Desairan el Info Guerrero. Pleito en el ITAIG. Nuevo auditor

Publicado en el Sur de Acapulco

Para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información en el estado, sólo ha habido una decisión acertada en muchos años. Se trata del establecimiento del sistema Info Gro, que es una plataforma electrónica para sistematizar la recepción y respuesta a las solicitudes de información que presentan las y los ciudadanos. http://info.guerrero.gob.mx/

Con la puesta en marcha de este instrumento en febrero de 2011, el número de peticiones de información se incrementó notablemente y prosigue hasta la fecha.
Sin embargo, es todavía un sistema limitado porque hasta hoy solo se emplea para procesar las solicitudes del Ejecutivo del estado, cuyas entidades y dependencias en total no alcanzan ni la mitad de los oficinas públicas que hay en el estado, es decir, no están incluidos los ayuntamientos, que son los sujetos obligados que más deficiencias tienen en materia de transparencia y acceso a la información.
También este sistema tiene la desventaja de que no se puede presentar un recurso de revisión o queja a través de este medio.
Así pues, el Info Gro modificó sustancialmente el panorama para el ejercicio de acceso a la información de Guerrero, pero no se ha aprovechado todo su potencial, que sería de mucha utilidad para los ciudadanos guerrerenses.

Info Gro, no es relevante para el ITAIG

No obstante que el Info Gro es un mecanismo estratégico para impulsar significativamente el derecho de acceso a la información en Guerrero, el Instituto Transparencia y Acceso a la Información del estado no lo considera relevante y lo menciona solo de manera tangencial en su programa anual de trabajo 2014 en los siguientes términos: “Gestionar la transferencia al Instituto de Transparencia del sistema Infomex Guerrero” http://www.itaig.org.mx/sipoeg/.
Si bien es conveniente que el Info Gro sea operado por el ITAIG –actualmente en manos del gobierno del estado- tampoco es prioritario que así sea.
Lo realmente importante es gestionar con urgencia que a este sistema electrónico de recepción y respuesta a solicitudes de información se incluyan otras dependencias del sector público, como los ayuntamientos, el Congreso del estado, el poder judicial y los organismos autónomos.
Actualmente algunas de estas oficinas gubernamentales cuentan con un formato electrónico para recibir solicitudes de información a la ciudadanía, pero casi ninguno tiene un mecanismo de acuse que garantice al solicitante mediante un comprobante que la dependencia recibió la información.
Es frecuente que las dependencias hagan caso omiso a las solicitudes, y los ciudadanos no tengan forma de probar que la enviaron. 
Los ayuntamientos –otro de los temas que ni siquiera se menciona en el programa de trabajo del ITAIG- son los que más requieren ser incorporados al Info Gro, ya que son los más omisos para entregar información a los ciudadanos que los requieren. La mayor parte de los gobiernos municipales no cuentan con página web, y tampoco hasta hoy han procurado tener un mecanismo –aunque sea una dirección de correo electrónico- para la recepción de solicitudes de información.

El caso Oaxaqueño

Oaxaca terminó con el mito de que los ayuntamientos que gobiernan municipios de alta marginación deben tener muchas consideraciones porque supuestamente no tienen los recursos necesarios que les permitan tener acceso a la tecnología para facilitar el acceso a la información de su quehacer gubernamental. La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Estado de Oaxaca informó que en el primer semestre de 2013 se incorporaron 30 ayuntamientos al Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública –el equivalente del Info Gro-, lo que da un total de 235 municipios –de 470 que tiene el estado- que ya atienden solicitudes de información por esta vía.
Hay que recordar que en el artículo 6 de la Constitución federal, se establece en los transitorios que los municipios con población de más de 70 mil habitantes, además de tener y poner a disposición la documentación que avale su gestión y resultados, están obligados a hacer pública su información a través de medios electrónicos, así como facilitar el procedimiento de acceso a la información pública a través de esta vía.
En Oaxaca solo cinco demarcaciones superan los 70 mil habitantes, pero son 235 municipios los que han tenido la voluntad de incorporarse al SIEAIP, para recibir y contestar solicitudes de información vía electrónica. Es decir, el solicitante de información tiene la posibilidad de dirigir sus preguntas a 235 municipios, y esperar las respuestas por el mismo medio, sin la necesidad de trasladarse por la complicada orografía del estado, ni cumplir con horarios de oficina.
Esto no sucede en Guerrero ni se contempla que en el corto plazo sean incorporados los ayuntamientos al sistema Info Gro, porque el ITAIG no lo tiene entre sus prioridades.

El convenio

Fue un acierto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la promoción que hizo entre los estados para que instalaran una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
En Guerrero, el IFAI firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado y la ex Comisión de Acceso a la Información de Guerrero en marzo de 2008. El documento tenía el propósito de establecer las “bases y mecanismos operativos para que "EL IFAI" otorgue el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, acceso y corrección de datos personales, sus respuestas, así como la presentación y resolución en su caso, de los recursos de queja, y reconsideración, denominado "Sistema Infomex" a "el poder ejecutivo" y "la Caipegro".
Sin embargo, fue hasta el 1 de febrero de 2011, tres largos años después de firmado el convenio con el IFAI, cuando comenzó a funcionar la plataforma Info Gro que desde el primer año de funcionamiento se vio su gran utilidad, ya que de 2006 a 2010, el promedio anual de solicitudes presentadas ante el Ejecutivo del estado fue de poco más de 200. Sin embargo, en el primer año del del Info Gro, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó hasta llegar a 1,061 solicitudes por vía electrónica y al siguiente año rebasó las 1,500 solicitudes.

Omisiones del órgano garante

El desaire al sistema Info Gro por el órgano garante de la transparencia en Guerrero no es reciente. La ex Caipegro omitió realizar muchas actividades clave para potenciar el derecho de acceso a la información que suscribió y se comprometió a efectuar en el convenio con el IFAI.
Po ejemplo, en la cláusula quinta, inciso d), los ex comisionados se comprometieron a “Impulsar, facilitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todos los entes públicos obligados que integran el gobierno y los municipios del estado de Guerrero, a través de la implementación del Sistema Infomex".
Sin embargo, actualmente más de la mitad de las dependencias públicas del estado, entre ellas los 81 ayuntamientos, no están incorporados al sistema.
Otra de las omisiones graves de la ex Caipegro fue que nunca emitió “los criterios y lineamientos para el diseño y adecuación del sistema Infomex para la gestión de las solicitudes de información pública y de acceso, corrección de datos personales, las respuestas por parte de los sujetos obligados y la presentación y atención de recursos”.
Cabe recordar también que en 2011, el ITAIG incrementó de manera sustancial su presupuesto, en casi 50 por ciento, al pasar de 6.4 a 9.4 millones de pesos. En ese año, el ex consejero Marco Cueva comentó que con “el 50 % adicional se está viendo la posibilidad de comprar equipo para que el ITAIG opere directamente el (sistema automatizado) Info Guerrero. También para abrir más espacios para la gente que está laborando, tenemos un solo vehículo, y también prestaciones para los empleados”.
Sin embargo, ese incremento nunca se tradujo en la operación del Info Gro por el ITAIG ni tampoco en resultados palpables en materia de transparencia y rendición de cuentas. Más recursos igual opacidad.
El Info Gro no es la panacea del derecho de acceso a la información en el estado, pero ayuda mucho. Queda sin embargo una deuda pendiente con miles de guerrerenses que aún no tienen acceso a una computadora ni a internet, por lo que tendrán que diseñarse estrategias específicas que contribuyan a cerrar esta brecha digital, a efecto de que estos sectores también puedan ejercer su derecho de acceso a la información.

