Guerrero, en los últimos lugares en transparencia: CIDE

El Sur de Acapulco
Los resultados del estudio Métrica de la Transparencia 2014 evidenciaron una vez más la opacidad que persiste en las dependencias públicas del estado de Guerrero. De acuerdo con este documento, luego del análisis de diferentes dimensiones, el estado se ubicó entre los últimos lugares con una calificación de 0.652, cuando el promedio nacional fue de 0.723, quedando en el lugar 31 en el ámbito nacional, de 33 casos estudiados que incluyeron las 31 entidades, el Distrito Federal y la Federación.
Los tres primeros lugares del estudio, por su grado de transparencia y mejores mecanismos para facilitar el acceso a la información de la ciudadanía, fueron para la Federación, el Distrito Federal y Coahuila, que lograron puntajes de más de 0.800; en los últimos lugares, por debajo de Guerrero únicamente estuvieron Michoacán y Baja California Sur, que obtuvieron 0.577 y 0.562 puntos, respectivamente. Guerrero en este estudio ratifica su rezago en transparencia.
La Métrica de la Transparencia es un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y auspiciado por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública; el trabajo de acopio de información y análisis se realizó durante 2014 y sus resultados se presentaron en diciembre del mismo año. Abarca, en el caso de Guerrero, el ejercicio de gobierno del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y las administraciones actuales del resto de las dependencias públicas del estado (poder Judicial, Congreso, organismos autónomos y descentralizados).
La Métrica tuvo el objetivo de realizar un diagnóstico general del estado actual de la política de transparencia y del acceso a la información pública en los tres poderes de gobierno de los tres niveles de gobierno y en algunos órganos constitucionales autónomos.

Las dimensiones del estudio

Para llegar a esos resultados, la investigación del CIDE –tercera que realiza ese centro de estudios, ya que previamente concluyó estudios en 2007 y 2010- abordó cinco dimensiones, a saber: normativa, portales electrónicos, usuario simulado, capacidades del órgano garante y sujeto obligado. En este artículo se abordarán sólo las primeras dos dimensiones.
La dimensión de portales electrónicos, de acuerdo con la metodología, mide la transparencia a partir de lo que publican como información de oficio las dependencias públicas; específicamente el CIDE evaluó dos componentes, el primero es propiamente la revisión del cumplimiento de los portales de transparencia de los sujetos obligados con respecto a la ley de transparencia del estado.
El segundo componente, el de la calidad de la información, se refiere a la proactividad de los sujetos obligados en la política de transparencia; la disponibilidad y usabilidad de la información; elementos de desarrollo tecnológico de los portales gubernamentales; y la existencia de mecanismos de comunicación con el ciudadano. Este componente se aborda en el siguiente apartado.
Los investigadores del CIDE aseguran que los portales electrónicos constituyen una de las herramientas más sólidas para que las dependencias implementen una política de transparencia más allá de responder a las solicitudes de acceso a la información. De esta manera, los ciudadanos no sólo pueden conocer actuar de la autoridad, sino también opinar y participar en la toma de decisiones.
A nivel nacional, la calificación más alta con respecto al cumplimiento normativo de la información de oficio fue de 0.98, obtenida por el Distrito Federal. Lo siguió Zacatecas y Tamaulipas (0.96). Las más bajas fueron para Oaxaca con 0.72, Guanajuato (0.70) y Baja California con 0.63. El promedio nacional fue de 0.85.
El estado de Guerrero ocupó el sitio 29 con un registro de 0.73 (las calificaciones por estado se obtuvieron al promediar los puntajes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos Autónomos y Municipios o Delegaciones).
Del estado de Guerrero se revisaron 18 dependencias públicas las cuales ocuparon los siguientes lugares en el ranking estatal: la secretaría particular del gobernador, Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, la Secretaría de Finanzas y Administración, el DIF estatal, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación de Guerrero, Auditoría General del estado, el Instituto Electoral, la Secretaría de Desarrollo Social.
Le siguieron la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, el Congreso del estado, el Poder Judicial y al final los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
De manera global, la calificación promedio en el estado fue de 0.72. Cabe mencionar que sólo las diez primeras dependencias tuvieron registros por arriba del promedio estatal.
El documento del CIDE concluye que “los resultados de esta medición indican que el grado de cumplimiento normativo de la información pública de oficio no está relacionado con el tipo de sujeto obligado ni con el nivel de gobierno, ni con el poder al que pertenece”. Sin embargo, en Guerrero, como se observó en la Métrica de la Transparencia 2014 y como se ha registrado en monitoreos locales, el grado de cumplimiento sí está asociado con determinados sujetos obligados, en este caso con los poderes Judicial y Legislativo, que históricamente han obtenido calificaciones muy bajas y siempre aparecen en los últimos lugares superando apenas el promedio de los ayuntamientos, que también se han convertido en sujetos obligados permanentemente opacos.
En la Métrica de la Transparencia 2007, el estado de Guerrero obtuvo un promedio de 52.2 por ciento de calificación, en donde el Ejecutivo alcanzó 64 por ciento, el Legislativo 50 por ciento, al igual que los municipios, y el poder Judicial 45 por ciento.
En la Métrica 2010, Guerrero ocupo el lugar 28 a nivel nacional. Visto de manera desglosada, el Ejecutivo del estado obtuvo el lugar 22, el Congreso del estado alcanzó el sitio 26 y el poder Judicial el lugar 32 (penúltimo) en el ámbito nacional.

Calidad de la información

El segundo componente de la dimensión de portales electrónicos es la calidad de la información, y para evaluarla, se revisaron aspectos como el acceso oportuno y fácil a la información pública de oficio y posibilidad de reutilizarla.
Uno de los indicadores empleados para este componente es el de lenguaje ciudadano, es decir, la presentación sencilla y accesible de la información. Al respecto, el CIDE encontró que en general, este aspecto no es considerado por las dependencias públicas y prácticamente no existe. Sólo cuatro entidades presentan algunos portales con información diferenciada en niveles de complejidad. Es decir, cuentan con información en lenguaje ciudadano y para un público experto.
Únicamente los estados de Puebla, Sonora y Baja california, además de la Federación, presentan contenidos expresamente enfocados a ciudadanos. Guerrero en este rubro no tiene ninguna propuesta.
Otro de los indicadores se relaciona con los trámites y los servicios que pueden realizarse en línea. Menciona el estudio que se avanzó en este rubro porque 23 entidades ya ofrecen algún trámite o servicio a través de sus portales. Sin embargo, aún existe heterogeneidad acerca de qué se entiende por servicios o trámites en línea. Destacan en este indicador Oaxaca, Michoacán, Nuevo León, Chiapas y Colima como entidades en las que pueden realizarse trámites de manera virtual, sobre todo los pagos de impuestos y derechos. Nuevamente el estado de Guerrero no aparece en este rubro.
El tercer indicador se relaciona con la comunicación entre el ciudadano y la dependencia sobre la calidad de información que se presenta en los portales. El indicador es la existencia de algún mecanismo para reportar las fallas del portal. El promedio nacional es de 0.33, y en los primeros lugares se encuentra Morelos (0.94), Distrito Federal (0.83), Campeche (0.74) y Nuevo León (0.67). Guerrero en este rubro apenas tiene 0.56 puntos.
Hay un indicador relacionado con la posibilidad de que la información publicada en los portales de transparencia tenga acceso libre, y que los ciudadanos puedan reutilizarla sin limitación o gratuitamente. Para evaluar el avance en este rubro dentro de los portales de transparencia, se buscó información en formatos abiertos sobre los resultados de auditorías, presupuesto, informe de actividades y programas operativos.
Los resultados indican que, sólo en 11 entidades se encontró alguna información en formatos abiertos. De hecho, parece una práctica generalizada que los portales contengan información con alguna restricción para acceder a ella.
Guerrero es una de las entidades que en alguna medida presenta este formato de datos abiertos, para lo cual obtuvo una calificación baja, de 0.18, que contrasta con entidades como Nayarit, que tiene 1.00, Oaxaca (0.98) y el Distrito Federal (.097).

