Ayuntamientos incumplen la Ley de Coordinación Fiscal

El Sur de Acapulco

Hasta el segundo trimestre de 2014, había un déficit importante de información sobre las obras públicas municipales, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social federal, dependencia que lleva el registro del ejercicio de los recursos del ahora llamado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fismdf), el recurso financiero más importantes que reciben cada año los municipios.
Los municipios guerrerenses continúan siendo omisos de informar a la dependencia normativa, ya que en el segundo trimestre de 2014, sólo 24 demarcaciones cumplieron con esta obligación. Es decir, los ayuntamientos de Guerrero no sólo son opacos con la ciudadanía, sino también dejan de cumplir sus obligaciones de informar a las instituciones normativas y de cumplir con la ley.
De acuerdo con el periódico oficial del estado de Guerrero, en 2013 se asignaron al Fismdf 4 mil 97.4 millones de pesos, y en 2014 la asignación fue de 4 mil 409.5 millones, para un incremento de apenas 312.1 millones de pesos que representan 7.6 por ciento. En 2011 la asignación fue de 3 mil 149.2 millones de pesos y en 2012, se incrementó a 3 mil 865.2 millones.
El incremento de 2014 es insignificante considerando que el estado requiere numerosas obras de infraestructura básica, luego de las afectaciones de los fenómenos metereológicos de septiembre de 2013.
Los ayuntamientos que recibirán en 2014 más recursos en números absolutos son Acapulco (30.7 millones más que en 2013), Chilapa (16.2 millones adicionales), Tlapa (11.2 millones), Chilpancingo (10.6), Ometepec (8.9), Acatepec (6.3), San Marcos (6.2) y Taxco (6.1 millones de pesos).
Mientras que los gobiernos municipales que recibirán menos incrementos son Alpoyeca, con 587 mil pesos de aumento, Buenavista con 691 mil 141, Xochihuehuetlán tendrá 760 mil 807, Pilcaya 749 mil, Juchitán 805 mil 126 y Atenango del Río, que recibirá 861 mil 132 pesos de incremento a sus recursos Fismdf.
Pero además de ser omisos, los ayuntamientos han ejercido los recursos con irregularidades, lo que sin duda les valdrá observaciones de los órganos fiscalizadores, como es el caso de la adquisición de fertilizante y la rehabilitación y conservación de caminos en porcentajes mayores a lo que les permite la normatividad del Fismdf.

Los reportes de los ayuntamientos

Al municipio de Acapulco se le asignaron por concepto del Fismdf, 492.3 millones de pesos para construir mil 101 obras en el municipio. Al concluir el segundo trimestre no se tenía ningún avance en 525 obras, aunque el avance financiero fue de 89.1 por ciento, según informó el ayuntamiento a la Sedesol.
En Chilpancingo, con un monto asignado de 151.7 millones de pesos, se programaron apenas 52 obras, 19 de las cuales tenían avances menores a 50 por ciento y 29 se reportaron como totalmente concluidas.
De las obras del ayuntamiento de Chilpancingo destacan como las más numerosas la pavimentación de calles y la rehabilitación de puentes. Entre los montos más altos pagados con recursos del Fismdf, sobresalen las aportaciones al programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu) de la Comisión Nacional del Agua, para obras de alcantarillado y drenaje que en total sumaron 32.5 millones de pesos.
También destacan las aportaciones a la adquisición y suministro de fertilizantes, que alcanzó los 10 millones de pesos, y una aportación al convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado por 10 millones
También sobresale que el ayuntamiento de Chilpancingo destinó 1.7 millones de pesos en becas como estímulo a la educación básica, y adquisición de software y hardware y habilitación de estaciones tecnológicas por 1.1 millones. También adquirió un predio para el relleno sanitario por 3.7 millones, y hay un rubro del que sólo informa que es aportación, pero no especifica a qué, por casi 10 millones.
Coyuca de Benítez sólo reporta dos obras por 6.2 millones de pesos, en tanto que la asignación federal es por 86.7 millones, lo que equivale apenas a 7.3 por ciento. En el primer trimestre reportó un registro de 154 obras sin ningún avance.
Iguala es otro municipio que lleva un avance de obras muy pobre. De acuerdo con la información de la Sedesol federal, se le asignaron 80.9 millones de pesos, pero al concluir el segundo trimestre apenas llevaba un 12.6 de avance en el ejercicio de los recursos. Este dinero se destinó a siete obras, todas ellas rehabilitaciones de concreto hidráulico en el centro de la cabecera municipal; en las comunidades rurales no se había construido nada, lo que contraviene la normatividad del Fismdf.
Otro de los municipios que registra poco avance financiero de las obras es Ometepec, cuya asignación del Fismdf es por 108.8 millones de pesos, pero su avance es de apenas 17.5 por ciento. Destaca en este municipio que se gastaron 474 mil 665 pesos en materiales y útiles de oficina, así como 240 mil pesos en promoción y difusión de las acciones de gobierno municipal y un rubro denominado “servicios relacionados con certificación de procesos”, con un costo de 304 mil 581 pesos.
El ayuntamiento de José Joaquín de Herrera gastó recursos del Fismdf en mantenimiento y conservación de vehículos terrestres (150 mil pesos), y en materiales y útiles de oficina, 74 mil 800, las cuales no son acciones para directamente combatir la pobreza. El monto total asignado a este municipio es de 42.3 millones y lleva un avance financiero de 44.1 por ciento.
El municipio de Cutzamala destaca no por sus obra sino porque destina más de 25 por ciento de sus recursos Fismdf para la compra de fertilizante. La federación le asignó este año 34 millones de pesos, y el ayuntamiento destinó 25.4 millones a la compra del insumo, lo que equivale a 74.4 por ciento.
Ayutla, con uno de los presupuestos más abultados del Fismdf (144.4 millones de pesos) incluyó en su informe muchas obras de rehabilitación y conservación de caminos (28 de 37 obras que tiene registradas), lo cual será observado por las dependencias normativas.
En este municipio de la Costa Chica se gastaron recursos en rubros como materiales y útiles de oficina, por un millón de pesos, refacciones y mantenimiento de transporte por 1.1 millones y asesoría para la elaboración de la cuenta pública por 771 mil 487 pesos.
Azoyú también destaca por su alto número de obras de conservación y rehabilitación de caminos (57 de 68). En este pequeño municipio se asignaron 23.5 millones de pesos y llevan un 35.7 por ciento de avance financiero.
El municipio de Chilapa gastó en materiales útiles para el procesamiento de equipos informáticos casi 771 mil pesos, en refacciones y equipo de transporte 250 mil pesos, en materiales y útiles de impresión y reproducción 70 mil, y en combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos 900 mil pesos.
El municipio de La Unión tuvo gastos de viáticos, combustible y material de oficina por 856 mil 394 pesos, que representan el 2.5 por ciento del presupuesto total.

Nuevas reglas

De acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que regula la distribución y ejercicio de los recursos del Fismdf, en 2014 los ayuntamientos no podrán adquirir insumos agrícolas (léase fertilizante químico), y la realización de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de carretera y caminos rurales sólo será posible en coinversión con los otros órdenes de gobierno y sin rebasar el 15 por ciento de los recursos Fismdf correspondientes al municipio.
El artículo 33 de esa ley menciona los rubros en que se puede invertir el Fismdf: “agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura”.
Este universo de obras se restringe aún más en un documento normativo secundario llamado Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitido por la Sedesol federal.
Dicen los lineamientos que “los municipios deben utilizar estos recursos para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual de Rezago Social de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval” y únicamente para aplicarlo a los proyectos previstos en el catálogo que incluye este documento.
Lo anterior es mucho más prohibitivo que la misma LCF. Esta situación detonó en Guerrero el descontento de los presidentes municipales de todos los partidos, pues gran parte de los recursos del Fismdf los empleaban en la compra de fertilizante y la construcción y rehabilitación de caminos rurales.
Precisamente por este descontento, para el estado de Guerrero se establecieron concesiones especiales en el rubro de fertilizante, como lo declararon en abril pasado varios funcionarios federales de la Sedesol, incluida la titular de esa dependencia, Rosario Robles Berlanga, quien afirmó que “dadas las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentra inmerso Guerrero, se analizarán alternativas para que los alcaldes puedan cumplir con la entrega del insumo agrícola, siempre y cuando el fertilizante sea de calidad, se realice una compra consolidada y haya transparencia en el padrón de beneficiarios”.
Uno de los resultados de este anuncio fue que los ayuntamientos podrían utilizar hasta 20 por ciento de los recursos del Fismdf para la compra de fertilizante –por primera vez en la historia del programa de fertilizante se “legalizó” la adquisición del insumo con recursos federalizados provenientes del Fismdf–. Y para el tema de caminos rurales no hubo concesiones: 15 por ciento del total recibido por los ayuntamientos.
Por medio de una solicitud de información, se requirió a la dependencia federal el “fundamento legal por el que la dependencia autorizó que los ayuntamientos de Guerrero utilicen 20 por ciento de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ramo 33 a la adquisición de fertilizante,” ya que ni en la LCF ni en los lineamientos se establece el fertilizante como un rubro permisible.
Como respuesta, la dependencia federal se deslindó de esta concesión para el estado de Guerrero, pues afirmó escuetamente que “de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos de esta Dependencia, me permito informarle que esta Secretaría de Desarrollo Social no tiene facultad de autorizar ni validar ningún tipo de gasto por parte de los ayuntamientos municipales”, y nos remite a la LCF sobre los rubros en que se puede aplicar el recurso Fismdf.
Pero nada informa de dónde salió que los ayuntamientos pueden invertir 20 por ciento en la compra de fertilizante.
De acuerdo con datos de la Sedesol federal respecto de los avances registrados en el segundo trimestre de 2014, varios ayuntamientos reportan compras de fertilizante, y algunos rebasan la “concesión” establecida para el estado de Guerrero.
De los ayuntamientos que más recursos invierten en fertilizante está Chilapa, con 34.7 millones de pesos, que representan 15.4 por ciento de su asignación Fismdf. Taxco gastó 20 millones en el mismo concepto, y esto significa 19.9 por ciento de sus recursos del Fismdf; y Chilpancingo adquirió fertilizante por 10 millones que se traducen en 6.6 por ciento de los recursos de este fondo.
Hay otros municipios que rebasan por mucho el 20 por ciento, como es el caso de Cutzamala, que informó que gasta 25.3 millones de pesos en fertilizante y equivale a 74.4 por ciento de sus recursos Fismdf; o como Quechultenango, con 29.7 millones y 50.5 por ciento; o Tecoanapa, con 26.5 millones y 33.5 por ciento; y Tixtla, con 12.4 millones de pesos invertidos en el insumo agrícola que representan el 25 por ciento de los recursos Fismdf.
Estos ayuntamientos sin duda tendrán observaciones de parte de los órganos fiscalizadores.
Hay pues, falta de cumplimiento de los ayuntamientos de Guerrero para informar a la Sedesol sobre los avances físicos y financieros del Fismdf, y muchas irregularidades en su ejercicio, y no se conocen hasta hoy sanciones por este incumplimiento de la ley.