El ITAIG no necesita más desprestigio

La semana anterior, los todavía impugnados consejeros del ITAIG escenificaron una grotesca disputa entre ellos, como si el organismo garante de la trasparencia en Guerrero requiriera de este tipo de espectáculos para sumar mayor desprestigio.
Pugnas que tienen su origen precisamente en la manera en que fueron designados por los diputados de la presente legislatura, es decir, por cuotas partidistas, hoy cada consejero reclama su derecho a incorporar al trabajo a sus propios recomendados, dejando de lado el interés general.
Con estas actitudes, se avecina una crisis financiera en el ITAIG, ya que la nómina ha crecido, aunque la opacidad en el estado sigue igual. No será extraño que los encargados soliciten un préstamo a cuenta del presupuesto del año siguiente, para cubrir todos los compromisos que adquirieron.
Hay en este zafarrancho una gran responsabilidad de los diputados, pues ellos designaron a los consejeros y deben corresponsabilizarse de sus actos y conductas. Ojalá hagan un exhorto al orden al órgano garante.
Luego de que un juez emita su resolución para ratificar o rectificar la designación de los que despachan en el órgano garante, el ITAIG deberá trabajar mucho para construir credibilidad entre la ciudadanía, hoy tan mermada por los anteriores y actuales consejeros.

La elección del nuevo auditor

La Auditoría General del Estado de Guerrero es una institución que siempre ha estado capturada por intereses políticos y ha sido empleada como instrumento de presión, muy lejos de su función técnica que establece la ley para la fiscalización superior de las dependencias gubernamentales que ejercen recursos públicos.
A la fecha, no hay un contrapeso efectivo (el Congreso no ha servido como tal, sino al contrario, también la utiliza para sus intereses al igual que el ejecutivo del estado) que garantice que la AGE sea realmente un órgano para exigir la rendición de cuentas.
En el actual proceso, el Congreso ha enviado un pésimo mensaje a la sociedad con la designación de una persona que no era elegible, por ser funcionario público.
En el proceso de fiscalización, la ciudadanía organizada nunca ha participado y por ello será necesario buscar los mecanismos que garanticen el funcionamiento de la AGE como un organismo técnico profesional para la rendición de cuentas.
Otro paso que deberá tomarse en cuenta es modificar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Guerrero para incorporar la participación ciudadana en la vigilancia y en algunas de las etapas de la fiscalización, como ya sucede en varios países sudamericanos.
La modificación de la ley también deberá establecer la obligación de dar un mayor énfasis hacia la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, y no sólo en el nivel institucional.
Asimismo, la publicación sin restricciones de todos los informes de cuenta pública y los resultados de las revisiones que realiza la AGE, como ya lo establecen las leyes de transparencia, fiscalización superior y los decretos del presupuesto de egresos del estado, y que a la fecha permanecen en la opacidad.
Finalmente será necesario priorizar en la fiscalización superior, la revisión del cumplimiento de metas y objetivos (impactos del ejercicio de los recursos) y no sólo la revisión de documentos y facturas.

