. De acuerdo con la versión de la dependencia, los recursos provenían de dependencias locales y federales como la Comisión Federal de Electricidad, Banobras, la Tesorería de la Federación, la Comisión Estatal del Agua, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero (Cicaeg). Esos recursos iban hacia las empresas que, a su vez, los canalizaron a cuentas personales de ex funcionarios de Guerrero.
De acuerdo con la PGR, familiares de los ex servidores públicos, relacionados con estas operaciones ilícitas, son representantes legales, apoderados y autorizados en las cuentas bancarias en las diversas empresas, a través de las cuales se operaba el desvío de recursos. Los recursos fueron triangulados a través de las empresas Constructora Trabesa SA de CV, Comercializadora 2003 SA de CV y Comercializadora Topacio SA de CV.
Pero el negocio es más amplio, aunque difícilmente comprobable. Todo mexicano medianamente informado sabe que una buena parte de la “rentabilidad” de llegar a puestos clave del gobierno está en la construcción de obra pública y en el control de las adquisiciones, que dejan “ganancias” de entre 10 y 30 por ciento por concepto de “comisiones”.
Para dar una idea de la cantidad de recursos que pueden estar en los bolsillos de éstas y otras personas cercanas al ex mandatario, tomaremos en cuenta el presupuesto de egresos del estado de Guerrero, ya que las cuentas públicas del Ejecutivo estatal están desaparecidas, no se publican en ningún lugar y son manejadas como top secret.
En 2012, por ejemplo, el presupuesto de egresos del estado propuso un monto de 38 mil 186.1 millones de pesos, de los cuales 3 mil 812.1 millones se destinarían a la inversión pública. De este gasto de inversión, 2 mil 96.8 millones fueron para infraestructura, mil 335.2 millones para desarrollo social y 380 millones a servicios.
Esto rubros son los que están a merced de los funcionarios y con los que pueden negociar el famoso diezmo con los constructores y proveedores en general.
Siendo muy conservadores y aceptando que sólo cobraron comisiones de 10 por ciento, los encargados del negocio gubernamental, encabezados por el hermano de Aguirre Rivero, se llevaron sólo en 2012 la cantidad de 381.2 millones de pesos, directos a sus cuentas y sin pagar ningún tipo de impuestos ni tener problema alguno con la fiscalización.
Para el ejercicio 2013, el presupuesto de egresos del estado señalaba en el artículo 53, que “la Inversión Pública en el Estado asciende a la cantidad de 5 mil 651 millones 186 mil 390 pesos”. En congruencia con el ejercicio que realizamos, los operadores financieros de Ángel Aguirre llevaron a sus cuentas, por concepto de comisión del 10 por ciento, del orden de 565 millones de pesos, en el escenario más conservador.
Si se observa por dependencia, destaca la Cicaeg con mil 6.1 millones de pesos. Hay que recordar que es precisamente esta dependencia una de las involucradas en la triangulación de recursos investigada por la PGR.
Le siguen en importancia por su monto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que según el presupuesto de egresos 2013 ejerció 782.8 millones de pesos; y luego la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento con 655 millones, y más atrás, la Secretaría de Educación de Guerrero con 641.1 millones de pesos.
Finalmente, para el ejercicio 2014, último en el que directamente pudieron hacer negocios con contratistas y proveedores, el artículo 52 del presupuesto de egresos del estado de Guerrero señala que “la Inversión Pública en el Estado asciende a la cantidad de 6 mil 265 millones 831 mil 682 pesos”. Esto significa que en 2014 fue factible que ingresaran a las cuentas de los funcionarios, del orden de 626.8 millones de pesos correspondientes a la comisión no formal conocida como diezmo.
En 2014, la dependencia que recibió más recursos para inversión fue la Seduop con mil 254.4 millones de pesos, le sigue la Cicaeg con 961.4 millones de pesos y la Capaseg, que invirtió 625.3 millones de pesos.
Más atrás están el DIF estatal, manejado directamente por la esposa de Aguirre Rivero, que recibió 553 millones de pesos, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa con 498.2 millones de pesos y, sorpresivamente, la Secretaría de Fomento Turístico con 315.5 millones de pesos.
El cálculo anterior da como resultado que, en tres años el monto de los recursos cobrados por los personeros gubernamentales por comisiones o diezmo, fue de por lo menos mil 573 millones de pesos.
Esto es independiente de las comisiones cobradas en el nivel municipal.

Cero transparencia

La transparencia en el ejercicio de los recursos fue un discurso constante en la administración de Ángel Aguirre. Hay declaraciones del ex gobernador que en su momento se escuchaban falsas, pero hoy, con la presunción formal de actos de corrupción en su gobierno, suenan a cinismo.
De acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno estatal, en un acto de Transparencia, Rendición de Cuentas y Prevención de la Corrupción, realizado en Palacio de Gobierno el 8 de julio de 2013, el gobernador con licencia “aseguró que un acto de corrupción es un delito, pero cuando se comete en una entidad como Guerrero, con tanta pobreza, es un crimen”.
También dijo: “Jamás voy a permitir que cuando ya no estemos en el gobierno se nos hagan señalamientos de los cuales todos nos sentiríamos mal”.
En el mismo acto, el titular de la dependencia encargada de prevenir y combatir el desvío de recursos públicos, Antonio Arredondo Aburto, ex contralor general del estado, aseguró que “El compromiso del Gobierno del estado encabezado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero es combatir y prevenir eficazmente la corrupción fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes”. Nunca nada de eso sucedió.
Lo extraño es que, desde fuera del gobierno también existiera la creencia de esa transparencia, como el caso de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chilpancingo, que el 5 de febrero de 2014, encabezada por su dirigente, Jaime Nava Romero, “entregaron un reconocimiento al gobernador Ángel Aguirre Rivero por haber aplicado con transparencia y eficacia los recursos públicos de acuerdo a la normatividad vigente durante el año 2013 en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y no mantener adeudos con el sector productivo de la capital”, según un boletín de prensa gubernamental.