Dimensión normativa

De acuerdo con la Métrica de la Transparencia, la dimensión normativa analiza la calidad del diseño legislativo en materia de derecho de acceso a la información; para realizarlo, se revisaron los ordenamientos federal y estatales a la luz de los estándares nacionales e internacionales de una legislación de calidad en la materia.
De acuerdo con el balance general, el promedio nacional en esa dimensión subió de 76 puntos a 79 con respecto del estudio realizado en 2010. Esto indica, menciona el estudio, que en términos generales se observa una mejora en el diseño legislativo a nivel nacional. “Desde 2010 a la fecha, tanto las legislaturas locales como la federal reformaron la legislación en materia de transparencia. Con esto, se lograron mejoras a nivel nacional”.
En el caso específico de Guerrero, el diseño normativo es uno de los rubros donde sí incrementó su calificación en relación con la Métrica de 2010. Y no podía ser de otra manera, ya que algunas instituciones (Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Libertad de Información-México AC) evaluaron la Ley de acceso a la información pública de Guerrero, aprobada en septiembre de 2005, como una de las peores legislaciones del país, y ese documento jurídico fue el que sirvió de base para la calificación de la Métrica de 2010.
La ley de transparencia que actualmente nos rige en el estado fue mucho mejor y por ello la calificación subió de 62.80 a 88.25 para una diferencia de 25.46 puntos. De hecho fue la de mayor incremento que se registró en el país, y es el único rubro de todo el estudio donde Guerrero obtiene una buena calificación.
También hubo cambios importantes en la legislación de Colima, que mejoró su ley en 24.8, Baja California con 24.7 y Sonora, que obtuvo 22.5 de incremento de 2010 a 2014. Algunos estados, tienen hoy leyes más deficientes que en 2010, y es el caso de Tamaulipas, que registró 13.9, Sinaloa con -10.6 y Nuevo León que tuvo -7.2.
Según la metodología propuesta por el CIDE, se revisaron 33 legislaciones para calificar que incluyeran aspectos como Principios rectores el derecho de acceso a la información, sujetos obligados, información pública de oficio, información reservada, información confidencial, datos personales, disposiciones en materia de archivos administrativos, regulación      del órgano garante, diseño institucional de las áreas de transparencia de los sujetos obligados, el procedimiento de acceso, recurso de revisión y responsabilidades y sanciones.
La ley de transparencia de Guerrero, aprobada en mayo de 2010, tiene sin embargo algunas deficiencias, específicamente en los temas de archivos administrativos, responsabilidades y sanciones, diseño institucional de los sujetos obligados y recursos de revisión.
Y aunque la ley de transparencia del estado de Guerrero tiene un diseño aceptable y cumple con la mayoría de los indicadores que propone el estudio –ocupa el sexto lugar a nivel nacional- no ha habido correspondencia en la instrumentación de los procedimientos que ahí se contemplan, y de ahí provienen los bajas calificaciones en otros rubros.
Derivado de las reformas constitucionales de febrero de 2014, en este año de 2015 se espera la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, a la que se deberán homologar todas las leyes de los estados, y es la oportunidad para mejorar los aspectos donde hay deficiencias.

2014: un año con dos gobiernos opacos

Publicado en el Sur de Acapulco

El dos mil catorce no fue un año fructífero para la transparencia ni para la rendición de cuentas en Guerrero. Si acaso, lo único rescatable fue un mayor cumplimiento de algunas dependencias en la publicación de su información de oficio, pero nada más. Pero eso no es muy trascendente, y no se compara con lo que todavía falta por hacer.

Elección de consejeros del ITAIG
En febrero de 2014, los diputados de la LX Legislatura eligieron a tres consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero. No se auguraba una elección abierta, democrática y apegada a la normatividad, aunque sí se reconocía la importancia de este proceso, pues de la decisión que tomaran los legisladores guerrerenses en esta elección, sabríamos en alguna medida el talante de lo que serían los próximos años en materia de transparencia y rendición de cuentas, y además descubriría si realmente había una vocación democrática o autoritaria de los diputados al conducir un proceso abierto y transparente.  
La decisión que finalmente tomaron los diputados fue poco afortunada, pues en la integración de este órgano, que debería ser ciudadanizado, privilegiaron la repartición por cuotas partidistas, y los resultados están a la vista: casi se cumple un año de que los consejeros asumieron el cargo y no se observan cambios importantes en materia de transparencia y acceso a la información y sí, en cambio, pugnas en el interior del organismo, derivadas de la manera en que fueron electos, es decir, por un reparto entre partidos. Hay una gran responsabilidad de los diputados de la LX Legislatura del Congreso del estado en la inmovilidad en que se encuentra el ITAIG, pues ellos designaron a los consejeros y deben corresponsabilizarse de sus actos y conductas.
Dependencias incrementaron su transparencia
En 2014, varias dependencias públicas aumentaron el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, es decir, difundieron en sus portales electrónicos aquellos datos básicos del quehacer gubernamental que la ley exige a todas las instituciones públicas.
El ayuntamiento de Acapulco fue el que más logros obtuvo en este terreno, pues alcanzó una calificación de 93.3 por ciento de cumplimiento y se convirtió en la primera dependencia guerrerense en alcanzar ese puntaje. Detrás de este municipio se ubicó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, con 79.5 por ciento de cumplimiento.
Siguiendo con este ranking, como tercero y cuarto lugares se distinguieron dos ayuntamientos, el de Huamuxtitlán, que obtuvo 78.3 por ciento, y el ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, que logró 74.8 puntos porcentuales.
Hasta el quinto sitio se registró una dependencia del Ejecutivo del estado, a través de la Contraloría General del estado que obtuvo 71.4 puntos en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
En general, en este monitoreo correspondiente al primer semestre de 2014, se percibió que hubo avances de casi todo los sujetos obligados o dependencias públicas, en relación con las calificaciones del año anterior. El promedio obtenido estatal por las dependencias en 2013 fue de 29 por ciento, en tanto que en 2014 aumentó a 41.6 por ciento.
Aunque también incrementaron sus niveles, dos de los poderes que integran el estado de Guerrero obtuvieron muy bajas calificaciones en sus niveles de transparencia. El Congreso de estado registró una calificación de 45.5 por ciento luego de revisarse su portal electrónico, y el Tribunal Superior de Justicia del estado, apenas 33.8 por ciento, ocupando los lugares 23 y 26, respectivamente.
Cabe mencionar que el órgano legislativo incrementó su nivel de cumplimiento de la información pública de oficio de 9 a 45.5 por ciento en un año, en tanto que el Tribunal Superior lo hizo de 6 a 33.8 por ciento.
Este monitoreo se basó en la revisión de los portales electrónicos de una muestra de 40 dependencias públicas, a efecto de constatar que cumplen con la publicación de la información que establece el artículo 13 de la Ley de transparencia y acceso a la información del estado de Guerrero.
Número de solicitudes en 2014
Entre lo destacable de 2014 está el incremento del número de solicitudes recibidas por el sistema InfoGro, lo que ratifica la importancia de mantener esta plataforma electrónica de recepción y respuesta de solicitudes de información, e incluso hace evidente la urgencia de ampliarla a todas las casi 160 dependencias públicas registradas en el estado.
En 2014, las dependencias del Ejecutivo del estado –único poder incorporado a este sistema en operación desde 2011- recibió 1,909 solicitudes de información, rebasando las 1,251 peticiones de 2013 y las 1,572 solicitudes de 2012.
Del total de 1,909 solicitudes, 1,568 han sido resueltas, y en números relativos se distribuyen como sigue: Secretaría de Salud, 13 por ciento de las solicitudes presentadas en el año; Fiscalía General del Estado, 11.4 por ciento; Secretaría de Finanzas y Administración, 10.5 por ciento; Secretaría de Seguridad Pública, 8.4 por ciento; Secretaría General de Gobierno (7.6 por ciento), Contraloría General del estado (4.6), Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (4), Secretaría de Medio Ambiente (3.7 por ciento) y Secretaría de Desarrollo Social, 2.8 por ciento de las solicitudes totales.
¿Y el Consejo de vigilancia de obra pública?
Hasta el 16 de enero de 2014 el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero les tomó posesión a los ciudadanos del Consejo ciudadano para la vigilancia de las adquisiciones y la obra pública, organismo que fue propuesto por el propio ex mandatario cuando era candidato a la gubernatura como su carta fuerte para combatir la corrupción.
Pero todo parece indicar que su propuesta fue como un desliz –al calor de la campaña- del que se arrepintió después, porque a la fecha, el consejo no ha dado señales de realizar ninguna actividad ni ha vigilado ni adquisiciones ni obra pública, por lo menos no hay información pública al respecto.
Además, no se le auguraba un desempeño exitoso al consejo, pues el decreto no le da facultades relevantes en la toma de decisiones; ni tampoco le garantiza autonomía en su funcionamiento, por lo que o estará a merced del presupuesto público o en la inmovilidad por carecer de facultades. Hasta hoy, es sólo un organismo decorativo más.