Los espacios oscuros de las dependencias públicas

Publicado en el Sur de Acapulco
Aun cuando en el primer semestre de 2014 las dependencias públicas de Guerrero incrementaron su nivel de cumplimiento de la ley de transparencia, en las páginas electrónicas oficiales todavía no se observa información clave y relevante para conocer lo que hacen y sucede en las dependencias, reduciéndose con esto la posibilidad de que la ciudadanía vigile el funcionamiento del sector público.
En esta entrega se revisan los casos de los temas de sueldos y salarios, los gastos de comunicación social, los informes de cuenta pública y los contratos con proveedores.
Sueldos y salarios
Las dependencias públicas comienzan a publicar información sobre los sueldos de su personal; en la revisión de las páginas electrónicas se encontraron datos inconsistentes y en casi todos los casos, parciales. Por ejemplo, una constante fue que ningún titular gana menos de 30 mil pesos mensuales, y en los casos más afortunados, la remuneración es cercana a los 100 mil pesos. En el lado opuesto, los salarios más bajos a veces no alcanzan ni los 2 mil 500 pesos.
Uno de los puestos mejor pagados en el estado es el del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, cuyo sueldo base es de hasta 62 mil 756 pesos más una compensación de hasta 23 mil 589 pesos, es decir, en total 86 mil 345 pesos mensuales.
En el otro extremo, los administrativos de esa misma dependencia ganan de 2 mil 363 a 5 mil 838 pesos con compensaciones adicionales de entre 500 y mil 586 pesos.
Otros cargos bien pagados son los de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo tabulador salarial indica que éstos perciben desde 44 mil 055 pesos hasta 67 mil 949 y una compensación de 10 mil pesos mensuales. En suma, los consejeros del ITAIG tienen una remuneración de 77 mil 949 pesos cada mes.
Los intendentes, choferes y vigilantes del ITAIG son las categorías laborales más bajas, pues perciben entre 4 mil 100 y 5 mil 184 pesos mensuales.
Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado publica el tabulador de sueldos de sus funcionarios, y ahí se puede observar que los magistrados reciben un salario neto mensual que va de 50 mil 943 a 63 mil 679 pesos mensuales. Agrega la página electrónica del TEE que adicionalmente los magistrados reciben una compensación de 10 mil pesos, lo que equivale a una remuneración mensual de 73 mil 679 pesos.
Por otra parte, el sueldo más bajo que se publica en la página del TEE es de los jardineros e intendentes, que reciben entre 4 mil 332 y 5 mil 415 pesos, es decir, apenas cerca de la mitad de lo que reciben sólo de compensación mensual los magistrados.
Todas las dependencias del gobierno del estado se basan en un solo tabulador que se publica en el presupuesto de egresos del estado. Según éste, el gobernador gana 86 mil 130 pesos mensuales, los secretarios de estado tienen una remuneración de 76 mil 052 pesos, los subsecretarios de 45 mil 346, y los directores generales 32 mil 382 pesos.
En el caso del Instituto Electoral del Estado, prácticamente en extinción, la información que se publica es que el consejero presidente gana 47 mil 152 pesos cada mes, y el resto de los consejeros 39 mil 607 pesos. A estas cantidades hay que sumarles una compensación de 5 mil 000 pesos mensuales, lo que equivale en total a 52 mil 152 y 44 mil 607 pesos, respectivamente.
Los sueldos más bajos del IEE corresponden a las categorías de capturista y chofer, con sueldos de 3 ml 249 pesos, e intendente, con 2 mil 487 pesos mensuales.
El tabulador de sueldos publicado por el Congreso del Estado es interesante. Por ejemplo, un chofer gana entre 5 mil y 12 mil pesos mensuales, casi la misma cantidad que una secretaria de esa misma institución. Un asesor puede ganar desde 8 mil hasta 22 mil pesos y un director de 15 mil a 33 mil pesos.
Lo más relevante es que un diputado, según su página de internet, gana 51 mil 400 pesos, y hasta publican un comparativo de los ingresos que los legisladores obtienen en otros estados. Así, por ejemplo, los de Guanajuato ganan más de 138 mil pesos, y los de menos salario son los de Jalisco, con 10 mil 723 pesos mensuales. De acuerdo con estos datos, los diputados guerrerenses se ubican en el lugar 19 en nivel salarial.
En cuanto a los ayuntamientos, la página electrónica de Chilpancingo publica que Mario Moreno Arcos tiene una remuneración de 11 mil 964 pesos más 24 mil 144 adicionales de compensación, es decir, en total 36 mil 108 pesos mensuales.
Del mismo municipio, los síndicos ganan 7 mil 398 pesos más 21 mil 115 pesos de compensación, y los regidores 6 ml 528 pesos de sueldo base, más 51 mil pesos de compensación, es decir, los regidores ganan poco menos del doble que el presidente municipal y los síndicos, lo cual no es explicado por la información del sitio web.
Por su parte, el alcalde de Acapulco tiene un sueldo de 70 mil 267 pesos, en tanto que los síndicos perciben 59 mil 938 pesos y los regidores, 54 mil 430 pesos mensuales.
En el caso del gobierno municipal de Chilapa, los secretarios ganan entre 18 y 26 mil pesos, los directores de área, entre 8 y 18 mil pesos, y un operativo tiene una remuneración de entre 2 mil 994 y 7 mil 587 pesos mensuales. Curiosamente, los sueldos del presidente municipal, del síndico y los regidores no están publicados.
Hay otras muchas dependencias, como el Poder Judicial del Rstado de Guerrero que no publican nada o simulan que hay un problema técnico con la página.
La publicación de este tipo de información no es para poner en riesgo, por la inseguridad, a las personas que perciben estos salarios, sino para que la ciudadanía conozca cuánto de sus impuestos se emplean en pagar salarios y así tenga argumentos para exigir que el personal de las dependencias funcione y su trabajo tenga impacto entre la población.
Gastos en comunicación social
Uno de los rubros de información de mayor opacidad es el que se refiere a los gastos de comunicación social de las dependencias, ya que aún son pocas las instituciones que los publican, y las que lo hacen, difunden datos muy generales y no publican, por ejemplo, los convenios que cada institución celebra con los medios de comunicación.
Por ejemplo, la Codehum informa que sus gastos de comunicación fueron por 641 mil 618 pesos de enero a junio de 2013, pero en años anteriores gastó cantidades mayores de casi 800 mil pesos en 2012 y 971 mil 547 pesos en 2011.
Por su parte, el IEEG manifiesta en su portal electrónico que en 2013 erogó un total de 961 mil 500 pesos en el concepto de comunicación social, y desglosa esta cifra en 600 mil pesos en convenios con medios impresos estatales y 200 mil en convenios con medios impresos nacionales, aunque no especifica cuáles fueron esos medios.
En su página, el TEE da a conocer que el monto ejercido para difusión e información del ejercicio fiscal 2011, fue por 280 mil 383 pesos, en tanto que en 2012 se incrementó a 304 mil 259 pesos y en el ejercicio fiscal 2013 fue por la cantidad de 100 mil 099 pesos.
El Poder Judicial del Estado, si bien no presenta un espacio específico para el rubro de gastos de comunicación social, dentro del presupuesto desglosa los conceptos de “publicaciones oficiales” y “publicaciones oficiales para difusión e información”.
De estos rubros, en 2012 gastó poco más de un millón de pesos, en 2013 ejerció casi 1.4 millones y esa misma cantidad tienen programada ejercerla en 2014.
El ITAIG tiene desactualizada su información, y menciona que en 2012 se gastaron 212 mil 555 pesos en el rubro de comunicación social, mientras que en el primer semestre de 2013, el egreso fue de 122 mil 615 en este rubro.
Aunque no es un dato que esté muy visible, el Ayuntamiento de Chilpancingo publica un rubro denominado “Gastos de comunicación social y publicidad”, el cual en 2012 ascendió a 4.1 millones de pesos y en 2013 se incrementó significativamente a 10.9 millones de pesos.
El gobierno del estado gasta una buena cantidad de recursos en comunicación social. En la página electrónica de la Secretaría de Finanzas y Administración se difunde un total de 2,029.6 millones de pesos en el primer año de la administración de Ángel Aguirre, en tanto que en 2012 se incrementó a 3,137.1 millones y en 2013 reportan la misma cantidad.
El Ayuntamiento de Acapulco reportó en 2013 un monto de 31.6 millones de pesos, y lo desglosa por trimestre y en medios impresos, televisión, radio y otros.
El Congreso del Estado no publica sus gastos de comunicación social y el Ayuntamiento de Chilapa anuncia que su página está en proceso de construcción.
Es en los gastos de comunicación social donde más discrecionalidad se percibe. Las dependencias, además de publicar montos globales de sus gastos en este rubro, requieren difundir los criterios con que asignan los montos y seleccionan a los medios, y los convenios con las empresas periodísticas.
Cuentas públicas
En el caso de la publicación de las cuentas públicas, las dependencias de Guerrero han encontrado vericuetos para evadir la difusión de estos datos, ya que se trata de la información del ejercicio fiscal de los tres poderes del estado y de los órganos constitucionalmente autónomos. Un informe de cuenta pública presenta la contabilidad, las finanzas y el ejercicio del gasto de los programas públicos.
La mayor parte de las dependencias, para “cumplir” con la obligación de la ley de transparencia de publicar un informe de su cuenta pública, sólo difunden las fechas en que presentaron sus informes ante la Auditoría General del Estado, pero no difunden el documento.
En este caso están la Codehum, el TEE, el IEE y el ITAIG. El Poder Judicial simplemente pone página en construcción, como subterfugio para no publicar nada, y el Congreso del Estado coloca “en proceso” el apartado correspondiente a esta información.
Otros, como el Ayuntamiento de Acapulco, presentan el acuse con el que presentaron el informe, y el de Chilapa, el acta de la reunión con la AGE donde también presentaron su cuenta pública.
El Ayuntamiento de Chilpancingo sí publica su cuenta pública y también lo hace, aunque de manera muy parcial, la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.
Cabe mencionar que la Sefina es la encargada de reunir toda la información correspondiente a las dependencias del Ejecutivo estatal y procesarla para el informe de cuenta pública. Lo anterior significa que no hay información desglosada por cada una de las dependencias, sino un informe global que elabora la Sefina para presentarlo en la AGE.
Lo anterior no permite que se haga un seguimiento detallado del ejercicio de los recursos en cada una de las dependencias, y por lo tanto no puede haber vigilancia ciudadana sin información.
Relación de contratos
Otro de los rubros de mayor opacidad es el que se refiere a la fracción XV del artículo 13 de la Ley de Transparencia, el cual establece que deberán difundirse “los contratos o convenios celebrados, mediante un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón del contratante o proveedor, el servicio contratado y el monto del valor total de la contratación”.
Llama la atención que el TEE, argumentando que “realiza adquisiciones menores por los cuales no se celebra contrato alguno”, no publique ni siquiera la lista de proveedores, el producto o servicios adquirido y el monto de sus adquisiciones, como lo establece la Ley de Transparencia, cuyo espíritu es el de conocer lo que compra y en qué condiciones.
En el caso del IEE, publican los contratos que celebran con el IFE, pero evaden hacer públicas la relación de proveedores.
Igualmente, el ITAIG publica los convenios que ha celebrado con las dependencias públicas, pero omite los que se refieren a los proveedores de bienes y servicios y que en todo caso son los que más interesan a la ciudadanía.
El Congreso del Estado prefiere colocar este apartado “en proceso” para no publicar nada.
El Ayuntamiento de Chilpancingo publica un convenio con el ITAIG y un formato de convenio para regularizar el servicio de agua potable con particulares, pero de los proveedores nada.
La Codehum, el Ayuntamiento de Chilapa y algunas dependencias del gobierno del estado publican una relación parcial de sus proveedores, ya que tienen información sobre la fecha, el bien o servicio prestado y el monto que pagan, pero no publican el nombre del proveedor.
La única dependencia en Guerrero que publica de manera completa sobre sus contratos con proveedores –incluso con información adicional de la que exige la ley de transparencia– es el Ayuntamiento de Acapulco.