Cuentas públicas desaparecidas

Para que nadie siga la pista a las finanzas públicas, una de las coartadas del gobierno del estado es desaparecer documentos clave que deberían estar publicados, según lo ordenan diferentes leyes. La intención es no dejar ningún rastro de los movimientos que se hacen con los recursos financieros.
Si se revisan las páginas electrónicas del gobierno del estado, el Congreso local y la Auditoría General el Estado, por ejemplo, no existen por ningún lado las cuentas públicas del Ejecutivo estatal. Excepto la de 2013, publicada en diciembre de 2014, no hay ningún indicio de que tales documentos se hayan hecho públicos.
Dice la fracción IX del artículo 13 de la Ley de transparencia y acceso a la información del estado que todas las dependencias públicas deben publicar sus informes de cuenta pública. Asimismo, la fracción XIV del mismo artículo indica que es una obligación publicar “Las cuentas públicas y los informes cuatrimestrales o anuales, según sea el caso, una vez que sean aprobados por el Congreso”.
Igualmente, el artículo 38 de la Ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del estado establece que “La Auditoría General entregará al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe Anual de Resultados de la revisión de las cuentas públicas en la segunda quincena del mes de septiembre del año siguiente al que se revise, mismo que se someterá a la consideración del pleno del Congreso del Estado. Este Informe tendrá carácter público y deberá publicarse en la página de Internet de la Auditoría General en la misma fecha en que sea presentado.”
Asimismo, los sucesivos decretos del presupuesto de egresos del estado de Guerrero indican que deberán hacerse públicas diversas informaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos. Por ejemplo, en el decreto del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013, se menciona, en el artículo 62, que “El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaria [de Finanzas y Administración], publicará en su página web la información siguiente:
I. Informes sobre la ejecución del presupuesto, en el que se detalle la comparación entre lo aprobado y lo ejercido, los cuales deberán incluir la información a que se refiere este Decreto; y II. Los datos estadísticos y la información que la Secretaría tenga disponible a fin de contribuir a una mejor comprensión de la ejecución del gasto, del cumplimiento de las metas y programas autorizados”.
La ley general de contabilidad gubernamental es otro de los ordenamientos jurídicos que el gobierno de Ángel Aguirre simplemente decidió omitir. Por ejemplo, el artículo 57 de esta ley señala que “La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios (…) establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno, así como a los órganos o instancias de transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad federativa o, en el caso del Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales”.
Asimismo, el artículo 58 menciona que “La información financiera que deba incluirse en Internet (…) deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales”.
Nada de esto cumplió la Secretaría de Finanzas y Administración a cargo de Jorge Salgado Leyva mientras estuvo en el cargo. Lo que encontramos en su portal electrónico es información que no corresponde a las cuentas públicas del Ejecutivo estatal, sólo información inservible, una burla a la inteligencia de los guerrerenses.
Por su parte, la dirección general de transparencia del gobierno del estado ni el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaig) nunca aplicaron medidas para obligar a las dependencias correspondientes a publicar información básica como la cuenta pública y los presupuestos de egresos de cada año.

¿Congreso cómplice?

La única cuenta pública del Ejecutivo de acceso público, la de 2013, fue aprobada por el Congreso del estado sin mediar crítica. Según el informe, sólo se realizaron 17 observaciones por un monto de 9.2 millones de pesos al ejercicio de los recursos, que en ese año sumaron 50 mil 358 millones de pesos.
Para los diputados de Guerrero no hubo nada anormal en la cuenta pública, ni se percataron de nada. Deben estar muy sorprendidos de las detenciones a ex funcionarios del gobierno estatal por los malos manejos.