Opacidad y dispendio en el sector educativo

El Sur de Acapulco
El sistema educativo es uno de los sectores más opacos de Guerrero. La información que al respecto debe publicar el gobierno del estado, obligado por las diferentes leyes (de transparencia, de contabilidad gubernamental, decreto del presupuesto de egresos), es parcial, insuficiente y desarticulada, por lo que es difícil tener un panorama certero de lo que sucede en este sector, que en el caso de Guerrero, absorbe un porcentaje importante del presupuesto anual del estado.
Los ciudadanos que buscan conocer lo que sucede en el sector educativo guerrerense, deben invertir muchas horas en buscar información, atar cabos y armar rompecabezas con la información que a cuenta gotas se publica, sobre todo en los portales electrónicos. Y aún así, la radiografía elaborada queda incompleta.
Sin duda detrás del ocultamiento de información está el dispendio financiero expresado en la falta de planeación, un gran desorden administrativo y financiero, y especialmente el uso político y clientelar de los recursos de parte del gobierno del estado y el sindicato magisterial, que se tradujo en la creación y repartición de plazas de trabajo que no se requerían y que además no contaban con un respaldo presupuestal.
El resultado de esta política educativa errática aplicada por lo menos durante las cuatro últimas administraciones estatales es que todavía se gastan grandes cantidades de recursos, que deberían invertirse en erradicar la pobreza, en el sostenimiento de un aparato educativo obeso, que además no ha servido para superar los rezagos en la materia.
El censo
Una de las piezas del rompecabezas a la que hay que acudir para tratar de entender lo que sucede en el sector educativo es el reciente censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, realizado por el Inegi.
Sin embargo, como menciona la organización México Evalúa en su documento Censo educativo, Radiografía del dispendio presupuestal, “en pleno siglo XXI, en México aún no sabemos cuántos maestros y trabajadores administrativos laboran en las escuelas pre primarias, primarias y secundarias públicas. Esto a pesar de que el Estado mexicano decidió invertir 740 millones de pesos para levantar en 2013 un Censo educativo”.
El problema no es pues, solo de Guerrero, aunque el estado es un digno representante de este desastre en la educación.
Esta agrupación calculó que el costo anual de problemas en la nómina docente (comisionados, con licencia, plaza pese a fallecimiento, jubilación o renuncia) a nivel nacional es de 16 mil 99.5 millones de pesos, en tanto que en Guerrero ese costo suma los 726.5 millones de pesos.
Pero si a estas irregularidades se suman además el personal que labora en lugar distinto a su centro de trabajo, a quienes negaron información durante el levantamiento del censo y a los ausentes, las irregularidades en la nómina a nivel nacional suman 37 mil 681.2 millones de pesos, y en el estado de Guerrero alcanzan los mil 716.1 millones de pesos.
Asimismo, México Evalúa calculó el costo de la nómina irregular como porcentaje del presupuesto total en educación básica por entidad federativa, y Guerrero se ubicó en el lugar 11 con un porcentaje de 12.7. La media nacional en este rubro es de 9.9 por ciento.
Dentro de esta nómina irregular se encontraron variantes como las siguientes, por ejemplo, el porcentaje de la nómina en educación básica con individuos censados que no se conocen en el centro de trabajo, en este caso, Guerrero ocupó el lugar siete con 2.98 por ciento. Lo anterior significa que está lejos de erradicarse el problema de los llamados aviadores.
También la organización analizó el porcentaje de la nómina en educación básica que cobra pese a estar jubilado, pensionado, fallecido o haber renunciado, y en este rubro el estado de Guerrero ocupó el lugar 19 con 4.9 por ciento.
Adicionalmente se encontró un alto porcentaje de la nómina total que trabaja fuera, en un centro distinto al que está asignada la plaza, pues en el caso de Guerrero es de 9.4 por ciento, ocupando el cuarto lugar nacional; este rubro es indicativo del nivel de plazas que actualmente son ocupadas por aviadores.
México Evalúa hizo un comparativo entre el personal con comisión o licencia reportado por los gobiernos de los estados y el reciente censo educativo. El resultado es que la SEG reportó sólo dos empleados y el censo encontró 929.
En este rubro de personal comisionado, Guerrero sólo fue superado por Tamaulipas, que reportó dos trabajadores con comisión y el censo educativo descubrió 1,124 personas en esta situación.
Otro de los temas que se analizaron es el de las escuelas públicas en situación no óptima para fines educativos (construidas con materiales ligeros, precarios, escuelas móviles o sin construcción). Nuevamente Guerrero desataca a nivel nacional con 290 planteles en estas condiciones, sólo detrás de Chiapas. La mayoría de los estados (18) registraron menos de 50 escuelas en esta situación.
También se observó que Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de escuelas con piso de tierra, con un total de 521 planteles.
En cuanto al número de escuelas con paredes de material frágil o inadecuado, se localizaron en el estado 158, y las que tienen techo inadecuado fueron 2 mil 818 escuelas.
Un hallazgo muy grave es que Guerrero ocupó la segunda posición nacional en escuelas que carecen de agua corriente, con el 58.3 por ciento de los planteles en estas condiciones. Las escuelas que no cuentan con energía eléctrica equivalen a 13.9 por ciento del total.
En cuanto al drenaje, Guerrero también ocupó un lugar destacado, ya que el 68.7 por ciento de los planteles censados no tenía ese servicio. Adicionalmente, el 23.6 por ciento de las escuelas no tiene sanitarios.
Presupuesto
Entre los datos que sí se pueden encontrar en los portales electrónicos está el presupuesto anual que proviene del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). En 2013, el gobierno del estado de Guerrero informó que se ejercieron recursos por 13 mil 325.9 millones de pesos, la mayor parte de los cuáles (12 mil 974 millones, es decir, 97 por ciento) se destinaron al pago de salarios.
Cabe mencionar que 58.6 millones de pesos fueron para cubrir las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Fondo del ejercicio 2012.
Del total de recursos, 49.1 por ciento se destinaron a educación primaria, 26.1 por ciento a secundaria y 15.3 por ciento a educación preescolar. No se define en qué se ocupó el nueve por ciento restante.
Lo interesante es conocer qué se ha conseguido con estos recursos, y para ello el gobierno del estado publicó algunos indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron una calificación de logro académico de al menos elemental en la prueba Enlace de español fue en promedio de 71.8 por ciento. En el caso de matemáticas en la misma prueba, se tiene un registro de 73.2 por ciento de alumnos que lograron esa calificación.
Asimismo, en 2013 se tuvo una eficiencia terminal en primaria y secundaria en escuelas apoyadas por el FAEB de 89.7 por ciento, mientras que el índice de cobertura en los mismos niveles escolares fue de 73.2 por ciento.
Cabe mencionar que el gobierno del estado a la fecha no ha publicado el decreto del presupuesto de egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2014, por lo que no se tiene el dato preciso de los recursos que ingresarán al estado por concepto del FAEB.
En el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2014, emitido por la SHCP, se programaron para Guerrero por concepto del FAEB del orden de 13 mil 197.2 millones de pesos.
Informes trimestrales
Obligado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el gobierno del estado de Guerrero publica cierta información cada trimestre sobre la nómina docente local del FAEB.
En total, el gobierno del estado informa que el personal federalizado es de 74 mil 266 personas con un total de 105 mil 266 plazas. Respecto del personal contratado por honorarios, el reporte trimestral indica que son 667 personas.
En su informe de personal comisionado correspondiente al segundo trimestre de 2014, el gobierno estatal informa que “no aplica”, es decir, que no hay comisionados.
Sin embargo, el censo realizado este mismo año encontró 929 personas comisionadas, en tanto que en su portal FAEB electrónico, como parte de su información de oficio, la SEG publica una “relación de personal comisionado al SNTE” de 2013 con 102 personas comisionadas. Es uno de los temas que provocan mayor confusión dentro de la secretaría de educación, ya que nunca hay claridad ni coinciden los datos, por lo que se presume un contubernio entre el gobierno del estado y el sindicato en el manejo del personal comisionado pagado con recursos públicos.
Respecto a los registro de personas que solicitaron licencia, hay un total de 12 personas en el periodo, aunque una de ellas aparece con tres plazas.
Respecto al rubro “trabajadores jubilados”, llama la atención que sólo se registren en el periodo tres personas, pero que se contabilicen 11 plazas, es decir, una de esas personas aparece con seis plazas, otra con tres y la última con dos plazas. No hay ninguna explicación al respecto.
Se publica también el formato “Trabajadores con doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente”, en el que aparecen casos realmente destacados. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que aparecen en este formato tiene dos plazas, y por las distancias, es imposible que puedan cubrir ambas.
Es el caso de un profesor que tiene una plaza en la comunidad de El Naranjo, del municipio de Heliodoro Castillo, y otra plaza en la localidad de Zoquiapa, en Tixtla. También está el caso de un docente que tiene plaza en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez y otra en Tierra Colorada.
Hay casos muy sobresalientes dentro de este formato que publica el gobierno del estado, como el de una trabajadora de la educación que cuenta con cinco plazas en Chilpancingo y una en la localidad de San Juan Totolcintla, en el municipio de Mártir de Cuilapan; seis en total. Evidentemente, es imposible cubrir por lo menos las de la capital del estado.
Con seis plazas está registrado un profesor que tiene empleos en Cuautenango, municipio de Chilapa de Álvarez (cuatro), y dos en la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas.
Un trabajador aparece con tres plazas en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, y cuatro en El Escondido, municipio de Arcelia. En total siete registros.
También destaca el caso de un profesor que cuenta con ocho plazas distribuidas de la siguiente manera: tres en Tlachimaltepec y tres en Ixcatla, municipio de José Joaquín de Herrera; y dos en Topiltepec, municipio de Zitlala.
En total, el formato del segundo trimestre de 2014 suma 124 trabajadores de la educación con doble asignación salarial en municipios no colindantes y un total de 348 plazas, para un promedio de 2.8 plazas por persona. Esta información sólo se refiere a personal que tiene por lo menos dos plazas en diferentes municipios, no incluye a las que tienen múltiples plazas en el mismo municipio o en municipios colindantes.
Otro de los rubros que se publican es el de “trabajadores ocupando plazas que superan el número de horas de compatibilidad autorizadas”, y de acuerdo con los registros del gobierno del estado, hay 140 empleados en este caso, con un total de 355 plazas.
Hay muchos casos donde los empleados de la educación rebasan el número de “horas de compatibilidad de la categoría”. Los casos extremos son de aquellos docentes cuyas horas de compatibilidad corresponden a 10, y en realidad cuentan con 50 horas. Incluso hay un caso en que un empleado tiene una hora de compatibilidad y en su contrato aparecen 46 horas.
Ésta es sólo una parte de la información publicada que puede analizarse para ubicar las irregularidades en el sector educativo guerrerense. Se encuentra en: http://www.seg.gob.mx/transparencia-informe-trimestral-02-2014/
Asimismo, se pueden consultar datos sobre el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial http://www.censo.sep.gob.mx/index.php/tabulados-del-censo.