Ocho años de ocultar información pública

El Sur de Acapulco

La Secretaría de Salud del gobierno del estado es la dependencia que más quejas ha recibido en Guerrero por negar información a la ciudadanía, pues de 2006 a la fecha registró  27 recursos de revisión, que representan el 7.3 por ciento del total de quejas presentadas en el estado en ocho años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

Hay otras dependencias también renuentes a entregar información como la Secretaría de Finanzas y Administración, con 18 quejas (4.9 por ciento), la Secretaría de Educación de Guerrero con  17 recursos de revisión (4.6 por ciento) y la Procuraduría General de Justicia del Estado con 16 (4.3 por ciento).
En el caso de los ayuntamientos, son los de Tixtla y Chilpancingo los que más acumularon quejas en su contra, ya que cada uno recibió 18 quejas; le siguieron los gobiernos municipales de Tecoanapa con 15 recursos de revisión, y Mártir de Cuilapan y Coyuca de Benítez, con 12 cada uno.
Otras dependencias que también se distinguieron por su alto número de inconformidades ciudadanas relacionadas con su negativa a dar información son la Universidad Autónoma de Guerrero, con 15, y el Congreso del estado con 14 recursos de revisión.
Las quejas o recursos de revisión presentados por la ciudadanía son indicadores de la poca o nula disposición y voluntad de los titulares de las dependencias y entidades gubernamentales para ser transparentes y entregar información pública a los ciudadanos.
Pero también son indicador de la inexistencia de una política gubernamental de transparencia y promoción del acceso a la información; si las inconformidades son muchas, esa política no existe, como es el caso del estado de Guerrero.
Aunque no existen datos oficiales sobre este tema, se estima que en Guerrero hay un alto subregistro de quejas debido a que las y los ciudadanos no se interesan en presentarlas por los largos procedimientos que deben seguir, porque no tienen certeza de que se aplicará la ley o porque no tienen confianza en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado.

Guerrero, casi sin quejas

Para dimensionar el tamaño del subregistro de quejas, hay que comparar el total de solicitudes de información presentadas en el estado con el número de quejas formalmente interpuestas ante el ITAG.
De junio de 2006 a marzo de 2007 se presentaron 2,184 solicitudes y sólo cuatro recursos de revisión, para una proporción de 0.1 por ciento. De abril 2007 a marzo de 2008, la proporción fue de 1 por ciento, y en el periodo de abril a diciembre de 2018, se incrementó a 2.4 por ciento.
En 2009, la proporción entre quejas y solicitudes recibidas nuevamente disminuyó a 1.3 por ciento y al siguiente año, en 2010, fue casi similar: de 1.5 por ciento.
En 2011 la proporción se mantuvo constante al llegar a 1.3 por ciento, y en 2012 se incrementó a 2.2 por ciento.
Finalmente, en el ejercicio 2013, se tuvo la proporción más alta -y la más cercana a la realidad-, ya que la relación entre número de quejas y solicitudes recibidas fue de 4.3 por ciento.
Si se observa el comportamiento de las cifras en las dos administraciones estatales, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, es decir, de junio de 2006 a diciembre de 2010 se presentaron 52 recursos de revisión en las dependencias del ejecutivo, mientras que en los tres años que lleva el gobierno de Ángel Aguirre, el número de quejas se incrementó a 112, es decir, más del doble que en cinco años de su antecesor.
En el caso del periodo de los gobiernos municipales, en el trienio de 2006 a 2009, los ayuntamientos recibieron en total 70 quejas; en el periodo 2009 a 2012, la cifra disminuyó a 38, y en los dos años de las actuales administraciones municipales, ya se registraron 57 recursos de revisión en contra de ayuntamientos.
Para dar una idea de lo que sucede en el ámbito federal –ante la inexistencia de datos confiables en Guerrero- de 2003 a 2012, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales reportó una proporción promedio, entre las quejas y solicitudes recibidas, de 5.3 por ciento, mientras que el promedio de Guerrero es de apenas  1.7 por ciento.
Si no fuese por el subregistro de quejas, pareciera que en Guerrero las dependencias públicas del estado son transparentes y con toda la disposición de proporcionar la información pública que les requieren los ciudadanos –ya que éstos no presentan recursos de revisión para inconformarse-. 
Pero la realidad es otra, los sucesivos gobiernos del estado, municipales, poderes, organismos autónomos  se han caracterizado por negar o retardar la información que solicitan los ciudadanos pretextando diversos argumentos como que es información clasificada como reservada o confidencial, declarando su inexistencia, cobrando cantidades grandes por las fotocopias o apostando al olvido y al desgaste de la ciudadanía a quien citan una y otra vez.

Las cifras del IFAI

Si se observa por año, el IFAI reporta que en 2003, 2004, 2005 y 2006, la proporción entre quejas y solicitudes fue de 2.6, 3.8, 5.3 y 5.9 por ciento, respectivamente.
En los ejercicios de 2007, 2008, 2009 y 2010 los registros del órgano garante federal son de 5.1, 5.8, 5.1 y 6.7 por ciento.
Y finalmente, en el año 2012 la proporción fue de 5 por ciento y en 2012 disminuyó a 4.7 por ciento.
Como se observa en los datos del nivel federal, la proporción entre quejas y solicitudes es más o menos constante y se ha mantenido en los últimos años, mientras que en Guerrero las cifras no tienen uniformidad, aunque se observa que la presentación de quejas va en aumento, lo que significa que gradualmente el subregistro comienza a disminuir.
En Guerrero, la ausencia de quejas no se explica porque las dependencias públicas del estado tengan mecanismos fluidos para facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública, sino porque no hay confianza en las instituciones y porque es complicado el procedimiento de presentación de quejas ante el ITAIG.  
De acuerdo con datos del IFAI, Guerrero es uno de los estados que registra el menor número de solicitudes de información a las dependencias federales.
Por ejemplo, de 2003 a 2008 se presentaron un total de 2,139 solicitudes, que representan apenas 0.57 por ciento de todas las solicitudes presentadas en el país correspondientes al ámbito federal.
En 2009 se presentaron 658 peticiones, al siguiente año 674, en 2011 se registraron 405 y en 2012 fueron 545.
De manera global, en Guerrero se presentaron apenas el 0.4 por ciento de las peticiones dirigidas a las dependencias federales, en el periodo de 2003 a 2012.
Esto contrasta los resultados de otros estados como Morelos, en donde se presentaron 4.6 por ciento de las peticiones del país, o como el estado de Puebla, donde la ciudadanía presentó el 2.4 por ciento de las solicitudes a nivel nacional en el mismo periodo.