En el plano nacional

El 7 de febrero de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a varios artículos de la Constitución de la república, sobre todo el sexto, en materia de transparencia y acceso a la información.
Durante los últimos meses de 2014, para hacer operativas las reformas constitucionales se elaboraron las iniciativas de ley general y ley federal de transparencia y acceso a la información, que deberán ser aprobadas antes del 7 de febrero de 2015. Las iniciativas de estas leyes fueron presentadas en el Senado de la República, el 2 y 8 de diciembre de 2014, respectivamente, para su análisis y aprobación.
En el estado de Guerrero la ley general tendrá repercusiones muy importantes, ya que homogenizará los procedimientos para facilitar el acceso a la información y también establecerá criterios de uniformidad de las obligaciones de transparencia que tienen los sujetos obligados del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal.
Para verificar que las dependencias cumplan con sus obligaciones de transparencia, se realizarán verificaciones de oficio mediante evaluaciones con base en el procedimiento que prevé esta ley. Si las dependencias de Guerrero continúan con su resistencia a la transparencia como lo han hecho hasta hoy, serán evidenciadas a nivel nacional y se sujetarán a las sanciones correspondientes.
Asimismo, se establecerán criterios para que la información que se publique se encuentre sistematizada, ordenada, actualizada, comprensible, accesible y completa para evitar que las dependencias públicas cobijen su opacidad presentándola de otra manera, como es el caso frecuente de los sujetos obligados de Guerrero.
Se creará el sistema nacional de transparencia que supone el diseño por una política integral y completa en materia de transparencia y acceso a la información de alcance nacional, mediante la coordinación de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, lo cual se traduce en que habrá un margen menor para que las dependencias de Guerrero evadan el cumplimiento de la ley.
Como lo establece la reforma constitucional, se ampliará el espectro de sujetos obligados, y ahora partidos políticos, sindicatos y personas físicas y morales que reciban recursos públicos, además de fideicomisos y fondos públicos tendrán que informar del ejercicio que hagan del dinero público.
Un punto destacable de la iniciativa de ley es que incluye un Título que propone medidas de apremio y sanciones en caso del incumplimiento de las resoluciones que emiten los organismos garantes. En Guerrero es larga la lista de sujetos obligados que no cumplen las resoluciones del ITAIG, pero de aprobarse esta iniciativa, habrá más posibilidades de obligarlos.  

Lo que esperamos en 2015

De acuerdo con el presupuesto de egresos del estado de Guerreo 2015, el ITAIG recibirá 11.9 millones de pesos para su operación, lo que representa 20.5 por ciento más que en 2014. No sabemos en qué se invertirán esos recursos, pero se espera que no se utilicen para engordar la nómina, pues lo que requiere el estado de Guerrero es un programa de acciones que contribuyan realmente a generar una cultura de la transparencia.
Otro de los asuntos que requieren urgente resolución es iniciar las gestiones para que el sistema Info Gro, que es una plataforma electrónica para organizar la recepción y respuesta de solicitudes de información, incluya a todos los sujetos obligados del estado, principalmente a los municipios. De darse, sería una de las mejores decisiones que se hayan tomado en muchos años en favor de la transparencia y el acceso a la información.
Efectivamente es una acción que más que recursos financieros, requiere de mucho trabajo de cabildeo con cada uno de los sujetos obligados y la disposición de éstos para incorporarse al nuevo sistema. Es un reto que pueden financiarse con los recursos adicionales que recibirá el ITAIG este año.
Por otra parte, de la administración de Rogelio Ortega Martínez estamos en espera de una nueva y diferente política de transparencia para el estado. Es un área muy sensible en la percepción ciudadana, y si no se perfilan y observan cambios relevantes en el corto plazo, el paso del mandatario será tan gris que será tan repudiado como los otros.
Apenas el 26 de noviembre de 2014, en su plan de gobierno Rogelio Ortega menciona escuetamente en el punto 21: “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”. Nada nuevo propone.
Los relevos en los gobiernos estatal y municipales, así como en el Congreso del estado, según experiencias pasados, pone en riesgo lo poco conseguido hasta ese momento en transparencia y acceso a la información. Con el pretexto de que acaban de llegar, los nuevos funcionarios dejan de cumplir con sus obligaciones en esta materia en perjuicio de la ciudadanía; no se aprovecha la experiencia acumulada de las personas que se encargaban de estos asuntos en los gobiernos anteriores, y la curva de aprendizaje es muy costosa.
Y la ley de transparencia nada dice respecto a dar una tregua en el cumplimiento de las normas en las transiciones de un gobierno a otro.
El ITAIG debe acusar de recibo sobre esta situación y advertir a los nuevos gobiernos que no habrá tregua para el cumplimiento de la ley.
Asimismo, estaremos pendientes de que el Congreso del estado, cuando sea aprobada la ley general de transparencia, legisle las modificaciones necesarias en la ley local. Hay que recordar que Guerrero fue de los últimos estados en legislar su ley de transparencia (septiembre de 2005) y se retrasó 22 meses para homologar la ley de Guerrero a las reformas del sexto constitucional de julio de 2007. A los diputados guerrerenses no se les da legislar en favor de la transparencia.

Transparencia e información en tiempos de crisis

El Sur de Acapulco

En tiempos de crisis como la que vive el estado, las instituciones gubernamentales no funcionan igual, y entre las áreas que más resultan afectadas sin duda está el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y el acceso a la información que tienen todas las dependencias públicas hacia los ciudadanos.

En estos periodos de conflicto se generan los más variados argumentos (por los incendios, movilizaciones, o por el cierre de oficinas, entre los más frecuentes) para evadir las explicaciones y las solicitudes de información. Pero en realidad, las dependencias siempre han sido opacas, reacias a abrir la información, y lo único diferente es que en estos periodos encuentran numerosos pretextos para no informar.
Paradójicamente son tiempos en que la ciudadanía quiere saber más, tener más información del gobierno, para conocer la verdad histórica de los hechos.
Los datos que registra el sistema de recepción y respuesta de solicitudes de información Info-Guerrero, que opera el gobierno del estado, da una idea aproximada de esta inquietud ciudadana.
Del 1 de enero al 4 de diciembre de 2013, el sistema registró un total de 1,119 solicitudes de información, y entre las dependencias más requeridas destacó la Secretaría de Salud (15.8 por ciento de las solicitudes), la Secretaría de Finanzas y Administración (14.5 por ciento), la Secretaría General del Gobierno (11.5), la Fiscalía General del estado (11 por ciento) y la Contraloría General (2.9 por ciento).
En el mismo periodo del presente año, el número de solicitudes se incrementó a 1,517, destacando nuevamente la Secretaría de Salud (13.3 por ciento), la Fiscalía General del estado (11.2 por ciento), la Sefina (10.6 por ciento), la Secretaría de Seguridad Pública (8.7), la Secretaría General de Gobierno (7.5) y la Contraloría General del Estado con 4.6 por ciento de las solicitudes registradas.
Si se observa únicamente el último trimestre, del 15 de septiembre al 4 de diciembre del año pasado se presentaron 261 solicitudes de información, mientras en los dos meses y medio de conflicto en el presente año, la cifra se incrementó a 462 solicitudes.
Como puede observarse, en periodos de inconformidad social se incrementa la demanda de información de la ciudadanía, en este caso, la comparación entre los dos años da una diferencia de 35.5 por ciento. De manera específica en los dos últimos meses y medio, comparando los años 2013 y el actual, el incremento de solicitudes de información fue de 77 por ciento.
Si se observan las dependencias que fueron más requeridas en el último trimestre de 2014, destacan la Fiscalía General del estado (18.7 por ciento de las solicitudes de información en el periodo), la Sefina (10.6 por ciento), la Secretaría de Seguridad Pública (9.3 por ciento) y la Secretaría General del Gobierno (7.7 por ciento).