Tres condiciones para la transparencia

El Sur de Acapulco
Aunque en el discurso todas las entidades gubernamentales se dicen transparentes y facilitadoras del acceso a la información de los ciudadanos, en la práctica el ejercicio de estos derechos ha sido muy restringido entre los guerrerenses.
Son diferentes los motivos que obstaculizan la transparencia y el acceso a la información, los principales: la ausencia de políticas públicas en la materia, la falta de disposición y voluntad de los titulares (gobernador, presidentes municipales, diputados) y en menor medida la carencia de cuadros especializados y capacitados.
También destaca el poco conocimiento de la ley por los ciudadanos, las conductas de los servidores públicos obstaculizan la recepción y respuesta de solicitudes de información, y en general, las prácticas burocráticas que entorpecen el acceso a la información en el interior de las oficinas públicas.
Los ex responsables de las unidades de transparencia de los ayuntamientos más importantes de Guerrero, Acapulco y Chilpancingo, comentaron su experiencia y sobre todo, explicaron las dificultades que encontraron en el interior de las instituciones para realizar su trabajo.
Chilpancingo, con bajos índices
Roberto Álvarez Heredia trabajó en el trienio 2009-2012 en el ayuntamiento de Chilpancingo, con el ex presidente municipal Héctor Astudillo y luego con Tulio Pérez Calvo. Fue coordinador de asesores durante el primer año, y luego secretario de la función pública, desde donde atendió los asuntos de transparencia y las solicitudes de información.
“Encontré la oficina responsable de la transparencia y acceso a la información en condiciones muy limitadas. La atención a las solicitudes de información estaba en manos de una secretaria, por lo que se hacía una actividad meramente administrativa: recibía la solicitud, elaboraba un oficio dirigido al área correspondiente del ayuntamiento y, si el área le respondía, ella daba respuesta al ciudadano. Si el área no le daba información, la secretaria simplemente no podía hacer nada y el ciudadano presentaba su queja”.
Al tomar posesión como secretario de la función pública, Álvarez Heredia se hizo cargo también de la oficina de transparencia y acceso a la información; la secretaria se convirtió en un apoyo administrativo y él se encargaba de gestionar directamente con los secretarios de despacho tanto la información que se publicaría en la página web como la información solicitada por los ciudadanos.
Reconoció que la transparencia del ayuntamiento y las facilidades para entregar información pública no fueron parte de una política pública del ayuntamiento encabezado por Astudillo Flores, sino que el trabajo realizado fue por iniciativa y convicción personales.
Recalcó sin embargo, que “platiqué con el alcalde y él estaba en la mejor disposición de que se respondieran todas las solicitudes de información que llegaran. Lo que siento es que el presidente municipal estaba más atento a la problemática cotidiana del ayuntamiento, a la demanda de la gente, falta de agua potable, la construcción de obras, y las solicitudes de información era como algo secundario; pero nunca hubo una limitación para que no pudiera proporcionar información a los ciudadanos”.
De acuerdo con su testimonio, al no haber una política pública, tampoco había en el ayuntamiento de Chilpancingo procedimientos ni estructura específica para la recepción y respuesta sistematizada a las solicitudes de información. Es decir, fue a partir de su amistad y cercanía con los funcionarios titulares de las secretarías del ayuntamiento que logró que proporcionaran la información pública que generaban sus respectivas áreas, pero no como un procedimiento institucional.
“Había solicitudes muy recurrentes sobre información de obra pública. Mi relación con el secretario de obras públicas era muy personal, era mi amigo, y como tal, no tenía ningún reparo en proporcionarme la información. La secretaría de planeación, que manejaba todos los recursos del ramo 33, también me la entregaba; todo lo que se refería a la obra pública, nunca tuve ningún problema”.
Roberto Álvarez comentó que si bien hay un problema grande de actitud de muchos funcionarios que no proveen información pública porque la consideran de su propiedad, en la sociedad también hay problemas graves porque a muchos ciudadanos no les interesa conocer qué es lo que hace una dependencia pública, tal vez porque no conocen el derecho que tienen de solicitar información, enfatizó.
Reconoció que uno de los déficits del ayuntamiento del periodo 2009-2012 fue la promoción del derecho de acceso a la información a los ciudadanos, pues lo realizaron de manera muy marginal. Agregó que él, como secretario de la función pública abordaba este asunto en entrevistas de prensa “pero sentía que esto debía empezar desde la cabeza, que el presidente municipal estuviera permanentemente promoviendo, sí la promovió, pero no permanentemente”.
El ex secretario de la función pública también recordó que diseñaron un portal electrónico para la publicación de información, aunque advirtió que la página era limitada en cuanto a la difusión de la información de oficio.
Asimismo comentó que “más allá de la cuestión legal, que compromete y obliga a las instituciones, siento que todavía hay una reticencia cultural muy arraigada de los funcionarios, sobre todo en los ámbitos municipal y estatal, porque tienen la idea de que la información que se genera en los gobiernos no es pública, sino que pertenece a los gobiernos que están en ese momento en el poder”.
Cabe recordar que el municipio de Chilpancingo ha tenido calificaciones muy bajas en materia de transparencia, de acuerdo con las evaluaciones del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).
En promedio, en las siete evaluaciones aplicadas desde 2010, Chilpancingo tiene una calificación de 21 puntos, en una escala de 100. Durante el gobierno de Héctor Astudillo, el municipio tuvo calificaciones de 25, 30.8, 10.8, 17.6 y 18.5 puntos porcentuales.
Asimismo, de acuerdo con datos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, el ayuntamiento de Chilpancingo encabeza la lista de los sujetos obligados que han recibido mayor número de sanciones por no atender solicitudes de información, con el 7.9 por ciento del total estatal.
Acapulco a la alza
Carlos Juárez Cruz fue el responsable de la unidad de transparencia del ayuntamiento de Acapulco de abril de 2013 a julio de 2014, en el gobierno de Luis Walton Aburto. Este periodo destaca porque el ayuntamiento se convirtió en la dependencia pública guerrerense que subió una gran cantidad de la información de oficio que indica el artículo 13 de la ley de transparencia y con esto se convirtió en el más transparente en el estado.
Juárez Cruz recuerda que cuando se encargó de la unidad de transparencia “había mucho descuido del área, no era un área que estuviera funcionando, no había estructura ni procesos claros en el interior del ayuntamiento”.
El resultado de la falta de atención fue una muy baja calificación en materia de transparencia y falta de estructura para organizar un sistema eficaz de recepción y respuesta a las solicitudes de información ciudadana.
“Cuando Luis Walton llegó al ayuntamiento, claramente tenía en su agenda el combate a la corrupción, y la transparencia como parte de sus temas principales. Entonces, creo que sí hay una política pública de transparencia y acceso a la información en el ayuntamiento, pues además de su convicción y la consecuente traducción en acciones, en el plan municipal de desarrollo sí está formulada esa política de transparencia y rendición de cuentas”.
Juárez Cruz también recordó que en septiembre de 2012, desde el colectivo Cimtra se invitó a los 81 presidentes municipales a firmar un acuerdo por la transparencia. En esa ocasión, asistieron los alcaldes de Acapulco, Chilpancingo y Atoyac, además del síndico de Iguala.
A dos años de la firma de ese compromiso, sólo el alcalde de Acapulco realizó cambios para avanzar en los niveles de transparencia y facilitar el acceso a la información; el resto de los firmantes incumplieron su compromiso.
El ex director de la unidad de transparencia comentó que a su llegada el ayuntamiento no estaba cumpliendo con la ley de transparencia respecto a la información de oficio.
“Buscamos primero que se publicara la mayor parte de la información, empezamos con la que se pudiera conseguir en el corto plazo para subirla a la página, pero era tanto lo que faltaba por publicar que comenzamos por lo más fácil y lo más rápido para comenzar a dar forma y estructura a la página de transparencia”.
Juárez Cruz también comentó que otra de sus prioridades fue modificar la forma en que se respondían las solicitudes de información de los ciudadanos.
Recordó el ex funcionario que “lo que históricamente sucedía es que si los ciudadanos querían solicitar información al ayuntamiento, tenían que enviar un escrito al área correspondiente y presentarlo personalmente –antes, tenían que investigar el área correspondiente, porque si no era así simplemente no lo recibían–; las dependencias contestaban de acuerdo a lo que sus asesores jurídicos consideraban oportuno”.
Una de las medidas fue concentrar recepción y respuesta de solicitudes de información del ayuntamiento en una sola oficina; se dieron instrucciones a todas las áreas para que las dependencias dejaran de recibir y responder solicitudes, y al mismo tiempo se diseñó un formulario de acceso a la información sencillo y eficiente que comenzó a funcionar en julio de 2013.
Carlos Juárez destacó que, no obstante la disposición del alcalde y la inclusión de la transparencia y el acceso a la información como política pública del ayuntamiento, se enfrentaron a varios problemas como la inexistencia de la información, datos que históricamente no se han generado, aunque estos deberían estar pero no se tienen.
También mencionó que hay información que por cuestiones de seguridad no se puede revelar, por ejemplo los nombres y domicilios de empresas constructoras, y algunos datos sobre seguridad pública.
“Cuando te piden una información que no se ha generado, te enfrentas no con falta de disposición y apertura sino con problemas de estructura y de institucionalización de algunas políticas del ayuntamiento. En transparencia tuvimos muchos problemas, operativos y de estructura; éramos una oficina de tres personas, y realmente con ese personal no se pueden hacer grandes operaciones, pedimos que cada área nombrara un enlace y eso facilitó mucho el proceso”.
El ex director de transparencia también opinó que en el interior del ayuntamiento no observó resistencias para la entrega de información por parte de los funcionarios, ya que el alcalde realizó varias reuniones y les dio la instrucción de que abrieran todos sus archivos e información a la unidad de transparencia.
“Con esta instrucción, era muy difícil que algún funcionario, fuera secretario o director, se resistiera o negara abiertamente la información”, acotó Juárez Cruz.
Durante varios años, el ayuntamiento de Acapulco tuvo bajas calificaciones en las evaluaciones Cimtra. En promedio, en las siete evaluaciones obtuvo una puntuación de 23.8, apenas arriba de la de Chilpancingo.
Cabe mencionar sin embargo que en la última revisión de octubre de 2013, el ayuntamiento de Acapulco alcanzó 40 puntos en la evaluación Cimtra.
Un monitoreo más reciente, realizado por Comunicación para el Desarrollo Comunitario en abril de 2014, dio un porcentaje de 93 por ciento de calificación en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, según la ley estatal en la materia.
Disposición del titular
La disposición y voluntad de los titulares de las dependencias públicas es la principal condición para que una oficina pública sea transparente y facilite el acceso a la información a los ciudadanos. Sin este ingrediente, difícilmente podrá establecerse una política y proyectos específicos para promover la transparencia.
También es necesario que en las dependencias haya una persona o, mejor, un equipo de personas capacitadas que conozcan bien el tema y reconozcan la importancia de la transparencia y el acceso a la información para mejorar la gestión pública y la aplicación eficaz y eficiente de los recursos públicos con el escrutinio ciudadano.
Y eventualmente, es necesario invertir no sólo presupuesto, sino recursos técnicos, humanos, y que los tomadores de decisiones le dediquen tiempo.
Estas tres condiciones no se cumplen en la mayoría de las dependencias que reciben dinero público y que son sujetos de la ley de transparencia. Por eso los niveles de transparencia y los índices de acceso a la información son muy bajos en Guerrero.