Dependencias reacias

Algunas dependencias se resisten más a entregar información pública que otras. Por ejemplo, varios ayuntamientos recibieron sólo una solicitud de información, y al no responderla o negar la información, los ciudadanos presentaron también una inconformidad formal ante el ITAIG. En este caso la proporción es de 100 por ciento entre el número de solicitudes y quejas presentadas. Es el caso de los ayuntamientos de Tlacoachistlahuaca, Teloloapan, Huamuxtitlán y Coachoapa el Grande.
Otras dependencias con proporciones altas entre solicitudes de información y quejas son Ometepec, con 50 por ciento, Coyuca de Benítez, con 48 por ciento, y el ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, que tiene 44.4 por ciento. Esto significa que por lo menos la mitad de las solicitudes que presentaron los ciudadanos terminaron en quejas.
Con alto número de inconformidades se encuentra el Instituto Guerrerense de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores, con 18.7 por ciento, la Universidad Autónoma de Guerrero, con una proporción de 11.1 por ciento, el ayuntamiento de Iguala, con 10.3 por ciento, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria con 13.3 por ciento, la Secretaría de Desarrollo Rural con 10.1 por ciento, la Secretaría de Fomento Turístico con 9.4 por ciento.
Todas las dependencias que tienen una alta proporción de quejas en relación con las solicitudes que se les presentan, son de las más opacas del estado, ya que coinciden en que no sólo no difunden la información de oficio que les exige la normatividad, sino también omiten entregarla cuando los ciudadanos la solicitan.  
La inconsistencia de los datos impide realizar este ejercicio con todas las dependencias, ya que, por ejemplo, el ayuntamiento de Tixtla registra 18 quejas, pero según los datos del ITAIG, este municipio solo reportó 11 solicitudes de información. Lo mismo sucede con los gobiernos municipales de San Marcos y Atoyac, que registran siete y cuatro quejas, respectivamente, pero que en el ámbito de las solicitudes de información solo reportan cuatro y una.
Otros municipios que tienen registrados recursos de revisión son Florencio Villarreal, Ayutla, Ahuacuotzingo, Ajuchitlán, Arcelia, Atlixtac, Copalillo, Cutzamala, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Metlatónoc, Pungarabato, San Miguel Totolapan, pero no parecen los registros con solicitudes de información presentadas.

Quejas por sectores

Hasta el 31 de diciembre de 2013, fue en las dependencias del ejecutivo estatal donde más quejas de presentaron, ya que se registran 168 del total. En el sector ayuntamientos se presentaron 166 quejas, mientras que en los organismos autónomos se registraron 19 y en el Congreso del estado, 14 quejas.
En números absolutos, la Secretaría de Salud  tiene hasta esa fecha 27 quejas, la Sefina con 18, la de Educación de Guerrero con 17, la Procuraduría de Justicia del Estado con 16, la Contraloría General con 9 y las Secretarías de Desarrollo Rural y de Fomento Turístico, con ocho cada una. Estas dependencias del ejecutivo concentran el 28 por ciento de las quejas interpuestas por ciudadanos en ocho años.
También con números absolutos, los ayuntamientos de Tixtla y Chilpancingo encabezan la lista con 18 inconformidades, Tecoanapa con 15, Mártir de Cuilapa y Coyuca de Benítez con 12 quejas cada uno, Chilapa con nueve y San Marcos con siete.  Estos ayuntamientos concentran el 24.8 por ciento de las quejas totales presentadas en el estado de Guerrero.
Por su parte, La Universidad Autónoma de Guerrero tuvo 15 quejas en el periodo, el Congreso del estado 14 y el Tribunal Superior de Justicia con tres inconformidades.
Los inconformidades ciudadanas más frecuentes fueron la negativa a dar información (no respondiendo las solicitudes), respuestas no satisfactorias (por proporcionar información que no corresponde o de manera incompleta), y respuestas que clasifican la información como reservada o confidencial, o bien, declarándola inexistente.
Cabe mencionar que muchas de las quejas interpuestas por los ciudadanos no proceden porque se presentaron fuera del tiempo que establece la ley. Y otras, aunque la resolución del ITAIG haya sido a favor del quejoso, no se tiene registro de si realmente la dependencia demandada entregó la información o continuó siendo omisa.
Los recursos de revisión o quejas que se han presentado en el estado de Guerrero no alcanzan a diagnosticar plenamente la problemática existente en torno al derecho de acceso a la información de los guerrerenses.
Es evidente que la resistencia del sector público a facilitar el ejercicio de este derecho es más complejo, y rebasa el análisis del comportamiento de los datos acerca de los recursos de revisión presentados por la ciudadanía. Sin embargo, sí alcanza a dar una rápida radiografía de que, aun cuando las cifras son inconsistentes, la ciudadanía sigue enfrentándose a un aparato público que no dará tregua si las personas no están dispuestas a dar la batalla para ejercer su derecho de acceso a la información.

El ITAIG manipuló cifras durante ocho años

El Sur de Acapulco
Durante ocho años, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero manipuló los datos sobre el número de solicitudes de información presentadas por la ciudadanía, y por este motivo hoy no se tienen cifras confiables que permitan conocer el nivel de avance en esta materia.
El mejor indicador del interés de la ciudadanía por la transparencia y la información pública gubernamental, es el número de solicitudes de información que se presentan ante las dependencias públicas, ya que es un trámite que se origina en la motivación o iniciativa personal de las y los ciudadanos por conocer lo que sucede en las entidades gubernamentales.
Este indicador abarca tanto el conocimiento que tienen las personas de su derecho de acceso a la información como el nivel de confianza que tienen en las instituciones y su disposición a ejercer ese derecho.
Desafortunadamente, en Guerrero no se cuenta con este tipo de datos de manera precisa, ya que durante ocho años, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado alteró dolosamente el número de solicitudes de información que la gente presentó ante las diferentes dependencias.
Ante el poco interés que mostró la ciudadanía en un principio, los consejeros difundieron públicamente cifras “infladas” para crear un ambiente artificial de mucha participación y justificar así el trabajo de promover una cultura de la transparencia que les confería la ley en la materia.
Los motivos de la poca participación de la ciudadanía fueron varios, entre ellos, la poca difusión que se hizo de la ley de transparencia en 2006 y años subsiguientes, así como el arcaico requisito de presentar las solicitudes de información de manera personal en un estado con la geografía como la de Guerrero, que dificultó a las personas de los municipios presentar sus requerimientos de información en Chilpancingo o Acapulco, sede de la mayoría de las dependencias públicas.
Otro motivo fue resistencia de los funcionarios que en los primeros años se negaron a entregar información, ya que la consideraban como un patrimonio personal o institucional, y eso inhibió la participación ciudadana.
Y un  tercer motivo fue la inacción del órgano garante de la transparencia en Guerrero, el ITAIG,  de aplicar la ley y obligar a las dependencias públicas a entregar la información o por lo menos de buscar los mecanismos para que las personas tuvieran un efectivo acceso a la información.