Los incendios

La desaparición de información y documentos por incendio es un recurso conocido en Guerrero. No importa quién incendie los archivos, siempre será un buen pretexto para ocultar información.
Aún se recuerda aquel 7 de marzo de 2011, a unos días de que concluyera el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, cuando desconocidos entraron a las oficinas de la Secretaría de Salud y rociaran con gasolina varios archivos para después prenderles fuego.
La oficina afectada fue la Subsecretaría de Finanzas de los Servicios de Salud y del Seguro Popular, en donde se quemaron coincidentemente documentos de gasto, facturación y pagos a proveedores.
Comentarios como el de Misael Medrano Baza, ex dirigente del PRD en Guerrero, afirmaron que la quema de documentos tenía el claro propósito de borrar evidencias de los malos manejos de los recursos económicos que se destinan a la Secretaría de Salud.
A más de tres años de aquel episodio, no se sabe nada de los responsables ni de la información perdida por el incendio provocado.
Más recientemente, el 13 de octubre de este año, un grupo de manifestantes incendió varias oficinas del palacio de gobierno estatal. Sobre este hecho, y días después, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, Beatriz Mojica Morga, informó que el incendio generado en Palacio de Gobierno ocasionó que los expedientes de casi 10 mil becarios inscritos en el programa Becas Excelencia para Guerrero se perdieran en su totalidad al ser consumidos por el fuego.
Sin embargo, dio la alternativa de que para regularizar los archivos y evitar que se paralizara la operación del programa, se llevaría a cabo “un proceso de renovación emergente”, que permitirá integrar un expediente para cada estudiante, y “este proceso permitirá contar con los documentos base para programar el siguiente pago, correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2014”.
Fuera del reconocimiento de pérdida de información por la Sedesol, ninguna otra dependencia manifestó que hubiera sido afectada en sus archivos.
Otro hecho relacionado con incendios fue el que protagonizaron cinco personas en la madrugada del 20 de octubre, quienes prendieron fuego a las oficinas del programa Guerrero Cumple. Los encapuchados “sometieron al velador y lo encerraron en uno de los baños, posteriormente le prendieron fuego al equipo de cómputo y material de archivo”, informó la prensa al día siguiente.
La coordinadora general del programa, Mariana García Guillén, dijo que en el incendio solamente se dañaron los archivos que contienen los padrones de programas de apoyos para madres solteras y personas con discapacidad. Agregó que "Nosotros podemos trabajar con toda normalidad porque tenemos todo digitalizado; en realidad solamente se quemó papel y tendremos que imprimir, encarpetar nuevamente pero nada más. Solo se dañaron bienes materiales".

ITAG valida la reticencia gubernamental

El 26 de octubre, la Contraloría General del Estado solicitó al ITAIG interrumpir los plazos para la atención de solicitudes del sistema Info-Guerrero, así como de los recursos de revisión, debido a los acontecimientos del incendio al palacio de gobierno, y de manera particular, por “los daños materiales causados a la infraestructura de las oficinas que ocupa la Contraloría General del Estado, con sede en dicho edificio”.
La Contraloría del estado no especificó sin embargo qué áreas fueron dañadas ni la cantidad y la calidad de la información afectada, tampoco mencionó nada sobre los plazos en que estaría en condiciones de reponer dicha información y ponerla disponible al público.
El ITAIG dio por bueno el argumento gubernamental y autorizó la suspensión de los tiempos no sólo para el caso de la Contraloría, sino de cualquier otra dependencia que lo justificara.
Para ello, emitió un acuerdo que dice: “No correrán los términos legales establecidos en la Ley (…), por cuanto hace a las solicitudes de información tramitadas mediante el sistema Info-Guerrero, lo anterior en virtud del estado de excepción que guardan en este momento las instalaciones del Gobierno Estatal y por ende el sistema Info-Guerrero.”
Y no obstante que las dependencias afectadas por los incendios u otros fenómenos son muy localizadas, y que el daño fue parcial en todo caso, el acuerdo del ITAIG no establece un tiempo perentorio para que la dependencias repongan la información ni señala qué oficinas podrán acogerse a esta suspensión ni cuánto tiempo estará vigente la medida.
Dice la argumentación del ITAIG que “tomando en consideración los hechos suscitados (…) como es del conocimiento público que los últimos días han sufrido daños materiales no tan solo el edificio de Palacio de Gobierno, sino diversas dependencias municipales, estatales y federales con sede en el estado de Guerrero, (…) se determinó que las solicitudes de información que se encuentren en trámite por medio del sistema Info-Guerrero ante los sujetos obligados afectados por los hechos señalados, no podrán ser atendidas y respondidas en los plazos establecidos por la ley (…)”.
Y agrega que la misma suerte correrán los “recursos de revisión que se encuentren en trámite ante este órgano garante, toda vez que por las limitantes de los sujetos obligados afectados por los multicitados hechos, no podrán substanciarse en los términos legales que establece la ley de la materia en comento”.
Es decir, sin menospreciar los daños que tuvieron algunas oficinas, en los hechos el ITAIG da manga ancha a la opacidad de las dependencias sin ningún tipo de restricción, suspendiendo el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Esta medida entró en vigor el 28 de octubre de 2014.

Ley de archivos

En Guerrero existe una ley que ha sido olvidada, nunca puesta en práctica. Se trata de la Ley de Archivos Generales del Estado, vigente desde el 1 de enero de 2009, que no opera porque a ninguna dependencia le interesa o conviene documentar el ejercicio de gobierno, más bien al contrario, se prefiere la destrucción de archivos al final de los gobierno para borrar evidencias. 
Entre los objetivos de la ley de archivos están el “ordenamiento, preservación, uniformación, estudio y difusión de los documentos que constituyen el patrimonio, histórico, cultural y administrativo de las dependencias”.
Los recientes acontecimientos que destruyeron documentación gubernamental pusieron al descubierto, entre otros muchos asuntos, el nulo trabajo que deben realizar todas las dependencias públicas respecto de sus archivos.
También desnudó la ausencia del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Guerrero, que según la norma, se encargará de establecer las directrices necesarias para que las oficinas públicas adopten “acciones y procedimientos, métodos y mecanismos homogéneos y coordinados” en materia de archivos. Pero el sistema no se ha integrado.
La ley también menciona que se expedirá un reglamento durante los 120 días después de que fue aprobada la ley. Cabe destacar que se hizo la búsqueda del mencionado reglamento, y aún no existe, como tampoco a la fecha se ha nombrado a un director general del archivo general del estado.
Por esa razón, las más de 150 dependencias públicas que existen en el estado incumplen la fracción XII del artículo 13 de la Ley de transparencia, que las obliga a publicar “los instrumentos de consulta y control archivístico”.
La ley de transparencia es más explícita en el renglón de la conservación de los archivos. Dice por ejemplo, que “los responsables de los archivos elaborarán los instrumentos de consulta y control archivístico que propicien la organización, conservación y localización expedita de sus archivos”.
También establece que las dependencias públicas “realizarán programas de respaldo y migración de los documentos electrónicos, de acuerdo con sus recursos”.
Asimismo, las oficinas gubernamentales “adoptarán medidas y procedimientos técnicos que garanticen la conservación de la documentación y la seguridad de sus soportes”.
Todo lo anterior no lo han cumplido las dependencias públicas, y fue por ello que el ITAIG emitió una recomendación el 26 de noviembre de 2014 para recordarles lo que establece la ley.
El órgano garante expresa que “emite recomendación a cada uno de los sujetos obligados, a efecto de que, derivado de la obligación que tienen respecto de conservar la información, tomen las medidas precautorias pertinentes para garantizar su resguardo y protección.”
Asimismo establece que las dependencias públicas “que consideren que sus archivos han sido siniestrados” deberán someterse a un procedimiento para poder decretar que la información se ha perdido o ha quedado incompleta”.