Discrecionalidad en la aplicación de sanciones en el estado

El Sur de Acapulco

La credibilidad en las instituciones pasa por el respeto a las leyes y por una efectiva y rigurosa aplicación de sanciones a quienes no las cumplen. Esto es especialmente cierto en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues son temas muy sensibles para la ciudadanía porque se relacionan directamente con la información sobre el ejercicio de los recursos públicos. En un estado como Guerrero, la transparencia y efectividad en la aplicación del gasto hacen la diferencia entre seguir o no siendo una entidad eternamente pobre.
Si las dependencias que tienen facultades para revisar, vigilar y aplicar sanciones para que el dinero público se gaste de acuerdo con las normas, no son transparentes y no hay claridad en su exigencia de rendición de cuentas, evidentemente no generarán credibilidad.
La Contraloría del estado, la Auditoría General del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal (Itaig) son organismos con facultados para aplicar sanciones en sus respectivos ámbitos, pero la información que dan a conocer públicamente al respecto siempre es muy parcial y no es posible saber con pocos datos si están aplicando la ley.
El Itaig
Una de las dependencias que tiene facultades para aplicar sanciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información de las dependencias públicas es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado.
El Itaig puede imponer apercibimientos públicos y privados, y multas económicas a aquellas dependencias que no cumplen con los mínimos para difundir datos e información y para las que impidan el derecho de acceso a la información de las personas.
Sin embargo, la historia de este organismo muestra tibieza en la aplicación de sanciones, cuando no una franca omisión para asumir esta responsabilidad. Hay un testimonio publicado que describe la percepción ciudadana hacia este organismo.
“La Caipegro (como antes se denominaba al Itaig) no funciona, es una mentira, y da tristeza porque manejan muchísimo presupuesto; los funcionarios de la Caipegro no tienen autoridad, piden las cosas por favor a los funcionarios, cuando lo que deben hacer es exigir, ‘sabes qué, presidente municipal, te exijo que le des la información a este ciudadano’. Pero no, más bien nos recomiendan que la pidamos por favor, que no nos confrontemos. Pero uno no va a pelear, sólo queremos que nos den información porque la solicitamos por escrito, así queremos que nos la den, también por escrito. Pero la Caipegro tiene miedo, no funciona”. http://transparenciaguerrero.blogspot.mx/p/monitor-de-guerrero-.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información presentada ante el Itaig, de junio de 2006 a julio de 2014, el organismo impuso apenas 113 sanciones, un número sin duda muy bajo si se considera la poca disposición que se ha observado históricamente en las dependencias del sector público para cumplir con lo que mandata la ley de transparencia. Sin duda, es apenas la punta del iceberg debido a que la mayoría de las personas a las que se les niega su derecho de acceso a la información, no presentan queja ante el ITAIG.
Los sujetos obligados que han recibido el mayor número de sanciones son los ayuntamientos, con 67.5 por ciento de los casos; las dependencias del gobierno del estado han sido sancionados en 28.3 por ciento del total; el Congreso del estado con 1.7 por ciento; y otras dependencias, 2.4 por ciento. Esto es congruente con las irregularidades que cometen los ayuntamientos en otros campos, como la falta de transparencia y el bloqueo a la información que derivan en un elevado número de quejas presentadas en contra de ellos ante el Itaig.
El ayuntamiento de Chilpancingo encabeza la lista de los sujetos obligados que han recibido mayor número de sanciones, con el 7.9 por ciento del total estatal, le siguen el gobierno municipal de Tixtla con 6.1 por ciento, Coyuca de Benítez con 4.4 por ciento y Tecoanapa con 3.5 por ciento de todos los casos en el estado.
En el caso de las dependencias del Ejecutivo del estado, es la Secretaría de Desarrollo Rural la que ha recibido un mayor número de sanciones, con 5.3 por ciento del total; en segundo lugar están las secretarías de Educación y de Salud, con 3.5 por ciento cada una, y en tercero la Secretaría de la Mujer, con 2.6 por ciento del total.
Si se observa el tipo de infracción por el que recibieron la sanción, destaca que en el 46 por ciento de los casos, las dependencias públicas no rindieron el informe que les exige el Itaig para conocer sus argumentos de por qué no entregaron la información a los ciudadanos, motivo de la queja.
En segundo lugar se encuentran las infracciones por no rendir su informe anual al que están obligados, con datos sobre número de solicitudes recibidas, respondidas y en trámite. Este concepto alcanzó el 21.2 por ciento de los casos.
También se registraron 8.8 por ciento de casos en los que el personal de las dependencias no orientó al ciudadano sobre su derecho de acceso a la información, lo cual es su obligación según la ley de transparencia.
Otros casos por los que se sancionó a las dependencias son porque no respondieron a las solicitudes de información en los plazos establecidos y porque no rindieron su informe pormenorizado (6.1 por ciento en cada uno de los casos).
Destaca que haya sanciones por el incumplimiento de las resoluciones del Itaig (3.5 por ciento de los casos), lo cual es un abierto desafío a la Ley. En este caso se encuentran los ayuntamientos de Chilpancingo y Mártir de Cuilapan, y la Secretaría de Salud.
También sobresale la sanción aplicada al Congreso del estado por no tener publicada toda su información de oficio. Y destaca porque sin excepción, ninguna dependencia pública de Guerrero cumple con la publicación en 100 por ciento de su información obligatoria, por lo que en todo caso, también tuvieron que ser sancionadas prácticamente desde hace ocho años que no cumplen con esta obligación.
Respecto de las penas aplicadas, la más frecuente fue el apercibimiento de los sujetos obligados, lo cual sucedió en el 53 por ciento de los casos. El apercibimiento es una forma de advertencia de la autoridad, en este caso del Itaig, para que las dependencias públicas cumplan con la ley.
El siguiente tipo de sanción fue económico, es decir, multas equivalentes a 50 salarios mínimos de la región (28.3 por ciento de los casos), la amonestación pública (8.8 por ciento) y la amonestación privada (7 por ciento).
Si se observan las sanciones por el año en que fueron aplicadas, en lo que va de 2014 se aplicaron el 36.2 por ciento del total; en 2013, se aplicaron 16 sanciones; en 2012, 17; en 2011 sólo hubo siete sanciones, y en 2010 seis sanciones.
En 2009 fueron nueve las sanciones aplicadas; en 2008, siete; en 2007, 11, y de junio a diciembre de 2006 sólo una sanción.
Sanciones fuertes
De acuerdo con un diario de Jalisco, en abril de 2014 la alcaldesa de San Martín de Hidalgo, Juana Ceballos Guzmán, fue notificada que sería encarcelada por negarse a entregar información.
Dice el periódico El Semanario sin límites, que “el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei) pidió el arresto administrativo por doce horas, debido a que Ceballos no cumplió la determinación emitida en 2013, en donde se le exigía la publicación de información fundamental en el sitio web de esa localidad”.
La resolución considera que la sanción se tramitará ante la Dirección de Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, y dicha dependencia deberá “informar al Instituto sobre la ejecución del arresto dentro de los dos días hábiles en que se haya compurgado éste y en caso de que no pueda ejecutar el arresto en el domicilio señalado se deberá informar de tal circunstancia dentro de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución”, citó el documento del Instituto.
Cabe mencionar que el Itei emitió una primera sanción por la negativa de la alcaldesa a entregar información en 2013, ésta fue una amonestación al municipio por incumplir la orden, pero no modificaron su conducta y hubo una segunda sanción equivalente a una multa de 20 días de salario mínimo.
Pasó el tercer plazo para que publicaran la información y volvieron a incumplir, por lo que finalmente se ordenó el arresto de la alcaldesa.
“No se cumplimentó en ninguna de las tres ocasiones la solventación de la información por parte del ayuntamiento, lo que hace apercibir que no hubo voluntad para cumplir con la resolución independientemente de que la ponencia, además de lo establecido en la ley fue de sobre cooperante con el sujeto obligado incluso para auxiliarlos en que la información estuviera publicada”, agregó uno de los consejeros del Itei.
La AGE
La Auditoría General del Estado es un organismo clave para el correcto ejercicio de los recursos públicos del estado de Guerrero y para el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sociales. De su actuación depende mucho la credibilidad del sistema de revisión y fiscalización de las cuentas públicas.
Durante muchos años, la AGE no informó sobre el cumplimiento de sus funciones como órgano técnico del Congreso del Estado. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado ha obligado a este organismo a publicar información sobre su quehacer, aun cuando en algunos rubros esa apertura es parcial, como es el caso de la aplicación de sanciones a las dependencias y entidades fiscalizables que se salen de la normatividad.
Actualmente, la AGE publica una relación de 43 ex servidores públicos de ayuntamientos que se encuentran inhabilitados. Son ex presidentes municipales, ex tesoreros, ex directores de obra pública que la AGE encontró como responsables de diferentes irregularidades, sin precisar cuáles.
Asimismo, publica una relación numérica de sanciones económicas emitidas por este órgano fiscalizador de los años 2010 a 2013, pero no difunde los nombres de funcionarios ni identifica las dependencias sancionadas.
En otro apartado, publica las entidades fiscalizables que no entregaron su cuenta pública, así como aquellas que, aunque las presentaron, éstas no fueron aprobadas por el Congreso del estado.
Destaca en este punto el alto índice de cuentas públicas no aprobadas, lo que indica una falta de capacidades de los ayuntamientos para integrar estos documentos, o el desvío y la comisión de numerosas irregularidades.
Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, en 2008 fueron 55 las cuentas públicas reprobadas, mientras que en 2009 se registraron 52, en 2010 los informes de cuenta pública no aprobados disminuyeron a 33, y en 2011, último año que publica la AGE, las reprobadas sumaron 42.
Contraloría del estado
No existe en el portal electrónico del gobierno del estado un apartado específico que publique las sanciones aplicadas por el órgano de control del Ejecutivo del estado; ni siquiera se dan a conocer la programación de revisiones a las dependencias ni el trabajo que realizan.
Sólo en un apartado escondido aparece una “relación de servidores públicos inhabilitados por sanciones impuestas por la Contraloría General del Estado”, que se publicó en el periódico oficial el 1 de marzo de 2011. Pero no hay más información.
El gobierno del estado, en este rubro privilegia el anuncio discrecional y político de los resultados de sus revisiones más que la publicación sistemática de esta información. Es decir, los hallazgos de estas revisiones los emplea como un instrumento de presión política.
Tal es el caso de dos intervenciones recientes, primero el escándalo de las despensas destinadas a damnificados almacenadas en el DIF, cuya investigación y resultados nunca se ha dado a conocer y se ha buscado minimizar su impacto mediático, y segundo, la adquisición irregular de un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del Estado “por parte de funcionarios públicos de la administración pasada”, que precisamente por tratarse de otra administración, se emplea la información a discreción para estigmatizar a funcionarios.

