El Sur de Acapulco
Chilpancingo no resolverá en este 2013 su problema de abastecimiento de agua potable, no obstante que a principios de 2012, en una visita a esta ciudad capital, el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto empeñó su palabra con los chilpancingueños de dar solución al histórico problema de falta de agua para uso doméstico.
Aunque se han presupuestado cuantiosos recursos financieros para el ejercicio 2013, los habitantes de la capital no han notado ningún cambio, antes al contrario, en el presente año el problema se recrudeció y se ha vivido una de las peores crisis en la dotación del líquido.
Las dependencias que vigilan la normatividad u operan el servicio de agua potable no atinan a dar certidumbre a los sedientos ciudadanos. Ni el ayuntamiento de Chilpancingo, ni la Comisión Nacional del Agua ni la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del gobierno del estado han hecho público algún programa o conjunto de acciones para dar solución integral al problema del agua; por sus declaraciones, parece que ni siquiera hay una buena coordinación entre ellas, por lo que, aun cuando hay dinero presupuestado como nunca antes, no existe un plan maestro de largo plazo que guíe las acciones de las dependencias que deberían garantizar este derecho a miles de chilpancingueños.
El compromiso de Peña Nieto
En abril de 2012, el hoy presidente Peña Nieto llegó a Chilpancingo como candidato para abordar el que quizás sea el principal problema de la capital, junto con el de la inseguridad: la falta de agua potable.
Durante muchos años, los habitantes de esta ciudad han sufrido la escasez debido a los errores de quienes han tenido en sus manos resolver el problema, y de quienes sólo han toreado el problema, como es el caso de los sucesivos presidentes municipales de los últimos años.
Sin embargo, Peña Nieto, tal vez sin conocer la complejidad del reto que implicaba, se comprometió con los chilpancingueños a resolver el problema, y al estilo de cuando era candidato a gobernador del estado de México, firmó este compromiso ante notario público para “ampliar y acrecentar el abasto de agua potable, para que llegue el agua a todos los habitantes de Chilpancingo”, según consignó la prensa.
Ya con la instrucción presidencial, el director general de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, se reunió con el gobernador Ángel Aguirre y afirmó que “se trabajará para cumplir los compromisos del gobierno de la República en materia hídrica, para atender las necesidades de los habitantes de la entidad. En ese sentido, la Conagua entregará el triple del líquido en las condiciones actuales para Chilpancingo, con miras a continuar así los próximos 15 años”. La declaración del funcionario federal se difundió en un comunicado de prensa de la dependencia.
En la versión que recogió el gobierno del estado sobre este evento y que publicó en su portal electrónico, el director de la Conagua “se comprometió a que en un plazo de un año, con el concurso del gobierno del estado y municipio, Chilpancingo podría triplicar la capacidad de distribución de agua potable para dar respuesta a un añejo reclamo de los capitalinos”.
Sin embargo, el compromiso del titular de la Conagua fue muy temerario, pues es casi imposible que en un año, es decir, en febrero de 2014 se logre traer tres veces más agua a Chilpancingo.
Sin documento rector
Un hecho muy grave para los capitalinos respecto de sus expectativas de contar con un servicio regular de agua, es que no existe un plan maestro de largo plazo que contribuya a guiar las acciones y las obras que progresivamente deben realizarse para aliviar el problema, lo que pone en riesgo las grandes inversiones que por vez primera presupuestó el gobierno federal.
En ninguna dependencia municipal, ni del gobierno del estado ni de la federación se encontró evidencia de que se haya elaborado dicho plan maestro, no obstante que la falta de agua en la ciudad es un problema que tiene muchos años, lo que parece revelar que este asunto se está atendiendo de manera improvisada.
Tanto al ayuntamiento, como a la Conagua y a la Capaseg se les requirió, por la vía de una solicitud de información, la presentación de este plan maestro. Sin embargo, los tres órdenes de gobierno respondieron que no existe un documento como el que se solicitó.
En el caso de la Capaseg, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información emitió un resolutivo donde señaló que “la información solicitada relativa al plan maestro de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jurídicamente no ha lugar a ordenar su entrega, debido a que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero declaró la inexistencia de la citada información, en virtud de que no se tienen los elementos de convicción que permitan revelar su existencia”.
Por su parte, la Conagua también respondió que no cuenta con un documento de planeación para resolver el problema de agua potable. El Comité de Información de esa dependencia indicó que “en cumplimiento a la resolución del Pleno de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (…) determinó procedente confirmar la inexistencia de la información relativa a ‘plan maestro para el abastecimiento de agua potable para Chilpancingo, y el desglose de la inversión que fue anunciada por el gobierno federal para el abastecimiento de agua potable, por monto y acciones a realizarse, en 2013 y en los próximos años’”.
Finalmente, el ayuntamiento de la capital, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, contestó al requerimiento de información sobre la entrega del plan maestro para el abastecimiento de agua para Chilpancingo “que no se cuenta con dicho documento, existe el proyecto de elaboración para el presente ejercicio de manera conjunta entre Capaseg y Conagua”.
No obstante la respuesta de la Capach, en mayo el alcalde Mario Moreno mencionó que existe un proyecto integral de agua para esta capital, autorizado por el Presidente de la República, y cuyos trabajos terminarían en el 2015 con una inversión general de mil 50 millones de pesos.
Las evidencias anteriores indican que no se tiene un documento rector que permita una adecuada planeación de acciones para la resolución de manera integral del problema y que garantice el ejercicio eficaz de los recursos financieros.
¿De dónde traer agua?
No obstante que se anunciaron mil millones de pesos de inversión, a la fecha no se cuenta con una fuente segura y suficiente que permita traer más agua a la capital, lo que genera gran incertidumbre sobre si se resolverá el problema en el corto plazo.
El subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Oscar Jorge Hernández López, dijo en abril pasado que se están determinando las actuales y futuras fuentes de agua, que satisfagan la demanda de la población. Agregó que se realizan estudios hidrológicos y de calidad del agua, y de manera específica se refirió a que se ha considerado “iniciar un estudio en la cuenca La Esperanza, en Mochitlán-río Azul, y el río Mezcala.
Por su parte, el alcalde Mario Moreno informó que el agua del río Balsas podría ser la nueva fuente de captación ya que aportaría por lo menos 600 litros por segundo adicionales. No descartó otras fuentes de captación como Azinyahualco (cuyos habitantes se negaron a que de su territorio se extraiga el líquido para surtir a la capital), la perforación de más pozos en el sistema Mochitlán, el bombeo de más agua de Acahuizotla y El Borbollón entre otras.
Ante la falta de certeza sobre la fuente de abastecimiento, tanto la Conagua como el ayuntamiento anunciaron que “primero vamos a fortalecer las redes de distribución interna”, ya que se ha diagnosticado que por el mal estado en el que se encuentran, se desperdicia una gran cantidad del líquido.
El alcalde Mario Moreno destacó que las tuberías tienen hasta 60 años de antigüedad, y por ello se encuentra taponada o destruida, lo que impide que el agua llegue a las llaves de la población, o en otros casos se desperdicia por las fugas, aunado al mal estado de las válvulas.
Asimismo, el subdirector general de la Conagua precisó que en Chilpancingo se rehabilitarán de manera integral 27 kilómetros del acueducto Acahuizotla, que se encuentra muy deteriorado; 15 kilómetros de líneas de interconexión entre tanques; rehabilitación y equipamiento de tres plantas de bombeo; la construcción de un tanque, la rehabilitación de 40 kilómetros de la red de distribución y de 320 válvulas y cajas de operación.
La danza de los millones
Luego de que el candidato Peña Nieto hizo su compromiso con los habitantes de Chilpancingo, comenzaron a manejarse diferentes cifras para resolver el complejo problema de la falta de agua.
Por ejemplo, a principio de febrero, el gobernador del estado, el presidente municipal capitalino, el director de la Capaseg y el titular de la Conagua “acordaron revisar y concretar proyectos en materia de abastecimiento e infraestructura de agua potable y alcantarillado para el municipio de Chilpancingo con una inversión este año de 590 millones de pesos”, según el boletín de prensa del gobierno del estado.
El 22 de marzo, en una reunión con el presidente Peña Nieto para firmar el Convenio de Coordinación entre la federación, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Chilpancingo, para incrementar el abasto de agua potable en la ciudad, Mario Moreno dio una cantidad diferente. Señaló que “a través de este convenio, contamos ya en una primera etapa, con 500 millones de pesos para iniciar los trabajos que traerán más agua a la capital”.
Durante la firma de otro convenio, el 19 de abril, el mismo alcalde aseguró que para fortalecer las redes de distribución interna se invertirán 200 millones de pesos, con los que se eficientará el suministro.
Finalmente, en mayo dijo que “de acuerdo con el proyecto integral de agua para Chilpancingo, los trabajos terminarían en el 2015 con una inversión global de mil 50 millones de pesos”.
Opacidad en el sector
Coincidentemente, las tres dependencias a las que recurrimos para solicitar información sobre las acciones para resolver el problema de agua en la capital de Guerrero, omitieron o retardaron la información que se les requirió, por lo que en los tres casos se presentaron recursos de revisión o quejas ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, en el caso de las dependencias del estado, y ante el IFAI, en el caso de la Conagua.
El ayuntamiento de Chilpancingo, además de que no cuenta con un medio electrónico para la recepción y respuesta de solicitudes de información como lo ordena la ley, no entregó la propuesta de inversión del municipio del ejercicio 2013 ni el plan municipal de desarrollo 2012-2015 de Chilpancingo, no obstante que son documentos a todas luces públicos. Esta información hubiera sido útil para dar a conocer la planeación del ayuntamiento y las inversiones del presente año en materia de agua potable.
Por su parte, la Capaseg no respondió al requerimiento de información que se le presentó. La dependencia argumentó “que con motivo de la toma de las instalaciones del Palacio de Gobierno por los maestros de la CETEG (…) es probable que los servidores del sistema (Infogro) hayan quedado desactivados y por ello se nos dificultó el acceso al mismo”.
Finalmente, la Conagua sin mediar explicación omitió responder a la petición del “plan maestro para el abastecimiento de agua potable para Chilpancingo, y el desglose de la inversión que fue anunciada por el gobierno federal para el abastecimiento de agua potable, por monto y acciones a realizarse, en 2013 y en los próximos años”, por lo que el IFAI, luego de presentar una queja en contra de la Conagua, obligó a la dependencia a declarar la inexistencia de esta información.
martes, 28 de mayo de 2013
martes, 14 de mayo de 2013
Continuaron irregularidades en el Seguro Popular con AAR (II y última)
El Sur de Acapulco
Aunque durante los últimos años de la administración de Zeferino Torrreblanca Galindo se denunciaron graves irregularidades en las finanzas y la operación del programa Seguro Popular, en el primero de Ángel Aguirre Rivero nada se corrigió y continuaron los manejos poco claros en este programa tan importante para los guerrerenses.
Lo anterior se desprende de la más reciente revisión financiera y de cumplimiento que realizaron la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero al Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como programa Seguro Popular, en el ejercicio 2011.
De acuerdo con el informe de resultados emitido por el órgano fiscalizador de la federación, en el primer año de la administración de Aguirre Rivero se encontró un subejercicio de 42 por ciento del presupuesto federal transferido al gobierno del estado para el Seguro Popular. (http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0767_a.pdf)
Según la misma fuente, los recursos federales enviados al estado durante 2011, por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para este programa, fueron del orden de 1,903.7 millones de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2011, se devengaron 1,104.3 millones, lo que representó el 58 por ciento de los recursos transferidos.
La ASF señaló que este subejercicio en el Seguro Popular no es nuevo y se trata de una “reincidencia”, ya que también fue observado en la cuenta pública del 2010; es decir, mientras el presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2011 fue de 58 por ciento, un año atrás, en 2010, apenas fue de 55.5 por ciento.
De los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2011, se gastaron 51.8 por ciento en remuneraciones al personal, 30.2 por ciento en medicamentos, materiales de curación y otros insumos, 7.7 por ciento en pagos a terceros por servicios de salud; y 6.6 por ciento en gasto operativo en unidades médicas.
En su primer informe de gobierno correspondiente a 2011, el gobernador Aguirre Rivero no mencionó ni una palabra de este subejercicio, simplemente destinó dos párrafos al programa para mencionar que “el Seguro Popular tuvo un financiamiento en gasto corriente de 1,769 millones 281 mil pesos y en inversión 128 millones 775 mil pesos, con el fin de fortalecer la red de prestadores de servicios”.
Y destacó en aquella ocasión que “el Seguro Popular, a través de la campaña intensiva de afiliación, favoreció a 305,560 nuevas personas, con lo cual se alcanzó la meta máxima de 2,279,358 guerrerenses, cantidad que superó las metas requeridas para la declaratoria de la cobertura universal por parte del Gobierno Federal”.
Pero la pregunta es de qué manera atendió a esos 2.2 millones de personas que presumió en su informe de gobierno, si al concluir 2011 había gastado apenas poco más de la mitad del presupuesto que le envió la federación.
El Seguro Popular en Guerrero, sin controles
Una de las observaciones más relevantes de la ASF al programa es que en Guerrero no se cuenta con mecanismos que aseguren la aplicación de la normatividad en la gestión y aplicación de los recursos federales del Seguro Popular, ni tampoco se tiene un código de ética que regule el actuar de los empleados a cargo de la operación.
Otro de los problemas graves es que no se subsanado la falta de controles -que persiste desde el gobierno anterior- para evitar tanto la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia como la compra de medicinas no consideradas en el catálogo universal de servicios de salud; de hecho, es en este punto donde se observa mayor discrecionalidad para el desvío de recursos.
El órgano fiscalizador federal también señaló que en Guerrero no se tienen implementados controles para asegurar que los médicos especialistas cuenten con la documentación que avale la especialidad correspondiente ni tampoco se han instrumentado acciones que aseguren que se proporcione información sobre la adquisición de medicamentos en forma completa y oportuna y sobre los avances en el ejercicio de los recursos transferidos se envíen de manera oportuna a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
De esta manera, la ASF concluyó que el control interno para la gestión de los recursos federales del Seguro Popular en Guerrero es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación.
Destino de los recursos
No obstante las observaciones a la operación del Seguro Popular en el gobierno de Zeferino Torreblanca, en 2011 continuaron ejerciéndose recursos para pagar conceptos no autorizados por este programa. Así, por ejemplo, se destinaron recursos por 34.9 millones de pesos para el pago de facturas que amparan gastos que no correspondía pagar con recursos del Seguro Popular 2011.
También sobre el destino de los recursos, la auditoría de la ASF observó que el gobierno del estado ejerció 24.8 millones de pesos en conceptos no pactados para su pago con recursos del programa como son: bono de fin de año para el personal regularizado (21.9 millones), bono del trabajador (1.8 millones); bono día del trabajador de salud a personal eventual (584 mil pesos); bono día del trabajador del personal del gasto de operativo y del apoyo administrativo (243 mil pesos); ayuda para lentes y tesis (138 mil); bono día de las madres (97 mil pesos); día de reyes (54 mil pesos).
Junto con esta irregularidad, la revisión a la operación del Seguro Popular encontró que 38 empleados de la oficina central Chilpancingo no estaban directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados al programa, por lo que se realizaron pagos indebidos por 4.3 millones de pesos.
Igualmente, se pagó poco más de un millón de pesos en remuneraciones de nueve servidores públicos adscritos al Servicio Médico Forense de Chilpancingo y de Taxco, es decir, a áreas no autorizadas para financiarse con recursos del Seguro Popular.
En el caso de impuestos que debieron ser enterados a la federación, se encontró que el gobierno del estado retuvo a los trabajadores del Seguro Popular 16.9 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero la ASF no encontró evidencia de que se hayan enterado.
Adicionalmente, durante la revisión se verificó que no se enteraron al Servicio de Administración Tributaria 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios.
También se observó que el gobierno estatal ejerció 35.7 millones de pesos para el pago de aportaciones patronales al Issste, Fovissste, sistema de ahorro para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahorro solidario y seguro colectivo, es decir, conceptos no autorizados dentro del Seguro Popular.
Incluso, una de las “promociones” de la ASF fue dirigida al Sistema de Administración Tributaria para que instruyera a “quien corresponda con el propósito de que audite al Gobierno del estado de Guerrero (…) a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales” debido a que el estado no había enterado al SAT 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios pagados y no había identificado haber enterado casi 17 millones de pesos.
Adquisiciones irregulares
Respecto a la adquisición de medicamentos, también se encontraron irregularidades. Por ejemplo, el gobierno del estado pagó 984 mil pesos en la compra de medicamentos no considerados en el programa, y además erogó 4.1 millones para la adquisición de medicamentos con un precio superior al de referencia. Esta observación es señalada por la ASF como una reincidencia, ya que es una práctica que el gobierno del estado no ha desterrado desde el gobierno del Zeferino Torreblanca.
Hay que recordar que en el ejercicio 2009, la organización Fundar, centro de investigación y análisis, descubrió que el gobierno del estado adquirió el medicamento Enalapril (30 tabletas 10mg), de 2.55 pesos, que era su precio de referencia, a 129.89 pesos.
En casi todas las observaciones, la ASF informa que en el transcurso de la auditoría, el gobierno del estado “proporcionó información y documentación con la que aclaró y justificó” el dinero gastado de manera irregular y además “acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del programa”, sin explicar de dónde obtuvo el gobierno del estado los recursos para resarcir la irregularidad detectada.
También en prácticamente todos los casos, la ASF advierte que “la Contraloría General del estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”. Sin embargo, nadie sabe nada sobre los procedimientos ni mucho menos de sus resultados, por lo que no hay claridad sobre las consecuencias de la intervención del órgano fiscalizador federal.
Adquisiciones sin licitación
El gobierno del estado adjudicó de manera directa la adquisición de bienes por 230 millones de pesos, cuando por el monto del contrato debió adjudicarse por licitación pública; además, en el expediente no se localizó, ni el gobierno del estado presentó evidencia de que el proveedor contratado se encontraba inscrito en el padrón de proveedores de la administración pública estatal.
Tampoco se presentó el expediente técnico que ampare los procesos de licitación, adjudicación y contratación de la empresa a la que se le realizaron pagos por 176.2 millones de pesos por compra de medicamentos y material de curación, lo cual limitó la fiscalización para emitir una opinión sobre la razonabilidad de las operaciones realizadas.
En el informe de revisión, el gobierno del estado argumenta que este expediente técnico que contiene documentos sobre la contratación de la empresa se extravió, por lo que presentó un acta ministerial emitida el 3 de agosto de 2011, mediante la cual denunciaron el extravío del expediente técnico que contiene documentos oficiales correspondientes a la contratación con la empresa.
Poca transparencia
Finalmente, de acuerdo con la ASF, el gobierno del estado no cumplió con las obligaciones señaladas en la normatividad federal de enviar los informes trimestrales de la compra de servicios a prestadores privados, ni los semestrales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; y los mensuales del avance del ejercicio de los recursos transferidos y el correspondiente al listado nominal de las plazas pagadas no se enviaron de manera oportuna.
Toda esta información tampoco se publicó en las páginas de internet de los Servicios de Salud ni del gobierno del estado en el apartado correspondiente al Seguro Popular.
Esta ha sido una práctica que viene desde el gobierno estatal anterior, ya que el órgano fiscalizador federal subrayó que esta anomalía observada en 2011 también fue encontrada en la revisión de la cuenta pública 2010.
A propósito del segundo informe
“Con los programas Guerrero Cumple Uniformando y Útiles Escolares, se atendió en su totalidad a la población estudiantil de 4,634 escuelas públicas de primaria, entregando 507,018 paquetes escolares, con un presupuesto de 101 millones 876 mil pesos”.
Es decir, que cada paquete costó 201 pesos. Habría que preguntar qué recibieron y qué piensan los padres de familia de este costo.
Aunque durante los últimos años de la administración de Zeferino Torrreblanca Galindo se denunciaron graves irregularidades en las finanzas y la operación del programa Seguro Popular, en el primero de Ángel Aguirre Rivero nada se corrigió y continuaron los manejos poco claros en este programa tan importante para los guerrerenses.
Lo anterior se desprende de la más reciente revisión financiera y de cumplimiento que realizaron la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero al Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como programa Seguro Popular, en el ejercicio 2011.
De acuerdo con el informe de resultados emitido por el órgano fiscalizador de la federación, en el primer año de la administración de Aguirre Rivero se encontró un subejercicio de 42 por ciento del presupuesto federal transferido al gobierno del estado para el Seguro Popular. (http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0767_a.pdf)
Según la misma fuente, los recursos federales enviados al estado durante 2011, por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para este programa, fueron del orden de 1,903.7 millones de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2011, se devengaron 1,104.3 millones, lo que representó el 58 por ciento de los recursos transferidos.
La ASF señaló que este subejercicio en el Seguro Popular no es nuevo y se trata de una “reincidencia”, ya que también fue observado en la cuenta pública del 2010; es decir, mientras el presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2011 fue de 58 por ciento, un año atrás, en 2010, apenas fue de 55.5 por ciento.
De los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2011, se gastaron 51.8 por ciento en remuneraciones al personal, 30.2 por ciento en medicamentos, materiales de curación y otros insumos, 7.7 por ciento en pagos a terceros por servicios de salud; y 6.6 por ciento en gasto operativo en unidades médicas.
En su primer informe de gobierno correspondiente a 2011, el gobernador Aguirre Rivero no mencionó ni una palabra de este subejercicio, simplemente destinó dos párrafos al programa para mencionar que “el Seguro Popular tuvo un financiamiento en gasto corriente de 1,769 millones 281 mil pesos y en inversión 128 millones 775 mil pesos, con el fin de fortalecer la red de prestadores de servicios”.
Y destacó en aquella ocasión que “el Seguro Popular, a través de la campaña intensiva de afiliación, favoreció a 305,560 nuevas personas, con lo cual se alcanzó la meta máxima de 2,279,358 guerrerenses, cantidad que superó las metas requeridas para la declaratoria de la cobertura universal por parte del Gobierno Federal”.
Pero la pregunta es de qué manera atendió a esos 2.2 millones de personas que presumió en su informe de gobierno, si al concluir 2011 había gastado apenas poco más de la mitad del presupuesto que le envió la federación.