Las cifras

El 11 de junio de 2014 se cumplen ocho años de que propiamente entró en vigor la ley de transparencia y acceso a la información del estado, y hasta el 31 de diciembre de 2013 se registraron, según el ITAIG, 20,643 solicitudes de información.
Según el órgano garante de la transparencia en Guerrero, de junio de 2006 a marzo de 2007 se presentaron 2,814 solicitudes de información, cifra extremadamente optimista, que no corresponde con la realidad, ya que durante el primer año de vigencia de la ley, las y los ciudadanos no conocían este derecho y los trámites burocráticos para hacerlo valer, inhibieron también la iniciativa de la ciudadanía.
Al siguiente año, 2007, de acuerdo con el órgano de transparencia, se registró la cantidad de 4,236 solicitudes de información presentadas, pero extrañamente en 2008, y sin ninguna explicación de los ex consejeros, el número disminuyó a 1,118 solicitudes.
También con cifras del ITAIG, en 2009, la cantidad de solicitudes repuntó y alcanzó la cifra de 3,453, pero en 2010 se registró nuevamente una baja a 2,406 solicitudes de información.
En 2011, considerando que el sistema InfoGro propició un incremento sustancial de solicitudes, se registraron 2,341 requerimientos, y para el siguiente año, en 2012, se presentaron un total de 3,061 solicitudes.
Finalmente, en 2013 se presentaron 1,844 peticiones, y creemos es el número más aproximado de solicitudes de información que se presentan anualmente en el estado.
Los ex consejeros que difundieron estas cifras nunca explicaron los atípicos e irregulares comportamientos de los datos de las solicitudes presentadas.
De hecho, en sus ocho años de gestión, el ITAIG nunca formuló un diagnóstico o estudio sobre la transparencia en el estado que permitiera diseñar estrategias para hacer menos opacas a las dependencias públicas y facilitar el acceso a la información a la ciudadanía.

Las solicitudes del Ejecutivo

En el gobierno del estado se presentaron en un periodo de ocho años 4,883 solicitudes de información, que representan el 21.7 por ciento del total de registradas en el estado.

Las dependencias que fueron más requeridas son la Secretaría de Salud, con 783 solicitudes (16 por ciento de las del Ejecutivo), la de Finanzas y Administración, con 548, la Procuraduría de Justicia con 470 y la Secretaría de Seguridad Pública, que recibió 308 solicitudes.

Por otro lado, algunas dependencias sólo recibieron una solicitud en ocho años, según los registros del ITAIG, y éstas son el Centro Estatal de Oftalmología, la Coordinación General de Acceso a la información, la Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo del estado y el Fideicomiso Centro Internacional Acapulco.
Cabe mencionar que los registros del gobierno del estado, sobre solicitudes de información presentadas ante el Ejecutivo, son las más consistentes, por lo que pueden tomarse como base para conocer lo que ha sucedido en el estado en materia de acceso a la información.
De junio de 2006 a diciembre de 2010, el gobierno del estado y sus dependencias recibieron apenas 915 solicitudes para un promedio de 183 por año, es decir una cantidad muy pequeña, ya que no se presentó ni siquiera una diaria en todas las dependencias del gobierno del estado.
Sin embargo, con la entrada en funcionamiento del InfoGro, en febrero de 2011, el número de solicitudes se incrementó sustancialmente hasta alcanzar 1,064 peticiones en 2011, 1,606 en 2012 y 1,248 en 2013.
Se puede concluir que el abrir la posibilidad de presentar solicitudes de información por vía electrónica ha sido la decisión más acertada –derivada de un mandato del artículo 6 constitucional- que se ha tomado en Guerrero para promover el ejercicio de acceso a la información.
Esto, porque antes de que se instalara el InfoGro, se presentaban 183 solicitudes por año, mientras que después de que se puso a funcionar, el promedio es de 1,306, es decir, un incremento de 713 por ciento. 

Las cifras en los ayuntamientos
Los datos que presenta el ITAIG para los ayuntamientos son inconsistentes y poco creíbles, pues es en este sector donde el órgano garante difundió cifras “infladas” y nunca presentó evidencias que respaldaran sus datos.
Según su información, en los ayuntamientos se presentaron 13,219 solicitudes de información en ocho años, lo que equivale a 64 por ciento de las presentadas en todo el estado durante ese lapso. Sin embargo, si se observa por cada uno de los años, las cifras no ofrecen ninguna regularidad ni consistencia, ya que en 2006 se presentaron en los gobiernos municipales 1,894 solicitudes, al siguiente año 3,193 y en 2008, solo 852.
Siguiendo con las cifras del ITAIG, en el ejercicio 2009 se presentaron 3,097, en 2010 bajó la cifra a 1,848 solicitudes, y el siguiente año, en 2011, disminuyó todavía más ese número hasta 895, contrastando con las del Ejecutivo que se incrementaron significativamente.
En 2012 fueron 1,116 las peticiones y en 2013, año en que se supondría que la ciudadanía conoce mejor este derecho, la cifra se desplomó hasta 324. De hecho, esta última podría ser la cifra real de solicitudes presentadas por año –sin los maquillajes del ITAIG-, ya que en los municipios pequeños y medianos es todavía más manifiesta la falta de una cultura de transparencia y acceso a la información.
El ITAIG presenta a Acapulco como el ayuntamiento que más solicitudes ha recibido en los ochos años, con un total de 6,868 peticiones, que representan el 51.9 por ciento del total de solicitudes recibidas por los ayuntamientos, y 33.2 por ciento del número global de requerimientos de información registrado en el estado.
Estas cifras a primera vista podrían considerarse válidas, pues Acapulco es el municipio más poblado de Guerrero y cuyos habitantes en general están informados, pero en varias revisiones de estos documentos se constató que el porcentaje de solicitudes de información efectivas era muy bajo.
En 2013 la unidad de transparencia del ayuntamiento de Acapulco estableció controles estrictos para las solicitudes de información recibidas, y registró sólo 94 peticiones, que es el número real de solicitudes que recibe ese municipio en un año. De tal manera, que con una contabilidad rigurosa, en ocho años Acapulco recibió no más de mil solicitudes de información, y no las 6, 868 peticiones que presume el ITAIG.
Es el mismo caso del municipio de Chilpancingo, que reporta en los ochos años, 1,284 solicitudes recibidas, pero que en las revisiones a detalle, no alcanza ni el 10 por ciento de solicitudes efectivas.
Otros ejemplos de la inconsistencia de los datos son los municipios de Azoyú y Zirádaro, que ocupan la segunda y tercera posición entre los municipios que más solicitudes han recibido, con 1,719 y 1,321 peticiones, respectivamente.
Estos números son muy cuestionables, porque tal cantidad de solicitudes se presentaron en el lapso de un año, es decir, Azoyú supuestamente las recibió en 2009 y luego, en los siete años restantes, nadie presentó ninguna.
Lo mismo sucedió con Zirándaro, que en el periodo de abril de 2007 a marzo de 2008 registró esa avalancha de solicitudes, pero los habitantes de ese municipio nunca más presentaron una sola petición, según datos del ITAIG.
Otros municipios con registros poco creíbles son Tecoanapa, que recibió 480 solicitudes, Iliatenco, con 319 solicitudes, y Zitlala, que tiene un registro de 249 peticiones de información.
Los números de estas demarcaciones están por arriba de municipios que por su número de habitantes, grado de marginación y escolaridad promedio se supondría que registrarían más solicitudes, como Zihuatanejo (216), Iguala (29), Taxco (23) o Tixtla (11).
En términos generales, las cifras referentes a los municipios fueron las más manipuladas por el ITAIG, ya que los ex consejeros sabían que los ayuntamientos reportaban solicitudes de obras, empleo, apoyos, proyectos, y aun así las incluían en los registros de solicitudes de información.
Es muy probable que el número registrado en 2013 sea la cifra real de solicitudes presentadas en los ayuntamiento en un año, es decir, 324 peticiones.