En qué se gastan los recursos del Fonden

El Sur de Acapulco
Guerrero es uno de los estados que recibe de manera constante una gran cantidad de recursos financieros provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues es una entidad que conjuga su ancestral condición de pobreza con una gran exposición a las afectaciones por fenómenos naturales como sismos, huracanes y tormentas tropicales, incendios, heladas, etc.
Sin embargo, hay todavía una gran opacidad y discrecionalidad en la aplicación de estos recursos, pues aunque la Secretaría de Gobernación hace públicos de manera global la cantidad de recursos que son asignados a los estados que cada año presentan afectaciones, la aplicación de este dinero es discrecional y no hay información publicada sobre los municipios, comunidades y personas específicas que reciben o se benefician con estos recursos. Tampoco sobre las empresas que construyen las obras o que proveen los bienes y servicios.
Las lluvias torrenciales de septiembre y octubre de 2013 en Guerrero detonaron un incremento significativo de los recursos financieros provenientes del Fonden, y a la vez, una gran preocupación por la manera en que se aplicarían.
No en balde, el Congreso del estado emitió un acuerdo parlamentario en donde exhorta “al Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a quien corresponda la aplicación honesta y transparente de los recursos del Fonden, destinados al estado de Guerrero, así como difunda en una página web, la aplicación de los recursos y saber en qué rubros se está gastando el recurso”. 
En el mismo acuerdo los diputados guerrerenses solicitaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero para que "instruya a quien corresponda realizar las investigaciones pertinentes y se finquen las responsabilidades correspondientes en su caso de las autoridades del nivel de que se trate que hayan otorgado licencias de cambio de uso de suelo y de construcción de asentamientos humanos en los municipios afectados, así como también se rinda un informe pormenorizado a esta Soberanía, sobre la instrumentación de los protocolos y alertamiento por el Sistema Nacional y estatal de Protección Civil en los casos de los meteoros Ingrid y Manuel”.
Pero una vez que pasaron los días difíciles de la emergencia, los recursos no se transparentaron y todavía nadie sabe con precisión dónde se aplicaron; tampoco se investigó la corrupción que hizo más dramáticos los daños a la población.

El Fonden

El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento interinstitucional que tiene por objetivo proporcionar de manera rápida recursos financieros para responder a los efectos de los desastres naturales, a efecto de que no se vean afectados los presupuestos existentes ni los programas públicos aprobados.
El Fondo se estableció para apoyar la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales; fue creado inicialmente en 1996 como un programa del Ramo 23, y en 1999 se emitieron sus primeras reglas de operación.
Al principio, los recursos del Fonden se destinaban sólo a actividades de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública, vivienda de la población de bajos ingresos y ciertos elementos del medio ambiente, tales como selvas, áreas naturales protegidas, ríos y lagunas.
Actualmente el Fonden se compone de dos instrumentos presupuestarios: el programa Fonden para la reconstrucción y el programa fondo para la prevención de desastres naturales Fopreden. El primero es el principal instrumento presupuestario, y en caso de ocurrencia de un desastre, los fondos autorizados a los programas de reconstrucción son transferidos a subcuentas específicas dentro del fideicomiso Fonden para ser ejercidos.
El Fonden también transfiere recursos a un Fondo de Atención de Emergencias a efecto de brindar auxilio con víveres, materiales de abrigo y protección, herramientas y medicamentos a la población que resulte afectada como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador. Dichos apoyos se detonan a través de la emisión de una declaratoria de emergencia.
Para obtener recursos financieros del Fonden, las dependencias y entidades del gobierno federal o de las entidades federativas deben mostrar que la magnitud de los daños exceden sus capacidades financieras y deben presentar una solicitud en donde detallen las necesidades de reconstrucción y sus costos estimados.
El Fonden no proporciona apoyo directo a los municipios, son los gobiernos estatales quienes solicitan recursos financieros con el objetivo de restaurar activos municipales para, posteriormente, proporcionar asistencia a los municipios para que ejerzan dichos recursos financieros.
La Secretaría de Gobernación es la responsable del procedimiento de acceso a los recursos del Fonden y de la emisión de las declaratorias de desastre natural, mientras que la Secretaría de Hacienda se encarga de los recursos; éstos financian 100 por ciento los costos de reconstrucción de activos federales y 50 por ciento de los activos locales.

Muchos recursos para Guerrero

Guerrero es uno de los estados que de manera continua ha recibido recursos de este fondo. Por ejemplo, en 2008, se asignaron al estado 8.3 millones de pesos para acciones de vivienda, como resultado del sismo del 6 de noviembre de 2007.
En el siguiente año, se le autorizaron al estado recursos por 26.5 millones de pesos, de los cuales 25.1 millones se destinaron a acciones de restauración de vivienda, y el resto a acciones en el sector educativo. Este dinero se ejerció en el estado como respuesta a las afectaciones del sismo del 27 de abril de 2009.
En 2010, los recursos del Fonden para Guerrero se incrementaron sustancialmente hasta alcanzar 169.5 millones de pesos. Esto, por los estragos de las lluvias severas del 3, 4 y 5 de febrero de 2010 y del 30 de agosto del mismo año.
En las afectaciones de febrero se invirtieron 130.5 millones de pesos en los rubros de carreteras infraestructura hidráulica y en vivienda; por las lluvias de agosto se destinaron recursos por 38.9 millones de pesos para los sectores carretero, educativo, hidráulico y vivienda.
2011 fue un año en que no se presentaron afectaciones por fenómenos naturales y por lo tanto no se registran recursos.
En 2012 se invirtieron en el estado 45.9 millones de pesos para acciones en los sectores educativo, de salud y vivienda, por el sismo del 10 de diciembre de 2011.
En 2013 se asignaron cuantiosos recursos al estado por diversos fenómenos naturales. La mayor cantidad, fue por las lluvias torrenciales de septiembre, pero antes se habían destinado recursos para el sismo del 15 de noviembre de 2012 (21.9 millones de pesos), en tanto que para las lluvias torrenciales del 10 de agosto de 2012 por el ciclón tropical Ernesto se presupuestó una partida adicional de 19.5 millones de pesos. Otro de los rubros que fue atendido es el sismo del 20 de marzo de 2012, que recibió 68.2 millones de pesos.

Declaratorias de emergencia

El 16 de septiembre de 2013, la Secretaría de Gobernación declaró emergencia extraordinaria en 49 municipios del estado por la presencia de lluvias severas ocurridas el día 14 de septiembre. Con esta acción, se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias.
La Segob dio cuenta del tipo de apoyos que se prestaron a la población afectada, que según esa dependencia, alcanzó a 238 mil 28 personas.
Por ejemplo, informó que entregó 216 mil 521 despensas, además de 238 mil 28 cobertores y colchonetas. Asimismo, distribuyó 2 mil impermeables e igual número guantes de carnaza y 150 rollos de hule.
La dependencia también entregó 200 mil costales, 59 mil 507 kits de limpieza y otros tantos de aseo personal. Fueron 914 mil 224 litros de agua entregados, 24 mil toallas sanitarias femeninas y 47 mil pañales de distintas etapas.
La Segob también informó sobre 20 servicios de arrendamiento de potabilizadoras de agua, 3 mil fletes, 200 bolsas para cadáver y 406 mil láminas “tipo b”.
El 21 de septiembre de 2013, la Secretaría de Gobernación emitió una segunda declaratoria de emergencia para 24 municipios del estado, a fin de atender a una población afectada de 76 mil 408 personas.
En esta ocasión, la dependencia repartió 34 mil 204 despensas, y 75 mil 408 cobertores e igual número de colchonetas. Igualmente, 400 impermeables y guantes de carnaza, así como 70 rollos de hule y 100 bolsas para cadáver.
Se entregaron también 10 mil costales, 19,102 kits de limpieza y otros tantos para el aseo personal, además de 15 mil litros de agua, 56 mil 50 pañales de diferentes etapas y 90 mil láminas tipo b.
En cuanto a herramientas de trabajo, la Segob informó que distribuyó 344 marros, 337 barretas, 765 carretillas, mil 500 palas, 800 zapapicos y 800 hachas.
Una tercera declaración de emergencia fue emitida el 22 de octubre por la Segob, en esta ocasión para un solo municipio por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 19, 20 y 21 de octubre de 2013.
Al día siguiente se dio otra declaración de emergencia para 10 municipios por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 19, 20 y 21 de octubre de 2013.
El 29 de octubre se emitió la cuarta declaratoria de emergencia para siete municipios por la presencia de inundaciones pluviales y fluviales ocurridas los días 22 y 23 de octubre de 2013.

Los recursos financieros 2013

De acuerdo con información del documento “Gasto federal autorizado con cargo al
Ramo 23 y fideicomiso Fonden (por entidad federativa)”, en 2013 se le autorizaron recursos a Guerrero por 3,598.7 millones de pesos, cifra sin precedente en el estado. De hecho, es la segunda entidad que recibía más recursos, sólo detrás de Veracruz que obtuvo 5,718.4 millones de pesos.
Pero en otro documento, la Segob informa que en 2013 se autorizaron los siguientes presupuestos:
109.7 millones de pesos por “desastres de 2012 autorizados en 2013” (sismo del 15 de noviembre, ciclón “Ernesto” del 10 de agosto y sismo del 20 de marzo).
En el apartado “desastres de 2013 autorizados en 2013”, se enumera la lluvia severa del 18 de agosto con una autorización de recursos Fonden de 14.9 millones de pesos.
Asimismo, se incluye la atención a daños por el sismo del 21 de agosto, para lo cual se asignaron 57.1 millones de pesos.
Para atender las afectaciones de las lluvias torrenciales del 14 de septiembre se autorizaron recursos por 9,211.9 millones de pesos.
Y también se incluyen “lluvias severas del 15 y 16 de septiembre”, al que se le asignaron 1,327.4 millones de pesos.
En total, se autorizaron recursos por 10,611.4 millones de pesos. Para dar una idea de la magnitud de los recursos que se invirtieron en Guerrero provenientes del Fonden, el total a nivel nacional fue de 25,814.9 millones de pesos, es decir, a Guerrero se le autorizaron el 41.1 de los recursos totales para afectaciones de desastres en 2013.
Y si se suma una aportación estatal por 6,232.5 millones de pesos y 280.7 millones de diversas dependencias federales, se tiene un gran total, según el documento consultado, de 17,124.7 millones de pesos, que equivale a poco menos de la mitad del presupuesto total del estado de Guerrero durante un año.
Hay también un rubro denominado “desastres de 2013 autorizados en 2014”. En este punto, se han autorizado a la fecha en total 4,001.6 millones de pesos del Fonden para los siguientes fenómenos: a la “inundación fluvial del 22 al 23 de octubre 2013” se destinaron 277.5 millones, “lluvia severa del 14 de septiembre”, 3,177.2 millones, a la “lluvia severa del 15 y 16 de septiembre”, 507.7 millones y al “sismo del 21 de agosto”, 39.1 millones de pesos.
Si se suma sólo los recursos autorizados por el Fonden en 2013 y 2014 para el estado de Guerrero, se tiene un total de 14,613 millones de pesos.
¿Dónde se invirtieron estos recursos?, ¿qué comunidades y personas se han beneficiado?, ¿cuáles y dónde se construyen las obras con estos recursos?, ¿cuáles son las empresas que las construyen?
Estas son preguntas que la información publicada por el gobierno federal no responde.
Se trata de cuantiosos recursos destinados a una población que además de su alto grado de marginación resultó severamente afectada por los fenómenos naturales.
Si no hay transparencia, ningún discurso podrá convencer de que este dinero se está aplicando con honestidad y con eficacia.