No hay propuesta de Ortega Martínez. En su plan de gobierno anunciado el 26 de noviembre, el gobierno de Rogelio Ortega apenas se refiere a la transparencia en el ejercicio de su gobierno. El punto número 21 dice “Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados”.

Nada adicional ni nuevo que no contenga la ley de transparencia. No se necesitan grandes recursos ni anuncios espectaculares para hacer un gobierno transparente. Si quisiera, ya lo hubiera hecho.

CARTAS (Dice el Itaig que no hay opacidad en la información pública ni descuido en la protección de datos personales tras los hechos de Iguala)

 15 de diciembre de 2014, El Sur de Acapulco

 Señor director:

Con el objeto de aclarar la información que se publicó en la página 40 de contraportada en la edición de este martes 9 de diciembre de 2014 del periódico El Sur, con el título “Transparencia e información en tiempos de crisis”, el pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, expresa su respeto y reconocimiento a la labor ética y profesional del ejercicio periodístico.
Se precisa lo siguiente:
1. Este Instituto ha venido actuando oportunamente para garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, a consecuencia de los hechos suscitados el 26 y 27 de septiembre del presente año en el municipio de Iguala de la Independencia. Lo anterior quedó demostrado con la recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado en donde se le exhortó para apegarse a los principios establecidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En dicho pronunciamiento emitido por este órgano garante se planteó la necesidad de que la información referente al caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se manejara en términos de lo enunciado en el considerando III de dicho instrumento internacional a fin de que se priorice en la obtención de la misma a los que tengan interés legítimo.
2. A raíz de los acontecimientos posteriores a estos hechos, que derivaron en manifestaciones provocando daños, siniestros de archivos y equipos de cómputo que contenían información pública; y a petición de algunos sujetos obligados, el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 30/2014, acordó suspender los plazos para el trámite de solicitudes de información, aplicando esta disposición sólo a las dependencias con residencia en el edificio del Palacio de Gobierno del estado de Guerrero.
3. En seguimiento al desarrollo de los sucesos antes descritos, y en virtud de que los archivos físicos y electrónicos en poder de los sujetos obligados han sido seriamente afectados; en sesión ordinaria número 34/2014 el Pleno del Itaig emitió una recomendación para ordenar a los sujetos obligados, los siguientes: a) serán inspeccionados en el lugar de los siniestros se certificará y dará fe en su caso y b) deberán presentar denuncia de hechos.
A la par de estas acciones se instruyó la adopción de medidas precautorias para garantizar el resguardo y protección de la información, ante cualquier contingencia presente o futura.
Sin embargo el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 35/2014 acordó que los sujetos

obligados deberán atender con normalidad las solicitudes de los ciudadanos, a excepción de aquellos que hayan cumplido con el considerando IV de la recomendación del 26 de noviembre del presente año.
En relación al argumento de la nota en el sentido de que no se estableció tiempo perentorio ni vigencia de la medida suspensiva de los términos legales, manifestamos que sí fue previsto en el acuerdo de fecha 28 de octubre, a grado tal que fue incorporada en el texto del documento la posibilidad de revocación, hecho que quedó expresado en la leyenda: “salvo acuerdo en contrario”.
Asimismo, en concordancia a lo señalado de que los sujetos obligados no atenderán ni responderán en los plazos establecidos, manifestamos que los alcances del citado acuerdo sólo contemplaban a los sujetos obligados con sede en el edificio del Palacio de Gobierno, no así al resto de las dependencias estatales, disposición que fue revocada en forma tácita al emitirse la recomendación del 26 de noviembre del presente año.
En virtud de lo anterior, en ningún caso el Itaig dio por bueno el argumento gubernamental; porque fue evidente y público el incendio a las instalaciones del Palacio de Gobierno y tampoco autorizó la suspensión de los términos indefinidamente, toda vez que como se ha establecido, en primer lugar la suspensión únicamente aplicaba a los sujetos obligados con sede en dichas instalaciones y por otro lado con la recomendación del 26 de noviembre se dejó sin efecto la suspensión de términos.
Por último se reitera que las manifestaciones vertidas en la nota en comento son inexactas, toda vez que el Itaig, bajo ninguna circunstancia ha dado ni dará manga ancha a la opacidad en el manejo de la información, en virtud de que los acuerdos y recomendaciones emitidos por este órgano garante, se realizaron precisamente para salvaguardar los archivos que contienen información y evitar que el derecho de acceso a la información pudiera vulnerarse.

Atentamente

Lic. Jesús Ortiz Sotelo
Secretario ejecutivo

 

Nota de la Redacción

El Itaig se refiere a la columna Guerrero Transparente cuyo autor es el experto en la materia Marco Méndez Lara. No entendemos por qué ese organismo oculta esa información básica, lo cual constituye una falta de respeto.

 

Respuesta al ITAIG

16 de diciembre de 2014, El Sur de Acapulco

 

Señor director:

El día de ayer, el Lic. Jesús Ortiz Sotelo, secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero, publicó en este diario un texto que hace referencia a mi columna Monitor de Guerrero, publicada el 9 de diciembre de este año. Al respecto, comento lo siguiente:
El Itaig emitió tres acuerdos en las últimas semanas –a propósito de la destrucción de información por las movilizaciones recientes–, que por sus contenidos, parece que han servido para auto corregirse decisiones poco afortunadas, o por lo menos que se tomaron de manera precipitada.
El primer acuerdo se refiere a la suspensión de los plazos que establece la ley de transparencia para atender solicitudes de información y recursos de revisión. Dice el acuerdo de la sesión ordinaria número 30/2014, del 28 de octubre que “no correrán los términos legales establecidos en la ley (…) por cuanto hace a las solicitudes de información tramitadas mediante el sistema Info-Guerrero, ante los sujetos obligados que tengan residencia en el edificio del Palacio de Gobierno”.
Excepto por un dato del que reconozco faltó precisión (decir que el acuerdo del Itaig se aplicaría a cualquier dependencia que lo justificara, y no sólo a aquellas ubicadas en el Palacio de Gobierno, como dice el acuerdo) sostengo todas las demás ideas que incluí en mi argumentación.
En ese acuerdo, el pleno del Itaig no expresó criterios precisos que delimitaran la suspensión de los plazos para el trámite de solicitudes de información, y las preguntas que formulé en su momento siguen vigentes: ¿cuáles son esas dependencias que pueden suspender el trámite?, porque es claro que sólo unas pocas sufrieron daños. ¿Cuál es la información que resultó afectada?, porque la pérdida de información fue parcial, y ¿cuánto tiempo estará vigente esta medida?
El texto del Itaig menciona que sí estableció un plazo de vigencia de la medida, ya que “fue incorporada en el texto del documento la posibilidad de revocación, hecho que quedó expresado en la leyenda: ‘salvo acuerdo en contrario’”. No cabe duda que entendemos de manera muy diferente la frase de “establecer un plazo de vigencia al acuerdo”.
El segundo acuerdo (sesión ordinaria número 34/2014, del 26 de noviembre) se refiere a una recomendación a las dependencias públicas para que tomen las medidas precautorias pertinentes que garanticen el resguardo y la protección de sus archivos. También menciona que las dependencias públicas que consideren que sus archivos han sido afectados, deberán someterse a un procedimiento para “decretar” que la información se ha perdido o ha quedado incompleta. No dice absolutamente nada de que queda sin efecto el acuerdo 30/2014, sobre la suspensión de los plazos para atender las solicitudes de información.
Sin embargo, el Itaig afirma que los lectores de este acuerdo deben sobrentender que la suspensión de los plazos establecidos para tener acceso a la información queda sin efecto, porque el acuerdo de la sesión ordinaria número 34/2014 lo dice de manera “tácita”.
Finalmente, hay un tercer acuerdo no conocido públicamente, pero que si existe, terminará con esta polémica. Dice el secretario ejecutivo del Itaig que “el pleno del Itaig en sesión ordinaria número 35/2014 acordó que los sujetos obligados deberán atender con normalidad las solicitudes de los ciudadanos, a excepción de aquellos que hayan cumplido con el considerando IV de la recomendación del 26 de noviembre del presente año”.
Es decir, con este acuerdo se revoca, ahora sí, el acuerdo relativo a la suspensión de los plazos para la atención de solicitudes de información, que los consejeros del Itaig tomaron sin mucho cuidado el 28 de octubre.
Sin embargo, no hay ninguna evidencia pública de que se realizó una sesión para tomar dicho acuerdo, por lo menos no encontramos nada en sus tweets, ni en su facebook, ni en su sección de acuerdos, ni en la de actas; tampoco en el área comunicación social se publicaron fotos o boletines de prensa de esa reunión, como sí existe evidencia de otros acuerdos.
Extraña que un acuerdo tan importante como éste, no se haya dado a conocer al público. Esperemos que hoy lo suban y la gente pueda conocer que los plazos para atender una solicitud de información han sido reestablecidos.