Guerrero, a la zaga en acceso a la información

El Sur de Acapulco

Para continuar con la descripción de porqué el estado de Guerrero se ubica en los últimos lugares en transparencia y acceso a la información, retomamos el estudio Métrica de la Transparencia 2014, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y auspiciado por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información.
La métrica examinó los procedimientos administrativos para el acceso a la información pública ante los sujetos obligados y los órganos garantes. Uno de los puntos que se revisaron fue el procedimiento de solicitud de información. El CIDE afirmó que en este rubro “se encontró que 100 por ciento de las jurisdicciones analizadas cuentan con claridad sobre los medios y las formas previstas para la presentación de las solicitudes de acceso a la información, y poseen la posibilidad de hacerlo a través de medios electrónicos”.
Esta afirmación, en el caso de Guerrero es relativamente cierta, ya que existe el problema no resuelto de que sólo un puñado de ayuntamientos cuenta con mecanismos electrónicos especiales para presentar solicitudes de información, es decir, alrededor de 75 gobiernos municipales, de un total de 155 sujetos obligados que existen en el estado, no cuentan o no tienen al servicio de la ciudadanía mecanismos electrónicos para el acceso a la información.
Es una deficiencia grave en Guerrero que la Métrica de la Transparencia no evaluó con profundidad, pues su análisis se centró en los tres municipios más poblados de cada estado, y en el caso de Guerrero no son representativos de lo que sucede en el estado en esta materia.
En la métrica 2010, en este punto de las solicitudes de información se identificó una gran heterogeneidad en el ejercicio del derecho en cuanto al proceso (los mecanismos de acceso no eran los mismos o no funcionaban con la misma efectividad), los tiempos de respuesta y, sobre todo, la calidad de la respuesta.
En 2014, “la mayoría de las entidades adoptaron el sistema Infomex como plataforma principal para la gestión de solicitudes de información, con lo que se estandarizó en buena parte del país, el mecanismo inmediato de acceso; y en la mayoría de las entidades se han creado principios de gestión de solicitudes de información al interior de los sujetos obligados (…) pero la evidencia también sugiere que se ha avanzado poco sobre la calidad de la información proporcionada por las instituciones públicas”.
Para hacer la revisión, utilizaron la estrategia del usuario simulado, que incluyó el monitoreo de los mecanismos para solicitar, la gestión de la solicitud y el tiempo de respuesta; y segundo, se incluyó una valoración de la completitud y ciertos aspectos de la calidad de la respuesta, como por ejemplo, la correspondencia entre la información recibida y la solicitada y la idoneidad de la forma en que se elabora la respuesta.
La evaluación se realizó con base en los siguientes indicadores: primero, el cumplimiento del plazo legal, se consideró también la “celeridad”, es decir, la rapidez con la cual fue entregada la respuesta al ciudadano, independientemente de la calidad de la información recibida; el tercer indicador se refiere a la presentación de la respuesta en lenguaje claro; y el cuarto, al mecanismo de respuesta utilizado por la dependencia pública.
Los resultados indican que de los tres medios utilizados en la presentación de solicitudes, la plataforma Infomex y los sistemas desarrollados por las dependencias concentran la gran mayoría de las solicitudes presentadas (93.2 por ciento).
De las 2 mil 950 solicitudes presentadas por los usuarios simulados, 8.2 por ciento no fueron respondidas; 3.6 tuvieron prevención como primera respuesta, y en 8.3 por ciento de los casos, la dependencia pública solicitó prórroga.
En relación con las respuestas recibidas en este ejercicio, se recibieron 2,707 respuestas, es decir, 91.7 por ciento de las solicitudes recibió algún tipo de contestación por parte de las dependencias.
Respecto de la celeridad, en promedio, en México un usuario debe esperar 9.5 días hábiles para recibir información. En este punto, Guerrero está por debajo del promedio nacional con 0.28; en este campo, los estados que ocupan los primeros lugares son Sonora (0.62), Oaxaca (0.48) y Coahuila (0.47).
Uno de los puntos en común evaluados en todas las preguntas realizadas fue el lenguaje claro. La variable es relevante en tanto determina la accesibilidad del ciudadano a los datos proporcionados por la dependencia púbica. En este rubro, 43.6 por ciento de las solicitudes tuvieron un valor igual o superior a 0.75, lo cual significa que casi la mitad de las solicitudes presentadas entregaron información en un lenguaje accesible.
Al promediar todas las calificaciones de los indicadores de la dimensión usuario simulado para evaluar los mecanismos de acceso a la información, las dependencias de Guerrero obtuvieron los siguientes lugares: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, DIF estatal, Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Secretarías de Finanzas y Administración, de Gobierno, de Seguridad Pública, ayuntamiento de Acapulco.
Detrás de los anteriores están la Secretaría particular del gobernador, las secretarías de Salud, de Desarrollo Social, Congreso del estado, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Poder Judicial, ayuntamiento de Chilpancingo, la Secretaría de Educación, el ayuntamiento de Iguala, la Auditoría General del Estado.
El CIDE destacó entre sus conclusiones que si bien el uso del Infomex es un paso adelante en la institucionalización de la transparencia, también debe considerarse que este acceso está condicionado por el acceso ciudadano a tecnologías de la información.
Otro resultado de este ejercicio de usuario indica que las dependencias públicas hacen uso intensivo del plazo legal y, aunque emplean un promedio de 9.55 días hábiles en responder, la calidad de la respuesta no se corresponde. En otras palabras, ocupar más días en responder, no fue correspondido con mejor calidad de la respuesta.