Desairan el Info Guerrero. Pleito en el ITAIG. Nuevo auditor

Publicado en el Sur de Acapulco

Para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información en el estado, sólo ha habido una decisión acertada en muchos años. Se trata del establecimiento del sistema Info Gro, que es una plataforma electrónica para sistematizar la recepción y respuesta a las solicitudes de información que presentan las y los ciudadanos. http://info.guerrero.gob.mx/

Con la puesta en marcha de este instrumento en febrero de 2011, el número de peticiones de información se incrementó notablemente y prosigue hasta la fecha.
Sin embargo, es todavía un sistema limitado porque hasta hoy solo se emplea para procesar las solicitudes del Ejecutivo del estado, cuyas entidades y dependencias en total no alcanzan ni la mitad de los oficinas públicas que hay en el estado, es decir, no están incluidos los ayuntamientos, que son los sujetos obligados que más deficiencias tienen en materia de transparencia y acceso a la información.
También este sistema tiene la desventaja de que no se puede presentar un recurso de revisión o queja a través de este medio.
Así pues, el Info Gro modificó sustancialmente el panorama para el ejercicio de acceso a la información de Guerrero, pero no se ha aprovechado todo su potencial, que sería de mucha utilidad para los ciudadanos guerrerenses.

Info Gro, no es relevante para el ITAIG

No obstante que el Info Gro es un mecanismo estratégico para impulsar significativamente el derecho de acceso a la información en Guerrero, el Instituto Transparencia y Acceso a la Información del estado no lo considera relevante y lo menciona solo de manera tangencial en su programa anual de trabajo 2014 en los siguientes términos: “Gestionar la transferencia al Instituto de Transparencia del sistema Infomex Guerrero” http://www.itaig.org.mx/sipoeg/.
Si bien es conveniente que el Info Gro sea operado por el ITAIG –actualmente en manos del gobierno del estado- tampoco es prioritario que así sea.
Lo realmente importante es gestionar con urgencia que a este sistema electrónico de recepción y respuesta a solicitudes de información se incluyan otras dependencias del sector público, como los ayuntamientos, el Congreso del estado, el poder judicial y los organismos autónomos.
Actualmente algunas de estas oficinas gubernamentales cuentan con un formato electrónico para recibir solicitudes de información a la ciudadanía, pero casi ninguno tiene un mecanismo de acuse que garantice al solicitante mediante un comprobante que la dependencia recibió la información.
Es frecuente que las dependencias hagan caso omiso a las solicitudes, y los ciudadanos no tengan forma de probar que la enviaron. 
Los ayuntamientos –otro de los temas que ni siquiera se menciona en el programa de trabajo del ITAIG- son los que más requieren ser incorporados al Info Gro, ya que son los más omisos para entregar información a los ciudadanos que los requieren. La mayor parte de los gobiernos municipales no cuentan con página web, y tampoco hasta hoy han procurado tener un mecanismo –aunque sea una dirección de correo electrónico- para la recepción de solicitudes de información.

El caso Oaxaqueño

Oaxaca terminó con el mito de que los ayuntamientos que gobiernan municipios de alta marginación deben tener muchas consideraciones porque supuestamente no tienen los recursos necesarios que les permitan tener acceso a la tecnología para facilitar el acceso a la información de su quehacer gubernamental. La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Estado de Oaxaca informó que en el primer semestre de 2013 se incorporaron 30 ayuntamientos al Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública –el equivalente del Info Gro-, lo que da un total de 235 municipios –de 470 que tiene el estado- que ya atienden solicitudes de información por esta vía.
Hay que recordar que en el artículo 6 de la Constitución federal, se establece en los transitorios que los municipios con población de más de 70 mil habitantes, además de tener y poner a disposición la documentación que avale su gestión y resultados, están obligados a hacer pública su información a través de medios electrónicos, así como facilitar el procedimiento de acceso a la información pública a través de esta vía.
En Oaxaca solo cinco demarcaciones superan los 70 mil habitantes, pero son 235 municipios los que han tenido la voluntad de incorporarse al SIEAIP, para recibir y contestar solicitudes de información vía electrónica. Es decir, el solicitante de información tiene la posibilidad de dirigir sus preguntas a 235 municipios, y esperar las respuestas por el mismo medio, sin la necesidad de trasladarse por la complicada orografía del estado, ni cumplir con horarios de oficina.
Esto no sucede en Guerrero ni se contempla que en el corto plazo sean incorporados los ayuntamientos al sistema Info Gro, porque el ITAIG no lo tiene entre sus prioridades.

El convenio

Fue un acierto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la promoción que hizo entre los estados para que instalaran una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
En Guerrero, el IFAI firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado y la ex Comisión de Acceso a la Información de Guerrero en marzo de 2008. El documento tenía el propósito de establecer las “bases y mecanismos operativos para que "EL IFAI" otorgue el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, acceso y corrección de datos personales, sus respuestas, así como la presentación y resolución en su caso, de los recursos de queja, y reconsideración, denominado "Sistema Infomex" a "el poder ejecutivo" y "la Caipegro".
Sin embargo, fue hasta el 1 de febrero de 2011, tres largos años después de firmado el convenio con el IFAI, cuando comenzó a funcionar la plataforma Info Gro que desde el primer año de funcionamiento se vio su gran utilidad, ya que de 2006 a 2010, el promedio anual de solicitudes presentadas ante el Ejecutivo del estado fue de poco más de 200. Sin embargo, en el primer año del del Info Gro, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó hasta llegar a 1,061 solicitudes por vía electrónica y al siguiente año rebasó las 1,500 solicitudes.

Omisiones del órgano garante

El desaire al sistema Info Gro por el órgano garante de la transparencia en Guerrero no es reciente. La ex Caipegro omitió realizar muchas actividades clave para potenciar el derecho de acceso a la información que suscribió y se comprometió a efectuar en el convenio con el IFAI.
Po ejemplo, en la cláusula quinta, inciso d), los ex comisionados se comprometieron a “Impulsar, facilitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todos los entes públicos obligados que integran el gobierno y los municipios del estado de Guerrero, a través de la implementación del Sistema Infomex".
Sin embargo, actualmente más de la mitad de las dependencias públicas del estado, entre ellas los 81 ayuntamientos, no están incorporados al sistema.
Otra de las omisiones graves de la ex Caipegro fue que nunca emitió “los criterios y lineamientos para el diseño y adecuación del sistema Infomex para la gestión de las solicitudes de información pública y de acceso, corrección de datos personales, las respuestas por parte de los sujetos obligados y la presentación y atención de recursos”.
Cabe recordar también que en 2011, el ITAIG incrementó de manera sustancial su presupuesto, en casi 50 por ciento, al pasar de 6.4 a 9.4 millones de pesos. En ese año, el ex consejero Marco Cueva comentó que con “el 50 % adicional se está viendo la posibilidad de comprar equipo para que el ITAIG opere directamente el (sistema automatizado) Info Guerrero. También para abrir más espacios para la gente que está laborando, tenemos un solo vehículo, y también prestaciones para los empleados”.
Sin embargo, ese incremento nunca se tradujo en la operación del Info Gro por el ITAIG ni tampoco en resultados palpables en materia de transparencia y rendición de cuentas. Más recursos igual opacidad.
El Info Gro no es la panacea del derecho de acceso a la información en el estado, pero ayuda mucho. Queda sin embargo una deuda pendiente con miles de guerrerenses que aún no tienen acceso a una computadora ni a internet, por lo que tendrán que diseñarse estrategias específicas que contribuyan a cerrar esta brecha digital, a efecto de que estos sectores también puedan ejercer su derecho de acceso a la información.

El ITAIG no necesita más desprestigio

La semana anterior, los todavía impugnados consejeros del ITAIG escenificaron una grotesca disputa entre ellos, como si el organismo garante de la trasparencia en Guerrero requiriera de este tipo de espectáculos para sumar mayor desprestigio.
Pugnas que tienen su origen precisamente en la manera en que fueron designados por los diputados de la presente legislatura, es decir, por cuotas partidistas, hoy cada consejero reclama su derecho a incorporar al trabajo a sus propios recomendados, dejando de lado el interés general.
Con estas actitudes, se avecina una crisis financiera en el ITAIG, ya que la nómina ha crecido, aunque la opacidad en el estado sigue igual. No será extraño que los encargados soliciten un préstamo a cuenta del presupuesto del año siguiente, para cubrir todos los compromisos que adquirieron.
Hay en este zafarrancho una gran responsabilidad de los diputados, pues ellos designaron a los consejeros y deben corresponsabilizarse de sus actos y conductas. Ojalá hagan un exhorto al orden al órgano garante.
Luego de que un juez emita su resolución para ratificar o rectificar la designación de los que despachan en el órgano garante, el ITAIG deberá trabajar mucho para construir credibilidad entre la ciudadanía, hoy tan mermada por los anteriores y actuales consejeros.

La elección del nuevo auditor

La Auditoría General del Estado de Guerrero es una institución que siempre ha estado capturada por intereses políticos y ha sido empleada como instrumento de presión, muy lejos de su función técnica que establece la ley para la fiscalización superior de las dependencias gubernamentales que ejercen recursos públicos.
A la fecha, no hay un contrapeso efectivo (el Congreso no ha servido como tal, sino al contrario, también la utiliza para sus intereses al igual que el ejecutivo del estado) que garantice que la AGE sea realmente un órgano para exigir la rendición de cuentas.
En el actual proceso, el Congreso ha enviado un pésimo mensaje a la sociedad con la designación de una persona que no era elegible, por ser funcionario público.
En el proceso de fiscalización, la ciudadanía organizada nunca ha participado y por ello será necesario buscar los mecanismos que garanticen el funcionamiento de la AGE como un organismo técnico profesional para la rendición de cuentas.
Otro paso que deberá tomarse en cuenta es modificar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Guerrero para incorporar la participación ciudadana en la vigilancia y en algunas de las etapas de la fiscalización, como ya sucede en varios países sudamericanos.
La modificación de la ley también deberá establecer la obligación de dar un mayor énfasis hacia la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, y no sólo en el nivel institucional.
Asimismo, la publicación sin restricciones de todos los informes de cuenta pública y los resultados de las revisiones que realiza la AGE, como ya lo establecen las leyes de transparencia, fiscalización superior y los decretos del presupuesto de egresos del estado, y que a la fecha permanecen en la opacidad.
Finalmente será necesario priorizar en la fiscalización superior, la revisión del cumplimiento de metas y objetivos (impactos del ejercicio de los recursos) y no sólo la revisión de documentos y facturas.