Los poderes y los organismos autónomos

El Congreso del estado registró hasta el 31 de diciembre de 2013 un total de 544 solicitudes de información presentadas, en tanto que el Tribunal Superior de Justicia del estado apenas tuvo 193 peticiones.
En el caso de los organismos autónomos, el Instituto Electoral del estado es el que registró mayor número de solicitudes, con 675, y le siguieron el ITAIG con 217, la Universidad Autónoma de Guerrero, que tuvo 134 solicitudes, la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, con 126, el tribunal Estatal Electoral con 88 peticiones y la Auditoría General del Estado, con 76 solicitudes de información.
Las cifras que presentan estas dependencias parece que son de solicitudes de información efectivas, ya que hay un control en sus unidades de transparencia y acceso a la información.

Orden en las cifras

Con cifras “maquilladas”, no se puede tener un diagnóstico certero sobre el derecho de acceso a la información en el estado, y tampoco se pueden diseñar estrategias de acción.
De acuerdo con los datos disponibles, se calcula que el número de solicitudes de información efectivas fueron de 1,000 peticiones anuales antes del sistema Info Gro y de 1,800 solicitudes por año después de instalado el sistema en 2011.
Esto significa que en los ocho años se presentaron cerca de 9,400 solicitudes, y no las 20,643 que registró el ITAIG.
Es necesario poner orden en las cifras.

Mejoran en Guerrero los indicadores de transparencia

El Sur de Acapulco

Por vez primera desde 2006, una dependencia pública del estado cumplió en más de 90 por ciento con sus obligaciones de transparencia, es decir, puso a disposición de la ciudadanía aquellos datos básicos del quehacer gubernamental que la ley exige difundir a todas las instituciones públicas.

El ayuntamiento de Acapulco alcanzó una calificación de 93.3 por ciento de cumplimiento y se convirtió en la primera dependencia guerrerense en alcanzar ese puntaje; en segundo sitio se ubicó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado, con 79.5 porciento.
Siguiendo con este ranking de la transparencia en Guerrero, como tercero y cuarto lugares aparecieron dos ayuntamientos, el de Huamuxtitlán, que obtuvo 78.3 por ciento, y el ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, que logró 74.8 puntos porcentuales.
Hasta el quinto sitio se registró una dependencia del Ejecutivo del estado, a través de la Contraloría General del estado que obtuvo 71.4 puntos en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
En general, en este monitoreo correspondiente al primer semestre de 2014, se percibió que hubo avances importantes de casi todo los sujetos obligados o dependencias en relación con las calificaciones del año anterior. El promedio obtenido por las dependencias en 2013 fue de 29 por ciento, en tanto que en 2014 aumentó a 41.6 por ciento.
Por ejemplo, en 2013 sólo siete dependencias rebasaron el 50 por ciento de cumplimiento, mientras que en 2014 ese número se incrementó a 19 dependencias. Igualmente, el número de instituciones que no alcanzaron ni 20 por ciento en el monitoreo se redujo de 13 a 11 de 2013 a 2014.
Otro ejemplo del mejoramiento de los indicadores de transparencia de la información pública de oficio es que la dependencia que encabezó el ranking de 2013 obtuvo 69 puntos porcentuales (el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa), y en 2014 registró 93.3 por ciento (ayuntamiento de Acapulco).
Incluso el organismo que tiene la función de garantizar que se cumplan los preceptos que establece la ley de transparencia, el Itaig, incrementó su puntuación en este periodo al pasar de 48 a 79.5 por ciento.
Después de ocho años de que entró en vigor la ley de transparencia y acceso a la información, finalmente se observó una disposición de las dependencias de cumplir medianamente con la ley y mejorar sus indicadores de transparencia.
Hoy, sin embargo, se presenta el reto de logar que esa transparencia se traduzca en mejores prácticas de gobierno, en menores índices de corrupción, en eficacia en la atención a los ciudadanos, y en general, en una contribución a la democratización de la vida pública.
El sector público guerrerense no debe olvidar que la transparencia no solo es difundir información de lo que hacen las dependencias, sino que también está obligado a buscar los mecanismos necesarios para que esa información sea útil a la gente y promover que los ciudadanos empleen esa información para el ejercicio y exigencia de sus derechos.

Congreso y Suprema corte, reprobados

Dos de los poderes que integran el estado de Guerrero obtuvieron muy bajas calificaciones en sus niveles de transparencia. El Congreso de estado registró una calificación de 45.5 por ciento luego de revisarse su portal electrónico, y el Tribunal Superior de Justicia del estado, apenas 33.8 por ciento, ocupando los lugares 23 y 26, respectivamente de la muestra de 40 dependencias.
Cabe mencionar que el órgano legislativo incrementó su nivel de cumplimiento de la información pública de oficio de 9 a 45.5 por ciento en un año, en tanto que el Tribunal Superior lo hizo de 6 a 33.8 por ciento.
No obstante estos incrementos, son dos dependencias de mucha importancia en el estado de Guerrero que continúan siendo opacas.

Sube su promedio el Ejecutivo

En el caso de las dependencias del gobierno del estado, los resultados fueron muy variados, pues se tuvieron casos extremos como el de la Contraloría General del Estado, que obtuvo 71.4 por ciento de cumplimiento y como el de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que registró en su revisión apenas 26.9 por ciento de transparencia.
En total, se monitorearon 17 dependencias del Ejecutivo estatal y su promedio fue de sólo 54.6 por ciento.
Además de la Contraloría, las dependencias que registraron porcentajes por arriba del 60 por ciento fueron la secretaría de Finanzas y Administración (68.2 por ciento), la Secretaría de Desarrollo Rural (63.6), la Coordinación de Programas Especiales Guerrero Cumple (61.8), la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (61.5) y la Universidad tecnológica de la Costa Grande (60.8).
Las oficinas del gobierno del estado que obtuvieron las peores calificaciones de las 17 muestreadas, fueron la Seduop y el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR), con 26.9 y 27.8 por ciento, respectivamente.
Cabe mencionar que las dependencias que manejan muchos recursos como la Secretaría de Desarrollo Social, la de Educación de Guerrero y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado tuvieron calificaciones bajas de 54.4, 54.1 y 48.3 por ciento, respectivamente, en el cumplimiento en sus obligaciones de transparencia.