Órganos garantes

Hasta 2013, casi todas las constituciones o leyes estatales habían otorgado o reconocido algún tipo de autonomía operativa, de gestión y de decisión a los órganos garantes, Michoacán y Tlaxcala son las excepciones.
Y aunque existe este reconocimiento constitucional o normativo de autonomía y poder de decisión en los estados, muy importante para la imparcialidad de los órganos garantes, no es una garantía. El factor político incide en las decisiones de los organismos de transparencia, ya que desde la propia selección de quienes integran el órgano garante con criterios políticos y partidistas, queda marcado el desarrollo de los organismos.
A partir del análisis de la normatividad, se encontró que en 27 entidades y en la Federación, las decisiones del órgano garante son definitivas; pero hay cinco entidades cuyas resoluciones no son definitivas: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Yucatán.
Efectivamente, en Guerrero el artículo 146 de la Ley de Transparencia establece que las resoluciones del ITIG “podrán ser recurridas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado”.
Para el análisis de las capacidades institucionales de los órganos garantes, se observaron los componentes de dirección (experiencia de los comisionados, su remuneración y la estabilidad en el puesto); componente de organización (estructura de la organización y de las atribuciones de los órganos garantes). Y componente de operación (identificación de los factores que determinan la viabilidad del mandato del órgano garante, como disponibilidad presupuestal que condiciona el acceso a recursos materiales y humanos, y las características de la normatividad que condicionan y estructuran su margen de acción, es decir, su habilidad de sanción y su universo de atribuciones).
Para el componente de dirección, los datos indican que en 20 órganos garantes predomina la experiencia en el sector público de los consejeros y, en el resto, prevalece la experiencia en el sector académico; de acuerdo con las respuestas de los consejeros del ITAIG, en Guerrero predominó la experiencia en el sector académico.
Respecto de la estabilidad en el puesto, en el periodo 2010-2013, el país tuvo 195 comisionados a cargo de la dirección y del funcionamiento de 33 organismos garantes. De éstos, sólo ocho por ciento de los comisionados que debieron mantenerse en el cargo durante el periodo de referencia no concluyó su mandato. En Guerrero, el antecedente es que tres consejeros se mantuvieron “muy estables” en su puesto a lo largo de ocho años (2006-2014).
En cuanto a la remuneración de los comisionados, los resultados indican que, en promedio, obtuvieron 40.8 salarios mínimos, es decir, aproximadamente 73 mil 500 pesos mensuales.
Los comisionados del IFAI y los del estado de México obtuvieron salarios de más de 90 mil pesos mensuales, mientras que los que menos ganaron fueron los de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tlaxcala que reportaron salarios de menos de 20 mil pesos mensuales. La mayor parte de los estados se ubicaron entre los 30 y 60 mil pesos.
Los consejeros de Guerrero dijeron que en 2013 obtienen 50 mil pesos mensuales, pero al revisar su portal electrónico, se observa un tabulador salarial de entre 44 mil 55 y 67 mil 949 pesos, con una compensación mensual del 10 mil pesos.
El segundo componente analizado por el CIDE es el de organización, para conocer las características de la estructura, organización y gestión interna de los órganos garantes.
Para este ejercicio, se preguntó a los organismos si cumplían con alguna de nueve atribuciones: resolver sobre recursos de revisión; capacitación; actividades de difusión; creación y seguimiento de estadísticas; gestión de sistema de revisión de solicitudes de información; gestión de sistema de revisión de recursos de revisión; centro de atención telefónica; creación, aplicación y vigilancia de lineamientos en materias de archivos y de supletoriedad de municipios en responsabilidades de transparencia.
De acuerdo con los resultados en este rubro, todos los órganos garantes del país cumplen con las primeras tres actividades; y con excepción de San Luis Potosí y Yucatán, todos tienen como actividades la creación y al seguimiento de estadísticas. En este punto, cabe aclarar que el órgano garante de Guerrero no cuenta con estadísticas sólidas ni las genera de manera sistemática, no obstante que éstas constituyen una de las fuentes más relevantes de información para hacer de la transparencia un instrumento estratégico de gestión.
Asimismo, sólo 76 por ciento de los órganos garantes tienen a su cargo la gestión de un sistema de revisión y de seguimiento de solicitudes de información o un sistema de seguimiento de recursos de revisión. Y sólo en 30 por ciento de los casos, los órganos garantes debe cumplir con funciones de supletoriedad a municipios en esta materia.
En cuanto al indicador de organización, 16 entidades respondieron que cubren todas las actividades que les ordena su ley estatal; en el caso de Guerrero, no cuenta con un sistema de revisión de solicitudes de información, cuenta con un centro de atención telefónica y genera y da seguimiento a estadísticas. Por otra parte, no tiene una dirección de capacitación, aunque si de difusión.
Resultado del estudio también se desprende que 19 entidades cuentan con manuales de procedimientos y de operación. Siete no reportaron la existencia de alguno, entre ellos Guerrero.
Finalmente, respecto del componente de operación, la Métrica de la transparencia 2014 encontró que, con excepción del IFAI, el incremento del presupuesto asignado a los órganos garantes en el periodo 2010-2013 no fue tan significativo como durante los primeros años de institucionalización de estos organismos.
Los recursos destinados a los órganos garantes de todas las entidades federativas pasó de 579.8 a 658.1 millones de pesos.
Guerrero ocupa el sexto lugar entre las entidades que reciben menor presupuesto, con 9.9 millones de pesos (aunque el presupuesto de 2015 se incrementó a casi 12 millones). El estado que recibe menores recursos es Baja California Sur con 4.7 millones de pesos y el que más, el Distrito Federal con 11.5 millones de pesos.
Al respecto, concluyó el CIDE que “el presupuesto que asignan los Congresos a los órganos garantes son un indicador del compromiso que tienen estos mismos con el fortalecimiento y la consolidación de los sistemas de transparencia”.