Los espacios oscuros de las dependencias públicas

Publicado en el Sur de Acapulco
Aun cuando en el primer semestre de 2014 las dependencias públicas de Guerrero incrementaron su nivel de cumplimiento de la ley de transparencia, en las páginas electrónicas oficiales todavía no se observa información clave y relevante para conocer lo que hacen y sucede en las dependencias, reduciéndose con esto la posibilidad de que la ciudadanía vigile el funcionamiento del sector público.
En esta entrega se revisan los casos de los temas de sueldos y salarios, los gastos de comunicación social, los informes de cuenta pública y los contratos con proveedores.
Sueldos y salarios
Las dependencias públicas comienzan a publicar información sobre los sueldos de su personal; en la revisión de las páginas electrónicas se encontraron datos inconsistentes y en casi todos los casos, parciales. Por ejemplo, una constante fue que ningún titular gana menos de 30 mil pesos mensuales, y en los casos más afortunados, la remuneración es cercana a los 100 mil pesos. En el lado opuesto, los salarios más bajos a veces no alcanzan ni los 2 mil 500 pesos.
Uno de los puestos mejor pagados en el estado es el del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, cuyo sueldo base es de hasta 62 mil 756 pesos más una compensación de hasta 23 mil 589 pesos, es decir, en total 86 mil 345 pesos mensuales.
En el otro extremo, los administrativos de esa misma dependencia ganan de 2 mil 363 a 5 mil 838 pesos con compensaciones adicionales de entre 500 y mil 586 pesos.
Otros cargos bien pagados son los de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo tabulador salarial indica que éstos perciben desde 44 mil 055 pesos hasta 67 mil 949 y una compensación de 10 mil pesos mensuales. En suma, los consejeros del ITAIG tienen una remuneración de 77 mil 949 pesos cada mes.
Los intendentes, choferes y vigilantes del ITAIG son las categorías laborales más bajas, pues perciben entre 4 mil 100 y 5 mil 184 pesos mensuales.
Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado publica el tabulador de sueldos de sus funcionarios, y ahí se puede observar que los magistrados reciben un salario neto mensual que va de 50 mil 943 a 63 mil 679 pesos mensuales. Agrega la página electrónica del TEE que adicionalmente los magistrados reciben una compensación de 10 mil pesos, lo que equivale a una remuneración mensual de 73 mil 679 pesos.
Por otra parte, el sueldo más bajo que se publica en la página del TEE es de los jardineros e intendentes, que reciben entre 4 mil 332 y 5 mil 415 pesos, es decir, apenas cerca de la mitad de lo que reciben sólo de compensación mensual los magistrados.
Todas las dependencias del gobierno del estado se basan en un solo tabulador que se publica en el presupuesto de egresos del estado. Según éste, el gobernador gana 86 mil 130 pesos mensuales, los secretarios de estado tienen una remuneración de 76 mil 052 pesos, los subsecretarios de 45 mil 346, y los directores generales 32 mil 382 pesos.
En el caso del Instituto Electoral del Estado, prácticamente en extinción, la información que se publica es que el consejero presidente gana 47 mil 152 pesos cada mes, y el resto de los consejeros 39 mil 607 pesos. A estas cantidades hay que sumarles una compensación de 5 mil 000 pesos mensuales, lo que equivale en total a 52 mil 152 y 44 mil 607 pesos, respectivamente.
Los sueldos más bajos del IEE corresponden a las categorías de capturista y chofer, con sueldos de 3 ml 249 pesos, e intendente, con 2 mil 487 pesos mensuales.
El tabulador de sueldos publicado por el Congreso del Estado es interesante. Por ejemplo, un chofer gana entre 5 mil y 12 mil pesos mensuales, casi la misma cantidad que una secretaria de esa misma institución. Un asesor puede ganar desde 8 mil hasta 22 mil pesos y un director de 15 mil a 33 mil pesos.
Lo más relevante es que un diputado, según su página de internet, gana 51 mil 400 pesos, y hasta publican un comparativo de los ingresos que los legisladores obtienen en otros estados. Así, por ejemplo, los de Guanajuato ganan más de 138 mil pesos, y los de menos salario son los de Jalisco, con 10 mil 723 pesos mensuales. De acuerdo con estos datos, los diputados guerrerenses se ubican en el lugar 19 en nivel salarial.
En cuanto a los ayuntamientos, la página electrónica de Chilpancingo publica que Mario Moreno Arcos tiene una remuneración de 11 mil 964 pesos más 24 mil 144 adicionales de compensación, es decir, en total 36 mil 108 pesos mensuales.
Del mismo municipio, los síndicos ganan 7 mil 398 pesos más 21 mil 115 pesos de compensación, y los regidores 6 ml 528 pesos de sueldo base, más 51 mil pesos de compensación, es decir, los regidores ganan poco menos del doble que el presidente municipal y los síndicos, lo cual no es explicado por la información del sitio web.
Por su parte, el alcalde de Acapulco tiene un sueldo de 70 mil 267 pesos, en tanto que los síndicos perciben 59 mil 938 pesos y los regidores, 54 mil 430 pesos mensuales.
En el caso del gobierno municipal de Chilapa, los secretarios ganan entre 18 y 26 mil pesos, los directores de área, entre 8 y 18 mil pesos, y un operativo tiene una remuneración de entre 2 mil 994 y 7 mil 587 pesos mensuales. Curiosamente, los sueldos del presidente municipal, del síndico y los regidores no están publicados.
Hay otras muchas dependencias, como el Poder Judicial del Rstado de Guerrero que no publican nada o simulan que hay un problema técnico con la página.
La publicación de este tipo de información no es para poner en riesgo, por la inseguridad, a las personas que perciben estos salarios, sino para que la ciudadanía conozca cuánto de sus impuestos se emplean en pagar salarios y así tenga argumentos para exigir que el personal de las dependencias funcione y su trabajo tenga impacto entre la población.
Gastos en comunicación social
Uno de los rubros de información de mayor opacidad es el que se refiere a los gastos de comunicación social de las dependencias, ya que aún son pocas las instituciones que los publican, y las que lo hacen, difunden datos muy generales y no publican, por ejemplo, los convenios que cada institución celebra con los medios de comunicación.
Por ejemplo, la Codehum informa que sus gastos de comunicación fueron por 641 mil 618 pesos de enero a junio de 2013, pero en años anteriores gastó cantidades mayores de casi 800 mil pesos en 2012 y 971 mil 547 pesos en 2011.
Por su parte, el IEEG manifiesta en su portal electrónico que en 2013 erogó un total de 961 mil 500 pesos en el concepto de comunicación social, y desglosa esta cifra en 600 mil pesos en convenios con medios impresos estatales y 200 mil en convenios con medios impresos nacionales, aunque no especifica cuáles fueron esos medios.
En su página, el TEE da a conocer que el monto ejercido para difusión e información del ejercicio fiscal 2011, fue por 280 mil 383 pesos, en tanto que en 2012 se incrementó a 304 mil 259 pesos y en el ejercicio fiscal 2013 fue por la cantidad de 100 mil 099 pesos.
El Poder Judicial del Estado, si bien no presenta un espacio específico para el rubro de gastos de comunicación social, dentro del presupuesto desglosa los conceptos de “publicaciones oficiales” y “publicaciones oficiales para difusión e información”.
De estos rubros, en 2012 gastó poco más de un millón de pesos, en 2013 ejerció casi 1.4 millones y esa misma cantidad tienen programada ejercerla en 2014.
El ITAIG tiene desactualizada su información, y menciona que en 2012 se gastaron 212 mil 555 pesos en el rubro de comunicación social, mientras que en el primer semestre de 2013, el egreso fue de 122 mil 615 en este rubro.
Aunque no es un dato que esté muy visible, el Ayuntamiento de Chilpancingo publica un rubro denominado “Gastos de comunicación social y publicidad”, el cual en 2012 ascendió a 4.1 millones de pesos y en 2013 se incrementó significativamente a 10.9 millones de pesos.
El gobierno del estado gasta una buena cantidad de recursos en comunicación social. En la página electrónica de la Secretaría de Finanzas y Administración se difunde un total de 2,029.6 millones de pesos en el primer año de la administración de Ángel Aguirre, en tanto que en 2012 se incrementó a 3,137.1 millones y en 2013 reportan la misma cantidad.
El Ayuntamiento de Acapulco reportó en 2013 un monto de 31.6 millones de pesos, y lo desglosa por trimestre y en medios impresos, televisión, radio y otros.
El Congreso del Estado no publica sus gastos de comunicación social y el Ayuntamiento de Chilapa anuncia que su página está en proceso de construcción.
Es en los gastos de comunicación social donde más discrecionalidad se percibe. Las dependencias, además de publicar montos globales de sus gastos en este rubro, requieren difundir los criterios con que asignan los montos y seleccionan a los medios, y los convenios con las empresas periodísticas.
Cuentas públicas
En el caso de la publicación de las cuentas públicas, las dependencias de Guerrero han encontrado vericuetos para evadir la difusión de estos datos, ya que se trata de la información del ejercicio fiscal de los tres poderes del estado y de los órganos constitucionalmente autónomos. Un informe de cuenta pública presenta la contabilidad, las finanzas y el ejercicio del gasto de los programas públicos.
La mayor parte de las dependencias, para “cumplir” con la obligación de la ley de transparencia de publicar un informe de su cuenta pública, sólo difunden las fechas en que presentaron sus informes ante la Auditoría General del Estado, pero no difunden el documento.
En este caso están la Codehum, el TEE, el IEE y el ITAIG. El Poder Judicial simplemente pone página en construcción, como subterfugio para no publicar nada, y el Congreso del Estado coloca “en proceso” el apartado correspondiente a esta información.
Otros, como el Ayuntamiento de Acapulco, presentan el acuse con el que presentaron el informe, y el de Chilapa, el acta de la reunión con la AGE donde también presentaron su cuenta pública.
El Ayuntamiento de Chilpancingo sí publica su cuenta pública y también lo hace, aunque de manera muy parcial, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.
Cabe mencionar que la Sefina es la encargada de reunir toda la información correspondiente a las dependencias del Ejecutivo estatal y procesarla para el informe de cuenta pública. Lo anterior significa que no hay información desglosada por cada una de las dependencias, sino un informe global que elabora la Sefina para presentarlo en la AGE.
Lo anterior no permite que se haga un seguimiento detallado del ejercicio de los recursos en cada una de las dependencias, y por lo tanto no puede haber vigilancia ciudadana sin información.
Relación de contratos
Otro de los rubros de mayor opacidad es el que se refiere a la fracción XV del artículo 13 de la Ley de Transparencia, el cual establece que deberán difundirse “los contratos o convenios celebrados, mediante un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón del contratante o proveedor, el servicio contratado y el monto del valor total de la contratación”.
Llama la atención que el TEE, argumentando que “realiza adquisiciones menores por los cuales no se celebra contrato alguno”, no publique ni siquiera la lista de proveedores, el producto o servicios adquirido y el monto de sus adquisiciones, como lo establece la Ley de Transparencia, cuyo espíritu es el de conocer lo que compra y en qué condiciones.
En el caso del IEE, publican los contratos que celebran con el IFE, pero evaden hacer públicas la relación de proveedores.
Igualmente, el ITAIG publica los convenios que ha celebrado con las dependencias públicas, pero omite los que se refieren a los proveedores de bienes y servicios y que en todo caso son los que más interesan a la ciudadanía.
El Congreso del Estado prefiere colocar este apartado “en proceso” para no publicar nada.
El Ayuntamiento de Chilpancingo publica un convenio con el ITAIG y un formato de convenio para regularizar el servicio de agua potable con particulares, pero de los proveedores nada.
La Codehum, el Ayuntamiento de Chilapa y algunas dependencias del gobierno del estado publican una relación parcial de sus proveedores, ya que tienen información sobre la fecha, el bien o servicio prestado y el monto que pagan, pero no publican el nombre del proveedor.
La única dependencia en Guerrero que publica de manera completa sobre sus contratos con proveedores –incluso con información adicional de la que exige la ley de transparencia– es el Ayuntamiento de Acapulco.