Marcos Méndez Lara

 

 

 

Ante la falta de resultados, políticos compran premios

El Sur de Acapulco

Está de moda entre los políticos y funcionarios guerrerenses recibir premios y reconocimientos por supuestos méritos, que no se perciben en el desempeño de sus encargos públicos. Son aparentes éxitos que tienen la clara finalidad de apuntalar sus carreras políticas no sólo mediante el abultamiento de sus currículos, sino engañando a los ciudadanos por medio de la difusión de logros que realmente no han obtenido, en los medios de comunicación y utilizando muy probablemente recursos públicos.

Para convocar y entregar estos cuestionables premios, hay instituciones privadas que cuentan con metodologías y criterios poco consistentes para seleccionar a los ganadores, y las cuales no se dan a conocer públicamente, pero sí los fastuosos eventos en que entregan los reconocimientos.
Muchos políticos y funcionarios de Guerrero, entre presidentes municipales, síndicos, diputados locales y federales y hasta secretarios de despacho del Ejecutivo, cayeron en esta tentación, y hoy cargan con el desprestigio de tener en su haber un reconocimiento que todo apunta a que fue comprado y que evidentemente no corresponde a los resultados de un buen trabajo de gestión.

Los premios, un gran negocio

El Instituto Mexicano de Evaluación (Imde) es una de las instituciones que organiza la entrega de premios en diversas categorías. En su portal electrónico informa que “es un organismo de la sociedad civil, que tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de los servidores públicos a través de la formación, evaluación y reconocimiento de la Gestión Pública, de conformidad con estándares internacionales para contar con mejores gobernantes”. 
De acuerdo con esta fuente, el organismo otorga los premios Tlatoani ( a “los mejores gobernadores, senadores, presidentes municipales, diputados, síndicos, regidores, secretarios y directores de gobierno por su contribución al desarrollo del país”), el premio Tonatzin (a los mejores presidentes y directores de los DIF estatales o municipales); el premio Yecatl (a los mejores presidentes y directores de organismos de agua potable); y dos premios internacionales para los mejores gobernantes latinoamericanos.
Sin embargo, son muchas las críticas que se hacen a estos premios, la principal de las cuales es que el reconocimiento tiene un costo monetario para quien lo recibe. Por ejemplo, la Parada Digital de Chihuahua escribió que el presidente del Imde, Galo Limón, “negó la información publicada en La Parada Digital en torno a que el “Premio Nacional Tlatoani” se lo auto-compran los alcaldes, sin embargo se negó a proporcionar la manera de evaluar a los ganadores”.
Agregó este medio que obtuvieron el testimonio de uno de los ganadores para corroborar la compra, pues los organizadores solicitan una llamada “cuota de recuperación” a los alcaldes de 17 mil 500 pesos, y los que aportan más de esta cantidad resultan ganadores.
El diario Chiapas Paralelo también cuestiona las distinciones que otorga el Imde, y explica cómo enganchan a los funcionarios.”Para que un funcionario sea “nominado” al premio no es necesario que se inscriba o que la ciudadanía lo proponga, el propio IMDE decide eso y notifica mediante un correo electrónico al funcionario que ha sido “nominado” la fecha de premiación. En un segundo correo electrónico se informa que se tiene que pagar la cena del evento en el que se entregarán las preseas, el precio es de 18 mil a 45 mil pesos. Casualmente sólo los que pagaron la cena resultan ganadores”.
Desde Tamaulipas, el diario Noticias de Tampico publicó que “presidentes municipales de las más disímbolas regiones de México (…), la mayoría de ellos controvertidos, y criticados por sus gobernados, se prestaron a la farsa, celebrada con toda pompa y glamour. Los vivales del IMDE, no repararon en detalles. Hasta la bandera de España, colocaron junto a la de México, simulando un evento internacional. Lo peor de todo es que, la Universidad de Salamanca, invocada como aval del premio, se deslindó   de sus pillerías”.
Asimismo, Noticias GBM Radio de Chihuahua comentan que “Los llamados premios Tlatoani, son un elegante engaño acompañados del fraude para quien lo promueve y para quien lo recibe, porque este “galardón” no tiene mayor tramite, ya que por medio de un correo electrónico estos timadores agarran a políticos distraídos y primero les informan que en base a las investigaciones realizadas por la Comisión de análisis de Medios, Estudios y Académicos y con estricto rigor metodológico el estudio analizó su contribución al desarrollo político y es por eso que se le otorga el premio”.

Guerrero, abundante cantera de premiados

En Guerrero son muchos políticos y funcionarios municipales y estatales que han participado en estos certámenes.
El Diario de Iguala informa que sólo en el caso de presidentes municipales, en 2014 fueron convocados por el Imde 40 alcaldes, pero “sólo acudieron doce incautos por su premio nacional 2014”.
De acuerdo con ese diario, el Imde envió a 40 presidentes municipales guerrerenses un comunicado para informales que “El IMDE, se honra en comunicarle, que en base a la investigación realizada (…) bajo los parámetros de estandarización internacional de los Indicadores de Desempeño Político; que integra el impacto social, calidad, administrativos, de imagen pública, de su presencia en medios de comunicación y de innovación en sus programas, obras y acciones sustentados en los criterios siguientes: 1. Impacto social alto en la comprobación práctica de la mejora; 2.Nivel de respuesta para la solución de problemática ciudadana; 3. Calidad de la aportación para la resolución de problemas sociales y 4. Percepción de la ciudadanía sobre su imagen pública, han resuelto declararle: “el mejor presidente municipal”.
El alcalde de Tixtla, Gustavo Alfredo Alcaraz Abarca, fue uno de los que recibieron el premio en su edición 2014. Así lo presume en su portal electrónico el ayuntamiento de ese municipio, en donde se describe la recepción pública del premio “por haber cumplido con una buena gestión pública”. De sí mismo, Alcaraz Abarca dijo que “este premio es un estímulo para continuar trabajando en beneficio de todos los sectores sociales de Tixtla y señaló que esta evaluación, es el resultado de un esfuerzo compartido con el cabildo y su gabinete de trabajo”.
Otro alcalde que también cayó en el garlito fue el de Ometepec, Antonio Atenógenes Vázquez Rodríguez, también premiado con Tlatoani en 2014. En su página web, el presidente municipal se regodea con el falso premio: “La nominación en sí, me compromete a redoblar esfuerzos y a mantener la convicción, de que en el ejercicio de gobernar es prioritario mejorar el nivel de vida de la gente, y para ello es necesaria la gestión y coordinación con los tres niveles de gobierno”.
El presidente municipal de Tlapa, Victoriano Wences Real, recibió asimismo este premio “por ser uno de los mejores alcaldes del país y llevar una excelente administración”, según se lee en la difusión que hace a través de youtube. “La población tlapaneca hoy ha reconocido el desempeño del presidente Wences Real, como un funcionario de cabal respeto y responsabilidad en el cargo, que se ha destacado por su honestidad y sobre todo capacidad en su desempeño, lo que le ha valido para que el Instituto Mexicano de Evaluación lo haya distinguido con este premio al que sólo tienen acceso a él "los grandes".
El diario Tiempo de Guerrero reseña que el presidente municipal de Eduardo Neri, Ignacio Basilio García, también fue galardonado con este premio.
Otro alcalde “distinguido” fue el de Chilapa, Francisco Javier García González, y según consta en el periódico El Regional, el reconocimiento se le entregó “por ser considerado como el mejor alcalde en el estado de Guerrero”. Al comentar el premio, el presidente municipal aseguró que “la gestión que ha llevado a cabo ha sido un parte aguas para que este municipio pueda aspirar a nuevas formas y estadías de vida”.
En manos del alcalde de Xochistlahuaca, Celerino Rojas Morales, también quedó el premio 2014, y desde su cuenta de Facebook publicó: “Le doy gracias a Dios, a mi familia, a todo el equipo de trabajo del Ayuntamiento y, por supuesto, a la gente que creyó y voto por nosotros para que seamos gobierno. Gracias a todos, juntos estamos haciendo historia en nuestro municipio”.
Otro de los presidentes municipales que adquirieron el Tlatoani fue Ociel García Trujillo, alcalde de Florencio Villarreal, quien también difundió el reconocimiento a través de un comunicado de prensa oficial del ayuntamiento.
El resto de los alcaldes guerrerenses que aceptaron la supuesta distinción en 2014 fueron los de Leonardo Bravo, Coyuca de Catalán, Ayutla de los Libres, Acatepec y Olinalá.
Los síndicos también recibieron sus premios. Según el periódico El Despertar del Sur, Fidencio Ixta Rojas, síndico procurador del municipio de Ajuchitlán del Progreso, recibió el premio y según el periódico, con esta acción “corona su corta y brillante carrera política con el galardón que lo distingue como el mejor síndico, el galardón “Tlatoani”, el cual recibió con otros 27 síndicos del país que fueron galardonados por este premio”.
Eva Salmerón, tesorera del ayuntamiento de Iguala, igualmente ganadora, dijo que “este premio es una motivación para nosotros para continuar ofreciendo lo mejor de sí mismos para beneficio de la ciudadanía. Como profesionista me siento honrada y me entusiasma para seguir trabajando con la misma dedicación y redoblar esfuerzos para que seamos mejores funcionarios públicos”.