Guerrero, en los últimos lugares en transparencia: CIDE

El Sur de Acapulco
Los resultados del estudio Métrica de la Transparencia 2014 evidenciaron una vez más la opacidad que persiste en las dependencias públicas del estado de Guerrero. De acuerdo con este documento, luego del análisis de diferentes dimensiones, el estado se ubicó entre los últimos lugares con una calificación de 0.652, cuando el promedio nacional fue de 0.723, quedando en el lugar 31 en el ámbito nacional, de 33 casos estudiados que incluyeron las 31 entidades, el Distrito Federal y la Federación.
Los tres primeros lugares del estudio, por su grado de transparencia y mejores mecanismos para facilitar el acceso a la información de la ciudadanía, fueron para la Federación, el Distrito Federal y Coahuila, que lograron puntajes de más de 0.800; en los últimos lugares, por debajo de Guerrero únicamente estuvieron Michoacán y Baja California Sur, que obtuvieron 0.577 y 0.562 puntos, respectivamente. Guerrero en este estudio ratifica su rezago en transparencia.
La Métrica de la Transparencia es un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y auspiciado por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública; el trabajo de acopio de información y análisis se realizó durante 2014 y sus resultados se presentaron en diciembre del mismo año. Abarca, en el caso de Guerrero, el ejercicio de gobierno del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y las administraciones actuales del resto de las dependencias públicas del estado (poder Judicial, Congreso, organismos autónomos y descentralizados).
La Métrica tuvo el objetivo de realizar un diagnóstico general del estado actual de la política de transparencia y del acceso a la información pública en los tres poderes de gobierno de los tres niveles de gobierno y en algunos órganos constitucionales autónomos.

Las dimensiones del estudio

Para llegar a esos resultados, la investigación del CIDE –tercera que realiza ese centro de estudios, ya que previamente concluyó estudios en 2007 y 2010- abordó cinco dimensiones, a saber: normativa, portales electrónicos, usuario simulado, capacidades del órgano garante y sujeto obligado. En este artículo se abordarán sólo las primeras dos dimensiones.
La dimensión de portales electrónicos, de acuerdo con la metodología, mide la transparencia a partir de lo que publican como información de oficio las dependencias públicas; específicamente el CIDE evaluó dos componentes, el primero es propiamente la revisión del cumplimiento de los portales de transparencia de los sujetos obligados con respecto a la ley de transparencia del estado.
El segundo componente, el de la calidad de la información, se refiere a la proactividad de los sujetos obligados en la política de transparencia; la disponibilidad y usabilidad de la información; elementos de desarrollo tecnológico de los portales gubernamentales; y la existencia de mecanismos de comunicación con el ciudadano. Este componente se aborda en el siguiente apartado.
Los investigadores del CIDE aseguran que los portales electrónicos constituyen una de las herramientas más sólidas para que las dependencias implementen una política de transparencia más allá de responder a las solicitudes de acceso a la información. De esta manera, los ciudadanos no sólo pueden conocer actuar de la autoridad, sino también opinar y participar en la toma de decisiones.
A nivel nacional, la calificación más alta con respecto al cumplimiento normativo de la información de oficio fue de 0.98, obtenida por el Distrito Federal. Lo siguió Zacatecas y Tamaulipas (0.96). Las más bajas fueron para Oaxaca con 0.72, Guanajuato (0.70) y Baja California con 0.63. El promedio nacional fue de 0.85.
El estado de Guerrero ocupó el sitio 29 con un registro de 0.73 (las calificaciones por estado se obtuvieron al promediar los puntajes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos Autónomos y Municipios o Delegaciones).
Del estado de Guerrero se revisaron 18 dependencias públicas las cuales ocuparon los siguientes lugares en el ranking estatal: la secretaría particular del gobernador, Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, la Secretaría de Finanzas y Administración, el DIF estatal, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación de Guerrero, Auditoría General del estado, el Instituto Electoral, la Secretaría de Desarrollo Social.
Le siguieron la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, el Congreso del estado, el Poder Judicial y al final los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
De manera global, la calificación promedio en el estado fue de 0.72. Cabe mencionar que sólo las diez primeras dependencias tuvieron registros por arriba del promedio estatal.
El documento del CIDE concluye que “los resultados de esta medición indican que el grado de cumplimiento normativo de la información pública de oficio no está relacionado con el tipo de sujeto obligado ni con el nivel de gobierno, ni con el poder al que pertenece”. Sin embargo, en Guerrero, como se observó en la Métrica de la Transparencia 2014 y como se ha registrado en monitoreos locales, el grado de cumplimiento sí está asociado con determinados sujetos obligados, en este caso con los poderes Judicial y Legislativo, que históricamente han obtenido calificaciones muy bajas y siempre aparecen en los últimos lugares superando apenas el promedio de los ayuntamientos, que también se han convertido en sujetos obligados permanentemente opacos.
En la Métrica de la Transparencia 2007, el estado de Guerrero obtuvo un promedio de 52.2 por ciento de calificación, en donde el Ejecutivo alcanzó 64 por ciento, el Legislativo 50 por ciento, al igual que los municipios, y el poder Judicial 45 por ciento.
En la Métrica 2010, Guerrero ocupo el lugar 28 a nivel nacional. Visto de manera desglosada, el Ejecutivo del estado obtuvo el lugar 22, el Congreso del estado alcanzó el sitio 26 y el poder Judicial el lugar 32 (penúltimo) en el ámbito nacional.