El Seguro Popular en Guerrero, sin controles
Una de las observaciones más relevantes de la ASF al programa es que en Guerrero no se cuenta con mecanismos que aseguren la aplicación de la normatividad en la gestión y aplicación de los recursos federales del Seguro Popular, ni tampoco se tiene un código de ética que regule el actuar de los empleados a cargo de la operación.
Otro de los problemas graves es que no se subsanado la falta de controles -que persiste desde el gobierno anterior- para evitar tanto la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia como la compra de medicinas no consideradas en el catálogo universal de servicios de salud; de hecho, es en este punto donde se observa mayor discrecionalidad para el desvío de recursos.
El órgano fiscalizador federal también señaló que en Guerrero no se tienen implementados controles para asegurar que los médicos especialistas cuenten con la documentación que avale la especialidad correspondiente ni tampoco se han instrumentado acciones que aseguren que se proporcione información sobre la adquisición de medicamentos en forma completa y oportuna y sobre los avances en el ejercicio de los recursos transferidos se envíen de manera oportuna a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
De esta manera, la ASF concluyó que el control interno para la gestión de los recursos federales del Seguro Popular en Guerrero es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación.
Destino de los recursos
No obstante las observaciones a la operación del Seguro Popular en el gobierno de Zeferino Torreblanca, en 2011 continuaron ejerciéndose recursos para pagar conceptos no autorizados por este programa. Así, por ejemplo, se destinaron recursos por 34.9 millones de pesos para el pago de facturas que amparan gastos que no correspondía pagar con recursos del Seguro Popular 2011.
También sobre el destino de los recursos, la auditoría de la ASF observó que el gobierno del estado ejerció 24.8 millones de pesos en conceptos no pactados para su pago con recursos del programa como son: bono de fin de año para el personal regularizado (21.9 millones), bono del trabajador (1.8 millones); bono día del trabajador de salud a personal eventual (584 mil pesos); bono día del trabajador del personal del gasto de operativo y del apoyo administrativo (243 mil pesos); ayuda para lentes y tesis (138 mil); bono día de las madres (97 mil pesos); día de reyes (54 mil pesos).
Junto con esta irregularidad, la revisión a la operación del Seguro Popular encontró que 38 empleados de la oficina central Chilpancingo no estaban directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados al programa, por lo que se realizaron pagos indebidos por 4.3 millones de pesos.
Igualmente, se pagó poco más de un millón de pesos en remuneraciones de nueve servidores públicos adscritos al Servicio Médico Forense de Chilpancingo y de Taxco, es decir, a áreas no autorizadas para financiarse con recursos del Seguro Popular.
En el caso de impuestos que debieron ser enterados a la federación, se encontró que el gobierno del estado retuvo a los trabajadores del Seguro Popular 16.9 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero la ASF no encontró evidencia de que se hayan enterado.
Adicionalmente, durante la revisión se verificó que no se enteraron al Servicio de Administración Tributaria 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios.
También se observó que el gobierno estatal ejerció 35.7 millones de pesos para el pago de aportaciones patronales al Issste, Fovissste, sistema de ahorro para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahorro solidario y seguro colectivo, es decir, conceptos no autorizados dentro del Seguro Popular.
Incluso, una de las “promociones” de la ASF fue dirigida al Sistema de Administración Tributaria para que instruyera a “quien corresponda con el propósito de que audite al Gobierno del estado de Guerrero (…) a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales” debido a que el estado no había enterado al SAT 3.2 millones de pesos por concepto de ISR retenido por salarios pagados y no había identificado haber enterado casi 17 millones de pesos.
Adquisiciones irregulares
Respecto a la adquisición de medicamentos, también se encontraron irregularidades. Por ejemplo, el gobierno del estado pagó 984 mil pesos en la compra de medicamentos no considerados en el programa, y además erogó 4.1 millones para la adquisición de medicamentos con un precio superior al de referencia. Esta observación es señalada por la ASF como una reincidencia, ya que es una práctica que el gobierno del estado no ha desterrado desde el gobierno del Zeferino Torreblanca.
Hay que recordar que en el ejercicio 2009, la organización Fundar, centro de investigación y análisis, descubrió que el gobierno del estado adquirió el medicamento Enalapril (30 tabletas 10mg), de 2.55 pesos, que era su precio de referencia, a 129.89 pesos.
En casi todas las observaciones, la ASF informa que en el transcurso de la auditoría, el gobierno del estado “proporcionó información y documentación con la que aclaró y justificó” el dinero gastado de manera irregular y además “acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del programa”, sin explicar de dónde obtuvo el gobierno del estado los recursos para resarcir la irregularidad detectada.
También en prácticamente todos los casos, la ASF advierte que “la Contraloría General del estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”. Sin embargo, nadie sabe nada sobre los procedimientos ni mucho menos de sus resultados, por lo que no hay claridad sobre las consecuencias de la intervención del órgano fiscalizador federal.
Adquisiciones sin licitación
El gobierno del estado adjudicó de manera directa la adquisición de bienes por 230 millones de pesos, cuando por el monto del contrato debió adjudicarse por licitación pública; además, en el expediente no se localizó, ni el gobierno del estado presentó evidencia de que el proveedor contratado se encontraba inscrito en el padrón de proveedores de la administración pública estatal.
Tampoco se presentó el expediente técnico que ampare los procesos de licitación, adjudicación y contratación de la empresa a la que se le realizaron pagos por 176.2 millones de pesos por compra de medicamentos y material de curación, lo cual limitó la fiscalización para emitir una opinión sobre la razonabilidad de las operaciones realizadas.
En el informe de revisión, el gobierno del estado argumenta que este expediente técnico que contiene documentos sobre la contratación de la empresa se extravió, por lo que presentó un acta ministerial emitida el 3 de agosto de 2011, mediante la cual denunciaron el extravío del expediente técnico que contiene documentos oficiales correspondientes a la contratación con la empresa.
Poca transparencia
Finalmente, de acuerdo con la ASF, el gobierno del estado no cumplió con las obligaciones señaladas en la normatividad federal de enviar los informes trimestrales de la compra de servicios a prestadores privados, ni los semestrales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; y los mensuales del avance del ejercicio de los recursos transferidos y el correspondiente al listado nominal de las plazas pagadas no se enviaron de manera oportuna.
Toda esta información tampoco se publicó en las páginas de internet de los Servicios de Salud ni del gobierno del estado en el apartado correspondiente al Seguro Popular.
Esta ha sido una práctica que viene desde el gobierno estatal anterior, ya que el órgano fiscalizador federal subrayó que esta anomalía observada en 2011 también fue encontrada en la revisión de la cuenta pública 2010.
A propósito del segundo informe
“Con los programas Guerrero Cumple Uniformando y Útiles Escolares, se atendió en su totalidad a la población estudiantil de 4,634 escuelas públicas de primaria, entregando 507,018 paquetes escolares, con un presupuesto de 101 millones 876 mil pesos”.
Es decir, que cada paquete costó 201 pesos. Habría que preguntar qué recibieron y qué piensan los padres de familia de este costo.
martes, 30 de abril de 2013
Total opacidad en el Seguro Popular (1)
El Sur de Acapulco
No obstante que en el estado de Guerrero persisten grandes rezagos en materia de salud, el Seguro Popular, uno de los programas baluarte del gobierno federal y en el que se han invertido miles de millones de pesos en 10 años de funcionamiento, se han encontrado numerosas irregularidades en la operación y en el ejercicio de los recursos, tanto en la anterior administración de Zeferino Torreblanca Galindo, como en la actual de Ángel Aguirre Rivero.
Aunque existe poca información sobre este programa, debido a la casi completa opacidad con que se maneja en el estado, los pocos datos disponibles permiten tener una percepción de la manera en que funciona el Seguro Popular, que nació con el propósito de “brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario”.
La Auditoría Superior de la Federación, en sus revisiones a la cuenta pública de diversos sectores del estado, es prácticamente la única fuente de información para conocer lo que sucede con el ejercicio de los recursos del Seguro Popular, ya que la Secretaría de Salud del gobierno del estado no publica o distorsiona la información que tiene publicada sobre este programa, con el propósito de hacerla inaccesible a los ciudadanos.
10 años de Seguro Popular
Según la Ley General de Salud, el Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, se financia de manera solidaria por la federación, las entidades federativas y los beneficiarios. Los lineamientos indican que la federación transferirá a los estados dos tipos de recursos, uno denominado Cuota Social, que equivale a 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario (en el Distrito Federal) por familia beneficiaria.
El otro recurso es la Aportación Solidaria Federal por familia, y equivale a 1.5 veces el monto de la Cuota Social. La distribución entre las entidades federativas considera componentes de asignación por persona afiliada, necesidades de salud, esfuerzo estatal y desempeño, por lo que la aportación es diferente para cada entidad federativa.
En forma adicional, los gobiernos de los estados tienen la obligación de efectuar aportaciones solidarias por persona beneficiaria, la cual debe ser equivalente a la mitad de la Cuota Social.
Por su parte, los beneficiarios del Seguro Popular participan con cuotas familiares que son anticipadas, anuales, progresivas y que se determinan con base en las condiciones socioeconómicas de cada familia.
De manera general, de 2006 a 2011 el estado de Guerrero recibió recursos por 5 mil 593 millones de pesos, mientras que la aportación del gobierno estatal fue en el mismo periodo por 2 mil 661.1 millones.
Considerando sólo las aportaciones federales, en 2010 se hicieron transferencias al estado por mil 657.2 millones de pesos, en el ejercicio 2011 se recibieron mil 901.1 millones de pesos, mientras que en 2012 la cifra se incrementó a 2 mil 151 millones.
De acuerdo con información estadística del Seguro Popular, en 2011 en Guerrero estaban afiliados 791 mil 554 familias a este programa con un total de 2.2 millones de individuos.
Si se observa por municipio, Acapulco ocupa el primer lugar con 130 mil 555 familias afiliadas, y le siguen Chilpancingo con 50 mil 859 familias, Taxco 29 mil 688, Iguala 28 mil 345 y Zihuatanejo con 24 mil 473 familias.
Para ver los reportes de familias afiliadas al Seguro Popular por municipio y por comunidad: http://sistemas.cnpss.gob.mx:7000/reportespef/fraccion_ii_20112/reportes.html#
Historia de irregularidades
Según la información disponible, durante casi todo el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se observaron irregularidades en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular.
De 2006 a 2008, la ASF denunció un “menor dinamismo” en la incorporación de familias a este programa de salud, ya que mientras la federación enviaba los recursos comprometidos en convenios firmados anualmente por la federación y el Ejecutivo estatal, en el estado no se cumplían las metas de afiliación de beneficiarios.
Asimismo, durante estos años el órgano fiscalizador federal ya destacaba la opacidad del programa, pues el gobierno del estado no entregaba información “suficiente” para evaluar indicadores, como fallecimientos derivados de intervenciones quirúrgicas, mortalidad intrahospitalaria, cirugías ambulatorias y médicos para atender población abierta.
“Las falta de información sobre aspectos básicos del sector afecta el diseño de las políticas y acciones en materia de salud”, denunciaba la ASF.
En la revisión del ejercicio 2009, la Auditoría Superior emitió un dictamen negativo al estado en sus revisiones financieras y de cumplimiento, destacando un subejercicio de los recursos aportados por la federación, lo que impactó de “manera directa no sólo en el cumplimiento de los objetivos básicos de este programa, sino fundamentalmente en la mejora de una cobertura efectiva del servicio de salud en el estado, así como en las condiciones de salud de la población”.
En 2010 también se obtuvo un dictamen negativo de la ASF, porque “el gobierno del estado de Guerrero no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política de estado en materia de salud”, ya que al 31 de diciembre de 2010 no había ejercido 737 millones de pesos del recurso federal “limitando con ello de manera sustancial la atención a la población que no tiene acceso a la seguridad social, al propiciar que los servicios prestados por medio del Seguro Popular no fueran con mayor calidad, al no cumplir la meta de afiliación en 94 mil 409 personas programadas a 2010”, concluyó en su informe la ASF.
Medicamentos caros
En un estudio denominado El Seguro Popular y la compra de medicamentos 2008- 2009: Del mal uso de los recursos al desabasto de fármacos, la organización Fundar, Centro de análisis e investigación encontró que en los ejercicios 2008 y 2009, la compra de medicamentos en el ámbito nacional se caracterizó por los altos precios que pagaron la mayoría de las entidades federativas.
Esto “revela un ejercicio inadecuado de los recursos públicos destinados a la adquisición de insumos, que son indispensables para la atención médica de la población”, precisó el centro de investigación.
En lo que respecta al primer semestre de 2009, Fundar informó que el reporte de gasto en medicamentos, “muestra gastos excesivos en la compra de claves de medicamentos, que en muchos estados rebasa el precio límite, que es de hasta 20 por cierto por arriba del precio de referencia”.
Ejemplificó con el medicamento denominado Enalapril (30 tabletas 10 miligramos), que se prescribe para el tratamiento de la hipertensión arterial, y que en 2009 tuvo un precio de referencia de 2.55 pesos.
Fundar documentó que 19 estados compraron dicho fármaco a un costo mayor que el estipulado en el precio de referencia, pero destacó de manera especial el gasto que realizó el estado de Guerrero para la compra del Enalapril “a un precio excesivamente alto”, pues lo adquirió a 129.89 pesos, es decir, 4 mil 993 por ciento por arriba del precio de referencia.
La investigación de Fundar agregó: “En el reporte publicado en la página de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, no existe explicación alguna sobre el gasto ejercido para la compra de este medicamento”. http://fundar.-org.mx/fundar_1/site/files/Home/Breves/El%20Seguro%20Popular_medicamentos_VFdoc.pdf
Escándalos en la prensa
En diciembre de 2009, y recién asumió el cargo, la ex directora del Seguro Popular, Gloria Sierra López, declaró que encontró “desequilibrios” en la operación del programa, por lo que estaba trabajando para que las unidades médicas contaran con presupuesto, medicamentos, equipamiento necesario y “con todo lo que requieran para brindar atención con calidad y calidez”.
En aquella ocasión precisó que no era suficiente con la afiliación de más familias, sino atenderlas con calidad.
Sin embargo, en febrero de 2010 Gloria Sierra renunció al cargo porque la administración del presupuesto del Seguro Popular ya no estaría bajo su directa administración, sino a cargo de la ex subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, María Angélica Ramos, funcionaria a quién se identificaba como cercana a Zeferino Torreblanca Galindo y al titular de la dependencia en ese año, Rubén Padilla Fierro.
También es muy recordada la noche del 6 de marzo de 2011, a unos días de que concluyera su encargo el ex gobernador Zeferino Torreblanca, porque de manera inverosímil fueron incendiadas las oficinas que albergaban documentos contables referentes al Seguro Popular. El contador de este programa, Daniel Luño, declaró a la prensa que sujetos lo golpearon y rociaron con gasolina muebles y documentos para después prenderles fuego. Los incendiarios se llevaron computadoras portátiles, celulares y procesadores de computadoras de escritorio.
Sobre este suceso, el secretario de Salud del estado, Antonio Salvador Jaimes Herrera, dijo que levantarían un acta ministerial y solicitarían a la Procuraduría General de Justicia del Estado que agilizaran las investigaciones del caso, y agregó que la documentación que sufrió daños, coincidentemente, fue la que se relacionaba con “el cierre contable del Seguro Popular” e información “administrativa de la Secretaría de Salud”.
Finalmente, en agosto de 2011, el actual secretario de salud, Lázaro Mazón denunció que la administración de Zeferino Torreblanca no comprobó mil 900 millones de pesos del programa Seguro Popular, desde 2006 y hasta 2011.
Al respecto, el funcionario aseguró que la irresponsabilidad del gobierno anterior pudo generar graves consecuencias para Guerrero, ya que de la correcta comprobación de los recursos económicos dependía que el gobierno federal continuara destinando el mismo presupuesto a este programa en los próximos ejercicios fiscales.
Lázaro Mazón indicó que la federación estuvo a punto de suspender el presupuesto del Seguro Popular a principios de la administración, y que por un compromiso que adquirió el gobernador Aguirre Rivero con el secretario de salud federal, se logró que continuaran estos recursos a cambio de comprobar hasta el último peso.
Pero como se leerá en la próxima entrega, en la operación del Seguro Popular durante el primer año del gobierno de Ángel Aguirre también se han cometido numerosas irregularidades.
A propósito del estado de derecho. A la Secretaría de Salud le solicitamos información relativa al dengue, como la incidencia de casos por año, los recursos financieros invertidos, el número de personal empleado para su combate, entre otros datos. Pero la dependencia nunca respondió, y presentamos un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero. La Secretaría tampoco rindió su informe al Itaig en el plazo estipulado, por lo que el órgano garante emitió una resolución que ordena a la dependencia a entregar la información solicitada. Ya pasaron los 10 días hábiles de plazo que dio el Itaig para que se nos entregara la información, y la Secretaría no ha respondido, en abierto desacato a una resolución.
De manera particular, en el segundo año de la administración de Ángel Aguirre, el acceso a la información ha sido más problemático que otros años. Hay ejemplos como las de la Secretaría de Desarrollo Rural, Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento y la propia Secretaría de Salud, que simplemente no responden a las solicitudes de información o cuando contestan, los hacen con una negativa. Y si se revisa el séptimo informe de labores del Itaig, se observará que la tendencia es generalizada en el Ejecutivo estatal: de 73 quejas presentadas ante el Itaig, 60 corresponden a dependencias del gobierno del estado.
No obstante que en el estado de Guerrero persisten grandes rezagos en materia de salud, el Seguro Popular, uno de los programas baluarte del gobierno federal y en el que se han invertido miles de millones de pesos en 10 años de funcionamiento, se han encontrado numerosas irregularidades en la operación y en el ejercicio de los recursos, tanto en la anterior administración de Zeferino Torreblanca Galindo, como en la actual de Ángel Aguirre Rivero.
Aunque existe poca información sobre este programa, debido a la casi completa opacidad con que se maneja en el estado, los pocos datos disponibles permiten tener una percepción de la manera en que funciona el Seguro Popular, que nació con el propósito de “brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario”.
La Auditoría Superior de la Federación, en sus revisiones a la cuenta pública de diversos sectores del estado, es prácticamente la única fuente de información para conocer lo que sucede con el ejercicio de los recursos del Seguro Popular, ya que la Secretaría de Salud del gobierno del estado no publica o distorsiona la información que tiene publicada sobre este programa, con el propósito de hacerla inaccesible a los ciudadanos.
10 años de Seguro Popular
Según la Ley General de Salud, el Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, se financia de manera solidaria por la federación, las entidades federativas y los beneficiarios. Los lineamientos indican que la federación transferirá a los estados dos tipos de recursos, uno denominado Cuota Social, que equivale a 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario (en el Distrito Federal) por familia beneficiaria.
El otro recurso es la Aportación Solidaria Federal por familia, y equivale a 1.5 veces el monto de la Cuota Social. La distribución entre las entidades federativas considera componentes de asignación por persona afiliada, necesidades de salud, esfuerzo estatal y desempeño, por lo que la aportación es diferente para cada entidad federativa.
En forma adicional, los gobiernos de los estados tienen la obligación de efectuar aportaciones solidarias por persona beneficiaria, la cual debe ser equivalente a la mitad de la Cuota Social.
Por su parte, los beneficiarios del Seguro Popular participan con cuotas familiares que son anticipadas, anuales, progresivas y que se determinan con base en las condiciones socioeconómicas de cada familia.
De manera general, de 2006 a 2011 el estado de Guerrero recibió recursos por 5 mil 593 millones de pesos, mientras que la aportación del gobierno estatal fue en el mismo periodo por 2 mil 661.1 millones.
Considerando sólo las aportaciones federales, en 2010 se hicieron transferencias al estado por mil 657.2 millones de pesos, en el ejercicio 2011 se recibieron mil 901.1 millones de pesos, mientras que en 2012 la cifra se incrementó a 2 mil 151 millones.
De acuerdo con información estadística del Seguro Popular, en 2011 en Guerrero estaban afiliados 791 mil 554 familias a este programa con un total de 2.2 millones de individuos.
Si se observa por municipio, Acapulco ocupa el primer lugar con 130 mil 555 familias afiliadas, y le siguen Chilpancingo con 50 mil 859 familias, Taxco 29 mil 688, Iguala 28 mil 345 y Zihuatanejo con 24 mil 473 familias.
Para ver los reportes de familias afiliadas al Seguro Popular por municipio y por comunidad: http://sistemas.cnpss.gob.mx:7000/reportespef/fraccion_ii_20112/reportes.html#
Historia de irregularidades
Según la información disponible, durante casi todo el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se observaron irregularidades en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular.
De 2006 a 2008, la ASF denunció un “menor dinamismo” en la incorporación de familias a este programa de salud, ya que mientras la federación enviaba los recursos comprometidos en convenios firmados anualmente por la federación y el Ejecutivo estatal, en el estado no se cumplían las metas de afiliación de beneficiarios.
Asimismo, durante estos años el órgano fiscalizador federal ya destacaba la opacidad del programa, pues el gobierno del estado no entregaba información “suficiente” para evaluar indicadores, como fallecimientos derivados de intervenciones quirúrgicas, mortalidad intrahospitalaria, cirugías ambulatorias y médicos para atender población abierta.
“Las falta de información sobre aspectos básicos del sector afecta el diseño de las políticas y acciones en materia de salud”, denunciaba la ASF.
En la revisión del ejercicio 2009, la Auditoría Superior emitió un dictamen negativo al estado en sus revisiones financieras y de cumplimiento, destacando un subejercicio de los recursos aportados por la federación, lo que impactó de “manera directa no sólo en el cumplimiento de los objetivos básicos de este programa, sino fundamentalmente en la mejora de una cobertura efectiva del servicio de salud en el estado, así como en las condiciones de salud de la población”.
En 2010 también se obtuvo un dictamen negativo de la ASF, porque “el gobierno del estado de Guerrero no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política de estado en materia de salud”, ya que al 31 de diciembre de 2010 no había ejercido 737 millones de pesos del recurso federal “limitando con ello de manera sustancial la atención a la población que no tiene acceso a la seguridad social, al propiciar que los servicios prestados por medio del Seguro Popular no fueran con mayor calidad, al no cumplir la meta de afiliación en 94 mil 409 personas programadas a 2010”, concluyó en su informe la ASF.