Otros premiados

En el Ejecutivo del estado también hubo inquietud de varios funcionarios de “pasar a la historia” con la recepción de estos premios. Tal es el caso de los ex titulares de las secretarías General de Gobierno, de Finanzas y Administración (premio 2013) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012).
Jesús Martínez Garnelo recibió el premio Tlatoani como mejor secretario de despacho, según un boletín de prensa del gobierno del estado, “por su distinción en este cargo ante la ciudadanía, lo cual fue calificado y constatado por la propia sociedad que emitió su opinión en una consulta de carácter nacional”.
El comunicado agrega que la entrega estuvo a cargo del presidente del IMDE, Galo Limón, quien “manifestó que el premio fue otorgado a Martínez Garnelo, por las tareas diarias, complejas y las necesidades a flor de piel que hay en dicha dependencia del gobierno del estado de Guerrero y que sobre todo se identifica como un gobierno de dialogo y de acuerdos”.
Otro de los colaboradores del ex gobernador Aguirre Rivero que recibió este premio es Jorge Silverio Salgado Parra, ex secretario de Finanzas y Administración. En la revista MGI se lee que “de acuerdo al sondeo de opinión y estudios realizados por el Imde, la secretaría de finanzas bajo la titularidad del CP Salgado Leyva ha brindado la atención que corresponde en materia de transparencia y rendición de cuentas conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable”.
En la edición 2012 del premio, el ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Toledo Manzur, también como parte del gabinete de Aguirre Rivero, fue uno de los galardonados con el Tlatoani 2012.
Pero también los diputados quieren engordar su currículo con estos reconocimientos. En 2014, por ejemplo, el diputado federal Vicario Portillo Martínez fue merecedor del Tlatonani al mejor diputado, según la revista MGI “por su contribución a la labor legislativa y a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas del país”.
Otro que recibió la estatuilla fue Omar Jalil Flores Majul como el mejor diputado en 2014. Al respecto, Luis Antonio Hernández Rosales presidente ejecutivo del IMDE declaró “que para ser servidor público se necesitan tres cosas, compromiso, conocimiento y ganas de hacer las cosas, hizo hincapié en que Omar Jalil las tiene y lo más importante es que los ciudadanos de su distrito lo han calificado, lo observan y lo ubicaron como uno de los mejores diputados de la República mexicana en este año 2014”.

El timo, en letras chiquitas

El Imde, en su convocatoria informa que los resultados se dan a conocer por vía telefónica y electrónica a los ganadores. Y destaca: “Resultar ganador del Premio Nacional, es un proceso libre de todo gasto e inversión. En su caso, la aportación económica que se realiza, “obedece única y exclusivamente” a los costos administrativos y de logística para su recepción en la Ceremonia Nacional de Premiación”.

Cuestionables, los avances académicos que presume el rector de la UAG

El Sur de Acapulco
Desde hace varios meses, las autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero presumen de avances significativos en la calidad de la educación que ahí se imparte, y destacan que la institución se ha colocado entre las mejores universidades del país.
Durante la rectoría de Javier Saldaña Almazán se ha difundido ampliamente este aparente logro, e incluso ya forma parte del discurso del funcionario universitario. Sin embargo, hay argumentos para poner en duda o por lo menos para matizar esa percepción sobre la universidad, y en todo caso, los avances obtenidos no corresponden al periodo del actual rector, sino que serían resultado de las gestiones de anteriores rectores, ya que para mejorar la calidad de una institución de educación superior se requieren numerosas acciones y sobre todo, los cambios no se perciben de una año a otro.

La calidad como discurso

De acuerdo con un boletín de la UAG del 25 de marzo, el rector Saldaña Almazán “reconoció  los avances que la administración central ha logrado en casi un año al frente de la UAGro como el aumento de la matrícula de buena calidad, ubicando a la universidad entre las 25 mejores universidades en este rubro, resaltando la escalada de puestos que posicionan a la  UAGro en el 9º lugar entre las Universidades del País, debido a la Consolidación de Cuerpos Académicos además de la preparación que están realizando los docentes para obtener un posgrado y así mejorar la calidad educativa en las aulas universitarias”.
El boletín también informó que con el “aumento de los indicadores en la calidad educativa”, la UAG estaría en la ruta para ser parte del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex). 
Y en efecto, el 17 de septiembre, se informó que “el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán recibió del presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), y rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Humberto Augusto Veras Godoy, la constancia que certifica oficialmente a la UAGro como una de las mejores universidades públicas del país y miembro de ese consorcio educativo mexicano”.
Hubo intercambio de halagos entre el presidente del Cumex y el rector de la UAG. El primero dijo que “hoy es un día muy importante para la educación de Nivel Superior en el estado de Guerrero y para los guerrerenses, porque la Autónoma de Guerrero ya pertenece al Consorcio de Universidades Mexicanas. La UAGro demostró que en sus programas educativos cuenta con los requerimientos de calidad pertinentes y necesarios para ingresar al consorcio”, dijo Veras Godoy, según el comunicado de prensa.
En su turno, el rector Javier Saldaña Almazán “entregó un reconocimiento al presidente del CUMex, Humberto Augusto Veras Godoy por su nombramiento como presidente del consorcio en la pasada Sesión de Rectores, realizado en la Ciudad de México”.
Aunque ni el rector ni los boletines de prensa de la UAG especifican cuál es la fuente que ubica a la institución entre las 25 mejores universidades del país, se revisaron varios “rankings de mejores universidades”, y según parece, el que utiliza la UAG corresponde al que realiza un grupo de medios que “analiza los negocios, la economía, la política y las finanzas de la región” denominado AméricaEconomía. El portal electrónico de esta institución describe que el grupo “actualmente posee múltiples ediciones como revista, editadas en español y portugués, informando, analizando y adelantándose a las tendencias, lo cual la convierte en una herramienta poderosa para los ejecutivos tomadores de decisión de la región”.
Según el ranking 2014 de AméricaEconomía (http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-mexico-2014/ranking/), la Universidad Autónoma de Guerrero se ubica en el lugar 27 de las 50 instituciones de educación superior que se revisaron. Su índice de calidad es de 28.2 por ciento. De hecho, y al contrario de lo que dice el rector Javier Saldaña, la UAG retrocedió dos lugares durante su administración, al pasar del lugar 25 en 2013 al 27 en el presente año.
Los primeros 10 lugares de este ranking los ocupan la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Tec de Monterrey, las universidades Autónoma Metropolitana, Autónoma de Nuevo León y de Guadalajara; el Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad de las Américas de Puebla y el Sistema Universidad Iberoamericana.
Para obtener este ranking, según publica AméricaEconomía en su portal electrónico, se evaluó la calidad docente (evaluación de los profesores con jornada completa, ponderándose de acuerdo a su último grado académico -doctores, magíster, profesionales y especialidades médicas-), a la que se le otorga un 30 por ciento de la calificación total.
Asimismo, se revisó el rubro de “índice de investigación” (evaluación de la producción de papers ISI y la generación de patentes), con una ponderación de 20 por ciento. A la “empleabilidad” (se calcula con la información obtenida de la encuesta a 375 empresas que tienen sede en México) se le asignó un 20 por ciento.
Otro de los indicadores que evalúa AméricaEconomía es la “oferta de posgrado”, la cual se calcula a partir de la información entregada por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Finalmente, el ranking se elaboró también con el indicador “prestigio internacional”, formulado a través de la pesquisa de la presencia de las universidades en distintos rankings internacionales y por medio de la encuesta a reclutadores”.
Los resultados obtenidos por la UAG en los diferentes indicadores fueron: calidad docente 60.9 por ciento, índice de investigación 0.9 por ciento, empleabilidad 7.9 por ciento, oferta de posgrado 41.8 por ciento y prestigio internacional 13 por ciento.