Calidad de la información

El segundo componente de la dimensión de portales electrónicos es la calidad de la información, y para evaluarla, se revisaron aspectos como el acceso oportuno y fácil a la información pública de oficio y posibilidad de reutilizarla.
Uno de los indicadores empleados para este componente es el de lenguaje ciudadano, es decir, la presentación sencilla y accesible de la información. Al respecto, el CIDE encontró que en general, este aspecto no es considerado por las dependencias públicas y prácticamente no existe. Sólo cuatro entidades presentan algunos portales con información diferenciada en niveles de complejidad. Es decir, cuentan con información en lenguaje ciudadano y para un público experto.
Únicamente los estados de Puebla, Sonora y Baja california, además de la Federación, presentan contenidos expresamente enfocados a ciudadanos. Guerrero en este rubro no tiene ninguna propuesta.
Otro de los indicadores se relaciona con los trámites y los servicios que pueden realizarse en línea. Menciona el estudio que se avanzó en este rubro porque 23 entidades ya ofrecen algún trámite o servicio a través de sus portales. Sin embargo, aún existe heterogeneidad acerca de qué se entiende por servicios o trámites en línea. Destacan en este indicador Oaxaca, Michoacán, Nuevo León, Chiapas y Colima como entidades en las que pueden realizarse trámites de manera virtual, sobre todo los pagos de impuestos y derechos. Nuevamente el estado de Guerrero no aparece en este rubro.
El tercer indicador se relaciona con la comunicación entre el ciudadano y la dependencia sobre la calidad de información que se presenta en los portales. El indicador es la existencia de algún mecanismo para reportar las fallas del portal. El promedio nacional es de 0.33, y en los primeros lugares se encuentra Morelos (0.94), Distrito Federal (0.83), Campeche (0.74) y Nuevo León (0.67). Guerrero en este rubro apenas tiene 0.56 puntos.
Hay un indicador relacionado con la posibilidad de que la información publicada en los portales de transparencia tenga acceso libre, y que los ciudadanos puedan reutilizarla sin limitación o gratuitamente. Para evaluar el avance en este rubro dentro de los portales de transparencia, se buscó información en formatos abiertos sobre los resultados de auditorías, presupuesto, informe de actividades y programas operativos.
Los resultados indican que, sólo en 11 entidades se encontró alguna información en formatos abiertos. De hecho, parece una práctica generalizada que los portales contengan información con alguna restricción para acceder a ella.
Guerrero es una de las entidades que en alguna medida presenta este formato de datos abiertos, para lo cual obtuvo una calificación baja, de 0.18, que contrasta con entidades como Nayarit, que tiene 1.00, Oaxaca (0.98) y el Distrito Federal (.097).

Dimensión normativa

De acuerdo con la Métrica de la Transparencia, la dimensión normativa analiza la calidad del diseño legislativo en materia de derecho de acceso a la información; para realizarlo, se revisaron los ordenamientos federal y estatales a la luz de los estándares nacionales e internacionales de una legislación de calidad en la materia.
De acuerdo con el balance general, el promedio nacional en esa dimensión subió de 76 puntos a 79 con respecto del estudio realizado en 2010. Esto indica, menciona el estudio, que en términos generales se observa una mejora en el diseño legislativo a nivel nacional. “Desde 2010 a la fecha, tanto las legislaturas locales como la federal reformaron la legislación en materia de transparencia. Con esto, se lograron mejoras a nivel nacional”.
En el caso específico de Guerrero, el diseño normativo es uno de los rubros donde sí incrementó su calificación en relación con la Métrica de 2010. Y no podía ser de otra manera, ya que algunas instituciones (Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Libertad de Información-México AC) evaluaron la Ley de acceso a la información pública de Guerrero, aprobada en septiembre de 2005, como una de las peores legislaciones del país, y ese documento jurídico fue el que sirvió de base para la calificación de la Métrica de 2010.
La ley de transparencia que actualmente nos rige en el estado fue mucho mejor y por ello la calificación subió de 62.80 a 88.25 para una diferencia de 25.46 puntos. De hecho fue la de mayor incremento que se registró en el país, y es el único rubro de todo el estudio donde Guerrero obtiene una buena calificación.
También hubo cambios importantes en la legislación de Colima, que mejoró su ley en 24.8, Baja California con 24.7 y Sonora, que obtuvo 22.5 de incremento de 2010 a 2014. Algunos estados, tienen hoy leyes más deficientes que en 2010, y es el caso de Tamaulipas, que registró 13.9, Sinaloa con -10.6 y Nuevo León que tuvo -7.2.
Según la metodología propuesta por el CIDE, se revisaron 33 legislaciones para calificar que incluyeran aspectos como Principios rectores el derecho de acceso a la información, sujetos obligados, información pública de oficio, información reservada, información confidencial, datos personales, disposiciones en materia de archivos administrativos, regulación      del órgano garante, diseño institucional de las áreas de transparencia de los sujetos obligados, el procedimiento de acceso, recurso de revisión y responsabilidades y sanciones.
La ley de transparencia de Guerrero, aprobada en mayo de 2010, tiene sin embargo algunas deficiencias, específicamente en los temas de archivos administrativos, responsabilidades y sanciones, diseño institucional de los sujetos obligados y recursos de revisión.
Y aunque la ley de transparencia del estado de Guerrero tiene un diseño aceptable y cumple con la mayoría de los indicadores que propone el estudio –ocupa el sexto lugar a nivel nacional- no ha habido correspondencia en la instrumentación de los procedimientos que ahí se contemplan, y de ahí provienen los bajas calificaciones en otros rubros.
Derivado de las reformas constitucionales de febrero de 2014, en este año de 2015 se espera la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, a la que se deberán homologar todas las leyes de los estados, y es la oportunidad para mejorar los aspectos donde hay deficiencias.

2014: un año con dos gobiernos opacos

Publicado en el Sur de Acapulco

El dos mil catorce no fue un año fructífero para la transparencia ni para la rendición de cuentas en Guerrero. Si acaso, lo único rescatable fue un mayor cumplimiento de algunas dependencias en la publicación de su información de oficio, pero nada más. Pero eso no es muy trascendente, y no se compara con lo que todavía falta por hacer.