Medicamentos caros
En un estudio denominado El Seguro Popular y la compra de medicamentos 2008- 2009: Del mal uso de los recursos al desabasto de fármacos, la organización Fundar, Centro de análisis e investigación encontró que en los ejercicios 2008 y 2009, la compra de medicamentos en el ámbito nacional se caracterizó por los altos precios que pagaron la mayoría de las entidades federativas.
Esto “revela un ejercicio inadecuado de los recursos públicos destinados a la adquisición de insumos, que son indispensables para la atención médica de la población”, precisó el centro de investigación.
En lo que respecta al primer semestre de 2009, Fundar informó que el reporte de gasto en medicamentos, “muestra gastos excesivos en la compra de claves de medicamentos, que en muchos estados rebasa el precio límite, que es de hasta 20 por cierto por arriba del precio de referencia”.
Ejemplificó con el medicamento denominado Enalapril (30 tabletas 10 miligramos), que se prescribe para el tratamiento de la hipertensión arterial, y que en 2009 tuvo un precio de referencia de 2.55 pesos.
Fundar documentó que 19 estados compraron dicho fármaco a un costo mayor que el estipulado en el precio de referencia, pero destacó de manera especial el gasto que realizó el estado de Guerrero para la compra del Enalapril “a un precio excesivamente alto”, pues lo adquirió a 129.89 pesos, es decir, 4 mil 993 por ciento por arriba del precio de referencia.
La investigación de Fundar agregó: “En el reporte publicado en la página de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, no existe explicación alguna sobre el gasto ejercido para la compra de este medicamento”. http://fundar.-org.mx/fundar_1/site/files/Home/Breves/El%20Seguro%20Popular_medicamentos_VFdoc.pdf
Escándalos en la prensa
En diciembre de 2009, y recién asumió el cargo, la ex directora del Seguro Popular, Gloria Sierra López, declaró que encontró “desequilibrios” en la operación del programa, por lo que estaba trabajando para que las unidades médicas contaran con presupuesto, medicamentos, equipamiento necesario y “con todo lo que requieran para brindar atención con calidad y calidez”.
En aquella ocasión precisó que no era suficiente con la afiliación de más familias, sino atenderlas con calidad.
Sin embargo, en febrero de 2010 Gloria Sierra renunció al cargo porque la administración del presupuesto del Seguro Popular ya no estaría bajo su directa administración, sino a cargo de la ex subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, María Angélica Ramos, funcionaria a quién se identificaba como cercana a Zeferino Torreblanca Galindo y al titular de la dependencia en ese año, Rubén Padilla Fierro.
También es muy recordada la noche del 6 de marzo de 2011, a unos días de que concluyera su encargo el ex gobernador Zeferino Torreblanca, porque de manera inverosímil fueron incendiadas las oficinas que albergaban documentos contables referentes al Seguro Popular. El contador de este programa, Daniel Luño, declaró a la prensa que sujetos lo golpearon y rociaron con gasolina muebles y documentos para después prenderles fuego. Los incendiarios se llevaron computadoras portátiles, celulares y procesadores de computadoras de escritorio.
Sobre este suceso, el secretario de Salud del estado, Antonio Salvador Jaimes Herrera, dijo que levantarían un acta ministerial y solicitarían a la Procuraduría General de Justicia del Estado que agilizaran las investigaciones del caso, y agregó que la documentación que sufrió daños, coincidentemente, fue la que se relacionaba con “el cierre contable del Seguro Popular” e información “administrativa de la Secretaría de Salud”.
Finalmente, en agosto de 2011, el actual secretario de salud, Lázaro Mazón denunció que la administración de Zeferino Torreblanca no comprobó mil 900 millones de pesos del programa Seguro Popular, desde 2006 y hasta 2011.
Al respecto, el funcionario aseguró que la irresponsabilidad del gobierno anterior pudo generar graves consecuencias para Guerrero, ya que de la correcta comprobación de los recursos económicos dependía que el gobierno federal continuara destinando el mismo presupuesto a este programa en los próximos ejercicios fiscales.
Lázaro Mazón indicó que la federación estuvo a punto de suspender el presupuesto del Seguro Popular a principios de la administración, y que por un compromiso que adquirió el gobernador Aguirre Rivero con el secretario de salud federal, se logró que continuaran estos recursos a cambio de comprobar hasta el último peso.
Pero como se leerá en la próxima entrega, en la operación del Seguro Popular durante el primer año del gobierno de Ángel Aguirre también se han cometido numerosas irregularidades.
A propósito del estado de derecho. A la Secretaría de Salud le solicitamos información relativa al dengue, como la incidencia de casos por año, los recursos financieros invertidos, el número de personal empleado para su combate, entre otros datos. Pero la dependencia nunca respondió, y presentamos un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero. La Secretaría tampoco rindió su informe al Itaig en el plazo estipulado, por lo que el órgano garante emitió una resolución que ordena a la dependencia a entregar la información solicitada. Ya pasaron los 10 días hábiles de plazo que dio el Itaig para que se nos entregara la información, y la Secretaría no ha respondido, en abierto desacato a una resolución.
De manera particular, en el segundo año de la administración de Ángel Aguirre, el acceso a la información ha sido más problemático que otros años. Hay ejemplos como las de la Secretaría de Desarrollo Rural, Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento y la propia Secretaría de Salud, que simplemente no responden a las solicitudes de información o cuando contestan, los hacen con una negativa. Y si se revisa el séptimo informe de labores del Itaig, se observará que la tendencia es generalizada en el Ejecutivo estatal: de 73 quejas presentadas ante el Itaig, 60 corresponden a dependencias del gobierno del estado.
martes, 16 de abril de 2013
Cómo hacer útil la información que publican las dependencias
El Sur de Acapulco
En Guerrero, ninguna dependencia de gobierno ha sido transparente, ni antes de que entrara en vigor la primera ley de acceso a la información pública del estado en 2006, ni hoy, después de siete años de que el sector público tienen esa obligación legal.
La transparencia es una obligación de las dependencias públicas para dar a conocer a la sociedad la información existente sobre un asunto público. Esta obligación se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en el capítulo “De la información pública de oficio” (artículos 13 al 31), donde se describe un catálogo de los rubros de información que debe hacerse públicos sin que medie petición de parte alguna, es decir, colocarlos en una vitrina pública.
Pero hasta hoy, la información pública no ha sido un factor que contribuya a modificar las condiciones de vida de las y los ciudadanos en el ámbito individual ni en el colectivo; tampoco ha abonado para que Guerrero sea un estado más democrático y mucho menos con la ley de transparencia se ha ganado en credibilidad de las instituciones.
Todavía hace falta mucho para que el derecho de acceso a la información sea una práctica cotidiana y, sobre todo, para que la ciudadanía le encuentre una utilidad social a la información y la vincule con el ejercicio de otros derechos.
La información útil
Aunque a cuentagotas, las dependencias de gobierno han publicado información que puede ser sujeta de análisis y crítica de parte de la ciudadanía.
La Secretaría de Fomento Turístico del gobierno del estado, por ejemplo, publica como parte de su información de oficio los contratos celebrados con diversas empresas en el 2012. Destaca la información relativa al apoyo que dio el gobierno del estado a la telenovela Por ella soy Eva, producida con el logo de Televisa y que concluyó a finales de 2012.
Por el servicio de hospedaje, el Ejecutivo del estado pagó al hotel Las Brisas la cantidad de 1.3 millones de pesos.
Igualmente, por el servicio de transporte para la misma telenovela se pagaron 552 mil 682 pesos, y por alimentación 514 mil 794 pesos, según la información que publica la Secretaría de Fomento Turístico.
Por otra parte, para el Festival de Acapulco, el gobierno del estado erogó la cantidad de 1.6 millones de pesos en servicio de transporte, 3.9 millones en hospedaje y 411 mil 218 pesos en alimentación.
Toda esta información que aparece en la página electrónica de la Sefotur, en el apartado de información pública de oficio, puede ser revisada e incluso solicitar a la dependencia los convenios y contrastarlos con los programas que opera la secretaría. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/10/RELACIÓN-DE-CONTRATOS-2012.pdf.
Otro caso es el de la información que presenta el Conalep. En su informe de actividades correspondiente al primer semestre de 2012, la institución aporta información para que la ciudadanía conozca lo que ahí sucede y pueda profundizar si lo requiere, presentando solicitudes de información.
Ahí se pueden observar los resultados de las evaluaciones que el Conalep aplica a su personal docente (que por cierto, en 2012 obtuvo el peor resultado de los últimos dos años); asimismo, presentan el número de becas y montos en los últimos años, y el nivel de escolaridad de los docentes (53 por ciento con nivel licenciatura; 22.6 por ciento con maestría y menos de uno por ciento con doctorado. Destaca también que 15.4 por ciento del personal docente del Conalep no haya concluido su licenciatura y 7.2 por ciento tenga nivel técnico profesional).
En el informe también se describe que el Conalep Guerrero ha tenido un déficit presupuestario desde su creación estatal, situación que ha obligado a la institución a dejar de cubrir obligaciones fiscales y sociales, como el entero del ISPT, aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR en el periodo enero-junio 2012 con un monto acumulado de 43.5 millones de pesos.
El Colegio ha transferido todos los recursos de ingresos propios para cubrir el capítulo de “Servicios Personales”, descuidando el mantenimiento necesario y oportuno de las instalaciones de los planteles, así como su adecuado equipamiento, mermando la calidad del servicio que presta.
Además, el informe de actividades del Conalep contiene resultados de auditorías, informe de litigios laborales y la evolución presupuestal del primer semestre de 2012. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2012/05/Informe-del-primer-semestre-2012-del-CONALEP-Guerrero.pdf
Sobre padrones de beneficiarios
La publicación de los padrones de beneficiarios de los programas sociales es útil a la ciudadanía para cotejar y verificar si realmente las personas registradas en las listas reciben los apoyos que se anuncian.
El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores publica en su página electrónica un listado de personas que según la institución reciben una pensión de 800 pesos cada dos meses (http://guerrero.gob.mx/articulos/padron-de-beneficiarios-de-pension-guerrero-bimestre-enero-febrero-2013/).
El padrón de beneficiarios debe ser consultado para verificar a quién se entregan los recursos, sobre todo, porque el Igatipam ha sido una institución que ha sido poco transparente y donde en el pasado reciente se encontraron numerosas irregularidades como personas fallecidas que seguían cobrando (por familiares de los fallecidos o empleados del Igatipam) o dinero no entregado a los adultos mayores, pero que en los registros aparecía como pagado.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural publica el padrón de beneficiarios del programa de fertilizante del ejercicio 2012, y en él se pueden revisar todos aquellos productores, incluso los que no son productores, que reciben el insumo subsidiado, desglosados por comunidad y por municipio.
Esta relación de beneficiarios puede ser consultada por cada uno de los núcleos agrarios del estado para verificar a quién se le ha hecho acreedor de este beneficio y discutir en sus asambleas comunitarias qué medidas deberán tomar ante las irregularidades detectadas. http://campoguerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/01/PADRON%20_2012.pdf
La Secretaría de Desarrollo Social también publica los padrones de beneficiarios de sus diferentes programas, por ejemplo, los 10 mil 355 niños y jóvenes que en 2012 obtuvieron un apoyo del programa de becas excelencia (http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/03/Padron-2012-Becas-Excelencia.pdf), así como una relación de 216 reporteros afiliados elegibles para ser beneficiados con el Fondo de Apoyo a Periodistas. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/03/Periodistas-Asegurados.pdf
Contratos de obra
Entre la información que presenta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas destaca una relación de los contratos de obra realizados en 2012 entre esa dependencia y diferentes constructoras y personas físicas.
Esta información puede consultarse, sobre todo por aquellos ciudadanos que habitan en los lugares donde se realizaron las construcciones, para que puedan solicitar el contrato y el expediente técnico, por medio de una solicitud de información, que les permita revisar si lo que expresan los documentos en los aspectos técnicos y financieros corresponde con la obra edificada. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/11/Fracción-XV_contratos-de-obra_Ejercicio_2012ok.pdf
Ayuntamiento de Chilpancingo
La administración del municipio de Chilpancingo del alcalde Mario Moreno Arcos publicó información correspondiente al primer semestre de 2012 (de la administración anterior) y entre los documentos que pueden revisarse se encuentra el estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto
http://transparencia.chilpancingo.gob.mx/cuentapublica/analiticos_egresos_presupuestarios.pdf .
Destaca que al 30 de junio ya se habían pagado 102.2 millones de pesos por servicios personales (sueldos y salarios) de los cuales 68.1 millones fueron para personal permanente y 7.2 millones para el personal eventual.
Asimismo, el documento informa que en ese primer semestre de 2012 se pagaron casi dos millones de pesos en salarios por horas extraordinarias y también la cantidad de 13.2 millones en compensaciones por servicios eventuales.
Se observa en el documento un rubro denominado estímulos por productividad y eficiencia, donde se pagaron 542 mil pesos, y otro relativo a estímulos al personal operativo, en el cual se ejercieron casi tres millones de pesos. El documento no describe en qué consistieron los estímulos ni las personas a las que se les pagaron.
En arrendamientos, a mitad del año de 2012 ya se habían gastado 336 mil 412 pesos en rentas de edificios, mientras que en vehículos las rentas alcanzaron 178 mil 676 pesos.
El documento del ayuntamiento de Chilpancingo también incluye el pago de varias actividades que aparentemente debería realizar el personal permanente y eventual de la administración, como el rubro de servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, en donde se erogaron 1.2 millones de pesos en el primer semestre; o el de servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, donde el gasto fue de 703 mil 457 pesos sólo durante los seis primeros meses de 2012.
En materia de difusión de radio, televisión y otros medios se tuvo un ejercicio de 797 mil 882 pesos en el primer semestre del año.
En el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se gastaron en el periodo un total de 29.2 millones de pesos, de los cuales 19.3 millones correspondieron a subsidios a la producción (adquisición de fertilizante químico), y 3.9 millones a “ayudas sociales a personas”, sin especificar qué tipo de apoyos se les brindaron y el costo de cada uno de ellos.
Asimismo, el documento da cuenta del ejercicio de 28.4 millones de pesos (de un total de 52.3 millones programados para 2012) del Fondo de Infraestructura Social Municipal. En el registro se relacionan las obras que se construyeron durante el año anterior y es útil para que la población del municipio de Chilpancingo revise si las obras construidas en sus localidades corresponden con lo que indica el informe.
Ayuntamiento de Acapulco
El de Luis Walton Aburto es el primer ayuntamiento que publica su Plan Municipal de Desarrollo (http://www.acapulco.gob.mx/wp-content/uploads / transparencia/marcojuridico/planes / PLAN_MUNICIPAL_DE_DESARROLLO_2012-2015.pdf), por lo que los ciudadanos de Acapulco podrán conocer las principales estrategias que pondrá en marcha el gobierno en los próximos tres años, darles seguimiento y exigir que se cumpla lo que ahí se propone.
De manera particular, la publicación de este documento compromete al presidente de este municipio con la misión que se describe en el documento de planeación: “Transformar Acapulco, gobernando con austeridad, eficacia, honestidad y rendición de cuentas, con la participación activa de la ciudadanía, más seguridad y servicios públicos eficientes, promoviendo la inversión privada y pública, mejorando la atención y calidad de los servicios públicos”.
Asimismo, en el portal electrónico del ayuntamiento de Acapulco recientemente se publicó el formato único sobre aplicaciones de recursos federales correspondiente al Fondo de Infraestructura Social Municipal, en donde se describe información relevante para las comunidades rurales y las colonias y barrios del municipio de Acapulco, como el monto total invertido en 2012 (por 435.3 millones de pesos), las obras realizadas, lugar donde se construyeron y costo de las mismas.
Pero también se da a conocer información sobre las obras y acciones realizadas con el Fondo de Fortalecimiento Municipal, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, el Fondo de Pavimentación y espacios deportivos para municipios, y de los programas de Hábitat y de Rescate de espacios públicos. (http://www.acapulco.gob.mx/fondos-federales)
En Guerrero, ninguna dependencia de gobierno ha sido transparente, ni antes de que entrara en vigor la primera ley de acceso a la información pública del estado en 2006, ni hoy, después de siete años de que el sector público tienen esa obligación legal.
La transparencia es una obligación de las dependencias públicas para dar a conocer a la sociedad la información existente sobre un asunto público. Esta obligación se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en el capítulo “De la información pública de oficio” (artículos 13 al 31), donde se describe un catálogo de los rubros de información que debe hacerse públicos sin que medie petición de parte alguna, es decir, colocarlos en una vitrina pública.
Pero hasta hoy, la información pública no ha sido un factor que contribuya a modificar las condiciones de vida de las y los ciudadanos en el ámbito individual ni en el colectivo; tampoco ha abonado para que Guerrero sea un estado más democrático y mucho menos con la ley de transparencia se ha ganado en credibilidad de las instituciones.
Todavía hace falta mucho para que el derecho de acceso a la información sea una práctica cotidiana y, sobre todo, para que la ciudadanía le encuentre una utilidad social a la información y la vincule con el ejercicio de otros derechos.
La información útil
Aunque a cuentagotas, las dependencias de gobierno han publicado información que puede ser sujeta de análisis y crítica de parte de la ciudadanía.
La Secretaría de Fomento Turístico del gobierno del estado, por ejemplo, publica como parte de su información de oficio los contratos celebrados con diversas empresas en el 2012. Destaca la información relativa al apoyo que dio el gobierno del estado a la telenovela Por ella soy Eva, producida con el logo de Televisa y que concluyó a finales de 2012.
Por el servicio de hospedaje, el Ejecutivo del estado pagó al hotel Las Brisas la cantidad de 1.3 millones de pesos.
Igualmente, por el servicio de transporte para la misma telenovela se pagaron 552 mil 682 pesos, y por alimentación 514 mil 794 pesos, según la información que publica la Secretaría de Fomento Turístico.
Por otra parte, para el Festival de Acapulco, el gobierno del estado erogó la cantidad de 1.6 millones de pesos en servicio de transporte, 3.9 millones en hospedaje y 411 mil 218 pesos en alimentación.
Toda esta información que aparece en la página electrónica de la Sefotur, en el apartado de información pública de oficio, puede ser revisada e incluso solicitar a la dependencia los convenios y contrastarlos con los programas que opera la secretaría. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/10/RELACIÓN-DE-CONTRATOS-2012.pdf.
Otro caso es el de la información que presenta el Conalep. En su informe de actividades correspondiente al primer semestre de 2012, la institución aporta información para que la ciudadanía conozca lo que ahí sucede y pueda profundizar si lo requiere, presentando solicitudes de información.
Ahí se pueden observar los resultados de las evaluaciones que el Conalep aplica a su personal docente (que por cierto, en 2012 obtuvo el peor resultado de los últimos dos años); asimismo, presentan el número de becas y montos en los últimos años, y el nivel de escolaridad de los docentes (53 por ciento con nivel licenciatura; 22.6 por ciento con maestría y menos de uno por ciento con doctorado. Destaca también que 15.4 por ciento del personal docente del Conalep no haya concluido su licenciatura y 7.2 por ciento tenga nivel técnico profesional).
En el informe también se describe que el Conalep Guerrero ha tenido un déficit presupuestario desde su creación estatal, situación que ha obligado a la institución a dejar de cubrir obligaciones fiscales y sociales, como el entero del ISPT, aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR en el periodo enero-junio 2012 con un monto acumulado de 43.5 millones de pesos.
El Colegio ha transferido todos los recursos de ingresos propios para cubrir el capítulo de “Servicios Personales”, descuidando el mantenimiento necesario y oportuno de las instalaciones de los planteles, así como su adecuado equipamiento, mermando la calidad del servicio que presta.
Además, el informe de actividades del Conalep contiene resultados de auditorías, informe de litigios laborales y la evolución presupuestal del primer semestre de 2012. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2012/05/Informe-del-primer-semestre-2012-del-CONALEP-Guerrero.pdf
Sobre padrones de beneficiarios
La publicación de los padrones de beneficiarios de los programas sociales es útil a la ciudadanía para cotejar y verificar si realmente las personas registradas en las listas reciben los apoyos que se anuncian.
El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores publica en su página electrónica un listado de personas que según la institución reciben una pensión de 800 pesos cada dos meses (http://guerrero.gob.mx/articulos/padron-de-beneficiarios-de-pension-guerrero-bimestre-enero-febrero-2013/).
El padrón de beneficiarios debe ser consultado para verificar a quién se entregan los recursos, sobre todo, porque el Igatipam ha sido una institución que ha sido poco transparente y donde en el pasado reciente se encontraron numerosas irregularidades como personas fallecidas que seguían cobrando (por familiares de los fallecidos o empleados del Igatipam) o dinero no entregado a los adultos mayores, pero que en los registros aparecía como pagado.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural publica el padrón de beneficiarios del programa de fertilizante del ejercicio 2012, y en él se pueden revisar todos aquellos productores, incluso los que no son productores, que reciben el insumo subsidiado, desglosados por comunidad y por municipio.
Esta relación de beneficiarios puede ser consultada por cada uno de los núcleos agrarios del estado para verificar a quién se le ha hecho acreedor de este beneficio y discutir en sus asambleas comunitarias qué medidas deberán tomar ante las irregularidades detectadas. http://campoguerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2013/01/PADRON%20_2012.pdf
La Secretaría de Desarrollo Social también publica los padrones de beneficiarios de sus diferentes programas, por ejemplo, los 10 mil 355 niños y jóvenes que en 2012 obtuvieron un apoyo del programa de becas excelencia (http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/03/Padron-2012-Becas-Excelencia.pdf), así como una relación de 216 reporteros afiliados elegibles para ser beneficiados con el Fondo de Apoyo a Periodistas. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/03/Periodistas-Asegurados.pdf
Contratos de obra
Entre la información que presenta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas destaca una relación de los contratos de obra realizados en 2012 entre esa dependencia y diferentes constructoras y personas físicas.
Esta información puede consultarse, sobre todo por aquellos ciudadanos que habitan en los lugares donde se realizaron las construcciones, para que puedan solicitar el contrato y el expediente técnico, por medio de una solicitud de información, que les permita revisar si lo que expresan los documentos en los aspectos técnicos y financieros corresponde con la obra edificada. http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/11/Fracción-XV_contratos-de-obra_Ejercicio_2012ok.pdf
Ayuntamiento de Chilpancingo
La administración del municipio de Chilpancingo del alcalde Mario Moreno Arcos publicó información correspondiente al primer semestre de 2012 (de la administración anterior) y entre los documentos que pueden revisarse se encuentra el estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto
http://transparencia.chilpancingo.gob.mx/cuentapublica/analiticos_egresos_presupuestarios.pdf .