Ranking donde no está la UAG

QS es una institución internacional que vincula a ejecutivos, empresarios y empleadores con las escuelas líderes de negocios, departamentos de posgrado en las universidades a través de sitios web, eventos, e-guías y soluciones técnicas. Desde 2011 publica QS University Rankings: Latin America, que es una clasificación de las mejores universidades de la región.
La metodología se basa en obtener datos sobre la reputación docente, reputación que tienen los empleadores de la institución de educación, proporción de alumnos por docente, citas que se hacen de los trabajos de investigación de las universidades y nivel de atracción que tiene una universidad de estudiantes y profesores de otras naciones.
De acuerdo con los resultados de QS University Rankings, la Universidad Autónoma de Guerrero no aparece entre las 300 mejores universidades de Latinoamérica. Las instituciones mexicanas que sí están son el Tec de Monterrey y la UNAM, en los lugares siete y ocho, el Instituto Politécnico Nacional, en el lugar 26; la Universidad Iberoamericana, en el sitio 28; y la Universidad Autónoma Metropolitana y el ITAM en los lugares 35 y 36 de Latinoamérica.
Otras universidades incluidas son la de las Américas de Puebla (lugar 50), la de Guadalajara (59), la Autónoma de Nuevo León (64), la Autónoma del Estado de México (68), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (70) y la Universidad Anáhuac (95).
Hay otras 37 universidades mexicanas dentro del ranking latinoamericano de 300 instituciones que propone QS, y la de Guerrero no está incluida.
El diario El Universal publica anualmente, desde 2007, la guía Mejores Universidades; para elaborarla, emplean dos metodologías: ranking de instituciones, que compara instituciones de educación superior (IES) entre sí; y ranking de programas, donde se comparan programas de licenciatura semejantes y se aplica a 25 programas diferentes. “Las metodologías de ambos ranking están conformadas por dos partes: las características objetivas de las IES (información numérica reportada por las propias IES) y la percepción de académicos en el caso del ranking de instituciones y la percepción de académicos y empleadores en el caso de los ranking de programas. El ranking otorga un mayor peso a la información numérica reportada por las IES”.
En este ranking no aparece la Universidad Autónoma de Guerrero y tampoco está incluida en el listado de instituciones que decidieron no participar en esta clasificación de universidades.
Según El Universal, la UNAM ocupa el primer lugar de este ranking, la Universidad Autónoma Metropolitana como segundo, y la Universidad de las Américas de Puebla, como tercero. Le siguen la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma Norte, Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Querétaro.

La subjetividad de los ranking

En septiembre de 2014, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Enrique Fernández Fassnacht explicó que “las posiciones en las que se encuentran las universidades e institutos de educación superior en el país no deben definirse a partir de un ranking, pues esta listas carecen de objetividad y no evalúan todos los planos de acción de estas instituciones”.
Agregó que la calidad educativa no depende de este tipo de listados pues cada institución demuestra en diferentes planos sus fortalezas (periódico Pulso, 19 de septiembre).
Asimismo, el investigador Santos López Leyva, en la Revista de la Educación Superior No. 166, (http://publicaciones.anuies.mx/revista/166) concluye “que cada uno de los rankings muestra sus criterios, funciones, indicadores y grupos objetivo; lo más recomendable, entonces, es trabajar en la realización de agrupamientos”.
Agrega López Leyva que los ranking presentan dos grandes dificultades, tanto en su elaboración como en su aplicación: “la primera proviene de la gran diversidad de modelos de instituciones de educación superior, la variedad de misiones que éstas cumplen en la sociedad y de la pluralidad de actividades que desarrollan; por otra parte, se encuentra la dificultad derivada de los intereses de los diferentes sujetos involucrados, donde se hallan estudiantes, académicos, empleadores, líderes institucionales, responsables y diseñadores de políticas”.

El ingreso al Cumex

El 8 de septiembre, un boletín de prensa de la UAG festejaba desmesuradamente que la institución lograba “un histórico gran salto académico” al ingresar al Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex).
El texto festinó que “La Universidad Autónoma de Guerrero, ya es una de las mejores universidades públicas de país, al ser aceptada por unanimidad por el Consejo de rectores que conforman al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), un logro alcanzado por la actual administración encabezada por el rector Javier Saldaña Almazán y catalogado como un hecho histórico en la vida de la UAGro”.
Agregó el boletín que “este logro se dio luego de presentar la solicitud ante el consejo de rectores integrantes del CUMex, y donde el doctor Saldaña Almazán expuso la situación académica de la Autónoma de Guerrero, y destacó que el más del 90% de la matrícula de licenciatura cursa sus estudios en programas reconocidos por su buena calidad, el 83% de los maestros de tiempo completo tienen estudios de posgrado, entre otros indicadores del avance académico de la UAGro”.
En su portal electrónico, el Cumex explica que “El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) constituye un espacio común para la educación superior de buena calidad en el país, con una alta competitividad académica y un enfoque estratégico”.
En sus estatutos establecen que tendrán el carácter de miembros del Consorcio las universidades cuyos indicadores de calidad y desempeño cumplan y mantengan los valores establecidos por el consejo de rectores.
Actualmente el Cumex se integra de 29 universidades, entre las que se encuentran cinco que no están registradas en el ranking de AméricaEconomía.
Asimismo, sólo dos de las universidades afiliadas al Cumex se encuentran entre los 10 primeros lugares del ranking: la Autónoma de Nuevo León (5) y la de Guadalajara (6). En el bloque del lugar 11 al 20, se localizan cinco universidades: BUAP (11), la Autónoma de San Luis Potosí (14), la  Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (16), la Autónoma del Estado de México (17) y la Universidad de Sonora (20).
La mayor parte de las 29 universidades que integran el Cumex (58.6 por ciento) se ubican entre los lugares 23 y 50 de la clasificación de AméricaEconomía, es decir, del ranking que la UAG utiliza como fuente de sus comunicados.
Así, pues, hay que mesurar los logros obtenidos, ya que ni son históricos, pero sí desnudan lo mucho que falta por hacer.