Claroscuros en los ayuntamientos

En el caso de los municipios, se obtuvo una muestra de 20 ayuntamientos, y por vez primera cuatro de ellos tuvieron calificaciones de más de 70 por ciento. Destacó el caso del municipio de Acapulco, y detrás de éste los ayuntamientos de Huamuxtitlán, Chilapa de Álvarez y Quechulteango, el primero con 93.3 por ciento de cumplimiento, que lo coloca como la dependencia pública con mayor nivel de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en el estado de Guerrero a lo largo de ocho años.
Cabe recordar que en el monitoreo aplicado hace seis meses, en el segundo semestre de 2013, varios municipios localizados en la montaña sobresalieron por sus altos puntajes en la revisión, como fue el caso de Metlatónoc con 83 por ciento, Alcozauca que obtuvo 79 por ciento, Tlacoachistlahuaca con 78 por ciento, Acatepec que registró  73 y José Joaquín Herrera con 71 por ciento.
Respecto al actual monitoreo, destaca el bajo nivel de transparencia de los municipios que más están obligados a difundir información a través de medios electrónicos. De acuerdo con la ley, los municipios que tengan más de 70 mil habitantes deberán emplear este tipo de recursos electrónicos, y en Guerrero se tienen ocho municipios en estas condiciones.
Sin embargo, exceptuando Acapulco y Chilapa, ninguno de éstos alcanza siquiera el 50 por ciento de cumplimiento, como es el caso del ayuntamiento de Iguala, que tiene 45.7 por ciento de su información obligatoria, y Chilpancingo, la capital del estado, con apenas 45.2 por ciento. Ninguno de los dos municipios, desde que se aprobó la ley de transparencia hace ocho años, se ha distinguido por ser transparente. Con el monitoreo actual, estos dos municipios se ubicaron en los lugares 22 y 24 del ranking de la transparencia estatal.
Otros ayuntamientos que rebasan los 70 mil habitantes pero que son igualmente opacos son Tlapa con 34.1 por ciento de cumplimiento (lugar 25 de la lista), Zihuatanejo, con 32.3 por ciento (lugar 27), Coyuca de Benítez, que obtuvo 19.7 por ciento (lugar 30) y Taxco de Alarcón, con un puntaje de 17.4 por ciento (lugar 31 del ranking).
Finalmente, hay un grupo de ocho ayuntamientos que obtuvieron cero de calificación ya sea porque no tienen página electrónica o porque teniéndola, no contiene ninguno de los temas que exige la ley.
Este grupo de gobiernos municipales lo integran Atoyac, Azoyú, Zitlala, Cuautepec, Tlapehuala, Leonardo Bravo, Cuajinicuilapa  y Atlixtac.

Las áreas más opacas

Las dependencias del gobierno registraron algunos temas específicos en los que no publican información. Es el caso de la fracción IX del artículo 13 de la ley de transparencia que se refiere a la difusión de los últimos tres ejercicios fiscales en lo relativo al presupuesto asignado en lo general y por programa, así como los informes cuatrimestrales sobre su ejecución.
Otra área que se observó opaca es la que se refiere a la difusión de un informe cuatrimestral de las auditorías y otras acciones de revisión en términos no cuantificables de las dependencias.
Igualmente, las cuentas públicas y los informes cuatrimestrales o anuales, según el caso, una vez que sean aprobados por el Congreso del Estado; y los contratos o convenios celebrados, mediante un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón del contratante o proveedor, el servicio contratado y el monto del valor total de la contratación.
En el caso de los ayuntamientos los temas más opacos son los empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes; los indicadores de gestión de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos; las actas de las sesiones de cabildo; el calendario trimestral sobre la ejecución de las aportaciones federales y estatales, identificando el programa para el cual se destinaron y, en su caso, el monto del gasto asignado por el propio municipio; y las listas de asistencia de los integrantes del ayuntamiento a las sesiones de cabildo.

La metodología

Cada semestre, la asociación civil Comunicación para el desarrollo Comunitario realiza un monitoreo a las dependencias públicas para conocer el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
Es un trabajo que se basó en la revisión de los contenidos que establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en donde se describe un catálogo de 22 temas relacionados con el quehacer gubernamental que obligatoriamente las dependencias deben difundir a través de páginas electrónicas, periódicos murales, gacetas y cualquier otro medio del que se disponga.
Se revisaron las páginas electrónicas de una muestra de 40 dependencias de las casi 150 que se tienen registradas en el estado. Se les asignaron puntuaciones específicas según tuvieran información completa, actualizada y correspondiente a lo que solicita la ley.
Adicionalmente, se aplicó un factor de ponderación (mayor puntuación) según se tratara de información clave o datos ordinarios, pues esta metodología considera que no tiene el mismo valor publicar información sobre presupuestos, desglosada por programas y proyectos y con indicadores de gestión y desempeño, que publicar el domicilio de una dependencia o su organigrama.
El monitoreo tiene alcances limitados, ya que sólo verifica lo que publican las dependencias en sus páginas web, pues al ser un trabajo voluntario, no cuenta con financiamiento para revisar de manera presencial la información en las oficinas de dependencias y municipios. Sin embargo, sí es un indicador importante de los que está sucede con la transparencia en el estado

No.	Sujeto Obligado	% de cumplimiento	No.	Sujeto Obligado	% de cumplimiento
1	Acapulco	93	21	Sedeco	48
2	ITAIG	80	22	Iguala	46
3	Huamuxtitlán	78	23	Congreso del estado	46
4	Chilapa	75	24	Chilpancingo	45
5	Contraloría del estado	71	25	Tlapa	34
6	Quechultenango	70	26	Tribunal Superior	34
7	Sefina	68	27	Zihuatanejo	32
8	Seder	64	28	FIDETUR	28
9	Programas sociales Guerrero Cumple	62	29	Seduop	27
10	SEMAI	62	30	Coyuca de Benítez	20
11	Universidad Tecnológica de la Costa Grande	61	31	Taxco	17
12	Comisión estatal de arbitraje médico	59	32	Tetipac	14
13	Parque Papagayo	58	33	Atoyac	0
14	Consejo estatal del cocotero	56	34	Azoyú	0
15	Tribunal de lo Contencioso Administrativo	56	35	Zitlala	0
16	Sedesol	54	36	Cuautepec	0
17	SEG	54	37	Tlapehuala	0
18	Agroindustrias del Sur	53	38	Leonardo Bravo	0
19	San Marcos	52	39	Cuajinicuilapa	0
20	CAPASEG	48	40	Atlixtac	0