Destaca que al 30 de junio ya se habían pagado 102.2 millones de pesos por servicios personales (sueldos y salarios) de los cuales 68.1 millones fueron para personal permanente y 7.2 millones para el personal eventual.
Asimismo, el documento informa que en ese primer semestre de 2012 se pagaron casi dos millones de pesos en salarios por horas extraordinarias y también la cantidad de 13.2 millones en compensaciones por servicios eventuales.
Se observa en el documento un rubro denominado estímulos por productividad y eficiencia, donde se pagaron 542 mil pesos, y otro relativo a estímulos al personal operativo, en el cual se ejercieron casi tres millones de pesos. El documento no describe en qué consistieron los estímulos ni las personas a las que se les pagaron.
En arrendamientos, a mitad del año de 2012 ya se habían gastado 336 mil 412 pesos en rentas de edificios, mientras que en vehículos las rentas alcanzaron 178 mil 676 pesos.
El documento del ayuntamiento de Chilpancingo también incluye el pago de varias actividades que aparentemente debería realizar el personal permanente y eventual de la administración, como el rubro de servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, en donde se erogaron 1.2 millones de pesos en el primer semestre; o el de servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, donde el gasto fue de 703 mil 457 pesos sólo durante los seis primeros meses de 2012.
En materia de difusión de radio, televisión y otros medios se tuvo un ejercicio de 797 mil 882 pesos en el primer semestre del año.
En el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se gastaron en el periodo un total de 29.2 millones de pesos, de los cuales 19.3 millones correspondieron a subsidios a la producción (adquisición de fertilizante químico), y 3.9 millones a “ayudas sociales a personas”, sin especificar qué tipo de apoyos se les brindaron y el costo de cada uno de ellos.
Asimismo, el documento da cuenta del ejercicio de 28.4 millones de pesos (de un total de 52.3 millones programados para 2012) del Fondo de Infraestructura Social Municipal. En el registro se relacionan las obras que se construyeron durante el año anterior y es útil para que la población del municipio de Chilpancingo revise si las obras construidas en sus localidades corresponden con lo que indica el informe.
Ayuntamiento de Acapulco
El de Luis Walton Aburto es el primer ayuntamiento que publica su Plan Municipal de Desarrollo (http://www.acapulco.gob.mx/wp-content/uploads / transparencia/marcojuridico/planes / PLAN_MUNICIPAL_DE_DESARROLLO_2012-2015.pdf), por lo que los ciudadanos de Acapulco podrán conocer las principales estrategias que pondrá en marcha el gobierno en los próximos tres años, darles seguimiento y exigir que se cumpla lo que ahí se propone.
De manera particular, la publicación de este documento compromete al presidente de este municipio con la misión que se describe en el documento de planeación: “Transformar Acapulco, gobernando con austeridad, eficacia, honestidad y rendición de cuentas, con la participación activa de la ciudadanía, más seguridad y servicios públicos eficientes, promoviendo la inversión privada y pública, mejorando la atención y calidad de los servicios públicos”.
Asimismo, en el portal electrónico del ayuntamiento de Acapulco recientemente se publicó el formato único sobre aplicaciones de recursos federales correspondiente al Fondo de Infraestructura Social Municipal, en donde se describe información relevante para las comunidades rurales y las colonias y barrios del municipio de Acapulco, como el monto total invertido en 2012 (por 435.3 millones de pesos), las obras realizadas, lugar donde se construyeron y costo de las mismas.
Pero también se da a conocer información sobre las obras y acciones realizadas con el Fondo de Fortalecimiento Municipal, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, el Fondo de Pavimentación y espacios deportivos para municipios, y de los programas de Hábitat y de Rescate de espacios públicos. (http://www.acapulco.gob.mx/fondos-federales)
martes, 2 de abril de 2013
Ineficiencia, desvío de recursos y adjudicaciones directas
El Sur de Acapulco
La Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero concluyeron en sus revisiones a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 2011 que ni el gobierno del estado ni los municipios auditados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, y su contribución para beneficiar a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema fue sumamente parcial e insuficiente.
Esto coloca a Guerrero en una situación delicada, ya que el FAIS es uno de los ocho fondos del Ramo 33 destinado a la construcción de obra pública, estatal y municipal, para contribuir directamente a superar rezagos sociales en las localidades más pobres del estado, y eso no sucedió, ya que en el ejercicio de los recursos federales para que el Ejecutivo del estado y los 81 municipios guerrerenses construyeran obras de infraestructura, los órganos fiscalizadores encontraron graves irregularidades que disminuyeron sensiblemente el cumplimiento de los objetivos de esta política social.
Para dar una idea de la cantidad de recursos que llegan provenientes de este fondo, en 2011 se transfirieron a Guerrero 3,583.5 millones de pesos del FAIS, de los cuales 3,149.2 millones correspondieron a los municipios y 434.3 millones al gobierno del estado. Es decir, casi 10 por ciento de los ingresos totales que recibió el estado provinieron del FAIS, según el presupuesto de egresos de la entidad del año 2011.
Grosero subejercicio
Las deficiencias en el gasto del FAIS no son exclusivas de los ayuntamientos; en Guerrero, el gobierno del estado también mostró sus carencias y muchas irregularidades en el ejercicio de los 434.3 millones de pesos que recibió de la federación en 2011 para la construcción de obra pública.
No obstante las enormes carencias en infraestructura social que existen en el estado, la AGE encontró que al 31 de diciembre de 2011, el gobierno del estado sólo ejerció 251.8 millones de pesos, es decir apenas 58 por ciento del total. Incluso, al 31 de mayo de 2012, sólo había ejercido 62.8 por ciento, lo que ocasionó que no se concluyeran oportunamente las obras y acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento y de infraestructura carretera.
De acuerdo con la AGE, “la causa del rezago registrado en el ejercicio del gasto es principalmente la falta de una planeación y programación adecuada de los recursos, hecho que origina un vacío en las directrices y políticas sobre la utilización de este fondo”.
Aunado a este subejercicio, la AGE revisó una muestra de las obras y halló que 58 por ciento estaban terminadas y el resto en proceso, y de las obras concluidas, solo 78 por ciento operaba adecuadamente, por lo que la AGE concluyó que los recursos de este fondo “no se ejercieron con eficiencia”.
Al revisar el trabajo de dos organismos que recibieron recursos del FAIS, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado (Cicaeg) y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Capaseg), el órgano fiscalizador del estado encontró que en el ejercicio 2011, la Cicaeg obtuvo un ahorro presupuestal de 6.9 millones de pesos, sin embargo reportó que se desconoce su aplicación y destino. En esa misma dependencia se detectó que una obra, por 14 millones de pesos se construyó mediante administración directa, cuando debió adjudicarse por licitación pública.
Asimismo, la Cicaeg, en cuatro obras de la muestra de auditoría, no presentó la documentación de los contratos debidamente formalizados, garantías de anticipo, garantías de cumplimiento de contratos y de vicios ocultos y notas de bitácora de obra. Y en seis obras no presentó la evidencia documental de los números generadores, las tarjetas de análisis de precios unitarios y de precios extraordinarios, ni de los oficios de solicitud y autorización de volúmenes excedentes y autorización de conceptos extraordinarios.
En el caso de la Capaseg, en seis obras de la muestra, por un monto de 28.3 millones de pesos, la dependencia no cumplió con la modalidad de ejecución que establece la norma, ya que debieron de adjudicarse por licitación pública. Asimismo, en 11 obras se modificó el proyecto original en los trazos de la línea de distribución de la red de alcantarillado sanitario, sin que existan las aclaraciones en las notas de bitácora, ni las autorizaciones para su ejecución, y una obra del municipio de José Joaquín de Herrera no se concluyó.
Los ayuntamientos, también irregulares
La Auditoría Superior de la Federación aplicó auditorías a los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio 2011, específicamente a los municipios de Florencio Villarreal, San Marcos, Tecoanapa y Tlalchapa, mientras que la Auditoría General del Estado revisó los municipios de Iguala y Taxco.
En general, los resultados de las revisiones tienen en común irregularidades como la aplicación de recursos del FISM a obras no autorizadas por la Ley de Coordinación Fiscal y en beneficio de sectores de población que no viven en condiciones de alto y muy alto rezago social. También se encontraron facturas “presumiblemente” apócrifas y la asignación de obras que por su monto no fueron licitadas.
En Florencio Villarreal, por ejemplo, se identificaron dos obras por 316 mil pesos y dos acciones por 640 mil pesos fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Adicionalmente, el municipio destinó 70 mil pesos para el pago de viáticos, concepto no establecido por la normativa en el rubro de gastos indirectos.
Esto sucedió también en San Marcos, en donde se pagó una obra y tres acciones que no eran elegibles, y cuyo costo global fue de más de un millones 500 mil pesos.
En Tecoanapa, el ex presidente municipal Juvenal Poblete gastó 554 mil pesos en una iglesia y poco más de un millón de pesos en la construcción del arco principal en la salida Tecoanapa-Ayutla, los cuales no se consideran obras prioritarias para superar rezagos sociales.
Además, en 2011 pagó la adquisición de fertilizante por 23.9 millones de pesos que representó 46 por ciento del total de transferencias del FISM al municipio.
También como un gasto no considerado en la Ley de Coordinación Fiscal, el ayuntamiento de Tlalchapa destinó 5.9 millones de pesos para la compra de fertilizante, y en este caso representó 48 por ciento de la inversión asignada al municipio.
Obras irregularmente adjudicadas
De acuerdo con los órganos fiscalizadores federal y del estado, las irregularidades en los procesos de adjudicación de las adquisiciones y de obra pública propician que no haya garantía para una adecuada calidad en el ejercicio del gasto público, como fue el caso de los seis municipios revisados en el ejercicio 2011.
Según la ASF, el ayuntamiento de Florencio Villarreal adjudicó en 2011 dos obras por administración directa y una por adjudicación directa de manera irregular, pues éstas debieron ser licitadas.
En el municipio de San Marcos se asignaron 15 obras mediante la modalidad de adjudicación directa sin contar con el dictamen de excepción a la licitación, y 14 de las 15 obras se adjudicaron a empresas o personas físicas que no estaban inscritas en el padrón de contratistas.
En este mismo municipio, se realizaron adquisiciones directas por 4.1 millones de pesos en los conceptos de manejo de residuos sólidos, asesoría y asistencia técnica, equipo de cómputo y oficina, promoción y difusión, mantenimiento de equipo de cómputo, papelería, combustible, mantenimiento de equipo de transporte, y asesoría administrativa, sin la justificación suficiente para no ser licitadas.
Por su parte, en Tecoanapa, la construcción de las comisarias en San Juan las Palmas y Mecatepec, con importes de 786 mil y un millón de pesos, respectivamente, debieron de licitarse y contratarse, y no ejecutarse por administración directa.
El ayuntamiento de Tlalchapa adjudicó una obra (con mezcla de recursos) por un monto de 2.5 millones de pesos mediante invitación a cuando menos tres personas, cuando debió ser por licitación pública.
Lo mismo sucedió con la administración municipal de Taxco, que ejecutó dos obras bajo el procedimiento de invitación y 17 por adjudicación directa cuando por su monto debieron contratarse por el procedimiento de licitación pública.
Finalmente en el municipio de Iguala se ejecutaron obras por 8.9 millones de pesos mediante el procedimiento de adjudicación por invitación, sin embargo, debieron ejecutarse a través de licitación pública nacional.
Retrasos y obras pagadas pero no realizadas
En San Marcos se registraron 11 obras con retrasos en el inicio y conclusión de los trabajos, y no se presentó ninguna reprogramación, ni aplicaron las penas convencionales, por el retraso o en su caso la rescisión del contrato.
El ayuntamiento de este municipio también pagó 424 mil pesos por asesoría e integración de la cuenta pública, así como por integración de expedientes técnicos, pero no existe evidencia de las actividades realizadas.
En el caso de Tecoanapa, en la construcción de la comisaría de Mecatepec se registraron 353 mil pesos de conceptos pagados que no fueron localizados en la inspección física a la obra. La ASF también informó que durante la inspección física de los bienes adquiridos por el municipio, muchos de ellos, con un valor de 26 mil pesos, no fueron localizados.
Asimismo, el ayuntamiento de Iguala no concluyó cinco obras de la muestra que equivalen a casi 4.7 millones de pesos, las cuales operan deficientemente, y además el expediente carece de la documentación que acredite la aplicación de penas convencionales por su incumplimiento.
Por su parte, en Taxco la AGE encontró 785 mil pesos de erogaciones que no tienen documentación comprobatoria y justificativa en conceptos como viáticos, asesorías para la integración de expedientes unitarios, pago de listas de raya; y por pagos indebidos por concepto de comisiones bancarias por sobregiro.
Este municipio de la zona Norte también ejerció de manera irregular 1.2 millones de pesos, en 16 obras, por conceptos de trabajo no ejecutados. Y además el ayuntamiento de Taxco ejerció de manera irregular 180 mil pesos por el pago de “fletes de materiales”, que debieron incluirse en el costo unitario de los insumos.
Facturas apócrifas
En el municipio de Tlalchapa se localizaron 46 facturas por 600 mil pesos emitidas por la compra de materiales y combustibles con recursos del FISM 2011, pero al hacer la verificación en el Servicio de Administración Tributaria, éstas resultaron “presumiblemente” apócrifas.
En este mismo municipio, en la obra “Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Villa Madero”, que costó 2.6 millones de pesos, la ASF encontró diversas irregularidades como deficiencias en el contenido de los documentos que componen la licitación, el contrato está fundamentado en artículos que no corresponden al proceso de acuerdo con la normativa y que el contratista ganador fue un servidor público adscrito a la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento.
Por su parte, el ayuntamiento de Iguala también incluyó en su comprobación documentos apócrifos por un valor de 1.2 millones de pesos que fueron pagados con financiamiento del FISM.
Transparencia
En todos los casos, los municipios no reportaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo a la SHCP, ni entregaron los formatos sobre aplicaciones de recursos ni el avance de indicadores del FISM.
Tampoco dieron a conocer a los habitantes de sus respectivas demarcaciones la información de los montos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; ni al termino del ejercicio, los resultados alcanzados.
De acuerdo con los órganos fiscalizadores, el incumplimiento de los ayuntamientos “refleja debilidades en la transparencia y rendición de cuentas del municipio hacia su población y resta calidad en el ejercicio del gasto público”.
La Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero concluyeron en sus revisiones a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 2011 que ni el gobierno del estado ni los municipios auditados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, y su contribución para beneficiar a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema fue sumamente parcial e insuficiente.
Esto coloca a Guerrero en una situación delicada, ya que el FAIS es uno de los ocho fondos del Ramo 33 destinado a la construcción de obra pública, estatal y municipal, para contribuir directamente a superar rezagos sociales en las localidades más pobres del estado, y eso no sucedió, ya que en el ejercicio de los recursos federales para que el Ejecutivo del estado y los 81 municipios guerrerenses construyeran obras de infraestructura, los órganos fiscalizadores encontraron graves irregularidades que disminuyeron sensiblemente el cumplimiento de los objetivos de esta política social.
Para dar una idea de la cantidad de recursos que llegan provenientes de este fondo, en 2011 se transfirieron a Guerrero 3,583.5 millones de pesos del FAIS, de los cuales 3,149.2 millones correspondieron a los municipios y 434.3 millones al gobierno del estado. Es decir, casi 10 por ciento de los ingresos totales que recibió el estado provinieron del FAIS, según el presupuesto de egresos de la entidad del año 2011.
Grosero subejercicio
Las deficiencias en el gasto del FAIS no son exclusivas de los ayuntamientos; en Guerrero, el gobierno del estado también mostró sus carencias y muchas irregularidades en el ejercicio de los 434.3 millones de pesos que recibió de la federación en 2011 para la construcción de obra pública.
No obstante las enormes carencias en infraestructura social que existen en el estado, la AGE encontró que al 31 de diciembre de 2011, el gobierno del estado sólo ejerció 251.8 millones de pesos, es decir apenas 58 por ciento del total. Incluso, al 31 de mayo de 2012, sólo había ejercido 62.8 por ciento, lo que ocasionó que no se concluyeran oportunamente las obras y acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento y de infraestructura carretera.
De acuerdo con la AGE, “la causa del rezago registrado en el ejercicio del gasto es principalmente la falta de una planeación y programación adecuada de los recursos, hecho que origina un vacío en las directrices y políticas sobre la utilización de este fondo”.
Aunado a este subejercicio, la AGE revisó una muestra de las obras y halló que 58 por ciento estaban terminadas y el resto en proceso, y de las obras concluidas, solo 78 por ciento operaba adecuadamente, por lo que la AGE concluyó que los recursos de este fondo “no se ejercieron con eficiencia”.
Al revisar el trabajo de dos organismos que recibieron recursos del FAIS, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado (Cicaeg) y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Capaseg), el órgano fiscalizador del estado encontró que en el ejercicio 2011, la Cicaeg obtuvo un ahorro presupuestal de 6.9 millones de pesos, sin embargo reportó que se desconoce su aplicación y destino. En esa misma dependencia se detectó que una obra, por 14 millones de pesos se construyó mediante administración directa, cuando debió adjudicarse por licitación pública.
Asimismo, la Cicaeg, en cuatro obras de la muestra de auditoría, no presentó la documentación de los contratos debidamente formalizados, garantías de anticipo, garantías de cumplimiento de contratos y de vicios ocultos y notas de bitácora de obra. Y en seis obras no presentó la evidencia documental de los números generadores, las tarjetas de análisis de precios unitarios y de precios extraordinarios, ni de los oficios de solicitud y autorización de volúmenes excedentes y autorización de conceptos extraordinarios.
En el caso de la Capaseg, en seis obras de la muestra, por un monto de 28.3 millones de pesos, la dependencia no cumplió con la modalidad de ejecución que establece la norma, ya que debieron de adjudicarse por licitación pública. Asimismo, en 11 obras se modificó el proyecto original en los trazos de la línea de distribución de la red de alcantarillado sanitario, sin que existan las aclaraciones en las notas de bitácora, ni las autorizaciones para su ejecución, y una obra del municipio de José Joaquín de Herrera no se concluyó.
Los ayuntamientos, también irregulares
La Auditoría Superior de la Federación aplicó auditorías a los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio 2011, específicamente a los municipios de Florencio Villarreal, San Marcos, Tecoanapa y Tlalchapa, mientras que la Auditoría General del Estado revisó los municipios de Iguala y Taxco.
En general, los resultados de las revisiones tienen en común irregularidades como la aplicación de recursos del FISM a obras no autorizadas por la Ley de Coordinación Fiscal y en beneficio de sectores de población que no viven en condiciones de alto y muy alto rezago social. También se encontraron facturas “presumiblemente” apócrifas y la asignación de obras que por su monto no fueron licitadas.
En Florencio Villarreal, por ejemplo, se identificaron dos obras por 316 mil pesos y dos acciones por 640 mil pesos fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Adicionalmente, el municipio destinó 70 mil pesos para el pago de viáticos, concepto no establecido por la normativa en el rubro de gastos indirectos.
Esto sucedió también en San Marcos, en donde se pagó una obra y tres acciones que no eran elegibles, y cuyo costo global fue de más de un millones 500 mil pesos.
En Tecoanapa, el ex presidente municipal Juvenal Poblete gastó 554 mil pesos en una iglesia y poco más de un millón de pesos en la construcción del arco principal en la salida Tecoanapa-Ayutla, los cuales no se consideran obras prioritarias para superar rezagos sociales.
Además, en 2011 pagó la adquisición de fertilizante por 23.9 millones de pesos que representó 46 por ciento del total de transferencias del FISM al municipio.
También como un gasto no considerado en la Ley de Coordinación Fiscal, el ayuntamiento de Tlalchapa destinó 5.9 millones de pesos para la compra de fertilizante, y en este caso representó 48 por ciento de la inversión asignada al municipio.
Obras irregularmente adjudicadas
De acuerdo con los órganos fiscalizadores federal y del estado, las irregularidades en los procesos de adjudicación de las adquisiciones y de obra pública propician que no haya garantía para una adecuada calidad en el ejercicio del gasto público, como fue el caso de los seis municipios revisados en el ejercicio 2011.
Según la ASF, el ayuntamiento de Florencio Villarreal adjudicó en 2011 dos obras por administración directa y una por adjudicación directa de manera irregular, pues éstas debieron ser licitadas.
En el municipio de San Marcos se asignaron 15 obras mediante la modalidad de adjudicación directa sin contar con el dictamen de excepción a la licitación, y 14 de las 15 obras se adjudicaron a empresas o personas físicas que no estaban inscritas en el padrón de contratistas.
En este mismo municipio, se realizaron adquisiciones directas por 4.1 millones de pesos en los conceptos de manejo de residuos sólidos, asesoría y asistencia técnica, equipo de cómputo y oficina, promoción y difusión, mantenimiento de equipo de cómputo, papelería, combustible, mantenimiento de equipo de transporte, y asesoría administrativa, sin la justificación suficiente para no ser licitadas.
Por su parte, en Tecoanapa, la construcción de las comisarias en San Juan las Palmas y Mecatepec, con importes de 786 mil y un millón de pesos, respectivamente, debieron de licitarse y contratarse, y no ejecutarse por administración directa.
El ayuntamiento de Tlalchapa adjudicó una obra (con mezcla de recursos) por un monto de 2.5 millones de pesos mediante invitación a cuando menos tres personas, cuando debió ser por licitación pública.
Lo mismo sucedió con la administración municipal de Taxco, que ejecutó dos obras bajo el procedimiento de invitación y 17 por adjudicación directa cuando por su monto debieron contratarse por el procedimiento de licitación pública.
Finalmente en el municipio de Iguala se ejecutaron obras por 8.9 millones de pesos mediante el procedimiento de adjudicación por invitación, sin embargo, debieron ejecutarse a través de licitación pública nacional.
Retrasos y obras pagadas pero no realizadas
En San Marcos se registraron 11 obras con retrasos en el inicio y conclusión de los trabajos, y no se presentó ninguna reprogramación, ni aplicaron las penas convencionales, por el retraso o en su caso la rescisión del contrato.
El ayuntamiento de este municipio también pagó 424 mil pesos por asesoría e integración de la cuenta pública, así como por integración de expedientes técnicos, pero no existe evidencia de las actividades realizadas.