Elección de consejeros del ITAIG
En febrero de 2014, los diputados de la LX Legislatura eligieron a tres consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero. No se auguraba una elección abierta, democrática y apegada a la normatividad, aunque sí se reconocía la importancia de este proceso, pues de la decisión que tomaran los legisladores guerrerenses en esta elección, sabríamos en alguna medida el talante de lo que serían los próximos años en materia de transparencia y rendición de cuentas, y además descubriría si realmente había una vocación democrática o autoritaria de los diputados al conducir un proceso abierto y transparente.  
La decisión que finalmente tomaron los diputados fue poco afortunada, pues en la integración de este órgano, que debería ser ciudadanizado, privilegiaron la repartición por cuotas partidistas, y los resultados están a la vista: casi se cumple un año de que los consejeros asumieron el cargo y no se observan cambios importantes en materia de transparencia y acceso a la información y sí, en cambio, pugnas en el interior del organismo, derivadas de la manera en que fueron electos, es decir, por un reparto entre partidos. Hay una gran responsabilidad de los diputados de la LX Legislatura del Congreso del estado en la inmovilidad en que se encuentra el ITAIG, pues ellos designaron a los consejeros y deben corresponsabilizarse de sus actos y conductas.
Dependencias incrementaron su transparencia
En 2014, varias dependencias públicas aumentaron el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, es decir, difundieron en sus portales electrónicos aquellos datos básicos del quehacer gubernamental que la ley exige a todas las instituciones públicas.
El ayuntamiento de Acapulco fue el que más logros obtuvo en este terreno, pues alcanzó una calificación de 93.3 por ciento de cumplimiento y se convirtió en la primera dependencia guerrerense en alcanzar ese puntaje. Detrás de este municipio se ubicó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, con 79.5 por ciento de cumplimiento.
Siguiendo con este ranking, como tercero y cuarto lugares se distinguieron dos ayuntamientos, el de Huamuxtitlán, que obtuvo 78.3 por ciento, y el ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, que logró 74.8 puntos porcentuales.
Hasta el quinto sitio se registró una dependencia del Ejecutivo del estado, a través de la Contraloría General del estado que obtuvo 71.4 puntos en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
En general, en este monitoreo correspondiente al primer semestre de 2014, se percibió que hubo avances de casi todo los sujetos obligados o dependencias públicas, en relación con las calificaciones del año anterior. El promedio obtenido estatal por las dependencias en 2013 fue de 29 por ciento, en tanto que en 2014 aumentó a 41.6 por ciento.
Aunque también incrementaron sus niveles, dos de los poderes que integran el estado de Guerrero obtuvieron muy bajas calificaciones en sus niveles de transparencia. El Congreso de estado registró una calificación de 45.5 por ciento luego de revisarse su portal electrónico, y el Tribunal Superior de Justicia del estado, apenas 33.8 por ciento, ocupando los lugares 23 y 26, respectivamente.
Cabe mencionar que el órgano legislativo incrementó su nivel de cumplimiento de la información pública de oficio de 9 a 45.5 por ciento en un año, en tanto que el Tribunal Superior lo hizo de 6 a 33.8 por ciento.
Este monitoreo se basó en la revisión de los portales electrónicos de una muestra de 40 dependencias públicas, a efecto de constatar que cumplen con la publicación de la información que establece el artículo 13 de la Ley de transparencia y acceso a la información del estado de Guerrero.
Número de solicitudes en 2014
Entre lo destacable de 2014 está el incremento del número de solicitudes recibidas por el sistema InfoGro, lo que ratifica la importancia de mantener esta plataforma electrónica de recepción y respuesta de solicitudes de información, e incluso hace evidente la urgencia de ampliarla a todas las casi 160 dependencias públicas registradas en el estado.
En 2014, las dependencias del Ejecutivo del estado –único poder incorporado a este sistema en operación desde 2011- recibió 1,909 solicitudes de información, rebasando las 1,251 peticiones de 2013 y las 1,572 solicitudes de 2012.
Del total de 1,909 solicitudes, 1,568 han sido resueltas, y en números relativos se distribuyen como sigue: Secretaría de Salud, 13 por ciento de las solicitudes presentadas en el año; Fiscalía General del Estado, 11.4 por ciento; Secretaría de Finanzas y Administración, 10.5 por ciento; Secretaría de Seguridad Pública, 8.4 por ciento; Secretaría General de Gobierno (7.6 por ciento), Contraloría General del estado (4.6), Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (4), Secretaría de Medio Ambiente (3.7 por ciento) y Secretaría de Desarrollo Social, 2.8 por ciento de las solicitudes totales.
¿Y el Consejo de vigilancia de obra pública?
Hasta el 16 de enero de 2014 el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero les tomó posesión a los ciudadanos del Consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, organismo que fue propuesto por el propio ex mandatario cuando era candidato a la gubernatura como su carta fuerte para combatir la corrupción.
Pero todo parece indicar que su propuesta fue como un desliz –al calor de la campaña- del que se arrepintió después, porque a la fecha, el consejo no ha dado señales de realizar ninguna actividad ni ha vigilado ni adquisiciones ni obra pública, por lo menos no hay información pública al respecto.
Además, no se le auguraba un desempeño exitoso al consejo, pues el decreto no le da facultades relevantes en la toma de decisiones; ni tampoco le garantiza autonomía en su funcionamiento, por lo que o estará a merced del presupuesto público o en la inmovilidad por carecer de facultades. Hasta hoy, es sólo un organismo decorativo más.