Ocho años de ocultar información pública

El Sur de Acapulco

La Secretaría de Salud del gobierno del estado es la dependencia que más quejas ha recibido en Guerrero por negar información a la ciudadanía, pues de 2006 a la fecha registró  27 recursos de revisión, que representan el 7.3 por ciento del total de quejas presentadas en el estado en ocho años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

Hay otras dependencias también renuentes a entregar información como la Secretaría de Finanzas y Administración, con 18 quejas (4.9 por ciento), la Secretaría de Educación de Guerrero con  17 recursos de revisión (4.6 por ciento) y la Procuraduría General de Justicia del Estado con 16 (4.3 por ciento).
En el caso de los ayuntamientos, son los de Tixtla y Chilpancingo los que más acumularon quejas en su contra, ya que cada uno recibió 18 quejas; le siguieron los gobiernos municipales de Tecoanapa con 15 recursos de revisión, y Mártir de Cuilapan y Coyuca de Benítez, con 12 cada uno.
Otras dependencias que también se distinguieron por su alto número de inconformidades ciudadanas relacionadas con su negativa a dar información son la Universidad Autónoma de Guerrero, con 15, y el Congreso del estado con 14 recursos de revisión.
Las quejas o recursos de revisión presentados por la ciudadanía son indicadores de la poca o nula disposición y voluntad de los titulares de las dependencias y entidades gubernamentales para ser transparentes y entregar información pública a los ciudadanos.
Pero también son indicador de la inexistencia de una política gubernamental de transparencia y promoción del acceso a la información; si las inconformidades son muchas, esa política no existe, como es el caso del estado de Guerrero.
Aunque no existen datos oficiales sobre este tema, se estima que en Guerrero hay un alto subregistro de quejas debido a que las y los ciudadanos no se interesan en presentarlas por los largos procedimientos que deben seguir, porque no tienen certeza de que se aplicará la ley o porque no tienen confianza en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado.

Guerrero, casi sin quejas

Para dimensionar el tamaño del subregistro de quejas, hay que comparar el total de solicitudes de información presentadas en el estado con el número de quejas formalmente interpuestas ante el ITAG.
De junio de 2006 a marzo de 2007 se presentaron 2,184 solicitudes y sólo cuatro recursos de revisión, para una proporción de 0.1 por ciento. De abril 2007 a marzo de 2008, la proporción fue de 1 por ciento, y en el periodo de abril a diciembre de 2018, se incrementó a 2.4 por ciento.
En 2009, la proporción entre quejas y solicitudes recibidas nuevamente disminuyó a 1.3 por ciento y al siguiente año, en 2010, fue casi similar: de 1.5 por ciento.
En 2011 la proporción se mantuvo constante al llegar a 1.3 por ciento, y en 2012 se incrementó a 2.2 por ciento.
Finalmente, en el ejercicio 2013, se tuvo la proporción más alta -y la más cercana a la realidad-, ya que la relación entre número de quejas y solicitudes recibidas fue de 4.3 por ciento.
Si se observa el comportamiento de las cifras en las dos administraciones estatales, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, es decir, de junio de 2006 a diciembre de 2010 se presentaron 52 recursos de revisión en las dependencias del ejecutivo, mientras que en los tres años que lleva el gobierno de Ángel Aguirre, el número de quejas se incrementó a 112, es decir, más del doble que en cinco años de su antecesor.
En el caso del periodo de los gobiernos municipales, en el trienio de 2006 a 2009, los ayuntamientos recibieron en total 70 quejas; en el periodo 2009 a 2012, la cifra disminuyó a 38, y en los dos años de las actuales administraciones municipales, ya se registraron 57 recursos de revisión en contra de ayuntamientos.
Para dar una idea de lo que sucede en el ámbito federal –ante la inexistencia de datos confiables en Guerrero- de 2003 a 2012, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales reportó una proporción promedio, entre las quejas y solicitudes recibidas, de 5.3 por ciento, mientras que el promedio de Guerrero es de apenas  1.7 por ciento.
Si no fuese por el subregistro de quejas, pareciera que en Guerrero las dependencias públicas del estado son transparentes y con toda la disposición de proporcionar la información pública que les requieren los ciudadanos –ya que éstos no presentan recursos de revisión para inconformarse-. 
Pero la realidad es otra, los sucesivos gobiernos del estado, municipales, poderes, organismos autónomos  se han caracterizado por negar o retardar la información que solicitan los ciudadanos pretextando diversos argumentos como que es información clasificada como reservada o confidencial, declarando su inexistencia, cobrando cantidades grandes por las fotocopias o apostando al olvido y al desgaste de la ciudadanía a quien citan una y otra vez.

Las cifras del IFAI

Si se observa por año, el IFAI reporta que en 2003, 2004, 2005 y 2006, la proporción entre quejas y solicitudes fue de 2.6, 3.8, 5.3 y 5.9 por ciento, respectivamente.
En los ejercicios de 2007, 2008, 2009 y 2010 los registros del órgano garante federal son de 5.1, 5.8, 5.1 y 6.7 por ciento.
Y finalmente, en el año 2012 la proporción fue de 5 por ciento y en 2012 disminuyó a 4.7 por ciento.
Como se observa en los datos del nivel federal, la proporción entre quejas y solicitudes es más o menos constante y se ha mantenido en los últimos años, mientras que en Guerrero las cifras no tienen uniformidad, aunque se observa que la presentación de quejas va en aumento, lo que significa que gradualmente el subregistro comienza a disminuir.
En Guerrero, la ausencia de quejas no se explica porque las dependencias públicas del estado tengan mecanismos fluidos para facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública, sino porque no hay confianza en las instituciones y porque es complicado el procedimiento de presentación de quejas ante el ITAIG.  
De acuerdo con datos del IFAI, Guerrero es uno de los estados que registra el menor número de solicitudes de información a las dependencias federales.
Por ejemplo, de 2003 a 2008 se presentaron un total de 2,139 solicitudes, que representan apenas 0.57 por ciento de todas las solicitudes presentadas en el país correspondientes al ámbito federal.
En 2009 se presentaron 658 peticiones, al siguiente año 674, en 2011 se registraron 405 y en 2012 fueron 545.
De manera global, en Guerrero se presentaron apenas el 0.4 por ciento de las peticiones dirigidas a las dependencias federales, en el periodo de 2003 a 2012.
Esto contrasta los resultados de otros estados como Morelos, en donde se presentaron 4.6 por ciento de las peticiones del país, o como el estado de Puebla, donde la ciudadanía presentó el 2.4 por ciento de las solicitudes a nivel nacional en el mismo periodo.

Dependencias reacias

Algunas dependencias se resisten más a entregar información pública que otras. Por ejemplo, varios ayuntamientos recibieron sólo una solicitud de información, y al no responderla o negar la información, los ciudadanos presentaron también una inconformidad formal ante el ITAIG. En este caso la proporción es de 100 por ciento entre el número de solicitudes y quejas presentadas. Es el caso de los ayuntamientos de Tlacoachistlahuaca, Teloloapan, Huamuxtitlán y Coachoapa el Grande.
Otras dependencias con proporciones altas entre solicitudes de información y quejas son Ometepec, con 50 por ciento, Coyuca de Benítez, con 48 por ciento, y el ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, que tiene 44.4 por ciento. Esto significa que por lo menos la mitad de las solicitudes que presentaron los ciudadanos terminaron en quejas.
Con alto número de inconformidades se encuentra el Instituto Guerrerense de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores, con 18.7 por ciento, la Universidad Autónoma de Guerrero, con una proporción de 11.1 por ciento, el ayuntamiento de Iguala, con 10.3 por ciento, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria con 13.3 por ciento, la Secretaría de Desarrollo Rural con 10.1 por ciento, la Secretaría de Fomento Turístico con 9.4 por ciento.
Todas las dependencias que tienen una alta proporción de quejas en relación con las solicitudes que se les presentan, son de las más opacas del estado, ya que coinciden en que no sólo no difunden la información de oficio que les exige la normatividad, sino también omiten entregarla cuando los ciudadanos la solicitan.  
La inconsistencia de los datos impide realizar este ejercicio con todas las dependencias, ya que, por ejemplo, el ayuntamiento de Tixtla registra 18 quejas, pero según los datos del ITAIG, este municipio solo reportó 11 solicitudes de información. Lo mismo sucede con los gobiernos municipales de San Marcos y Atoyac, que registran siete y cuatro quejas, respectivamente, pero que en el ámbito de las solicitudes de información solo reportan cuatro y una.
Otros municipios que tienen registrados recursos de revisión son Florencio Villarreal, Ayutla, Ahuacuotzingo, Ajuchitlán, Arcelia, Atlixtac, Copalillo, Cutzamala, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Metlatónoc, Pungarabato, San Miguel Totolapan, pero no parecen los registros con solicitudes de información presentadas.

Quejas por sectores

Hasta el 31 de diciembre de 2013, fue en las dependencias del ejecutivo estatal donde más quejas de presentaron, ya que se registran 168 del total. En el sector ayuntamientos se presentaron 166 quejas, mientras que en los organismos autónomos se registraron 19 y en el Congreso del estado, 14 quejas.
En números absolutos, la Secretaría de Salud  tiene hasta esa fecha 27 quejas, la Sefina con 18, la de Educación de Guerrero con 17, la Procuraduría de Justicia del Estado con 16, la Contraloría General con 9 y las Secretarías de Desarrollo Rural y de Fomento Turístico, con ocho cada una. Estas dependencias del ejecutivo concentran el 28 por ciento de las quejas interpuestas por ciudadanos en ocho años.
También con números absolutos, los ayuntamientos de Tixtla y Chilpancingo encabezan la lista con 18 inconformidades, Tecoanapa con 15, Mártir de Cuilapa y Coyuca de Benítez con 12 quejas cada uno, Chilapa con nueve y San Marcos con siete.  Estos ayuntamientos concentran el 24.8 por ciento de las quejas totales presentadas en el estado de Guerrero.
Por su parte, La Universidad Autónoma de Guerrero tuvo 15 quejas en el periodo, el Congreso del estado 14 y el Tribunal Superior de Justicia con tres inconformidades.
Los inconformidades ciudadanas más frecuentes fueron la negativa a dar información (no respondiendo las solicitudes), respuestas no satisfactorias (por proporcionar información que no corresponde o de manera incompleta), y respuestas que clasifican la información como reservada o confidencial, o bien, declarándola inexistente.
Cabe mencionar que muchas de las quejas interpuestas por los ciudadanos no proceden porque se presentaron fuera del tiempo que establece la ley. Y otras, aunque la resolución del ITAIG haya sido a favor del quejoso, no se tiene registro de si realmente la dependencia demandada entregó la información o continuó siendo omisa.
Los recursos de revisión o quejas que se han presentado en el estado de Guerrero no alcanzan a diagnosticar plenamente la problemática existente en torno al derecho de acceso a la información de los guerrerenses.
Es evidente que la resistencia del sector público a facilitar el ejercicio de este derecho es más complejo, y rebasa el análisis del comportamiento de los datos acerca de los recursos de revisión presentados por la ciudadanía. Sin embargo, sí alcanza a dar una rápida radiografía de que, aun cuando las cifras son inconsistentes, la ciudadanía sigue enfrentándose a un aparato público que no dará tregua si las personas no están dispuestas a dar la batalla para ejercer su derecho de acceso a la información.