En el caso de Tecoanapa, en la construcción de la comisaría de Mecatepec se registraron 353 mil pesos de conceptos pagados que no fueron localizados en la inspección física a la obra. La ASF también informó que durante la inspección física de los bienes adquiridos por el municipio, muchos de ellos, con un valor de 26 mil pesos, no fueron localizados.
Asimismo, el ayuntamiento de Iguala no concluyó cinco obras de la muestra que equivalen a casi 4.7 millones de pesos, las cuales operan deficientemente, y además el expediente carece de la documentación que acredite la aplicación de penas convencionales por su incumplimiento.
Por su parte, en Taxco la AGE encontró 785 mil pesos de erogaciones que no tienen documentación comprobatoria y justificativa en conceptos como viáticos, asesorías para la integración de expedientes unitarios, pago de listas de raya; y por pagos indebidos por concepto de comisiones bancarias por sobregiro.
Este municipio de la zona Norte también ejerció de manera irregular 1.2 millones de pesos, en 16 obras, por conceptos de trabajo no ejecutados. Y además el ayuntamiento de Taxco ejerció de manera irregular 180 mil pesos por el pago de “fletes de materiales”, que debieron incluirse en el costo unitario de los insumos.
Facturas apócrifas
En el municipio de Tlalchapa se localizaron 46 facturas por 600 mil pesos emitidas por la compra de materiales y combustibles con recursos del FISM 2011, pero al hacer la verificación en el Servicio de Administración Tributaria, éstas resultaron “presumiblemente” apócrifas.
En este mismo municipio, en la obra “Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Villa Madero”, que costó 2.6 millones de pesos, la ASF encontró diversas irregularidades como deficiencias en el contenido de los documentos que componen la licitación, el contrato está fundamentado en artículos que no corresponden al proceso de acuerdo con la normativa y que el contratista ganador fue un servidor público adscrito a la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento.
Por su parte, el ayuntamiento de Iguala también incluyó en su comprobación documentos apócrifos por un valor de 1.2 millones de pesos que fueron pagados con financiamiento del FISM.
Transparencia
En todos los casos, los municipios no reportaron los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo a la SHCP, ni entregaron los formatos sobre aplicaciones de recursos ni el avance de indicadores del FISM.
Tampoco dieron a conocer a los habitantes de sus respectivas demarcaciones la información de los montos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; ni al termino del ejercicio, los resultados alcanzados.
De acuerdo con los órganos fiscalizadores, el incumplimiento de los ayuntamientos “refleja debilidades en la transparencia y rendición de cuentas del municipio hacia su población y resta calidad en el ejercicio del gasto público”.
martes, 19 de marzo de 2013
Irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud, según la ASF
El Sur de Acapulco
La Auditoría Superior de la Federación puso al descubierto diversas irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, según su informe de resultados de la fiscalización superior a la cuenta pública del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio 2011.
La mayoría de las observaciones que encontró la ASF fueron el desvío de recursos hacia conceptos no autorizados a pagarse con dinero de este fondo federal, la falta de transparencia y pagos realizados de manera irregular a empleados de la dependencia.
De acuerdo con la ASF, el ejercicio de 2011, el primero del gobierno de Ángel Aguirre Rivero que es fiscalizado por la dependencia federal, calificó de “regulares” los controles internos instrumentados por el gobierno del estado para la gestión del FASSA, a diferencia de la revisión de 2010, todavía en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, donde estos controles fueron “deficientes”, de acuerdo con el órgano fiscalizador federal.
Sin embargo, en la actual administración estatal se encontraron todavía muchas de las deficiencias e inercias que se habían observado al gobierno anterior.
El FASSA es el principal recurso financiero federal que se emplea para la operación y funcionamiento de los servicios de salud en el estado. Dentro de los recursos del ramo 33 que recibe el gobierno del estado, es el segundo más cuantioso, después del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que en 2011 fue de 11 mil 863 millones de pesos.
Para el sector salud, el presupuesto de egresos 2011 del estado reportó un monto de 2 mil 796 millones de pesos; sin embargo, la ASF detalló en su informe que la Secretaría de Salud recibió en ese año recursos por 2 mil 852.2 millones de pesos, que aproximadamente representan 13 por ciento del total de las aportaciones federales que llegaron al estado en ese ejercicio fiscal.
De este total, la mayor parte de los recursos destinaron al pago de salarios, ya que 2 mil 439.7 millones de pesos (85.6 por ciento) tuvieron ese fin. Le siguieron los gastos de operación, a los que se asignaron 360.3 millones (12.6 por ciento) y materiales y suministros, que tuvieron 218.5 millones de pesos (7.6 por ciento). A la compra de medicamentos, durante 2011 sólo se dio un presupuesto de 65.1 millones de pesos, que representan apenas 2.3 por ciento del total.
Principales irregularidades
Entre las observaciones que encontró la ASF, destacan que la Secretaría de Salud ejerció recursos por 10.9 millones de pesos en conceptos que no pueden ser cubiertos con dinero de este Fondo, entre ellos el pago de medicamentos al Seguro Popular por 3.7 millones de pesos, donativos a instituciones por 1.5 millones, pago de uniformes al sindicato por 1.5 millones, y servicios de capacitación y subcontratación por un millón de pesos, entre otros.
Asimismo, el órgano fiscalizador federal encontró que se pagaron conceptos no autorizados dentro del FASSA como el pago de facturas de ejercicios anteriores por 907 mil pesos; pago de pólizas de seguro de automóviles del Seguro Popular y Caravanas por 737 mil pesos, consumo de alimentos por 674 mil pesos, pago de impresiones de las Condiciones Generales de Trabajo al Sindicato por 371 mil, así como una posada de fin de año que costó 344 mil pesos.
Otros conceptos que se cubrieron con recursos del FASSA sin estar autorizados fueron los 29.7 millones de pesos para el pago del “Bono del gobernador a servidores públicos”, recursos por 5.2 millones para el pago de laudos de 13 ex empleados, y el pago de 891 mil pesos para vales de despensa al personal de mandos medios y superiores.
Por otra parte, la ASF descubrió que la Secretaría de Salud siguió pagando a 116 servidores públicos la cantidad total de 3.6 millones de pesos, aun cuando éstos ya habían sido dados de baja. También encontró que se pagó de manera irregular a 36 empleados que pidieron licencia por comisión sindical con goce de sueldo, ya que la ASF verificó que la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud federal emitió las autorizaciones correspondientes en forma posterior al inicio de las mismas. A estos empleados se les pagaron 3.3 millones de pesos.
Asimismo, la Secretaría de Salud gastó 687 mil pesos en el pago de los salarios de cuatro funcionarios comisionados a otras dependencias como la Casa de la Mujer Indígena, el Instituto Estatal de Cancerología, la Coordinación General de Giras del C. Gobernador y la Dirección de Protección Social en Salud, áreas no autorizadas para financiarse con recursos del FASSA.
En la mayoría de los casos, la ASF informó que el gobierno del estado “proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos” que fueron desviados a conceptos no autorizados por el FASSA, “más los intereses generados”.
Y también explicó que la Contraloría General del estado de Guerrero inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, con lo que dio por “solventados” los asuntos.
Opacidad en la cuenta pública
En la página de la Contraloría no se hace ninguna referencia a la revisión efectuada por la ASF a los fondos federales destinados al sector salud ni a sus resultados, aun cuando en todo el informe del órgano fiscalizador federal se establecen compromisos para que la Contraloría General del Estado determine posibles responsabilidades de funcionarios por las irregularidades detectadas.
Sin embargo, a la fecha la Contraloría aún no publica la relación de observaciones donde se compromete su intervención ni tampoco ha hecho públicos los resultados de sus indagaciones a los servidores públicos con posible responsabilidad.
Por su parte, la Secretaría de Salud tampoco informa sobre las revisiones de la ASF, aunque da a conocer en su página electrónica que en el periodo de abril a octubre de 2011, la Contraloría interna de esa dependencia realizó 20 auditorías en diferentes áreas de la secretaría, de las que se derivaron 195 observaciones. Pero a la fecha, no ha informado sobre los resultados de dichas revisiones y sólo se limita a decir que las sanciones o medidas correctivas están en trámite.
La Secretaría de Finanzas y Administración tampoco se refiere a las revisiones de la ASF a las cuentas públicas de las dependencias que reciben recursos financieros federales. La información que presenta en su página electrónica considera globalmente la cuenta pública del gobierno del estado, pero no desglosa los datos de cada una de las secretarías y entidades de la administración pública estatal, por lo que no es posible para la ciudadanía observar con detalle las finanzas de cada una de las entidades.
La ASF se refirió en su informe sobre el FASSA 2011 precisamente a la falta de transparencia, ya que también reportó que la Secretaría de Salud no difundió los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo en el órgano local oficial de difusión del estado, ni en su página de internet o en otros medios locales de difusión; tampoco reportaron de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones del FASSA 2011 y el avance de indicadores, ni realizaron las evaluaciones del fondo.
Todas estas deficiencias de la Contraloría General, Sefina y la Secretaría de Salud repercuten de manera directa en la ciudadanía, que con esa opacidad, no tiene la oportunidad de conocer información acerca de la situación que guarda el sector salud de Guerrero.
En los hechos, se necesita esperar a que la ASF publique los resultados de sus auditorías a las cuentas públicas de las dependencias que ejercen los fondos federales para conocer cómo se gastaron esos recursos a nivel local.
Otras observaciones
La Secretaría de Salud realizó pagos al ISSSTE y Foviiiste fuera de tiempo y utilizó recursos del FASSA 2011 para pagar actualizaciones e intereses moratorios por 1.1 millones de pesos.
Asimismo, en esa dependencia adjudicaron y contrataron la adquisición de bienes y servicios con recursos federales sin ajustarse a la Ley de Administración de Recursos Materiales, ya que indebidamente aplicaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; tampoco elaboraron el programa anual de adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, y adjudicaron indebidamente varios pedidos.
Por otro lado, la Secretaría de Salud aplicó menores porcentajes de penalización a aquellos proveedores que se retrasaron en la entrega de bienes, y asimismo no aplicó penas convencionales por 240 mil pesos a 11 proveedores que entregaron los bienes con 2 y hasta 45 días de atraso respecto de la fecha establecida.
La ASF también concluyó que no existen en la institución estatal de salud los mecanismos de control que aseguren un manejo adecuado y transparente de los medicamentos e insumos médicos, ya que no cuenta con controles de existencias de medicamentos que permitan su fiscalización.
En su visita al almacén central, la ASF detectó 308 medicamentos de lento o nulo movimiento y próximos a caducar tasados en 19 mil 500 pesos, pero también encontró 8 mil 249 medicamentos caducados con un costo de casi 500 mil pesos. Al respecto, la dependencia no proporcionó evidencia de que hubiera mecanismos de control para evitar que se ubicaran en estado de caducidad.
Asimismo, también de la visita a diferentes almacenes y de la revisión de la calendarización de entrega de medicamentos y de una muestra seleccionada de 578 mil 661 medicamentos que corresponden a 37 claves, se descubrió que el almacén central no surtió 214 mil 286 medicamentos solicitados por las unidades médicas para estar en posibilidades de atender a la población objetivo del fondo.
Revisiones de la AGE
Como parte del programa de auditorías de la ASF al gasto federalizado, la Auditoría General del Estado de Guerrero también realizó una revisión a la cuenta pública del sector salud.
En el caso de estas auditorías, destacan las observaciones que hizo el órgano fiscalizador local en el rubro de servicios personales, ya que por ejemplo, la AGE encontró que la Secretaría de Salud pagó 1.3 millones de pesos a cuatro servidores públicos de quienes no se pudo comprobar que disponen de la cédula profesional o título correspondiente. En este mismo rubro, la Secretaría pagó un total de 2.6 millones de pesos a 12 médicos especialistas que no disponen del título profesional y cédula de especialista.
La AGE también encontró irregularidades en el pago de nómina a 91 médicos que no disponen de la constancia de no inhabilitación, y además se detectaron los casos de dos trabajadores que fueron dados de baja por defunción, pero cuyos pagos continuaron emitiéndose por 131 mil 500 pesos en fechas posteriores a las de su baja.
El órgano fiscalizador del estado también realizó una inspección física de los medicamentos, insumos médicos y material de curación, en donde detectó productos en deterioro, caducados y próximos a caducar, además de que no se cuenta con un adecuado control y manejo de éstos para abastecer en forma puntual a la población.
También se refirió a que 70 por ciento de los avales ciudadanos (figura de participación ciudadana para la vigilancia y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud) no participa en el seguimiento y evaluación de la calidad en forma adecuada y de conformidad con los lineamientos establecidos, por lo que no se logra e impulsa la mejora continua de los servicios de salud y no se garantiza la seguridad de los pacientes.
En general, la Auditoría General del Estado de Guerrero concluyó que el gobierno del Estado “no cumplió de forma adecuada las metas y objetivos que en materia de salud atiende el FASSA, ya que la atención de la población que no tiene acceso a ningún tipo de seguridad social no fue de la calidad suficiente”.
Los alcances de las auditorías financieras y de cumplimiento realizadas por la ASF y de manera complementaria por la Auditoría General del Estado de Guerrero, si bien son útiles para entender el ejercicio de los recursos del principal fondo federal de recursos destinado al sector salud, no son suficientes para conocer la calidad y la cobertura reales que tienen los servicios de salud en el amplio territorio guerrerense.
No se reflejan en estas revisiones de los órganos fiscalizadores el ausentismo de personal médico, sobre todo en las comunidades rurales –por la inseguridad, pero también por el burocratismo–, ni la mala atención que reciben los ciudadanos ni las cuotas que deben pagar para el funcionamiento de los centros de salud ni el desabasto de medicamentos, del que tanto se quejan los ciudadanos.
Los resultados de estas revisiones son, pues, solo parte de la realidad que se vive en el sector salud en donde es evidente que el derecho a la salud todavía es incompleto para miles de guerrerenses. Para consultar el informe completo de la ASF: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0704_a.pdf
La Auditoría Superior de la Federación puso al descubierto diversas irregularidades en el gasto de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, según su informe de resultados de la fiscalización superior a la cuenta pública del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio 2011.
La mayoría de las observaciones que encontró la ASF fueron el desvío de recursos hacia conceptos no autorizados a pagarse con dinero de este fondo federal, la falta de transparencia y pagos realizados de manera irregular a empleados de la dependencia.
De acuerdo con la ASF, el ejercicio de 2011, el primero del gobierno de Ángel Aguirre Rivero que es fiscalizado por la dependencia federal, calificó de “regulares” los controles internos instrumentados por el gobierno del estado para la gestión del FASSA, a diferencia de la revisión de 2010, todavía en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, donde estos controles fueron “deficientes”, de acuerdo con el órgano fiscalizador federal.
Sin embargo, en la actual administración estatal se encontraron todavía muchas de las deficiencias e inercias que se habían observado al gobierno anterior.
El FASSA es el principal recurso financiero federal que se emplea para la operación y funcionamiento de los servicios de salud en el estado. Dentro de los recursos del ramo 33 que recibe el gobierno del estado, es el segundo más cuantioso, después del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que en 2011 fue de 11 mil 863 millones de pesos.
Para el sector salud, el presupuesto de egresos 2011 del estado reportó un monto de 2 mil 796 millones de pesos; sin embargo, la ASF detalló en su informe que la Secretaría de Salud recibió en ese año recursos por 2 mil 852.2 millones de pesos, que aproximadamente representan 13 por ciento del total de las aportaciones federales que llegaron al estado en ese ejercicio fiscal.
De este total, la mayor parte de los recursos destinaron al pago de salarios, ya que 2 mil 439.7 millones de pesos (85.6 por ciento) tuvieron ese fin. Le siguieron los gastos de operación, a los que se asignaron 360.3 millones (12.6 por ciento) y materiales y suministros, que tuvieron 218.5 millones de pesos (7.6 por ciento). A la compra de medicamentos, durante 2011 sólo se dio un presupuesto de 65.1 millones de pesos, que representan apenas 2.3 por ciento del total.
Principales irregularidades
Entre las observaciones que encontró la ASF, destacan que la Secretaría de Salud ejerció recursos por 10.9 millones de pesos en conceptos que no pueden ser cubiertos con dinero de este Fondo, entre ellos el pago de medicamentos al Seguro Popular por 3.7 millones de pesos, donativos a instituciones por 1.5 millones, pago de uniformes al sindicato por 1.5 millones, y servicios de capacitación y subcontratación por un millón de pesos, entre otros.
Asimismo, el órgano fiscalizador federal encontró que se pagaron conceptos no autorizados dentro del FASSA como el pago de facturas de ejercicios anteriores por 907 mil pesos; pago de pólizas de seguro de automóviles del Seguro Popular y Caravanas por 737 mil pesos, consumo de alimentos por 674 mil pesos, pago de impresiones de las Condiciones Generales de Trabajo al Sindicato por 371 mil, así como una posada de fin de año que costó 344 mil pesos.
Otros conceptos que se cubrieron con recursos del FASSA sin estar autorizados fueron los 29.7 millones de pesos para el pago del “Bono del gobernador a servidores públicos”, recursos por 5.2 millones para el pago de laudos de 13 ex empleados, y el pago de 891 mil pesos para vales de despensa al personal de mandos medios y superiores.
Por otra parte, la ASF descubrió que la Secretaría de Salud siguió pagando a 116 servidores públicos la cantidad total de 3.6 millones de pesos, aun cuando éstos ya habían sido dados de baja. También encontró que se pagó de manera irregular a 36 empleados que pidieron licencia por comisión sindical con goce de sueldo, ya que la ASF verificó que la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud federal emitió las autorizaciones correspondientes en forma posterior al inicio de las mismas. A estos empleados se les pagaron 3.3 millones de pesos.
Asimismo, la Secretaría de Salud gastó 687 mil pesos en el pago de los salarios de cuatro funcionarios comisionados a otras dependencias como la Casa de la Mujer Indígena, el Instituto Estatal de Cancerología, la Coordinación General de Giras del C. Gobernador y la Dirección de Protección Social en Salud, áreas no autorizadas para financiarse con recursos del FASSA.
En la mayoría de los casos, la ASF informó que el gobierno del estado “proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos” que fueron desviados a conceptos no autorizados por el FASSA, “más los intereses generados”.
Y también explicó que la Contraloría General del estado de Guerrero inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, con lo que dio por “solventados” los asuntos.
Opacidad en la cuenta pública
En la página de la Contraloría no se hace ninguna referencia a la revisión efectuada por la ASF a los fondos federales destinados al sector salud ni a sus resultados, aun cuando en todo el informe del órgano fiscalizador federal se establecen compromisos para que la Contraloría General del Estado determine posibles responsabilidades de funcionarios por las irregularidades detectadas.
Sin embargo, a la fecha la Contraloría aún no publica la relación de observaciones donde se compromete su intervención ni tampoco ha hecho públicos los resultados de sus indagaciones a los servidores públicos con posible responsabilidad.
Por su parte, la Secretaría de Salud tampoco informa sobre las revisiones de la ASF, aunque da a conocer en su página electrónica que en el periodo de abril a octubre de 2011, la Contraloría interna de esa dependencia realizó 20 auditorías en diferentes áreas de la secretaría, de las que se derivaron 195 observaciones. Pero a la fecha, no ha informado sobre los resultados de dichas revisiones y sólo se limita a decir que las sanciones o medidas correctivas están en trámite.
La Secretaría de Finanzas y Administración tampoco se refiere a las revisiones de la ASF a las cuentas públicas de las dependencias que reciben recursos financieros federales. La información que presenta en su página electrónica considera globalmente la cuenta pública del gobierno del estado, pero no desglosa los datos de cada una de las secretarías y entidades de la administración pública estatal, por lo que no es posible para la ciudadanía observar con detalle las finanzas de cada una de las entidades.
La ASF se refirió en su informe sobre el FASSA 2011 precisamente a la falta de transparencia, ya que también reportó que la Secretaría de Salud no difundió los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo en el órgano local oficial de difusión del estado, ni en su página de internet o en otros medios locales de difusión; tampoco reportaron de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones del FASSA 2011 y el avance de indicadores, ni realizaron las evaluaciones del fondo.
Todas estas deficiencias de la Contraloría General, Sefina y la Secretaría de Salud repercuten de manera directa en la ciudadanía, que con esa opacidad, no tiene la oportunidad de conocer información acerca de la situación que guarda el sector salud de Guerrero.
En los hechos, se necesita esperar a que la ASF publique los resultados de sus auditorías a las cuentas públicas de las dependencias que ejercen los fondos federales para conocer cómo se gastaron esos recursos a nivel local.
Otras observaciones
La Secretaría de Salud realizó pagos al ISSSTE y Foviiiste fuera de tiempo y utilizó recursos del FASSA 2011 para pagar actualizaciones e intereses moratorios por 1.1 millones de pesos.
Asimismo, en esa dependencia adjudicaron y contrataron la adquisición de bienes y servicios con recursos federales sin ajustarse a la Ley de Administración de Recursos Materiales, ya que indebidamente aplicaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; tampoco elaboraron el programa anual de adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, y adjudicaron indebidamente varios pedidos.
Por otro lado, la Secretaría de Salud aplicó menores porcentajes de penalización a aquellos proveedores que se retrasaron en la entrega de bienes, y asimismo no aplicó penas convencionales por 240 mil pesos a 11 proveedores que entregaron los bienes con 2 y hasta 45 días de atraso respecto de la fecha establecida.
La ASF también concluyó que no existen en la institución estatal de salud los mecanismos de control que aseguren un manejo adecuado y transparente de los medicamentos e insumos médicos, ya que no cuenta con controles de existencias de medicamentos que permitan su fiscalización.
En su visita al almacén central, la ASF detectó 308 medicamentos de lento o nulo movimiento y próximos a caducar tasados en 19 mil 500 pesos, pero también encontró 8 mil 249 medicamentos caducados con un costo de casi 500 mil pesos. Al respecto, la dependencia no proporcionó evidencia de que hubiera mecanismos de control para evitar que se ubicaran en estado de caducidad.
Asimismo, también de la visita a diferentes almacenes y de la revisión de la calendarización de entrega de medicamentos y de una muestra seleccionada de 578 mil 661 medicamentos que corresponden a 37 claves, se descubrió que el almacén central no surtió 214 mil 286 medicamentos solicitados por las unidades médicas para estar en posibilidades de atender a la población objetivo del fondo.