En el plano nacional

El 7 de febrero de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a varios artículos de la Constitución de la república, sobre todo el sexto, en materia de transparencia y acceso a la información.
Durante los últimos meses de 2014, para hacer operativas las reformas constitucionales se elaboraron las iniciativas de ley general y ley federal de transparencia y acceso a la información, que deberán ser aprobadas antes del 7 de febrero de 2015. Las iniciativas de estas leyes fueron presentadas en el Senado de la República, el 2 y 8 de diciembre de 2014, respectivamente, para su análisis y aprobación.
En el estado de Guerrero la ley general tendrá repercusiones muy importantes, ya que homogenizará los procedimientos para facilitar el acceso a la información y también establecerá criterios de uniformidad de las obligaciones de transparencia que tienen los sujetos obligados del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal.
Para verificar que las dependencias cumplan con sus obligaciones de transparencia, se realizarán verificaciones de oficio mediante evaluaciones con base en el procedimiento que prevé esta ley. Si las dependencias de Guerrero continúan con su resistencia a la transparencia como lo han hecho hasta hoy, serán evidenciadas a nivel nacional y se sujetarán a las sanciones correspondientes.
Asimismo, se establecerán criterios para que la información que se publique se encuentre sistematizada, ordenada, actualizada, comprensible, accesible y completa para evitar que las dependencias públicas cobijen su opacidad presentándola de otra manera, como es el caso frecuente de los sujetos obligados de Guerrero.
Se creará el sistema nacional de transparencia que supone el diseño por una política integral y completa en materia de transparencia y acceso a la información de alcance nacional, mediante la coordinación de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, lo cual se traduce en que habrá un margen menor para que las dependencias de Guerrero evadan el cumplimiento de la ley.
Como lo establece la reforma constitucional, se ampliará el espectro de sujetos obligados, y ahora partidos políticos, sindicatos y personas físicas y morales que reciban recursos públicos, además de fideicomisos y fondos públicos tendrán que informar del ejercicio que hagan del dinero público.
Un punto destacable de la iniciativa de ley es que incluye un Título que propone medidas de apremio y sanciones en caso del incumplimiento de las resoluciones que emiten los organismos garantes. En Guerrero es larga la lista de sujetos obligados que no cumplen las resoluciones del ITAIG, pero de aprobarse esta iniciativa, habrá más posibilidades de obligarlos.  

Lo que esperamos en 2015

De acuerdo con el presupuesto de egresos del estado de Guerreo 2015, el ITAIG recibirá 11.9 millones de pesos para su operación, lo que representa 20.5 por ciento más que en 2014. No sabemos en qué se invertirán esos recursos, pero se espera que no se utilicen para engordar la nómina, pues lo que requiere el estado de Guerrero es un programa de acciones que contribuyan realmente a generar una cultura de la transparencia.
Otro de los asuntos que requieren urgente resolución es iniciar las gestiones para que el sistema Info Gro, que es una plataforma electrónica para organizar la recepción y respuesta de solicitudes de información, incluya a todos los sujetos obligados del estado, principalmente a los municipios. De darse, sería una de las mejores decisiones que se hayan tomado en muchos años en favor de la transparencia y el acceso a la información.
Efectivamente es una acción que más que recursos financieros, requiere de mucho trabajo de cabildeo con cada uno de los sujetos obligados y la disposición de éstos para incorporarse al nuevo sistema. Es un reto que pueden financiarse con los recursos adicionales que recibirá el ITAIG este año.
Por otra parte, de la administración de Rogelio Ortega Martínez estamos en espera de una nueva y diferente política de transparencia para el estado. Es un área muy sensible en la percepción ciudadana, y si no se perfilan y observan cambios relevantes en el corto plazo, el paso del mandatario será tan gris que será tan repudiado como los otros.
Apenas el 26 de noviembre de 2014, en su plan de gobierno Rogelio Ortega menciona escuetamente en el punto 21: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”. Nada nuevo propone.
Los relevos en los gobiernos estatal y municipales, así como en el Congreso del estado, según experiencias pasados, pone en riesgo lo poco conseguido hasta ese momento en transparencia y acceso a la información. Con el pretexto de que acaban de llegar, los nuevos funcionarios dejan de cumplir con sus obligaciones en esta materia en perjuicio de la ciudadanía; no se aprovecha la experiencia acumulada de las personas que se encargaban de estos asuntos en los gobiernos anteriores, y la curva de aprendizaje es muy costosa.
Y la ley de transparencia nada dice respecto a dar una tregua en el cumplimiento de las normas en las transiciones de un gobierno a otro.
El ITAIG debe acusar de recibo sobre esta situación y advertir a los nuevos gobiernos que no habrá tregua para el cumplimiento de la ley.
Asimismo, estaremos pendientes de que el Congreso del estado, cuando sea aprobada la ley general de transparencia, legisle las modificaciones necesarias en la ley local. Hay que recordar que Guerrero fue de los últimos estados en legislar su ley de transparencia (septiembre de 2005) y se retrasó 22 meses para homologar la ley de Guerrero a las reformas del sexto constitucional de julio de 2007. A los diputados guerrerenses no se les da legislar en favor de la transparencia.