Revisiones de la AGE
Como parte del programa de auditorías de la ASF al gasto federalizado, la Auditoría General del Estado de Guerrero también realizó una revisión a la cuenta pública del sector salud.
En el caso de estas auditorías, destacan las observaciones que hizo el órgano fiscalizador local en el rubro de servicios personales, ya que por ejemplo, la AGE encontró que la Secretaría de Salud pagó 1.3 millones de pesos a cuatro servidores públicos de quienes no se pudo comprobar que disponen de la cédula profesional o título correspondiente. En este mismo rubro, la Secretaría pagó un total de 2.6 millones de pesos a 12 médicos especialistas que no disponen del título profesional y cédula de especialista.
La AGE también encontró irregularidades en el pago de nómina a 91 médicos que no disponen de la constancia de no inhabilitación, y además se detectaron los casos de dos trabajadores que fueron dados de baja por defunción, pero cuyos pagos continuaron emitiéndose por 131 mil 500 pesos en fechas posteriores a las de su baja.
El órgano fiscalizador del estado también realizó una inspección física de los medicamentos, insumos médicos y material de curación, en donde detectó productos en deterioro, caducados y próximos a caducar, además de que no se cuenta con un adecuado control y manejo de éstos para abastecer en forma puntual a la población.
También se refirió a que 70 por ciento de los avales ciudadanos (figura de participación ciudadana para la vigilancia y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud) no participa en el seguimiento y evaluación de la calidad en forma adecuada y de conformidad con los lineamientos establecidos, por lo que no se logra e impulsa la mejora continua de los servicios de salud y no se garantiza la seguridad de los pacientes.
En general, la Auditoría General del Estado de Guerrero concluyó que el gobierno del Estado “no cumplió de forma adecuada las metas y objetivos que en materia de salud atiende el FASSA, ya que la atención de la población que no tiene acceso a ningún tipo de seguridad social no fue de la calidad suficiente”.
Los alcances de las auditorías financieras y de cumplimiento realizadas por la ASF y de manera complementaria por la Auditoría General del Estado de Guerrero, si bien son útiles para entender el ejercicio de los recursos del principal fondo federal de recursos destinado al sector salud, no son suficientes para conocer la calidad y la cobertura reales que tienen los servicios de salud en el amplio territorio guerrerense.
No se reflejan en estas revisiones de los órganos fiscalizadores el ausentismo de personal médico, sobre todo en las comunidades rurales –por la inseguridad, pero también por el burocratismo–, ni la mala atención que reciben los ciudadanos ni las cuotas que deben pagar para el funcionamiento de los centros de salud ni el desabasto de medicamentos, del que tanto se quejan los ciudadanos.
Los resultados de estas revisiones son, pues, solo parte de la realidad que se vive en el sector salud en donde es evidente que el derecho a la salud todavía es incompleto para miles de guerrerenses. Para consultar el informe completo de la ASF: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0704_a.pdf
martes, 5 de marzo de 2013
Tan opacos los ayuntamientos que se fueron como los que llegaron
El Sur de Acapulco
A cinco meses de que asumieron la administración de sus demarcaciones, los ayuntamientos de Guerrero no han cumplido con las expectativas en materia de transparencia que generaron entre los ciudadanos, ya que no han cambiado las prácticas de opacidad que caracterizaron a sus antecesores, no obstante que durante los primeros días después de que asumieron el cargo, muchos alcaldes y funcionarios de los nuevos gobiernos se pronunciaron por ejercer mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas ante el desastre administrativo y financiero y de endeudamiento que dejaron los ayuntamientos del periodo 2008-2012.
Los primeros focos rojos de la opacidad de los ayuntamientos actuales los prendieron los resultados de la evaluación aplicada en enero de 2013 por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) a 32 municipios del estado de Guerrero, en donde la calificación promedio de estas demarcaciones fue de 5.37 –en una escala de 1 a 100–, por debajo de estados como Chihuahua y Jalisco, cuyos municipios evaluados tuvieron una calificación promedio de 78.9 y 59.3 puntos, respectivamente.
Esta calificación no se diferencia de la que registraron los gobiernos pasados en las cinco revisiones anteriores, donde los valores fluctuaron entre 3 y 6 puntos colocando a los municipios guerrerenses entre los más opacos de todo el país.
El municipio de Tlajomulco, Jalisco, que ocupa la primera posición nacional obtuvo 94 puntos en su más reciente evaluación, mientras que el segundo y tercer sitio correspondieron a Zapopan (Jalisco) y Ciudad Juárez (Chihuahua) con 89 puntos cada uno. En contraste, el municipio guerrerense con mejor posición nacional fue Iguala, que apenas obtuvo 24 puntos.
En el registro general, de los 25 municipios más opacos –de 78 evaluados a nivel nacional– 24 son guerrerenses y no rebasan los dos puntos. Asimismo, 10 de los 32 municipios evaluados en Guerrero, no alcanzan ni siquiera un punto de calificación (Alcozauca, Alpoyeca, Atlamajalcingo, Benito Juárez, Cochoapa el Grande, Coyuca de Benítez, Florencio Villarreal, Igualapa, Metlatónoc y San Luis Acatlán).
Esta información de municipios reprobados en transparencia no es extraña en Guerrero, pero la experiencia de los gobiernos locales anteriores indica que donde prevalece la opacidad es muy probable que haya un ejercicio desaseado de los recursos públicos, como sucedió en los ayuntamientos que concluyeron su periodo en septiembre de 2012.
Sin avances, el acuerdo por la transparencia
Ante la expectativa que generó el relevo de los gobiernos municipales, Cimtra convocó en septiembre de 2012 a los 81 ayuntamientos del estado a firmar el Acuerdo por la Transparencia Municipal, un documento en el que los alcaldes se comprometían a “actuar de manera ética y orientar sus esfuerzos al cumplimiento de las obligaciones legales vigentes en materia de transparencia y al logro de una comunicación efectiva con los habitantes de sus municipios”, así como a “promover en sus gestiones el manejo transparente de los recursos públicos” y a “fomentar la participación de la ciudadanía como vigilante de la labor gubernamental”. Asimismo, su compromiso fue el de “asumir una actitud de apertura y disposición para la publicación de información”.
Sin embargo, a la cita sólo acudieron los presidentes municipales electos de Chilpancingo, Acapulco y Atoyac, Mario Moreno, Luis Walton y Edilberto Tabares Cisneros, y uno de los síndicos del ayuntamiento de Iguala, Justino Carvajal Salgado; ningún otro representante municipal hizo caso a la convocatoria.
No obstante que firmaron el documento, y a cinco meses de haber tomado posesión, los cuatro ayuntamientos que asumieron públicamente compromisos, muy poco o nada han hecho en favor de la transparencia.
Iguala, por ejemplo, aunque en la evaluación de Cimtra incrementó en 16 puntos su calificación respecto del gobierno anterior, los 24.1 puntos que obtuvo en enero pasado –y que le dan el primer sitio estatal– evidentemente son insuficientes para caracterizar a este ayuntamiento como transparente, pues está muy lejos de los 94 puntos que logró el ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco.
Chilpancingo es otro de los ayuntamientos que firmaron el Acuerdo por la Transparencia Municipal. Sin embargo, el gobierno de Mario Moreno no obtuvo mejores calificaciones que sus antecesores, ya que la revisión más reciente de Cimtra le dio 22.5 puntos. Hay que recordar que durante el periodo 2008-2012, en ese municipio se obtuvieron valores que van de los 10 a los 30 puntos en cinco revisiones. Es decir, la actual administración no ha alcanzado ni siquiera la calificación máxima que obtuvo el gobierno anterior.
Tampoco el ayuntamiento de Acapulco se ha caracterizado por sus prácticas de transparencia, no obstante sus constantes reclamos al gobierno anterior precisamente por su opacidad y nula rendición de cuentas. En esta materia, el gobierno municipal de Luis Walton no ha hecho ninguna diferencia con el de Manuel Añorve y sus relevos.
En la más reciente evaluación de Cimtra, el ayuntamiento de Acapulco obtuvo apenas 19.7 puntos; es decir, ni siquiera alcanzó la calificación promedio del municipio durante las cinco revisiones al gobierno anterior, que fue de 20.8 puntos.
El ayuntamiento de Atoyac también firmó el compromiso por la transparencia, y aunque, de acuerdo con Cimtra incrementó su calificación respecto del gobierno anterior, este aumento es insignificante, ya que pasó de 1.7 a 4.1 puntos. Si se considera que la escala es de 1 a 100, la conclusión es que el ayuntamiento de Atoyac ha hecho muy poco por la transparencia.
Otros gobiernos municipales no firmaron el acuerdo por la transparencia, pero expresaron su disposición de hacerlo, como el ayuntamiento de Zihuatanejo, que en la evaluación que cada semestre aplica Cimtra obtuvo una calificación muy baja, de sólo 6.6 puntos. Incluso es uno de los municipios que registró una disminución en su puntaje con respecto del gobierno anterior.
Impunidad en Acapulco
Además de la opacidad, la impunidad es otro pesado lastre que caracteriza a los gobiernos municipales, pues es vox populi que en aquellos municipios donde hubo saqueo o desvío de recursos del erario público, nada pasará en contra de los responsables. Esto sucede en gran parte porque no existe aún el andamiaje jurídico –ni la disposición política de quienes toman las decisiones– necesarios para sancionar y poner en su lugar a los presidentes municipales y a sus compinches que se enriquecieron con el dinero público o que lo desviaron a conceptos ajenos a los propósitos de un ayuntamiento, como al financiamiento de campañas políticas, por ejemplo.
En el caso más visible, el de Acapulco, de muy poco le servirá al gobierno de Luis Walton que haya presentado ante la Auditoría General del Estado una denuncia por “irregularidades presumiblemente cometidas durante la administración anterior”, ya que el argumento para hacer la denuncia es la falta de documentos (expedientes técnicos de proyectos y programas ejecutados de los años 2009-2012) y por la transferencia indebida de recursos del Ramo 33 (del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que efectivamente están etiquetados para obras y acciones muy específicos) al gasto corriente.
Sin embargo, según experiencias anteriores, los señalamientos presentados por el actual ayuntamiento de Acapulco son insuficientes, y en el mejor de los casos terminarán en una “observación” por parte de la AGE que ordenará a algún ex funcionario municipal su solventación, pero es poco probable que se finquen responsabilidades de tipo penal.
Con esta seguridad, al día siguiente de que se presentó la denuncia ante la AGE, la ex secretaria de Finanzas del gobierno municipal de Acapulco en el periodo de enero a septiembre de 2012, respondió con toda tranquilidad que “la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación constitucional y una exigencia de la sociedad y no está sujeta a veleidades ni estridencias”, porque sabe que la AGE no podrá fincar ninguna responsabilidad penal –una expresión popular dice que se les acusa de pillos, no de tontos–, si acaso una de carácter administrativo que evidentemente podría ser enfrentada sin pisar la prisión. Los resultados de esa denuncia son pues bastante previsibles.
La impunidad que se prevé para el gobierno de Manuel Añorve y que involucra muchos millones de pesos contrasta con la noticia aparecida recientemente en los diarios, donde una joven, madre soltera de dos pequeñas, enfrenta un proceso penal por haber robado comida en una tienda de autoservicio en Zihuatanejo, precisamente para alimentar a sus hijas.
Otros casos de impunidad
No sólo se requiere robustecer el marco jurídico para establecer sanciones severas a cualquier funcionario municipal que incumpla las diferentes normas en el ejercicio y fiscalización de los recursos públicos, también es necesaria la disposición política para la aplicación de las sanciones.
Hace un año, en febrero de 2012 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero los decretos donde el Congreso del estado no admitió y declaró improcedentes las denuncias de juicio político en contra de ocho alcaldes (Apaxtla de Castrejón, Quechultenango, Alpoyeca, Cochoapa el Grande, Cutzamala de Pinzón y Teloloapan) por no haber presentado la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2009, así como sus informes cuatrimestrales de ese año.
La denuncia, presentada por Ignacio Rendón Romero, ex auditor general del estado, argumentó que con la no presentación de estos documentos financieros se vería obstruida la función de la Auditoría General del Estado “ya que al no haber presentado la Cuenta Pública e Informe mencionados, mi representada (la AGE) no pudo cumplir con las obligaciones que la Ley de Fiscalización de nuestro Estado le señala; por lo tanto el que suscribe solicita a ese H. Congreso del Estado, aplique las acciones que estime pertinentes” en contra de los alcaldes señalados.
Sin embargo, los diputados de la LIX Legislatura no encontraron elementos para la procedencia de un juicio político, ya que según ellos, las acciones denunciadas por el ex auditor eran en todo caso “materia de un procedimiento de responsabilidad administrativa”, y al final privilegiaron la forma (la manera en que se presentó la denuncia) sobre el fondo (la irregularidad documentada de los alcaldes).
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado establece que “es procedente el juicio político cuando los actos y omisiones de los servidores públicos (…) redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, y menciona entre ellos, las “violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuesto de la administración pública y a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos de la Entidad”.
Pero los legisladores de Guerrero consideraron que la no presentación de la cuenta pública no era motivo de juicio político, sino sólo de responsabilidad administrativa.
Cuenta pública 2012
Por cierto, el 28 de febrero venció el plazo para la presentación de la cuenta pública del ejercicio 2012 y sólo 41 municipios la entregaron en tiempo, según la página electrónica de la AGE.
Este hecho coloca en su real dimensión el interés y la disposición que tuvieron los ayuntamientos del periodo 2008-2012 para rendir cuentas, ya no digamos a los ciudadanos, que tendrían que ser los principales destinatarios de la información del ejercicio de los recursos públicos municipales, sino a la propia AGE, que por ley es la responsable de fiscalizar formalmente esa información.
Sin embargo, desde hace muchos meses la AGE no publica ninguna información en su sección sobre “sanciones aplicadas por la no presentación de la cuenta pública” ni en la de “denuncias penales”, es decir, no hay un mecanismo que evidencie públicamente a los infractores y a la vez inhiba este tipo de prácticas en los ayuntamientos.
A cinco meses de que asumieron la administración de sus demarcaciones, los ayuntamientos de Guerrero no han cumplido con las expectativas en materia de transparencia que generaron entre los ciudadanos, ya que no han cambiado las prácticas de opacidad que caracterizaron a sus antecesores, no obstante que durante los primeros días después de que asumieron el cargo, muchos alcaldes y funcionarios de los nuevos gobiernos se pronunciaron por ejercer mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas ante el desastre administrativo y financiero y de endeudamiento que dejaron los ayuntamientos del periodo 2008-2012.
Los primeros focos rojos de la opacidad de los ayuntamientos actuales los prendieron los resultados de la evaluación aplicada en enero de 2013 por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) a 32 municipios del estado de Guerrero, en donde la calificación promedio de estas demarcaciones fue de 5.37 –en una escala de 1 a 100–, por debajo de estados como Chihuahua y Jalisco, cuyos municipios evaluados tuvieron una calificación promedio de 78.9 y 59.3 puntos, respectivamente.
Esta calificación no se diferencia de la que registraron los gobiernos pasados en las cinco revisiones anteriores, donde los valores fluctuaron entre 3 y 6 puntos colocando a los municipios guerrerenses entre los más opacos de todo el país.
El municipio de Tlajomulco, Jalisco, que ocupa la primera posición nacional obtuvo 94 puntos en su más reciente evaluación, mientras que el segundo y tercer sitio correspondieron a Zapopan (Jalisco) y Ciudad Juárez (Chihuahua) con 89 puntos cada uno. En contraste, el municipio guerrerense con mejor posición nacional fue Iguala, que apenas obtuvo 24 puntos.
En el registro general, de los 25 municipios más opacos –de 78 evaluados a nivel nacional– 24 son guerrerenses y no rebasan los dos puntos. Asimismo, 10 de los 32 municipios evaluados en Guerrero, no alcanzan ni siquiera un punto de calificación (Alcozauca, Alpoyeca, Atlamajalcingo, Benito Juárez, Cochoapa el Grande, Coyuca de Benítez, Florencio Villarreal, Igualapa, Metlatónoc y San Luis Acatlán).
Esta información de municipios reprobados en transparencia no es extraña en Guerrero, pero la experiencia de los gobiernos locales anteriores indica que donde prevalece la opacidad es muy probable que haya un ejercicio desaseado de los recursos públicos, como sucedió en los ayuntamientos que concluyeron su periodo en septiembre de 2012.
Sin avances, el acuerdo por la transparencia
Ante la expectativa que generó el relevo de los gobiernos municipales, Cimtra convocó en septiembre de 2012 a los 81 ayuntamientos del estado a firmar el Acuerdo por la Transparencia Municipal, un documento en el que los alcaldes se comprometían a “actuar de manera ética y orientar sus esfuerzos al cumplimiento de las obligaciones legales vigentes en materia de transparencia y al logro de una comunicación efectiva con los habitantes de sus municipios”, así como a “promover en sus gestiones el manejo transparente de los recursos públicos” y a “fomentar la participación de la ciudadanía como vigilante de la labor gubernamental”. Asimismo, su compromiso fue el de “asumir una actitud de apertura y disposición para la publicación de información”.
Sin embargo, a la cita sólo acudieron los presidentes municipales electos de Chilpancingo, Acapulco y Atoyac, Mario Moreno, Luis Walton y Edilberto Tabares Cisneros, y uno de los síndicos del ayuntamiento de Iguala, Justino Carvajal Salgado; ningún otro representante municipal hizo caso a la convocatoria.
No obstante que firmaron el documento, y a cinco meses de haber tomado posesión, los cuatro ayuntamientos que asumieron públicamente compromisos, muy poco o nada han hecho en favor de la transparencia.
Iguala, por ejemplo, aunque en la evaluación de Cimtra incrementó en 16 puntos su calificación respecto del gobierno anterior, los 24.1 puntos que obtuvo en enero pasado –y que le dan el primer sitio estatal– evidentemente son insuficientes para caracterizar a este ayuntamiento como transparente, pues está muy lejos de los 94 puntos que logró el ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco.
Chilpancingo es otro de los ayuntamientos que firmaron el Acuerdo por la Transparencia Municipal. Sin embargo, el gobierno de Mario Moreno no obtuvo mejores calificaciones que sus antecesores, ya que la revisión más reciente de Cimtra le dio 22.5 puntos. Hay que recordar que durante el periodo 2008-2012, en ese municipio se obtuvieron valores que van de los 10 a los 30 puntos en cinco revisiones. Es decir, la actual administración no ha alcanzado ni siquiera la calificación máxima que obtuvo el gobierno anterior.
Tampoco el ayuntamiento de Acapulco se ha caracterizado por sus prácticas de transparencia, no obstante sus constantes reclamos al gobierno anterior precisamente por su opacidad y nula rendición de cuentas. En esta materia, el gobierno municipal de Luis Walton no ha hecho ninguna diferencia con el de Manuel Añorve y sus relevos.
En la más reciente evaluación de Cimtra, el ayuntamiento de Acapulco obtuvo apenas 19.7 puntos; es decir, ni siquiera alcanzó la calificación promedio del municipio durante las cinco revisiones al gobierno anterior, que fue de 20.8 puntos.
El ayuntamiento de Atoyac también firmó el compromiso por la transparencia, y aunque, de acuerdo con Cimtra incrementó su calificación respecto del gobierno anterior, este aumento es insignificante, ya que pasó de 1.7 a 4.1 puntos. Si se considera que la escala es de 1 a 100, la conclusión es que el ayuntamiento de Atoyac ha hecho muy poco por la transparencia.
Otros gobiernos municipales no firmaron el acuerdo por la transparencia, pero expresaron su disposición de hacerlo, como el ayuntamiento de Zihuatanejo, que en la evaluación que cada semestre aplica Cimtra obtuvo una calificación muy baja, de sólo 6.6 puntos. Incluso es uno de los municipios que registró una disminución en su puntaje con respecto del gobierno anterior.
Impunidad en Acapulco
Además de la opacidad, la impunidad es otro pesado lastre que caracteriza a los gobiernos municipales, pues es vox populi que en aquellos municipios donde hubo saqueo o desvío de recursos del erario público, nada pasará en contra de los responsables. Esto sucede en gran parte porque no existe aún el andamiaje jurídico –ni la disposición política de quienes toman las decisiones– necesarios para sancionar y poner en su lugar a los presidentes municipales y a sus compinches que se enriquecieron con el dinero público o que lo desviaron a conceptos ajenos a los propósitos de un ayuntamiento, como al financiamiento de campañas políticas, por ejemplo.
En el caso más visible, el de Acapulco, de muy poco le servirá al gobierno de Luis Walton que haya presentado ante la Auditoría General del Estado una denuncia por “irregularidades presumiblemente cometidas durante la administración anterior”, ya que el argumento para hacer la denuncia es la falta de documentos (expedientes técnicos de proyectos y programas ejecutados de los años 2009-2012) y por la transferencia indebida de recursos del Ramo 33 (del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que efectivamente están etiquetados para obras y acciones muy específicos) al gasto corriente.
Sin embargo, según experiencias anteriores, los señalamientos presentados por el actual ayuntamiento de Acapulco son insuficientes, y en el mejor de los casos terminarán en una “observación” por parte de la AGE que ordenará a algún ex funcionario municipal su solventación, pero es poco probable que se finquen responsabilidades de tipo penal.
Con esta seguridad, al día siguiente de que se presentó la denuncia ante la AGE, la ex secretaria de Finanzas del gobierno municipal de Acapulco en el periodo de enero a septiembre de 2012, respondió con toda tranquilidad que “la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación constitucional y una exigencia de la sociedad y no está sujeta a veleidades ni estridencias”, porque sabe que la AGE no podrá fincar ninguna responsabilidad penal –una expresión popular dice que se les acusa de pillos, no de tontos–, si acaso una de carácter administrativo que evidentemente podría ser enfrentada sin pisar la prisión. Los resultados de esa denuncia son pues bastante previsibles.
La impunidad que se prevé para el gobierno de Manuel Añorve y que involucra muchos millones de pesos contrasta con la noticia aparecida recientemente en los diarios, donde una joven, madre soltera de dos pequeñas, enfrenta un proceso penal por haber robado comida en una tienda de autoservicio en Zihuatanejo, precisamente para alimentar a sus hijas.
Otros casos de impunidad
No sólo se requiere robustecer el marco jurídico para establecer sanciones severas a cualquier funcionario municipal que incumpla las diferentes normas en el ejercicio y fiscalización de los recursos públicos, también es necesaria la disposición política para la aplicación de las sanciones.
Hace un año, en febrero de 2012 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero los decretos donde el Congreso del estado no admitió y declaró improcedentes las denuncias de juicio político en contra de ocho alcaldes (Apaxtla de Castrejón, Quechultenango, Alpoyeca, Cochoapa el Grande, Cutzamala de Pinzón y Teloloapan) por no haber presentado la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2009, así como sus informes cuatrimestrales de ese año.
La denuncia, presentada por Ignacio Rendón Romero, ex auditor general del estado, argumentó que con la no presentación de estos documentos financieros se vería obstruida la función de la Auditoría General del Estado “ya que al no haber presentado la Cuenta Pública e Informe mencionados, mi representada (la AGE) no pudo cumplir con las obligaciones que la Ley de Fiscalización de nuestro Estado le señala; por lo tanto el que suscribe solicita a ese H. Congreso del Estado, aplique las acciones que estime pertinentes” en contra de los alcaldes señalados.
Sin embargo, los diputados de la LIX Legislatura no encontraron elementos para la procedencia de un juicio político, ya que según ellos, las acciones denunciadas por el ex auditor eran en todo caso “materia de un procedimiento de responsabilidad administrativa”, y al final privilegiaron la forma (la manera en que se presentó la denuncia) sobre el fondo (la irregularidad documentada de los alcaldes).
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado establece que “es procedente el juicio político cuando los actos y omisiones de los servidores públicos (…) redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, y menciona entre ellos, las “violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuesto de la administración pública y a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos de la Entidad”.
Pero los legisladores de Guerrero consideraron que la no presentación de la cuenta pública no era motivo de juicio político, sino sólo de responsabilidad administrativa.
Cuenta pública 2012
Por cierto, el 28 de febrero venció el plazo para la presentación de la cuenta pública del ejercicio 2012 y sólo 41 municipios la entregaron en tiempo, según la página electrónica de la AGE.
Este hecho coloca en su real dimensión el interés y la disposición que tuvieron los ayuntamientos del periodo 2008-2012 para rendir cuentas, ya no digamos a los ciudadanos, que tendrían que ser los principales destinatarios de la información del ejercicio de los recursos públicos municipales, sino a la propia AGE, que por ley es la responsable de fiscalizar formalmente esa información.
Sin embargo, desde hace muchos meses la AGE no publica ninguna información en su sección sobre “sanciones aplicadas por la no presentación de la cuenta pública” ni en la de “denuncias penales”, es decir, no hay un mecanismo que evidencie públicamente a los infractores y a la vez inhiba este tipo de prácticas en los ayuntamientos.
martes, 19 de febrero de 2013
Finanzas municipales: lo que les espera a los ayuntamientos
El Sur de Acapulco
El desastre financiero que dejaron las anteriores administraciones municipales tendrá consecuencias de largo plazo. En 2013 apenas comienza el via crucis con el que deberán cargar no pocos alcaldes para responder a las enormes carencias y rezagos sociales de sus demarcaciones con recursos muy disminuidos, ya que parte del dinero se destinará a cubrir las deudas adquiridas por las administraciones anteriores con diferentes acreedores.
El de las deudas municipales no es un problema exclusivo de los municipios de Guerrero, sino que es un fenómeno relativamente reciente y que afecta a cientos de gobiernos locales en todo el país.
Sin embargo, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), los municipios de Guerrero se encuentran entre los que incrementaron su deuda de manera significativa en números relativos durante el periodo 2005-2012, ya que se reportó un aumento de ¡9 mil 704! por ciento y ocupan en este rubro el segundo lugar nacional, solo después de Hidalgo.
Este alto porcentaje de endeudamiento se debe a que al 31 de diciembre de 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no reportaba ningún adeudo entre los municipios de Guerrero; los primeros registros de la dependencia federal corresponden a diciembre de 2009, es decir, un año después de que asumieron el cargo las autoridades municipales anteriores.
Pero en números absolutos, los municipios guerrerenses no se ubican en los primeros lugares del país, pues su deuda registrada ante la SHCP en conjunto sumaba 515 millones de pesos al 30 de junio de 2012, muy por debajo de la deuda conjunta de municipios de estados como Jalisco, que alcanzó 8 mil 130 millones de pesos, México con 5 mil 627 millones y Nuevo León cuyos municipios deben 5 mil 237 millones de pesos.
El Imco también identificó en su investigación que las deudas de 10 municipios (Guadalajara, Tijuana Monterrey, Zapopan, Benito Juárez, Nuevo Laredo, León Mexicali, San Nicolás de los Garza y Tlaquepaque) representaron 33.5 por ciento del total de pasivos municipales del país.
Sorprende que a Acapulco no se le considere dentro de la lista de los 20 municipios más endeudados, pero esto se explica porque la mayor parte de lo que debe este ayuntamiento –cuyos cálculos van de 2 mil a 2 mil 500 millones de pesos– no fue registrado ante la SHCP, pues los estados y municipios sólo están obligados a registrar financiamiento vinculados con sus participaciones federales.
Al respecto, el Consejo de Estabilización del Sistema Financiero explica que en algunas entidades federativas, la deuda real de estados y municipios es hasta tres veces mayor al monto de la registrada en la SHCP.
Los municipios han disminuido su deuda reportada a lo largo del año. Al 30 de junio, como señala el Imco, ésta sumaba 515 millones y 45 los municipios de Guerrero endeudados destacando Acapulco, Zihuatanejo, Atoyac, Chilpancingo y Ayutla. Sólo 29 municipios tenían pasivos menores a un millón de pesos, según la página electrónica de la SHCP.
Pero al 30 de septiembre, ya sólo tres municipios registraron deuda (Acapulco, Zihuatanejo y Atoyac), y al 30 de diciembre, sólo dos (Acapulco y Zihuatanejo). Sin duda los ayuntamientos dejaron las arcas vacías en el último trimestre de 2012 para cumplir las deudas que adquirieron.
Los ingresos de los municipios
Para el ejercicio 2013, los ayuntamientos de Guerrero no tendrán incremento en sus ingresos, salvo las actualizaciones por la inflación.
Todos los municipios reciben recursos provenientes de las transferencias federales (participaciones y aportaciones, principalmente) y de la recaudación de ingresos propios (cobro de impuestos, derechos, aprovechamientos, etc.). Excepto municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, la mayoría de demarcaciones locales del estado tiene ingresos propios muy disminuidos, por lo que dependen mucho de los recursos federales.
De acuerdo con su ley de ingresos, se estima que el municipio de Acapulco tendrá ingresos en el ejercicio 2013 por un total de 2 mil 273 millones de pesos. De este total, las transferencias federales suman mil 536.7 millones de pesos y los ingresos propios del puerto se calculan en 736.3 millones, la mayoría de los cuales (65.5 por ciento) provendrán del cobro de impuestos por 483 millones.
Sin embargo, parte de estos recursos tendrán que destinarse al pago de las deudas adquiridas por la administración municipal anterior, ya que la propia Ley de Ingresos de Acapulco autoriza al ayuntamiento “a realizar las operaciones y actos jurídicos necesarios para reestructurar y/o refinanciar y/o sustituir los créditos constitutivos de deuda pública contraídos previamente con autorización expresa del Congreso del Estado”.
Y agrega que estas acciones de refinanciamiento o reestructura podrán ser por un monto de hasta 460 millones de pesos.
Y en el mismo documento, el Congreso del Estado autoriza al ayuntamiento de Acapulco para la contratación de nuevos financiamientos “hasta por un monto equivalente a 30 por ciento del total de los ingresos autorizados en la presente ley de ingresos”.
Lo anterior significa que el municipio de Acapulco se seguirá endeudando para pagar sus pasivos actuales y para la operación normal del ayuntamiento, y lo podrá hacer hasta por 681.9 millones de pesos en el presente año.
La situación financiera de Acapulco es tan grave que el presidente municipal Luis Walton Aburto solicitó en varias ocasiones al gobierno federal el “rescate” del puerto ante la grave falta de recursos.
Incluso el Congreso del Estado emitió un acuerdo parlamentario, en noviembre pasado, en donde exhorta a los legisladores federales de las dos cámaras “para que aprueben una partida extraordinaria en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013 y apoyen con recursos extraordinarios para la recuperación del H. ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez” por mil 300 millones de pesos.
En la exposición de motivos se argumenta que “nuestros ayuntamientos se encuentran en situación de crisis heredadas por administraciones pasadas, laudos laborales, pago de aguinaldos, deudas pendientes con proveedores”.
Continúa la exposición que el municipio de Acapulco “hoy sufre una crisis económica, este quebranto económico le llevará mucho tiempo para reponerse y muy probablemente sean varias las administraciones que en lo futuro tendrán que sufrir las consecuencias.”
Sin embargo, en ningún momento el acuerdo parlamentario se pronuncia por sancionar a quienes dejaron en esta situación vulnerable al ayuntamiento ni tampoco por establecer medidas de control y vigilancia que las eviten en el futuro. Solo piden más recursos.
Pero ni el exhorto del Congreso local ni los pedidos de Luis Walton surtieron efecto, y el presupuesto de ingresos del municipio de Acapulco para 2013 quedó prácticamente inalterado.
Los más perjudicados con esta disminución de recursos son los habitantes del municipio que verán restringidos significativamente los servicios públicos, la construcción de obras, los programas sociales y otras acciones del gobierno municipal.
Los ingresos de municipios “grandes”
La capital del estado tendrá ingresos durante el ejercicio 2013 por un total de 538.5 millones de pesos, de los cuales 426.9 millones provienen de las transferencias federales y 66.9 millones por concepto de ingresos propios (12.3 por ciento); adicionalmente tendrá 44.5 millones por convenios firmados con el gobierno federal.
El ayuntamiento que preside Mario Moreno Arcos solicitó autorización al Congreso para contratar un crédito “por un monto equivalente a 30 por ciento del total de los ingresos ordinarios autorizados en la presente ley de ingreso”, pero la petición no fue autorizada.
Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad para que el ayuntamiento presente solicitudes de autorización de endeudamiento cuando lo considere necesario.
En el caso del municipio de Iguala, su ley de ingresos establece que durante 2013 recibirá recursos por 367.3 millones de pesos, de los que 261.1 son transferencias federales (participaciones y aportaciones) y 71.7 millones ingresos propios (19.5 por ciento del total). De manera adicional, Iguala tendrá recursos por 34.4 millones de pesos de ingresos extraordinarios, sin especificar su origen.
Por su parte, el municipio de José Azueta podrá disponer de recursos que suman 430.5 millones de pesos, de los cuales 265.1 millones serán recursos provenientes de la federación, 158 de recursos propios (36.8 por ciento) y 6.7 de recursos extraordinarios.
Finalmente, en la revisión de la ley de ingresos del municipio de Taxco se identificó que en 2013 obtendrá recursos por 291.7 millones de pesos, de éstos 226.6 millones corresponden a participaciones y aportaciones federales, 26.1 millones a ingresos propios (8.9 por ciento) y 38.7 a recursos extraordinarios.
Los otros municipios
El gobierno del estado envió al Congreso local una ley de ingresos para respaldar a 15 municipios que no enviaron su propia ley para el ejercicio 2013. En conjunto, los 15 municipios (Ahuacuotzingo, Atlamajalcingo, Coahuayutla, Copanatoyac, Cualac, Cuetzala, José Joaquín de Herrera, Metlatónoc, Mochitlán, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zapotitlán) recibirán recursos por 671.2 millones de pesos.
Destaca de este grupo el municipio de Xochistlahuaca, que recibirá del orden de 105.5 millones, Ahuacuotzingo, con 73.5 millones, Metlatónoc 70.1 millones, José Joaquín Herrera, 61.7 millones y Copanatoyac, con 57.2 millones de pesos.
Finanzas estatales
El Imco informó que de 2008 a 2010 la calidad de la información presupuestal que presentaron los estados fue cada vez peor. Con base en el índice de información presupuestal estatal –un parámetro diseñado por el Imco–, ese instituto encontró que en el periodo de tres años, en 18 estados la calificación disminuyó significativamente como en Baja California y Michoacán (22 por ciento de decremento), Campeche (19 por ciento), Guerrero (19) y Distrito Federal (17 por ciento); mientras que otras entidades, como Colima y Yucatán incrementaron sus índices.
El caso de Guerrero es singular porque en 2008 tuvo la segunda mejor posición del país y luego bajó al lugar 10 en 2010. En 2008, por ejemplo, tuvo una calificación de 71.4 por ciento y al año siguiente disminuyó drásticamente a 48.8 por ciento para ocupar la posición 17. En el siguiente ejercicio fiscal (2010) el estado se recuperó y obtuvo 58.1 por ciento para desplazarse a la posición 10.
Lo anterior significa que en un solo gobierno, el de Zeferino Torreblanca Galindo, hubo diferentes criterios y disposición para transparentar la información presupuestal.
El estado volvió a los primeros lugares en 2012, ya con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, al registrar el quinto lugar, con 68 por ciento, en la lista del Imco.
Esta posición, que por sí misma tiene su propio valor, hay que matizarla sin embargo, pues está muy lejos de la pretensión de varios funcionarios del gobierno del estado que quieren ver en este reconocimiento del Imco, un gobierno con plena transparencia.
La evaluación que realiza cada año el Imco se refiere a la presentación y difusión de la información presupuestal, pero éste es sólo uno de los numerosos aspectos del ejercicio de gobierno que deben transparentarse.
De manera particular, los criterios que se evaluaron para obtener el quinto lugar fueron la calidad y cantidad de información incluida en un documento: el presupuesto de egresos del estado del año 2012, que satisficieron los parámetros propuestos por el Imco.
Pero el ejercicio de estos recursos es otra cosa, y ahí no hay nada claro.
El desastre financiero que dejaron las anteriores administraciones municipales tendrá consecuencias de largo plazo. En 2013 apenas comienza el via crucis con el que deberán cargar no pocos alcaldes para responder a las enormes carencias y rezagos sociales de sus demarcaciones con recursos muy disminuidos, ya que parte del dinero se destinará a cubrir las deudas adquiridas por las administraciones anteriores con diferentes acreedores.
El de las deudas municipales no es un problema exclusivo de los municipios de Guerrero, sino que es un fenómeno relativamente reciente y que afecta a cientos de gobiernos locales en todo el país.
Sin embargo, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), los municipios de Guerrero se encuentran entre los que incrementaron su deuda de manera significativa en números relativos durante el periodo 2005-2012, ya que se reportó un aumento de ¡9 mil 704! por ciento y ocupan en este rubro el segundo lugar nacional, solo después de Hidalgo.
Este alto porcentaje de endeudamiento se debe a que al 31 de diciembre de 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no reportaba ningún adeudo entre los municipios de Guerrero; los primeros registros de la dependencia federal corresponden a diciembre de 2009, es decir, un año después de que asumieron el cargo las autoridades municipales anteriores.
Pero en números absolutos, los municipios guerrerenses no se ubican en los primeros lugares del país, pues su deuda registrada ante la SHCP en conjunto sumaba 515 millones de pesos al 30 de junio de 2012, muy por debajo de la deuda conjunta de municipios de estados como Jalisco, que alcanzó 8 mil 130 millones de pesos, México con 5 mil 627 millones y Nuevo León cuyos municipios deben 5 mil 237 millones de pesos.
El Imco también identificó en su investigación que las deudas de 10 municipios (Guadalajara, Tijuana Monterrey, Zapopan, Benito Juárez, Nuevo Laredo, León Mexicali, San Nicolás de los Garza y Tlaquepaque) representaron 33.5 por ciento del total de pasivos municipales del país.
Sorprende que a Acapulco no se le considere dentro de la lista de los 20 municipios más endeudados, pero esto se explica porque la mayor parte de lo que debe este ayuntamiento –cuyos cálculos van de 2 mil a 2 mil 500 millones de pesos– no fue registrado ante la SHCP, pues los estados y municipios sólo están obligados a registrar financiamiento vinculados con sus participaciones federales.
Al respecto, el Consejo de Estabilización del Sistema Financiero explica que en algunas entidades federativas, la deuda real de estados y municipios es hasta tres veces mayor al monto de la registrada en la SHCP.
Los municipios han disminuido su deuda reportada a lo largo del año. Al 30 de junio, como señala el Imco, ésta sumaba 515 millones y 45 los municipios de Guerrero endeudados destacando Acapulco, Zihuatanejo, Atoyac, Chilpancingo y Ayutla. Sólo 29 municipios tenían pasivos menores a un millón de pesos, según la página electrónica de la SHCP.
Pero al 30 de septiembre, ya sólo tres municipios registraron deuda (Acapulco, Zihuatanejo y Atoyac), y al 30 de diciembre, sólo dos (Acapulco y Zihuatanejo). Sin duda los ayuntamientos dejaron las arcas vacías en el último trimestre de 2012 para cumplir las deudas que adquirieron.
Los ingresos de los municipios
Para el ejercicio 2013, los ayuntamientos de Guerrero no tendrán incremento en sus ingresos, salvo las actualizaciones por la inflación.
Todos los municipios reciben recursos provenientes de las transferencias federales (participaciones y aportaciones, principalmente) y de la recaudación de ingresos propios (cobro de impuestos, derechos, aprovechamientos, etc.). Excepto municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, la mayoría de demarcaciones locales del estado tiene ingresos propios muy disminuidos, por lo que dependen mucho de los recursos federales.
De acuerdo con su ley de ingresos, se estima que el municipio de Acapulco tendrá ingresos en el ejercicio 2013 por un total de 2 mil 273 millones de pesos. De este total, las transferencias federales suman mil 536.7 millones de pesos y los ingresos propios del puerto se calculan en 736.3 millones, la mayoría de los cuales (65.5 por ciento) provendrán del cobro de impuestos por 483 millones.
Sin embargo, parte de estos recursos tendrán que destinarse al pago de las deudas adquiridas por la administración municipal anterior, ya que la propia Ley de Ingresos de Acapulco autoriza al ayuntamiento “a realizar las operaciones y actos jurídicos necesarios para reestructurar y/o refinanciar y/o sustituir los créditos constitutivos de deuda pública contraídos previamente con autorización expresa del Congreso del Estado”.
Y agrega que estas acciones de refinanciamiento o reestructura podrán ser por un monto de hasta 460 millones de pesos.
Y en el mismo documento, el Congreso del Estado autoriza al ayuntamiento de Acapulco para la contratación de nuevos financiamientos “hasta por un monto equivalente a 30 por ciento del total de los ingresos autorizados en la presente ley de ingresos”.
Lo anterior significa que el municipio de Acapulco se seguirá endeudando para pagar sus pasivos actuales y para la operación normal del ayuntamiento, y lo podrá hacer hasta por 681.9 millones de pesos en el presente año.
La situación financiera de Acapulco es tan grave que el presidente municipal Luis Walton Aburto solicitó en varias ocasiones al gobierno federal el “rescate” del puerto ante la grave falta de recursos.
Incluso el Congreso del Estado emitió un acuerdo parlamentario, en noviembre pasado, en donde exhorta a los legisladores federales de las dos cámaras “para que aprueben una partida extraordinaria en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013 y apoyen con recursos extraordinarios para la recuperación del H. ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez” por mil 300 millones de pesos.
En la exposición de motivos se argumenta que “nuestros ayuntamientos se encuentran en situación de crisis heredadas por administraciones pasadas, laudos laborales, pago de aguinaldos, deudas pendientes con proveedores”.
Continúa la exposición que el municipio de Acapulco “hoy sufre una crisis económica, este quebranto económico le llevará mucho tiempo para reponerse y muy probablemente sean varias las administraciones que en lo futuro tendrán que sufrir las consecuencias.”
Sin embargo, en ningún momento el acuerdo parlamentario se pronuncia por sancionar a quienes dejaron en esta situación vulnerable al ayuntamiento ni tampoco por establecer medidas de control y vigilancia que las eviten en el futuro. Solo piden más recursos.
Pero ni el exhorto del Congreso local ni los pedidos de Luis Walton surtieron efecto, y el presupuesto de ingresos del municipio de Acapulco para 2013 quedó prácticamente inalterado.
Los más perjudicados con esta disminución de recursos son los habitantes del municipio que verán restringidos significativamente los servicios públicos, la construcción de obras, los programas sociales y otras acciones del gobierno municipal.
Los ingresos de municipios “grandes”
La capital del estado tendrá ingresos durante el ejercicio 2013 por un total de 538.5 millones de pesos, de los cuales 426.9 millones provienen de las transferencias federales y 66.9 millones por concepto de ingresos propios (12.3 por ciento); adicionalmente tendrá 44.5 millones por convenios firmados con el gobierno federal.
El ayuntamiento que preside Mario Moreno Arcos solicitó autorización al Congreso para contratar un crédito “por un monto equivalente a 30 por ciento del total de los ingresos ordinarios autorizados en la presente ley de ingreso”, pero la petición no fue autorizada.
Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad para que el ayuntamiento presente solicitudes de autorización de endeudamiento cuando lo considere necesario.
En el caso del municipio de Iguala, su ley de ingresos establece que durante 2013 recibirá recursos por 367.3 millones de pesos, de los que 261.1 son transferencias federales (participaciones y aportaciones) y 71.7 millones ingresos propios (19.5 por ciento del total). De manera adicional, Iguala tendrá recursos por 34.4 millones de pesos de ingresos extraordinarios, sin especificar su origen.
Por su parte, el municipio de José Azueta podrá disponer de recursos que suman 430.5 millones de pesos, de los cuales 265.1 millones serán recursos provenientes de la federación, 158 de recursos propios (36.8 por ciento) y 6.7 de recursos extraordinarios.
Finalmente, en la revisión de la ley de ingresos del municipio de Taxco se identificó que en 2013 obtendrá recursos por 291.7 millones de pesos, de éstos 226.6 millones corresponden a participaciones y aportaciones federales, 26.1 millones a ingresos propios (8.9 por ciento) y 38.7 a recursos extraordinarios.
Los otros municipios
El gobierno del estado envió al Congreso local una ley de ingresos para respaldar a 15 municipios que no enviaron su propia ley para el ejercicio 2013. En conjunto, los 15 municipios (Ahuacuotzingo, Atlamajalcingo, Coahuayutla, Copanatoyac, Cualac, Cuetzala, José Joaquín de Herrera, Metlatónoc, Mochitlán, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zapotitlán) recibirán recursos por 671.2 millones de pesos.
Destaca de este grupo el municipio de Xochistlahuaca, que recibirá del orden de 105.5 millones, Ahuacuotzingo, con 73.5 millones, Metlatónoc 70.1 millones, José Joaquín Herrera, 61.7 millones y Copanatoyac, con 57.2 millones de pesos.
Finanzas estatales
El Imco informó que de 2008 a 2010 la calidad de la información presupuestal que presentaron los estados fue cada vez peor. Con base en el índice de información presupuestal estatal –un parámetro diseñado por el Imco–, ese instituto encontró que en el periodo de tres años, en 18 estados la calificación disminuyó significativamente como en Baja California y Michoacán (22 por ciento de decremento), Campeche (19 por ciento), Guerrero (19) y Distrito Federal (17 por ciento); mientras que otras entidades, como Colima y Yucatán incrementaron sus índices.
El caso de Guerrero es singular porque en 2008 tuvo la segunda mejor posición del país y luego bajó al lugar 10 en 2010. En 2008, por ejemplo, tuvo una calificación de 71.4 por ciento y al año siguiente disminuyó drásticamente a 48.8 por ciento para ocupar la posición 17. En el siguiente ejercicio fiscal (2010) el estado se recuperó y obtuvo 58.1 por ciento para desplazarse a la posición 10.
Lo anterior significa que en un solo gobierno, el de Zeferino Torreblanca Galindo, hubo diferentes criterios y disposición para transparentar la información presupuestal.
El estado volvió a los primeros lugares en 2012, ya con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, al registrar el quinto lugar, con 68 por ciento, en la lista del Imco.
Esta posición, que por sí misma tiene su propio valor, hay que matizarla sin embargo, pues está muy lejos de la pretensión de varios funcionarios del gobierno del estado que quieren ver en este reconocimiento del Imco, un gobierno con plena transparencia.
La evaluación que realiza cada año el Imco se refiere a la presentación y difusión de la información presupuestal, pero éste es sólo uno de los numerosos aspectos del ejercicio de gobierno que deben transparentarse.
De manera particular, los criterios que se evaluaron para obtener el quinto lugar fueron la calidad y cantidad de información incluida en un documento: el presupuesto de egresos del estado del año 2012, que satisficieron los parámetros propuestos por el Imco.
Pero el ejercicio de estos recursos es otra cosa, y ahí no hay nada claro.
martes, 5 de febrero de 2013
Claroscuros del derecho de acceso a la infromación en 2012
El Sur de Acapulco
Desde que los guerrerenses comenzaron a ejercer su derecho a la información, amparados por la Ley de Acceso a la Información de 2006, el Ejecutivo del estado ha obstaculizado este derecho ciudadano por medio del cobro excesivo de la reproducción de documentos y de la venta de soportes de información como los discos compactos.
Tanto el gobierno de Zeferino Torreblanca como el de Ángel Aguirre, a través de las políticas que aplica la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, ha dificultado que los ciudadanos tengan acceso a documentos en poder del gobierno del estado.
Haciendo caso omiso al artículo sexto de la Constitución federal, y al 2, 122 y 123 de la Ley de Transparencia del estado, que garantizan la gratuidad de la información, la Sefina estableció para 2013 un costo de 4.30 pesos por una fotocopia simple, 43 pesos por un disco compacto (para el traslado electrónico de información) y 32 pesos por una copia certificada.
Ante esta irregularidad que lleva practicándose más de seis años (dos en la actual administración estatal), el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, una de cuyas funciones es garantizar que se cumpla lo que dicta la ley en la materia, a la fecha no se ha pronunciado ni mucho menos intervenido.
La gratuidad en el sexto constitucional
La reforma del artículo sexto de la Constitución federal tuvo su origen en los criterios desiguales que manejaban las leyes de transparencia y acceso a la información de los estados; uno de estos principios poco homogéneos era precisamente el cobro diferenciado que hacía cada entidad por el derecho de acceso a la información.
En el estado de Guerrero, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública de 2006, en su artículo 47, establecía que “los costos por obtener la información pública” incluían el pago de los derechos establecidos en las leyes respectivas, el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información y el costo de envío.
En el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, para tener acceso a la información se tenían que desembolsar 3.50 pesos por cada fotocopia simple y 34 pesos por un disco compacto. En el año siguiente, lo redujo apenas a 3.20 pesos por una fotocopia.
La base normativa de estos cobros se establecía en la Ley de Hacienda del estado, que en diciembre de 2006, mediante una modificación, añadió el artículo 102 bis el cobro de “derechos por reproducción y envío de materiales que contengan información pública del gobierno del estado de Guerrero y de sus entidades públicas”.
En este artículo se estableció que adicional a los “derechos por acceso a la información”, de por sí caros, se harían cobros por “fomento educativo y asistencia”, “construcción de caminos”, “fomento a la actividad turística” y “recuperación ecológica”.
Estos cobros fueron legales, aunque injustos, hasta julio de 2007, fecha en que se aprobó la reforma al sexto constitucional y que contenía principios con los que se buscaba homologar las leyes estatales. Se incluyó en el texto constitucional que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos”.
Para hacer congruente la ley local de transparencia (que de acuerdo con varios estudios era una de las peores leyes del país) a los principios del sexto constitucional, en 2010 entró en vigor una nueva norma en Guerrero que incluyó de manera expresa la gratuidad de la información en los artículos 2, 122 y 123 como lo mandataba la Constitución federal.
En dichos artículos se menciona que “las solicitudes de acceso a la información serán gratuitas” y que los solicitantes sólo cubrirán “el costo de los materiales utilizados para la reproducción de la información”, “el costo de su envío” y “la certificación de documentos, cuando proceda”.
Sin embargo, todavía hoy, varias dependencias del gobierno exigen a los solicitantes de información acudir a la Sefina a pagar un costo que es inconstitucional, que al no poderse cubrir, restringe el derecho de acceso a la información.
Tal fue el caso reciente de una solicitud de información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para pedir el expediente de la obra del Polideportivo de Chilpancingo. Al principio la dependencia negó la información argumentando que estaba clasificada como “reservada”, y luego de una queja ante el ITAIG, que obligó a la dependencia a entregarla, la Seduop dijo que no contaba con la información en versión electrónica y remitió al solicitante a pagar a la Sefina por un expediente de 350 hojas, lo cual significaba cubrir un costo de mil 516.6 pesos. Ante el alto costo, la información no fue reclamada y se dejó de ejercer este derecho.
Solicitudes vía electrónica
En contraste con los altos costos del gobierno del estado, fue un acierto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la promoción que hizo entre los estados para que instalaran una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
Luego de una disputa estéril entre el gobierno del estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero en 2010, sobre quién operaría el sistema promovido por el IFAI, el 1 de febrero de 2011 comenzó a funcionar la plataforma InfoGro que desde el primer año fue muy útil debido a que los guerrerenses que habitaban en los municipios más alejados no tendrían que trasladarse a la capital del estado para presentar una solicitud de información.
De 2006 a 2010, el promedio anual de solicitudes presentadas ante el Ejecutivo del estado fue de poco más de 200. Sin embargo, en el primer año de funcionamiento del Info Gro, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó hasta llegar a mil 61 solicitudes por vía electrónica.
En este año, las dependencias que recibieron más solicitudes fueron la Secretaría de Salud, con 21.4 por ciento de las peticiones; la Sefina, con 9.5 por ciento, Seguridad Pública y Protección Civil, con 9 por ciento y la Procuraduría General de Justicia del estado con 5 por ciento de las solicitudes.
En 2012, el número se incrementó en poco más de 50 por ciento, pues las solicitudes registradas fueron mil 572. En este año fue la Procuraduría General de Justicia la dependencia que tuvo el mayor número de solicitudes con 17.1 por ciento, le siguieron la Secretaría de Salud con 16 por ciento, la Sefina registró 11 por ciento y Seguridad Pública y Protección Civil tuvo 8 por ciento de las solicitudes.
En el nivel federal, también se incrementó el número de solicitudes. De acuerdo con el IFAI, en 2012 se recibieron un total de 131 mil 154 peticiones, mientras que el año anterior fueron 123 mil 293.
Las dependencias que más solicitudes recibieron son el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 53 mil 156, la Secretaría de Educación Pública con 38 mil 967 y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que registró 27 mil 565 solicitudes.
Destaca que mientras en el nivel federal sólo hubo un incremento de 6.3 por ciento en el número de solicitudes de 2011 a 2012, en el estado de Guerrero el aumento fue de 48.1 por ciento, lo que significa que hay un creciente interés de los ciudadanos por conocer lo que se hace en el gobierno.
Entre los pendientes en esta materia está que el sistema Info Gro se amplíe a todas las dependencias públicas, como el Congreso local, el Poder Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos.
Lecciones del movimiento de autodefensa
1. Las y los guerrerenses han aguantado durante décadas la marginación, el hambre, la carencia o los pésimos servicios públicos, la represión, el abandono, la exclusión, derivados en gran parte de malos y pésimos gobiernos. Pero atentar contra su vida, su integridad, su patrimonio, su familia, ya no pudieron soportarlo, y le apostaron a la autoprotección organizada desde sus comunidades, sin saber que eso también significaba, paradójicamente, un desafío a las instituciones que no fueron ni son todavía capaces de garantizar la seguridad de la población en el estado.
Hoy muchas voces indignadas, sobre todo de aquellos que se sienten cuestionados con estas prácticas como diputados, funcionarios estatales y federales, alcaldes, magistrados y hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reprueban tajantemente los movimientos de autoprotección invocando un maltrecho “Estado de derecho”.
Y cabe preguntarse dónde estuvieron los 10 años anteriores, por qué nunca se indignaron frente a la violencia desmesurada del crimen organizado, que se fue extendiendo de las ciudades hasta las zonas rurales y los poblados más apartados, ni tampoco ante la inacción gubernamental y la impunidad.
Estos movimientos ciudadanos simplemente evidenciaron la inoperancia y la ineficacia de las autoridades locales, estatales y federales para brindar un mínimo de seguridad a las y los ciudadanos de los municipios guerrerenses.
2. La primera reacción gubernamental no pudo ser más tibia. Al principio, fue el pasmo y solo atinaron a enviar al Ejército y a las fuerzas policiacas del estado, más para generar el efecto mediático de que tienen el control de la situación que para responder de manera apropiada a esta sentida demanda ciudadana.
Pero hoy se observa ya una contraofensiva –de diferentes intensidades– en contra de los pueblos que se atrevieron a cuestionar en la práctica la ineficacia gubernamental.
Además de que ha comenzado una campaña de desprestigio del movimiento –con ultimátum a los alzados–, se anunciaron demandas en contra de personas que integran los grupos de autodefensa y está en puerta también una iniciativa jurídica para regular el funcionamiento de estos grupos comunitarios, con lo que se busca subordinarlos y replegar este poder comunitario.
La contraofensiva también incluye la integración de una comisión para la armonía y el desarrollo de los pueblos indígenas, con la que se buscarán mecanismos para desalentar movimientos similares en otros municipios –pues el gobierno no ha propuesto una estrategia real de seguridad y contra la delincuencia en el estado–; y el anuncio de programas sociales, que supuestamente se pondrán en marcha en la región, programas que ya es costumbre llevar sólo en épocas de crisis, aun cuando la marginación y las necesidades son permanentes.
Lo peor de la contraofensiva es la desarticulación de las diferentes expresiones del movimiento en los distintos municipios del estado dividiéndolas y enfrentándolas entre sí o con otras organizaciones, como es el caso de la UPOEG y la CRAC, en la Costa Chica, y la Policía Ciudadana y Popular del municipio de Olinalá y la dirigencia de Antorcha Campesina.
3. Lo que viene es sumamente preocupante. Se están tomando medidas pero no para replantear o diseñar una estrategia que dé seguridad a los habitantes de la región, sino para desarticular el movimiento y demostrar (mediáticamente) que el gobierno tiene el control de la situación.
Pero lo peor será que el crimen organizado, aprovechando la desactivación del movimiento que intentará el gobierno del estado, buscará “dar una lección” a los habitantes de estas comunidades que se levantaron (no es capricho que se embocen, como los han descalificado muchos, sino que saben los riesgos de asumir una actividad de protección como ésta) poniendo en serio riesgo a los habitantes de estas regiones.
Y entonces, poco o nada habrá cambiado en materia de seguridad.
Desde que los guerrerenses comenzaron a ejercer su derecho a la información, amparados por la Ley de Acceso a la Información de 2006, el Ejecutivo del estado ha obstaculizado este derecho ciudadano por medio del cobro excesivo de la reproducción de documentos y de la venta de soportes de información como los discos compactos.
Tanto el gobierno de Zeferino Torreblanca como el de Ángel Aguirre, a través de las políticas que aplica la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, ha dificultado que los ciudadanos tengan acceso a documentos en poder del gobierno del estado.
Haciendo caso omiso al artículo sexto de la Constitución federal, y al 2, 122 y 123 de la Ley de Transparencia del estado, que garantizan la gratuidad de la información, la Sefina estableció para 2013 un costo de 4.30 pesos por una fotocopia simple, 43 pesos por un disco compacto (para el traslado electrónico de información) y 32 pesos por una copia certificada.
Ante esta irregularidad que lleva practicándose más de seis años (dos en la actual administración estatal), el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, una de cuyas funciones es garantizar que se cumpla lo que dicta la ley en la materia, a la fecha no se ha pronunciado ni mucho menos intervenido.
La gratuidad en el sexto constitucional
La reforma del artículo sexto de la Constitución federal tuvo su origen en los criterios desiguales que manejaban las leyes de transparencia y acceso a la información de los estados; uno de estos principios poco homogéneos era precisamente el cobro diferenciado que hacía cada entidad por el derecho de acceso a la información.
En el estado de Guerrero, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública de 2006, en su artículo 47, establecía que “los costos por obtener la información pública” incluían el pago de los derechos establecidos en las leyes respectivas, el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información y el costo de envío.
En el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, para tener acceso a la información se tenían que desembolsar 3.50 pesos por cada fotocopia simple y 34 pesos por un disco compacto. En el año siguiente, lo redujo apenas a 3.20 pesos por una fotocopia.
La base normativa de estos cobros se establecía en la Ley de Hacienda del estado, que en diciembre de 2006, mediante una modificación, añadió el artículo 102 bis el cobro de “derechos por reproducción y envío de materiales que contengan información pública del gobierno del estado de Guerrero y de sus entidades públicas”.
En este artículo se estableció que adicional a los “derechos por acceso a la información”, de por sí caros, se harían cobros por “fomento educativo y asistencia”, “construcción de caminos”, “fomento a la actividad turística” y “recuperación ecológica”.
Estos cobros fueron legales, aunque injustos, hasta julio de 2007, fecha en que se aprobó la reforma al sexto constitucional y que contenía principios con los que se buscaba homologar las leyes estatales. Se incluyó en el texto constitucional que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos”.
Para hacer congruente la ley local de transparencia (que de acuerdo con varios estudios era una de las peores leyes del país) a los principios del sexto constitucional, en 2010 entró en vigor una nueva norma en Guerrero que incluyó de manera expresa la gratuidad de la información en los artículos 2, 122 y 123 como lo mandataba la Constitución federal.
En dichos artículos se menciona que “las solicitudes de acceso a la información serán gratuitas” y que los solicitantes sólo cubrirán “el costo de los materiales utilizados para la reproducción de la información”, “el costo de su envío” y “la certificación de documentos, cuando proceda”.
Sin embargo, todavía hoy, varias dependencias del gobierno exigen a los solicitantes de información acudir a la Sefina a pagar un costo que es inconstitucional, que al no poderse cubrir, restringe el derecho de acceso a la información.
Tal fue el caso reciente de una solicitud de información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para pedir el expediente de la obra del Polideportivo de Chilpancingo. Al principio la dependencia negó la información argumentando que estaba clasificada como “reservada”, y luego de una queja ante el ITAIG, que obligó a la dependencia a entregarla, la Seduop dijo que no contaba con la información en versión electrónica y remitió al solicitante a pagar a la Sefina por un expediente de 350 hojas, lo cual significaba cubrir un costo de mil 516.6 pesos. Ante el alto costo, la información no fue reclamada y se dejó de ejercer este derecho.
Solicitudes vía electrónica
En contraste con los altos costos del gobierno del estado, fue un acierto del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la promoción que hizo entre los estados para que instalaran una plataforma tecnológica para la recepción y respuesta a solicitudes de información por vía electrónica.
Luego de una disputa estéril entre el gobierno del estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Guerrero en 2010, sobre quién operaría el sistema promovido por el IFAI, el 1 de febrero de 2011 comenzó a funcionar la plataforma InfoGro que desde el primer año fue muy útil debido a que los guerrerenses que habitaban en los municipios más alejados no tendrían que trasladarse a la capital del estado para presentar una solicitud de información.
De 2006 a 2010, el promedio anual de solicitudes presentadas ante el Ejecutivo del estado fue de poco más de 200. Sin embargo, en el primer año de funcionamiento del Info Gro, de febrero a diciembre de 2011, la cifra se multiplicó hasta llegar a mil 61 solicitudes por vía electrónica.
En este año, las dependencias que recibieron más solicitudes fueron la Secretaría de Salud, con 21.4 por ciento de las peticiones; la Sefina, con 9.5 por ciento, Seguridad Pública y Protección Civil, con 9 por ciento y la Procuraduría General de Justicia del estado con 5 por ciento de las solicitudes.
En 2012, el número se incrementó en poco más de 50 por ciento, pues las solicitudes registradas fueron mil 572. En este año fue la Procuraduría General de Justicia la dependencia que tuvo el mayor número de solicitudes con 17.1 por ciento, le siguieron la Secretaría de Salud con 16 por ciento, la Sefina registró 11 por ciento y Seguridad Pública y Protección Civil tuvo 8 por ciento de las solicitudes.
En el nivel federal, también se incrementó el número de solicitudes. De acuerdo con el IFAI, en 2012 se recibieron un total de 131 mil 154 peticiones, mientras que el año anterior fueron 123 mil 293.
Las dependencias que más solicitudes recibieron son el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 53 mil 156, la Secretaría de Educación Pública con 38 mil 967 y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que registró 27 mil 565 solicitudes.
Destaca que mientras en el nivel federal sólo hubo un incremento de 6.3 por ciento en el número de solicitudes de 2011 a 2012, en el estado de Guerrero el aumento fue de 48.1 por ciento, lo que significa que hay un creciente interés de los ciudadanos por conocer lo que se hace en el gobierno.
Entre los pendientes en esta materia está que el sistema Info Gro se amplíe a todas las dependencias públicas, como el Congreso local, el Poder Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos.
Lecciones del movimiento de autodefensa
1. Las y los guerrerenses han aguantado durante décadas la marginación, el hambre, la carencia o los pésimos servicios públicos, la represión, el abandono, la exclusión, derivados en gran parte de malos y pésimos gobiernos. Pero atentar contra su vida, su integridad, su patrimonio, su familia, ya no pudieron soportarlo, y le apostaron a la autoprotección organizada desde sus comunidades, sin saber que eso también significaba, paradójicamente, un desafío a las instituciones que no fueron ni son todavía capaces de garantizar la seguridad de la población en el estado.
Hoy muchas voces indignadas, sobre todo de aquellos que se sienten cuestionados con estas prácticas como diputados, funcionarios estatales y federales, alcaldes, magistrados y hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reprueban tajantemente los movimientos de autoprotección invocando un maltrecho “Estado de derecho”.
Y cabe preguntarse dónde estuvieron los 10 años anteriores, por qué nunca se indignaron frente a la violencia desmesurada del crimen organizado, que se fue extendiendo de las ciudades hasta las zonas rurales y los poblados más apartados, ni tampoco ante la inacción gubernamental y la impunidad.
Estos movimientos ciudadanos simplemente evidenciaron la inoperancia y la ineficacia de las autoridades locales, estatales y federales para brindar un mínimo de seguridad a las y los ciudadanos de los municipios guerrerenses.
2. La primera reacción gubernamental no pudo ser más tibia. Al principio, fue el pasmo y solo atinaron a enviar al Ejército y a las fuerzas policiacas del estado, más para generar el efecto mediático de que tienen el control de la situación que para responder de manera apropiada a esta sentida demanda ciudadana.
Pero hoy se observa ya una contraofensiva –de diferentes intensidades– en contra de los pueblos que se atrevieron a cuestionar en la práctica la ineficacia gubernamental.
Además de que ha comenzado una campaña de desprestigio del movimiento –con ultimátum a los alzados–, se anunciaron demandas en contra de personas que integran los grupos de autodefensa y está en puerta también una iniciativa jurídica para regular el funcionamiento de estos grupos comunitarios, con lo que se busca subordinarlos y replegar este poder comunitario.
La contraofensiva también incluye la integración de una comisión para la armonía y el desarrollo de los pueblos indígenas, con la que se buscarán mecanismos para desalentar movimientos similares en otros municipios –pues el gobierno no ha propuesto una estrategia real de seguridad y contra la delincuencia en el estado–; y el anuncio de programas sociales, que supuestamente se pondrán en marcha en la región, programas que ya es costumbre llevar sólo en épocas de crisis, aun cuando la marginación y las necesidades son permanentes.
Lo peor de la contraofensiva es la desarticulación de las diferentes expresiones del movimiento en los distintos municipios del estado dividiéndolas y enfrentándolas entre sí o con otras organizaciones, como es el caso de la UPOEG y la CRAC, en la Costa Chica, y la Policía Ciudadana y Popular del municipio de Olinalá y la dirigencia de Antorcha Campesina.
3. Lo que viene es sumamente preocupante. Se están tomando medidas pero no para replantear o diseñar una estrategia que dé seguridad a los habitantes de la región, sino para desarticular el movimiento y demostrar (mediáticamente) que el gobierno tiene el control de la situación.
Pero lo peor será que el crimen organizado, aprovechando la desactivación del movimiento que intentará el gobierno del estado, buscará “dar una lección” a los habitantes de estas comunidades que se levantaron (no es capricho que se embocen, como los han descalificado muchos, sino que saben los riesgos de asumir una actividad de protección como ésta) poniendo en serio riesgo a los habitantes de estas regiones.
Y entonces, poco o nada habrá cambiado en materia de seguridad.
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